Senado de la República

En reunión de trabajo la Comisión de Seguridad Pública aprobó un punto de acuerdo, a efecto de solicitar al Ejecutivo federal un informe sobre el estado que guarda actualmente la Iniciativa Mérida.
Los senadores consideraron conveniente avalar este exhorto, debido a que el 18 de abril de 2013, el Secretario de Gobernación informo que el gobierno mexicano había firmado con Estados Unidos una nueva carátula de la Iniciativa.
Refirieron que el funcionario explicó que los recursos se ocuparían en la prevención contra el consumo de drogas y la aplicación del nuevo marco de justicia penal que se está implementando en el país.
Expusieron que un estudio del congreso norteamericano titulado “La cooperación EU-México en seguridad: la iniciativa Mérida y a futuro”, señala que al mes de abril de 2013 ya se habían entregado aproximadamente 1.2 mil millones de dólares a la Iniciativa Mérida.
Aunado a ello, explicaron, la administración de Barack Obama solicitó 234 millones de dólares para los programas establecidos en el convenio de cooperación en 2013, y 183 millones en su petición para el 2014.
Es por eso que la Comisión, que preside el senador priista Omar Fayad Meneses, estimó oportuno que el Senado cuente con datos ciertos y verificables respecto a la recepción y aplicación de los apoyos obtenidos en el marco de la Iniciativa Mérida.
Avalan sancionar llamadas de urgencias falsas
En la misma reunión, se aprobó modificar el Código Penal Federal, a fin de sancionar con uno a seis meses de prisión y con cincuenta a trescientos días de salario mínimo, las conductas indebidas en contra de los sistemas de respuesta a llamadas telefónicas de emergencia.
Lo senadores señalaron que de acuerdo con los servicios de ambulancia, de seguridad pública o protección civil, el cincuenta por ciento de las llamadas que reciben son falsas.
Por su parte, la Cruz Roja Mexicana reportó que de las 5 millones 500 mil llamadas que reciben anualmente, el 70 por ciento son falsas, es decir, 3 millones 850 mil, erogando alrededor de 3 mil quinientos pesos por la movilización de cada ambulancia.
Cabe destacar que en entidades como Baja California, Morelos, Puebla, Guerrero, Colima, Oaxaca, Jalisco, Nayarit, Chiapas y Durango ya se encuentran reguladas y tipificadas como delito estas conductas, en sus respectivos ordenamientos penales.
Llaman a garantizar seguridad de periodistas e instalaciones de medios de comunicación
Por otro lado, los senadores hicieron un llamado al Comisionado Nacional de Seguridad para que garantice la protección de las instalaciones de los medios de comunicación, de sus empleados y de los periodistas que son víctimas de ataques y amenazas de la delincuencia.
En el dictamen avalado, se resalta que la Comisión encontró varios hechos registrados en notas periodísticas que revelan que los ataques y amenazas al periódico El Siglo de Torreón “no son un hecho único y aislado” sino un fenómeno delictivo que arremete en todo el país.
Por ello, se estima necesario que los tres niveles de gobierno en todo el territorio nacional establezcan políticas públicas que atiendan a este sector de la población y establezcan una eficiente coordinación entre normas, protocolos, manejo de recursos humanos, estructuras e infraestructuras, equipo, financiamiento, partidas presupuestales, áreas especializadas en inteligencia y certificación de policías.
Los senadores comentaron que reducir este tipo de medidas a un sólo caso concreto y local producirían acciones menores e insuficientes, carentes de apoyo y recursos mínimos indispensables “que al final de cuentas no garantizarán la protección ni confiabilidad que debieran ofrecer”.
Piden seguridad en la frontera sur
Además, se acordó exhortar a la Secretaría de Gobernación para que promueva ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas públicas necesarias, a fin de garantizar las medidas de seguridad en la frontera sur e informe de la situación actual que guarda esa región del país.
La propuesta del senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD, señala que debido a los altos flujos migratorios y comerciales, provenientes de diversos países centroamericanos es necesario implementar medidas de seguridad.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, señala el documento, la organización criminal de Los Zetas es responsable de las redes de contrabando de mercancías, combustible e incluso personas en la frontera gracias al pago de cuotas y a la corrupción con autoridades.
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