El Senado de la República recibió este martes la Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2014-2028, la cual contempla que la instrumentación de la reforma energética contribuirá a que el Producto Interno Bruto crezca uno por ciento en 2018 y “aproximadamente” dos por ciento para 2025.
El documento enviado por la Secretaría de Gobernación, considera que con los recientes cambios constitucionales en materia energética se impulsará la creación de cerca de medio millón de empleos adicionales en este sexenio y 2 millones y medio al 2025.
La instrumentación de la reforma, mediante el diseño y aplicación de las leyes secundarias, impulsará la economía --como consecuencia de las nuevas inversiones en el sector-- y permitirá mejores condiciones de acceso a la energía por parte de la población menos favorecida.
El gobierno federal señala que a través de la ENE, se brinda claridad sobre el funcionamiento y rumbo del modelo del sector resultante de la reforma, ya que representa la oportunidad de lograr los consensos necesarios entre los distintos sectores y actores para determinar cuáles son los objetivos que se tienen como país y las políticas que será necesario llevar a cabo para alcanzarlos.
Por ello --se agrega-- la ENE no representa una imposición, sino una evolución en cuanto al conocimiento de las necesidades reales y demuestra la capacidad del gobierno de ser más incluyente en materia de planeación y política energética.
Menciona que la estrategia describe de forma esquemática el alcance, mecanismos y plazos para el reordenamiento de cada eslabón de la cadena de valor y de la agregación de los mismos, así como las nuevas responsabilidades de los actores del sector energético nacional.
Es por eso que la segunda etapa de implementación de la reforma conlleva la modificación o expedición de un amplio acervo de leyes, dentro de un plazo de 120 días, es decir, dentro del segundo período del segundo año de la LXII Legislatura.
Por medio de la armonización del marco legal --se indica-- se definirán las nuevas responsabilidades de los distintos actores: organismos, reguladores, operadores e inversionistas, entre otros, lo que permitirá impulsar la competitividad del sector energético, la seguridad de abasto y la expansión de la capacidad de ejecución en proyectos complejos.
En este sentido, el ejecutivo explicó que se abren espacios para que las empresas del sector orienten sus esfuerzos e inversiones a “proyectos que satisfagan con plenitud las necesidades de nuestro mercado nacional de energía y aporten el dinamismo que despliegue nuevas fronteras a su desarrollo económico y tecnológico”.
Se estima que la producción de petróleo alcance los 3 millones de barriles diarios en 2018 y 3.5 millones en 2025.
De igual forma, se espera que “se establezcan las condiciones” para que la producción de gas natural llegue a 8 mil millones de pies cúbicos diarios en 2018 y 10.4 mil millones en 2025.
“Estos aumentos --se explica-- se apoyarán en tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores al 100 por ciento, es decir, el incremento en la producción estaría acompañado del descubrimiento de igual o mayor volumen de reservas”.
Otro de los aspectos que destaca el Ejecutivo federal es el impulso al desarrollo de tecnologías y a la formación de talento nacional, ya que “los beneficios para este sector de la población podrán darse a través de apoyos focalizados y una mayor interconexión que les permitan contar con energía y los servicios relacionados”.
Además, durante los dos siguientes años a la publicación de la reforma energética, el periodo máximo para que tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad se transformen en empresas productivas del Estado, será necesario adaptarlas a sus nuevos alcances, responsabilidades, requerimientos de inversión y metas esperadas.
El Congreso deberá legislar, a efecto de que esas empresas tengan las condiciones para la creación del valor económico, incremento de los ingresos con sentido de equidad y de responsabilidad social y ambiental, autonomía presupuestal sujeta al balance financiero y techo de servicios personales.
Asimismo, el Legislativo tendrá que establecer la organización, administración y estructura corporativa de Pemex y CFE --acordes a las mejores prácticas internacionales-- y deberá asegurar su autonomía técnica y de gestión.
En materia de exploración y producción de hidrocarburos, la Secretaría de Energía adjudicará a Pemex las asignaciones y los polígonos correspondientes en donde pueda realizar actividades de exploración y producción, con base en el asesoramiento técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
La CNH establecerá las bases de las licitaciones para la adjudicación de contratos a empresas petroleras operadoras, incluyendo a Pemex, y proveerá a la SENER el apoyo necesario para diseñar los contratos y definir los lineamientos técnicos con los que deba cumplir el ganador.
Sin embargo, se precisa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será quien establezca las condiciones económicas de las licitaciones y contratos, así como los correspondientes términos fiscales. En lo relativo a la refinación y procesamiento de gas, se señala que corresponderá a la SENER otorgar los permisos, mientras que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) concederá las autorizaciones para el transporte, almacenamiento y distribución por ductos de petróleo, gas natural, gas natural comercial, productos petrolíferos, etano, propano, butano y naftas.
La regulación de estas actividades incluirá el establecimiento de los principios para que se realicen las ventas de primera mano de los productos y las reglas para asegurar el acceso abierto a los servicios.
Por otro lado, será la CRE quien regule y otorgue los permisos de generación de electricidad y las tarifas de porteo para su transmisión y distribución.
Para que los particulares puedan ofrecer el servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica, se preverán las modalidades de contratación en la legislación aplicable, la cual definirá, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura.
También se menciona en la Estrategia que las empresas productivas del Estado y los particulares con asignaciones o contratos para exploración y extracción “podrán reportar para efectos contables y financieros los beneficios esperados, siempre que en el contrato conste que todos esos recursos naturales en el subsuelo son propiedad de la Nación”.
Se considera que las leyes deberán prevenir, identificar y “sancionar severamente” a los asignatarios, contratistas, permisionarios, servidores públicos y toda persona física o moral, pública o privada, nacional o extranjera, cuando realicen actos u omisiones con el objeto de influir en la toma de decisiones de las empresas productivas para la obtención de un beneficio económico personal.
En el texto se subraya que los trabajadores “continuarán siendo el principal activo de estas empresas y sus derechos laborales serán respetados en todo momento”.
La Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 se envió a la Comisión de Energía para su análisis y dictaminación correspondiente.
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