La Cámara de Senadores recibió la iniciativa presidencial para combatir y sancionar las prácticas de corrupción en las compras y contrataciones del sector público, “pues tienen altos costos económicos, políticos y sociales para nuestro país”.
La propuesta, que expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, fue turnada a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.
En la exposición de motivos, el mandatario citó que para el Foro Económico Mundial el costo de la corrupción en México fluctúa entre el siete y nueve por ciento del Producto Interno Bruto.
Según el reporte de 2008 sobre Índice de Fuentes de Soborno de Transparencia Internacional, “las empresas mexicanas son altamente propensas a usar las relaciones personales o familiares para obtener contratos públicos y recurren al soborno de servidores públicos de cualquier nivel” para conseguirlos.
A nivel global, agregó, las empresas destinan entre un cinco y siete por ciento de sus ingresos para sobornos.
“Conscientes de que las compras y contrataciones del sector público tiene altos costos económicos, políticos y sociales --subrayó--, surge la necesidad de que nuestro país implemente medidas legislativas eficaces, a fin de abatir dichas prácticas por parte de personas físicas o morales contratantes”.
Dijo que los ordenamientos legales vigentes están orientados hacia la corrección de las conductas indebidas cometidas por servidores públicos y, en el caso de los particulares, las sanciones están dirigidas a castigar los incumplimientos contractuales con el Estado.
Dichos ordenamientos, asentó el presidente de la República, “no han resultado del todo efectivos cuando se trata de inhibir la práctica de conductas que se realizan por particulares para obtener una ventaja o beneficio indebidos en los actos o procedimientos relacionados con las contrataciones”.
Por ello, consideró necesario complementar el esquema de sanciones administrativas a particulares en el ámbito de las contrataciones gubernamentales, mediante un sistema de sanciones disuasivas, eficientes y proporcionales, a fin de evitar la comisión de conductas irregulares, bajo el enfoque orientado a la prevención de la corrupción.
Así, de aprobarse la propuesta, incurrirá en responsabilidad quien en las contrataciones públicas federales, directa o indirectamente, prometa, ofrezca o dé dinero o cualquier otra dádiva a un servidor público o a un tercero determinado por éste, con el propósito de obtener o mantener un beneficio o ventaja.
Lo mismo para quien promueva o use su influencia, real o ficticia, sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o un tercero un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación del o los servidores públicos o del resultado obtenido.
A las personas físicas que transgredan estas disposiciones se impondrá una multa de mil a 50 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.
Para el caso de contrataciones diversas a permisos, concesiones, autorizaciones o trámites relacionados con las contrataciones públicas federales o transacciones comerciales internacionales se impondrá una multa de entre el 30 y hasta el 35 por ciento del monto del contrato.
Además, la iniciativa plantea la inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor a 3 meses ni mayor a cinco años.
Para las personas morales, dispone una multa de 10 mil a dos millones de veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, y la inhabilitación para participar en contrataciones hasta por ocho años.
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