La senadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña Gómez propuso reformar el Artículo 111 de la Ley de Migración, a fin de especificar el número de días en que el Instituto Nacional de Migración (INM) resolverá la situación regular de las personas extranjeras.
En la legislación actual, explicó, el plazo no debe exceder los 15 días hábiles, mientras que lo planteado por la senadora es que se acote a cinco días hábiles y que la autoridad migratoria instrumente las medidas cautelares y alternativas necesarias, a fin de que las personas extranjeras sujetas a un procedimiento administrativo migratorio no sean privados de su libertad.
Se acota el plazo al que debe sujetarse este procedimiento administrativo migratorio, en aras de establecer un período de alojamiento congruente con el texto constitucional y con diversos instrumentos internacionales vinculantes para México, señaló.
También se busca derogar el supuesto que castiga con una privación de libertad más larga a aquellos extranjeros que interpongan un recurso administrativo o judicial en el que reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria y que hayan interpuesto un juicio de amparo o que exista una provisión expresa de la autoridad competente para que ésta pueda ser trasladada o eventualmente, para abandonar el país.
Con estas modificaciones -argumentó- se dotan de mayor certidumbre jurídica los actos de la autoridad migratoria mexicana, con lo que se da un gran paso en el proceso de descriminalización de la migración indocumentada.
Al exponer los motivos de la iniciativa, la legisladora del PRD subrayó lo señalado en el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativo a la Situación de los Derechos Humanos en las Estaciones Migratorias y Lugares Habilitados por el INM:
“El Estado mexicano ha tolerado la violación flagrante, permanente y sistemática de los derechos humanos de los extranjeros que, en el marco del procedimiento administrativo migratorio, son privados de su libertad y alojados en la estaciones migratorias y en otros lugares habilitados para los mismos efectos por el Instituto Nacional de Migración”.
Asimismo, especificó que la marginación, discriminación, extorsión, tortura, malos tratos crueles inhumanos y degradantes, así como na serie de conductas que atentan y vulneran la dignidad e integralidad de personas cuya única falta ha sido ingresar sin documentos a territorio mexicano, constituyen una realidad cotidiana inaceptable para cualquier democracia.
Agregó que existen en dichos establecimientos administrativos una concepción carcelaria: celdas, rejas metálicas, aldabas, candados, bases de cemento que se usan como cama, todas estas características que corresponden más a un reclusorio.
Lo anterior se agrava si se toma en cuenta que los períodos de aseguramiento de personas que han ingresado a nuestro territorio sin autorización por mandato de ley pueden prolongarse hasta semanas o meses.
La senadora también destacó que de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, en México existen 32 estaciones migratorias con una capacidad de alojamiento para tres mil 671 personas y 26 estaciones provisionales con capacidad de alojamiento para 753 personas.
Por lo tanto, si se dividen las 85 mil 100 personas, que fueron alojadas en una estación migratoria durante 2012, entre la capacidad instalada reportada por el Instituto Nacional de Migración el resultado sería alrededor de siete mil personas internadas por mes, el doble de la capacidad instalada.
“El número de personas extranjeras a las que actualmente el Estado mexicano priva de su libertad y somete a circunstancias degradantes por el simple hecho de haber ingresado de manera irregular o no documentada a nuestro territorio se ha convertido en una situación de violación grave y sistemática a los derechos humanos”, finalizó.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda.
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