El senador Adolfo Romero Lainas presentó una iniciativa para crear el Padrón General de Beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, a fin de establecer una relación confiable sobre el número de afiliados que están o han estado en una o más instituciones de salud pública.
Con ello, aseguró el legislador del Partido de la Revolución Democrática, mejorará la eficiencia y calidad en la atención de los servicios y se fortalecerá la transparencia en el ejercicio de los recursos que se dirigen a garantizar el acceso a la salud.
Afirmó que con base en la “Confronta del Seguro Popular con las instituciones de salud 2011”, se demostró que más de cinco millones de personas, de 47 millones de beneficiarios de este programa se encontraban registrados en los padrones de otras instituciones de seguridad social.
En todos los institutos, dijo, se ha comprobado que no se proporcionó evidencia documental que garantice la procedencia legal de la concurrencia o duplicidad en los registros observados, o en su defecto, certeza en las acciones de depuración de las bases de datos de los beneficiarios.
En los agregados por entidad federativa, municipio, localidad o institución, resaltó, se han obtenido resultados diferentes sobre la información socioeconómica de población y los hogares, niveles de pobreza y en algunos casos datos incompletos o desactualizados que no permiten determinar el índice real de beneficiarios.
De ahí que la creación del Padrón General de Beneficiarios sea una propuesta fundamental para evitar la desorganización del sistema y lograr que la población afiliada tenga acceso a la salud de manera efectiva, oportuna y de calidad.
Por ello, propuso reformar las leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y General de Salud, “con la finalidad de contar con una relación nominal general que proporcione un padrón confiable que evite el índice de colisión en el número de afiliados que están o han estado en una o más instituciones de salud”.
La propuesta se envió a las comisiones de Seguridad Social y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
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