El senador del Partido del Trabajo, David Monreal Ávila presentó una iniciativa que busca modificar el artículo 93 de la Constitución, con el objetivo de que cualquiera de las Cámaras del Congreso puedan convocar a los titulares de las empresas productivas del Estado y directores de compañías privadas de áreas estratégicas para la nación.
Lo anterior, explicó, para que respondan --bajo protesta de decir verdad-- a interpelaciones o preguntas de los legisladores cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
De igual forma, planteó que a pedido de una cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados o de la mitad de los integrantes del Senado se podrá integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichas instituciones.
El legislador recordó que la reforma energética creó las figuras de empresas productivas del Estado para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuya propiedad estará bajo el control del gobierno federal.
Citó a Diego Valadés, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien ha alertado de la necesidad de regular jurídicamente la vigilancia por parte del Legislativo hacia estas empresas, pues con la reforma “se contrajo aún más la débil estructura de controles susceptibles de ser ejercidos por el Congreso.”
Asimismo, Monreal Ávila indicó que las compañías privadas que inviertan en el sector energético deberán estar sujetas al escrutinio del Poder Legislativo, ya que manejarán un recurso que pertenece a la nación mexicana.
“Es necesario que el Congreso tenga las atribuciones necesarias para vigilar la administración de los recursos hidrocarburos de la nación antes de que se otorguen asignaciones a particulares, por lo que la reforma en cuestión debe ser discutida y aprobada a la brevedad, de lo contrario los costos para la nación pueden ser irreversibles”, subrayó.
Por ello, manifestó que es fundamental modificar el artículo 93 de la Carta Magna, a fin de que el Legislativo tenga la facultad de exigir rendición de cuentas a los directores de este nuevo modelo de empresa productiva. De lo contrario --advirtió-- el Congreso se encontraría en estado de incompetencia.
Es necesario que a luz de la reforma energética se instrumenten mecanismos para regular la actuación tanto de las empresas productivas del Estado como de las compañías privadas que participen en áreas estratégicas, apuntó.
Comentó que lo menos que puede esperar la sociedad mexicana “después de no ser escuchada, ni tomada en cuenta” para la aprobación de esa reforma, es un marco jurídico que permita tener certeza y transparencia en el manejo de la extracción y exploración de los hidrocarburos que llevarán a cabo las empresas productivas del Estado y las privadas.
La iniciativa se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos Primera.
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