Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Senado pidió al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que “emprenda sus buenos oficios” con las autoridades de los estados de la República para que acepten las declaratorias de Alerta de Violencia de Género que les han sido solicitadas, a efecto de lograr la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida.

De igual manera, hizo un llamado a los poderes ejecutivos de las entidades federativas para que declaren la alerta de género en los territorios donde les sea requerida y den respuesta inmediata, eficaz y multidisciplinaria que atienda, prevenga y sancione esta problemática.

Asimismo, los senadores solicitaron a Osorio Chong que en su calidad de presidente del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, declare de forma inmediata las alertas de género que correspondan al ámbito federal y evite “todos los prejuicios negativos que hay sobre este mecanismo”.

También, el exhortó a los congresos de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán para que revisen su legislación en esta y la homologuen con la ley general.

En el dictamen avalado se menciona que el secretario de Gobernación debe generar “una actitud receptiva y positiva con las autoridades locales para que acepten la alerta de violencia de género como una oportunidad para generar acciones y políticas especializadas de emergencia, y de este modo combatir, en conjunto, la violencia imperante hacia las mujeres”.

Además, se agrega, los integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres  y el Instituto Nacional de las Mujeres tiene la obligación de actuar conforme a la debida diligencia y atender las solicitudes planteada por la sociedad civil que denuncian la existencia de violencia feminicida.

Se recuerda que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece dicha Alerta como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Su objetivo, se agrega, es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos.

Además, la alerta obliga a actuar a los tres niveles de gobierno de manera articulada, a fin de enfrentar y erradicar, desde una perspectiva de género,  la violencia feminicida en un territorio determinado.

Sin embargo, los senadores refirieron que en siete ocasiones se ha solicitado la implementación de este mecanismo para Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo y Chiapas, pero todas las peticiones han sido desechadas.

Ejemplificaron que una organización civil pidió el 15 de abril del año pasado la alerta para Guanajuato, pues la violencia feminicida se ha agravado desde 2013, el cual está catalogado como “el año más violento para las mujeres” ya que de enero a abril ocurrieron 24 asesinatos y de ellos sólo tres se consignaron como feminicidios.

Aunado a ello, se explica, es alarmante la violencia que aún después de muertas se ha ejercido contra ellas, tanto por parte del feminicida como del gobierno del estado, pues sus instituciones encargadas de procurar justicia minimizan, invisibilizan y niegan el fenómeno “al extremo de no investigar a fondo el asesinato”.

Al respecto, la senadora priista Diva Hadamira Gastélum Bajo dijo que la violencia contra las mujeres es “un sello distintivo” de México, por lo que la alerta deber servir para erradicarla y “no puede ser evasiva”.

En tanto, el senador petista David Monreal Ávila dijo que este problema  es uno de los fenómenos sociales más extendidos en el país y “lamentablemente se está arraigando en varias entidades de la República”.

Consideró que se debe cuestionar “severamente” la pasividad con la que actúan los funcionarios federales y estatales encargados de poner en marcha mecanismos como el de la alerta de género.

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