La senadora Lisbeth Hernández Lecona presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a los gobernadores de los 31 estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que implementen políticas públicas encaminadas a erradicar el índice de personas que se encuentran en situación de calle en el territorio nacional.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dijo, en la región existen 66 millones de personas en pobreza extrema, es decir, que no cuentan con acceso a la educación, servicios de salud, vivienda digna, seguridad social y a una alimentación sana y nutricional.
Agregó que en el informe sobre el Panorama Económico y Social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 2013, la CEPAL reportó un millón de personas más en situación de pobreza en México en el año 2002.
Además, destacó, el organismo dio cuenta que la indigencia o el porcentaje de personas en situación de calle subió de 13.3 por ciento en 2010 a 14.2 por ciento en 2012, “cuyo modo de vida es lamentable e inadmisible en pleno siglo XXI”.
Hernández Lecona resaltó que este grupo de la población está expuesto a la violencia, explotación sexual y laboral, es susceptibles a adicciones a sustancias psicotrópicas, vulnerables a toda clase de discriminación y a ser víctimas de atentados contra su integridad personal, por parte de las autoridades y de la propia ciudadanía.
La propuesta también fue suscrita por las senadoras priistas Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis.
En la exposición de motivos se resalta que México no cuenta con datos precisos y cifras que den certidumbre sobre el número de personas en esta situación, pero “los registros muestran una realidad que no se puede tolerar en estos tiempos”.
Con independencia de la causas, se agrega, “debemos asumir la responsabilidad, como gobierno y sociedad, para construir políticas públicas que contribuyan a la reinserción” de este sector.
El punto de acuerdo se envió a la Comisión de Desarrollo Social para su análisis y dictamen correspondiente.
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