La Cámara de Senadores exhortó a los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas a que, conforme a los estándares internacionales existentes en la materia, establezcan e implementen protocolos para las y los juzgadores, con el propósito de incorporar la perspectiva de género en sus actividades.
Para ello, deberán tomar como referente, en su caso, el Protocolo para juzgar con perspectiva de género implementado por el Poder Judicial de la Federación.
Además, solicitó a la Procuraduría General de la República y de Justicia estatales, así como a las Fiscalías Generales de las entidades federativas, informen sobre el grado de cumplimiento de los “Lineamientos Generales para la estandarización de investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, del delito de violación de mujeres y del delito de homicidio de mujeres por razones de género”, aprobados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia el 25 de noviembre de 2011.
En el dictamen aprobado, los senadores también requieren a la Procuraduría General de Justicia y a las 32 entidades federativas, que informen sobre los protocolos especializados con perspectiva de género que han elaborado en cumplimiento con lo mandatado por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Diva Gastélum Bajo consideró fundamental el establecimiento de mecanismos claros, certeros, didácticos que auxilien y orienten a los servidores públicos encargados de la impartición de justicia, en materia tal que se eviten determinaciones o resoluciones judiciales que generen impunidad, discriminación y desigualdad.
Esto, porque a pesar de los esfuerzos realizados para capacitar y sensibilizar a las y los impartidores de justicia, aún se está lejos de alcanzar la perspectiva de género, como lo señala la ley en la materia.
Comentó, además, que el acceso a la justicia es una preocupación fundamental para las mexicanas que viven y sufren violencia de manera cotidiana, visible en los juicios que se han llevado a las Cortes Internacionales, en específico en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se ha señalado que México no cumple con el deber de no discriminar y no cuenta con un sistema de justicia eficaz, ni accesible para las problemáticas que presentan las mujeres, por lo que ha violado los derechos de acceso a la justicia y protección judicial.
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