El senador Raúl Gracia Guzmán presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal de Tribunales de Tratamiento de Adicciones que establece una alternativa al enjuiciamiento penal y a la privación de la libertad para las personas adictas al consumo de drogas, que cometan por primera vez un delito del orden federal.
Esto, en tanto que el castigo y la exclusión de estas personas no han probado ser eficaces para evitar que reincidan en actividades ilícitas.
“Creo que si buscamos hacer las mismas acciones vamos a encontrar los mismos resultados y en el tema de reinserción al tejido social de quienes caen en adicciones, creo que el castigo no ha sido la solución,” aseguró el senador panista.
De acuerdo con Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 2010 y la Encuesta Nacional sobre Inseguridad del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI) 2010, el 60 por ciento de los delitos son cometidos por consumidores de drogas. A la par, la sobrepoblación penitenciaria al mes de abril de 2012, ascendía a 48,820 internos; de los cuales el 94.8 por ciento consumen drogas.
De esta manera, el proyecto establece que cuando dichas personas sean condenadas a un periodo no mayor de ocho años de prisión, serán elegibles para participar en el Programa Federal del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, que consiste en la supervisión de las actividades del paciente, con el fin de reducir la posibilidad de reincidencia delictiva durante su participación en el tratamiento de rehabilitación.
Asimismo, el programa prevé un tratamiento clínico de rehabilitación y el cumplimiento de acciones que propicien la reintegración social del participante, quien deberá cumplir con condiciones como tener un modo honesto de vivir, residir en un lugar determinado, abstenerse de ingerir sustancias tóxicas y someterse a la vigilancia que determine el juez.
El Tribunal de Tratamiento de Adicciones estará integrado por los jueces de distrito que determine el Consejo de la Judicatura Federal, un administrador general de los Tribunales y el personal técnico administrativo que requiera para la celebración de audiencias orales.
Gracia Guzmán indicó que en años recientes este modelo ha sido implementado por el Poder Judicial de Nuevo León, siendo reconocido como una de las mejores prácticas en materia de administración de justicia por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Legislativos y a la Comisión de Justicia.
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