Luego de que el Presidente de la República promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia, el pasado 7 de febrero, senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM propusieron expedir el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Senadores.
Al presentar la propuesta, que además plantea reformas al Reglamento del Senado, la senadora priista Arely Gómez González subrayó que con esta propuesta se están sentando las bases de uno de los ejes para contar con Parlamento abierto: la transparencia y el acceso a la información.
El Senado de la República -argumentó- debe avanzar y evolucionar sus procedimientos y comprometerse con la transparencia, por lo que buscó hacer responsables a todas las unidades administrativas y a los grupos parlamentarios, generándose con ello solidez y confianza a quienes deseen conocer o tener acceso a los archivos públicos legislativos.
En este sentido, indicó que serán las entidades responsables -a través de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Senado- las que señalarán con claridad los supuestos normativos por medio de los cuales podrá clasificarse, de manera excepcional, diversa información en posesión del Senado de la República.
A detalle, la legisladora priista expuso que el Reglamento organiza y establece una estructura interna que permitirá responder a los cambios que implica la reforma constitucional, respetando la dinámica del legislativo, sin dejar de tomar en cuenta el principio de máxima publicidad que establece la Constitución.
Además, dijo, contempla un capítulo en el que se señalan la información que deberá publicarse periódicamente, formaliza la obligación de los órganos de gobierno y de los grupos parlamentarios de reportar el uso de recursos y establece con claridad la información que puede ser clasificada como reservada o confidencial.
Modifica también las atribuciones y estructura interna del Senado para fortalecer la actividad de la Unidad de Enlace y del Comité de Transparencia para garantizar el acceso a la información y se reconoce la existencia de datos personales que deben ser protegidos.
Otro punto importante del proyecto es la incorporación de la prueba de daño que consiste en que la clasificación de la información deberá incluir los elementos objetivos a partir de los cuales pueda inferirse que con su acceso, cabría la posibilidad de atentar contra los intereses públicos tutelados en el Artículo 6º constitucional y en la Ley, como la seguridad nacional y pública; la estabilidad financiera o económica del país; la vida, la seguridad o la salud de las personas; las actividades de verificación del cumplimiento de leyes; los expedientes judiciales o administrativos; los secretos identificados en las leyes de manera expresa, así como otros procesos deliberativos de los legisladores.
Por su parte, el senador Javier Corral Jurado, de Acción Nacional resaltó “es hora de responder y asentar en un documento que nos vincule a todos un claro compromiso con la transparencia en el ejercicio de nuestra función, particularmente en el rubro de los recursos públicos que se asignan a los grupos parlamentarios y a los senadores en particular”.
Este compromiso, añadió, debe traducirse en la concreción del principio constitucional de máxima publicidad, especialmente con la reciente reforma constitucional en la materia, “el Congreso y sus grupos parlamentarios no podrán seguir gozando del dudoso honor de ser una de las excepciones al derecho de acceso a la información y estará bajo la competencia y jurisdicción del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”.
El legislador panista subrayó que quienes han luchado por someter a dicho Poder al escrutinio ciudadano como una forma de contrapeso y contraloría social, buscan avanzar y concretar el anhelo de un parlamento abierto donde toda la información que deba ser pública esté a disposición de todos en Internet y por cualquier medio material o instrumento de cualquier persona.
De la misma forma, el desglose de la totalidad de los recursos que reciben los grupos parlamentarios de parte de la Hacienda Pública y la forma pormenorizada como los gastan, acotó.
El resultado será “la restitución a plenitud nuestra fuerza moral y política, no sólo en el debate parlamentario sino frente a la exigencia ciudadana de que todo aquel que tenga una responsabilidad pública rinda cuentas”, pues a la gente le molesta que además de los altos salarios que reciben los servidores públicos no se transparenten los apoyos adicionales y otras prestaciones.
Además, se define con claridad la información que debe de ser reservada y la información confidencial garantizando el acceso de aquella información que no se encuentre clasificada y esta será clasificada por los servidores públicos que la tengan y será el Comité de Garantía y Acceso y Transparencia de la Información (Cogati) quien ratifique o modifique la clasificación, cuyo periodo de reserva será hasta por 12 años.
Sobre los datos personales la propuesta prevé la existencia de datos sensibles, se establece un procedimiento ágil y expedito con la intención de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se prevé la operación de un sistema de información y plazos razonables para tramitar las solicitudes de acceso a la información que presenten los interesados, finalizó.
La propuesta, signada también por los senadores Laura Angélica Rojas, del PAN; Alejandro Encinas Rodríguez y Zoé Robledo Aburto, del PRD y Pablo Escudero Morales, del PVEM, fue turnada a las comisiones unidas de Reglamentos y de Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.
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