Senado de la República

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la decisión de dar marcha atrás al incremento en el Impuesto al Valor Agregado en los estados fronterizos del país, manifestaron los 63 senadores del PAN, PRD, PT y de Movimiento Ciudadano que interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma fiscal.
El pasado 16 de diciembre los legisladores, encabezados por el senador panista Ernesto Ruffo Appel, presentaron dicho recurso jurídico en contra del aumento del 11 a 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se cobra en las regiones fronterizas.
Explican que la acción de inconstitucionalidad busca “echar abajo” la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de incrementar la tasa del IVA en las fronteras, determinación que “fue avalada por el PRI, PVEM y la mitad de la bancada del PRD en ambas cámaras” del Congreso de la Unión.
Sus argumentos buscan convencer a los ministros que la reforma que incrementó el IVA “atenta contra los principios de razonabilidad legislativa, carece de veracidad en los argumentos que la sustentaron, viola los principios de proporcionalidad y equidad de los impuestos, además de que afecta la competitividad y generación de empleos”.
En este sentido, mencionan que los argumentos expuestos por el Presidente de la República “son falsos, pero peor aún, fueron exactamente copiados por ambas cámaras del Congreso al aprobar la reforma, sin que se hubiera hecho un análisis de su veracidad, lo que ocasionó que los legisladores no razonaran debidamente las consecuencias del incremento”.
Indican, por ejemplo, que una de las justificaciones presentadas por el Ejecutivo federal afirmaba que México era el único país del mundo que contaba con tasas diferenciadas de IVA en las zonas fronterizas, “situación que resulta totalmente falsa, pues Estados Unidos cuenta con tasas distintas de Impuesto a las Ventas en cada uno de sus 50 estados, las cuales varían entre 8.2 y 8.7 por ciento”.
Recuerdan que senadores de la LX Legislatura interpusieron una acción de inconstitucionalidad, en 2008, que pretendía la homologación del IVA en todo el territorio nacional, pues consideraban que las tasas diferenciadas resultaban desproporcionales e inequitativas respecto a los demás habitantes del territorio nacional.
Sin embargo --explican-- en aquella ocasión la Corte señaló con firmeza que la existencia de una tasa diferenciada, derivaba “de la especial situación de consumo que se presenta en las regiones fronterizas, en la que los habitantes tienen la posibilidad real e inminente de poder trasladarse a otros países con los que México hace frontera para adquirir los bienes de consumo diario y duradero que requieren, lo que altera los patrones de consumo en el país”.
Por ello, los senadores consideran que de llegarse aplicar una tasa igual en todo el territorio nacional se estaría violando la Constitución al dar un trato inequitativo y desproporcional a los habitantes de las regiones fronterizas.
“Estamos en un momento crucial de la historia jurídico-fiscal de nuestro país, por lo que el apoyo y participación de los habitantes de las regiones fronterizas es muy importante. Ellos pueden también influir en la decisión de la Corte si se suman al amparo colectivo promovido desde las organizaciones empresariales”, agregan.
La Corte, subrayaron, tendrá que decidir frente a los habitantes de las regiones fronterizas si se mantiene en el criterio que ha sostenido por más de 40 años, o bien, dará marcha atrás resolviendo que la tasa homologada se apega a la Constitución”.
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