El pleno del Senado avaló con 90 votos a favor el retiro de la reserva expresa al artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, referente a la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al presentar el dictamen desde la tribuna, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que con esta medida “el Estado mexicano no podrá expulsar a persona refugiada que se encuentre legalmente en el territorio nacional a no ser por razones de seguridad o de orden público”.
De esta manera, dijo, dicha expulsión sólo se podrá efectuar en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes, y sin perjuicio de la observancia del principio de no devolución, a no ser que se opongan a ellos razones imperiosas de seguridad nacional, y en todo caso se permitirá a la persona refugiada presentar las pruebas exculpatorias.
En tanto, la senadora Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que con esta decisión el Senado de la República da un paso histórico en la defensa de los derechos humanos.
Expresó que con el retiro de la reserva “estaremos modificando la postura tradicional que el Estado mexicano había adoptado durante décadas frente al régimen internacional porque prefería anteponer la protección de la soberanía y la supremacía de la Constitución a la protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su nacionalidad”.
Por su parte, al pronunciarse a favor del dictamen, Dolores Padierna Luna, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó la hospitalidad que históricamente la República Mexicana ha brindado a ciudadanos de otras naciones.
Aseguró que nuestras disposiciones legales se encuentras desfasadas en relación a los derechos de los extranjeros que residen en el territorio o que se encuentran de paso,” es por ello que debemos de congratularnos del retiro de las reservas que México mantenía a diversos tratados en materia de protección a los extranjeros”.
El dictamen fue remitido al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
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