El sector social de la economía no fue incluido en la reciente reforma hacendaria, advirtió el senador Benjamín Robles Montoya. Argumentó que esta omisión, que calificó como grave, ahonda la profunda crisis por la que atraviesa el sector.
Por otra parte, el legislador del Partido de la Revolución Democrática consideró igualmente grave el hecho de que miles de defraudados por cajas de ahorros sigan siendo ignorados.
Aseguró que en el marco de las negociaciones de dicha reforma, el gobierno federal y los grupos parlamentarios del Senado de la República asumieron el compromiso de coadyuvar en la modificación del actual marco normativo para las Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
“En este sentido, consideramos indispensable que en el actual periodo de sesiones se concreten las modificaciones legales que le puedan garantizar a las cooperativas un andamiaje jurídico acorde a su naturaleza y propio a sus necesidades”, expuso.
Especificó cuál es la principal necesidad: “una normatividad que, más que inhibir a este sector, lo fortalezca y lo regule correctamente, protegiendo a los ahorradores y reivindicando además a quienes fueron víctimas de fraude”.
En ese sentido, el senador perredista presentó en la tribuna del Pleno dos iniciativas: una para expedir nueva Ley General de Sociedades Cooperativas y otra que reforma, adiciona y deroga diversos ordenamientos jurídicos para el fortalecimiento del sector social de la economía.
Lo anterior, refirió, constituye una acción de justicia social reivindicativa, que mira a resolver el pasado y también el impulso a la promoción de esta fuente de ahorro que, por sus vínculos populares, demanda vigorizarse en un marco de mayor proyección.
El también secretario de la Comisión de Fomento Económico se pronunció a favor de seguir profundizando y redefiniendo el derecho cooperativo y el reconocimiento de la participación del sector social en el sistema financiero en México, para enriquecer la reforma financiera planteada por el gobierno federal en el marco del Pacto por México.
La primera iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y Estudios Legislativos, Primera, en tanto la segunda a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis.
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