Senado de la República

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República presentaron hoy el pre-dictamen de la llamada reforma energética.
El documento completo está disponible para su lectura y análisis en la página electrónica http://www.senado.gob.mx/documentos/proyecto_reforma_energetica.pdf .
En el marco de una reunión de trabajo, los legisladores integrantes de las Mesas Directivas de estas tres comisiones distribuyeron e hicieron público el documento con el Proyecto de Decreto para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política en materia de energía.
Este texto, que consta de casi trescientas páginas, incluye como antecedentes las iniciativas sobre el tema a dictaminar, un apartado que aborda la problemática del sector energía en nuestro país, las conclusiones de foros y consultas realizadas, las consideraciones de las tres comisiones dictaminadoras y el proyecto de decreto.
El pre-dictamen presentado toma en cuenta las iniciativas presentadas por el diputado Luis Alberto Villarreal García y el senador Francisco Domínguez Servién, en julio pasado; así como la del titular del Poder Ejecutivo federal, enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en agosto pasado; al igual que la iniciativa de reformas para el sector energético, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El texto de las comisiones unidas, que también se considera cambios legales al régimen del sector eléctrico en México, contiene las conclusiones de los foros y las consultas, realizadas durante septiembre y octubre pasados.
Por otra parte, en lo relativo al diagnóstico de la industria petrolera, el documento establece: “la industria petrolera mexicana tiene dos problemas principales: ha disminuido la producción de crudo y la vida de las reservas, poniendo en riesgo a las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno, así como la seguridad energética de la economía nacional. En relación al gas natural, la producción es insuficiente para cubrir el consumo interno y desde hace varios años constituye un cuello de botella al desarrollo industrial y eléctrico”.
Señala la necesidad de grandes inversiones para la exploración y explotación de hidrocarburos. Sumado a esto, advierte: “El negocio de las empresas petroleras en el presente se ha convertido esencialmente en una industria de manejo de riesgos: una empresa que incurra en pérdidas en el Golfo de México (por invertir y no encontrar petróleo en cantidades económicamente rentables) puede compensarlas con ganancias en Indonesia o en el Mar del Norte, y viceversa. Advierte que Petróleos Mexicanos no tiene capacidad para llevar a cabo esa diversificación.
Además, la conclusión de los diagnósticos de las iniciativas, expresada en el texto, considera: “la reforma al sector de la energía en México tiene problemas y desafíos que enfrentar en el presente, y a mediano y largo plazos. El más importante es el régimen fiscal del sector energético, que tiene como repercusión principal a las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno”.
El proyecto de dictamen agrega que la reforma debe atender a la siguiente problemática:
“1. Aumentar la velocidad de ejecución de los proyectos de infraestructura de Pemex y CFE. Para ello, se requiere darles un marco institucional adecuado y reducirles la carga fiscal, y
2. Estudiar las opciones de participación de la iniciativa privada para reforzar la velocidad de ejecución de los proyectos de infraestructura y compensar el riesgo de las inversiones”.
Por otro lado, las comisiones expresan en el documento, como parte de sus consideraciones, que el esquema jurídico vigente en México, referente al sector energético “necesita, en efecto, ser reformado, con el propósito de brindar un marco que permita un mejor aprovechamiento de la riqueza nacional”.
En ese sentido, exponen que es “indispensable reformar el marco constitucional que actualmente, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, prohíbe el otorgamiento de concesiones y contratos”.
Agrega el documento que “un esquema de contratación para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, que siempre tenga presente que el petróleo es y será de la Nación, se estima óptimo e indispensable”.
“En el sector eléctrico, por su parte, se considera indispensable distinguir las distintas actividades involucradas en la prestación del servicio público, a fin de que la Nación lleve a cabo aquellas que verdaderamente resultan estratégicas, y abrir a la competencia las que naturalmente pueden realizarse de mejor manera cuando son ejecutadas por una multiplicidad de actores”, añade.
Como parte de la propuesta de reformas, se incluye la creación del “Fondo Mexicano del Petróleo”: “un fideicomiso público, en el que el Banco de México fungirá como fiduciario, en el que habrán de concentrarse todos los ingresos, con excepción de las contribuciones que correspondan al Estado mexicano, derivados de los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 constitucional”.
Asimismo, prevé que el Ejecutivo federal “deberá proveer la creación del organismo público descentralizado denominado Centro Nacional de Control del Gas Natural, encargado de la operación del sistema nacional de ductos de transporte y del almacenamiento” que define el pre-dictamen como una entidad paraestatal con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este nuevo organismo sustituiría las funciones que en este ámbito realiza Pemex Gas y Petroquímica Básica.
En lo relativo al sector eléctrico, el documento propone que el Ejecutivo Federal “deberá proveer la creación del organismo público descentralizado denominado Centro Nacional de Control de Energía, encargado del control operativo del Sistema Eléctrico Nacional; de operar el mercado eléctrico mayorista, y del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución”.
Esto, debido a la previsión en el sentido de que “al abrir plenamente el sector eléctrico a la competencia en las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, se espera la concurrencia de una pluralidad de participantes que invertirán en infraestructura de generación y que requerirán que la energía que produzcan llegue a los consumidores a través de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución cuyo control mantendrá el Estado”.
El pre-dictamen hace una revisión a diversos modelos para el manejo de hidrocarburos: se trata de los casos de Noruega, Colombia y Brasil. En ese sentido, considera que “resaltan la necesidad de innovar y ajustar la organización del sector de hidrocarburos a la medida del interés nacional. En cada uno de estos países ha sido adoptado un enfoque pragmático y flexible que busca maximizar la utilidad que deriva la nación del sector de hidrocarburos”.
Asimismo, como parte de las propuestas el documento prevé adecuaciones jurídicas para combatir acciones ilícitas en estos ámbitos.
En consecuencia de todo lo anterior, el proyecto de decreto incluido en el dictamen prevé reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y 21 artículos transitorios, que establecen el cumplimiento de diversas acciones legales, administrativas y de gobierno que complementan la reforma energética.
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