El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 104 votos, el dictamen que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de cumplir con el mandato constitucional estipulado en la reforma penal de 2008 y transitar de un sistema de justicia inquisitorio a un modelo de corte acusatorio adversarial.
De esta manera, el Código establece nuevas normas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos por parte de los órganos jurisdiccionales locales y federales, tales como la regulación de juicios orales, los cuales se llevarán a cabo en audiencias públicas para que tanto las partes en conflicto como el público en general puedan presenciarlas.
Asimismo, el nuevo ordenamiento dispone que cuando el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas para la investigación, el titular de la Procuraduría General de la República o los servidores públicos facultados podrán solicitar al juez federal de control la autorización de esta medida.
En lo referente al descubrimiento probatorio a cargo del Ministerio Público, el dictamen subraya que éste consiste en la entrega material a la defensa de copia de los registros de la investigación, es decir, todos los documentos que integran la carpeta de investigación, así como fotografías, videos, grabaciones de voz, informes y pruebas periciales. Asimismo, se precisa que se debe dar acceso a la defensa respecto de las evidencias materiales recabadas.
Por su parte, el descubrimiento probatorio a cargo de la defensa, consiste en la entrega del material al Ministerio Público de copia de los registros con los que cuente y pretenda ofrecer como medios de prueba para ser desahogados en el juicio.
El dictamen también incluye la posibilidad de que los registros de las actuaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio o video y, en general, por cualquier soporte que garantice su reproducción.
Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que se trata del primer código con legitimación democrática, ya que los ordenamientos anteriores fueron expedidos gracias a facultades extraordinarias que se le brindaron al Ejecutivo Federal. Por el contrario, señaló, el Código es producto del acuerdo unánime de las fuerzas políticas y de un trámite legislativo abierto, transparente, público e incluyente que cuenta con el respaldo social a sus contenidos.
Asimismo, el senador destacó que se logra un equilibrio razonable, desde el modelo definido por la Constitución, entre la finalidad de mitigar la impunidad y la necesidad de garantizar los derechos humanos.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que con este modelo se evita “establecer en el centro de la atención los problemas de la seguridad del Estado por encima de la seguridad ciudadana y de los derechos y garantías de los ciudadanos”.
No obstante, señaló que la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales tendrá que estar sujeta a una evaluación por lo menos en el término de un año para poder identificar los ajustes y reformas necesarios para mejorar su ejercicio.
El nuevo Código posibilita a la víctima u ofendido constituirse como coadyuvante en el proceso si así lo solicita dentro de los tres días siguientes a la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público; así como a señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección, ofrecer medios de prueba que complementen la acusación y solicitar el pago de la reparación del daño.
Más aún, el dictamen precisa que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales deben ser declaradas nulas por la autoridad judicial de manera oficiosa y en cualquier etapa del procedimiento. Al mismo tiempo, regula la toma de muestras sin el consentimiento del imputado, el registro de la investigación, descubrimiento de la investigación e inspecciones corporales.
Otro de los aspectos del nuevo Código es la reglamentación de los actos de investigación “que se relacionen con la posible violación a derechos humanos o afecten el debido proceso” como los cateos, intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de la información, órdenes de aprehensión, o detenciones.
Igualmente, deja en claro que toda imposición de medidas de protección y de providencias precautorias, así como su duración, deberá estar debidamente fundada y motivada, además de que tendrán una duración máxima.
En su turno, la senadora priista Arely Gómez González destacó que con el proyecto se rediseña el sistema de justicia penal bajo el esquema del debido proceso y el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país.
A diferencia del sistema tradicional, agregó, con este ordenamiento “la libertad es la regla y la prisión la excepción” y, a través de mecanismos alternos para la solución de controversias, prioriza el resarcimiento de los daños a las víctimas, en lugar de mantener persona en la cárcel por delitos menores. Así, dijo, su aprobación “impulsa la modernización de la procuración y administración de una justicia accesible, imparcial e igualitaria que cumpla con todos y cada uno de los principios del debido proceso”.
A su vez, la senadora panista María del Pilar Ortega Martínez destacó que con el nuevo código se busca devolver la confianza “a este sector tan desacreditado”, mediante juicios públicos transparentes, orales y expeditos que proporcionarán certeza a la sociedad y respuesta a las partes, sobre la base del debido proceso y el escrutinio social.
Consideró que constituye una herramienta de política criminal que logra una adecuada uniformidad en todo el país respecto a las consecuencias procesales que se susciten, además de que apuntala, fortalece y acelera la implementación del sistema acusatorio.
Por su parte, el senador Manuel Camacho Solís, del PRD, resaltó que las comisiones dedicaron un año de trabajo a la construcción del nuevo Código; además, se estableció un grupo de asesores externos que participaron en la corrección del texto, y se realizó un ejercicio de simulación para revisar que lo se había redactado podía ser operado en el sistema judicial.
Esto, enfatizó, demuestra que los temas más difíciles y complicados se pueden tratar con apertura, transparencia y rigor técnico, por lo que se pronunció para que este procedimiento sea aplicado a otras materias de igual o de mayor importancia, pues “lo que no podemos seguir haciendo en esta Cámara es evitando ese trabajo serio”.
En tanto, el senador del Partido Verde Ecologista, Pablo Escudero Morales, destacó que el Código Nacional de Procedimientos Penales pasó por la implementación de un simulador. “Se propuso traer a los operadores del sistema de justicia, ministerios públicos, jueces de control y a todos los que participaban para simular un juicio oral en todas sus facetas y comprobar si el sistema podía funcionar”.
Fue un esfuerzo innovador con un resultado inmejorable, “participamos en un instrumento jurídico que va a cambiar la justicia en el país”, apuntó el legislador.
Por su parte, el senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, precisó que el nuevo Código es el resultado de más de cinco años de negociaciones y acuerdos entre fuerzas políticas y actores sociales y que, además, “puede mejorarse, sobre todo en la publicidad de los juicios y el respeto a los derechos humanos de imputados y víctimas”.
Adicionalmente, precisó que es un gran avance para el Estado de derecho y la impartición de justicia, pero que se necesitan ver las fortalezas y deficiencias del nuevo ordenamiento jurídico y exhortar al Poder Judicial de la Federación a actualizar y profesionalizar a sus integrantes.
En la discusión en lo general del dictamen, la senadora del PRI, Cristina Díaz Salazar, señaló que esta reforma consolida un sistema de justicia penal equilibrado que protege tanto a la víctima como al imputado, ya que es una herramienta que garantiza el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y respeto irrestricto de los derechos humanos, “pues cumple con todas las expectativas fijadas de un Estado democrático de derecho”.
En tanto, el senador del PAN, José María Martínez Martínez, manifestó que esta enmienda es la primera gran reforma al proceso penal en los últimos 80 años, ya que representa un cambio de sistema en la impartición de justicia en el país al instituir juicios mucho más justos y expeditos.
La senadora perredista, Angélica de la Peña Gómez, observó que con el nuevo Código la justicia se hace accesible para todos y se otorga a las victimas un papel preponderante en el proceso penal. Además, la Federación contará con un sólo procedimiento en materia penal, con lo que se impactará en todos los ámbitos del sistema de procuración y administración de justicia.
Para el senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, el Código garantizará la protección de los derechos humanos y permitirá conformar un sistema “genuinamente acusatorio”.
En lo particular, fue aprobada la reserva de Angélica de la Peña Gómez, a fin de adicionar una fracción IV al Artículo 137, en la que se establece “la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identificación de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable”.
Las reservas realizadas por los senadores Layda Sansores San Román y Fidel Demédicis Hidalgo no fueron aceptadas.
En el dictamen se precisa que los legisladores deberán armonizar los criterios competenciales y jurisdiccionales que regirán los procedimientos en el orden federal y local, por lo que se establecen reglas generales de competencia y la facultad de atracción de la jurisdicción federal para aquellos delitos en los que la Carta Magna así lo mandata.
En cuanto a los procedimientos para miembros de las comunidades indígenas, se incluyeron mecanismos para el reconocimiento de decisiones de autoridades de las comunidades originarias, así como de sus efectos.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados.
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