En votación económica, el Senado de la República aprobó un dictamen para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar una nueva Norma Oficial Mexicana y políticas públicas que originen la disminución y erradicación de los diversos padecimientos procedentes del contacto con el asbesto y sus productos derivados.
El senador Fernando Enrique Mayans Canabal señaló que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición al asbesto provoca la muerte de entre 107 mil y 140 mil trabajadores al año. En consecuencia, dijo, más de 50 países han prohibido el uso de todo tipo de asbesto, debido a la mortalidad registrada hasta 2012.
Asimismo, apuntó al hecho de que en México, los efectos nocivos derivados de la interacción con el asbesto y sus productos han incremento la incidencia de mesotelioma pleural, cáncer pulmonar y asbestosis, entre otros padecimientos, tanto en la población general como en trabajadores que han tenido exposición al asbesto.
En este sentido, el senador Adolfo Romero Lainas, integrante de la Comisión de Salud, destacó que la Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) calculó que, entre 2005 y 2009, el costo promedio de la atención médica de cada caso de mesotelioma pleural ascendió a aproximadamente 246 millones 269 mil pesos.
“En la Comisión de Salud del Senado, estamos convencidos de que los intereses industriales no deben predominar sobre el interés público, en este caso, la salud,” aseguró.
En efecto, el dictamen también solicita a la Secretaría de Salud que, a través de la Comisión Federal de Protección para Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) retome el análisis de la viabilidad del anteproyecto del “Acuerdo por el que se prohíbe el uso, obtención, elaboración, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, importación, almacenamiento y expendio o suministro al público en fibra o roca, polvo o capas, desperdicio o desecho de asbesto anfíbolo variedad amosita, antofilita, crocidolita, tremolita, actinolita, así como de los productos que los contengan”, para considerar su aplicación.
Además, se exhorta a la dependencia para que, en conjunto con la COFEPRIS y conforme a sus facultades de regulación, control y vigilancia del proceso y uso de sustancias peligrosas, implemente un sistema de vigilancia epidemiológica de las poblaciones expuestas al asbesto, ya sea por circunstancias laborales o geográficas.
Por otra parte, el Senado aprobó un dictamen para exhortar a la titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, y a las autoridades análogas en las entidades federativas, a fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción de la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos.
La senadora Hilda Esthela Flores Escalera, secretaria de la Comisión de Salud, señaló que, según datos del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), en México actualmente existen alrededor de 18 mil personas que requieren de una donación y trasplante. De estos casos, más de 9 mil se tratan de riñón y 7 mil 500, de córnea.
No obstante, precisó, al día de hoy se reportan apenas 2 mil 139 trasplantes de córnea, mil 785 trasplantes de riñón, 106 trasplantes de hígado, 32 trasplantes de corazón y un trasplante de pulmón. De esta manera, aseguró que ““aún hay mucho por hacer en materia de promoción de donación altruista”.
Al respecto, el senador Fernando Enrique Mayans Canabal afirmó que la donación se ha visto afectada por cuestiones como la falta de certeza jurídica en el procedimiento, las lagunas o ambigüedades que se formulan por no distinguir los diferentes tipos de trasplantes y, sobre todo, la falta de información y concientización de la población.
Finalmente, se aprobó otro dictamen que solicita a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS informar sobre las acciones que se han tomado para contrarrestar el contrabando, la venta y la fabricación ilícita de productos del tabaco; al mismo tiempo que las exhorta a implementar acciones y estrategias que prevengan, combatan y sancionen estas acciones.
La presidenta de la Comisión de Salud, Maki Esther Ortiz Domínguez, señaló que en México se comercializan 250 millones de cigarros ilegales al año, los cuales no cumplen con los parámetros establecidos por las normas mexicanas en la materia y, por ende, afectan la salud de la población, particularmente de los adolescentes que tienen fácil acceso a estos productos cuyo precio por cajetilla oscila entre 8 y 10 pesos.
La legisladora precisó que, de acuerdo con datos de la OMS, la Alianza para el Convenio Marco para el Control del Tabaco y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), dichos cigarros provienen principalmente de Canadá, Estados Unidos, Cuba, Paraguay, India, China y Vietnam y sus características son un filtro menos nítido, papel más delgado y la falta de especificaciones de los elementos los que están compuestos.
El dictamen también solicita al Ejecutivo Federal, para que nuestro país se adhiera al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, instrumento derivado del Convenio Marco para el Control del Tabaco cuyo objeto es combatir de manera frontal el comercio ilícito de este tipo de productos.
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