El Senado de la República exhortó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a diseñar y aplicar los instrumentos necesarios para generar la información estadística sobre las condiciones de la vivienda en México.
Esta información, precisa, debe incluir los criterios de seguridad en su tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
Lo anterior con el objetivo de llevar a cabo la planeación de políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho humano y constitucional, establecido en el artículo 4, que señala que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
Al respecto, la senadora priista Lisbeth Hernández Lecona, sostuvo que el dictamen tiene como propósito obtener información estadística de las condiciones de la vivienda en México, considerando los criterios establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Precisó que dicho instrumento internacional establece para que la vivienda sea adecuada debe reunir como mínimo los criterios de seguridad antes mencionados como el de la tenencia y disponibilidad de los servicios.
Destacó que el país no cuenta con datos que permitan determinar la cantidad de viviendas que cumplen con esos criterios, para ser consideradas como viviendas adecuadas.
Debido a ello, dijo, resulta significativo dotar de esta información a las autoridades competentes, con el ánimo de llevar a cabo un diagnóstico de la situación habitacional de todo el territorio mexicano, para así auxiliar en la planeación de las políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho a una vivienda digna y decorosa.
En tanto, su correligionaria Angélica Araujo Lara subrayó que el diagnóstico permitiría saber cuánta de la población que hoy día está habitando en nuestro país no tiene el documento o certificación que permita sentirse en la tranquilidad de su patrimonio.
Además indicó que con el documento, propuesto para ser elaborado por el INEGI, se puede conocer cuál es la situación real de quienes poseen un patrimonio, “pero que a veces no lo pueden pagar y en cual estamos nosotros promoviendo que las instancias del Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno pudieran hacer programas y acciones concretas para ayudar a las familias a conservar su patrimonio”.
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