Senado de la República

Versión estenográfica de las audiencias públicas “La protección de los derechos de la infancia migrante en México: retos legislativos”, convocada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República, Layda Sansores San Román.

(Primera parte)

MODERADORA: Muy buenos días a todas y todos.

A nombre de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. De la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur. De la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia y del senador Zoé Robledo, damos la más cordial bienvenida y hemos, en conjunto, convocado a estas audiencias públicas la Protección de los Derechos de la Infancia Migrante en México. Retos legislativos.

Nos acompañan esta mañana en el presídium la diputada María Antonia Cárdenas. Gracias.

La senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

La senadora Martha Tagle Martínez.

Y en un momento se integrarán también la senadora Martha Elena García Gómez y la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

Estas audiencias públicas son llevadas a cabo en el seguimiento a la iniciativa de reforma de la Ley de Migración en materia de Infancia Migrante; con el objeto de fomentar el diálogo entre organismos internacionales, organizaciones civiles, expertos y expertas en la materia que puedan nutrir el análisis de esta iniciativa.

El día de hoy tendremos dos mesas: la primera titulada “Protección integral de los derechos de la infancia migrante en México”; y una segunda mesa sobre “El impacto de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la protección de la infancia migrante”.

Para el Senado de la República es muy importante fomentar el diálogo y en este sentido, damos la palabra a la senadora Layda Sansores San Román, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, que nos dedicará unas palabras.

SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: En primer lugar, agradecerles a todos nos acompañen en este encuentro, en donde queremos ponerle reflector a una iniciativa de reformas de la Ley de Migración en el tema de infancia migrante que presentamos un grupo plural de senadores que, tomando las propuestas de un grupo de trabajo sobre política migratoria de redes de organizaciones civiles.

Creo que esto lo hace aún con mayores posibilidades, le da mayores posibilidades de que sea aceptado por la sociedad, porque viene de gente que viven el problema, que son expertos, que han dedicado su vida a este estudio.

Y los senadores que la encausamos, tenemos en común muchas coincidencias, aunque pertenecemos a diferentes partidos. Pocas veces se dan estos grupos plurales de compañeros tan destacados, como Mariana Gómez del Campo, que ha sido una promotora incansable; de la senadora Martha, que ella es quien promovió la Ley General para Niñas, Niños y Adolescentes; de Zoé Robledo, que es otro compañero del PRD de los más sobresalientes; y con Humberto Mayans, todos ellos presidentes de comisiones, uno de ellos de Asuntos Fronterizos, del Caribe. Pero que sobre todo tenemos un gran interés en el tema de la niñez migrante y hemos hecho varios recorridos juntos, que nos unen en esta esperanza de ver en este periodo aprobada una ley que puede ser de gran apoyo y que toca temas tan sensibles como es el de los niños, cuando los ves en cárceles por el delito, les digo, de perseguir un sueño, de huir del hambre o muchas veces de la muerte.

Entonces, les agradecemos aquí a destacadas personalidades de nuestras instituciones y también de organismos internacionales, que han sido promotores permanentes para que tengamos un gran avance en materia de derechos humanos.

Nos preocupa y voy a dar la palabra de inmediato, pero solamente creemos que el tema de niños cuando ves las cifras, tan sólo del año pasado, más de 38 mil niños pasaron por estaciones migratorias, es para indignar a cualquiera y fueron deportados más de 36 mil.

Entonces nosotros creemos que hay solución. Nunca, y ya de acuerdo a la Corte Interamericana, de acuerdo a la Ley General del Niñas, Niños y Adolescentes, no hay razón, es un acto arbitrario cuando un niño pisa una cárcel por ser niño migrante.

Esto no puede seguirse permitiendo. Tenemos que armonizar las leyes, ponernos al día en poner el reloj a tiempo, y yo creo más adelante que tendremos la presencia de Ardelio Vargas, quien ha estado al pendiente del curso que lleva esta iniciativa. Y esperamos que con su sensibilidad, a pesar de que tenemos muchas diferencias con él pueda avanzar y no sea un obstáculo.

Él habla de recursos que hacen falta. Nosotros creemos que es cuestión de recursos y también de voluntad política.

Tan sólo nos dio una esperanza de que en el caso de niños refugiados ya hay un programa piloto, pues empecemos por algo.

Bien se podía empezar en la tierra chiapaneca de Zoé, donde encontramos en esos recorridos un gran centro de atención para niños migrantes, que ya lo quisiéramos para un día de fiesta. Todos estuvimos muy impresionados, un personal, más de 30 y tantas personas uniformadas muy amables, muy capacitadas, y la estación hasta con capilla. Tiene todo para que un niño al menos se encuentre respetado o se sienta respetado.

Lo que nos sorprendió es que solamente había cuatro niños, porque no hay la aceptación del Instituto de Migración de que vayan a estos albergues por el temor a que se fuguen.

Tendremos que buscar las formas, pero creo que ya está el camino abierto, está puesta la primera piedra. Y nosotros después de eso dijimos: Esto no puede seguir sucediendo, y empezamos este esfuerzo conjunto que en un momento les hablaran mis compañeros senadores, que nos estimula, nos une y deja una señal que no importa en qué partido milites, lo que importa son los derechos superiores de la niñez y los grandes temas de México. Eso es lo que nos une y lo que nos tiene hoy en estos momentos.

Muchas gracias también a nuestra compañera María Elena, siempre dispuesta, siempre solidaria en estos temas tan sensibles.

Así que vamos a empezar, y que quede cuando menos con este encuentro, les digo, una ventana más por donde se cuele la esperanza.

Así es que muchas gracias a todos e iniciamos de inmediato el programa.

MODERADORA: Agradecemos las palabras de la senadora Layda Sansores San Román, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios.

A continuación, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza nos dirigirá unas palabras. Ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe.

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Muchas gracias.

Celebro que estemos llevando a cabo estas audiencias públicas. Estas audiencias públicas además con la presencia de senadores que hemos estado trabajando en este tema ya desde hace algunos años.

Y recuerdo con mucha emoción esos recorridos que hicimos en su momento al sureste del país de la mano de la senadora Layda Sansores, de la mano también del senador Zoé Robledo, porque es bien importante la sensibilidad que te da recorrer esos albergues, estar con la gente que está ayudando a los migrantes, estar con todos aquellos que han recibido en su momento a niños.

Sin duda alguna, todo eso ayuda para que hoy estemos discutiendo legislación en este sentido; y sobre todo sensibilizando a muchos otros actores que necesitamos sensibilizar por la serie de iniciativas de ley que ya presentamos y que todavía no han podido ser aprobadas.

Yo agradezco la presencia de Karla Gallo del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas; de Juan Martín Pérez de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes.

De Mark Manly, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; de Alan García de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A Ricardo Bucio, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; a Nelly Montealegre Díaz, procuradora general de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Isabel Martínez, de Aldeas Infantiles de México; a Diana Martínez, de la Coalición Internacional contra la Detención y bueno, en un momento en que pueda estar aquí el señor Ardelio Vargas, comisionado del Instituto Nacional de Migración; y por último a Cinthia Pérez Trejo, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Y los menciono a todos o traté de mencionarlos a todos, porque serán aliados en cada una de las propuestas que trataré de enumerar de manera muy rápida.

Primero quiero compartirles que 29 senadores de diferentes grupos parlamentarios, como lo dijo aquí la senadora Layda Sansores, presentamos una iniciativa de reforma con la que estamos buscando de alguna manera armonizar la Ley de Migración, con lo que establece la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, con la finalidad de ponderar y garantizar el interés superior de la niñez, por encima de cualquier determinación administrativa, incluyendo la del Instituto Nacional de Migración.

Una aliada fundamental que está aquí, la senadora Martha Elena García, es una aliada muy importante para que todos estos temas puedan salir adelante y porque además ella fue quien estuvo empujando, trabajando con toda la fuerza, para que podamos tener hoy esa legislación para nuestras niñas, niños y adolescentes y más adelante voy a comentar, tenemos que también, senadora, empujar para que el gobierno tenga los recursos, le asignen los recursos necesarios, porque si no, de poco va a servir.

Yo quiero compartirles que en este Senado de la República, en su momento el comisionado del Instituto Nacional de Migración, en una reunión que tuvimos aquí, señalábamos la urgencia de adecuar la Ley de Migración, dado el incremento en el número de niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan solos y acompañados, que llegan a nuestro país derivado de la violencia generalizada o la privación de derechos fundamentales que ocurren en países, sobre todo de Centroamérica, que es el caso de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, que es donde más se dan estos casos, pero también hay algunos otros países.

Y lo anterior concuerda con la cifra reportada por parte de la UNICEF, sobre el incremento del 333 por ciento de menores migrantes no acompañados, que cruzaban la frontera sur de nuestro país en 2013, con respecto al año 2015.

Tenemos cifras también de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en donde se habla de un incremento en el número de detenciones de niñas, niños y adolescentes, presentados ante la autoridad migratoria, en el año 2014, puesto que ascendió a 10 mil 469 menores de 17 años de edad, de los cuales 8 mil 503 viajaban solos y 4 mil 692 viajaban en compañía de un adulto.

Si comparamos estas cifras a las del año 2013, que en total sumaban 7 mil 31 detenciones de niños, de los cuales sólo mil 546 iban acompañados y 5 mil 485 viajaban solos.

Ha habido también recomendaciones por parte de la Auditoría de la Federación en donde se le hacen recomendaciones al Instituto Nacional de Migración, entre las que se encuentra la falta de protocolos para identificar si una persona migrante puede optar por la condición de refugiado, inconsistencias en las cifras de revisiones y personas detenidas, quejas por violaciones a los derechos humanos de los extranjeros, realizadas durante los procesos de regulación, control, verificación, vigilancia y protección y que 7 de cada 10 centros de detención no acreditaron brindar servicios de calidad al migrante, tanto que tenemos que trabajar por ello.

Y trataré de dejar ya a un lado todas las cifras porque traigo todavía más cifras.

Solamente para cerrar mi intervención y compartirles algunos de los puntos que suscribimos senadores de la República en esta Iniciativa de Reforma, 32 artículos de la Ley de Migración para adecuarla con la Ley General de Derechos, propusimos algunos temas importantes que yo espero que sean parte del debate en este encuentro.

Por ejemplo, la obligación de la autoridad migratoria de dar aviso a la Procuraduría de Protección sobre los procesos que involucren a niñas, niños y adolescentes, tal y como lo establece la Ley General de Derechos, con la finalidad de iniciar el proceso de restitución de derechos.

Facultar al DIF Nacional y de las entidades federativas para proporcionar asistencia social de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes, así como coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración en la implementación de acciones que permitan brindar una adecuada atención a la niñez migrante.

Facultar también al Instituto para que pueda otorgar legal estancia a la infancia migrante como visitante por razones humanitarias.

Establecer la no devolución, expulsión o deportación de niñas, niños y adolescentes migrantes.

En casos en los que estén involucrados alguna niña, niño o adolescente, el Instituto Nacional de Migración deberá dar aviso a la Procuraduría de Protección.

Ninguna niña, niño o adolescente migrante será presentado ni alojado en estaciones migratorias ni estancias provisionales y en todo caso se ponderará la unificación familiar.

Y por último, de los puntos que quiero resaltar, el retorno asistido por parte del DIF o de la Procuraduría de Protección.

Estos son algunos de los puntos que contiene este paquete de reformas que presentamos en su momento y que yo espero pronto podamos estar aprobando en este Senado y que también, por qué no decirlo así, que el Instituto Nacional de Migración nos ayude y dé visto bueno para que puedan caminar estas modificaciones.

Los senadores que estamos convocando a estas audiencias públicas, presentaremos también un punto de acuerdo, todos los aquí presentes, no quiero dejar de mencionar a la senadora Martha Tagle y a la senadora Luisa María Calderón porque también son dos mujeres sensibles, dos mujeres que le han entrado al tema y como nos comprometimos aquí en un inicio la senadora Layda Sansores, el senador Zoé Robledo y el senador Mayans, íbamos a lograr que todos se comprometieran con el tema de la migración, que se convirtiera en una bandera del Senado y creo que vamos por buen camino.

Pues vamos a presentar un punto de acuerdo pidiendo al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contemplen el proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2017, asignar una partida presupuestal al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que pueda cumplir con lo que establece la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un tema por el que ha estado peleando la senadora Martha Elena García y vamos a estar ahí insistiendo pero esta es nuestra oportunidad porque en estos meses se estará discutiendo el presupuesto del ejercicio fiscal 2017.

Tenemos también a una gran aliada, la diputada federal María Antonia Cárdenas Mariscal.

Qué bueno que también se estén sumando a este esfuerzo diputados federales porque necesitamos que se escuche la voz en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, para que podamos lograr grandes acciones a favor de nuestras niñas, niños y adolescentes migrantes.

Podría yo aquí seguir hablando porque este tema nos apasiona, es un tema que ya se aprobaron muchas de las reformas estructurales; pero decimos: todos estos temas sensibles, que más le importan a la gente porque tiene que ver con su vida diaria, tenemos que lograr que sean parte de la agenda y qué mejor que al arranque de este periodo ordinario, para que sí se conviertan en parte de la agenda y la sociedad civil nos puede ayudar también a ejercer presión de alguna manera, hacer todo lo necesario para que sí sea parte de la agenda en este periodo ordinario.

Muchísimas gracias y bienvenidos todos.

SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Muy bien.

Mariana dice lo que a mí me falta decir. Nada más insistir, ha sido muy importante este contacto que ya tenemos con la Cámara de Diputados, estamos trabajando varios caminos que tenemos con las instituciones, con el licenciado Ardelio y que creemos que María Antonia Cárdenas va a ser un gran enlace, ella es secretaria de la Comisión de Niñez en la Cámara y tenemos que hacer un equipo, porque tiene que ser aprobada en ambas cámaras.

Y la senadora María Luisa Calderón siempre se distingue en participar en estos temas más sensibles en defender a las autodefensas, siempre está en estas luchas que todos reconocemos. De Marthita no se diga, es una compañera que todos queremos, de todos los partidos políticos.

Yolanda de la Torre, muchísimas gracias, mi amor.

Son mujeres que destacan y muchísimas gracias aquí por tu presencia y decirle también a Marthita García que nos dio ejemplo, nos motivó; si se aprobó la Ley General de Niñas y Niños, si pudo, ¿por qué nosotros no?

Entonces, haciendo equipo contigo y con tus orientaciones, estamos seguros que vamos a lograrlo. Muchas gracias.

MODERADORA: Muchas gracias.

A continuación, las palabras de la senadora Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeras y compañeros senadores Layda Sansores, como siempre, también ella ha sido parte muy importante en lo que es este evento.

A Zoé Robledo y a Mariana Gómez del Campo; a Humberto Mayans, para la realización de estas audiencias públicas.

He sido partícipe de la preocupación de cada uno de ustedes por la problemática que vive la niñez migrante y por eso, que desde la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, celebramos el interés y la sinergia que se ha generado entre estas comisiones del Senado de la República, para abordar los temas que establecen; y también la Ley de Migración con los criterios de establecer la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Doy la bienvenida también a la diputada María Antonia Cárdenas Carbajal, secretaria de la Comisión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Decirle también a mi compañera Marthita Tagle, que es también integrante de esta Comisión. Por supuesto a nuestra senadora amiga Yolanda, que también siempre ha estado al pendiente de todo lo que conlleva con esta Comisión.

Agradezco también la presencia y participación de Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Así como de Nelly Montealegre, procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Y también por supuesto, del licenciado Ardelio Vargas, comisionado del Instituto Nacional de Migración.

Así como de la representante de la Comisión de Ayuda a Refugiados.

Y por supuesto, también agradezco al UNICEF, a la REDIM y a todos y cada uno de los representantes de los organismos e instituciones que el día de hoy nos acompañan.

Como todas y todos ustedes saben, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, encabezó la dictaminación de la Ley General de los Derechos, en conjunto con cinco comisiones más de este Senado de la República, y uno de los temas centrales abordados en esta ley fue justamente la protección de los derechos de la niñez migrante, aun cuando sabemos que la problemática debe de ser abordada a partir de un contexto regional.

Estamos conscientes que a partir de la publicación de esta ley general, el pasado 4 de diciembre del 2014, el Estado mexicano adquiere nuevos retos y compromisos para garantizar la protección efectiva de los derechos de la niñez en el contexto de la movilidad humana.

Este marco jurídico establece el cambio del paradigma hacia la titularidad de derecho de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los principios que mandata el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La ley general crea y regula la integración, organización y funcionamiento de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene la responsabilidad de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Aunado a ello, se crean las procuradurías de protección dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, con el objeto de garantizar la representación, protección y restitución de los derechos de la niñez, las cuales trabajan de manera conjunta con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de protección social, entre otras, para la efectiva protección de los derechos de la niñez.

Es así que además de los 20 derechos contemplados, establecimos un capítulo dirigido a las medidas especiales de protección de las autoridades, de que todas las órdenes de gobierno deben de adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.

El Sistema Nacional DIF y lo sistemas de las entidades federativas, deben de brindar la protección a cualquier niña, niño o adolescente migrante en tanto el Instituto Nacional de Migración determine su condición migratoria observando en todo momento el interés superior de la niñez como una consideración primordial.

Como pueden observar, es una responsabilidad conjunta entre las autoridades, y es de aquí que surge la necesidad de armonizar las disposiciones de la Ley de Migración con los criterios que establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Además, es importante señalar que esta adecuación es una de las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño ha señalado al Estado mexicano, derivado de los 4º y 5º informes periódicos consolidados que nuestro país presentó el año pasado en Ginebra, Suiza.

Es importante también resaltar que todas las decisiones que realicen las autoridades protectoras de los derechos de la niñez migrante, deben tomar en cuenta las opiniones de las niñas, niños y adolescentes y privilegiar la reunificación familiar.

Aunado a ello, la ley general precisa las garantías de debido proceso que deberán de aplicar en todos los procesos migratorios, tales como el derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento, a conocer sus derechos, a ser informados de las decisiones que tomen las autoridades migratorias sobre su caso y a ser asistidos por un abogado… (Falla de audio de origen)…y sólo podrá basarse en los requerimientos de su interés superior.

Finalmente quiero hacer hincapié en la necesidad de contar con recursos presupuestales suficientes, que permitan garantizar la protección integral de la niñez migrantes y además es una obligación que establece la Ley General para las autoridades en los tres órdenes de gobierno.

En no contar con presupuesto suficiente deriva en quedarnos sólo en buenas intenciones. En este sentido les comparto que presenté ante el Pleno del Senado de la República un punto de acuerdo, para exhortar a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda a que consideren recursos suficientes que permitan dar cumplimiento con los establecido en la Ley General y espero se puedan sumar mis compañeros y compañeras senadores aquí presentes, por lo cual, diputada Antonia Cárdenas, yo creo que te estamos dejando todo el paquetito a ti.

Podemos confiar plenamente en ti y decirte que vamos a apoyarte. Los retos son muchos, el camino es largo, pero estoy segura de que existe un amplio compromiso de quienes representamos a la niñez en el Senado y con la suma de esfuerzos de quienes hoy nos acompañan, podremos lograr garantizar de manera integral los derechos de la niñez y de la adolescencia migrante.

Por su atención, muchas gracias.

PRESENTADORA: Agradecemos las palabras de la senadora Martha Elena García Gómez y a continuación daremos inicio con la Mesa 1, sobre la Protección Integral de los Derechos de la Infancia Migrante en México.

Agradecemos también la presencia del senador Humberto Mayans y del licenciado Ardelio Vargas, que nos acompañará también en este presídium.

Para dar inicio a la mesa, pedimos la presencia de Karla Gallo, Oficial Nacional de Protección de Derechos de la Infancia del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, quien nos hablará sobre las implicaciones de la determinación del interés superior del niño y la restitución de derechos como una medida de protección integral desde la óptica de los derechos de la infancia.

Bienvenida.

KARLA GALLO: Gracias.

Señoras senadoras.

Señores senadores.

Diputadas y diputados.

Colegas.

Señoras y señores:

A nombre de UNICEF México agradezco mucho la invitación a estas audiencias públicas para discutir los retos legislativos en materia de protección de derechos de la infancia migrante en México.

Para que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se cumpla, es necesario que el Estado Mexicano dé prioridad a los derechos de los niños, niñas y adolescentes por sobre cualquier consideración de la nacionalidad o del estatus migratorio.

Esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la observación general 21, emitida hace unos años.

Esto como consecuencia hace que prevalezca el sistema de protección y de todos sus servicios asociados por sobre las instituciones que ejercen el control migratorio.

Uno de los mayores desafíos también, es la aplicación adecuada del interés superior del niño. Esto parece sencillo pero no lo es.

Tanto la Convención sobre los derechos del niño como la Constitución, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración incluyen este principio en la toma de decisiones para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en general y migrantes en particular.

Y por fortuna contamos ya con la observación general 14 del Comité sobre los Derechos del Niño, que nos aclara el significado de este principio.

Por un lado, el Comité explica en esta observación general que el principio del interés superior del niño, es el interés superior del niño, es un derecho, también es un principio de interpretación jurídica y también es una norma de procedimiento y ahí está el desafío justamente.

El Comité de los Derechos del Niño por esa razón en las observaciones a México de 2015, recomendó que se desarrolle un procedimiento para la determinación del interés superior del niño en caso, por ejemplo, de decisiones que tengan que ver con la devolución asistida, con la condición de estancia, pero no solamente:

La determinación del interés superior del niño es necesario desarrollarla en todas las decisiones que se tomen para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Para la determinación, por ejemplo, de las medidas de protección especial que establece la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es necesario desarrollar el procedimiento del interés superior del niño.

Las medidas de protección –y esto es muy importante señalarlo- son todas las acciones o servicios del Estado que se deben ejecutar para garantizar derechos y todas las autoridades federales y locales, deben de manera concurrente adoptar o ejecutar medidas de protección especial.

Esto es muy importante señalarlo, porque en general las leyes de las distintas instituciones no incluyen esta función porque no se considera una medida de protección especial como tal.

Por fortuna la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes incluye un procedimiento que cuenta con todos los componentes para la determinación del interés superior del niño, el diagnóstico, la valoración, el plan de restitución, el seguimiento, la coordinación de medidas, etcétera.

Así en el plan de restitución, por ejemplo, una niña, niño o adolescente migrante que tenga ya un plan de restitución debe por ejemplo tener medidas educativas, que le corresponden a la SEP; de salud, que le corresponderían a la Secretaría de Salud; migratorias, que le corresponderían al Instituto Nacional de Migración; de medidas alternativas a la privación de libertad, que le corresponden al sistema DIF, etcétera.

En realidad, es para alinear la Ley de Migración a la Ley General, es por eso muy importante incluir el rol de las procuradurías de protección en cuanto al procedimiento del artículo 123 y que se incluye también la importancia de que el Instituto Nacional de Migración, y así todas las instituciones que ejecutan medidas, puedan ejecutar esas medidas solicitadas por la Procuraduría.

Si esto queda claro, entonces pienso que va a ser mucho más sencillo garantizar de una forma integral los derechos de niñas, niños y adolescentes; además es necesario dar aviso –como ya se dijo– a la Procuraduría de Protección, sobre todo los casos de niños migrantes.

Por otra parte, es necesario reorientar las funciones de los oficiales de protección a la infancia, eso es muy importante; y también es importante distinguir lo que hace el DIF y lo que hace la Procuraduría de Protección, dentro en este caso la Ley de Migración.

Los niños se canalizan al DIF para la protección en albergues, en centros de asistencia social. Los casos se canalizan a la Procuraduría, no los niños, para que los casos sean revisados de acuerdo con el artículo 123 de la Ley General.

Y no me quiero ir –porque no tengo tiempo– sin antes decir que este rol que deben cumplir las procuradurías de protección, no se puede cumplir y sé que no es una medida legislativa, si no existe un presupuesto suficiente para que estas procuradurías logren desarrollar y atender a toda esta población, que tiene derecho a ver garantizados todos sus derechos de forma integral.

Muchas gracias.

PRESENTADORA: Agradecemos la participación de Karla Gallo, de UNICEF.

Y a continuación damos la palabra a Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, RedLamyc, que nos hablará sobre la visión regional de la protección de la infancia migrante como punto de partida de la protección integral.

JUAN MARTÍN PÉREZ: Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias al Senado de la República por esta invitación.

Y bueno, ya les saludaré personalmente a cada uno de ustedes, muchísimas gracias.

Tengo el privilegio de representar no sólo a la Red de Derechos de la Infancia en México; sino a la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes. Es una red de redes, 26 coaliciones en 19 países y me parece sumamente oportuno que desde esta mirada regional podamos reflexionar el tema de la armonización de nuestra Ley Migratoria con la nueva Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.

Quisiera puntualizar tres grandes bloques:

El primero, tener presente que la migración o la movilidad es un derecho humano. Y aunque esta parece, digamos, frase repetida, que no a todos les gusta: ningún ser humano puede ser considerado ilegal, mucho menos niños, niñas y adolescentes.

Permítanme ironizarlo, ninguna persona migrante lo hace por deporte extremo, lo hacen por condiciones inevitables de sobrevivencia; y particularmente me refiero a los niños y niñas que en la región han estado emigrando en los últimos años.

Como saben, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Tenemos una alta concentración de pobreza, como México igual América Latina y la región de Centroamérica y México la pobreza tiene rostro infantil.

Pero además tenemos que agregar otra realidad que no nos gusta mucho reconocer, pero que al final esto tenemos que tenerlo presente. Y es que, tanto México como los países de Centroamérica son Estados con frágil institucionalidad.

Se ha venido además reduciendo el gasto social en las últimas décadas, se ha incrementado la impunidad, y por supuesto lo ya conocido por organismos internacionales, y se ha señalado con insistencia, tenemos y somos testigos de graves violaciones a derechos humanos.

Precisamente niñas, niños, adolescentes migrantes y sus familias son parte de estas grandes víctimas, que no solamente tenemos que verlas y reconocerlas sino actuar en consecuencia.

Quisiera destacar otro actor que tenemos que tener también muy presente cuando hablamos del tema migratorio y es el crimen organizado trasnacional; y repito el acento, trasnacional.

Este fenómeno y este tema no se va a poder atender sólo desde la realidad mexicana. Tenemos que articularnos con los países de la región, y adelantaré una propuesta en un momento más.

En esta perspectiva, también tenemos que reconocer que muchas de las violaciones a derechos humanos de la población migrante están claramente asociadas a los errores en el combate al crimen organizado trasnacional.

Como saben, esta ya es una variante de generación de recursos de los grupos criminales y han tomado y controlado las rutas de migración tradicional.

La respuesta que han dado los estados, tanto de Centroamérica como México, desde nuestro punto de vista totalmente equivocada, una respuesta militarizada, lo único que ha incrementado es la violencia social y la violencia armada.

Llegamos aquí a la realidad, vivir en Centroamérica, por ejemplo en Honduras, significa si eres adolescente o que te reclutas o tienes que migrar. No hay otra opción.

En esa perspectiva, muchos de los adolescentes migrantes que llegan a nuestro país, lo que están haciendo es huir por una lógica de sobrevivencia, y la respuesta que tenemos en el país es devolverlos a la muerte.

Ocho de cada diez niñas, niños y adolescentes que llegan a nuestro país son deportados de manera inmediata, pero además con el eufemismo del interés superior de la infancia.

Ya nuestra colega de UNICEF ha destacado que este principio no solamente debe orientar las partes administrativas, sino es un derecho.

Y permítanme señalar que este principio solo no sirve si no lo acompañamos de la participación, otro principio rector de la convención, la supervivencia de desarrollo y la no discriminación.

Le estamos dando en los hechos un trato desigual a los niños migrantes centroamericanos que de otra región del mundo.

Voy cerrando, en perspectiva del tiempo. Si nosotros no reconocemos que la migración que ahora se está dando de niñas, niños y adolescentes y sus familias en la región no es, reitero, perdón por la ironía, por deporte extremo o porque vengan de shopping a México o vayan a los Estados Unidos, sino detonado por la violencia generalizada.

No vamos a poder reconocer las altas tasas de homicidio, la violencia sexual, la esclavitud sexual que muchas mujeres adolescentes viven, el reclutamiento forzado, el desplazamiento, por supuesto, y reconocer con ello que el Estado mexicano está obligado a ofrecer protección integral y particularmente protección especial.

¿Cuál sería la alternativa?

Sin duda, reitero, México no lo va a resolver solo, no hay que imaginarnos. Nos toca una parte, pero tenemos que implicar a los gobiernos de Centroamérica y tenemos que implicar al que dicta las políticas migratorias, que es a los Estados Unidos.

Si no metemos en este debate estos elementos, la acción que México pueda hacer seguirá siendo pálida frente al gran fenómeno migratorio que además, hay que decirlo con tristeza, no va a parar, va a seguir incrementando.

Una alternativa que les sugerimos, que hemos estado conversando con varios gobiernos, incluso con demócratas en los Estados Unidos en el Congreso, es que tendríamos que crear un mecanismo trasnacional entre los sistemas nacionales de protección.

Es decir, México está estrenando, y con muy bien avance, su Sistema Nacional de Protección Integral.

En Centroamérica tienen sistemas nacionales de protección bastante frágiles y los Estados Unidos tienen un sistema de bienestar muy sólido.

Ahora lo que sucede es que estos sistemas no se comunican. Lo que tendríamos que crear es un mecanismo de comunicación que nos permita que no sea la policía migratoria quien haga la determinación del interés superior del niño.

Permítanme otra ironía. Es como si la determinación de si una mujer violentada la va a hacer su esposo, así de simple es la caricatura.

Necesitamos que sean actores diferenciados en una perspectiva de protección integral, obviamente con enfoque de derechos y los mecanismos de comunicación entre los sistemas nos ayudarían incluso a que lo que sucede y también hay que reconocerlo, los países de Centroamérica que voltean la mirada buscando a Juan Gabriel o a la Virgen de Guadalupe, recuerden que tienen una obligación de proteger a sus niños y a sus niñas, en corresponsabilidad con el Estado Mexicano.

Cierro para agradecer nuevamente el espacio y recordarles que en esta perspectiva, niños, niñas y adolescentes requieren protección especial.

No están aquí, insisto, de manera ocasional; son circunstancias, una situación de guerra no declarada, no reconocida, que los mantiene. Si el Estado Mexicano se hace cómplice de la devolución de niños para retornarlos a la muerte, para retornarlos a condiciones sin protección, eso nos coloca nuevamente en la palestra internacional como un Estado que continúa violando derechos humanos.

Creo que el Senado de la República, y felicito muchísimo a esta iniciativa de las senadoras que se comprometieron con la Ley General y como decían aquí, ya tenemos demostrado que se puede hacer algo en México importante; la Ley General está teniendo un gran reconocimiento; el Sistema Nacional, un gran reconocimiento a nivel internacional; creo que podemos seguir en esa perspectiva, si modificamos la Ley de Migración, para que esté ahora en un estándar internacional y no sigamos violando derechos de niños, niñas y adolescentes.

Gracias por el espacio, buen día.

PRESENTADORA: Agradecemos las palabras de Juan Martín sobre la visión regional de la protección de la infancia.

Y a continuación estará participando con nosotros Mark Manly, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, hablándonos sobre el contexto de los países de origen, la migración forzada y la necesidad de protección internacional, frente al mito de la migración económica.

MARK MANLY: Muy buenos días a todas y todos.

Agradezco mucho la invitación a las senadoras y senadores, en nombre de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, para poder participar en esta importante audiencia pública.

Para nosotros es de particular importancia el hecho de que todas las fuerzas políticas representadas en la honorable Cámara del Senado, estén aquí representadas, tratándose de un tema humanitario, un tema de derechos humanos, que refleja también la gran tradición de México en materia de asilo.

Esta discusión el día de hoy es de particular relevancia, debido al cambio de dinámica que hemos observado en los últimos años, a raíz de la dinámica de violencia y falta de protección en los países del triángulo norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala.

Quisiera señalar tres cambios en la dinámica migratoria, son de relevancia para la discusión del día de hoy.

Primero, a raíz del tema de la violencia criminal en Centroamérica, cada vez más lo que estamos viendo en México y en la región son no personas que vienen buscando una vida mejor, sino tal vez más personas que vienen huyendo por sus vidas, personas que tienen necesidades de protección internacional como refugiados.

Y lo podemos entender mucho mejor si vemos las tendencias en cuanto a violencia en los 3 países vecinos.

De acuerdo con la oficina de drogas y delito de las Naciones Unidas, el Triángulo Norte de Centroamérica es de las subregiones más violentas del planeta que no tienen conflicto armado declarado y de hecho tal como lo vemos en un informe publicado por International Crisis Group hace apenas 5 semanas, en la última década 150 mil personas han sido víctimas de homicidios en estos 3 países.

Hay que tomar en cuenta que esos 3 países tienen una población total de sólo un poco más que 30 millones de habitantes y de hecho el porcentaje de víctimas de homicidio de menores en El Salvador y Guatemala es mayor que en cualquier otro país del mundo.

Otra estadística importante, en El Salvador el año pasado la tasa de homicidio fue más que 100 por 100 mil habitantes. A título de comparación, eso sería casi 5 veces la tasa de homicidio en México.

A raíz de esa situación lo que hemos visto es un incremento importante en el número de personas que solicitan la condición de refugiado en otros países de la Región.

En la gráfica que está en la pantalla, lo que se nota son el número de personas que solicitan protección como refugiados a nivel global que son originarios de esos 3 países. Entonces vemos claramente un punto de infección en el año 2011.

Ahora en la gráfica siguiente lo que podemos ver es que no estamos hablando únicamente de un movimiento hacia el norte. Estados Unidos sigue siendo el país de destino más importante, México es el número 2.

Sin embargo, cada vez más estamos viendo también llegadas de números importantes a países como Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

De hecho en el caso de Belice el número de personas que solicitan protección internacional como refugiados aumentó en más que 700 por ciento en sólo un año, entre 2014 y 2015.

El segundo cambio que quería destacar es que México cada vez es visto como un país de destino por las personas que buscan protección como refugiados.

Esto se ve en esta gráfica. Esta es la tendencia que se ve en cuanto a personas que solicitan asilo, buscan protección como refugiados en México y los últimos 5 años el número de personas reconocidas cada año en México y luego el número de personas en total que son refugiados en este país.

Lo que vemos es que ha habido un aumento muy, muy fuerte en los últimos 5 años y de hecho para este año la previsión es que podría haber incluso hasta 8 mil personas que solicitan la condición de refugiado en México, dejándonos con quizá una población total de refugiados a finales del año de 7 mil.

Ahora, en cuanto a los niños específicamente, lo que hemos visto es que tal como anotaron varios de los expositores anteriores, el número de niños acompañados y no acompañados que llegan a México desde Centroamérica no ha dejado de crecer en los últimos años.

De hecho más que 97 por ciento de los 16 mil 600 personas que fueron detenidas en México el año pasado, más o menos 97 por ciento eran de los 3 países del Triángulo Norte.

Ahora, en términos comparativos el número de niños y niñas no acompañados que solicitan la condición de refugiados es muy bajo. Sin embargo, ha ido en aumento: en 2013 fueron 61 niños que solicitaron la condición de refugiados, niños no acompañados; el año siguiente aumentó a 78 y el año pasado, 2015, fueron 141.

Entonces, hay una diferencia muy grande entre el número total de niños de Centroamérica que llegan a México, 16 mil; y el número que solicitan la condición de refugiados.

Ahora, en cuanto a tasas de reconocimiento, vemos en más detalle. Toda esta información está disponible en Twitter, es información que proviene de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR.

En cuanto al porcentaje de niños que son reconocidos, calculamos esa tasa con base en el número de personas que lleguen hasta el final del procedimiento, son personas respecto de las cuales hay una decisión. En 2014 fueron 54 por ciento; el año pasado fueron 61 por ciento de niños no acompañados que fueron reconocidos como refugiados; y en lo que va del año, de enero a abril, la tasa subió a casi 90 por ciento. Es decir, llegaron hasta la decisión, fueron reconocidos.

Ahora, el tercer cambio, quería señalar, es como se puede desprender un poco lo que acabo de decir, es el cambio de perfil de las personas que están llegando a México. Ya hemos visto que cada vez más son personas con perfil de refugiados, que son personas que vienen huyendo de la violencia; pero también lo que estamos viendo es que a diferencia de hace cinco o diez años, cada vez más tenemos niños y niñas, la mayoría no acompañados, como acabo de decir, la mayoría acompañados por sus familiares, perdón, como acabo de decir; pero también familias enteras que están llegando.

Este cambio de perfil demográfico se debe a las condiciones de violencia vividas actualmente en Centroamérica. Y en particular en cuanto a niños y niñas, lo que estamos viendo es que si un niño o una niña rechaza ser miembro de una pandilla, ella o él están en peligro a raíz de ese rechazo.

En el caso de niñas, lo que estamos viendo más que todo son personas que rechazan ser novias de las pandillas. A raíz de esta postura, no sólo sus vidas están en peligro, sino también las vidas de sus familias y eso explica por qué vemos no sólo niños y niñas no acompañados; sino cada vez más familias.

Los estudios que hemos realizado en México y en Estados Unidos, en particular dos estudios que realizamos en 2014, muestran que entre 48 y 60 por ciento de los niños que entrevistamos, no acompañados, venían huyendo de la violencia.

Ahora, cada vez más vemos un reconocimiento internacional de esta nueva dinámica en el 2014, en el contexto de la conmemoración de los 30 años de la Declaración de Cartagena, en una declaración adoptada en Brasil con la activa participación de México, hubo reconocimiento explícito de la necesidad de apoyar a Centroamérica frente a esta crisis humanitaria.

Ahora, en cuanto a los retos. Frente al número altísimo de personas que pasan por México de forma irregular, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, pueden ser entre 400 mil y 450 mil personas por año; frente a ese fenómeno migratorio tan importante, el gran reto es identificar entre esa población migrante a las personas que tienen necesidades de protección como refugiados.

Esa tarea no es tan fácil y lo vemos aún más difícil en cuanto a los niños. Por lo general, cuando se pregunta a un niño los motivos por los cuales salió, la respuesta es bastante franca: los niños por lo general no tienen problemas en explicar que huyeron de actores armados, de actores armados, de actores delincuenciales. Sin embargo, cuando llegamos al momento de preguntar a un niño si quiere solicitar la protección en México, por lo general la respuesta es que no.

Eso se debe a varios factores, pero aquí tenemos una oportunidad muy importante con la Ley general de Niñas, Niños y Adolescentes, porque tenemos la nueva función de la Procuraduría y la importancia de establecer el procedimiento de determinación del interés superior también en el contexto migratorio.

Es decir, que las autoridades no deben fijarse únicamente en la voluntad del niño al estudiar la posibilidad de su regreso a su país de origen, sino también tienen que ver si ese niño enfrenta riesgos en caso de devolución.

Eso también se vincula a la obligación para las autoridades que está señalada en la ley y en una serie de tratados internacionales, y es la obligación de la no devolución.

Si las autoridades mexicanas ven que hay un riesgo para la vida del niño, no puede proceder la devolución.

El reto que tenemos actualmente es asegurar a través de medidas administrativas e institucionales que esa norma sea implementada en la práctica.

El tercer reto que tenemos es el tema de la detención. En el reglamento de la ley general se prohíbe que los niños estén dentro de estaciones migratorias, y tenemos de nuevo un reto para asegurar que en la práctica eso sea una realidad.

En general, el ACNUR está aquí para colaborar con las autoridades federales, estatales y locales, y con esto precisamente para asegurar que esas medidas se cumplan.

De hecho tenemos una comunicación estrecha con el comisionado Vargas, precisamente para asegura que la capacidad necesaria para cumplir con la ley en cuanto a albergue de niñas y niños acompañados y no acompañados sea disponible.

El último punto es el tema del presupuesto. Obviamente todo lo que estamos conversando el día de hoy no puede ser realidad si no hay un presupuesto adecuado. Esto tiene que ver no únicamente con el DIF y las procuradurías sino también con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Antes de terminar, muy rápidamente quería mencionar que los temas que estamos conversando el día de hoy también han sido tema de discusión en el contexto internacional, y en particular en una mesa redonda de alto nivel celebrada en San José Costa Rica a inicios de julio, una fuerte participación de México, incluyendo al comisionado Vargas, a la maestra Nelly Montealegre, Ricardo Bucio, México adquirió algunos compromisos específicos en cuanto al fortalecimiento de las procuradurías en cuanto a alternativas a estaciones migratorias para niños y niñas, y en cuanto al fortalecimiento de la COMAR.

Eso es muy importante, en la medida en que es un reconocimiento del cambio de dinámica que estamos conversando el día de hoy.

Otra oportunidad para conversar de esos temas y eventualmente para adquirir compromisos adicionales, será en dos cumbres que se van a celebrar en Nueva York sobre los temas de refugiados y migración.

En el segundo de ellos, el día 20 de septiembre el presidente Peña Nieto va a coauspiciar la cumbre junto con los líderes de otros países, incluyendo el presidente Obama.

Los retos son grandes, pero también nuestra percepción es que la agenda va avanzando y cada vez hay más conocimiento de esta nueva realidad que estamos enfrentando.

El compromiso del ACNUR es trabajar con el Estado mexicano y con la sociedad civil para asegurar que los términos de la ley se pueden cumplir.

Muchas gracias de nuevo por la oportunidad y disculpen por el tiempo tomado.

PRESENTADORA: Agradecemos a Mark Manly sus palabras y damos ahora la participación a Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, o ACNUD, que nos hablará del tema de las recomendaciones internacionales en materia de infancia migrante y las oportunidades y la implementación, a través de la armonización de la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

ALAN GARCÍA CAMPOS: Muy buenos días, muchas gracias Karina, por la invitación a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Saludamos obviamente el proceso de apertura para la dictaminación de la iniciativa.

México ha recibido un conjunto amplio de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, recomendaciones especializadas, concretas y específicas.

Yo me quiero concentrar en dos aspectos que ya han sido relativamente abordados por quienes me han antecedido en el uso de la palabra.

El primero de ellos es el relativo a las medidas de protección, los principios rectores en materia de protección de niñas, niños y adolescentes y la especialidad del órgano.

El derecho internacional de los derechos humanos es consistente en indicar que todas las medidas que implementen las autoridades, respecto de las niñas, niños y adolescentes migrantes, deben garantizar, entre otros principios, el relativo al interés superior de la niñez, el principio de unidad familiar, el principio de no discriminación, la obligación de adoptar medidas especiales, el respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y el principio del respeto a la opinión de la niña o el niño, en todo procedimiento que le afecte.

Para lograr tal objetivo, esto es, para garantizar estos principios rectores del derecho internacional, es fundamental que todo procedimiento que involucre a un niño, niña o adolescente, uno sea específico y apropiado, y dos, se desarrolle por una autoridad especializada, independiente e imparcial.

El modelo actual en México no garantiza lo anterior. Por eso es fundamental que la Ley de Migración se modifique, tal y como lo sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asignar al Instituto Nacional de Migración la tarea de determinar, en esta materia del interés superior del niño, entre comillas, “resulta contrario a la imparcialidad y capacidad especializada con al que deberá contar la instancia encargada de llevar a cabo este procedimiento”.

Por ello, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado garantizar que el procedimiento para determinar el interés superior del niño sea dirigido por un organismo técnico especializado, independiente de la autoridad migratoria que realice una evaluación que considere las características particulares de cada caso.

Lo dicho por la Comisión Interamericana se deriva de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, incluso de aquellos que son obligatorios, como los que ha adoptado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 21.

Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Sin perjuicio de que corresponda a cada Estado la decisión sobre el diseño legislativo e institucional para la adjudicación de las medidas de protección, el derecho internacional de los derechos humanos dispone de una aproximación al tema, considerando que su objetivo principal es la atención y cuidado que se requiere, por su calidad particular de niñas y niños.

“Por este motivo –sigue la cita— la Corte estima que, por tanto y en este ámbito debería prevalecer la aplicación del Sistema de Protección de la Infancia con sus servicios asociados sobre las instituciones que ejercen el control migratorio”.

La razón de lo anterior radica en que mientras que las autoridades migratorias ven a una persona en tránsito sujeta a los intereses de control y gobernanza de la movilidad humana, las autoridades encargadas de la niñez y adolescencia por su parte ven a una persona, titular de derechos, sujeta al interior superior del niño, niña y adolescente.

Se trata de otro paradigma que debe ser garantizado en la ley de migración mediante la atribución a las autoridades especializadas en la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de un rol central y preponderante al que desempeñan las autoridades migratorias.

El segundo aspecto al que quiero hacer referencia en mi intervención es el relativo a la defensa y el principio de no privación de la libertad personal.

De acuerdo de nueva cuenta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos se entiende como medida privativa de la libertad aquella que con independencia de su denominación produce que la persona, en este caso la niña, niño o adolescente no puedan o no tengan la posibilidad de salir o abandonar por su propia voluntad el recinto en el que se encuentra o ha sido alojado.

Las medidas privativas de libertad de carácter punitivo sancionatorio se han considerado arbitrarias.

Tratándose de niñas, niños o adolescentes en situación migratoria irregular este criterio de considerar como arbitraria la privación de la libertad se expande, se extiende en virtud justamente del principio del interés superior de la niñez, rigiendo así en esta materia el principio general de no privación de la libertad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la privación de libertad de niñas o de niños por razones exclusivas de índole migratoria, excede el requisito de necesidad, toda vez que tal medida no resulta absolutamente indispensable a los fines de asegurar su comparecencia al proceso migratorio o para garantizar la aplicación de una orden de deportación.

Aunado a ello, la Corte ha sido de la opinión de que la privación de libertad de una niña o un niño en este contexto de ninguna manera podría ser entendida como una medida que responda a su interés superior –subrayo esta afirmación: de ninguna manera podría ser considerada de esa naturaleza-.

Este criterio internacional, en función del principio de no discriminación aplica indistintamente para niñas, niños que se encuentren junto a sus progenitores, así como de aquellos que se encuentren no acompañados o separados de sus progenitores.

Este estándar ha generado que desde la comunidad internacional, tanto el Comité de Derechos del Niño le haya recomendado al Estado Mexicano que adopte todas las medidas necesarias para poner fin a la detención administrativa de niñas, niños y migrantes.

Por su parte, la Comisión Interamericana le ha recomendado al Estado Mexicano adoptar medidas legislativas –subrayo– que garanticen que las personas en una situación de vulnerabilidad tales como niñas, niños y adolescentes, no sean puestos bajo detención migratoria, así como adoptar medidas –de nueva cuenta– legislativas que garanticen que las niñas, niños y adolescentes, independientemente de que estén acompañados o no acompañados, no sean puestos bajo detención migratoria.

Se trata por consiguiente de un principio absoluto que no acepta excepciones en función justamente de la prevalencia del derecho a la libertad y la proscripción de la detención arbitraria.

Para concluir: la presente discusión en torno a las reformas a la Ley de Migración brinda una ocasión dorada para que el Estado Mexicano actualice su marco normativo para hacerlo consistente con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como con la avanzada Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes aprobada hace un par de años.

La Reforma debe garantizar los principios rectores para la protección de la niñez, la especificidad en los procesos y el principio de no privación de las niñas, niños y adolescentes en el contexto de la migración irregular.

Para este objetivo la Oficina del Alto Comisionado refrenda su disposición para acompañar en el Senado en este propósito compartido.

Muchísimas gracias.

PRESENTADORA: Agradecemos la participación y el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Y para complementar el tema desde la visión de la sociedad civil, Karla Meza Soto nos acompaña, del Subgrupo de Infancia Migrante, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.

KARLA MEZA SOTO: Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí.

En nombre del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria quiero agradecer mucho al Senado por la invitación, pero sobre todo celebrar que las comisiones convocantes y los senadores y senadoras que presentaron esta iniciativa de modificación, abran este espacio de manera plural y transparente para abonar con insumos para avanzar en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y sujetos de protección internacional.

En primer lugar, me parece que es importante reconocer que dentro de los flujos migratorios que confluyen en México, no sólo encontramos niños y adolescentes no acompañados, que es justo como la prioridad que se ha puesto mucho en los medios de comunicación y en el discurso; sino que también existen niños, niñas y adolescentes también acompañados.

Además que no solamente se trata de los niños que son de origen extranjero, sino que también hablamos de niños, niñas y adolescentes mexicanos que están transitando o bien que están retornando a nuestro país, ya sea de forma por deportaciones o bien porque están retornando de forma voluntaria a nuestro país.

En ese sentido, cualquiera que sea su origen, el reto de México es brindar una protección integral para ambos casos.

Evidentemente es necesario también reconocer, como lo decían mis colegas anteriormente, que las diversas formas de violencia que experimentan los niños, niñas y adolescentes, son una consecuencia de la grave crisis que existe a nivel estructural de derechos humanos, no sólo en México, sino también en la región. Y que en ese sentido, se necesitan medidas complementarias de apoyo.

Si bien en cada caso, sea niñez migrante mexicana o extranjera, hay necesidades diferentes y específicas. Evidentemente, el reto también es respetar el derecho a la participación de la propia niñez en la adecuada determinación de su interés superior; es decir, poderles darle voz de acuerdo a su edad y también brindarles una protección internacional si es el caso, como decía Marc hace unos momentos.

Como ya se ha mencionado también, diversos mecanismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Relatoría de los Migrantes; el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas; han recomendado reiteradamente al Estado Mexicano adoptar diferentes medidas legislativas que garanticen que el procedimiento para determinar el interés superior de la infancia, sea dirigido por un organismo técnico especializado. Es decir, un organismo que sea independiente de la autoridad migratoria y que realice una evaluación considerando las características particulares de cada caso; que es una situación que actualmente no se da.

Esto es, necesitamos una instancia independiente de que analice, estén o no acompañados los niños, que no sean sometidos a la detención migratoria.

Al respecto, evidentemente como lo mencionaba Allan, la Opinión Consultiva 21 es muy clara: la privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes no puede considerarse por ningún motivo una medida de protección conforme al interés superior. Al contrario, toda detención por motivos migratorios de una niña, niño o adolescente, puede considerarse como una detención arbitraria.

En este marco, es importante también recordar que en 2011 la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incorporó el reconocimiento de los derechos que ésta establece para todas las personas que se encuentran en México. Es decir, están obligadas las autoridades a respetarlos, garantizarlos, promoverlos y defenderlos, independientemente de la nacionalidad, la raza, la religión y otras características de las personas, como es el status migratorio.

Asimismo, en el tema de la infancia el artículo 4º constitucional establece que el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, por lo que toda política pública, legislación y actuación del Estado debe hacerse respetando este principio.

En ese sentido, evidentemente la nueva Ley General de Niños y Adolescentes, es un paso firme hacia ese cumplimiento. En la creación del sistema de protección integral de niños y adolescentes, así como del subsistema de protección especial para la restitución de los derechos de aquellos niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad o que hayan sido violentados, como es el caso de la infancia migrante, sientan un paso también firme para avanzar en ese punto.

Sin embargo, mientras no se realice una reforma integral de la política migratoria vinculada a la infancia, con el objetivo de que la preminencia de la política de protección sea para el tratamiento de esta población y no así la política de control migratorio, los derechos de los niños, niñas y adolescentes seguirán siendo violentados.

Desde el grupo de trabajo, vemos imprescindible que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes sea protegido de conformidad a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, así como de los otros instrumentos internacionales que México ha firmado y ratificado.

La actual ley de migración sólo faculta al DIF para brindar asistencia, protección y estancia a niñas, niños y adolescentes no acompañados en tanto el INM resuelve su situación migratoria, convirtiendo en la práctica a los albergues del DIF en estaciones migratorias.

En cambio, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al crear el sistema de protección así como el sistema de protección especial, cobra especial relevancia porque las procuradurías federal y las procuradurías locales se conviertan en piezas claves para determinar, dictar y coordinar la implementación de las medidas de protección especial que necesitan estas niñas, niños y adolescentes, pero también para implementar un plan de restitución de sus derechos amplio.

Como decía Karla, no solamente es que no se encuentren detenidos, es también cuál va a ser su plan de vida futuro en nuestro país.

También van a brindar representación jurídica a cada niño y adolescente en situación de vulnerabilidad sin excepción, atendiendo justamente el principio de no discriminación.

Es decir, tanto los niños, niñas y adolescentes mexicanos como extranjeros podrán ahora sí contar con un representante legal, situación que a la fecha todavía no es posible.

De ahí es que deviene la necesaria armonización de la ley de migración con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y no al revés, para que este procedimiento sea establecido, transitando así de la lógica de control a una lógica de garantía de derechos.

El procedimiento de determinación del interés superior no puede seguir dependiendo del Instituto Nacional de Migración, tiene que ser realizado por el Sistema Nacional de Protección a la Infancia.

La protección de la infancia migrante, solicitante de asilo y refugio, sea nacional o extranjera, debe iniciar desde el momento en que las autoridades entran en contacto con ellas. Su interés superior debe estar por encima de cualquier consideración de índole migratoria establecida por el Estado mexicano y no debe ser detenida.

Cuando esto sea integrado en el marco normativo migratorio y observado a cabalidad, y también reflejado a nivel presupuestal, como varios han mencionado, entonces sí podremos decir que México es garante de los derechos de la infancia migrante y sujeta de protección internacional.

Muchas gracias.

MODERADORA: Agradecemos las palabras de Karla Mesa del grupo de trabajo sobre política migratoria.

Vamos a tener un pequeño ajuste en el programa por cuestiones de agenda.

Damos ahora la palabra al licenciado Ardelio Vargas, comisionado del Instituto Nacional de Migración.

LICENCIADO ARDELIO VARGAS: Muchas gracias.

Les agradezco la invitación a este foro y aprovecho para reconocer el esfuerzo que realiza la Cámara de Senadores para avanzar en las reformas y la armonización de las leyes de migración y de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

El tema migratorio tiene que verse de manera integral. Tenemos que estar observando las cuatro dimensiones de la migración para poderle entender adecuadamente.

Nosotros vemos con preocupación cómo los factores de empuje que expulsan a los migrantes de sus países de origen se han ido agudizando.

Vemos con mucha preocupación el tema del corredor seco que empieza en Guatemala y termina en Costa Rica y que tiene al borde de la hambruna a 3.5 millones de seres humanos como un factor muy importante en el tema de la migración.

Efectivamente, los migrantes no salen de su país por gusto, salen por la necesidad de buscar una vida mejor. Y no tiene nada más que ver con estos cambios climáticos, sino tiene que ver también con cuestiones de pobreza, con cuestiones de inestabilidad política, de debilidad institucional, de violencia en los últimos días.

Honduras vive una condición muy compleja. Nosotros advertimos 450 mil desplazados internos, que son eventuales migrantes que van a buscar seguramente alguna condición distinta para proteger su vida y fundamentalmente la de su familia, pero principalmente la de los menores de edad y aquí es donde estamos haciendo el trabajo precisamente con COMAR y con la ACNUR.

Nada más como para fijar el tema del crecimiento del fenómeno migratorio hacia el norte del continente, en 2014 hablábamos de 127 mil presentados ante la autoridad migratoria de México; el año pasado hablamos de 202 mil. Este año hablamos de 130 mil en lo que va a la fecha.

Igualmente en el tema de niñas, niños y adolescentes, en 2014 hablamos de 23 mil; en 2015 hablamos ya de 39 mil 827, cerca de 40 mil y este año estamos hablando de 24 mil en lo que va a la fecha.

O sea, es un tema complicadísimo. Yo coincido totalmente en el tema de la detención, ene l terma del control migratorio y darle la alternativa a los menores de edad, para seguir su procedimiento en libertad.

Sin embargo, nos encontramos en la operación. Muchas veces grupos de niños que vienen no acompañados y que, bueno, sería de verdad una irresponsabilidad dejarlos continuar en la forma en que van.

Yo creo que es correcto, sólo hay que tutelar quién se va a hacer de velar por las garantías y el respeto a los derechos humanos de esas niñas, niños y adolescentes. Efectivamente, corren un gran riesgo y que están dispuestos a hacerlo buscando una mejor condición de vida.

Entonces, señalo como un marco el incremento de los flujos migratorios y la noticia es que esto va a crecer en los próximos años. Las condiciones son complejas, hoy estamos recibiendo africanos, como ustedes lo han visto, a través de Brasil, a través de Guyana, a través de Venezuela, a través de Ecuador.

Estamos recibiendo a haitianos entre este flujo de africanos; estamos recibiendo cubanos inclusive y en los próximos meses o días, quizá, estaremos recibiendo asiáticos, estaremos recibiendo chinos por el cambio de política migratoria en Ecuador, en Chile y en Perú.

Es un incremento además de la presión que tenemos, del flujo migratorio del triángulo norte, que representa el 90 por ciento de la migración irregular que transita por el país. Tenemos estos flujos migratorios que son flujos extraordinarios, que en otros años no los habíamos visto, por lo menos no con esta intensidad.

Entonces, bueno, eso también tendremos que ir atendiéndolos, porque efectivamente entre ellos también empiezan a llegar familias. Entonces, pues es un tema más.

Pero dentro del tema y lo voy a hacer de manera muy rápida, las modificaciones al marco normativo en materia migratoria, hacen evidente que la protección de los migrantes que transitan a través de nuestro país, es una prioridad para el estado Mexicano en conjunto.

Las leyes y reglamentos que hoy rigen la actuación del Instituto Nacional de Migración contienen el espíritu del Poder Legislativo y la decisión del Ejecutivo para reconocer en los migrantes a personas con un alto grado de vulnerabilidad que exigen protección extraordinaria y ve en cada uno de ellos a personas con derechos que exigen un trato humano y digno.

Hoy podemos decir con orgullo que la determinación por dotar de derechos y proteger a los migrantes se ha hecho evidente en muchas legislaturas.

Es también hoy un esfuerzo transexenal y transversal en la administración pública mexicana, el cual resalta y prioriza la preocupación por quienes transitan de manera irregular a través del país y por los más vulnerables dentro de este grupo: las niñas, niños y adolescentes migrantes.

La armonización de la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes, y la Ley de Migración así como de sus respectivos reglamentos, permitirá a todas las instituciones que estamos involucradas una gestión homologada de estos flujos migratorios con características especiales que requieren el mismo tratamiento.

En tal sentido, el Instituto ha implementado las siguientes acciones y ajustes:

En coordinación con el Sistema DIF Nacional y la Procuraduría de Defensa, se elaboró el protocolo de actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos administrativos migratorios y el pasado 10 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación por lo que se aplica a partir de esa misma fecha.

Este protocolo tiene por objeto asegurar el respeto a los derechos de los NNA acompañados y no acompañados cuando se vean involucrados en procedimientos administrativos migratorios, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Con ello garantiza:

Uno. La canalización inmediata de las niñas, los niños y adolescentes acompañados y no acompañados a los sistemas DIF para su estancia temporal y otorgamiento de servicios y asistencia social necesarios para su protección integral hasta la conclusión del procedimiento administrativo migratorio.

La implementación de este procedimiento será gradual mientras los sistemas DIF adquieran las capacidades necesarias para atender a las niñas, niños y adolescentes.

Efectivamente necesitamos tener un presupuesto para hacerlo.

Hoy día el Sistema DIF tiene la voluntad pero no tiene la infraestructura para hacerse cargo de esta obligación que nos impone la ley.

Es importante mencionar, conforme lo establece el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración podrá alojar a las niñas, niños y adolescentes en otras instituciones públicas o privadas cuando existan circunstancias excepcionales que imposibiliten la canalización a los sistemas DIF estatales o del Distrito Federal.

Para el efecto, el DIF deberá otorgar al INM la información necesaria sobre las instituciones públicas o privadas en donde se les puede brindar una atención adecuada.

Para una pronta implementación de esta medida, se requiere la certificación de las instituciones públicas y privadas a donde pudiera canalizarse y la suscripción de los convenios respectivos y consecuentemente la notificación al Instituto Nacional de Migración.

Nosotros estamos en condiciones de atender en este sentido el tema de las niñas, niños y adolescentes y la meta que nos hemos propuesto junto con el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia es que a final de este año podamos estar cumpliendo cabalmente con lo que nos establece la ley, el reglamento y los procedimientos.

No obstante lo anterior y para avanzar en el tema en el marco del acuerdo sostenido con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para refugiados, desde el 19 de julio pasado el Instituto Nacional de Migración entrega a los migrantes solicitantes de la condición de refugio a la COMAR, quien a su vez los entrega a ACNUR para canalizarlos a albergues de la sociedad civil, donde permanecen hasta la emisión del dictamen por parte de COMAR, ello para contribuir a la implementación de alternativas al alojamiento en distintas estaciones migratorias, con énfasis en niñas, niños y adolescentes.

Esta medida ha permitido que en 45 días se otorgaran a 204 migrantes extranjeros, incluidas niñas, niños y adolescentes, la condición de estancia provisional por solicitud de refugio.

En este espacio, quiero agradecer a las organizaciones de la sociedad civil el apoyo que brindan para la recepción, protección, atención de migrantes solicitantes de refugio; y por supuesto a ACNUR, que ha sido una parte fundamental en este tema. Y por supuesto, Marc, te agarramos la palabra en el tema de niñas, niños y adolescentes.

Yo dejo mi posición aquí, para efecto de que posteriormente sea distribuida y yo estoy a sus órdenes para cualquier reunión o comentario, inclusive con la sociedad civil, para que podamos buscar una alternativa de solución a este, de verdad, delicado tema que es el tema de la atención de los más vulnerables, el tema de la migración de las niñas, niños y adolescentes.

Muchas gracias.

PRESENTADORA: Agradecemos la participación del licenciado Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración.

A continuación damos la palabra a Ricardo Bucio Mujica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SNPI-NNA, para hablarnos sobre la política pública y la asignación de recursos como elementos base de la protección integral de la infancia migrante.

RICARDO BUCIO MUJICA: Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias senadora Layda Sansores, por la invitación a este foro.

Saludo al senador Mayans, al senador Zoé Robledo. La senadora Martha Elena García.

A la procuradora federal, Nelly Montealegre, y al comisionado nacional de Migración, y a quienes han participado también desde la UNICEF y el ACNUR.

Quisiera, primero, mencionar que el marco legal que tenemos ahora y que se está adecuando, el marco legal de migración que se está adecuando según la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es parte de un proceso de modificaciones legales al marco jurídico mexicano en materia de derechos humanos que ya viene de largo tiempo, ha habido en esta década, en la última década, muy importantes cambios en materia de derechos humanos en nuestro marco legal.

Y quisiera destacar que quizá uno de los relevantes, por ser uno de los iniciadores, es la reforma al artículo 1º constitucional del año 2001, que acaba de cumplir 15 años justamente, y que ha desatado también una gran cantidad de reformas en materia de derechos humanos de ciertos grupos de población.

Evidentemente la reforma constitucional del 2011 es de total relevancia, no sólo para este tema, con ella adquirieron rango constitucional los tratados internacionales, particularmente la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de Trabajadores Migratorios y sus Familiares; también se estableció el Principio ProPersona, el interés superior de la niñez, ese mismo año; se aprobó la Ley de Migración y en 2014, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Hemos ido cambiando de un mecanismo que sólo incluida el control migratorio, pasó por la descriminalización de la discriminación por el centrar, el respeto a los derechos humanos, la garantía de los mismos, un amplio reconocimiento de ello; sobre todo a quienes son menores de edad. Y también ahora por obligar la protección integral, tanto de las personas como la protección integral básicamente de los derechos, lo que exige mecanismos de garantía, de respeto, de protección, de exigencia, de defensa, de justiciabilidad.

En ese sentido, creo que el tema de los recursos adquiere una relevancia enorme, una relevancia porque no hay manera de garantizar los derechos que están reconocidos en esta ni en ninguna otra ley; sino los recursos suficientes.

No hablo solamente de recursos financieros, es una gran cantidad de recursos los que se requieren, entre ellos una mirada distinta desde el servicio público, desde la función pública, que tenga que ver con centrar los derechos humanos en todas y cada una de las actuaciones. Quizá este es el recurso más importante que necesita la reformulación que ha hecho el Estado Mexicano a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Las inercias que sigue habiendo en materia, tanto presupuestal como en materia de acción de las políticas públicas y de decisión desde el servicio público, tienen que ver con que el paradigma de derechos humanos no es aún el centro de la acción de las autoridades.

En materia de recursos humanos, financieros, hay distintas autoridades que tienen obligaciones legales a partir, tanto de la Ley de Migración como de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, y que tendrían que tener entonces una correspondencia presupuestal.

Se ha mencionado aquí al Instituto Nacional de Migración, evidentemente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la Procuraduría Federal y a las procuradurías estatales y municipales de protección a niños, niñas y adolescentes, pero hay una enorme cantidad adicional de autoridades que están obligadas por la ley, y sin las cuales no se puede dar un mecanismo de garantía integral.

Para garantizar los derechos que establece la Ley de Migración y la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, tienen que intervenir autoridades que prestan servicios públicos, como salud y educación, cuyos derechos se tienen que garantizar desde estas dependencias que están además descentralizadas.

Tiene que haber protección del Sistema Nacional de Seguridad Pública con todos los componentes que tiene, y tiene que haber una responsabilidad directa tanto de gobiernos municipales como estatales.

Es decir, no se centra solamente en los recursos de una sola autoridad, la ley ya ha reconocido y ha exponenciado las obligaciones legales mucho más allá de las que tiene el Instituto Nacional de Migración.

Incluso hay que entender con claridad el reconocimiento de que mucha parte de la protección que hoy día se da a los grupos que viven situaciones de vulnerabilidad, en particular migrantes y personas que pueden estar en condición, solicitantes de la condición de refugiados, son atendidos por organizaciones de la sociedad civil que también requieren recursos públicos, que también requieren un nuevo marco normativo. Creo que en ese sentido requerimos una modificación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil por el tamaño y el peso de la tarea que realizan, y por la necesaria coordinación y el compartir la responsabilidad legal con las autoridades involucradas.

Sólo quisiera decirles a las señoras y señores senadores uno de los efectos que ha tenido la implementación de la ley que ustedes aprobaron en diciembre del 2014.

Hasta ahora existen ya más de mil 700 nuevas autoridades entre las procuradurías de protección municipal, estatal, la federal y las secretarías ejecutivas de los sistemas en esos mismos tres órdenes de gobierno.

Tendremos que llegar, según lo mandata la ley, a tener 4 mil 980 nuevas autoridades, es decir, dos por cada uno de los 2 mil 490 gobiernos que existen en los tres órdenes en el país.

Ese es el tamaño del mandato que dio la ley en cuanto a autoridades solamente, que no son suficientes para la garantía de derechos. Hay que dar recursos a estas autoridades pero no nos podemos limitar a ello.

Quisiera concluir con la perspectiva de que la expresión de los recursos financieros presupuestales necesarios debe tener como complemento la corresponsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos.

Tiene que haber una perspectiva de corresponsabilidad compartida en los tres órdenes de gobierno y en las distintas dependencias que tienen mecanismos relacionados hoy día o con la vulneración de derechos o con la falta de protección o con la garantía de derechos de este grupo de población que vive grandes privaciones, grandes carencias y también peligros en su paso por el país.

Cerraría con tres elementos que me parece que nos pueden ayudar desde esta perspectiva:

Uno desde el papel de los ejecutivos. Se ha aprobado hace dos semanas un proyecto de objetivos nacionales de derechos de niños, niñas y adolescentes, 25 objetivos nacionales a cumplirse en el 2025, uno de los cuales es la atención de los derechos en niñez migrante y refugiada y ello implica establecer metas cuantitativas y cualitativas comunes, que tendrán que convertirse en tareas específicas para los gobiernos municipales estatales y federales.

Estamos en proceso de definir cuáles serán tanto los indicadores como las metas cuantitativas y cualitativas que desde este sistema nacional se brindarán a cada uno de los sistemas estatales y a cada uno de los sistemas municipales y vamos a hacer esta definición junto con el Consejo Consultivo de Política Migratoria.

También especificar que me parece que hay un problema estructural para el otorgamiento de recursos para el cumplimiento de derechos humanos en general, no solamente para lo que establece la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que se podría trabajar en dos sentidos:

Uno, yo creo, lo he dicho en alguna otra ocasión en esta tribuna, que necesitamos una ley reglamentaria del párrafo tercero del artículo primero constitucional.

El hecho de que haya ahí una obligación descrita para todas las autoridades, para que respeten, promuevan, garanticen derechos humanos en el ámbito de su competencia, no define qué le toca a cada una de las autoridades.

Tenemos miles y miles de autoridades en el país y la concurrencia de las autoridades es absolutamente necesaria para la garantía de los derechos.

No son solamente ciertas autoridades las que pueden dar la garantía a los derechos, es imposible en este marco, no sólo por la interdependencia de los mismos, sino por la forma en que está organizado el Estado Mexicano.

Creo que así como el haber hecho en su momento una ley reglamentaria de lo que era el párrafo tercero del artículo primero, en el año 2003, con la cláusula antidiscriminatoria, ahora párrafo quinto del artículo primero, ahora tendría que haber una potente ley reglamentaria de las obligaciones en materia de derechos humanos de los órdenes y los poderes de gobierno.

Y, en segundo término, necesitamos una reforma a la Ley de Planeación Hacendaria. El país está cambiando su marco legal, está adquiriendo obligaciones, está distribuyendo competencias nuevas a las autoridades, pero no está haciendo las modificaciones al marco de distribución de recursos.

Entonces, en realidad ahí, desde el Legislativo, me parece tenemos un problema estructural y una contradicción y afecta el tema de migración y a niños, niñas y adolescentes, pero en realidad afecta a todos los temas que se han ido legislando y reconociendo a favor de todos los grupos de población, para poder hacer realidad el artículo primero constitucional.

Muchas gracias, muy buen día.

PRESENTADORA: Agradecemos la participación de Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del SIPINNA.

A continuación la participación de Nelly Montealegre titulada “La Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”, que nos hablará sobre la intervención de la procuraduría en la restitución de derechos de la infancia migrante.

NELLY MONTEALEGRE: Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos.

Saludo al distinguido presídium, a las senadoras y los senadores que encabezan estas audiencias públicas, desde el Sistema Nacional DIF y también con la representación de la licenciada Laura Balas, titular del sistema nacional.

Les agradecemos mucho la consideración a la participación en tan importante foro de discusión. Verdaderamente reconocemos la iniciativa presentada, nos interesa mucho poder hacer algunos pronunciamientos al respecto.

Se ha venido hablando en este espacio ya a partir de las personas que me presidieron en el uso de la palabra, de las medidas de protección que están a cargo de las procuradurías.

Se ha hablado también de algunas propuestas muy interesantes de Juan Martín en el tema de la coordinación que debemos de tener. Yo creo que esa propuesta verdaderamente nos viene muy bien, creo que la coordinación es sumamente necesaria, a veces incluso el conocimiento de los pares mucho podemos hacer en México.

Pero desde luego, si el eco o el reflejo de esta actuación que podamos realizar respecto de niñas, niños y adolescentes en México, no tiene esa misma línea o por lo menos cierta identidad en los países, principalmente del triángulo norte de Centroamérica, pues muy poco efecto pudiera tener el trabajo que se realiza desde México en este momento.

Yo creo que ya nos pusieron bastante bien en contexto, en las cifras y respecto de las recomendaciones en las cuales también se pronunció el alto comisionado.

Yo quiero hablarles de tres puntos fundamentales en el tema, desde el trabajo que hacemos en las procuradurías de protección. Hemos estado hablando de la institucionalidad que se ha venido desarrollando, que nos ha compartido nuestro secretario ejecutivo, de las diversas áreas que se han creado.

Creo que las tareas que se nos han encomendado a las procuradurías de protección son de suma importancia.

Creo que también el mayor reto de las procuradurías estatales y de las áreas de atención municipales ha sido el cambio del rol desde la concepción en la cual se fue construyendo su trabajo a lo largo de los años en las denominadas anteriormente procuradurías de la defensa del menor y la familia.

Eso creo que ha sido para nosotros un punto crucial en irnos ubicando y cómo vamos transitando a la implementación de la ley.

Este rol de protección del que nos hablaba Karla con la implementación y la determinación de medidas de protección, este rol de conjugar la actuación de las diversas autoridades y la gran necesidad por supuesto de dar cumplimiento cabal a la ley en los términos de no aceptar la estancia de niñas y niños en estaciones migratorias.

Sin embargo, como ya se dijo, la obligación está a cargo de los sistemas estatales DIF. Colaboramos en la atención a los casos pero se vuelve un reto muy grande con las capacidades que en estos momentos tenemos como Estado Mexicano.

La ley trae un entramaje entre el gobierno, entre los diversos niveles de gobierno, entre los diversos niveles de gobierno, entre la sociedad civil, que juega un rol fundamental con el total acompañamiento que hemos tenido de los organismos internacionales.

Sin embargo tenemos de pronto la limitante las procuradurías de protección de poder definir de mejor manera cuál es el espacio adecuado para permanecer estas niñas y estos niños.

La ley nos da un rol de protección, tenemos que decretar medidas de protección respecto de esos casos.

Tenemos que estar atentos a que se garantice el cumplimiento de los principios en el proceso administrativo migratorio.

Tenemos que realizar representación jurídica.

Tenemos también que, a realizar una representación mucho más amplia en aquellos casos que tienen necesidades de protección internacional.

Tenemos que también ubicar que esta medida de protección de la derivación de estas niñas y estos niños a un CAS sea el Centro adecuado.

Pero además tenemos que respetar el principio de separación, el principio de unidad familiar.

Y tendríamos que partir también en este desarrollo de institucionalidad por reconocer e identificar cuántos espacios tenemos que puedan verdaderamente garantizar todo ello.

Porque la determinación que se puede tomar al derivarlos a los CAS es sumamente importante.

Ahorita estamos trabajando, se ha conformado un grupo de trabajo importante, creo yo con muy buen futuro, porque estamos generando la identificación de estos espacios, de estos mejores espacios.

Más adelante interviene uno de mis colegas de la Procuraduría y dará cuenta del trabajo que estamos realizando en cuanto a la identificación de espacios, pero sobre todo en la forma que queremos llegar al fortalecimiento.

Lo podemos derivar al espacio, pero no sabemos si ese espacio tiene un modelo de atención; si verdaderamente ese CAS cuenta con los servicios para el perfil de esta niña, niño, adolescente migrante porque si no tu medida de protección no será eficaz, si no tu medida de protección difícilmente será efectiva, y si no tu medida de protección, más grave aún, puede colocar en riesgo a esta niña, a este niño o adolescente.

La diversidad de los perfiles, ya hablamos de incremento, decimos hay un incremento en las cifras, decimos también ha disminuido la edad de las niñas, niños migrantes, pero también los perfiles se han incrementado.

No podemos establecer o ubicar en los mismos espacios a niñas, niños menores de 12 años, adolescentes, población con diversidad sexual.

Algunos casos muy particulares que no podrían estar en el mismo espacio de una niña, de un niño de 6 años.

Entonces este desarrollo de institucionalidad y para que las medidas de protección sean efectivas debe de correr de forma paralela.

Hablamos también de las áreas de primer contacto. Decíamos, en los municipios se han creado ya 956 áreas, algunas de reciente creación, otras transformadas.

¿Y por qué es tan importante incidir en estas áreas municipales? Porque son las de primer contacto con las niñas y los niños.

En algunos municipios donde están establecidas estaciones migratorias, ustedes verán un rol fundamental de las áreas de atención municipal.

Con todo este cambio de rol en la dinámica que ellas venían realizando incluía todas estas obligaciones pues verdaderamente se vuelve un reto muy importante en lograr la atención.

Qué quiero comentar con ello: sí estamos realizando un trabajo coordinado, estamos tratando de generar la mejor identificación de espacios de autoridades que tienen que encargarse de la protección y que tienen que cumplir las medidas de protección, pero yo creo que lo más importante es la identificación de este cambio social dentro del rol de las instituciones.

Y esto es porque dentro de los procesos de atención y dentro de la implementación de medidas de pronto ha seguido permeando la dinámica de este nuevo rol y la sorpresa a veces, yo siempre digo que identifico un proceso disruptivo para las autoridades: en cuanto llega una medida de protección de la Procuraduría de Protección, y de pronto dicen: ¿por qué me va a ordenar? ¿Por qué me va a decir?

Bueno, no es una orden, es una medida que se implementa para proteger a una niña o a un niño.

Y en cuanto a los espacios, en cuanto a la identificación de espacios, sí tener muy clara la necesidad de seguir fortaleciendo esta institucionalidad.

Mucho podríamos hacer en el camino legal, está de verdad una ley de avanzada; pero por otro lado, tenemos la necesidad de fortalecer desde presupuestos, desde las capacidades; pero también de identificar a los mejores actores para que logremos sumar.

Como ustedes saben, el país tiene una gran necesidad de tener espacios adecuados para niñas, niños y adolescentes, espacios de verdadero cuidado, espacios donde puedan tener una verdadera protección.

Podríamos decir, hoy día ya no hay niños en estaciones migratorias, pero también tenemos que preguntarnos dónde están. En el momento en que el Estado los deriva a uno de estos espacios, no pierde la responsabilidad que tiene sobre niñas, niños y adolescentes.

Entonces, sí destacar el gran trabajo y la disposición de la sociedad civil, pero desde luego necesitan el apoyo presupuestario, necesitamos que a ellos se les apoye desde esta amplia tarea que realizan de atención, desde esta solidaridad que hacen con el Estado; pero desde luego no es suficiente si no tenemos la capacidad económica para apoyarles a estos espacios y entonces podemos también cumplir la ley, entonces podemos decir que estamos trabajando de manera coordinada, como lo establece la propia ley para lograr este objetivo.

Yo con esto concluyo, la verdad es que las participaciones fueron muy amplias pero sí quería transmitirles cuáles han sido las inquietudes de procuradoras y procuradores de protección en este orden; cuáles son los planteamientos que ellos tienen y las necesidades o también las limitaciones a las que se enfrentan cuando tenemos frente a nosotros la atención de un caso de un niño migrante, acompañado o no acompañado, nacional o extranjero.

Muchas gracias.

PRESENTADORA: Agradecemos las palabras de Nelly Montealegre.

Y a continuación, para culminar con la mesa número 1 sobre protección integral de los derechos de la infancia migrante en México, abrimos el espacio a una sesión de preguntas y respuestas.

Si alguno de los senadores o senadoras de la mesa quisiera tener alguna participación o alguno de nuestros acompañantes.

¿No?

Bien. Entonces damos inicio a la mesa número 2, con el tema de impacto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la protección de la infancia migrante.

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