Versión estenográfica de la conferencia de prensa del senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muy buenas tardes, gracias por atender esta comparecencia.
El motivo de esta reunión con los representantes de los medios de comunicación, es para informarles que el día de mañana en la sesión de la Comisión Permanente, daremos trámite a las observaciones que ha enviado el Presidente de la República a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo tocante al artículo 32 que regula la obligación de presentar declaraciones de intereses fiscal y patrimonial a ciertas personas particulares.
El trámite que se debe dar, según nuestra Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento, es turnarlo a las comisiones que dictaminaron de manera original el proyecto; es decir, a las comisiones unidas encabezadas por la Comisión de Anticorrupción.
Las observaciones enviadas por el Presidente de la República se componen de dos apartados:
En primer lugar, una fundamentación y motivación por aquello de lo que el Presidente considera que debe ser analizado y estudiado por el Congreso de la Unión.
En segundo lugar, un conjunto de propuestas de redacción específicas para sustituir el contenido de las leyes aprobadas, de la ley aprobada por el Congreso de la Unión; específicamente del artículo 32.
Las comisiones encabezadas por la Comisión Anticorrupción, tendrán la obligación, la responsabilidad de emitir un nuevo dictamen, en el cual estudien las observaciones hechas por el Presidente de la República y se pronuncien con respecto a las propuestas de redacción que ha enviado el Presidente. Y ahí se abren tres opciones:
En primer lugar, aceptar en sus términos las propuestas del Presidente. En segundo lugar, rechazar las propuestas del Presidente. Y en tercer lugar, modificar lo que ha enviado el Presidente, para generar un nuevo equilibrio.
Cuando se emita ese dictamen, ese es el dictamen que se hace del conocimiento de los plenos de la Cámara de Senadores, primero; y después de la Cámara de los Diputados.
¿Por qué el Senado de la República debe actuar en este caso como Cámara de origen?
Porque en el paquete de leyes anticorrupción, la Cámara de Senadores actuó como Cámara de origen. Debe iniciar la Cámara de Senadores con la atención y procesamiento de las observaciones del Presidente de la República.
El día de mañana también daremos cauce y trámite a la propuesta que ha hecho el Presidente de la República de celebrar un periodo de sesiones extraordinarias para atender las observaciones. Este es un segundo elemento que viene incluido en lo que nos ha enviado el Presidente de la República; no solamente las observaciones al artículo 32, sino también la solicitud de procesar esas observaciones en un periodo de sesiones extraordinario.
Yo esperaré a la reunión de la Junta de Coordinación del día de hoy, para conocer si en efecto estamos en condiciones para convocar el mismo día de mañana, al periodo de sesiones extraordinario; con lo cual sesionaríamos con el propósito de darle cauce procedimental a las observaciones; pero también para que se pronuncie la Comisión Permanente sobre cuándo y con qué contenidos el Congreso de la Unión se volverá a reunir para atender estas observaciones.
Quiero precisar un elemento muy importante con respecto al procedimiento, que vale la pena resaltar:
El Congreso de la Unión para insistir en el contenido de lo que ha aprobado, si quisiera mantener en sus términos el artículo 32, tal y como fue aprobado en primera instancia por el Congreso de la Unión, requiere mayoría calificada de dos tercios. Esto es muy importante atenderlo.
Cualquier modificación a lo enviado por el Presidente o bien el allanamiento a lo que ha enviado el Presidente, requiere simplemente mayoría simple; es decir, 50 por ciento más uno de los integrantes, de los presentes, en las sesiones respectivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
Es muy importante tener en cuenta este elemento de quorum de votación. Sólo en la medida en la que el Congreso quisiese insistir en los términos en los que fue aprobado originalmente el artículo 32, se requiere mayoría calificada para cualquier otro supuesto, allanarnos a lo que envió el Presidente o bien una nueva redacción, se requiere simplemente mayoría simple.
Es muy importante también aclarar que no estamos en condiciones de revisar el artículo 29, por una simple y sencilla razón: el artículo 29 todavía no cobra vigencia. Es decir, no ha sido promulgado por el Presidente de la República y no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, el Congreso de la Unión no puede reformar una materia legislativa que aún no existe.
Y, en virtud de que el Presidente de la República no observó el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades, el Congreso no se puede pronunciar sobre el mismo.
Tendríamos que esperar a que el artículo 29 cobre vigencia para poder reformarlo, y evidentemente eso tiene que suceder una vez que el Congreso se reúna en un periodo de sesiones ordinarias, o bien, cuando se convoque específicamente para ese punto en concreto.
Es lo que estamos esperando que va a suceder a partir del día de mañana. Estos son los detalles procedimentales que son relevantes para una mejor comprensión de lo que va a hacer el Congreso de la Unión en las próximas horas, y sobre todo también para despejar algunas incógnitas con respecto a si el Congreso de la Unión pudiera incluir en este periodo de sesiones extraordinarias el artículo 29 como complemento al artículo 32.
Estamos por supuesto a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario.
REPORTERA: Preguntarle, sobre este artículo 32 varios senadores han indicado que sí se tiene que revisar la redacción, sin embargo que de cualquier manera tendrían que estar incluidos los empresarios, sobre todo que celebran contratos con el gobierno.
Y si, bueno, en esta ocasión no revisan el artículo 29, su opinión si tendría que revisarse posteriormente.
Gracias.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con respecto al artículo 32, es importante recordar el espíritu de las distintas propuestas que se presentaron en el camino largo de discusión de la Ley General de Responsabilidades.
¿Cuál era el espíritu? Hay ciertas personas privadas, particulares, no servidores públicos, que tienen dos características: O usan, administran y custodian recursos públicos o tienen una especial incidencia en la toma de decisiones públicas.
Personas que no son formalmente servidores públicos, pero que sí pueden determinar la aplicación de recursos públicos y también pueden influir de manera determinante en una decisión pública.
La idea original de estas propuestas era ampliar el espectro de aplicación a esas personas en específico. La redacción que se aprobó vía una reserva en los últimos momentos de la discusión amplió, a juicio de varios sectores, amplió de manera un tanto inoperante el espectro de sujetos obligados hasta comprender a personas privadas que no tienen estas características o esta especial incidencia en la aplicación de recursos o en la toma de decisiones públicas.
Y que, en efecto, existe la inquietud de que pudieran quedar comprendidos, por ejemplo: beneficiarios de programas sociales, o bien, algunas otras personas que reciben recursos públicos en una condición totalmente diferente a la de una determinación o una resolución sobre decisiones, o bien sobre recursos.
La propuesta es justamente la discusión que tenemos que dar a partir de las observaciones del Presidente de la República es, si nos mantenemos en la lógica original haciendo las adecuaciones, o bien, si excluimos a todos los particulares por el solo hecho de ser particulares de la aplicación de este régimen de presentación de declaraciones patrimoniales de intereses o fiscales.
Déjenme poner un ejemplo:
Existía un fideicomiso privado aduanero que administraba lo que pagaban las contraprestaciones que pagaban por la importación de bienes, y esos recursos públicos se utilizaban para mejorar las condiciones de los puertos aduaneros, de las terminales de internación de bienes y servicios.
Se trataba de un fideicomiso privado que administraba recursos públicos.
La pregunta que nos tenemos que hacer es si en ese caso, por ejemplo, la persona que administra esos recursos públicos debiera o no estar sometida a las declaraciones patrimoniales de intereses o fiscales. Ese es justamente el debate.
¿Qué sujetos por su especial condición y por la posibilidad de influir en la toma de decisiones o aplicar recursos deben estar involucrados, deben estar sujetos a estas obligaciones en específico?
¿A qué personas privadas las equiparamos a servidores públicos cuándo tengan ciertas características?
Esa es la discusión que está abierta en el Senado de la República con respecto al artículo 32.
¿Qué ha dicho el presidente en sus observaciones?
Excluyamos a todos los particulares. Hay voces, sin embargo, en el Senado y en la Cámara de Diputados que siguen insistiendo en la necesidad de comprender algunos sin irnos a los extremos.
La fracción parlamentaria de Acción Nacional ha insistido en que se debe revisar el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades, que se debe ajustar a la Constitución y que tenemos que ir a un régimen de máxima publicidad.
Esa es la posición de la fracción parlamentaria de Acción Nacional y seguiremos insistiendo en la necesidad de garantizar la máxima publicidad en las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos.
REPORTERA. Sobre esto y después preguntas de otros temas.
Gracias.
Entonces, ¿cómo es que se van a adecuar ustedes, o sea, cómo va a ser el procedimiento, el análisis? Porque, o sea, usted ahorita ya lo explicó un poco más claro, porque no se sabía si se podía modificar. Usted dice que sí se puede modificar, incluso mantenerse la actual redacción.
¿Cuáles serán los ajustes? ¿Quitar a esas personas? O sea ¿no generalizarlo y hacer puntualización de empresarios o personas físicas y morales que sí tengan relaciones mercantiles con el gobierno, con los tres niveles de gobierno?
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: El Presidente de la República participa en dos momentos en la función legislativa, en el proceso legislativo.
Participa al inicio, cuando presenta iniciativa, y participa al final, cuando hace las observaciones o el veto, que es el paso previo a la promulgación y publicación de una norma aprobada por el Congreso de la Unión.
¿Qué significa la facultad de observación o veto?
Abrir una segunda reflexión al Congreso de la Unión para que corrija, modifique algo que fue aprobado previamente a partir de un conjunto de consideraciones que pueden ser constitucionales, de política pública, de eficiencia económica, de costo fiscal, etcétera.
Lo que ha hecho el presidente es pedirle al Congreso de la Unión un nuevo razonamiento sobre el artículo 32.
¿Qué puede hacer el congreso?
Tres cosas, como ya decía: allanarse a la propuesta del presidente, insistir en lo que ha sido aprobado originalmente y que fue motivo de observaciones o bien presentar una nueva redacción, unos nuevos contenidos, una suerte de tercera vía.
¿De qué dependerá esa tercera vía o el sentido de las modificaciones?
De los acuerdos políticos que se den en el ámbito de la pluralidad del Senado de la República.
¿Dónde se construyen esos acuerdos políticos?
En las comisiones dictaminadoras.
¿Cuáles?
Las mismas que dictaminaron originalmente el paquete legislativo.
¿Cuál es la racionalidad de que regresen a las mismas comisiones?
Darle continuidad a la reflexión política de política pública que motivó la aprobación original del congreso. Por eso regresa a las mimas comisiones y por eso regresa a la misma cámara que actuó como cámara de origen.
¿De qué dependerá el contenido final de los acuerdos políticos? ¿Cuándo sabremos en qué sentido van a avanzar esos acuerdos políticos?
Cuando la Junta de Coordinación analice el tema el día de mañana a mediodía y cuando las comisiones dictaminadoras se reúnan para estudiar el documento que ha enviado el presidente y formular una posición que tenga los votos suficientes tanto en las Comisiones Dictaminadoras como eventualmente en el Pleno.
REPORTERA: Una de las preguntas, pues las de coyuntura señor Presidente: el desabasto en Oaxaca.
Liconsa y Diconsa ya tienen problema para abastecer sobre todo a las zonas más pobres de este país. ¿Qué debe de hacer el gobierno?, por un lado.
Por el otro: el Presidente ya dijo que, allá en Canadá, que la Reforma Educativa no se negocia.
¿Entonces qué hacer? ¿Tendremos que hacer una Reforma Educativa posible de lo deseable? ¿Qué considera usted?
Gracias.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con respecto al primer tema, el desabasto en el estado de Oaxaca, no solamente es desabasto de bienes básicos que suministra el gobierno, sino también la actividad comercial está absolutamente desquiciada.
Las empresas, los comercios están o bien cerrados, o prácticamente están sin la posibilidad de celebrar ninguna interacción económica.
La situación económica en el estado de Oaxaca se está agudizando todos los días y es necesaria no solamente una respuesta logística del Gobierno de la República para que a los beneficiarios de programas sociales o bien la red de suministro de bienes básicos pueda funcionar adecuadamente sino también tenemos que restablecer las condiciones económicas en el Estado y eso pasa necesariamente por la aplicación de la ley y por restablecer las condiciones de gobernabilidad en el estado de Oaxaca.
Debe de haber una estrategia clara, precisa y contundente del Gobierno de la República para desactivar el conflicto social y reponer las condiciones de paz, de orden público y de seguridad en el estado de Oaxaca.
No solamente hay que preocuparse por el inminente y muy lamentable desabasto de bienes, alimentos y medicinas, sino también por recuperar las condiciones económicas del Estado.
Todos los días Oaxaca se empobrece precisamente por la acción de estos grupos sociales, por la acción de la disidencia magisterial y también por la falta de una adecuada y muy contundente respuesta por parte del Estado Mexicano –subrayo Estado Mexicano-, no solamente tiene que actuar el Gobierno Federal sino también las autoridades locales.
Y ahí se requiere, insisto, una estrategia muy clara, muy definida, nítida, entre los Tres Órdenes de Gobierno para resolver el problema general del estado de Oaxaca a partir de la incursión del movimiento político magisterial.
Con respecto a la Reforma Educativa:
Simplemente no se puede reformar, no se puede negociar la Reforma Educativa porque para eso se requeriría reformar la Constitución, y al menos que el Gobierno de la República pretenda aceptar que puede violar la Constitución a través de una negociación política, simplemente está absolutamente descartado.
Lo que nos debe preocupar también es algo que sí se puede hacer vía una negociación, que es exceptuar la aplicación de la Reforma Educativa al estado de Oaxaca, como ya ha sucedo en otros momentos.
¿Qué significaría exceptuar la aplicación de la Reforma Educativa?: Que no se apliquen las evaluaciones, que no se apliquen los despidos, que se mantenga la suspensión de clases, que se sigan dando los recursos a discreción, tanto al Sindicato como a los profesores.
Eso es un riesgo latente, no solamente echar atrás una Reforma Constitucional, que no se ven condiciones políticas, por lo menos Acción Nacional se va a oponer a una contrarreforma Constitucional.
La preocupación de fondo es que vía decisiones administrativas, vía decisiones de facto, se exceptúe al estado de Oaxaca, o al estado de Chiapas, o al estado de Guerrero, de la aplicación de la Reforma Educativa.
Debemos ser muy insistentes: ni contrarreforma, ni tampoco excepción local, a la aplicación de la Reforma Educativa.
Aplicación de la ley, aplicación del nuevo modelo educativo, aplicación de los nuevos consensos constitucionales en cuanto a la educación en todas sus aplicaciones y en todas sus dimensiones.
Son lo que menos, lo que menos podemos esperar como sociedad. Y lo que nos está requiriendo nuestros niños y jóvenes es que cambiemos de manera profunda la educación en el país para que puedan tener un futuro mucho más próspero.
REPORTERA: Gracias Presidente. Quisiera preguntarle: El Presidente de la Comisión Anticorrupción comentaba que por las nuevas condiciones en las que se discutiría el tema del artículo 32 existe la posibilidad de que se incluya una redacción que solamente vincule el Código Fiscal para que los empresarios presenten esta declaración, que ya en alguna parte de la Ley de Responsabilidades está el tema de la declaración de intereses y que lo que sí ve cuesta arriba es que se pueda incorporar el tema de la Declaración Patrimonial, porque se trata de los reportes o estados fiscales de las empresas.
Yo quisiera conocer su opinión en específico sobre este tema, si usted coincide con esa visión.
Segundo tema: quisiera preguntarle sobre esta preocupación que ha surgido entre los gobernadores electos de Acción Nacional sobre la manera en la que se están apertrechando los mandatarios priistas para elegir fiscales, magistrados, contralores, tan sexenales y sobre el riesgo de que estén ahí para limpiarles la cara, digamos.
¿Qué opina usted sobre esto? Y ¿Qué se puede hacer? Si existe de verdad alguna salida política o legal a ese tema.
Y por último preguntarle, luego de lo que ocurrió con Reino Unido y el recorte anunciado por el gobierno mexicano; se están apretando el cinturón en el Ejecutivo, pero hay afectaciones a programas sociales. Y consultarle si el Senado también tendría una reacción para ajustar el cinturón en ese tema.
Gracias.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con respecto a las adecuaciones que pudiera sufrir el artículo 32, hay múltiples posibilidades técnicas para resolverlo.
En efecto, puede hacerse a través de una remisión de las actuales obligaciones en Código Fiscal o en la Ley de Obras y Servicios, que establece el requerimiento previo de acreditar que se han cumplido las obligaciones fiscales como condición para poder acceder a un contrato público.
Que en efecto, haya un capítulo muy importante de obligaciones de revelación de intereses y en efecto, también, de sanciones por no revelar intereses, que aplica tanto para el servidor público como para su contraparte en el sector privado.
Y también la posibilidad de someter a ciertos particulares o no a las declaraciones patrimoniales.
Las posibilidades técnicas de solución son muy amplias. ¿Qué se requiere discutir y analizar?
El problema de fondo, cuáles son las obligaciones de los particulares con respecto a la revelación de intereses, de su patrimonio y de sus obligaciones fiscales. Esa es la discusión de fondo.
Si nos ponemos de acuerdo en determinar el grado de responsabilidad y de deber que tienen los particulares con respecto a estos tres elementos, podemos resolver técnicamente la mejor solución.
Me parece que la discusión central es si deben o no estar sujetos. En el caso que digamos que sí deben estar sujetos, quiénes y por qué; y a partir de esas dos definiciones construir técnicamente una solución adecuada que haga operable el Sistema Nacional Anticorrupción y que lo haga operable plenamente.
Con respecto a las transiciones locales, creo que debemos hacer un llamado a la serenidad, a la cautela. Debemos hacer un llamado también a cierto orden político en el procesamiento de los cambios de gobierno, de las transiciones y de las alternancias.
No a cuenta de perder el poder se vale todo. Debemos empezar a pensar como país en el fortalecimiento de las instituciones y, en consecuencia, cualquier diseño a modo de las instituciones, debe ser cuestionable; cualquier diseño, cambio, reforma de instituciones para crear espacios de impunidad o para agravar problemas de corrupción, debe ser cuestionado socialmente.
No debemos avanzar en esa ruta en nuestro país, al contrario, el objetivo de todos en el ámbito de nuestra pluralidad, los que se van y los que llegan, debe ser el mejoramiento progresivo de nuestras instituciones para que sirvan a la gente y sirvan para crear condiciones de desarrollo y crecimiento en nuestro país.
Con respecto al recorte, hay que seguir con muchísimo cuidado la evolución de la decisión que ha tomado el Reino Unido de salirse de la Unión Europea y sobre todo las implicaciones que va a tener en el sistema financiero.
Está provocando cierta turbulencia en los mercados financieros, cierto nerviosismo; buena parte de los mercados financieros se están relocalizando en mercados más seguros, específicamente en Estados Unidos y eso está provocando la apreciación del dólar con respecto a otras monedas, que nos está afectando evidentemente.
México debe seguir con muchísima cautela y con muchísima responsabilidad lo que está pasando en el mundo, a partir de esta decisión, tomar sus previsiones, una de ellas sin lugar a dudas es el recorte de gasto.
¿Qué significa el recorte de gasto?
Un mensaje a los mercados de que se pretende mantener la estabilidad económica del país y que situaciones difíciles, en entornos complicados económicos, hay una respuesta inmediata, clara y contundente del Estado Mexicano para mantener las condiciones macroeconómicas estables.
Ahora bien, también tenemos que ser proactivos, intervenir en el mercado de divisas cuando sea necesario; pero sobre todo apostar a una estrategia de crecimiento que permita aprovechar las enormes ventajas productivas que tiene nuestro país y echar andar la economía hacia adelante.
Tenemos que ser cautos, pero muy responsables. Que no empiece a generalizarse el nerviosismo con respecto a esta decisión, pero sí actuar con total responsabilidad y de manera muy oportuna.
REPORTERA: (Fuera de micrófono).
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Políticamente se puede hacer todo, basta con llamar al diálogo, llamar a la prudencia, llamar a la responsabilidad, establecer canales de discusión, canales de diálogo entre adversarios para tratar de solucionar estas tensiones.
Legalmente existen distintas alternativas. Básicamente las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, todas ellas dependerán de las condiciones en las cuales se realice el tránsito de gobierno.
Evidentemente un gobernador en transición no puede interponer una controversia constitucional porque todavía no tiene la legitimidad para hacerlo, pero después sí se puede hacer.
Más allá de los recursos jurídicos existentes, de las soluciones constitucionales, esto es un tema fundamentalmente político, y el agandalle político tiene que resolverse con responsabilidad política. No debemos incursionar en lógicas de agandalle político, lo que está en juego es la institucionalidad del Estado mexicano y lo que está en juego también son las condiciones de gobernabilidad en cada una de las entidades federativas.
Hay estados de por sí complicados, como para que a través del agandalle se sigan complicando.
REPORTERA: (Inaudible)
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Creo que todos tenemos una contribución. El sistema de partidos, nuestros gobernadores forman parte de un entramado institucional de organizaciones. Ahí ya hay una responsabilidad desde el sistema de partidos.
Pero también que las instituciones democráticas, incluido el Congreso de la Unión, hagan llamados muy contundentes y muy serios a este tipo de situaciones. Que el Ejecutivo haga lo propio; todos tenemos que ir bordando en la cordura, en la cautela, en la responsabilidad política.
Al final de cuentas lo que se está generando ahora son las condiciones para la gobernabilidad futura en esas entidades federativas. Todo lo que se haga ahora, va a tener efectos en el futuro, repercusiones políticas, consecuencias políticas.
Creo que el llamado nos obliga a todos y debe ser un llamado a la responsabilidad, a la serenidad y, sobre todo, a crear condiciones todos desde nuestra pluralidad a cuidar la gobernabilidad del país.
REPORTERA: (Inaudible)
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Siempre estamos en el Senado pensando cómo eficientar los recursos y ahora queremos hacer una mención sobre algún aspecto en concreto que se está discutiendo en algunos medios de comunicación.
Vamos a revisar correctamente cuál es la evolución del gasto público.
Nos preocupa que el anuncio que ha hecho el Gobierno de la República verse fundamentalmente en la inversión social, educación y salud, en un momento en el que México requiere una política social muy profunda, muy eficiente para poder generar oportunidades de desarrollo para nuestra sociedad.
Preocupa la forma en la que se está aplicando este recorte; sin embargo, se entienden también las circunstancias que vive el mundo, que viene un entorno internacional complejo en términos económicos, y que México no puede quedarse rezagado, que tiene que reaccionar de manera inmediata, con mucha responsabilidad, para que este nerviosismo de los mercados financieros internacionales no termine por generar una afectación profunda en nuestro país.
Gracias.
REPORTERO: Senador, precisamente en el supuesto de que aquí le hicieran modificaciones a la redacción del artículo 32, ¿lo pasan a la Cámara? ¿Se lo llevan al Presidente?
¿El Presidente podría quedar inconforme con eso y volverlo a regresar? Esa sería una pregunta.
Otro tema más…
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Nunca se ha dado observaciones a las observaciones, y me temo que no se podría.
Desde una reacción estrictamente constitucional creo que no habría posibilidad de observar lo observado. En consecuencia, creo que el proceso legislativo concluye con una definición del Congreso atendiendo las observaciones.
Quizá lo que le quedaría al Presidente de la República como saldo de una interacción de este tipo es promover alguna acción de inconstitucionalidad, si se estima que la norma aprobada es contraria a la Constitución o una controversia constitucional si se estima que está vulnerando alguna atribución que le es propia.
Pero no encuentro razones constitucionales para abrir un escenario en el cual pueda observar lo observado.
REPORTERO: Okey.
Y la otra sería: ¿Es el único tema que van a tratar en el extraordinario? Porque hay gente que quiere meter otras cosas.
Y el otro asunto es: ¿Alguna fecha probable para el extraordinario?
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Ambas cosas las vamos a conocer a partir de los acuerdos políticos que celebre la Junta de Coordinación.
No son acuerdos procedimentales, no es una definición del Presidente de la Mesa, es una definición de la pluralidad del Congreso de la Unión, de los grupos parlamentarios, tanto qué se incluye en la convocatoria como cuándo se realizan las sesiones extraordinarias.
Mañana a la 1:30 tendremos mayor claridad sobre cuándo y qué sería motivo de discusión en unas sesiones extraordinarias. Pudiera ser el único tema o pudiera incluirse algún otro. Va a depender del clima de acuerdos que se construyan en las próximas horas en el Congreso de la Unión.
REPORTERO: (Inaudible, sin micrófono)…¿qué pasaría en el caso de que los que no quieren allanarse a las observaciones que requieren de los dos tercios, juegan mayoría y los otros quedaron en minoría, obviamente ahí quedaría ni unos tienen la mayoría ni los otros tampoco.
En ese caso ¿cómo se resolvería? Esa es una.
Y la otra, ¿la Ley de Veto del Presidente quedaría anulada con los dos tercios del congreso? Ya hablaste de que pueden aprobarse dictámenes con todo esto.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: El único supuesto en el cual aplica mayoría calificada es cuando el Congreso de la Unión insiste en los términos originales en los que fue aprobada la materia legislativa sujeta a veto u observación.
Es el único supuesto. Si se allana, mayoría simple; si modifica, mayoría simple. El único supuesto es cuando el Ejecutivo es vencido por el Congreso del Ejecutivo es vencido por el Congreso de la Unión.
El único supuesto de votación calificada es cuando el congreso decide vencer el veto del presidente. No hay otro supuesto. Si modificamos lo enviado por el presidente en un sentido de solución a lo que nos ha planteado, se requiere mayoría simple.
Si nos allanamos, se requiere mayoría simple. La única votación calificada, insisto, sería si el congreso insistiera en dejar el artículo 32 en los términos en los que fue aprobado.
Es bien importante tener esto en cuenta porque ya podrán ustedes hacer cálculos, aritmética, de que no existen condiciones, por lo menos si el grupo parlamentario, del cual proviene el presidente de la República, respalda las observaciones del presidente; no habría condiciones políticas para insistir, porque no se alcanzaría la mayoría calificada.
REPORTERO: Sí, pero me queda la duda, si no hay mayoría calificada ni mayoría simple, ¿qué pasa?
La mayoría…
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Se tendrían por rechazadas las observaciones.
REPORTERO: O sea, es como si fuera de dos tercios.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: No, a ver.
Tendríamos un dictamen de las comisiones unidas, que puede tener tres sentidos: nos allanamos, modificamos o insistimos. En cualquiera de esos tres escenarios debe haber solución y tendría que votarse las veces que fueran necesarias para poder tomar esa decisión.
Ahora, acuérdense, es mayoría simple, es decir, miembros presentes, mitad más uno. Es como a aprobación de una ley. Es imposible que no haya mayoría. Un voto de diferencia hace la mayoría.
REPORTERO: Sí, pero lo que se va por los dos tercios pueden ser mayoría y dejan en minoría a los que no van por los dos tercios.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Si el dictamen propone insistir, se requiere mayoría calificada.
Si el dictamen propone allanarlo, se requiere un voto de diferencia.
Si el dictamen propone modificar en un determinado sentido, se requiere un voto de diferencia. No existe el supuesto de vacío de una mayoría ¿me explico?
Un voto de diferencia se requiere. En el caso de que tengamos un dictamen, proponiendo insistir, se requiere una mayoría calificada.
¿Qué pasaría con ese dictamen?
Se regresa a comisiones, se tendría reformar en un sentido diferente.
Vamos a suponer que las Comisiones determinan que vamos a insistir en el 32 original:
No se reúne la mayoría calificada, se desecha ese dictamen y se devuelve a comisiones. La Comisión tendría que proponer un dictamen en sentido diverso.
¿Cuáles son los dos sentidos diversos posibles? Allanarnos o modificar. Y para aprobar cualquiera de los dos se requiere un voto de diferencia.
REPORTERO: Buenos días senador. Dos preguntas nada más, muy concretas:
A pesar de que en estos días sacaron muchas leyes contra la corrupción, la percepción de la gente es que este sexenio es de mucha, mucha corrupción, no se acaba.
Entonces la percepción para una mejora y para que se apliquen todas estas leyes, ¿le van a aplicar al siguiente Presidente, a partir del 18, o cree que pueda lograrse mejorar un poco la imagen de los políticos, sobre todo de la presidencia, que es la más golpeada?
Y en una segunda: En este tema de los empresarios, pues también hay mucha percepción de que hay mucha comisión cuando se conceden concesiones, de concesión de carreteras, pases de peajes; e incluso hasta en los gobiernos locales con grúas, parquímetros, etcétera, siempre hay comisiones económicas o un bono para el gobernante en turno.
¿Estas modificaciones no permitirían que los empresarios que hacen eso se pudieran cerrar y se acabara también esa percepción de actos de corrupción de sobornos, o abonos, o como se le quiera llamar?
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: El Sistema Nacional Anticorrupción no sólo tiene como objetivo o propósito castigar la corrupción. Tiene como propósito renovar la legitimidad de las instituciones del Estado Mexicano y mejorar la gestión.
No es solamente un problema de carácter penal sino un tema de alentar la creación de capacidades instituciones para dar respuesta a las expectativas de los ciudadanos. Es mejorar la gestión pública; se trata de construir mejores instituciones.
Y precisamente por eso hay un componente importante de participación de la sociedad civil en la conducción del sistema, tanto en la parte preventiva como en la finalidad de cerrar las brechas de impunidad.
La función, o la misión esencial del Sistema Nacional Anticorrupción es tener mejores instituciones, más creíbles, más legítimas, además de abatir los grados altísimos de impunidad que viven el país y castigar a quien comete un acto de corrupción.
Y con respecto a la segunda pregunta: En efecto, en la medida en la que se aplique la ley, en la medida en la que la aplicación de la ley sea visible, en la medida en que todos veamos que una conducta por menor que sea tiene un orden institucional para resolverla, modificarla o conducirla, en esa medida la impunidad como percepción se irá reduciendo. Y ese es el gran desafío de nuestra institucionalidad.
Y hay que atender tanto la conducta más grave como la conducta más pequeña. Estacionarse en doble fila, debe tener una respuesta del Estado, lo mismo que un acto grave de corrupción.
Así se combate la impunidad, en todas las conductas que afectan la vida social y que de alguna manera generan distorsiones en nuestra convivencia.
Un último tema: se publicó en dos periódicos de circulación nacional una nota con respecto a que el Senado de la República había erogado 140 millones de pesos en pago de resoluciones judiciales por demandas laborales.
Se hace esta afirmación a partir de los estados financieros que publica la Cámara de Senadores y que son parte de nuestras obligaciones.
Me parece muy importante explicar de dónde surge esta información:
La Ley General de Contabilidad Gubernamental obliga al Senado de la República a publicar los pasivos contingentes, obligaciones que eventualmente pueden hacerse cumplibles para el Senado de la República, pero que dependen de un hecho incierto, de un hecho de realización incierta.
No son obligaciones exigibles de manera inmediata. Pueden ser obligaciones exigibles si pasan una serie de cosas:
En el caso de las demandas judiciales, dependería su exigibilidad de una resolución que así nos lo impusiera.
La ley nos obliga a informar sobre los pasivos contingentes. Se trata de un registro contable que se realiza en un asiento que se llama cuentas de orden o memoranda.
Las cuentas de orden no son saldos ni pagos. Las cuentas de orden son registros que le permiten a una determinada, a un ente económico tomar nota de ciertas cuestiones administrativas precisamente para llevar un mejor registro en sus libros.
En cumplimiento de la ley, el Senado de la República publicó el año pasado, en cuentas de orden denominadas demandas judiciales en proceso de resolución, el monto de la sumatoria de las pretensiones litigiosas de aquellas personas que demandan al Senado.
Fueron, el año pasado, 68.5 millones de pesos, todo lo que nos está exigiendo quien demanda al Senado, y este año fueron 71.4. No son saldos insolutos que se suman, es la forma en la que evoluciona la cuenta de orden; cerramos 2015 con 68.5 millones, vamos en el 2016 con 71.4.
Se registran única y exclusivamente para efectos informativos, única y exclusivamente para control contable, no significa ni que el Senado los deba y mucho menos que el Senado los haya pagado.
¿Cuántos laudos hemos pagado o resoluciones judiciales laborales hemos pagado desde octubre de 2015 a la fecha?
Sólo dos: un laudo por 444 mil pesos, de un proceso judicial que inició en 2011 y que terminó en 2016, cinco años después; y el segundo por 13 mil 349 pesos, que si no mal entiendo se debe a un problema de contabilidad de vacaciones. Es decir, que desde octubre de 2015 a la fecha sólo hemos pagado 457 mil pesos por…
Perdón, a 277 mil pesos. Es decir, ese laudo fue de 277 mil pesos, más el segundo de 13 mil 349; con lo cual estamos más o menos en 290 mil pesos, de lo que ha pagado el Senado de la República como consecuencia de una resolución judicial. No son los 140 millones de pesos, es simplemente un registro contable.
Es muy importante insistir en los términos de la conversación entre nosotros con respecto a información que se va a ir publicitando y transparentando, como resultado de la aplicación de las nuevas leyes de transparencia.
Estamos aplicando en todas sus dimensiones, el nuevo régimen de transparencia en nuestro país y empieza a haber información con respecto a la entraña administrativa, contable, presupuestal. Hemos dado instrucciones al área de Comunicación Social y al área de Servicios Administrativos, que cualquier comentario, observación, pregunta que tengan sobre esta información, lo hagan con toda confianza precisamente para evitar este tipo de confusiones, para evitar este tipo de imprecisiones, que no solamente resultan falsas; sino que también en buena medida pueden llevar a la gente que lee esas notas, que revisa esa información, a conclusiones que no se apegan a la verdad.
El Senado de la República no ha pagado ni debe esos 140 millones de pesos. Estamos obligados a llevar ese registro contable, hemos pagado 277 mil pesos, más 13 mil de dos laudos; no estamos en una circunstancia de derrotas sistemáticas de laudos judiciales en el Senado. En 2006 se pagaron 766 mil pesos; en 2010 son…
¿Cuánto es en total?
De 2013 a 2016, se han pagado 2 millones 312 mil pesos, que corresponden a siete juicios iniciados, el más antiguo, en 2006.
Es un dato, una corrección que nos parece importante; y sobre todo subrayar que la información la tenemos que reflejar en estados financieros, precisamente porque el artículo 46, fracción I, inciso f) nos obliga a informar de los pasivos contingentes.
Sí, por supuesto. Con mucho gusto.
REPORTERA: (Fuera de micrófono).
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: ¿Cuándo se genera una litis?
Cuando hay una terminación de una relación laboral, es la baja.
¿Cuándo una persona se incomoda, se inconforma con la relación laboral que tenía? Pues cuando la relación laboral causa baja o termina.
Justamente lo que he explicado es que la ley nos obliga a informar de todos los pasivos contingentes.
¿Cómo se llega a esa cifra? La suma de todo lo que la gente que demanda al Senado aspira a recibir vía resolución judicial. Eso no significa ni que lo hayamos pagado ni que lo debamos.
Y mucho menos se pueden sumar las cuentas de orden de un año a otro, porque no son saldos pagados o insolutos; es una cuenta de orden.
En contabilidad la cuenta de orden es un registro contable que refleja debes o haber, obligaciones o derechos de realización incierta que tiene el único propósito de informar, ilustrar y generar un orden administrativo con respecto a la situación contable general del ente económico.
No son chequeras, no son pagos, no son saldos. Por eso se llaman cuentas de orden.
¿Por qué se hace esa leyenda al final? Porque justamente se trata de pleitos judiciales motivados por terminaciones de relaciones laborales.
REPORTERA: ¿Ahora actualmente cuántos juicios laborales?
ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ: Sesenta y dos.
El caso es, perdón, señor Presidente.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Sí, adelante.
ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ: El año pasado tuvimos 58. Este año se sumaron 4 más, son 62.
Aquí la nota nos está hablando de que se suman los 58 más los 62; no, son 62 juicios que están en curso.
REPORTERA: Okey. ¿Y esos 62 juicios están demandando el total de 71 millones 459 mil pesos?
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Lo que los accionantes demandan en sus 62 juicios como su pretensión es la suma de los 71 millones 400 mil pesos.
REPORTERA: De esos 71 millones 459 mil, ustedes todavía no pagaron todavía un quinto de estos en particular.
Los que ustedes están reportando son de juicios iniciados…
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Concluidos.
REPORTERA: En años anteriores, 2011 entiendo.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Lo que se informe y que represente una carga financiera para el Senado de la República es aquello en lo cual ya existe resolución judicial que nos condena a pagar.
En este caso ni se han perdido los juicios, en este caso no hay condena para pagar y no ha acreditado un juez o que tienen razón de pedir esa cantidad de dinero.
Esa es la diferencia, es un registro contable.
Por eso es importante señalar que de 2013 a 2016, en juicios laborales sólo hemos pagado dos millones 312 mil juicios que empezaron desde 2006. No son los 140 millones ni tampoco los 71 millones, son simplemente el registro contable de todo lo que demandantes están exigiéndole al Senado y por eso se registra, para efecto de orden.
Es una fotografía de las contingencias que puede tener el Senado que no necesariamente significan ni que el Senado vaya a perder los juicios ni que tampoco el juez le vaya a dar la razón en los términos en los que fue formulada la pretensión por parte de que concluyó su relación laboral con el Senado.
REPORTERA: Ahora, senador, de estos trabajadores, de estas demandas que se están presentando, 62 que se están presentando, yo veo de manera muy particular que se sumaron personal de mando que fue despedido y que concluyó en una demanda.
Y ellos están pretendiendo 21 millones (inaudible) ¿cuántas personas de personal de mando son los que están demandando (inaudible)?
ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ: Dentro de esos 62, aproximadamente debe ser entre el 10 y el 12 por ciento de este personal de mando.
Aquí vuelvo a insistir, una cosa es “Yo pido la renuncia”, se le da su liquidación correspondiente, pero posiblemente no esté conforme con su liquidación total, entonces demanda al Senado por equis número de cantidad.
Sin embargo, la resolución no va a ser en contra del Senado porque nosotros cumplimos en derecho con lo que nos obliga la ley, por eso no se pierden tantos juicios, porque cumplimos con lo que marca la ley.
Y algo importante también en ese aspecto, es el hecho de que en la nota periodística también Se dice no solamente de gente de confianza, sino también hasta trabajadores de base, en la nota periodística, podría estar dentro de, no hay hasta la fecha ningún litigio de personal de base.
¿Por qué se pone así la relación? Y es por eso la comunicación que debemos de tener, porque es para todos los trabajadores el derecho, se derecho se da.
Sin embargo, yo podría categóricamente decir que no existe ninguno en este momento de base, ni lo habrá, porque no se ha despedido a ningún trabajador de base bajo estas circunstancias.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Para cubrir, nada más decir que lo pretendido por quien demanda judicialmente al Senado, no es lo debido y en consecuencia no significa que el Senado tenga una contingencia absolutamente cercana a esa cantidad.
La ley nos obliga a reportarla en los términos en los que han sido formuladas las demandas, cuánto piden y así se tiene que reflejar en los estados financieros.
¿Cómo terminará cada juicio?
Dependerá del desempeño que tenga el área litigiosa del Senado de la República y de la resolución del juez. Pero insisto, aun cuando pretendieran miles y millones de pesos, no significa que el Senado los deba.
REPORTERA: (Inaudible, sin micrófono)
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: La respuesta es sí, las 62 personas están demandando globalmente los 71 millones de pesos.
Vamos a suponer que en efecto les dieran la razón, lo máximo que tendría que pagar el Senado son el medio millón de pesos. Eso no significa ni que les vayan a dar la razón ni que tengan razón.
Por supuesto, lo que hay que corregir de lo que se ha publicado es que ni se pueden sumar los saldos de los estados financieros de las cuentas de orden de un año a otro, porque es la misma cuenta, nada más evoluciona en el tiempo, ni tampoco se puede presumir que ya los pagó el Senado.
