Versión estenográfica de la reunión de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda para analizar el proyecto de dictamen que expide las leyes secundarias en materia de combate a la corrupción.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Buenas tardes. Convocamos a esta reunión de Comisiones Unidas para hablar sobre la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Preguntaría, y saludo con respeto a mis amigos presidentes de la Comisión de Estudios Legislativos, al senador Alejandro Encinas; y al senador Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia; y a nuestras secretarias que nos acompañan, si tienen quorum en sus comisiones.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Estamos presentes tres de los cinco integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, por lo tanto tenemos quorum.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, presidente Encinas.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Cuatro, cuatro de los cinco, perdón.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, presidente Encinas.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Por parte de la Comisión de Justicia tenemos quorum para iniciar la sesión.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, presidente Yunes.
En la Comisión de Anticorrupción también hay quorum.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción IV, párrafos I y II; y 133, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se da uso de la palabra al maestro Eduardo Bohórquez López, representante de los promoventes de la iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades, a fin de que exponga el contenido de su propuesta de iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentada por los ciudadanos.
Sean todas las organizaciones bienvenidas a esta reunión de Comisiones Unidas. Sea usted bienvenido maestro Bohórquez, y tiene el uso de la palabra, si quiere hacerlo desde su lugar o si quiere hacerlo aquí enfrente. Donde usted esté más cómodo.
MAESTRO EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Muy buenas tardes y muchas gracias, senador Escudero, por la bienvenida.
Les adelanto, es un mensaje que recupera meses de trabajo de parte de la sociedad civil, les ruego una disculpa por su duración; tratará de ser lo más puntual posible en lo acordado por consenso entre todos los miembros de la academia y de la sociedad civil que han estado alrededor de esta iniciativa ciudadana.
Nos presentamos ante este Senado de la República a raíz de la convocatoria de las comisiones unidas de Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, para exponer la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores públicos y particulares, conocida por la opinión pública como Ley 3 De 3, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley en materia de derechos políticos.
Acudimos con plena conciencia de que nuestra voz es la de más de 634 mil mexicanas y mexicanos que decidieron suscribir esta iniciativa ciudadana, más de 600 mil personas pensamos que este es el momento para transformar a nuestro Gobierno y que la mejor forma para hacer lo es la vía institucional.
Decidimos ejercer nuestro derecho a presentar una iniciativa ciudadana, porque queremos transformar a través de las instituciones, el régimen en el que vivimos y restaurar algo de la confianza que las y los mexicanos deberíamos tener en nuestras autoridades.
Las organizaciones que impulsamos la iniciativa ciudadana Ley 3 De 3, decidimos detener el proceso de recolección de firmas para poder cumplir en tiempo y forma con los plazos y circunstancias que definen el debate legislativo. Sin embargo, si el esfuerzo de la iniciativa ciudadana hubiera continuado unos días más o unas semanas más, no serían cientos de miles, sino probablemente millones los que se habrían sumado con su firma a esta iniciativa.
Esto se debe simplemente a que la iniciativa tocó una herida abierta en el cuerpo social de nuestra República: el hartazgo por la corrupción. Esta herida necesita sanar, por la sustentabilidad del sistema político y la continuidad de la democracia, los mexicanos y mexicanas necesitamos ver cambios y hechos; las leyes no son suficientes para transformar la realidad, pero el diseño actual de nuestras normas e instituciones es el cimiento principal del estado de impunidad que caracteriza a nuestra democracia.
Hoy, senadores, ustedes tienen la oportunidad histórica para atender la raíz principal de ese malestar social que es la corrupción y la impunidad. El movimiento a favor de la llamada Ley 3 De 3, es un esfuerzo de construcción institucional y un simbolismo colectivo de ciudadanos que quieren transformar al país de manera constructiva y con las herramientas que le brindan las leyes del Estado Mexicano.
Dos fuerzas políticas aquí presentes: el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, decidieron hacer suya la iniciativa ciudadana y la presentaron formalmente para su dictaminación correspondiente. Como ciudadanos, reconocemos el compromiso del PAN y del PRD para defender la iniciativa ciudadana en los términos en los que fue redactada por un grupo plural de académicos y especialistas en la materia.
Sabemos bien que la iniciativa ciudadana para una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, es sólo una de las piezas legislativas para integrar un auténtico Sistema Nacional Anticorrupción. Tan sólo en el plano legislativo federal, requerimos modificar más de 30 instrumentos jurídicos, de los cuales estas comisiones unidas dictaminarán tres el día de hoy, tres de estos 30 instrumentos jurídicos.
Estamos atentos al desarrollo del proceso legislativo para el conjunto de las siete iniciativas que componen el primer paquete de legislación secundaria anticorrupción. Daremos seguimiento al resto de los cambios legislativos que permitirán construir un sistema anticorrupción eficaz en todo el territorio nacional y no sólo en el plano federal.
Decidimos presentar la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas como parte de un trabajo mucho más amplio que las organizaciones académicas y sociales han venido realizando por años.
Sin el espíritu crítico de la Academia y de la sociedad civil, seguiríamos discutiendo la creación de una comisión o de una agencia anticorrupción como lo hicimos en 2013, y no un ambicioso paquete de reformas que, como hemos visto en las últimas semanas, generan controversia y debate porque tocan los aspectos neurálgicos de nuestro sistema político.
A diferencia de la creación de un órgano nuevo, el establecimiento de un auténtico Sistema Nacional Anticorrupción requiere un trabajo continuo de perfeccionamiento institucional.
Un Sistema Anticorrupción no se delega a un solo órgano. Es el resultado del trabajo coordinado de todas las dependencias, organismos y entidades que lo conforman.
Porque creemos en la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción, académicos, especialistas y organizaciones civiles hicimos recomendaciones para las siete iniciativas que conforman este primer paquete legislativo.
Hemos compartido con todos los partidos políticos que nos lo han solicitado y con la legisladora independiente, Martha Tagle, nuestras observaciones técnicas para lograr la mejor legislación posible en la materia.
En los meses de marzo y abril, por invitación de legisladores de diferentes fuerzas políticas de todos los partidos, con la excepción del Partido del Trabajo que no nos invitó, participamos en numerosos diálogos técnicos para encontrar el mayor número de coincidencias posibles.
En esos diálogos francos, a veces difíciles e incluso ríspidos, intercambiamos opiniones, tanto en el formato de Parlamento Abierto como en conversaciones formales e informales.
A través de sus comisiones unidas, el Senado invitó a una serie de organizaciones académicas y sociales para la discusión en mesas técnicas, y no solamente el caso de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, sino de un paquete de cinco de las siete leyes secundarias que consideramos indispensables para dar sustento y viabilidad al sistema. Esto lo hicieron estas comisiones unidas, adoptando principios básicos de Parlamento Abierto.
Ante los escasos avances en las mesas técnicas, senadoras y senadores del PAN y del PRD, nos convocaron a grupos de trabajo en los que se revisaron las siete iniciativas de ley.
Dado que PAN y PRD ya habían hecho propia la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, en el marco de este diálogo técnico añadieron nuevas disposiciones.
El trabajo de estas mesas sirvió para acercar posiciones y para formular propuestas que se ajustaran a las mejores experiencias internacionales.
Al conocerse el resultado del trabajo de estas mesas de diálogo, los senadores Cervantes y Escudero, del PRI y del Partido Verde Ecologista de México, invitaron también a las organizaciones académicas y civiles que participaron en los diálogos técnicos con PAN y PRD a realizar el mismo ejercicio.
Para ese diálogo técnico, y en el ánimo de acercar posiciones entre partidos, se tomó como base los documentos elaborados junto con el PAN y el PRD.
Derivado de estos diálogos, los senadores Cervantes y Escudero emitieron un estudio sobre cinco de las siete leyes que componen el primer paquete de reformas anticorrupción.
De inmediato señalamos que si se atendían sólo cinco de las siete leyes de este paquete legislativo, el primer ciclo de reformas quedaría inconcluso.
En las últimas semanas, diferentes senadoras y senadores han pedido la opinión de las organizaciones civiles y académicas sobre el contenido de las iniciativas de ley correspondientes a la creación de la Fiscalía Anticorrupción del Código Penal y también de la Ley de Fiscalización. Cada una de esas consultas ha sido atendida por las organizaciones promoventes.
Como enlace de las organizaciones académicas y civiles con este Senado de la República, doy cuenta de que ninguna invitación a un diálogo técnico con legisladores sin importar su partido fue desatendida por esta coalición cívica.
Sin importar el día o la hora, los especialistas y académicos estuvieron presentes para aportar, debatir o cuestionar los productos legislativos y, por supuesto, para tomar en consideración también las observaciones recibidas en el ánimo de fortalecer la iniciativa ciudadana.
En cada reunión explicamos y defendimos cada uno de los artículos propuestos su mérito técnico, y cada uno de los aspectos que consideramos el centro de nuestra propuesta legislativa.
Todos, todos los documentos y opiniones técnicas que hemos preparado en este proceso son públicos y están a disposición de la sociedad en la página web del Senado de la República.
Conscientes de que las organizaciones académicas y civiles no negocian, no legislan, no votan en el Congreso ni toman partido político, hemos acercado información y conocimiento a quien ha estado dispuesto a intercambiar estudios, experiencias internacionales y posturas técnicas.
La última palabra, sin embargo, la tienen ustedes como representantes populares encargados de dictaminar y votar estas iniciativas.
Queremos que el Sistema Nacional Anticorrupción responda a la exigencia social del pasado proceso electoral. Un sistema que sea capaz de desarticular redes de corrupción y no sólo que hable de la posibilidad de la posibilidad de imponer sanciones más severas.
Queremos un sistema con mecanismos de investigación de la Auditoría Superior de la Federación. Un Sistema Anticorrupción que no deje un solo peso público sin apropiada fiscalización.
En pocas palabras, queremos un Sistema Anticorrupción que funcione en todo el país de manera coherente, consistente y efectiva. Un sistema que aprenda de sus errores y los corrija inmediatamente.
Ya no un conjunto de instituciones fragmentadas, sino un auténtico sistema para prevenir, investigar y sancionar la corrupción de empresas y de servidores públicos.
Sobre la iniciativa ciudadana Ley 3DE3.
La iniciativa ciudadana Ley 3DE3, como propuesta de Ley de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos y los particulares, es parte central del nuevo enfoque anticorrupción que demandamos para México.
Desde su diseño, la iniciativa ciudadana fue concebida como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. La iniciativa ciudadana no debe verse como una pieza aislada del sistema, sino como parte medular para la operación del mismo.
En su corazón, la iniciativa ciudadana busca construir un marco jurídico donde tanto los servidores públicos como los particulares, sean individuos o empresas, sean sancionados cuando participen de actos de corrupción en el ámbito administrativo.
Un marco jurídico que considera la promoción de una política de integridad, así como de prevención y corrección de actos de corrupción.
Un marco jurídico que aclare cuáles son las conductas que deben ser consideradas como corrupción y que las sancione a través de un órgano independiente que las investiga y otro que las sanciona.
Un marco jurídico que posibilite tanto la sanción de servidores públicos como la desarticulación, insisto, como la desarticulación de redes de corrupción tanto en el ámbito público como privado, utilizando al máximo la posibilidad de que sean los propios integrantes de la red de corrupción quienes denuncien a sus pares.
Un marco jurídico que sancione efectivamente la falsedad de declaraciones, en particular sobre el conjunto de declaraciones que permite dar seguimiento a la evolución patrimonial del funcionario público, a los intereses personales que pueden entrar en conflicto con sus decisiones públicas y a la consistencia de estas declaraciones con las declaraciones de impuestos que hace el funcionario público.
La iniciativa Ley 3DE3 no se limita a la publicidad de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos, se compone de más de 90 artículos que buscan crear un nuevo marco jurídico de responsabilidades para los servidores públicos y las empresas en México.
No obstante, la verificación y publicidad de las tres declaraciones no debe minimizarse. Un importante número de ciudadanos lo ha entendido así y es por ello que brindó su apoyo a esta Iniciativa Ciudadana.
Es por esta razón que firmaron la Iniciativa y la razón de muchos de los debates que dentro y fuera del proceso electoral hemos tenido como sociedad durante estas semanas.
El gobierno no puede ni debe ser el espacio para la elusión o la evasión fiscales, para la simulación en los salarios, ni para gobernar con otro interés que no sea el interés público.
Por eso en la Iniciativa Ciudadana Ley 3 de 3, no se limitó a impulsar la publicidad de las tres declaraciones sino a buscar que hubiera consecuencias para quienes mintieran al presentarlas y/o publicarlas.
En mayor, por ejemplo, los servidores públicos de todo el país tuvieron que presentar una sola de las tres declaraciones.
Esta declaración que desde la sociedad civil insistimos no sólo se debe de presentar sino que también debe hacerse público su contenido, es la Declaración Patrimonial.
Desde los primeros días de junio, en el archivo documental de algún órgano de control interno del país, está depositada si se cumplió a tiempo la obligación de hacerlo, una declaración sobre la evolución patrimonial de cada servidor público que tiene la obligación de presentarla.
Lamentablemente esta Declaración Patrimonial hoy, no va a ser utilizada para investigar o sancionar potenciales actos de corrupción.
Ninguna autoridad hará una validación de la Declaración Patrimonial.
Nadie cruzará su información con la declaración de impuestos.
Nadie verificará si en el Registro Público de la Propiedad hay activos no declarados por el servidor público.
La Declaración Patrimonial, como la conocemos todavía al día de hoy, quedará resguardada a veces en formato digital, muchas veces en papel y ninguna autoridad hará con ella otra cosa que procurar su resguardo.
En ese contexto, si por algún motivo algún funcionario público falseó, omitió, ocultó información respecto a su patrimonio, su cónyuge o dependiente económico no hay en el régimen vigente forma de saberlo ni sanción alguna de este mal comportamiento.
Los legisladores, por ejemplo, han presentado su Declaración Patrimonial sin que la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados o el Órgano Interno de Control, para el caso de esta Cámara de Senadores, haya verificado el contenido de las mismas y en caso de haber encontrado irregularidades en esa Declaración, haya iniciado algún proceso administrativo para sancionarlas.
Lamentablemente lo mismo ocurre con el Poder Judicial y con la Judicatura. Situación similar ocurre en los demás niveles de gobierno y en el resto de los entes públicos del país.
Es porque no tenemos un sistema para monitorear efectivamente la situación patrimonial, estas declaraciones patrimoniales e insistimos en que las 3 declaraciones deben ser obligatorias para todos los servidores públicos del país y que debe existir una versión pública para cada una de estas declaraciones.
Ha sido por la inacción del Estado para verificar el contenido de la Declaración Patrimonial e iniciar procesos de irresponsabilidades que ha sido necesario promover su publicidad.
Por eso, además de la verificación aleatoria de las tres declaraciones, se deben considerar verificaciones obligatorias en áreas de riesgo para los intereses del Estado Mexicano.
Es decir, en los ámbitos en los que la autoridad haya detectado mayor proclividad a situaciones de corrupción como aquellas áreas encargadas de concesiones, permisos y contrataciones públicas.
Para quienes promovemos la publicidad de las declaraciones no es motivación alguna la curiosidad o el morbo.
Creemos; creemos en la protección de datos personales y en la privacía de las personas.
Demandar versiones públicas de las tres declaraciones no es un intento por ridiculizar o llamar al escarnio a la clase política y a los funcionarios públicos, nada más lejos de nuestro propósito.
Nos mueve la conciencia de que hasta ahora las declaraciones patrimoniales sólo han servido para ampliar el catálogo de obligaciones de los servidores públicos y al día de hoy no constituyen un mecanismo que prevenga la corrupción mediante el uso de instrumentos de inteligencia, análisis de datos y cruce estadístico de la información en poder del Estado.
Tan solo en el proceso electoral reciente, la posibilidad de comparar las declaraciones patrimoniales públicas que estaban en la Plataforma Ciudadana 3 de 3, con los registros de la propiedad dentro y fuera de México, tan solo eso abría un intenso debate sobre cuál era el verdadero patrimonio de los candidatos y las candidatas a gobernar 12 estados del país.
Si la información de las tres declaraciones: impuestos, intereses y patrimonio no cuadra, el servidor público vive en un estado permanente de dudosa legalidad que incrementa el riesgo a ser parte de otros actos igualmente irregulares.
Si el servidor público vive en lo individual, en una zona gris donde intereses, ingresos e impuestos no coinciden, ¿cómo pedirle a este servidor público que sea un referente para la integridad de las instituciones?
Sabemos que existen buenos servidores públicos, que asumen sus responsabilidades conforme a la ley y cumplen con respetar el Estado de derecho. No obstante, estos funcionarios carecen de un instrumento que pueda dignificar su función pública ante los ojos de la ciudadanía.
Eh ahí el propósito complementario de la exigencia de publicidad de estas declaraciones, al tiempo que sirven para acotar espacios de corrupción, fortalecen la rendición de cuentas, también tienen el beneficio de dignificar la función pública en un contexto nacional en el que hoy lamentablemente para muchos mexicanos ser servidor público es sinónimo de deshonestidad.
Hay países que publican información de los servidores públicos de forma exhaustiva.
Noruega o Chile, por ejemplo, en nuestro continente; y países que al menos hacen público el ingreso anual por el que los funcionarios públicos pagan impuestos, ya sea que provengan de su propio empleo o no, como en el caso de Indonesia.
La publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses es una tendencia internacional en más de 70 países, a los que tan solo el mes pasado se han sumado ya: Colombia y Argentina.
En un país donde los gobernadores enfrenten consecuencias penales por sus actos, donde el presupuesto se asigna a los proyectos con mayor impacto social y no los que llevan un “moche” de por medio; en un país donde se previenen y sancionan los conflictos de intereses y el tráfico de influencias, la publicidad de la declaración patrimonial, de la declaración de impuestos, de la declaración de intereses sería innecesario y redundante.
Senadoras, senadores:
Al invitar a la ciudadanía a respaldar la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, la ciudadanía conoció los formatos utilizados en la versión voluntaria de esta plataforma cívica ubicada en tresdetres.mx. Fue esa versión pública de las declaraciones la que decidieron apoyar y la que pidieron que presentáramos al Congreso.
En las últimas semanas hemos buscado acercar la posición del Senado a la propuesta ciudadana. Hemos avanzado, y hay que decirlo, hemos avanzado mucho.
Hoy, queremos dejar constancia de que todas las fuerzas políticas en el Senado han incorporado la obligación de presentar las tres declaraciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas. También que la presentación de estas tres declaraciones debe convertirse en una obligación de todos los servidores públicos del país en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno.
Hemos visto que hay disposición a establecer mínimos obligatorios en la Ley de Responsabilidades en términos de publicación de información.
Sin embargo, los esfuerzos para acercar la propuesta legislativa a la expectativa social son claramente insuficientes.
Por eso, senadoras, senadores, proponemos que este Senado de la República y que el Congreso Mexicano abrace la Iniciativa Ciudadana 3 de 3 con los formatos que han sido utilizados ya por más de 700 candidatos y servidores públicos en todo el país, formatos que han sido utilizados por 22 gobernadores y gobernadores electos, formatos que han sido utilizados por 6 gabinetes estatales enteros de todos los partidos políticos.
Proponemos que el Congreso agrace esta Iniciativa en los términos de sus formatos porque son los que la opinión pública conoció y promovió alrededor de esta Iniciativa Ciudadana.
Y también proponemos que sea en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Ciudadano quien proponga al Comité Coordinador, los formatos que anualmente se utilicen y las versiones públicas de los mismos.
Quiero dejar constancia que además de las 634 mil personas que firmaron esta Iniciativa, el día de hoy se encuentran presentes como parte de esta coalición ciudadana y quienes suscribimos este mensaje:
Javier Angulo, profesor investigador del CIDE; Óscar Arredondo, de FUNDAR, Guillermo Ávila, de FUNDAR; Mercurio Cadena, del CIDE; Enrique Cárdenas, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias; María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Enrique Díaz Infante, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias; Marco Fernández, de México Evalúa, y de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
De Sergio Huacuja, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados; Max Kaiser, del IMCO; Francisco López, de COPARMEX; Sergio López Ayllón, del ICDE; Mauricio Merino, de la Red por la Rendición de Cuentas; Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas, María Elena Morera, de Causa en Común; Juan Ernesto Pardinas Carpizo, del IMCO.
Aidé Pérez Garrido, de FUNDAR; Alejandro Ríos, de COPARMEX; José Roldan Xopa, del CIDE; pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y las 634 mil personas que suscribieron con su firma la presentación ante ese Senado, de la Iniciativa Ciudadana Ley 3 de 3.
Muchas gracias.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias maestro Eduardo Bohórquez y muchas gracias a todos los de las organizaciones civiles que hoy nos acompañan y que usted ha mencionado.
Muchas gracias por el trabajo que se han puesto y por el gran esfuerzo que han hecho.
Por acuerdos de las mesas directivas de las Tres Comisiones, se declara un receso y pedimos a Servicios Parlamentarios que acompañen a nuestros amigos de la sociedad civil que se retiren, o los que deseen quedarse son bienvenidos.
Muchas gracias.
(R E C E S O)
