Versión estenográfica de la intervención del senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, durante la reunión con organizaciones de la sociedad civil.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muy buenas tardes tengan todos ustedes.
Bienvenidos al Senado de la República.
Me quiero unir a las felicitaciones que han expresado mis compañeros, senadoras y senadores, por todo el esfuerzo cívico que han realizado a lo largo del tiempo.
Por la decisión de encabezar una causa de justicia de derechos humanos.
Por tomar la Iniciativa de provocar un cambio en la racionalidad de las políticas públicas en torno a las drogas, pero también por hacer un llamado a la sensatez, que es justamente lo que nos está faltando en nuestro país en cuestión del tratamiento de las políticas de drogas y la aproximación a los temas de drogas: sensatez, sentido común.
No solamente es un tema de derechos humanos: el derecho de consumir, de decidir el propio plan de vida, de decidir sus propias conductas, sino también es un asunto de justicia.
La política prohibicionista que lleva ya prácticamente 5 décadas, ha fracasado en todos sus objetivos. No ha servido para disuadir el consumo, ni tampoco ha servido para controlar la oferta. Pero sí ha sido ocasión para provocar violencia y profundas injusticias.
No solamente la limitación del ejercicio individual de una libertad, del desarrollo pleno de la propia personalidad, sino también injusticias que pagan los más vulnerables.
Injusticias desde la criminalización de consumidores hasta la falta de acceso y de disposición de medicamentos y de elementos terapéuticos para atender una enfermedad, para atender un padecimiento.
Yo entiendo de algunos el temor que implica asumir una posición en este tema:
El temor a pagar los costos políticos; también el temor de que una decisión equivocada pueda provocar efectos o daños sociales mayores.
Lo que me queda muy claro es que nada puede estar peor; nada puede estar peor.
Creo que ya hemos aprendido mucho a lo largo del tiempo. Y creo que tenemos enormes campos de oportunidad para hacer las cosas mejor, para cambiar la aproximación de las políticas públicas, imprimirles sentido de justicia, asumirlas, construirlas y aplicarlas desde la perspectiva de los derechos humanos y darle un poquito más de sensatez a la intervención del Estado en el comportamiento individual de las personas.
El 10 por ciento de la población penitenciaria federal está ahí por delitos asociados a la posesión.
El uno por ciento de la población penitenciaria, alrededor de 2 mil 500 personas, están ahí precisamente por portar en una cantidad superior a los 28 gramos; perdón, a los 5 gramos, durante los 5 y 28 gramos. Perdón.
Son personas que pudieran recuperar su libertad de manera inmediata si tomamos una decisión legislativa.
Porque no hay ninguna razón de justicia que explique que están ahí, ni tampoco hay ninguna razón por la cual deban seguir estando ahí.
Resolver el problema del acceso al medicamento, como se denomina el uso medicinal o terapéutico de la marihuana, no puede ser a través de cualquier modelo.
Tenemos que encontrar un modelo que incentive ciertamente la investigación, que incentiva también los usos y aplicaciones, que genere mayor información para que la propia industria farmacéutica y de paliativos genere mejores aplicaciones, pero sobre todo que garantice la disposición y el acceso efectivo de quienes lo necesitan.
Si nos equivocamos en el modelo de usos medicinales y terapéuticos y lo hacemos estrictamente rígido, no lograremos el objetivo que estamos planteando.
Ciertas restricciones pueden provocar no solamente que el mercado de nuevas aplicaciones terapéuticas o medicinales sean capturadas por agentes económicos y que reproduzcamos los problemas que tenemos en tabaco o en alcohol, sino también que al final de cuentas el objetivo de garantizar el acceso no se cumpla.
Por el otro lado, no dar el paso en la eliminación del pretexto a la criminalización simplemente va a recrudecer los círculos de violencia que vivimos en el país.
No podemos dar únicamente un paso asumiendo que hay que lograr lo posible. Hay que trabajar por lo deseable.
Y lo deseable no solamente es que exista acceso a medicamentos por parte de quienes lo necesitan.
Lo deseable es que recuperen su libertad consumidores.
Lo deseable es que nadie sea extorsionado por consumir.
Lo deseable es que nadie entre a una interacción violenta en el mercado negro de las drogas, a propósito de su deseo de consumir.
Lo importante es saber utilizar los instrumentos del Estado para obtener y alcanzar objetivos sociales y el instrumento del derecho penal es contraproducente cuando se trata de comportamientos de consumo y ejercicio de los derechos humanos.
Ninguna persona debe estar en prisión por ejercer sus derechos y por usar sus libertades. Y de eso se trata esta discusión, de eso se trata esta discusión.
Se trata de recomponer políticas públicas, se trata de imprimirle racionalidad y proporcionalidad a la intervención del Estado en las decisiones de vida de las personas, se trata de disuadir el enorme y potente mercado negro que existe en nuestro país, se trata de desalentar la acción criminal, se trata de evitar que quienes hoy no tienen acceso a un medicamento, lo tengan y puedan tener una mejor calidad de vida.
Si hay una razón por la cual esta discusión inició en el Senado de la República y si hay una razón por la cual muchos legisladores aquí presentes, han presentado iniciativas al respecto, es porque hubo un testimonio, porque hubo un caso, porque hubo una conversación, porque vimos una situación de injusticia; y eso es lo que motivó que muchos de nosotros presentáramos una iniciativa.
Ojalá que el cálculo político electoral no sea pretexto para hacer lo que tenemos que hacer, para hacer lo correcto; y lo correcto es un viraje en la política pública con respecto a las drogas, empezando por la marihuana.
La droga que más se consume, la sustancia que más se consume y la sustancia que se ha probado a través de evidencia empírica, que causa daños marginales y relativos a la salud; que hay otras sustancias que causan mayores daños a la salud y son lícitas; que se requiere otro tipo de aproximación a los problemas de consumo, que se requiere otro tipo de aproximación para que no tengamos a jóvenes que son atrapados por las drogas y no tienen una segunda oportunidad en nuestro país.
Tengo un hijo de 16 años y cada vez que me planteo a mí mismo el tema de las drogas, yo sólo llego a una conclusión: que la responsabilidad de cuidarlo y de alejarlo de las drogas es mía; pero que si algún día él, por imitación, por alguna decisión personal lo hace, que tenga una segunda oportunidad y que no termine truncada su vida en la prisión, porque no hay ninguna persona que por sus decisiones individuales merezca terminar de truncar su vida en una prisión.
No hay nadie que salga de prisión con un mejor horizonte de vida, al contrario, en la prisión se rompen los círculos de amor, de solidaridad, el tejido social. Cada persona que está en prisión es una familia destruida, cada persona que está en prisión es un proyecto de vida frustrado.
Como decía el senador hace un momento, Mario Delgado, les agradecemos que hayan venido, pero les pedimos que no se vayan. Estoy seguro que los aquí presentes vamos a dar la batalla hasta el último momento. Y estamos también convencidos y optimistas de que vamos a convencer a algunos, si ustedes nos ayudan, a lo mejor y convencemos a una mayoría.
Por su atención, muchísimas gracias y de nueva cuenta bienvenidos al Senado.
