SESIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2016.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH
ÍNDICE
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA.
PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INICIATIVAS
PROPOSICIONES
INTERVENCIONES
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza
Senadora Angélica de la Peña Gómez
Diputado Emilio Enrique Salazar Farías
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN POR LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ
INTERVENCIONES
Senadora Angélica de la Peña Gómez
Senadora Graciela Ortiz González
Diputada Yahleel Abdala Carmona
Senador Jesús Casillas Romero
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN POR LA SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN POR EL DIPUTADO JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
INTERVENCIONES
Senador Jesús Casillas Romero
Senadora Angélica de la Peña Gómez
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN AL ESTADO DEL PROCESO DEL SEÑOR JOAQUÍN GUZMÁN LOERA
INTERVENCIONES
Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza
Diputado Emilio Salazar Gómez Farías
Senadora Angélica de la Peña Gómez
Diputado Federico Döring Casar
Diputado Edgar Romo García
Diputado Guadalupe Acosta Naranjo
Senador Miguel Barbosa Huerta
Iniciativas, proposiciones y efemérides
SESIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2016.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:43 horas) Procederemos al pase de lista de asistencia.
La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Vamos a proceder al pase de lista de las y los señores legisladores que no registraron asistencia en el sistema electrónico. (Pasa lista)
Informo que se tienen registrados 33 legisladoras y legisladores.
Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 11 de mayo de 2016 correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio.
El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy.
Si algún legislador requiere la edición impresa, solicítela, por favor, a la Secretaría Parlamentaria.
En su monitor también pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta.
El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta.
La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión de instalación.
Quienes estén por la afirmativa, por favor levanten la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobada el acta, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda la Secretaría con el siguiente asunto, por favor.
La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite similar de la Secretaría de Economía, por el que comunica el estado que guarda el proceso de contratación de las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones externas durante 2016, a cargo de esa dependencia.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicha documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a las comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
En el apartado de iniciativa, se concede el uso de la palabra a la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del PRI, un proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Título Décimo Quinto del Libro Segundo y se le adiciona un Capítulo Sexto al Código Penal Federal.
Proceda Diputada.
La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia.
Honorable Asamblea: Me permito presentar una iniciativa con el objeto de tutelar la privacidad sexual como parte de los derechos sexuales ante el uso desmesurado de las redes sociales y el Internet.
Y es que la privacidad sexual implica el derecho a tomar decisiones y conductas individuales sobre los comportamientos sexuales realizados en el ámbito de la intimidad, siempre y cuando no interfieran en los derechos sexuales de los otros.
Esta privacidad es vulnerada cuando una persona ajena interfiere en el libro desarrollo sexual de otra, ya que actúa con dolo al hacer pública su intimidad en un entorno virtual.
En los últimos años ha estado ocurriendo un fenómeno, principalmente entre los jóvenes, conocido como el sexting. Éste comienza con el envío de contenido de tipo sexualmente explícito mediante el uso de teléfonos móviles, producidos generalmente por el propio remitente y que en algún momento, bajo diversos supuestos como el descuido, la falta de control sobre estos contenidos, el robo de computadoras, teléfonos móviles o dispositivos de almacenamiento, otro individuo tiene acceso a ello.
Por otra parte, la ruptura en una relación de pareja ha propiciado que se cometan casos de pornografía de venganza, el cual atenta contra la privacidad sexual.
En México han ocurrido casos de figuras públicas que se han visto afectadas por este tipo de conductas y, en muchos otros, en que las víctimas son jóvenes adolescentes que son exhibidas en las redes sociales en situaciones que atentan contra su dignidad.
El objetivo de esta iniciativa es proteger con un bien jurídico la privacidad sexual, sobre todo el de las mujeres principales afectadas por esta forma de violencia cuyos daños y consecuencias representan para la víctima daños psicológicos, estigmas y discriminación que la puede llevar incluso hasta el suicidio.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, señora Diputada.
Ruego a la Asamblea guardar el orden para poder escuchar la presentación de la iniciativa.
Continúe señora Diputada, por favor.
La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Insisto, el objetivo de la presente iniciativa es proteger como un bien jurídico la privacidad sexual, sobre todo a las mujeres que son las principales afectadas por esta forma de violencia cuyos daños y consecuencias representan para la víctima daños psicológico, estigma y discriminación que le puede llevar incluso hasta el suicidio, tal como lo han alertado el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas recientemente sobre el ciberacoso en cualquiera de sus modalidades.
Para ello se propone modificar la denominación del Título Décimo Quinto del Libro Segundo y adicionar un Capítulo Sexto denominado “contra la privacidad sexual”, que comprende el artículo 276 Ter al Código Penal Federal para establecer que comete el delito contra la privacidad sexual quien o quienes publiquen, difundan o compartan a través de cualquier medio electrónico imágenes, audios o videos sobre la vida sexual de una persona sin su consentimiento, para lo cual se impondrá una pena de prisión de 2 a 4 años; además, cuando en la publicación o difusión sin el consentimiento esté involucrado un individuo que tenga o haya tenido alguna relación sentimental afectiva o de confianza con la ofendida o el ofendido, la pena se va a incrementar o va aumentar hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo.
Para este delito se procederá contra el sujeto activo a petición de parte ofendida o de sus representantes. Actualmente es importante comentarles que en 27 estados de la Unión Americana ya se han aprobado leyes que tipifican el fenómeno de la pornografía de venganza; asimismo, también existen otros países como Filipinas, Francia, Alemania y el Reino Unido, que también han legislado en esta materia; siendo en el 2014 también Israel el primer país en hacerlo.
Y por eso ante este escenario México requiere ponerse a la vanguardia en la protección de la privacidad sexual como bien jurídico de las adolescentes y también de las mujeres, considerando que también puede haber hombres que sean víctimas de estas conductas.
La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano, por lo que proteger su privacidad debe favorecer al ejercicio de una vida íntima plena.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Le pregunta el Senador Jesús Casillas si acepta que se adhiera a su iniciativa, Diputada Botello.
Tome nota la Secretaría de la adhesión del Senador Jesús Casillas.
Tome nota la Secretaría de quienes están solicitando adherirse a la iniciativa.
Ruego a la Asamblea su atención.
El día de hoy nos visita el honorable Senador Révérien Ndikuyiyo, Presidente del Senado de la República de Burundi, y del señor Bernard Nifasha, Consejero del Presidente del Senado.
Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República, señor Presidente.
(Aplausos)
Se concede el uso de la palabra a la Diputada Genoveva Huerta Villegas, a nombre de la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley General de Turismo.
La Diputada Genoveva Huerta Villegas: Con su permiso, Senador Presidente.
Señoras y señores legisladores: El derecho humano al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, representan elementos que aseguran el desarrollo integral de todo ser humano en aras de fomentar su potencial en beneficio de la sociedad.
Este irrefutable hecho se encuentra reconocido en los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 fracción d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los que México es parte.
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios o profesionales. Es una actividad a la que todos deben de tener acceso para lograr el total desarrollo de la persona y fomentar el intercambio cultura, generando con ello fenómenos exitosos de integración social.
Esta situación se contempla en el Código Ético Mundial para el Turismo, suscrito por la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo, el cual es un marco de referencia para el turismo responsable y sostenible, pues contiene un conjunto de principios que sirven para guiar el desarrollo del turismo y como marco de referencia para los diferentes actores en el sector turismo.
En dicho código se contempla, en su artículo 7, el derecho al turismo como consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantiza en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Para poder dar cumplimiento a los compromisos internacionales de México necesitamos, o es menester de esta legislación, se reconozca el derecho al turismo que todo individuo tiene para el desarrollo pleno de su personalidad. El turismo en nuestro país es una actividad que contribuye a la disminución de la pobreza y mejora la calidad de vida de todas las personas, pues detona el desarrollo económico y social.
El turismo representa la tercera fuente de ingresos para nuestro país. A finales de 2015, México captó más de 31 millones de visitantes e ingresos que superan los 17 mil millones de dólares.
Por tal motivo, la propia Ley General de Turismo señala que los procesos que se trata de una actividad prioritaria nacional; sin embargo, en todo su articulado no contempla una referencia o concepto sobre el derecho al turismo quedando atrasados conforme a los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte.
En ese sentido, la reforma propuesta pretende el reconocimiento del derecho al turismo como parte de un derecho humano justamente con el objetivo de que nuestro marco jurídico atienda de forma puntual aquellos elementos que aseguren el principio pro-persona en beneficio del crecimiento y desarrollo de toda la sociedad sin discriminación alguna.
Señoras y señores legisladores: Para Acción Nacional, la difusión del turismo nacional e internacional debe entenderse como una de las mejores expresiones del continuo crecimiento del tiempo libre. Por tanto, el derecho al turismo debe ser respetado y reconocido en nuestra legislación en concordancia con los instrumentos internacionales.
Es por lo anteriormente expuesto que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la Ley General de Turismo con el objetivo de reconocer el derecho al turismo, entendido como la posibilidad que tiene todo individuo de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país, abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta.
Asimismo, debe considerarse como consecuencia del derecho a la limitación razonable de la educación del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantizan de conformidad con la legislación nacional y los tratados internacionales.
Con esto se pretende fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística y hacer que todas las modalidades turísticas se consideren como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades.
En el PAN estamos convencidos de que a través de esta propuesta nuestra legislación abordará de manera puntual el fomento al turismo en nuestro país. El tiempo que permitirá el desarrollo pleno e integral de todas y todos los mexicanos.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se turna a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.
Se concede el uso de la tribuna al Diputado Francisco Javier Pinto Torres, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El Diputado Francisco Javier Pinto Torres: Buenos días. Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores: No sin antes, si me lo permiten, felicitar a todas nuestras compañeras y a todas las madres de este país por su día social el día de ayer.
¡Felicidades a todas las Senadoras y Diputadas que tienen esa bendición!
La salud pública en México se encuentra gravemente amenazada. Los altos índices de contaminación del aire que durante los últimos meses se han registrado en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, provocan serios padecimientos en los ciudadanos.
La salud es un derecho fundamental de todo individuo, así como también el disfrutar de un medio ambiente sano, derechos que no pueden garantizarse ante las condiciones de contaminación ambiental que actualmente se tienen y que han obligado a implementar la fase 1 del programa de contingencia ambiental.
En Nueva Alianza somos un partido preocupado y ocupado en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello la protección de la salud y del medio ambiente es un compromiso que asumimos con la mayor responsabilidad.
En congruencia con ese compromiso, presento a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 112-Bis, 112-Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de crear un Consejo Nacional de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica.
La contaminación atmosférica no es privativa de la Ciudad de México, ni de la llamada Megalópolis; es un problema que afecta a toda la nación.
De acuerdo con el Informe Nacional de Calidad del Aire 2013, y refiriéndonos únicamente al ozono, sólo en Ciudad Juárez, Mérida, Chihuahua y Celaya se cumplió con la norma de ozono al no registrar concentraciones superiores tanto en el límite de una hora, como en el de ocho horas.
Dicho documento señala además que de acuerdo con el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, se estima que la contaminación del aire en México con material particulado, fue la causa de cerca de 20,500 muertes en 2010, ocupando el noveno lugar en factor de riesgo, cifra por demás alarmante que aún desde hace tres meses estamos padeciendo, una crisis de contaminación atmosférica que no se veía en más de diez años.
Existe suficiente evidencia toxicológica y epidemiológica sobre los daños de la salud que ocasiona la exposición a los contaminantes en el aire.
No obstante, las medidas que el Estado ha implementado para contener el daño ambiental y proteger la salud de la población, los números nos muestran que estas acciones no son suficientes.
El estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, reveló que durante el año 2010 se hubiera podido evitar un total de 2,170 muertes prematuras de cumplirse con las normas de la Organización Mundial de la Salud.
Ante este panorama es fundamental que el gobierno tanto en el ámbito federal, estatal y municipal, promueva, desarrolle e instrumente, actualice y cumpla normas que permitan tratar de manera integral el problema de la contaminación atmosférica.
En este sentido es que consideramos prioritario crear el Consejo Nacional de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, para que de manera transversal se busquen soluciones factibles y eficaces para mitigar los altos niveles de contaminación en el aire.
Este consejo estará integrado por los gobiernos de las 32 entidades federativas, el Presidente de la República, las Secretarías de Salud y sus homólogos a nivel estatal, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus organismos descentralizados.
Dicho consejo también contará con especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, a fin de que se analicen y establezcan las medidas y acciones pertinentes para erradicar los altos niveles de contaminación atmosférica en todas las ciudades del país.
Compañeras y compañeros: La crisis ambiental nos exige actuar de manera inmediata. Debemos propiciar políticas públicas que de manera eficaz protejan la salud de los ciudadanos, combatan el deterioro ambiental y reduzcan los altos índices de contaminación que día a día enfrenta nuestra sociedad.
Estoy seguro que todas y todos ustedes comparten nuestra preocupación. Por eso confío en que apoyarán esta propuesta y que además entre todos juntos haremos que este México se pinte mejor.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Diputado Virgilio Dante Caballero, para presentar a nombre de la Diputada Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario Morena, un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El Diputado Virgilio Dante Caballero: Gracias, Presidente.
Compañeros y compañeras: La Organización Internacional del Trabajo define seguridad social como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte.
El principal objetivo perseguido por la seguridad social es velar porque las personas que están en la imposibilidad de obtener un ingreso o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus necesidades proporcionándoles a tal efecto recursos financieros o determinados bienes o servicios.
En México la seguridad social se ha convertido en uno de los principales instrumentos de combate a la pobreza en general y para mejorar las condiciones de vida de determinados grupos de la población.
Así el sistema público de seguridad social del país incluye instituciones federales, estatales, empresas paraestatales y otros organismos sociales, pero recae casi por completo en dos instituciones: el Instituto Mexicano del Seguro Social creado en 1942, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, instituido en 1960.
Particularmente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con lo establecido en la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución, está encargado de proporcionar los servicios de seguridad social a los trabajadores que presten sus servicios a los Poderes de la Unión; cubre de manera obligatoria un conjunto de 21 prestaciones, tres de ellas médicas, seis sociales y doce económicas, las cuales abarcan servicios médicos, riesgos de trabajo, pensiones, ahorro para el retiro, préstamos, vivienda, servicios sociales y culturales.
Sin embargo, actualmente la ley segundaria que reglamenta el funcionamiento del instituto, impide el pleno ejercicio universal del derecho social que corresponde a cualquier trabajador que preste sus servicios al Estado, puesto que las personas que presten esos servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, y que perciben sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de rayas, pero no hayan laborado por un período mínimo de un año, no son considerados como trabajadores para los efectos de la Ley del Instituto, por lo cual no son integrados al régimen de seguridad social previsto en la ley.
La fracción XXIX del artículo 6 y del Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto, restringe del derecho a la seguridad social, ya que anteponen un requisito administrativo de temporalidad para hacer efectivo el derecho de la seguridad social y con ello se crea una forma de discriminación laboral en detrimento de un sector de trabajadores al servicio del Estado que tienen que haber laborado por un periodo mínimo de un año para ser considerados trabajadores y, por ende, sujetos a la seguridad social.
Esto no puede ser aceptado por un Estado moderno, es necesario eliminar cualquier requisito que impida a las y los trabajadores al servicio del Estado, disfrutar desde el inicio de sus funciones los beneficios de la seguridad social.
La seguridad social es un derecho reconocido en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor conocido como Protocolo de San Salvador.
Incluso, es necesario mencionar que existe jurisprudencia en materia laboral que establece que independientemente de la forma en la forma en que perciben emolumentos los trabajadores al servicio del Estado, en su relación con el Estado, se configuran los supuestos necesarios para el establecimiento de la relación laboral, por ende, dicha persona trabajadora debe contar con todos los derechos inherentes a la misma que se hayan consagrados en la Constitución.
Reformar las leyes para hacerlas compatibles con el precepto constitucional, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y de la jurisprudencia, es una obligación ética, política y legal que no podemos retrasar.
Muchas gracias.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Pasamos al apartado de proposiciones.
Y en consecuencia, se concede el uso de la tribuna al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo por el que se lamentan los hechos sucedidos el pasado 28 de abril en los cuales se obstaculizó el paso a un vehículo de emergencia que transportaban a dos menores de edad para ser atendidos por intoxicación al Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas.
El Senador Jesús Casillas Romero: Con su venia, Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores: En la sesión anterior abordamos aquí el tema de la contingencia ambiental en el Valle de México.
Coincidimos todos que la movilidad urbana es factor determinante para que este tipo de problemas se puedan generar o se puedan solucionar.
Coincidimos también que es precisamente la movilidad que está asociada con la calidad de vida de los ciudadanos, porque no solamente es un tema de desplazamientos, no es solamente un tema de cómo lo hacemos, cuánto cuesta y los daños al medio ambiente.
Hoy, desafortunadamente traemos el tema a esta tribuna porque se trata de un asunto de vida, o más bien, se trata de un asunto de muerte.
Y entonces tendríamos que entrar ya al debate de si vamos a seguir, como lo hemos hecho, y esa dicotomía al derecho al libre tránsito y el derecho a manifestarse.
El pasado 28 de abril en la entidad federativa de Chiapas, concretamente en el Chanal, un grupo de 30 manifestantes bloquearon una carretera.
Minutos antes, dos horas antes, dos menores de 7 y 10 años, ingirieron medicamentos caducos, lo que les provocó una grave intoxicación. Ellos requerían de la atención urgente de los servicios médicos.
En una ambulancia muy pronta y expedita, se intentó trasladarlos a un hospital para ser atendidos. Desafortunadamente se encontraron con los manifestantes que le impidieron el paso a la ambulancia, 30 manifestantes que estaban bloqueando la carretera, a pesar de las súplicas del padre que iba en la ambulancia, a pesar de que algunos ciudadanos les solicitaron encarecidamente dejarán circular a la ambulancia, los manifestantes se negaron, un buen samaritano, un automovilista les presta la ayuda, la ambulancia no puede pasar, inclusive el conductor de la propia, el paramédico fue agredido y un ciudadano en su vehículo particular intentó llevar a estos menores al hospital, donde desafortunadamente el tiempo de atención no fue el adecuado y hoy tenemos que lamentar dos muertes.
Por eso es que el día de hoy estoy presentando este punto de acuerdo y que solicito, Presidente, sea usted tan amable de ponerlo a consideración como un asunto de obvia y urgente resolución, porque hoy estamos hablando de vidas humanas, de menores que desafortunadamente perdieron la vida y que esto ya no puede continuar así.
Y tenemos que ser sensibles, desde esta Comisión Permanente para condenar estos actos, condenar que no tengo duda que los legítimos derechos que los ciudadanos que se manifestaban estaban ejerciendo, fueron también factor determinante para que el derecho a la vida de estos niños, pues no se pudiese concretar y desafortunadamente fallecieron.
Por eso el acuerdo versa en dos puntos fundamentales:
El primero. Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lamenta los hechos sucedidos el pasado jueves 28 de abril en el cual se obstaculizó el paso a un vehículo de emergencia que transportaba dos menores de edad para ser atendidos por intoxicación al hospital de las culturas para ser atendidos en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace patente su preocupación por los excesos en el ejercicio del derecho a la libre manifestación, y hace un llamado a la conciencia para que este tipo de incidentes no se repita, apelando a la reflexión sobre la necesidad de reglamentación al derecho de protesta, a efecto de que no se inmiscuya al conflicto con otros derechos, como lo es para el caso en cuestión el de la vida y el de la salud, como el de la necesidad de desplazamiento de las personas.
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta a las autoridades del estado de Chiapas para que los lamentables hechos del pasado 28 de abril no queden en la impunidad y se castigue a los responsables.
Insisto, Presidente, si es tan amable de poner este asunto como un asunto de urgente y obvia resolución.
Es cuanto.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior para el Congreso General y lo dispuesto en el resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo para normar las sesiones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone de inmediato a discusión.
La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo, para referirse a la propuesta.
La Senadora Mariana Gómez del Campo: Muchas gracias, Senador Presidente.
Celebro que el Senador Jesús Casillas esté tocando un tema tan sensible para los mexicanos, un tema que lamentablemente pues no hemos tenido la capacidad de legislar desde la Cámara de Diputados, desde el Senado de la República, y lo digo de esta forma, porque hay varias iniciativas de ley pendientes para regular las manifestaciones, plantones, bloqueos, mítines en nuestro país.
El tema de las manifestaciones, algunos pensarán que es exclusivo de la Ciudad de México, no, no es exclusivo de la Ciudad de México. Y el caso que aquí plantea el Senador Casillas, es un tema muy delicado.
Por una manifestación, una ambulancia no pudo pasar, traía a dos pequeños en ella, intoxicados, se molestan los manifestantes porque la ambulancia quería pasar, y desafortunadamente golpean al que viene manejando la ambulancia, y los niños mueren.
Me parece un tema delicadísimo, un tema que nos apena, que lamentamos profundamente desde el grupo parlamentario de Acción Nacional.
Pero lo que sí es, ¿qué tiene que pasar para que nosotros como Congreso de la Unión hagamos lo necesario para legislar un tema tan sensible y hacer también que los gobernadores, incluido el Jefe de Gobierno, hagan que se cumplan las leyes locales y sus propios reglamentos?
Si desde aquí se requiere una Ley General de Manifestaciones que nos ayude a lograr este equilibrio entre libertad de expresión y libertad de tránsito, vamos a legislar.
Hoy lamentamos la muerte de estos dos pequeños, se convirtió en un tema mediático, pero cuántos casos no pasan, y hemos denunciado una y otra vez, ambulancias que desafortunadamente no llegan a tiempo a causa de una manifestación; personas que no llegan a su cita de trabajo e incluso pierden el empleo por una manifestación.
Y podemos seguir poniendo ejemplos de la vida cotidiana de los capitalinos, y ocurre en este caso también en el estado de Chiapas, que nosotros como Comisión Permanente debiéramos ser mucho más sensibles, tomar cartas en el asunto y hacer lo necesario para que estemos legislando, insisto, la Ley General de Manifestaciones que está pendiente.
Yo espero que con este llamado que hace el Senador Jesús Casillas, seamos sensibles ante lo que está ocurriendo, ante lo que ocurrió ya en el estado de Chiapas, y que ocurre todos los días en las grandes ciudades de nuestro país.
Es cuánto Senador Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para referirse a la propuesta a favor de la misma.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Señoras y señores integrantes de la Comisión Permanente.
Éste es un tema muy complicado, porque se inscriben muchos derechos que algunos de ellos efectivamente se contraponen y no es que estemos aspirando a tener un mundo feliz, un país feliz en donde todos y todas no salimos de repente a las calles a hacer uso de un derecho porque todo está resuelto.
Me parece que es muy importante dejar claro que hoy estamos frente a un problema que derivó en la muerte de dos niños en situaciones verdaderamente lamentables, como lo expuso aquí el Senador Casillas, y nosotros estamos obligados a buscar siempre un punto medio que permita que los derechos puedan ejercerse sin afectar, o afectar lo menos posible los derechos de terceros.
El tema de las manifestaciones, el tema de los bloqueos, el tema de tomas de carreteras no es un tema nuevo, es un tema que siempre estamos confrontándolo y ojalá que por cierto, como aquí lo mencionó quien me antecedió en la palabra, no tuviesen que venir quienes en los estados no encuentran solución a sus problemas y vienen a la Ciudad de México a manifestarse.
Yo recuerdo hace algunos pocos años, las autoridades de la ciudad nos mencionaban, nos informaban que en la inmensa mayoría de las manifestaciones en la ciudad tienen que ver con problemas de las entidades federativas, de los estados del país y todas vienen a dar acá.
O sea, los asuntos que tienen que ver, que derivan en manifestaciones y protestas de grupos sociales de la Ciudad de México, son pocos, en comparación a la gran mayoría de los asuntos que vienen a dar a la capital del país, porque aquí están las autoridades federales por cierto.
Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo podemos resolverlo?
Vamos a pedir y acordar que los congresos locales se aboquen a hacer una ley para que no haya protestas, no haya manifestaciones, me parece que ése es un despropósito en el que no estaría de ninguna manera de acuerdo. Porque insisto, el problema es mucho más complejo.
Las sociedades en una república como la nuestra, cuando se organizan, cuando salen de su pasividad para buscar que sus asuntos, sus casos, sus problemas sean escuchados por las autoridades, de cualquier orden de gobierno, pues claro que es importante que se organicen y que exijan el cumplimiento de esa responsabilidad que las autoridades eventualmente no están atendiendo.
Me parece que ése es un asunto que está detrás de quienes salen a manifestarse y a protestar, y es un derecho constitucional.
¿Cómo vamos a empatar que no afecte a terceros?
Me parece que lo que nosotros tendríamos que acordar, en este caso circunscribirnos, independientemente de que lo sigamos reflexionando, sí es necesario cuando menos retomar las inquietudes del Senador Casillas en este punto.
Y particularmente me parece que el tercero no tiene desperdicio en cuanto a pedirles a las autoridades del estado de Chiapas, se apresten a tomar las medidas que permita la reparación integral del daño a familiares y tomen por supuesto medidas para que este asunto no quede en la impunidad.
Llamar a que haya una reglamentación, me parece que ése es un asunto que tiene que ver con los congresos locales, con los ámbitos municipales donde tienen la atribución a partir de los bandos, y yo creo que si bien pudiéramos decir que está bien, pues no se podría hacer de ninguna manera si no se da en el contexto también de una discusión social, las organizaciones de la sociedad civil tienen que participar, tienen que tomar medidas.
Y en todo caso se pudiera pensar que siempre que haya una ambulancia, siempre que haya una situación donde esté entorpeciéndose la posibilidad de movilización de personas que necesiten de cuidados urgentes, siempre es de sentido común pedir a quienes se manifiestan de que abran el paso para que ese tipo de situaciones, como las que se vivieron en Chiapas, con la muerte de estos dos niños, no pasen.
Lo que sí yo creo que no podríamos estar aquí aprobando, es ya desde ahorita, sancionar la manifestación, la protesta, porque me parece que eso es violentar un derecho constitucional.
Ojalá que quienes se manifiesten, quienes lo hacemos, quienes lo hemos hecho, quienes lo vamos a hacer, tomemos en cuenta, siempre, que hay personas que pueden estar movilizándose con urgencia, y yo creo que en ese sentido sí es conducente el llamado para que haya sensibilidad y atención para que este tipo de hechos, como los acontecidos hace algunos días en Chiapas, no se vuelvan a repetir, al contrario, es totalmente conducente solicitar la solidaridad y la comprensión de quienes hacen uso de este derecho constitucional, a que tomen también en cuenta los derechos de terceros, pero particularmente de aquellas personas que pueden estar enfrentando una situación de emergencia.
Es cuánto, señor Presidente.
Muchas gracias a todos ustedes por su atención.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede ahora el uso de la palabra al Diputado Emilio Salazar Farías, para referirse a la propuesta a favor.
El Diputado Emilio Salazar Farías: Gracias Presidente.
Compañeros Diputados, compañeros Senadores: Presidente, yo tenía la propuesta de que podía tener tres minutos para dejarle dos minutos a mis compañeros para que puedan intercambiar opiniones, y en estos tres minutos pudieran prestar atención a un tema que no es menor, y que está presentando un Senador del PRI, y que ha reforzado la Senadora Mariana que con un punto muy estable y muy sensible, que le reconozco, y la Senadora.
Yo soy chiapaneco, allá vivo, no soy chiapaneco del DF que va a Chiapas a recordar sus orígenes, allá nací, allá viví, allá vivo; aquí vengo nada más a mi sesiones, conozco el problema, lo vivo, lo sufro, creo, como nadie en la libre manifestación de las ideas; creo en la manifestación y en el derecho que tiene la gente a hacerlo, pero no creo en afectar el derecho al libre tránsito, porque así quieres. Mucho menos afectando a terceros, y ha sido un reclamo permanente de la sociedad.
Tenemos que regular y aplicar la ley en las manifestaciones, sin, por supuesto como bien lo decía, senadora, afectar esa libertad fundamental que tienen y por alguna razón que es justa y que es razonable para cualquiera, lo hacen de esa manera.
Lo que estoy seguro que no es un tema menor regularlo, ¿por qué?, porque requiere sensibilidad política, requiere una gran capacidad de análisis, y requiere, sobre todo, la operación y la sensibilidad de conocer qué es lo que está pasando.
Lo que sí debo aclarar es que en el estado de Chiapas es un tema que se ha atendido, que los responsables están ya detenidos, y que además, seremos parte de quien solicite al estado el resarcir los daños que pudiesen ser, aunque nada resarce la pérdida de una vida humana, mucho menos siendo dos niños.
Para la familia mi solidaridad, y para este punto de acuerdo el absoluto apoyo de todos los chiapanecos, que además estamos aquí muy dignamente representados con el Presidente, Senador Gil, con el Senador Melgar y con un servidor.
Señores es cuanto, muchas gracias.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias Diputado.
¿Alguna otra intervención?
Tengo registrada para rectificación de hechos a la Senadora Mariana Gómez del Campo, pero conforme al reglamento tengo que darle el uso de la palabra a quien desee intervenir a favor o en contra.
¿No hay ningún otro orador?
En consecuencia, proceda Senadora Mariana Gómez del Campo, por rectificación de hechos. Sonido en el escaño de la Senadora Gómez del Campo.
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias Presidente.
Lo haré desde mi escaño, por supuesto que es un tema que sí se debe discutir en el Congreso de la Unión.
El tema de reglamentar los artículos, el 97 y el 11 constitucional que hablan de la libertad de tránsito y la libertad de manifestación son dos artículos que debiéramos estar debatiendo.
Yo sí quiero compartir, porque aquí se dijo, en la tribuna, que pretendíamos negar las manifestaciones, claro que no.
En Acción Nacional estamos a favor de las manifestaciones, pero de las manifestaciones ordenadas. La propuesta que nosotros hemos impulsado desde hace más de una década, es, sí a las manifestaciones, pero manifestaciones ordenadas que permitan el equilibrio de la libertad de expresión con la libertad de tránsito y de asociación.
En ningún momento queremos privar a ningún mexicano de manifestarse, lo que se requiere es poner orden.
Y recordar, efectivamente, en la Ciudad de México se da un porcentaje alto de manifestaciones, la Ciudad de México es la capital de la República, es la sede de los Tres Poderes, supuesto que va a haber manifestaciones; pero la manifestación que hoy nos trae al debate es una manifestación que se da en el estado de Chiapas, por eso, en esta ocasión no hago exclusivo el tema de las manifestaciones a la Ciudad de México, sino a la necesidad de que discutamos esa iniciativa, esa ley general presentada por actores de todos los partidos políticos del Senado de la República.
Es cuanto Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Al no haber más oradores inscritos, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo.
La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Permítame, por favor, la Secretaría.
Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Consultaba con el proponente de hacer un pequeño cambio en el segundo punto para que no se entienda, como él mismo dice.
El trato concreto es este punto sobre lo acontecido en Chiapas, y lo que yo le propondría, en el segundo punto, es hacer patente su preocupación por lo acontecido y luego de ahí remitirse y hace un llamado a la conciencia para que este tipo ya seguirá el curso, porque me parece que el definir que excesos en el ejercicio de derecho a la libre, ya está tocando un tema que no es el propósito particular de la preocupación del Senador.
Yo le consultaba si él estaría de acuerdo.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Podría precisar de qué manera quedaría la propuesta?
La Senadora Angélica de la Peña Gómez (Desde su escaño): Sí, sería: ”Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos hace patente su preocupación por lo acontecido, y hace un llamado a la conciencia para que este tipo de incidentes no se repita.
Ya se le dio el curso, como está.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Es quitar la frase.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez (Desde su escaño): Sí, es quitar un renglón que dice: “por los excesos en el ejercicio del derecho a la libre manifestación”
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Está usted de acuerdo, señor Senador Casillas?
El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño): Si
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Alguna objeción de la Asamblea.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo con la modificación que ha sugerido la Senadora Angélica de la Peña referente a eliminar la frase: “los excesos en el ejercicio del derecho a la libre manifestación” Previsto en el resolutivo segundo de la propuesta.
La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada con la modificación hecha por la Senadora Angélica de la Peña.
Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobada la propuesta con la modificación, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada la propuesta.
Comuníquese.
Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo, para presentar a nombre del Diputado Miguel Ángel Salim Alle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a impulsar los mecanismos de transparencia que permitan conocer las razones de las demoras de las aerolíneas, proceda señora Senadora.
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias Senador Presidente, a nombre de mi compañero el Diputado Miguel Ángel Salim, presento este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución sobre un problema recurrente que afecta a miles de usuarios de servicios aéreos, y es el tema de la demora en los vuelos.
Prácticamente todos los que formamos parte de esta Comisión Permanente hemos tenido problemas con la demora en los vuelos, y les voy a compartir dentro de mi intervención algunas estadísticas.
La falta de puntualidad con la que operan diferentes aerolíneas en nuestro país es un problema preocupante en materia de competitividad.
Un vuelo puntual puede ser la diferencia entre tener una mayor productividad y competitividad o no tenerla.
Un uso adecuado de los slots reduce los costos de demora de las aeronaves, aumenta el rendimiento obtenido por la puntualidad horaria de las aerolíneas.
En Estados Unidos, por ejemplo, la aplicación de medidas correctas de desempeño en el espacio aéreo pueden generar ahorros anuales en los costos de demora de miles de millones dólares.
En nuestro país la medición sobre la puntualidad aérea se realiza a través del índice de puntualidad.
De conformidad con este índice, que es realizado por la Dirección General de aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, durante el año 2015 el promedio de las aerolíneas mexicanas que presentaron aterrizajes o despegues fuera del horario, es decir, más o menos 15 minutos dentro del horario programado, fue de 38%. Destacando las líneas Viva Aerobús, con 46%; Interjet, con 40%; y Aeroméxico con 37%.
De igual manera, el porcentaje de los vuelos fuera de horario o que aterrizaron o despegaron antes o después de 15 minutos, pasaron del 33% en mayo de 2014 al 43%, en el mismo mes en el año 2015.
En un año este porcentaje se disparó 10 puntos.
De la misma manera el índice de puntualidad para el año 2015; muestra que las aerolíneas Viva Aerobús, Magnicharters y Volaris, presentaron demoras imputables promedio del 20, 28 y 21%, respectivamente, y no les fue retirado ningún horario.
En un pre-dictamen elaborado por la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica, se reportó que más de 115 mil vuelos, no operaron conforme a sus tiempos asignados. Es decir, más de 300 vuelos diarios en promedio operaron fuera del horario.
Esta situación impacta de manera directa en el usuario de las líneas aéreas.
De conformidad con cifras de la Profeco, durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua 2016, la Procuraduría recibió unas 880 quejas en los módulos ubicados en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, principalmente por sobreventa de boletos, cancelaciones, demoras y retardos en la entrega de equipaje.
Con estadísticas de la propia autoridad, el número de quejas contra las líneas aéreas por las deficiencias en la prestación de servicios, presentó un aumento de 3.2% en el 2015, con respecto al año anterior.
Destacando a Aeroméxico con un 53% en el incremento de las quejas presentadas por los usuarios, al pasar de 452 quejas a 692.
El total de quejas presentadas ante Profeco en 2015, fue de mil 723.
Hay que decirlo, este no es el total de usuarios afectados que en términos reales se multiplica de forma exponencial, porque mucha gente no se queja; mucha gente lo hace a través de las redes sociales.
El día de ayer, yo venía de Aguascalientes, la demora fue de más de siete horas.
Los usuarios de los servicios de transportación aérea, siempre desconocen los motivos, las causas o las razones por las que los vuelos se ven demorados.
De la misma forma, se encuentran en estado de indefensión al exigir la puntualidad a las líneas aéreas o al intentar exigir las indemnizaciones por el perjuicio ocasionado por el retraso de los vuelos.
Las líneas aéreas, no ofrecen información alguna sobre las razones de las demoras.
La deficiencia y la baja calidad en los servicios prestados por parte de las aerolíneas. Es una de las situaciones más nos preocupa y más cuando, de conformidad con la ley, el administrador del aeropuerto tiene la facultad de retirar horarios de aterrizaje y despegue, pero la Cofece no tiene registro alguno sobre retiro de horarios y subastas efectuadas para este tipo de slots.
Por lo que ninguno de los métodos de reasignación de horarios de aterrizaje y despegue previstos en el marco jurídico en la materia, ha surtido efecto alguno.
El día de hoy, los Senadores y los Diputados de Acción Nacional, estamos proponiendo ante esta Comisión Permanente, realizar un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en el ámbito de sus atribuciones implemente los mecanismos que puedan dar certeza a los usuarios sobre ¿cuáles son las causas o razones por las que los vuelos se ven demorados?
¿Cuáles son imputables a las aerolíneas con la finalidad de que los usuarios puedan exigir las indemnizaciones correspondientes?
También consideramos necesario exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, para que cumpla con lo establecido en la Ley de Aeropuertos, así como con su Reglamento con respecto al retiro de los slots que, hayan sido utilizados impuntualmente, en un porcentaje mayor al 15%.
Necesitamos terminar con esta clase de abusos, darle certeza a los mexicanos que deciden viajar en avión y, sobre todo, darles en este momento una respuesta porque llevamos ya mucho tiempo denunciando este tipo de actuar de diferentes aerolíneas.
Hemos presentado también diversos puntos de acuerdo, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, y bueno nos parece importante que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues haga este exhorto para poder dar mejor calidad en el servicio a todos los mexicanos que deciden viajar en avión.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se ha solicitado la urgente resolución.
En consecuencia, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se le considera en ese trámite, de conformidad con lo que establece el Décimo Sexto Resolutivo de nuestro Acuerdo Parlamentario.
La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión y se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.
Bueno, independientemente de la línea que se elija, la aerolínea que se elija, ya es un escenario común que miles de personas, centenas de personas, se encuentran ante las molestias que provoca los retrasos, los cambios de salas, la sobreventa de boletos, las cancelaciones, la reprogramación de vuelos.
Cada vez la utilización de las aerolíneas se convierte en una forma de movilidad humana más eficiente sobre todo en lugares en donde las relaciones laborales de todo tipo o comerciales de todo tipo, llevan la presencia de personas que viven en distintas partes del país y se tienen que mover.
No solamente quienes venimos a los trabajos en el Congreso de la Unión, sino, sobre todo, quienes tienen que moverse cotidianamente para resolver parte de su trabajo o parte de sus responsabilidades, o quienes lo hacen también eventualmente por una situación de recreo, de descanso, qué se yo.
El problema, no es un problema menor, porque, repito, cada vez es más común; cada vez la utilización de las aerolíneas, hace pocos años, incluso, era mucho más fácil, resultaba más cómodo, incluso desde el punto de vista económico.
Pero hoy, aunado al tema, al problema que ha presentado la Senadora Mariana Gómez del Campo, también se encuentra otro grave problema que en los últimos tiempos, sobre todo a partir de que sale del escenario comercial Mexicana de Aviación, pues las aerolíneas han incrementado los costos de los vuelos.
Entonces, ahora lo que había sido algo muy común, ahora resulta verdaderamente complicado que una persona pueda viajar en avión.
Y la presencia de algunas otras líneas en esta oferta y demanda que pueda cubrir el campo que deja Mexicana de Aviación u otras aerolíneas, recuerdo Aero California y eventualmente otras que salieron, han complicado todavía mucho más la posibilidad de que las que están funcionando asuman los reclamos que se hacen, porque el problema que tenemos también es que hay una muy poca expectativa para optar.
Es decir, en México es muy clara la situación de que la oferta en la demanda es un pendiente que las autoridades debiesen tomar en cuenta.
Y, ahora en particular este tema que tiene que ver con los retrasos, el tema que ha planteado aquí la Senadora en su punto de acuerdo, pues es simplemente reflejo de esa situación de fondo.
Por lo tanto, nos parece que sí es un tema importante en la Permanente, sí, de obvia y urgente resolución. No esperarse a que las comisiones, la comisión a la que, podría estar enviada este punto de acuerdo, se pueda resolver hoy.
Pero creo que es necesario integrar también al punto de acuerdo la necesidad de que las aerolíneas revisen los costos de los boletos y vayan en congruencia con un equilibrio, una equidad respecto de las otras aerolíneas que pueden viajar hacia el mismo lugar.
Yo creo que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tienen que poner orden en este desorden, y que pareciera no tiene fin, porque nadie les llama la atención.
De tal manera, que es mucho más amplia la expectativa del punto de acuerdo que la Senadora presenta, porque sí le está creando un problema, un problema, un malestar a las y los usuarios de las aerolíneas en México, que nos provocan, que es necesario que se ponga orden.
Hoy estamos ante la posibilidad ya, prácticamente, de que se concrete el punto de acuerdo, perdón, el acuerdo que desde el Senado de la República, acabamos hace algunas semanas de aprobar, para fomentar la relación de equilibrio, de equidad entre las aerolíneas mexicanas y las aerolíneas norteamericanas, que se conoce como el “Acuerdo de Cielo Abierto”.
Pues sí, apoyamos a las aerolíneas mexicanas. Parte de la revisión de ese acuerdo, ustedes recordarán, en el Senado, que pusimos énfasis en que hubiera ciertamente equidad, y atendimos los reclamos que las aerolíneas mexicanas vinieron y nos plantearon, los atendimos.
Bueno, pues esto también tiene que reflejarse en que las aerolíneas tienen que, obligadamente, evitar el malestar que están provocando a usuarios, y garantizar el respeto en las decisiones que toman de manera arbitraria y que se constituyen en un verdadero problema para quienes tienen que viajar por las aerolíneas.
Sería cuanto, Presidente.
Muchas gracias por su atención.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la proposición.
La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo quiero felicitar a la proponente del punto de acuerdo, a la Senadora Mariana Gómez del Campo, porque me parece que se está tocando aquí un tema que es toral, un tema que es toral, no solamente porque se están lesionando los derechos de los usuarios del transporte aéreo en todo el país, sino porque también, al lesionar estos derechos se están afectando aspectos de diversa índole en el país, como es el caso, por ejemplo, nada más de la productividad.
Todos aquellos que viajamos, semana a semana, sobre todo si somos representantes populares, recibimos, una y otra vez, en nuestras oficinas de gestión, incluso en los viajes que realizamos quejas innumerables.
Yo misma había hecho, hace dos años, tres años, prácticamente ya, un punto de acuerdo que fue aprobado en esta misma Comisión Permanente, en el mismo sentido. Tres años y las cosas no siguen igual, han ido empeorando, empeorando para desesperación de miles y miles de usuarios que llegan tarde, que pierden sus citas de trabajo, que a veces no atienden de manera adecuada sus responsabilidades y compromisos profesionales, y que este problema lo viven y no tienen ni a dónde acudir.
Los que acuden a Profeco, que son los menos, como bien lo dijo la Senadora Gómez del Campo, que son los menos, a veces aducen la tortuosidad con la que se llevan a cabo los trámites para poder ser resarcidos en la lesión o en la afectación que han sufrido.
Las cifras que aquí se nos dieron, un promedio del 40% de afectación en los vuelos nacionales, me parece un verdadero despropósito, en un país que modificó leyes, que amplió y complementó marco legal para que pudiéramos ser más productivos, más competitivos, y todo eso queda reducido en un cuello de botella, porque el tema de transporte, que es un tema fundamental para el crecimiento y el desarrollo de un país, no está resuelto en este país nuestro.
Las quejas siempre son atendidas por las aerolíneas, señalando que son problemas del Aeropuerto de la Ciudad de México.
Pero qué pasa cuando esta demora, como se mencionó el caso de Aguascalientes ayer, que se da todos los días en todas las partes del país, y aquí, yo creo que todos somos testigos de ello.
¿Qué pasa cuando las demoras son en algún otro lugar, en alguna otra ciudad, en algún otro aeropuerto? Y no estamos hablando del Aeropuerto de la Ciudad de México.
Me parece que es fundamental que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asuma el llamado que le estará haciendo, espero, si aprobamos este punto de acuerdo, el Pleno de la Comisión Permanente, para que atienda con oportunidad, con seriedad, con compromiso y, sobre todo, haciendo uso de sus facultades y sus atribuciones.
La responsabilidad de llamar a cuantas a todas las aerolíneas del país que están incumpliendo, señaladamente Aeroméxico, como ya se dijo aquí, señaladamente Aerobús y señaladamente algunas otras líneas, que una y otra y otra vez, simplemente porque no hay autoridad que les ponga un hasta aquí, siguen haciendo lo que consideran y lo que es mejor para sus intereses en detrimento, en lesión de miles y miles de usuarios a lo largo de la República.
Yo de verdad, felicito a la Senadora Gómez del Campo, felicito, desde luego, a la Senadora De la Peña, por apoyar este punto de acuerdo, y me sumo, y lo digo con una gran satisfacción, me sumo a nombre del grupo parlamentario del PRI a esta solicitud de que por fin la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga la visión, la queja y el deseo de miles y miles de usuarios del país a través de nuestra voz para que se le ponga un alto a las compañías extranjeras, a las compañías mexicanas.
Es increíble que estemos asumiendo que un acuerdo que aquí aprobamos sea el necesario, para que viniendo otras compañías extranjeras por fin se regule el mercado y empiece a respetarse los derechos de nuestros conciudadanos.
Debiera de ser de mutuo propio, debiera de ser por obligación y por cumplimiento del deber, y no porque vienen otras empresas, como van a venir por fortuna para el país, a ponerle orden al mercado aéreo nacional.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
El Senador Jesús Casillas Romero (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas.
El Senador Jesús Casillas Romero (Desde su escaño): Gracias, Presidente.
Nada más para referirme al mismo tema.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Me permite desahogar la lista que tengo, y previamente determino?
Se concede el uso de la palabra a la Diputada Yahleel Abdala Carmona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Diputada Yahleel Abdala Carmona: Muy buenas tardes.
Con su permiso, señor Presidente.
Compañeros y compañeras: A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados, quiero manifestar lo siguiente:
Necesitamos ser más enérgicos en este tema. Es recurrente lo que padecen los usuarios de las diferentes aerolíneas por la gran problemática de las demoras, de las cancelaciones y de la sobreventa de vuelos.
Pareciera que no pasa nada. ¿Y las afectaciones a los usuarios en la cuestión económica, en la cuestión moral?
¿Pueden hacer lo que quieran las aerolíneas?
¿Acaso no hay ley?
¿Quién paga estos daños?
El pasado 30 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Aviación Civil, donde se manifestaba que no se permitiría más la sobreventa de vuelos, y la aerolínea que excediera el límite de la capacidad de cada aeronave se aplicaría una multa de 200 a 700 salarios mínimos, pero esto apenas es un paso, falta mucho por hacer, tenemos que unirnos en este gran tema.
Celebro el consenso y la unión que hoy estamos teniendo todos los grupos parlamentarios ante una problemática que para muchos pudiera parecer mínima, pero es sumamente importante porque está afectando el desarrollo económico y la competitividad de nuestro país.
Por eso, nos manifestamos en acuerdo y felicitamos a la proponente.
Es cuanto.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas, para referirse a la proposición.
El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente.
Compañeras, compañeros: Yo creo que el porcentaje de lo que estableció la Senadora Gómez del Campo, del 33% de las demoras que en todos los vuelos se generan en el país, seguramente 73% se establece única y exclusivamente en los vuelos de Guadalajara con la Ciudad de México, porque yo vuelo dos veces por semana y no ha habido un solo vuelo que llegue a tiempo.
Y es importante destacar que aquí se han presentado infinidad de iniciativas a efecto de reformar la Ley de la Aeronáutica Civil, y que está en comisiones, pero lo que ya establece la ley, y que no se cumple, y las aerolíneas, de manera ventajosa, de manera arbitraria, actúan en contra de lo que ellos viven que son precisamente de sus pasajeros, de los clientes, pareciese como si tuvieran un encono, si estuvieran en contra de los propios pasajeros, porque además de que el trato no es el adecuado, además de que no hay un solo vuelo que llegue a tiempo, no cumplen con lo que establece la ley.
La ley establece que en una demora de dos horas están obligadas las aerolíneas a otorgar alimentos. Yo le preguntaría a Mariana Gómez del Campo, si en las cinco horas que estuvo varada en el aeropuerto de Aguascalientes le proporcionaron los alimentos; estoy cierto que no, o cuando los retrasos son más de cinco horas la obligación de entregar hospedaje tampoco ocurre.
Creo que tenemos que revisar muy bien porque hay cosas inauditas, y voy a poner un ejemplo.
Ya se habló aquí que los costos de los vuelos de ninguna manera se pueden considerar de precios módicos, por el contrario, son vuelos caros, son vuelos que en otras latitudes, en otros países estos vuelos, que además son cortos, son mucho más baratos de lo que se cobra aquí, pero que, insisto, el servicio no es el adecuado.
Pero curiosamente cuando el pasajero llega con menos de una hora, es decir, 50 minutos, 55 segundos antes del vuelo, resulta que le dicen: “el vuelo ya está cerrado y no puede pasar”.
A pesar de que el vuelo ya sabemos que tiene demora, no se le permite al pasajero que pueda acceder al ingreso al aeropuerto bajo el argumento que se cerró, a pesar de que está el lugar, y hay que pagar nuevamente un vuelo, porque además resulta que las tarifas que establecen las aerolíneas unas sí se pueden cambiar y otras no, y, entonces, hay que pagar una penalización y hay que pagar cambio de tarifa, y resulta que hay quien paga, y me ha ocurrido a mí, todas estas cantidades para tomar el mismo vuelo, porque el vuelo al que no se le permitió subirse con 50 minutos antes, se retrasó, nada más que tuvimos que pagar nuevamente el costo del boleto en el mismo vuelo porque tenía un retraso.
Creo que escuchar el tema de la reventa de los lugares es muy común, de escuchar el tema de cambios de equipó también es muy común, y que se dejan sin atender a muchos usuarios en los aeropuertos porque no les es costeable; es decir, prefiero llevar un equipo pequeño, con 50 pasajeros, a llevar 70 en uno que tiene capacidad para 140, y, entonces, se quedan 20 porque no les es cuestiable, es decir, hay un abuso total de parte de las aerolíneas, y también hay que decirlo, el pretexto que siempre argumentan las aerolíneas es que es un problema del aeropuerto, siempre culpan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Pero aquí tenemos que reconocer que los usuarios pagamos por un boleto, pagamos por un servicio para un traslado a una hora de salida y a una hora de llegada, y permítanme nada más hacerles referencia a lo que sería un vuelo de Guadalajara a la Ciudad de México.
Hay que llegar con dos horas de anticipación, una hora, hora y media aproximadamente de vuelo, regularmente llegan a la Ciudad de México no hay dónde llegar, una puerta de salida para el avión, o determinan una estación remota, y eso te puede llevar otros 40 minutos más, pero, además, con las demoras que pueden ser de una o de dos horas, un vuelo que regularmente pudiese demorar una hora y media pueden tardarse, que además es lo común, hasta seis horas.
Creo que es muy adecuada la proposición del día de hoy, por eso no solamente celebramos que la Senadora Mariana Gómez del Campo lo presente, sino, además, nos sumamos, lo estaremos votando a favor.
Y ojalá que este exhorto sirva para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ponga las pilas, y, además, establezca con claridad que no es responsabilidad de la Secretaría, es responsabilidad de las aerolíneas que han visto un gran negocio en perjuicio de todos los usuarios.
Es cuanto, Presidente.
Muchas gracias.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Diputado Francisco Pinto Torres.
El Diputado Francisco Pinto Torres: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Únicamente para sumarnos en este mismo tenor a que, sin duda alguna, es un problema que afecta a muchos ciudadanos mexicanos y extranjeros que nos visitan, y digo muchos porque también debemos de ser conscientes que hay otros muchos compatriotas que no tienen la posibilidad de usar este medio.
Sin embargo, y desde nuestra óptica, es imperante el hecho de que le pongamos un alto a todos los abusos de las aerolíneas que operan en el territorio mexicano, abusos que van desde los cambios de itinerarios, que van desde los cambios de puerta, la sobreventa de los boletos, o simplemente un cambio de destino que es muy común también, desgraciadamente, en nuestro país.
Alguien vuela de Nayarit al Distrito Federal, o de Colima al Distrito Federal, no hay condiciones para aterrizar en la Ciudad de México y van y aterrizan las aerolíneas en otros aeropuertos como es en el de Morelia, llegan, dicen: “hasta aquí por las condiciones del clima podemos dejarlo y que le vaya bien”. Y ni siquiera la bendición nos echan.
Así es que es importante que hagamos este exhorto, que pongamos este alto, y obviamente estaremos a favor.
Y felicitamos a la Senadora Mariana Gómez por haber expuesto este punto.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Diputado Alejandro González Murillo.
El Diputado Alejandro González Murillo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.
Encuentro Social quiere sumarse a la propuesta de la Senadora a quien felicito, yo creo que es un exceso el que se ha venido cometiendo de las líneas aéreas en todos lados, nada más que pongamos un alto enérgico.
Felicito, de manera muy seria, el consenso que hay para este tema, es un tema que no es de un año, es un tema de muchos años que cada día se ha venido acrecentando.
Nos sumamos y espero que exhortemos de manera inmediata a la SCT y a la Profeco para tomar medidas verdaderamente serias.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, Presidente.
Agradezco todas las felicitaciones de los compañeros, yo creo que en diferentes momentos se han presentado diversos puntos de acuerdo, en este caso el Diputado Miguel Ángel Salim Alle, tenía una preocupación latente desde hace ya algún tiempo y, por eso, la presentación del mismo.
Yo quisiera, Presidente, solicitarle, tengo aquí ya una ficha con algunos otros resolutivos que queremos incorporar en este punto de acuerdo, resolutivos consensados con los demás grupos parlamentarios y, si me permite, daría lectura a los mismos.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda.
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.
Revisar el costo de las tarifas y que la Comisión Federal de Competencia se pronuncie sobre si hay o no monopolios en el manejo de las mismas.
Siguiente. Solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes envíe a esta Comisión Permanente un informe, un diagnóstico, sobre el mantenimiento de los equipos, cómo están los equipos actualmente, que, lamentablemente, pues se pueden ver reducidos por los retrasos.
Estos serían los dos resolutivos que buscaríamos añadir.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El resolutivo único de la propuesta se queda en sus términos.
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Exactamente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Alguna otra intervención?
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición presentada con las adiciones de un resolutivo segundo y tercero en los términos leídos por la Senadora Mariana Gómez del Campo.
La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada con modificaciones por la Senadora Mariana Gómez del Campo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobada la propuesta, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada la propuesta.
Comuníquese.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Diputado Omar Ortega Álvarez, para presentar a nombre propio y del Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a ampliar la discusión en torno al problema de contaminación atmosférica que enfrentan las principales ciudades de México.
El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores: Nosotros entendemos que la atmósfera es un bien común indispensable para la vida, respecto del cual todas las personas tienen el derecho del uso y disfrute y la obligación de su conservación.
La calidad del aire y la protección de la atmósfera es una prioridad de la política nacional ambiental, ya que su contaminación lo hace un recurso único debido a los perjuicios para la salud humana, al ambiente y demás elementos de la naturaleza.
Por ello, en México, la contaminación atmosférica se ha vuelto un problema nacional.
Ayer, por ejemplo, la Semarnat anuncia que el 1 de julio entrará en vigor una norma emergente de verificación vehicular. Asimismo, existe una polémica sobre el incumplimiento de Petróleos Mexicanos para que los combustibles fueran en su totalidad ultrabajos en azufre y disminuyeran con ello las emisiones de sustancias contaminantes.
Frente a lo antes señalado, la dirección de Pemex ha asegurado que la gasolina importada cumple con las normas ambientales correspondientes, hay que evaluar todo esto.
Pero hay causas más de fondo, no puede negarse que la mala calidad del aire ha llevado a la contingencia ambiental en el Valle de México en días recientes, es resultado de un modelo urbano a nivel nacional que ha privilegiado el uso del automóvil particular sobre el transporte público.
En este sentido, la ciudadanía mexicana tiene derecho a estar plenamente informada de la situación de la contaminación atmosférica en el ámbito nacional, así como del impacto de éste en su salud para tomar acciones de solución a corto, mediano y largo plazo. Por ello, requerimos un debate organizado, incluyente, con discusión seria y objetiva y especializada.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con los siguientes acuerdos:
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal ampliar la discusión en torno al problema de la contaminación atmosférica que enfrentan las principales ciudades de México, convocando a foros nacionales de discusión y análisis con participación de ciudadanos, industriales, transportistas, medioambientalistas y los tres órdenes de gobierno, entre otros actores.
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal a realizar campañas integrales para informar a la ciudadanía y prevenir la contaminación atmosférica en las zonas urbanas del país con altos niveles de emisión de contaminantes y mala calidad del aire.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Le consulta el Diputado Ramírez Marín si acepta una pregunta, señor Diputado.
El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con gusto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, Diputado Ramírez Marín.
El Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Diputado.
Quisiéramos preguntarle, ¿si estaría usted de acuerdo en que el punto primero se fraseara como “la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Semarnat, que es el área específica responsable, ampliar la discusión, etcétera, con la participación de las entidades federativas y todo lo demás que enlista usted?
El Diputado Omar Ortega Álvarez: Sí. Por supuesto.
No hay inconveniente, señor Presidente.
El Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Diputado.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ha solicitado el trámite de urgente y obvia resolución.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se concede la urgente resolución y se pone de inmediato a discusión.
La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.
Entiendo que ha aceptado el Diputado promovente la modificación sugerida por el Diputado Ramírez Marín.
En consecuencia, estaría a discusión con esa modificación que ha sido aceptada.
¿Alguna intervención?
Senador Jesús Casillas, desde su escaño.
El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Bueno, obviamente la propuesta que hace el Diputado Ramírez Marín es adecuada y es dable en razón de que el tema de las zonas metropolitanas y de la contaminación en las ciudades, pues atañe no solamente a zonas metropolitanas con una visión de partición de los municipios.
Hay zonas metropolitanas que las integran algunos municipios, puede haber hasta 10 municipios que forman un área metropolitana, una zona metropolitana, puede haber zonas metropolitanas de carácter estatal, inclusive de carácter internacional, sobre todo de estados fronterizos que también tienen este problema y que es, desde luego, atañible a la movilidad en parte la contaminación.
Y entonces, este asunto se debe de ver más como una intención de carácter federal a una coordinación entre los propios municipios, entre los propios estados y obviamente la participación del gobierno federal.
Yo quisiera destacar que en el tema medioambiental el gobierno federal no ha sido omiso, y prueba de ello es que ha participado, y lo hizo de manera contundente en la conformación de la Comisión de Medio Ambiente de la Megalópolis, en la que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, ha liderado algunos temas que han venido en parte a resolver el problema ambiental en la zona metropolitana del Valle de México.
Entonces, obviamente estamos de acuerdo, me parece que es dable la propuesta del Diputado Ramírez Marín, para que éste, que es un tema que nos atañe a todos, participen todos los órdenes de gobierno.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la propuesta a favor.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.
Quisiera hacer tres observaciones, que me parecen que son pertinentes tomar en consideración, están totalmente de acuerdo con el punto que se presenta por el Diputado Omar Ortega e inclusive también de acuerdo con la especificación que ha propuesto el grupo parlamentario del PRI.
La primera cuestión es que de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente en los artículos 5, 7 y 111 son facultades de la Federación, y dice textual: “La participación de la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan”.
Y luego, señala: “Corresponden a los estados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, participar en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan”.
Asimismo es importante señalar que de acuerdo con esta ley, la Semarnat efectivamente está obligada a expedir -y eso dice la ley de manera textual- las Normas Oficiales Mexicanas que establezcan las previsiones a que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la atmósfera en casos de contingencia y emergencia ambientales.
Asimismo el reglamento de la Semarnat en su artículo 118, señala que el Procurador Federal de Protección al Ambiente está obligado a coordinar la atención de contingencias y emergencias ambientales o que afecten los recursos naturales, así como la participación de las demás autoridades federales, entidades federativas, municipales y -dice todavía-, del Distrito Federal y Delegaciones.
Eso quiere decir que es materia de la Semarnat y la coadyuvancia de las entidades federativas. Es correcto.
Un segundo aspecto tiene que ver con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Nos parece importante señalar su artículo 3 que dice: “Son de utilidad pública las medidas de emergencia que las autoridades apliquen en caso fortuito o fuerza mayor, tratándose de contaminación por residuos peligrosos, y las acciones de emergencia para contener los riesgos a la salud derivados del manejo de residuos”.
Esta misma norma dispone en su artículo 7 -es bueno recordarlo-, que la Federación debe establecer y operar en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, el Sistema para la Prevención y Control de Contingencias y Emergencias Ambientales.
Evidentemente que en el punto de acuerdo presentado por el Diputado Ortega, pues claro que está esta preocupación y es una preocupación nacional, no es una preocupación aun cuando ciertamente la Comisión Ambiental de la Megalópolis que está integrada además de la Semarnat, también por los Gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México, de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, pues tiene que resolver la situación que tiene que ver con la Megalópolis.
Y en ese sentido nos parece muy importante que destaquemos que frente a las respuestas de emergencias urgentes que se tienen que dar, es necesario que haya una política estructural para que se puedan prevenir ese tipo de situaciones.
Y por supuesto las coordinaciones que hoy están inscritas en la Constitución, de esta Comisión Ambiental de la Megalópolis, pues también pueda ser un ejemplo a seguir, en cuanto a la Constitución, no un ejemplo en cuanto a las decisiones que se debieron haber tomado de manera preventiva para no tener la crisis que tenemos hoy, sino en el sentido de la integración de los entes gubernamentales institucionales que tienen que ver con este problema grave que está enfrentando el país y que tiene que ser resuelto de manera efectiva, de manera eficiente, de manera estructural.
De tal manera que estamos totalmente de acuerdo con el punto que ha presentado el Diputado Omar Ortega.
Es cuanto.
Gracias por su atención.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Alguna otra intervención?
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición presentada con la modificación que formuló el Diputado Ramírez Marín.
La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta con la modificación presentada por el Diputado Ramírez Marín.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobada la propuesta, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se aprueba la propuesta.
Comuníquese.
Se concede ahora el uso de la tribuna a la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a tipificar como delito el acoso sexual en su legislación penal respectiva.
La Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Con la venia de la Presidencia.
El hostigamiento y el acoso sexual son conductas diferentes, pero que de manera reiterada son confundidas o utilizadas como si se tratara del mismo acto.
Sin embargo, en el caso del hostigamiento sexual, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define como el ejercicio de poder que se realiza en el marco de una relación de subordinación escolar o laboral, y se puede expresar en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad y connotación lasciva.
Por su parte, el acoso sexual es una forma de violencia en la que si bien no hay subordinación, existe un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
Como se puede observar, la diferencia entre un acto y otro es sutil, pero a pesar de que en uno existe una relación de subordinación y en el otro no, ambos constituyen elementos que nos laceran como sociedad y nos muestran que aún nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar una verdadera igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Como es de sobra conocido, el acoso sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios públicos, constituyen eventos que ocurren a diario en la vida de mujeres y niñas, tanto en zonas urbanas como rurales, tanto en países desarrollados y en vías de desarrollo.
En este sentido, tanto las mujeres como las niñas temen ser objeto de distintas formas de violencia sexual en el espacio público, desde comentarios sexuales no deseados y manoseos, hasta violaciones y feminicidios.
Lo anterior puede ocurrir en la calle, en el transporte público, en la escuela y en el lugar de trabajo.
Dichos comportamientos tienden a reducir la libertad de movimiento de las mujeres y las niñas, así como su capacidad para detonar todo su potencial en la escuela, el trabajo y la vida pública en general.
Es más, el acoso sexual tiene el potencial de limitar el acceso de las mujeres a los servicios esenciales y el disfrute de oportunidades culturales y de ocio, y asimismo repercute negativamente en su salud y bienestar.
El acoso sexual retiene a las mujeres de participar en la política nacional.
Pese a que en la actualidad la violencia en el ámbito privado se reconoce ampliamente como una violación a los derechos humanos, la violencia en contra de las mujeres y niñas, en especial el acoso sexual en el espacio público, sigue siendo un problema en gran medida descuidado.
Lamentablemente los casos de acoso en contra de mujeres y niñas en México no es la excepción.
Los hombres no están exentos del acoso sexual claramente, pero todos sabemos que la estadística es brutalmente mayor contra las mujeres.
Uno de los lugares donde se hace más visible el acoso sexual y donde las mujeres no han tenido más opción más que aprender a convivir y sortear esta situación, es en el trabajo y en el transporte público.
Esto se debe a que 48% de las mujeres reconoce haber sufrido acoso sexual en su mayoría de tipo físico. Por ejemplo, la gran mayoría de las mujeres en la Ciudad de México manifiesta haber sufrido acoso sexual, mínimo un 72%, según el Inegi. Esto supera la media nacional incluso en los estados más violentos.
Por ejemplo, también según el Inegi, en algunas comunidades indígenas no se sabe que el manoseo es incorrecto, y tanto mujeres como hombres, niñas y niños, tienen que soportarlo.
A nadie le gusta que molesten a nuestros seres queridos. Nadie tiene por qué soportar el acoso sexual bajo ninguna circunstancia.
A pesar de lo anterior, en el ámbito penal solamente 16 entidades federativas de nuestro país tipifican como delito el acoso sexual: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y la Ciudad de México.
Y las penas van desde los tres meses hasta los cinco años de prisión, además de las sanciones económicas.
Es nuestra responsabilidad como legisladores, proteger a nuestra sociedad con la ley.
Por lo anteriormente expuesto y preocupados por el aumento de estos comportamientos, es que en nuestro grupo parlamentario nos hemos manifestado en contra de todas aquellas acciones y actividades que dañen la integridad de la persona, independientemente de su condición social, económica, raza y orientación sexual, pues nuestro ideario político nos obliga a rechazar cualquier forma de violencia.
En ese sentido es indispensable que las 32 entidades federativas armonicen su legislación penal para tipificar el acoso sexual en sus respectivos códigos penales, imponiendo sanciones privativas de la libertad, como económicas ejemplares, para reducir los índices de acoso y hostigamiento sexual, pues son actos que vulneran la integridad tanto de mujeres como de hombres.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Primera Comisión.
Tiene ahora el uso de la palabra el Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de acuerdo que exhorta hacer llegar al Senado de la República la propuesta de candidato a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Muchas gracias, Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores: La reforma en materia de telecomunicaciones estuvo a ciertos errores, como ya se ha discutido en más de alguna ocasión. Es cierto que quedaron una serie de pendientes que deben atenderse para generar mayor dinamismo y competitividad en el sector, así como para asegurar su correcta regulación su correcta vigilancia.
Quizás uno de los aciertos fue el empoderamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones con sus matices, por supuesto, que ahora debe de jugar un rol central en la regulación y apertura del sector.
Este instituto hoy debe enfrentarse a decisiones de la máxima trascendencia pública, por ejemplo, tiene en puerta pronunciarse sobre temas fundamentales relativos a la preponderancia en el sector, a las licitaciones estratégicas entre otros temas que requieren una máxima deliberación, análisis y rendición de cuentas.
Precisamente porque el Instituto de Telecomunicaciones tiene un papel fundamental en la supervisión del espectro radioeléctrico, en el impulso de la competencia económica y en el combate a las malas prácticas del sector, es que el pleno del instituto debe estar integrado por siete comisionados, y estos no pueden excusarse de votar, en ningún momento.
Estas disposiciones persiguen la búsqueda de equilibrios y contrapesos que fomenten la deliberación y busque evitar posibles escenarios de empate en las votaciones, que le darían al Presidente del instituto un voto de calidad.
Lo que, decimos nosotros, abriría la puerta a fuertes presiones y discrecionalidad en un sector estratégico como son las telecomunicaciones y la radiodifusión.
En este contexto resulta alarmante que desde hace poco más de dos meses el espacio de un Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones se encuentre vacante por omisión del Poder Ejecutivo Federal.
Desde el mes de octubre de 2015, sabemos que el Comité de Evaluación al que se refiere el artículo 28 constitucional, encargado de emitir la convocatoria, evaluar y definir la terna de los aspirantes a comisionados del instituto, le hizo llegar al Poder Ejecutivo, las propuestas de aspirantes.
Sin embargo, desde finales de febrero del presente año, cuando quedó vacante el espacio comisionado, no se ha hecho llegar, hasta donde entendemos al Senado de la República, la propuesta del Ejecutivo, dejando al pleno del instituto con seis comisionados en medio de una serie de decisiones cruciales que debe de tomar.
Esta omisión no sólo es contraria al espíritu de la reforma en materia de telecomunicaciones que el propio Poder Ejecutivo impulsó, sino que además contraviene algunas decisiones de sus obligaciones constitucionales, y más grave aún, está generando una grave presión y una serie de desequilibrios en el funcionamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
No quisiéramos pensar que esta omisión del Ejecutivo Federal sea intencional y busque, en todo caso, aprovechar que el pleno del instituto se encuentra integrado por seis comisionados para incidir en las decisiones de un organismo autónomo y estratégico.
Por eso es que el día de hoy en Movimiento Ciudadano está proponiendo hacer un llamado muy respetuoso al Poder Ejecutivo, para que a la brevedad y tal como lo marcan sus obligaciones constitucionales, haga llegar al Senado su propuesta de Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de inmediato, como también lo mandata la propia Constitución, se pueda sesionar para su designación.
Resulta irónico que estas llamadas reforma estructurales, independientemente de sus aciertos y sus errores estén cayendo en manos de la discrecionalidad e intereses particulares, la mejor forma, lo decimos con absoluta responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo Federal, para honrar su palabra y hacer funcionar sus propias reformas es fortaleciendo las instituciones y no debilitándonos.
Por ello, esperamos que este punto de acuerdo sea considerado por esta Comisión Permanente.
Yo pensaría, compañeras y compañeros, que este podría ser un punto de obvia y urgente resolución.
Sin embargo, con el ánimo de construir consenso en torno al mismo, es que yo le solicitaría, señor Presidente, pudiera ser turnado a la Tercera Comisión, para que ahí pudiéramos discutirlo y votarlo con oportunidad.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se turna a la Tercera Comisión.
Tiene ahora el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez Tiburcio, para presentar a nombre propio y de la Diputada Carmen Salinas Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de acuerdo que exhorta a aprobar la inclusión del catálogo de medicamentos del producto para atender la enfermedad de angioedema.
La Diputada Mariana Benítez Tiburcio: Con su permiso, Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores: Existen enfermedades poco comunes que son difíciles de diagnosticar, pero dañan con gravedad a las personas, tal es el caso del angioedema hereditario, un padecimiento genético que provoca una producción inadecuada de la proteína C1 inhibidor, que impide regular de forma correcta las interacciones bioquímicas del sistema sanguíneo.
Angioedema hereditario es una enfermedad rara o poco frecuente que afecta entre una de cada 10 mil y una de cada 50 mil personas.
En México, en particular se calcula que existen 2 mil 300 personas que padecen esta enfermedad. Se producen episodios de hinchazón o edema de algunas partes del cuerpo, tales como la piel o mucosas, por ejemplo, en la garganta y el intestino. La frecuencia y la intensidad de los ataques son muy variables y depende de cada persona o situación. Esto requiere máxima atención a cualquier hinchazón de la zona de la cara, cuello o garganta, ya que existe el riesgo de asfixia.
En angioedema hereditario es una enfermedad poco frecuente, pero de gran impacto sobre la calidad de vida de los pacientes, tanto por la concurrencia de los síntomas, como por el riesgo para la vida en ciertas circunstancias.
Las hinchazones o edemas ocasionan hinchazones y son más peligrosas cuando afectan la faringe, porque afectan la respiración y el paciente puede morir por asfixia.
Datos de la Asociación Mexicana de Angioedema Hereditario afirman que en México hay más de 2 mil 446 personas con este mal, pero sólo se han diagnosticado a 173 pacientes. Lo que representa sólo el 7.7% del total.
Dicha asociación añade que esta enfermedad tiene síntomas que llegan a confundirla con otros males y que en México los diagnósticos llegan a tardar hasta 22 años, y en promedio un paciente es atendido por 12 ó 13 médicos antes de recibir su diagnóstico, además que a pesar de que hay tratamientos adecuados para el angioedema hereditario, más del 90% de los pacientes no tiene acceso a los mismos.
En angioedema hereditario no tiene cura, únicamente puede ser controlado, los tratamientos pueden ser personalizados, ya que cada caso es único. En México se utiliza el plasma fresco-congelado, aunque puede provocar otros efectos secundarios.
Como legisladores, debemos impulsar políticas públicas para destinar recursos, para destinar este tipo de enfermedades. Se requieren presupuestos para tratamientos, capacitación de médicos y que las dependencias y organismos cuenten con medicamentos en hospitales certificados en cada estado, así como laboratorios especializados para diagnosticar esta enfermedad.
Si bien es cierto que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Seguro Popular podrían tener esa capacidad, por el hecho de ser una enfermedad rara y difícil de diagnosticar, se le confunde con otros padecimientos y, en consecuencia no se le ha dado la atención ni la importancia debida.
La presente proposición es motivada a raíz de los resultados derivados del Foro denominado Angioedema Hereditario Unidos por una Mejor Calidad de Vida, que tuvo verificativo el pasado 9 de marzo del presente año, evento en el que estuvieron presentes legisladores que integran la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, así como diversos ponentes internacionales.
Compañeras y compañeros legisladores: Les hago un llamado a reconocer la gravedad de esta enfermedad, a no escatimar en acciones que beneficien a los mexicanos y, más aún, tratándose de acciones que vayan encaminadas a la salud.
Hay escasos médicos que la estudian, muchos pacientes mueren por falta de doctor, por falta de atención, otros por falta de los medicamentos y unos más por errores de laboratorio.
Les pido impulsemos políticas públicas encaminadas a la salud, incluyendo en la seguridad social el diagnóstico y tratamiento oportuno para este padecimiento.
De ser aprobado este punto de acuerdo, los pacientes vulnerables, entre ellos niños y mujeres embarazadas que padecen angioedema hereditario, podrán disponer del tratamiento de los episodios agudos.
Actualmente sólo se dispone de un medicamento para mayores de 18 años, dejando desprotegida a esta población, el objetivo principal es lograr una mejor calidad de vida, y ésta sólo será posible si todos nos sumamos a esta tarea.
Por lo anteriormente expuesto, solicito se someta a consideración de este cuerpo legislativo el siguiente punto de acuerdo.
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, dependiente del Consejo de Salubridad General, apruebe la inclusión al catálogo de medicamentos, el producto inhibidor de la esterasa C1 humano, para atender la enfermedad del angioedema hereditario.
Es cuánto.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Ramírez Marín.
Permítame Diputada, le va a hacer una pregunta el Diputado Ramírez Marín, si la acepta.
El Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.
Preguntarle a la proponente si nos permitiría que fuera de turno a comisión, para dar oportunidad a que distintas organizaciones que representan enfermos de este grave mal pudieran manifestarse y hacer llegar sus comentarios a la comisión.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, túrnese a la Segunda Comisión.
Tiene ahora el uso de la palabra la Diputada Genoveva Huerta Villegas, para presentar a nombre de la Senadora Marcela Torres Peimbert y Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Nayarit, a incorporar lo dispuesto en la reforma constitucional de 2014 y los criterios resueltos por el Trife en materia de equidad.
La Diputada Genoveva Huerta Villegas: Con su permiso, Senador Presidente.
A seis décadas de distancia de la histórica conquista del voto femenino en México, las mujeres seguimos luchando para que el voto pasivo, nombre con que se conoce al derecho a ser postuladas como candidatas, sea una realidad.
Ha habido gobernadoras, presidentas municipales, diputadas locales, pero aún nos falta mucho más
En general el acceso a los puestos de elección popular para las mujeres seguiría siendo bastante complejo sin acciones afirmativas para garantizar su elección como candidatas. No obstante, es necesario reconocer el histórico avance que se alcanzó en las elecciones federales de 2012, con la sentencia 12624 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta sentencia que fue el resultado de la tenacidad y el gran trabajo en equipo, sin distingo de partido, que llevamos a cabo las mujeres.
En este Congreso se han presentado diversas iniciativas en pro de la paridad de género, pero hemos pedido que la paridad de género se cumpla como principio obligatorio en la Constitución.
En ese sentido, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, en la cual determina la elaboración de una Ley General para Regular los Procedimientos Electorales, que instaure reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.
Se logró llevarlo al artículo 41 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual estipula garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.
Desgraciadamente, no en todos los estados se aplicó de la misma forma, como es el caso del estado libre y soberano de Nayarit. La Constitución Local del estado de Nayarit no contempla los preceptos de paridad.
Es por ello que a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, presentamos ante este Pleno este punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente al Congreso del estado libre y soberano de Nayarit, incorporar lo dispuesto en la reforma a la Constitución Federal del 2014, y tomar en consideración los diversos criterios resueltos por el Tribunal Electoral en materia de equidad para reformar el artículo 135 de la Constitución Política de este estado.
Ese es el primer paso para la homologación con la reforma constitucional, pero además, avanzamos conforme a los criterios judiciales, procurando que la paridad sea absoluta, esto facilita a hombres y mujeres el acceso a las candidaturas, a los cargos de elección popular, quedando supeditada la integración de ayuntamientos y el Congreso en cuanto al género, únicamente al resultado de la elección y no a criterios de discriminación.
Nuestro compromiso como legisladores con la siguiente generación, debe ser un legado de paridad de género, absoluta en el plano político, con la expectativa y la intención de lograr construir una mejor sociedad, una sociedad más igualitaria en todos los aspectos y no sólo en el Congreso.
Es cuánto.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Primera Comisión.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre del Senador Alejandro Encinas y de la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal devuelva al Congreso de la Unión el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y por el que se expide el Código Militar de Procedimientos Penales.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Bien, es un punto de acuerdo, como lo acaba de referir el Presidente de la Permanente, que signa la Senadora Dolores Padierna y el Senador Alejandro Encinas, voy a leer los considerandos.
El pasado 29 de abril el Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, mediante los cuales se empodera al Ejército Mexicano y se facilitan las posibles violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en general.
Como empieza a ser una deplorable costumbre en este cuerpo legislativo, además discutir las reformas importantes en sesiones de madrugada, y sin los consensos necesarios, se aprobó la minuta enviada por la Colegisladora, sin que existiera una verdadera discusión de la misma, ni se analizaran puntualmente los efectos que estas nuevas disposiciones traerán consigo.
En primer lugar, los ordenamientos antes referidos mantienen la figura del fuero militar. En ese sentido hay que señalar que existe una incompatibilidad del fuero militar en México con las normas del derecho internacional de los derechos humanos, fue advertida desde la década de los noventa por el relator contra la tortura de la ONU, quien en su informe de 1998 expresó su preocupación por el hecho de que el personal militar parece gozar de inmunidad frente a la justicia militar.
Al respecto, diversos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos han hecho señalamientos al Estado mexicano para reformar la legislación con objeto de limitar el fuero militar, como el Comité Contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes han señalado que se debe modificar el Código de Justicia Militar, con el fin de que dicho fuero aplique únicamente sobre los delitos que funcionen militares y que se le elimine la jurisdicción castrense en cuanto a delitos cometidos por militares contra civiles.
Estas recomendaciones realizadas al Estado mexicano encontraron eco en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo, ecologistas presos, todos contra México en los que establece el alcance restrictivo y excepcional que debe tener la jurisdicción penal militar y su aplicación al caso concreto, un Estado democrático, derecho y la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales vinculados a las funciones propias de los militares, de las fuerzas militares.
Ahora bien, derivado del análisis realizado al Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales se identificaron una serie de elementos problemáticos que impactarán al Estado de derecho de nuestro país de publicarse el decreto.
En este sentido dentro de las disposiciones más preocupantes destacan:
Primero. En el segundo párrafo del artículo 1, se retoma textual, y se copia contenido el artículo 13 constitucional, es decir, vuelve a centrar el reconocimiento y fuero militar como un eje de la actuación de los procesos penales de investigación y acusación.
Segundo. Dentro del artículo 43, se establece que cuando en un proceso judicial militar una persona no habla español, se le proveerá un intérprete y podrá usar su propio lenguaje, además de que se hace alusión expresa a los miembros de pueblos y comunidades indígenas con lo cual se rebasa la facultad que tienen los militares de juzgar únicamente personal militar y no personal civil.
En adición al anterior artículo 47, hace referencia explícita a las personas menores de 12 años, lo cual preocupa puesto que dispone que los militares pueden citar a comparecer a niñas, niños y adolescentes lo cual violenta flagrantemente sus derechos humanos.
Se facultan las instituciones judiciales militares a realizar cateos en propiedades de civiles mediante la autorización por parte de una orden dada, sin que para ello medie la intervención de un juez federal.
Se faculta a la Policía Militar y al Ministerio Público Militar para que realicen cateos en las residencias u oficinas de cualquiera de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial de los tres órdenes de gobierno o en su caso organismos constitucionales autónomos mediante la simple autorización de un juez de control militar.
Se mantiene que cuando reconcurran militares y civiles como sujetos activos sólo los primeros podrán ser juzgados por la justicia militar sin que se incluya que cuando se violen los derechos humanos, ambos, deberán ser juzgados por un juez civil.
Se establece la obligación de que toda persona, incluidos militares puedan presentarse ante el órgano jurisdiccional militar o ante el Ministerio Público cuando sea citada, cuando se excluye al Presidente de la República o servidores públicos a que se refiere el párrafo primero y quinto del artículo 11 de la Constitución. El consejero jurídico del ejecutivo, los magistrados, jueces, los comandantes de mandos territoriales aéreos y navales; los generales de división y almirantes en activo, y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia.
Cabe señalar que una disposición similar está dentro del Código de Justicia Militar en su artículo 38, pero dentro de ese artículo se establece que simplemente se llamará a comparecer cuando deban suministrar datos para la averiguación de los delitos.
Como puede observarse, resultaron en una falacia los argumentos que se vertieron en una discusión y en aprobación de estos ordenamientos puesto que el discurso oficialista los legisladores afines al partido del poder se centró en que con la reforma únicamente se armonizaban las disposiciones militares con el nuevo esquema militar que el legislativo emitió, puesto que dentro del mismo no se disponía mayores facultades al ejército, y menos aún facultades tan arbitrarias como la de cateos a inmuebles civiles o federales.
Es necesario señalar que México está actualmente militarizado, casi en su totalidad el ejército se ha abocado, desde la administración pasada en realizar labores de seguridad pública sin estar capacitado ni facultado para ello; por lo cual se han dado lamentables casos de violaciones a derechos humanos cometidos por elementos de las fuerzas armadas contra civiles.
Recordemos en 2014 se dio el caso de las ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército en el municipio de Tlatlaya, Estado de México; y más recientemente se conoció otro, donde una mujer perteneciente al cuerpo castrense junto a… o con otra perteneciente a la Policía Federal, torturan a una detenida con el fin de obtener información.
No necesita la justicia militar de una reforma como la que se aprobó, todo lo contrario, lo que se necesita es una legislación que acote el ilimitado poder de las fuerzas castrenses pues ha sido evidenciado por todas y todos nosotros que cada día se presentan más y más casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos del ejército y de la marina mexicana.
Al respecto el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió al Senado de la República una serie de observaciones al proyecto en comento, mismas que no fueron tomadas en cuenta.
Ahora bien, con base en el Apartado C del artículo 72 constitucional, el Ejecutivo Federal puede vetar cualquier proyecto y devolverlo con observaciones a la Cámara de origen del mismo, con el fin de que sea discutido de nueva cuenta por ésta.
De aprobarse en la Cámara de origen pasará a la revisora, y si ésta lo aprueba, regresará al Ejecutivo para su promulgación.
En este sentido se entiende que el Ejecutivo Federal puede realizar observaciones a un proyecto mediante su facultad de veto y regresarlo a las Cámaras para que sean atendidas las mismas.
Tomando en cuenta de que no se puede promulgar un decreto que fomentará violaciones a derechos humanos es necesario que el Ejecutivo ejerza su facultad prevista en el Apartado C del artículo 72 constitucional y regrese a las Cámaras el proyecto en cuestión, donde se retomen las observaciones realizadas en el Senado de la República por el representante adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y contenidas en el Diario de los Debates de ambas Cámaras.
Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía sea aprobado como de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo.
Único.- La Comisión Permanente solicita al Ejecutivo Federal que en el ejercicio de la facultad que le confiere el Apartado C del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos devuelva al Congreso de la Unión el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, aprobado el 29 de abril del 2016, al considerar las observaciones realizadas al mismo por el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y las contenidas en el Diario de los Debates de ambas Cámaras.
Es cuanto. Leído.
Gracias, por su atención.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En términos de lo dispuesto por el artículo 59 y 60 del Reglamento y el Resolutivo Décimo Sexto del Reglamento para normar la sesiones de la Comisión Permanente, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite como urgente resolución.
La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se admite de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
No se considera de urgente resolución Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se turna a la Primera Comisión.
Tiene ahora la palabra el Diputado Edgar Romo García, para presentar a nombre propio y de la Diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un punto de acuerdo que exhorta a coordinar y supervisar la creación y apertura de centros educativos temporales donde estén ubicados los campos agrícolas que contraten mano de obra de trabajadores jornaleros.
El Diputado Edgar Romo García: Gracias Presidente.
En el proceso de migración que existe entre México y Estados Unidos de América coexiste una realidad en el territorio claramente diferenciada de índole interna.
Se estima un flujo migratorio cuyo estatus está lejos de considerarse irregular, porque obedece a emergencias económicas, sociales y políticas del país, en algunos casos extremos de inseguridad incluso de violencia que lleva a miles de familias de emigrar de una entidad a otra.
En los últimos años trabajadores migrantes se desplazaron de una región a otra escala nacional para incorporar su mano de obra en campos agrícolas, pesca o la construcción. Ante esta dinámica migratoria en la mayoría de los casos se sumó la familia sin ninguna expectativa, y en una elevada proporción se fue generando un conflicto migratorio en un Estado de indefensión y vulnerabilidad con alta probabilidad de explotación de trata de personas, de hostilidad y de marginación, y que hoy muestra una tendencia indeseable, conllevando a una discriminación y una suerte de esclavitud laboral en su propio país.
Ante esta problemática de migración interna como fenómeno familiar. Es necesario que se promueva el respeto a sus derechos humanos y fundamentales, particularmente lo concerniente a la educación para sus hijos.
El derecho a la educación, es sin duda una garantía que goza todo mexicano, es la mejor aportación contra la desigualdad y discriminación.
La consigna en la Carta Magna, así como en los Tratados y Convenios Internacionales, signados por nuestro país, no puede dejar de estudiar la situación real en la educación de los menores, cuyos padres cambian de residencia dentro del país para obtener el sustento de la familia.
Resulta ineludible que para enfrentar el fenómeno migratorio interno, se diseñen y apliquen políticas dedicadas a atender a estos grupos.
Determinar una conciliación reglamentada que involucre a los tres niveles de gobierno para promover acciones y asumir la responsabilidad correspondiente.
De tal manera que se protejan y garanticen los derechos de este éxodo de familias completas, unidos por una constante que son: los desplazados sin dinero y sin casa.
En ese tenor, es importante que la Secretaría de Educación Pública, reafirme en los programas existentes y diseñe nuevas estrategias de enseñanza, aprendizaje y, sobre todo, regionalice dichas medidas para garantizar el beneficio en esos niños y niñas migrantes. Considerando, por supuesto, sus particularidades y necesidades debido a su calidad de miembros de familias jornaleras.
Por ese motivo, pretendemos someter a la consideración de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, este punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a coordinar y supervisar la creación y apertura de centros educativos temporales donde estén ubicados los campos agrícolas que contraten mano de obra de trabajadores jornaleros acompañados de sus familias.
Garantizando la planta docente necesaria y especializada para tales casos, así como proporcionar las constancias de estudio correspondientes a los alumnos para que se asegure la continuidad de sus estudios en otro lugar al que emigren.
Y también exhortar a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, a requerir en los particulares propietarios de campos agrícolas que contraten mano de obra de trabajadores jornaleros, acompañados de familias, otorguen los medios necesarios para la atención debido en la enseñanza, así como destinar un espacio como Centro Educativo Temporal, enfocados a la enseñanza básica de los niños y de las niñas.
En México, compañeros, no debe existir cabida para la injusticia y discriminación. Todos los niños, sin duda tienen derecho a la inclusión educativa.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño.
La Senadora Carmen Dorantes Martínez: (Desde su escaño) Al Diputado Edgar Romo García, si me permite adherirme a su iniciativa.
El Diputado Edgar Romo García: Con mucho gusto.
La Senadora Carmen Dorantes Martínez: (Desde su escaño) Gracias.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría.
Túrnese a la segunda comisión.
Ruego a la Asamblea su atención.
Los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un acuerdo en relación con el estado en que se encuentran los procedimientos penales en contra de Joaquín Guzmán Loera.
En consecuencia, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda del día de hoy para su trámite.
La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy, el acuerdo referido por la Presidencia.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Si se autoriza su incorporación, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone de inmediato a discusión.
La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Si se considera de urgente resolución, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Dé lectura a los puntos resolutivos del acuerdo presentado.
La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Primero.- La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que lleve a cabo reunión de trabajo con los servidores públicos competentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República, para que se explique el estado en que se encuentran los procedimientos penales en contra de Joaquín Guzmán Loera.
Segundo.- La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, para que en la referida reunión con las autoridades mencionadas también se explique el estado y el curso que guardan las solicitudes de extradición del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, así como las eventuales negociaciones relacionadas con los bienes y recursos económicos que resulten en los aseguramientos y decomisos que se han realizado o se realicen por las autoridades, de conformidad con la legislación aplicable y los convenios vigentes entre ambos países.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.
Se concede el uso de la palabra al Diputado Virgilio Caballero, del grupo parlamentario de Morena.
Sonido en su escaño, por favor.
El Diputado Virgilio Caballero Pedraza: (Desde su escaño) La extradición de Joaquín Guzmán Loera, del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano al Centro Federal de Readaptación Social número 9 de Ciudad Juárez, es un auténtico sabadazo.
El Secretario de Gobernación debe dar una explicación de ¿Por qué su traslado?
No basta el breve boletín que fue emitido en días pasados.
Debe explicar en primera instancia ¿Cómo fue que se fugó de un Penal de Máxima Seguridad?
¿Por qué no se informa puntualmente, si se trata sólo de un traslado o de una faramalla?
¿Cuál es el objetivo?
¿Cuál es la intención detrás de ello?
¿Por qué no sale el Presidente a informar o, en su caso, el Secretario de Gobernación?
¿Por qué salió únicamente a informar de este traslado el gobernador de Chihuahua, cuando se trata de un asunto de interés nacional y trascendental para la vida pública del país?
Que se explique ¿Por qué fue trasladado del Penal Federal del Altiplano certificado con el máximo nivel de seguridad a un penal de Ciudad Juárez que no cuenta con el mismo nivel de seguridad para resguardar a delincuentes de este tipo?
Si lo que se intenta es extraditar a este capo, que se diga, que no se oculte.
Lo que queda claro es que la política penitenciaria y los penales federales no los maneja la Secretaria de Gobernación, sino los Departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.
Tenemos un Secretario de Gobernación débil, con una estructura operativa interna infiltrada por el narcotráfico y la delincuencia organizada, corrupta y sin controles.
Así lo demostró la fuga de este personaje.
A dónde vamos cuando las autoridades nacionales del país le hacen más caso a los intereses extranjeros que a nuestras propias necesidades.
Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede ahora el uso de la palabra al Diputado Emilio Salazar Farías, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Diputado Emilio Salazar Farías: Con su permiso, señor Presidente.
Sabadazo, lunesazo, miercolesazo, no importa mientras se respete el debido proceso.
Qué fácil es especular, diciendo que es todo en lo oscurito, cuando la realidad es que tenemos un Secretario de Gobernación fuerte y que las cosas se hicieron conforme a derecho; conforme con lo que establece la ley.
Y si es para resguardar a un delincuente que ha mostrado su peligro, pues hay que hacerlo.
Sin temor a lo que se diga.
Sin temor a la especulación.
Sin temor a la maledicencia.
El tratamiento de los delincuentes y del Sistema Penitenciario, requiere decisiones y tienen que tomarse con firmeza.
Si hay que extraditarlo, las leyes los dirán, hay un proceso para ello, hay una decisión que se hará de acuerdo a los Tratados Internacionales y a una ley de extradición vigente también.
Así hay que verlo, más allá de estar pensando en complots o en cosas oscuras.
Lo importante será que consideráramos también que los bienes que sean incautados en ambos países sean usados para lo que se requiere.
Hay países donde se ha procedido a ello, invitar a los fiscales americanos, que vayan los nuestros y que determinen el destino de esos bienes.
Que ¿Para qué deben servir? Deben servir para apoyar el combate de estos mismos flagelos, el combate de esto mismo, y lo hagamos con mucha seriedad, lo hagamos por nuestro país, lo hagamos por México, lo hagamos porque es lo que el derecho dice, y no porque nosotros opinamos.
La opinión pública va a decir: “El Chapo, hagamos esto, hagamos aquello”, pero no nos manda la opinión pública, nos tiene que mandar lo que la ley indica, es lo que la gente exige, y ante la ley todos somos iguales, y tenemos que respetarlo.
Es cuanto. Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, Presidente.
Señoras y señores: Yo, cuando supe que habían trasladado, en función de que se fue la luz del penal donde se encontraba, de alta seguridad, el señor Joaquín Guzmán Loera, lo primero que me surgió fue: Y ¿por qué lo mandaron al 9, de Juárez? Donde tienen tantos señalamientos, ese centro de privación de libertad.
Hay señalamientos, por ejemplo, en el último informe del 2015, la CNDH, donde da, creo que 6.3 de calificación. No son los mejores ejemplos.
Entonces, francamente me parece que este tema tiene que ver mucho con las condiciones también, y como se encuentran los centros de privación de libertad, por cierto, ojalá que nos dé tiempo en el período extraordinario, que sea revisada y aprobada y conciliada, si es el caso, con la Cámara de Diputados, de una ley muy importante. Duramos mucho tiempo trabajando en ella, que tiende justamente a prevenir este tipo de cuestiones.
Y quiero retomar una parte de lo que, quien me antecedió en la palabra, mencionaba. Trátese de quien se trate, trátese de quien se trate, necesariamente tiene que haber un procedimiento que la Constitución ya los determina, que son el debido proceso legal, que está inscrito, por cierto, desde un enfoque de respeto a los derechos humanos; y un precepto muy importante, que conviene que hoy recordemos, que es el de la reinserción social.
Por cierto, qué rato que todavía se siga llamando, el órgano administrativo desconcentrado, todavía de “Readaptación Social”. Sería bueno también que acordemos aquí nuevamente que se cambie para: “Reinserción Social”, que vaya acorde con la Constitución.
Entonces, es importante, tomando en cuenta que hay seguramente personas que a lo mejor no tienen remedio, pero no es el sentido en la Constitución, el sentido en la Constitución, y así se ha logrado en muchas partes del mundo, que es la naturaleza penal, las leyes de naturaleza penal siempre van avanzando para tratar de buscar, darle alternativas a que una persona pueda regresar al camino correcto y no puedan seguir infraccionando, cometiendo infracciones a las leyes penales y afectando a la sociedad, a la comunidad.
En el caso del Chapo Guzmán, como se le conoce como de manera coloquial, las especulaciones respecto de si era más fácil llevarlo a la frontera con Estados Unidos para iniciar un proceso de extradición, pues es algo que está especulado, especulándose desde hace mucho tiempo y pareciera como que ahora sí, ahí están las condiciones para que simplemente se atraviese, se pueda llegar de manera mucho más fácil a llevarlo a la extradición.
Por lo tanto, me parece, que más allá del lugar donde está, si es propicio o no es propicio, sobre todo tomando en cuenta que ya van dos veces que se fuga ¿No? y si el lugar, efectivamente, es acorde o no.
Más allá de que haya un proceso de extradición, que hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene el expediente en su escritorio.
Más allá de si se concilian los términos de cómo puede ser ésta, me parece que es importante que nosotros insistamos en los dos puntos que tienen que ver con este resolutivo, los dos, y me parece que son importantes.
Particularmente quiero mencionar el que tiene que ver con el punto dos, que llama a exhortar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, para que en la referida reunión con las autoridades, que menciona el punto de acuerdo, también se explique el estado y el curso que guardan las solicitudes de extradición del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, así como las eventuales negociaciones relacionadas con los bienes y recursos económicos que resulten de los aseguramientos y decomisos que se han realizado o se realicen por las autoridades de conformidad con la legislación aplicable y los convenios vigentes entre ambos países, porque es ahí precisamente, en la parte que tiene que ver con los recursos, con las autoridades, hacen o dejan de hacer o pretenden hacer, pero al final no hacen, ir a las finanzas de quienes están involucrados en estos negocios tan lucrativos.
Es cuanto, y simpatizamos como grupo parlamentario con los puntos que aquí se han puesto a consideración de esta Asamblea.
Gracias por su atención.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la proposición presentada.
El Diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores: Nosotros teníamos la intención de abordar el tema, porque estamos convencidos de que es inminente la extradición.
Si bien hay un juez federal que acaba de otorgar una suspensión temporal a Joaquín Guzmán para evitar la extradición, más allá de lo que aquí se ha dicho y de estas versiones inverosímiles respecto de la remodelación del Penal del Altiplano, “Y que si había que cambiar el sistema eléctrico”, “Y que si todo tenía que ver con una falla eléctrica”, la realidad es que es inminente la extradición.
Y nosotros lo que queremos dejar muy claro es que el Congreso de la Unión debe tener información, y la opinión pública tiene que tener la información básicamente de dos cosas:
¿Cómo ha avanzado el proceso de extradición?
¿Cómo está integrada la solicitud por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos?
Y ¿Qué está negociando el Gobierno de la República en el contexto de la extradición?
Cito este acuerdo entre México y Estados Unidos, del 4 de septiembre del 2001, que se conoce como: “El Sharing Agreement del Judicial Narcotics, donde dice:
“Que todos los internos que son consignados en un penal estadounidense, producto de colaboración entre ambos gobiernos, le dan derecho a los dos gobiernos, pero estamos hablando en este supuesto de la extradición, de México a Estados Unidos, de un interno a cuando menos el 50% de todos los activos que son asegurados y recuperados.
Tan solo en una corte federal de Blooklyn, en Nueva York, hay una causa en contra de Joaquín Guzmán, por 14 mil 400 millones de dólares. Repito la cifra 14 mil 400 millones de dólares, sólo en Blooklyn, a parte está la causa del juzgado federal de Miami, que son las dos que sabemos. Pero no sabemos cuántas más.
Y lo que quisiéramos saber exactamente ¿Cuál es el total de la masa financiera y el total de causas penales que quiere acreditar el gobierno estadounidense y acumular en contra de Joaquín Guzmán, porque es hasta suerte, cuando tenga una sentencia firme, nos tiene que retroalimentar o nos tiene que regresar parte del dinero manchado de sangre, que no queremos que se quede el gobierno estadounidense, y que queremos tener la garantía de que este acuerdo judicial y de colaboración entre la Procuraduría General de la República y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en vigor desde 2001, será aplicado, será plasmado en el acuerdo de extradición.
Y hay que dejar claro cómo es el proceso. No tiene que ver con la Secretaría de Gobernación, quien firma es la canciller, quien instrumenta es la PGR.
Y quiero compartir, porque me llamó la atención la intervención de mi amiga, la Senadora Angélica de la Peña, cuando decía: ¿Por qué ahí y no en otro penal, el de Ciudad Juárez?
Esta es una foto satelital de la base militar el Paso, una base militar donde convergen EFTEI, FBI, DEA, y varias agencias de investigación, inclusive el ejército estadounidense.
En esta foto que voy a compartir, que es satelital, de hace un par de días, vamos a ver que hay 41 helicópteros, como estado de fuerza, listos para atender lo que era una inminente extradición, no con motivo de un apagón electrónico en el Penal del Altiplano, sino como parte de una negociación.
Esta es la base militar de El Paso, en Estados Unidos, para quienes conocen muy bien la región, no está ni siquiera a 100 kilómetros de distancia del penal de Ciudad Juárez, en donde hoy duerme Joaquín Guzmán Loera.
Por esa razón es que queremos apoyar el punto de acuerdo y que agradecemos que todo mundo lo pueda acompañar, que si es extraditado sea extraditado para que no se fugue como lo ha logrado hacer en México en dos administraciones.
Y me hago cargo de lo que le toca a la parte que Acción Nacional gobernó en este país, ahí hay más garantía que no se va a fugar en una tercera ocasión, pero que no se vaya con las manos manchadas de sangre, y que no sean los estadounidenses los que se queden ese dinero, porque de aplicar las sentencias que los gobierno mexicanos nunca supieron aplicar.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Diputado Edgar Romo García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Diputado Edgar Romo García: Con su permiso, Presidente.
Sin duda el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, conformado por legisladores, Diputados y Senadores, apoyamos este punto de acuerdo y lo hacemos propio, junto con la Mesa Directiva, para manifestar, sin duda alguna, que el Poder Legislativo está decidido a exigir a que se cumpla con el Estado de derecho, esta obligación de que se cumpla a la sociedad mexicana con el Estado de derecho es una obligación inherente a nuestra representación legislativa.
Hoy por hoy la bicameral, conformada por legisladores y Senadores, ha tenido reuniones con las autoridades encargadas de la extradición y del proceso penal de este delincuente que fue capturado, sin duda alguna, por el esfuerzo, la voluntad y la dedicación del ejército mexicano, del Poder Ejecutivo, de las autoridades estatales e incluso de la ciudadanía, que por cierto eso no marca ninguna señal de debilidad para nadie.
En segundo, ha estado preocupada la Comisión Bicameral porque se transparente el proceso, y si este punto de acuerdo abona a que se continúen abriendo y rindiendo cuentas sobre el procedimiento de extradición y sobre el estatus actual que guardan los procedimientos penales para Joaquín Guzmán, estamos a favor.
También estamos preocupados para que de una manera clara se garantice por las autoridades tanto nacionales como extranjeras que se cumplan con los convenios que hay en esta materia con la legislación aplicable en materia de decomiso de bienes y de aseguramiento del patrimonio que tenga como origen actos delincuenciales o que tenga como origen la comisión de un delito proveniente de la delincuencia organizada.
También estamos muy claros que no requerimos especular con fotografías ni requerimos especular con un sinnúmero de helicópteros si el Chapo es esperado o no en Estados Unidos, de lo que hoy estamos seguros es que el Chapo Guzmán no pudo burlar al ejército mexicano.
Que el Chapo Guzmán no pudo burlar al Poder Ejecutivo Federal, que fue capturado y que estamos seguros, y que hoy exigimos, que va a pagar no sólo en México, compañeros, también va a pagar en Estados Unidos de Norteamérica, y va a pagar conforme a la legislación, y le va a regresar a México lo que le quitó a los mexicanos: su seguridad, su paz.
Lo que le quitó a las víctimas de la delincuencia organizada y que por eso exigiremos puntualmente que el destino de los bienes decomisados se reparta conforme a la legislación aplicable y los convenios que aplican en materia de delincuencia organizada y en materia de extradición.
Es cuanto, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Hay dos oradores registrados por rectificación de hechos.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Guadalupe Acosta Naranjo.
El Diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Lo realmente preocupante es cómo en nuestro sistema de justicia delincuentes tan peligrosos para la sociedad, y que se han convertido en verdaderos imperios económicos, un peligro, no se les quita un solo peso.
Es la tercera vez que se detiene al Chapo, la tercera vez, y no le han quitado un pelo a ese gato.
¿Cómo no van a seguir siendo poderosos?
¿Cómo vamos a combatir a fondo si no terminamos con todas las redes financieras de lavado de dinero, donde los delincuentes de cuello blanco, que existen en este país, siguen manejando estos negocios?
Y si Estados Unidos nos va a quitar la mitad, pues si no nos ha quitado nada, absolutamente nada, debería de llamarnos la atención para que el Congreso, ahora que estamos discutiendo estas leyes anticorrupción, que es un conjunto de legislaciones que tienen que ver, entre otros, con este tema, podamos ir a fondo en una normatividad que no solamente detenga a un delincuente para que luego sea sustituido por otro, o se arme una guerra abajo por el mercado, o por el control, si no tenemos una política para desmantelar el enorme poder financiero y económico de los cárteles, no estamos haciendo nada efectivo.
La tercera vez que lo detenemos, o que lo detienen, y no se le quita nada.
Y dos, para mí, comparto la especulación del Diputado Döring, es inminente que lo van a extraditar, sobre todo porque en Bucareli puede haber un funcionario que le urge que mejor esté en Estados Unidos, no se le vaya volver a ir y se vaya con él alguna cosa más. Por eso, es más o menos inminente que lo van a trasladar a Estados Unidos.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.
El Senador Miguel Ángel Barbosa Huerta: Hablar de los procesos penales en contra del delincuente más buscado en el mundo, sin duda que es un asunto de seguridad nacional, porque pone en riesgo muchas cosas.
La detención de Joaquín Guzmán Loera la reconocimos como una acción policiaca de inteligencia sobresaliente, sin duda que lo fue, no podía ser vista de otra manera, su procesamiento, porque hay que recordar que ella tiene sentencias definitivas que está en proceso de compurgación, pero tiene otros procesos que están por resolverse, era una prueba a todo el sistema penitenciario mexicano, su fuga reveló la penetración que el crimen organizado había conseguido en nuestro sistema de justicia, en nuestro sistema de procuración de justicia, en el sistema policial de inteligencia y, desde luego, en el sistema penitenciario, cuando su detención, las voces surgieron: “que se extradite”.
Yo tuve la opinión que se juzgara primero en México y que después se mandara a Estados Unidos para el desahogo de las causas pendientes allá, para que se pudiera conocer lo que había no sólo en sus fugas, sino en sus vinculaciones, en la red de complicidades, en todo lo que ha permitido la construcción de un imperio del crimen, llevado a desahogar las causas penales pendientes en Estados Unidos casi se olvidaría el caso del asunto.
¿Cuándo se estuvo pendiente de las causales penales de los procesados extraditados? Nunca más.
Y todo lo que tenía que revelarse acá, con la detención de Joaquín Guzmán Loera, se iba a abandonar, así ocurrió, eso es algo que no puede negarse.
¿Dónde están los nuevos datos que Joaquín Guzmán Loera tuvo que arrojar después de su última detención?, ¿cuál es lo nuevo que se supo después de la detención de Joaquín Guzmán Loera?
Un asesor de muchas gentes del Senado, muy competente en materia de seguridad pública, cuando le expuse mi posición, de que debiera primero juzgarse acá en México y después llevarse a juzgar a las cortes americanas, me dijo: “No, Senador, Joaquín Guzmán Loera y gente así tienen un enorme poder de seducción, van a debilitar el sistema penitenciario, lo van a debilitar con amenazas, lo van a debilitar con amparos, lo van a debilitar con acciones mediáticas, vimos cómo fue capaz de construir toda una estrategia mediática para debilitar su aprisionamiento, la disciplina de su aprisionamiento”.
Y se convirtió en tema nacional si “El Chapo” dormía 4 ó 6 horas, si tenía sus alimentos, si recibía las visitas íntimas que le corresponden a cualquier detenido, si sus abogados se entrevistaban con él o no; un conjunto de cosas que, sin duda, deberían de ser de toda la importancia para todos, no solamente para los más peligrosos y los más poderosos.
Decir que se lo llevaron a Ciudad Juárez para que esté a un paso del territorio, oye, pues como que entonces se trata solamente de cruzar el río Bravo o de cruzar el muro y ya estar en territorio americano. No creo que deba corresponder a una decisión de Estado, es una decisión de Estado la de que lo hayan trasladado del penal de alta seguridad de El Altiplano al penal número 9 de Ciudad Juárez.
No veo por qué tuvo que haber sido así, corresponde al sistema penitenciario, y como integrantes de un órgano del Estado, como el Senado, debemos de apoyar esa posición, nadie quiere ver a “El Chapo Guzmán” nuevamente fuera, a través de una fuga que avergüenza a todos los mexicanos.
No hay forma de saberlo porque son cosas de la absoluta secrecía. Hoy le dictamos una agenda a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, ¿se han dado cuenta de eso, nunca había sido así?
En todo caso la Comisión Bicameral construye su agenda, hoy le dictamos una agenda en este punto de acuerdo, que así sea para que se nos vea a todos contribuyendo a una posición de Estado; pero, desde luego, van a dar muchas cosas ya sin responder.
Inminente la extradición, claro que sí, se ha hablado de un año no inminente de meses, de un año, pero a partir de que el Chapo Guzmán fue detenido no hay un dato nuevo sobre la red de complicidades políticas, económicas, de toda índole que le ha permitido construir su imperio criminal, el más poderoso del mundo.
Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se han agotado los oradores.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobada la propuesta, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada la propuesta.
Comuníquese.
Compañeros legisladores: Informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un acuerdo para modificar el Resolutivo Décimo Tercero de nuestro acuerdo para normar las sesiones y el Orden del Día.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore en la agenda de este día para su trámite.
La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el acuerdo referido por la Presidencia.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Dé lectura la Secretaría al punto resolutivo.
Ruego a la Asamblea mantener el orden y ocupar sus lugares porque vamos a celebrar una votación, que se refiere a modificar el acuerdo que norma nuestras sesiones.
Proceda la Secretaría con la lectura del punto resolutivo.
La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Propuesta de adición de un párrafo al Resolutivo Décimo Tercero: Los grupos parlamentarios deberán indicar, el día anterior a la sesión, los temas de los puntos de acuerdo que presentarán en tribuna.
En el caso de los que tienen derecho a más de una proposición podrán modificar hasta uno de los puntos a presentar por casos supervenientes justificados ante la Mesa Directiva en su reunión matutina previa a cada sesión.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.
Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo presentado.
La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobado, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el acuerdo por el que se modifica el similar que norman las sesiones y el orden del día.
Comuníquese a los integrantes de la Comisión Permanente.
Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Compañeros legisladores: Informo a ustedes que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.
Las intervenciones de la agenda política y las efemérides inscritas en nuestro orden del día se insertarán en el Diario de los Debates.
Dé lectura la Secretaría al orden del Día de la siguiente sesión, por favor.
La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al orden del día de la próxima sesión. (Leyó)
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se han agotado los asuntos en cartera.
Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión pública el miércoles 18 de mayo, a las 11:00 horas, en este recinto.
Se levantó la sesión a las 14:37 horas.
