Versión estenográfica de las audiencias públicas en materia de desaparición forzada, convocadas por las comisiones de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos del Senado de la República.
(Segunda parte)
C. JORGE VERÁSTEGUI (Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios): Buenos días a todas y a todos.
Senadoras; senador:
Me toca resumir lo que ya han dicho las compañeras. Creo que ha quedado muy claro. Ustedes ya estuvieron en Villahermosa.
Y haciendo un resumen es otra vez hacer la misma pregunta frente a la desaparición, frente a qué estamos: ¿a un problema de leyes, a un problema de capacidades humanas, políticas, económicas o ante la criminalidad institucional del Estado Mexicano?
Y parece que es la criminalidad del Estado Mexicano que desaparece a nuestras familias y no los quiere buscar.
Las compañeras expusieron las dificultades que han tenido para algo muy elemental que es la búsqueda de nuestros familiares.
Se ha quedado un poco de lado el tema de investigación, que va a ser la segunda mesa, pero la prioridad aquí es la búsqueda.
Por lo tanto estamos proponiendo separar la búsqueda de la investigación criminal, crear un sistema nacional que en las iniciativas que están en el Senado ninguna habla de un verdadero sistema nacional de búsqueda.
Necesitamos un sistema que coordine, opere, ejecute la búsqueda, donde se encuentren todas las instituciones gubernamentales que sean necesarias para proporcionar información para la búsqueda y localización de todas y todos los desaparecidos.
Necesitamos que se cree en este sistema una comisión nacional de búsqueda que opere con una fuerza de tarea, con una visión policial la búsqueda de los desaparecidos y las desaparecidas.
Necesitamos tengan claridad en los términos persona no localizada y persona desaparecida.
Nosotros estamos hablando de personas desaparecidas, de aquellas personas que fueron privadas de la libertad en contra de su voluntad, no de aquellas personas que se ausentaron de manera voluntaria.
A esas también hay que buscarlas, eso no lo negamos y por eso decimos que los protocolos de búsqueda que tienen que existir tienen que buscar a los dos tipos de personas, a las no localizadas, si las quieren llamar así, y a las desaparecidas por la comisión de un delito, pero que tengan la claridad y no revuelvan los términos.
Necesitamos también que esta búsqueda se federalice. Las compañeras decían la incapacidad que tienen las entidades federativas para buscar y para investigar.
A nosotros nos interesa que al menos la búsqueda la pueda hacer la Federación por los temas jurisdiccionales, que es lo que los estados dicen “no podemos buscar fuera de nuestro Estado y háganle como quieran”.
La Federación nos está diciendo que no va a asumir nuestros casos a nivel federal porque no tiene capacidad, no tiene presupuesto. Se le retiró incluso presupuesto a la recién creada Fiscalía de Personas Desaparecidas.
Pero como lo dijimos en Tabasco también: si ustedes remiten la búsqueda a los Estados es engañarnos y es engañarse ustedes también de decir que va a funcionar la ley.
Si la búsqueda se va a los estados, vamos a seguir en las mismas condiciones porque los estados son los principales responsables de la desaparición de nuestros familiares.
Desde el policía municipal hasta el gobernador del Estado todos son responsables porque estamos frente a una crisis institucional estatal donde hay una tolerancia de los gobernadores para que opere el crimen organizado.
Las desapariciones son generalizadas y sistemáticas, y lo han dicho los organismos internacionales; nosotros los hemos dicho desde el 2007 cuando empezaron a ocurrir.
Para que se pueda dar la generalidad y la sistematicidad tiene que intervenir el Estado. Y en todos los ejemplos que escucharon y en los que van a escuchar va a estar presente esa ausencia, esa tolerancia del Estado, en este caso de las entidades federativas.
Por eso urge que se replantee la federalización de esta búsqueda. Esta búsqueda pensando en crear una nueva institución, sí, porque no hay coordinación.
Hay una coordinación discursiva donde dice la Federación se coordina con los estados, las dependencias de la Federación se coordinan entre ellas. Pero eso es mentira.
Las subprocuradurías dentro de la PGR ni siquiera saben si tienen un asunto similar en una o en otra, si algún imputado está procesado en SEIDO; mientras que en la fiscalía de desaparecidos están buscando para entrevistarlo.
Por lo tanto, necesitamos que se cree una unidad especial, que sería esta comisión nacional, para evitar lo menos posible la coordinación, necesitamos que cuente con una unidad de análisis de contexto que recabe toda la información necesaria de los perfiles criminales, dónde operan, en qué zonas; porque las que existen en PGR no se coordinan, son insuficientes y sería ingenuo pensar que la comisión nacional le va a pedir al CENAPI información y el CENAPI se la va a dar o a la Agencia de Investigación Criminal; eso sería ser muy ingenuos.
Pero también sabemos que crear instituciones no resuelve las cosas, por lo tanto, estamos proponiendo crear un organismo de vigilancia ciudadano, que esté integrado por familiares, por expertos y organizaciones de derechos humanos que acompañen a los familiares, que tenga un poder coercitivo, porque sabemos que los órganos que hacen recomendaciones no funcionan; necesitamos tener poder incluso para quitar al titular de la Comisión de búsqueda, y eso con la vigilancia de todas las familias y de los expertos.
Que tenga también la posibilidad de participar en la creación de protocolos regionales, estatales de búsqueda. Necesitamos personal policial en esta comisión capacitado; porque hoy lamentablemente los policías investigadores, que se supone investigan, tampoco tienen la capacidad para investigar, a lo mucho saben buscar a los presuntos responsables.
Las compañeras, el compañero lo han expresado con ejemplos que se viven cotidianamente. Como movimiento hemos entregado diferentes documentos de carácter más técnico y esperamos también el compromiso que ya han hecho las senadoras y el senador, de permitirnos participar en la redacción de la ley, estar ahí donde estén dictaminando, para proteger que nuestra palabra quede ahí.
Y como se les dijo también antes, las familias son las que se dedican a investigar y también serán las que se dedicarán a la implementación de la ley, porque va a ser nuestra responsabilidad porque sabemos que el Ejecutivo Federal no lo va a hacer, los estados tampoco lo van a hacer, no lo quieren hacer; y la ley no va a traer nuevas personas, es una ley más que si se hubieran respetado las que ya están, hoy no estaríamos en esta situación.
Pero si es una ley que refleja el sentir de cada una de nuestras familias, nosotros la vamos a defender y vamos a procurar hasta donde podamos, su correcta implementación.
Esperamos que refrenden ese compromiso de poder estar redactando la ley en conjunto con las familias, más allá de escucharnos, porque mucho nos han escuchado; ahora necesitamos subir el costo.
Y también pedirles que así como van a reunirse con los diputados y diputadas para ver la ley de víctimas y agilicen el tema de la ley general sobre desaparición de personas y puedan crear o trabajar en comisiones unidas. Necesitamos que salga rápido, sabemos que no hay presupuesto para esta ley, porque no pensaron en eso; pero necesitamos que salga lo más rápido posible, siempre y cuando estemos ahí, participando en conjunto y que se vea reflejada nuestra palabra.
Muchas gracias.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias, Jorge.
Con esto daríamos por finalizado el panel de búsqueda e iniciaríamos el panel de investigación, con la participación de Manuel Ramírez, de la Red de Eslabones Estado de México.
MANUEL RAMÍREZ JUÁREZ: Buenas tardes a todos.
Soy el doctor Manuel Ramírez Juárez, soy padre de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella fue secuestrada y desaparecida desde el año 2004, con la participación de agentes judiciales del Estado de México.
Soy integrante de los colectivos “Colectivo universitario nos hacen falta”, “La Red de Eslabones por los derechos humanos”, “Cauce ciudadano”, “Red retoño”, “Movimiento por la paz con justicia y dignidad” e integrante del movimiento “Por nuestros desaparecidos en México”.
Me ha tocado hablar de algunos puntos de lo que es la investigación y quiero iniciar con que las investigaciones, como todos los saben, estas investigaciones las hacemos en un gran porcentaje nosotros, los familiares, con nuestros propios recursos, con nuestra inexperiencia, nunca pensamos estar en estas circunstancias de ser víctimas de un secuestro, no tenemos nada cómo hacerlo; pero lo más triste es que sabemos que tampoco las autoridades saben cómo buscar. Esa es la triste realidad.
Qué me ha dejado el investigar el paradero de mi hija y dar con que los que participaron fueron judiciales del Estado de México, amenazas contra mi vida y amenazas con que me van a desaparecer, a mi esposa o a otro de mis hijos. Y eso nos ha llevado a ser desplazados, dejar nuestra casa, que se está cayendo a pedazos en Ecatepec, Estado de México, y nos han albergado en otro estado de la República, con nuestros propios recursos, con nuestros propios gastos, con el costo de todo.
Nosotros las víctimas, tenemos que sufrir muchas situaciones de pérdida económica, de daño psicológico, de muchas cosas cuando nos desaparecen un ser querido. Y nos topamos con la burocracia, con las leyes que nosotros las víctimas no entendemos, el porqué todo está hecho a manera de que nuestro país, los perpetradores sea gente que está más preparada que nosotros para saber cómo violar, cómo apegarse a las leyes, con instituciones frías, con reglas sumamente frías.
Como por ejemplo, para buscar a mi hija para la investigación necesitamos las huellas digitales y no tenemos, el IFE, ya tenemos once años tocando las puertas a lo que antes era el IFE y ahora es el INE, y nos siguen mandando los mismos documentos en donde nos dicen que ellos no tienen injerencia, que tiene que ser emitida por un juez la orden.
Pues los jueces se echan la bola y dicen “no, tiene que ser con un juez civil, el juez penal”, y de todos ellos nadie sabe cuál es el juez, pero así mandan la respuesta siempre. Es decir, nosotros necesitamos que los documentos, que la ley contenga que pueda haber modificaciones a estas situaciones; obligar al INE para que nos dé siquiera una copia de las huellas digitales de la Credencial de Elector de mi hija. Llevamos once años y no nos han podido dar una simple huella, ya no queremos la Credencial de Elector; si mi hija no puede vivir, menos puede votar.
Otra de las situaciones que nos topamos para hacer la investigación con que hay bloqueo, de alguna manera se niegan las compañías de los celulares, las compañías telefónicas, principalmente Iusacell, Unefon, no quieren ni aun con mandatos de jueces, son renuentes a proporcionar esta información y todo eso nos dificulta a nosotros para encontrar, en esta lucha desesperada a nuestros familiares.
Y también esta ley debe de contemplar que los bancos, las casas comerciales que tienen información, se niegan a proporcionarla. Esta ley también los debe obligar, nadie debe estar oculto, ningún delincuente en ningún recoveco de esas leyes, de esas instituciones que son frías, indolentes y no hacen nada.
A nosotros los investigadores que nos hemos vuelto la mayoría de nosotros. Yo dejé mi maletín de médico y he agarrado mi portafolio para andar buscando. He arriesgado mi vida; he arriesgado mi patrimonio; he arriesgado muchas cosas para que finalmente las autoridades digan: Pues lo sentimos, esto que usted ha invertido no hay manera de que lo podamos meter en la investigación.
Nosotros andamos arriesgando la vida, metiéndonos con los delincuentes, en subida cuando sabemos por dónde va la situación, y lo único que obtenemos es que menosprecien las documentales que uno presenta basándose en que fueron obtenidas ilegalmente y no fueron ordenadas por un juez.
Dentro del caso de mi hija Mónica Alejandrina existen algunos detenidos y sentenciados por el delito de secuestro, y los autores hacen pactos de silencio y se niegan a decir qué hicieron, a quién entregaron a mi hija, pues seguramente temen represalias de sus cómplices que andan fuera.
Por ello es importante el que la ley contemple el tener algunos beneficios que posibiliten a la autoridad hacer uso de estos beneficios para lograr dar con el paradero de las personas o de los restos de las mismas. Ya sea considerando el cambio de penales, situaciones, estrategias, qué sé yo, que se le pueda hacer esto para que todo sea en beneficio de encontrar a nuestras víctimas.
Esta es una realidad para miles de personas que sabemos que la información precisa para poder localizar a nuestros seres desaparecidos que están en los penales.
Mónica Alejandrina, que está aquí su imagen, mi hija amada, y miles de desaparecidos como tantos otros, hermanos e hijos que vemos, porque no solamente es mi hija, es una lucha por todo estos hermanos, estos hijos aquí cuyas madres, padres, estamos desesperados, esperamos una ley justa y efectiva.
Y gracias, señores, por escucharnos. Que aunque sé que es su obligación queremos que en realidad, les suplicamos que hagan todo lo posible para que esta ley tenga dientes y no se una ley chimuela, como lo es la Ley General de Víctimas.
Gracias.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias, Manuel.
A continuación Brenda Rangel de Desaparecidos Justicia.
BRENDA IVONNE RANGEL ORTIZ: Buenas tardes a los senadores presentes y a todos mis compañeros y compañeras de desaparecidos, del movimiento por nuestros desaparecidos en México.
Mi nombre es Brenda Ivonne Rangel Ortiz. Soy queretana. Pertenezco a Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y de ahí han salido otros colectivos como el nuestro, Desaparecidos Justicia A.C., Querétaro.
Vengo representando a muchas familias. Mi voz hoy es la de muchos queretanos que tienen desaparecidos a sus hermanos, a sus hijos, a sus esposos, esposas, y a muchos otros que hoy no están aquí presentes, que son miles y miles y miles que sufren esta situación de la desaparición en México.
Es muy triste y lamentable para nosotros estar aquí haciéndoles a ustedes saber la situación que vivimos en México; la ineficacia que existe en nuestro Estado, en el Estado mexicano; la cero y nula investigación que existe para nuestros casos.
Si bien es claro, se les ha hecho saber a ustedes en otros foros anteriores y hoy no es la excepción. Seguimos insistiendo, las investigaciones han sido por cada una de las familias.
Todas las familias hemos aportado todo lo que está dentro del expediente y lo que se está llevando a cabo en cada investigación.
Cada investigación ha sido por parte de nosotros.
Nos han llevado a cuestas. Nos ha costado la seguridad de nosotros mismos y de nuestras familias.
Lamentablemente los agentes del ministerio público no están capacitados.
Hay una nula colaboración entre estados, entre procuradurías, y mucho más entre investigadores. No existen, por lo menos yo actualmente no conozco quiénes son los investigadores que están llevando, valga la redundancia, la investigación de mi hermano.
No los conozco, porque lamentablemente los cambian o cada tres meses o cada seis meses y no sé quién. El caso de mi hermano, así como el caso de cada uno de mis compañeros está tan manoseado, tan manoseado, porque esa es la palabra, que no hay una certeza en dónde están.
No sabemos quién los tiene. No sabemos quién está llevando esa investigación porque lamentablemente no hay investigación.
La investigación y todo lo que está real en el expediente ha sido aportado por cada uno de nuestras familias, lo demás es pura paja, es para engrosar nuestro expediente, señores; es para mentirnos, engañarnos y traernos vuelta, vuelta y vuelta.
Y cuando nosotros nos sentamos con el agente de ministerio público la pregunta es la misma: ¿Y qué más sabe, señora? ¿Qué más ha investigado? Cuando se supone que yo tengo que ir a escuchar cuáles han sido las actuaciones que el señor agente del ministerio público ha hecho.
Y si no nos entrega en ese momento un reporte de lo que le ha entregado el agente de investigación y nos salen con que: “Es que no nos han entregado ningún reporte, perdón”. No podemos continuar así.
No podemos continuar así. Las leyes que existen y esta que estamos empujando de nada va a servir, de nada va a funcionar si no es con la firmeza y con la dureza que ustedes hagan desde aquí desde su trinchera.
No pueden seguir simulando que nos van a ayudar a buscarlos o a encontrarlos o a hacer una investigación cuando están detrás de un escritorio. Señores, tienen que salir a campo.
Nosotros nos hemos expuesto. Yo he tenido que ir a casas de seguridad vestida de pordiosera. He tenido que hacer cosas que a lo mejor jamás en mi vida me imaginé, me he expuesto de más, tengo amenazas de muerte por el grupo criminal que se llevó a mi hermano, los zetas.
Tengo miedo, por supuesto que tengo miedo, pero tengo mucho coraje, tengo rabia, estoy harta, estoy cansada de cada vez que yo me siente con un agente del ministerio público no me entregue nada.
Todas las investigaciones han sido propias, y no hablo en mi caso, es en el caso de mis compañeros. En Querétaro hemos encontrado a diez personas, sí se pueden encontrar y ha sido con los recursos de Desaparecidos Justicia.
¿Cuáles? Los que cada familia puede aportar para su propia investigación.
Sí se puede encontrar; sí se puede buscar, pero la investigación la hemos hecho las familias.
Si la Procuraduría General de la República, si las procuradurías de los estados hicieran una investigación, no tendríamos por qué estar aquí.
Hoy yo no tendría por qué estar aquí viniendo a levantarles a la voz, a gritar, a exigir, porque queremos justicia, queremos verdad, ya no queremos más vueltas, no queremos más simulación.
No los queremos ahí detrás de los asientos nada más escribiendo o apuntando, mandando mensajes. Por favor, señores, está ocurriendo en México. Esto que está sucediendo es una tragedia.
No estamos en guerra, lo dijo usted senadora Peña; no estamos en guerra, estamos en paz, y esto que está sucediendo hoy en México se está saliendo de contexto. No podemos continuar así. No podemos continuar de esta manera, tenemos que levantar la voz y con las familias, desde nuestra experiencia, desde nuestro coraje, desde toda la búsqueda, investigación que ha hecho cada familia porque todo es importante.
Lamentablemente en las procuradurías no hay colaboración y se mandan la pelota de un lado a otro y así nos traen.
La procuraduría no se hace responsable porque no es jurisdicción. A mí que me interesa si no es su jurisdicción, a mí encuéntramelo.
Todas las procuradurías es lo mismo y nos mandan de una procuraduría a otra y así nos traen, locos, vueltos locos. No podemos, no podemos continuar con esta situación.
De verdad es inaceptable, no podemos continuar, no podemos tener la confianza. Ejemplo, a mi hermano lo entregaron policías municipales al crimen organizado.
Los policías que están detenidos por el caso de mi hermano no están detenidos por la desaparición de mi hermano, están detenidos por otros delitos.
¿Y dónde está mi hermano? Ellos declararon que lo entregaron al crimen organizado. Sí, pero ¿y en dónde está mi hermano?
Así como ese pequeño ejemplo hay muchísimos y en la mayoría de los casos que tenemos resueltos, hay trata de personas. Sí, se los han llevado del estado de Querétaro y los hemos encontrado en otros estados, cuando ni siquiera la Procuraduría del Estado de Querétaro ha tenido la dignidad de reconocer la problemática que existe dentro del estado.
Y así como Querétaro están muchísimos estados en la República que se lavan las manos o se enjuagan. Nada más reconocen que hay desaparecidos, pero no dicen cuántos y la cifra cada vez la minimizan más.
No podemos continuar así. Si no lo atienden y no lo aceptan y si no lo aceptan públicamente, no vamos a avanzar. No podemos seguir con el hostigamiento que estamos teniendo por parte de las procuradurías locales.
Las procuradurías locales no están haciendo ninguna investigación y por ejemplo, si los policías municipales están desapareciendo a nuestros desaparecidos, cómo podemos confiar en una procuraduría de éstas, no podemos confiar.
Tiene que conocer la Procuraduría General de la República de estos casos, porque no hay confianza en las policías ni municipales ni estatales.
Lamentablemente la corrupción que existe dentro del crimen organizado y los estados es bastante.
Muchas gracias.
SENADOR FERNANDO YÚNES MÁRQUEZ: Muchas gracias Brenda.
A continuación Sara Hernández de “Desaparecidos Justicia”.
SARA HERNÁNDEZ: Buenas tardes señores legisladores; buenas tardes compañeros.
De alguna manera todos estamos por la misma problemática que es nuestras procuradurías, nuestros investigadores.
Señores legisladores:
Qué tristeza de verdad, que tristeza me da ver tantas sillas vacías. Quiere decir que no hay interés, quiere decir que nosotros no importamos, que nuestros desaparecidos no son prioridad; qué lástima.
Y qué lástima que cuando nuestros compañeros hablan, si no estamos en el celular, estamos platicando y, lástima. Venimos con la enmienda de hacer sensibilidad entre nuestros legisladores, que veo que no hay nada de eso.
Que estamos como en nuestras procuradurías de nuestros estados, que sí se ve que quieren que nosotros les llevemos toda nuestra investigación y ellos atrás del escritorio o chateando o en la computadora o tomándose el cafecito, cuando realmente deberían de estar trabajando y que esta ley que está por avanzar, que quisiéramos que avanzara al cien por ciento, que quisiéramos que se hiciera lo más legal posible y que ustedes, como legisladores, tuvieran conciencia de hacer que las leyes caminen tal cual, para que fuera una investigación pronta, que no se archiven los expedientes y estén allí empolvados.
Que en las procuradurías solamente haya compadrazgos, haya los amiguitos seleccionados, llámese de los procuradores, llámese de los gobernadores, llámese de los secretarios de gobierno, llámese de cualquier nivel de gobierno.
Y lo que está sucediendo con nuestros expedientes, con nuestros casos, que es eso que se tapan unos a otros, porque es el amiguito, porque está el novio de la congresista, el novio de la secretaria, el novio de la procuradora, el novio de equis o la novia del equis funcionario y le pida el favorcito y se olvidan de todo.
En mi caso, mi hijo Juan González, fue desaparecido en el 2006, en el estado de Querétaro, cuando la procuraduría no hizo nada y puse la denuncia.
¿Qué sucedió?
No hicieron nada.
¿Por qué?
Porque las personas que nosotros nombramos como supuestos culpables tienen influencia dentro del gobierno como los amiguitos, como los compadrazgos, que antes les mencionaba y eso hace que nuestros asuntos jamás van a funcionar.
Y si en algún momento dado viene una persona que supuestamente va a investigar, no hay presupuesto para investigación y nos pide a nosotros, las familias, efectivo para poder ir a investigar, cuando a nosotros ya se nos acabó nuestro patrimonio, cuando nosotros ya vendimos hasta al gato.
¿Y qué sucede?
Quedamos en las mismas.
Por eso hago mención de que todos o cada uno de mis compañeros de algún otro estado ha pasado por lo mismo que pasamos nosotros en el caso de mi hijo.
En el caso de mi hijo que se lo llevan con su carro, que andaba vendiendo, porque él se dedicaba a vender los carros, se lo llevan con un carro 66, blanco, y en la procuraduría le ponen 96 verde, en las averiguaciones.
¿Y qué sucede?
Que si no vamos a encontrar el carro, porque nos e está buscando, no vamos a encontrar a mi hijo. Se lo dije y se lo recalqué al supuesto Ministerio Público que en aquél entonces nos atendía.
Cuando vi que no se hizo nada, me sucedió una cosa muy lamentable: yo le escribí una carta y se la puse en las manos al presidente Calderón en aquél entonces, en sus primeros meses de inicio y a nosotros, como familia, nos crucificaron por habernos adelantado al presidente, porque no debía de haberlo hecho y ¿qué sucede?
Pues que archivaron mi expediente y no hubo nada qué hacer. Discúlpenme que me haya tomado más tiempo y desgraciadamente la coadyuvancia de la ley que se está haciendo es precisamente para que ustedes la estudien bien y vean que ahí hay muchos puntos que necesitan aclarar para que esta Lety se lleve a cabo como debe ser.
Gracias señores, muchas gracias por su atención y espero que para la próxima reunión que tengamos haya más congresistas.
Muy amables.
SENADOR FERNANDO YÚNES MÁRQUEZ: Muchas gracias Sara.
A continuación tiene el uso de la palabra Graciela Villagómez de la “Red Eslabones Región Centro-Norte”.
GRACIELA VILLAGÓMEZ RODRÍGUEZ: Buenas tardes a todos.
Mi nombre es Graciela Villagómez Rodríguez, soy representante de la Red de Eslabones de los Derechos Humanos de la Región Centro-Norte. Somos integrantes también del movimiento por nuestros desaparecidos en México.
Ante ustedes senadores, senadoras, hablo en nombre de miles de seres humanos que tenemos la vida dañada por la desaparición de nuestros seres queridos.
Me referiré a la necesidad de que esta ley impacte la función de diversas instituciones federales y su trabajo complementario.
Por ejemplo, que establezca la responsabilidad de la Secretaría de Salud para que contemple la supervisión y control del estado de salud de las personas que se encuentran en los diferentes lugares a puertas cerradas.
Puertas cerradas en donde las personas que entran a rehabilitarse son dañadas, lejos de ser rehabilitadas, son utilizadas, especialmente los centros de rehabilitación en adicciones, que debe estar bajo el control y supervisión de la Federación, ya que el nivel de colusión y complicidad con las autoridades estatales en estas prácticas que permiten la abertura de esos centros para enriquecerse ilícitamente, jugando con el dolor de las familias que contamos con un familiar con problemas en adicción.
No solamente nos vulneran económicamente; nos destruyen la vida, nos destruyen la familia.
Hablo en nombre de mi hijo Eder Adahir Islas Villagómez y de Héctor Vega Lemus, que junto con otro joven fueron desaparecidos por el mismo propietario del lugar en el Estado de México de uno de esos centros.
Ahora sabemos que grupos criminales abren de manera recurrente este tipo de lugares porque saben que no les requieren permisos porque no necesitan pagar impuestos de los cuales obtienen ganancias muy jugosas.
No tienen la supervisión ni el control alguno sobre ellos. Lo hacen como una práctica libre, totalmente libre, para apoderarse no sólo del dinero de los familiares de los pacientes, no sólo del dolor, del dolor que lleva el paciente y la familia, sino que se apoderan de seres humanos que están vulnerables, que acuden a buscar un tratamiento médico y en lugar de ayudarlos realizan con ellos diversos delitos, incluyendo la desaparición de personas y la trata de personas.
Urge un censo y supervisión exhaustiva de todos estos centros que están activos en todos los estados de la República.
Y repito: la ley general en materia de desaparición forzada y de desaparición por personas particulares, establezca un mecanismo y control y sobre todo la supervisión de ellos.
Es fundamental que esta ley, posibilite a los ministerios públicos a que cuenten con la posibilidad de buscar a nuestros seres queridos en todos esos tipos de lugares, donde las personas están confinadas.
También que esta ley posibilite la inter institucionalidad porque entre los principales impedimentos para la localización de personas desaparecidas es la falta de coordinación entre las instituciones, ya que con tristeza en estos largos años de búsqueda nos hemos encontrado con el celo profesional en donde ciertas procuradurías contienen ADN de desaparecidos en su estado y no los compartes.
Esto a nosotros nos bloquea la localización y ubicación de nuestros seres queridos.
Ellos nos obligan actualmente como familia a realizar carrusel de visitas múltiples a las familias a estas instituciones, que es uno de los principales obstáculos para localizarlos y por cuenta propia teneos que acudir periódicamente a buscar en los SEMEFO, a ver cuerpos descompuestos, desmembrados, fotografías que pasan meses y semanas en olvidar de nuestra mente, pensando que ahí podemos encontrar algún ser querido.
Cuerpos que se quedan en el SEMEFO porque no hay el personal suficiente. Hay SEMEFO que guardan muestras para cuando haya personal, para cuando haya presupuesto.
Y si mi hijo, el hijo, el hermano, el padre de alguno de los que aquí estamos y de los que no pudieron venir se encuentra ahí, cuándo va a haber el presupuesto, cuándo va a haber el personal, cuándo va a haber la disponibilidad de las autoridades para que se haga el trabajo como debe de ser.
Confiamos que la voluntad del Senado de la República se verá reflejada en la construcción de esta importante ley en materia de desaparición forzada y de desaparición por personas particulares, tomando en consideración nuestra experiencia, señalamientos y propuestas.
En el caso de mi hijo y de estos otros dos jóvenes, ya hace 5 años 2 meses y 8 días que están desaparecidos.
Y como en todos los casos, nosotros como familia hemos sido los que hemos hecho las investigaciones y hasta el día de hoy no hay respuesta.
Les pido a ustedes que con esta investidura que tienen, demuestren un corazón de carne, de esos corazones de piedra que hemos encontrado en todo este caminar, esta vez saquen la parte humana.
Y como ya lo dijeron antes: no queremos ni deseamos que por un segundo estén en nuestro lugar, pero sí que sean sensibles al dolor ajeno. Que la misericordia como seres humanos podamos tener hacia nuestros semejantes, sea que haga la diferencia.
Gracias.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias Graciela.
A continuación, Luz Escorza, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
SEÑORA LUZ ESCORZA (Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad): Senadora, senadores:
Espero que cuando terminemos cuando menos esté uno de ustedes para estrechar nuestra mano.
Me llamo Luz y vengo del horror. Vengo del dolor y harta de promesas.
Mi hermano Roberto Escorza Trujillo, fue secuestrado y está desaparecido desde el 2014, en Cuernavaca, Morelos, al igual que cientos de personas en mi estado y miles de hermanos en México.
La falta de implementación rápida y oportuna en los protocolos de búsqueda, bajo el argumento de que no era un secuestro porque no se ha pedido rescate.
La autoridad da por sentado que nuestros familiares acostumbran, por diversión, que los encajuelen, que los amaguen con pistolas y que los golpeen, porque si no hubo llamada para rescate no es secuestro, es diversión.
Se desaprovechan las primeras horas y días de investigación eficaz. Ni el Estado ni la Federación dan resultados.
El argumento recurrente de los ministerios públicos es el exceso de trabajo. No cuentan con auxiliares, los policías y los peritos son insuficientes, no tienen los equipos ni la tecnología suficiente para investigar, no hay vehículos, no hay para gasolina. En el infierno mexicano siempre falta algo, incluida la voluntad política, que no es comprensible dada la magnitud del problema, mismo que las víctimas vivimos como una tragedia que está siendo desestimada.
Mi hermano y mis miles de hermanos y hermanas, siguen desaparecidos, arrancados de sus vidas, dejando un enorme y profundo vacío en las nuestras, y una sensación de impotencia e incertidumbre que es el peor de los escenarios en que se puede hundir a un ser humano.
Cada día hay más personas desaparecidas, nadie en territorio mexicano está exento de ser la siguiente, ni ustedes.
Senadora y senadores:
Si ustedes hacen suyo nuestro dolor, harán conciencia de que en sus manos está el poder aliviarlo. Somos un país complejo y con una problemática como la cabeza de la medusa, donde los miles de desaparecidos es quizá la mordida más dolorosa.
Son ustedes nuestros representantes, en estos momentos uno de los problemas más importantes de este país es buscar y encontrar vivos o muertos, a los miles de seres humanos desaparecidos, porque ellos están dando la cara al mundo por ustedes como gobierno; es un rostro que habla de la descomposición que vivimos, no es un tema exclusivo de quienes ya somos víctimas: es un asunto de todos. Nadie está a salvo, es deber de todos prevenir que esto continúe siendo.
Cada espacio que deja un ser humano desaparecido, es un pozo que va devorando a la familia, la desaparición es peor que la muerte.
Sabemos que toda ley es eficaz si se puede llevar a la práctica, que toda implementación requiere de dinero y que para saber qué tan importante es un problema para el gobierno, sólo tenemos que observar el presupuesto que se asigna para su resolución, que no se asignó en este caso.
La posibilidad de que esta ley funcione, aunque fuese jurídicamente perfecta, depende como todo, no nada más de la voluntad, sino del recurso. Tenemos un año electoral muy importante y que sentará bases sólidas para el 2018; buscar y encontrar a las personas desaparecidas hablaría del trabajo político de ustedes.
Tenemos que contar con todos los recursos humanos y materiales suficientes. En países como Italia, utilizan el dinero que se obtiene de los bienes confiscados para solucionar las consecuencias de estos mismos delitos.
Somos miles y miles de familiares buscando, sin encontrar respuesta en el gobierno para investigar dónde están, qué les pasó y para evitar que se repita.
Se necesita dinero para saber la verdad, tan importante es luchar por los contenidos de la ley, como su presupuesto para operarla; ¿de qué me sirve una espléndida biblioteca, si no sé leer, señores?
De ese presupuesto depende también que se federalicen más casos, porque las autoridades locales hasta hoy nos han mentido, porque existen fuertes sospechas de su participación con el crimen organizado, porque no se puede confiar en un gobierno local. Queremos presuponer que sí podemos confiar en un gobierno federal.
Senadora, senadores:
Como pueblo les entregamos nuestra confianza y el poder para hacer un México mejor. No nos den la espalda, porque no hay nada que haga más pleno a un ser humano en sus horas de soledad, que el saber con certeza que se cumplió con el deber; y no hay nada que nos llene más que voltear y encontrarnos con la mirada agradecida de un pueblo que está dispuesto a cobijarnos con su amor y acompañarnos en el camino.
Pero es un pueblo que también se puede volver como una fiera herida. Ya no nos hieran, escúchenos.
Discúlpenme si no les doy las gracias por estar aquí, porque es algo que tenían obligación de haber hecho hace mucho tiempo y pasen el recado a sus compañeros que no tuvieron tiempo de acompañarnos.
Gracias.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias, Luz.
A continuación Carlos Moreno, de “Nos hacen falta”.
CARLOS MORENO ZAMORA: Buenas tardes. Soy Carlos Moreno Zamora, padre de Jesús Israel Moreno Pérez, universitario de 20 años desaparecido en julio del 2011.
Él iba a vacacionar y yo, como todos los familiares que estamos reunidos y otros que no se encuentran aquí, nos hemos enfrentado a una supuesta investigación; ¿en dónde inicia la investigación?
En la criminalización que hacen de los desaparecidos, porque inmediatamente lo relacionan con la delincuencia organizada, pero sin un sustento.
¿Qué hace el Ministerio Público, a sabiendas de que él tiene que hacer ciertas diligencias?, sin embargo no las hace. Es omisión completamente.
Hasta que uno va descubriendo y va proponiendo lo que se tiene que hacer y lo que decía Brenda, es increíble que se siente uno y digan: “oiga y qué ha investigado, qué más podemos hacer por usted”; cuando es su obligación, inclusive hasta a uno le ponen plazos para entregar ciertas pruebas.
Cuando uno entre las pruebas le dicen: “esto es un delito”, pues sí, sí es un delito pero usted no está haciendo lo que le corresponde.
¿Qué pasa con la investigación que hacen nuestras autoridades?
Es una investigación de escritorio donde se hace una serie de oficios y esperar la respuesta pacientemente, ya sea a policía federal o como ejemplo, lo que hacen en las pruebas de ADN, que lo manden a los 32 estados y esperamos meses para obtener esa respuesta; y cuando sabemos hoy en día que nada más hay 17 bancos de datos en los diferentes estados, por lo tanto la mitad de los estados nos da la respuesta de que salió negativo, cuando no tiene un banco de datos.
Entonces, esa es una tomada de pelo que nos hacen a las víctimas, porque esa no es una investigación, no hay una investigación de campo.
Yo quisiera saber de la Gendarmería anuncian alrededor de 50 mil elementos, ¿pero cuántos de ellos están buscando a los desaparecidos?
En una reunión que tuvimos con Eber Betanzos, nos dijo que la unidad de búsqueda nada más tenía dos elementos. Así hubiera tenido 100, no sirven para los miles de desaparecidos.
Es importante que en esta ley se tome en cuenta que haya esos elementos buscando, y ellos sean capacitados para poder dar con las personas; porque lo que nos encontramos es que no hay coordinación entre las instituciones. Hay tecnología, existen elementos y probablemente presupuesto; y si no hay presupuesto vendamos el avión de todos los mexicanos, que no nos sirve para las emergencias o reduzcamos el presupuesto para los partidos políticos porque es excesivo.
No me pueden decir a mí como víctima o a nosotros como víctimas: “¿Saben qué, señores? No tenemos presupuesto”, a mí me lo dijeron: “No tenemos para la gasolina. Yo les pagaba la gasolina, les pagaba las comidas.
¿De qué sirve? Si nada más se estaban haciendo, híjole, iba a decir una majadería, se estaban haciendo mensos.
Necesitamos que las autoridades tengan sanciones claras, específicas, porque no puede ser que nos estén viendo la cara, que vayamos y preguntemos: “¿Oye, ya hiciste esto?” “Sí, pero no lo tengo archivado, no te lo puedo mostrar porque no lo tengo archivado. O te muestran otra cosa que no es, y sin embargo es una omisión porque no hacen las cosas en tiempo.
El tiempo es infame y el tiempo nos hace que llegue un momento en que prescribe y ya no hay manera de investigarlo, o que se les proporcionen las cosas y las extravíen o las cambien. Como en el caso de mi hijo, cambiaron el teléfono y yo lo puedo demostrar con el reporte de la empresa de telefonía, con el reporte de la policía federal y la factura, y sin embargo se me quedan viendo como diciendo: Pues no sé de qué me hablas, porque no tengo manera yo de sustentar este delito a la persona que lo desaparece.
Desvían, extravían las pruebas y nadie es sancionado. Por lo tanto, la práctica se vuelve continua.
No sé qué necesitamos, esperar a cuántos más desaparecidos para que esto sea una emergencia. En verdad, esto de la ley debió haber sido hace años. Yo llevo cuatro años en esto y no he visto un solo cambio.
Hay autoridades que fabrican montajes para darle carpetazo al asunto y no son sancionados. Si acaso el último eslabón, pero siguen continuando con esa práctica y esto nos daña a todos.
Yo quisiera saber cuántas mentiras se tienen que hacer para fundamentar una verdad histórica, porque todos los casos están plagados de mentiras y nunca se llega a dar con los desaparecidos.
A mí me llama la atención y me indigna, por ejemplo, cuando Alejandro Montes Rubí o el mismo Renato Sales que nos salen a decir que con una llamada ya supimos que aparecieron tantas personas y van reduciendo la cifra. Y es insano que el gobierno mexicano maneje la cifra del registro de los desaparecidos porque la maneja a su modo y están desapareciendo a los desaparecidos.
Por esa falta de precisión no nos hacen caso. Sin embargo, ciertos casos desbordan la ayuda y los elementos y presupuestos, y en otros ni para la gasolina tenemos.
Buena tarde.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias, Carlos.
A continuación Nancy Roset de Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos.
NANCY RAQUEL ROSET NÚÑEZ: Buenas tardes.
Mi nombre es Nancy Raquel Roset Núñez, soy mamá de Elvis Axel Torres Roset, que de 17 años fue desaparecido de una clínica de rehabilitación.
Ya son cinco años, dos meses, 12 días de intensa agonía y en los esfuerzos realizados por localizar a mi hijo me he encontrado otras familias que también buscan a sus seres queridos.
El dolor nos ha unido al grado de formar un grupo al que llamamos hoy Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos.
Asimismo, nos hemos integrado al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y hoy al Colectivo de Enlaces Nacionales.
Desde entonces nos acompañamos a todas las diligencias que se realizan en la búsqueda de nuestros familiares y hemos pasado por difíciles procesos burocráticos porque nuestros proyectos de vida cambiaron.
Mi hijo estaba internado en una clínica de rehabilitación. Lamentablemente conoció las drogas y me pidió que lo ayudara porque no se quería morir. El dueño de la clínica lo desaparece, me dice que lo mandó a otro estado con una misión, de la cual no tengo seguridad de nada de lo que él me dice puesto que todo es dicho de él.
Hoy ese señor está detenido y es el tema del que me toca hablar hoy, de los detenidos.
Después de la detención de este hombre, nosotros como familiares afectados tenemos que vivir algunas restricciones. No podemos voltear a ver al señor porque invadimos sus derechos.
El señor tiene derecho a presumir inocencia hasta que se le demuestre lo contrario. El señor tiene derecho a guardar silencio.
¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que guarde silencio? ¿De qué me sirve que esté ahí detenido si no me dice dónde está mi hijo?
Obvio él manifiesta infinidad de mentiras, que ya se ha podido comprobar que son mentiras y que todo lo que me dijo cuando ya no está mi hijo en la clínica nada es cierto. Pero él tiene derecho a la asistencia pública, tiene derecho a la asistencia médica, a la cultural, al desarrollo integral de la personalidad.
Mientras mataron a una de nuestras compañeras del grupo. Nuestra compañera Cornelia fue privada de su vida por estar buscando a su hijo.
Mientras vivimos el acoso de posibles atentados todos los integrantes del grupo, compañeros de otras organizaciones también tienen situaciones de riesgo, pero el señor tiene derechos y todos los detenidos en diferentes casos ellos tienen derechos.
No los podemos voltear a ver porque agredimos sus derechos.
¿Cómo sabré de mi hijo si él tiene tantos privilegios?
Mientras que a nosotras nos tratan mal las mismas autoridades; mismas autoridades que según estaban haciendo la investigación de la búsqueda de mi hijo y las mismas autoridades que apoyaron a este señor le avisaban a él de todo lo que uno estaba haciendo conforme a la búsqueda.
Las mismas autoridades que se coludieron con quien desapareció a mi hijo.
Mismas autoridades que a una compañera que estaba buscando a su hija de 14 años le entregaron un cuerpo de un hombre de 30 y tantos años. Errores, fue sin querer.
Pero son las mismas autoridades que otorgan o dan privilegios y derechos a los detenidos mientras que nosotros seguimos siendo afectadas.
Apenas el viernes para amanecer sábado desaparecieron a un primo mío. Mi familia se acercó al ministerio público y le negaron la denuncia hasta no transcurrir 72 horas, siendo que estas 72 horas son de las más importantes.
A mí me avisan el sábado en la noche, el sábado entre siete y ocho de la noche.
No los atendieron, prácticamente 24 horas no los atendieron.
Y bueno, pues lamentablemente tuvo uno que acudir a pedir apoyo a la Subprocuradora de Género del Estado de México y directamente, prácticamente abusando de hecho ya de sus tiempos de horarios y lo encontramos. El lunes lo encontramos sin vida con dos balazos en la cabeza.
Ya lo enterramos pero las cosas no paran, las cosas siguen.
Hoy le pido a toda la gente aquí presente y a ustedes senadores que quien lo quiera hacer de corazón le regalen un minuto de silencio a mi compañera Cornelia, porque hasta en el último momento quiso defender y luchar por su hijo y por su familia.
Hoy ya no está aquí por andar buscando a su hijo. Situación en la cual todos estamos en riesgo porque pareciera que el gobierno lo que quiere es que precisamente nos vayan eliminando para que ya no sigamos fastidiando a las autoridades.
Hoy les pido, por favor, si se ponen de pie y me regalan un minuto de silencio para mi compañera.
(MINUTO DE SILENCIO)
Muchas gracias.
Y hoy estoy aquí en nombre de todos los compañeros para que lo que nos pasó a nosotras no le ocurra a nadie más.
Gracias.
SENADOR FERNANDO YÚNES MÁRQUEZ: Gracias Nancy.
A continuación Nadín Reyes, de la “Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada”.
NADÍN REYES MALDONADO: Hola, muy buenas tardes, senadoras, senadores, compañeros.
Mi nombre es Nadín Reyes Maldonado, soy hija del luchador social Edmundo Reyes Amaya, detenido y desaparecido el 25 de mayo del 2007 junto a su compañero, el señor David Alberto Crusonts.
También soy integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta Encontrarlos, miembro de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, desde la cual en esta ocasión vengo en representación.
Me voy a permitir leer para poder puntualizar algunas cosas que queremos queden debidamente establecidas en el contenido de la ley.
Como integrante de la Campaña contra la Desaparición Forzada en México queremos destacar que desde el 2010 hemos desarrollado un arduo trabajo para impulsar y continuar con la demanda histórica de contar con una Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, que obedezcan a los estándares internacionales y demandas de los familiares.
Por ello el pasado 3 de septiembre hicimos entrega a la Comisión de Derechos Humanos del Senado la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas, y la Desaparición Cometida por Particulares, la cual fue elaborada por organizaciones de derechos humanos, familiares, organizaciones populares y expertos en la materia y fue turnada también el 17 de septiembre a las comisiones.
Ésta es una de las iniciativas de ley que se tendrán que dictaminar junto a las demás y de la cual queremos precisar y destacar algunos elementos esenciales.
1.- Primero queremos señalar que las desapariciones forzadas forman parte de una política sistemática y generalizada, una grave violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad que no sólo afecta a la víctima directa, sino a la familia y a la población en su conjunto.
De ahí que para atender la gravedad que estamos viviendo en el país es necesario partir del reconocimiento de la responsabilidad que tiene el Estado Mexicano en la comisión de esta grave relación y su responsabilidad por omisión ante las desapariciones cometidas por particulares.
Por ello, una ley que de verdad quiera terminar con la impunidad y erradicar el problema debe partir de reconocer desde el título de la ley, la existencia de desaparición forzada de personas.
2.- La ley debe contar con una clara y adecuada tipificación de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, de acuerdo a los tratados internacionales, así como sus penas y funciones específicas, de acuerdo a la gravedad de los delitos.
De tal manera que en el caso de la desaparición forzada quede debidamente establecido que quienes cometen este delito son agentes del Estado y no sólo servidores públicos, ya que esto permitirá que sea investigada y castigada toda la cadena de mando, sin importar su jerarquía y fueros con que estos cuenten, así como señalar de manera categórica que estos delitos son de carácter permanente e imprescriptibles, con lo cual las autoridades tienen la obligación de investigar el delito en todos los niveles de gobierno, hasta saber la suerte o el paradero de las víctimas.
El Estado está obligado a continuar con la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, aún y cuando estos se hayan cometido antes de la promulgación de la ley.
Por ello se debe tener cuidado de que en esta no se establezca que sólo serán investigados aquellos casos que se cometan una vez que entre en vigor dicha ley.
3.- La ley que nosotros proponemos señala que la búsqueda y la investigación se deben iniciar de oficio y de manera inmediata en cuanto la autoridad tenga conocimiento de que sucedió el hecho, sin que sea obligatorio que exista una denuncia o reporte de por medio, ya que las primeras horas son primordiales, por lo que en la iniciativa que planteamos, la búsqueda se tiene que iniciar en las primeras cinco horas, poniendo en marcha todas las alertas existentes y realizando la búsqueda en campo.
Por ello se establece la creación de fiscalías especiales en cada entidad federativa, las cuales deberán coadyuvar y coordinarse entre sí para la búsqueda de las personas y hacer las diligencias que se requieran para lograr la coadyuvancia con otros estados también del continente cuando así sea necesario.
Como un aspecto sumamente importante señalar que en la búsqueda e investigación se establece que las fiscalías estarán obligadas a solicitar la búsqueda de las personas desaparecidas en cualquier lugar donde pudieran estar privadas de su libertad, como son cárceles civiles o militares, centros clandestinos de detención, estaciones migratorias, centros de salud o cualquier lugar donde se pueda presumir que se tenga a las personas realizando trabajos de manera forzada.
Esta búsqueda deberá ser realizada en conjunto con los familiares de las víctimas cuando estos así lo decidan, con sus representantes legales, un representante de la Comisión de Derechos Humanos e integrantes de organismos de derechos humanos, peritos especializados en búsqueda de personas.
Así también se establecen especificaciones en los casos de desaparición forzada y desaparición de niñas, niños y adolescentes, cometida por particulares, en el cual se establece la obligación de las fiscalías de realizar de manera inmediata la búsqueda e investigación de estos casos, para lo cual se deberá contar también con un cuerpo de policías especializados en materia de infancia.
4.- Para la investigación, en esta iniciativa se establece la obligación de las autoridades de reclasificar el delito cuando se tenga indicios de que en la desaparición están involucrados de manera directa o indirecta, agentes del Estado, así como la obligación del Estado de garantizar la seguridad física y sicológica de los familiares.
5.- La ley también establece la creación de un Registro Nacional Específico de Personas desaparecidas de manera forzada y a manos de particulares.
Este registro tiene que ser diferente al que ya existe de personas extraviadas y ausentes, con la finalidad de contar con un registro confiable que nos permita tener claridad de los casos, el cual deberá contener los casos registrados desde los años 60 hasta los actuales y debe ser constantemente actualizado.
6.- La iniciativa establece también la creación de un Instituto Nacional Autónomo e Investigación Forense, el cual estará dotado de recursos suficientes y será autónomo para darle mayor certidumbre a las familias en la búsqueda e investigación.
Este instituto tendrá como facultades también la de resguardar un Banco Nacional de ADN, una Base de Datos Nacional antemortem-postmortem, así como un registro nacional de restos mortuorios no identificados.
Para ello también se establece la creación e panteones o lugares específicos para la inhumación de restos de las personas que no han sido identificados.
Además se establece también la derogación y/o modificación de los capítulos y artículos de la ley de salud, que se refieren, o que permitan o abran la posibilidad de la incineración o la donación de cualquier cuerpo o resto cuando éstos no hayan sido identificados.
Siete. Se ha referencia también a la declaración de ausencia por desaparición y desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, con el objeto de reconocer y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida.
Ocho. Se hace referencia a la reparación integral del daño, entendida ésta como el derecho de las familias a acceder a la verdad, la memoria y la justicia y no sólo como un acto de indemnización económica.
Nueve. Se prevé también para prevenir el delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, el registro oficial de personas detenidas, el cual deberá ser actualizado y proporcionado por todos los órganos civiles de seguridad y castrenses.
Diez. Capacitación y sensibilización de los agentes del estado sobre los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, en el cual se establece que las autoridades municipales estatales y federales deberán contar con una capacitación periódica regular y actualizada para realizar la búsqueda e investigación de los casos.
Queremos destacar que para que una iniciativa realmente pueda funcionar se requiere de una ley integral que tome en consideración todos los elementos y exigencias que se han vertido.
Por ello, para nosotros todos los puntos contenidos en la iniciativa propuesta son de elementos que exigimos sean considerados.
Ante esta grave situación que vivimos en el país y que embarga a miles de familiares, es necesario tomar medidas reales que permitan sancionar y castigar a quienes cometen estas prácticas.
La ley es sin duda una herramienta más para poder lograrlo. Sin embargo esto no terminará si no existe una verdadera voluntad política por parte del Estado para erradicar de una vez y para siempre esta grave violación a los derechos humanos.
Por la presentación con vida de todas las víctimas de desaparición forzada y desaparición a manos de particulares, ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Gracias.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias Nadín.
A continuación, Maricela Orozco, de Familiares en Búsqueda María Herrera.
SEÑORA MARICELA OROZCO: Buenos días.
Mi nombre es Maricela Orozco y vengo en representación de Familiares María Herrera y enlaces nacionales, que somos enlazados 17 estados y ahora pertenezco al movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México, sin las Familias No.
Estamos conformados por 23 estados de la República, 4 países, 35 colectivos de familiares, 40 organizaciones de la sociedad civil, 2 organizaciones internacionales, la ONU y Amnistía Internacional.
A mí me toca hablar de investigación, que queremos una investigación de los delitos de la desaparición forzada y por particulares.
Policías: que se les investigue y se les juzgue.
Porque muchos de nuestros casos, incluyendo el de mis hijos, están involucrados los policías y no se hace nada, no se les persigue, no se les investiga, parecen fantasmas y no puede ser, no puede seguir esto de que no se les investigue a ellos y no se les juzgue.
Queremos que estén coordinadas las instituciones, porque luego muchos de nuestros casos están las investigaciones en diferentes instituciones y no se coordinan, no se pasan la información que hay.
Nosotros buscamos a nuestros hijos o familiares, no buscamos un carro o un objeto.
Queremos que se coordinen para que lo que tenga uno lo tenga el otro, o tengan una línea que seguir porque aquí estamos muchos, he oído de muchos casos de muchos años y no hay una investigación, no hay una línea qué seguir.
Todas las investigaciones las hacemos nosotras las familias, en todos los casos.
No creo que haya un caso aquí que pueda decir que las autoridades lo investigan.
Todos tenemos que estar investigando porque si no, no se hace nada.
Yo soy desplazada del estado de Veracruz. Ahí me secuestraron a mi hijo de 19 años, estudiante de arquitectura.
Hablamos a los teléfonos que dicen que hay que hablar, al 066, y qué pasó: que no hiciéramos caso, que era un secuestro virtual, que nos regresáramos a la casa y no hiciéramos nada.
Si realmente hubiera una investigación, posiblemente no tuviera yo a mi hijo, que todavía no lo encuentro.
Pero pagamos el rescate, estuvimos esperando, llega un supuesto amigo a la casa diciendo que creía saber dónde estaba mi hijo, porque todo pasó en la misma colonia donde yo vivía.
Sale mi yerno y mi hijo de 15 años a buscar a su hermano. Llegan a una casa a tocar, se baja mi yerno, se hace de palabras con los fulanos que estaban ahí, por lo que creemos que sí estaba ahí mi hijo, salen en el carro de mi yerno de esa casa y a escasas cuadras de ahí le cierra el paso otra camioneta, el carro de atrás no deja que se mueva el carro donde iban y los acribillan.
A mi hijo de 15 años, jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, estaba en la Sub 17 ya, tenía 15 años, estaba en la Sub 17 por su alto nivel de fútbol que tenía.
A mi yerno, ex campeón de Tae Kwon Do, y joven empresario allá en Veracruz. A los dos me los acribillan y hasta la fecha sigo sin encontrar a mi hijo de 19 años.
Estuve un mes allá en Veracruz buscando con una autoridad, con la otra, que los marinos, infinidades de las autoridades que hay. Nadie hizo nada.
Me tuve que salir de Veracruz porque las mismas autoridades me decían que si no me salía de ahí los criminales, según ellos, me iban a matar a mi esposo, a mí y a mi única hija que me queda. Por eso tuve que salir de Veracruz.
¿Y qué hemos hecho? Seguir luchando. Luchando y dándoles guerra a las autoridades porque no nos vamos a dejar ni yo ni mi esposo ni todos los familiares que estamos aquí.
Vamos a seguir fastidiando porque queremos que se busque, que se investigue, que no lo hagamos sólo nosotros los familiares; que sí queremos coadyuvar con las investigaciones, eso sí, porque eso es lo que queremos, pero que haya líneas de investigación y que nos tomen en cuenta porque ahora no va a ser sin nosotros. Eso lo exigimos, lo exigimos todos los familiares porque ya no puede ser.
Ustedes o las instituciones sí cobran un sueldo; nosotros cada día estamos más arruinados porque todos tenemos que dejar todo para buscar a nuestros hijos. Y no puede ser esto.
Se supone que ya hay una ley de víctimas. De qué nos sirve esa ley. De nada nos ha servido. Los que somos desplazados la SEAT, no hay apoyo; no hay apoyo para una vivienda.
Cómo va a ser si nosotros no nos salimos de nuestra casa por nuestro gusto. Ah, pero dice la SEAT: sí les apoyamos en viáticos. Y de qué nos sirven esos viáticos si queremos a nuestros familiares.
Queremos que esta ley que estamos impulsando nosotros los familiares se haga comenzando como nosotros lo estamos pidiendo, no como el Presidente de la República quiere.
Que ah, los casos que ya logramos que se federalicen ah no, que ahora se regresen a sus estados; no, por qué. Porque todos sabemos que en el estado es la corrupción y tenemos la esperanza de que aquí en la federal no haya eso, que sí realmente se investiguen nuestros casos y eso es lo que pedimos o exigimos que ha basta. Ya basta de simulaciones, de que están investigando y no investiguen nada.
Que haya una base única de datos porque por ejemplo, en Veracruz apenas encontraron 5 cabezas en un bar.
Fui a preguntar qué pasó con los ADN. No, pues no, no da con ninguno de los que nosotros tenemos.
Y le digo: bueno y qué pasó, ya se lo pasaron a la SEIDO para ver si tantos casos que tiene la SEIDO.
Ah no, que mande la SEIDO, dice, para que chequen sus datos.
O sea, cómo va a ser que los pocos estados que tengan supuestamente sus bases de datos, no lo puedan enseguida pasar. A mí me da mucho coraje que para la tecnología, que ponemos GPS, enseguidita, cualquier cosa: hay un chingo de tecnología; ¿pero para una base de datos no puede haber?
Bueno, díganme, ¿soy una ignorante o de qué se trata o no se quiere hacer?, porque no puede haber, no hay una base de datos; ¿qué están esperando, que les pase a ustedes también?
Ahora afortunadamente están arriba, pero el día de mañana no saben si van a estar abajo, el puesto no va a durar todo el tiempo. Yo les pido de veras, de corazón, que se pongan en nuestros zapatos porque esto en vez de que sean menos los desaparecidos, los secuestrados, cada día hay más y a cada rato.
A mí me da coraje que ahora el de Tierra Blanca sí se nombre, apenas acaban de secuestrar a cuatro niñas en el Estado de México, 14, 15 años y 16, ¿acaso se sabe? No se sabe, ¿por qué?, porque no se juntaron los papás e hicieron borlote.
¿Por qué tenemos que estar fastidiando o que estemos fregando o que salgamos en las noticias para que nos hagan caso?
¡No!, el mismo derecho que tiene uno tiene el otro y nos tienen que atender y nos deben de atender y buscar a nuestros familiares, porque ya basta de simular.
En este mes, el día 15 cumplen mis hijos dos años que estoy muerta en vida, porque mi hijo tenía 15 años, iba a la Prepa, estaba jugando futbol. El otro estaba en arquitectura, toda la vida jugó futbol, ¿qué me van a decir?
Bueno, no me van a decir, ya me dicen: “estaban involucrados”; todos, todos estamos involucrados en la delincuencia. O sea, ¿de qué se trata, de todo el tiempo echarle a uno la culpa?
Ya basta, por favor. Y perdón por ser tan grosera, pero la verdad ya me cansé.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias, Maricela.
Terminaríamos este bloque con Juan Carlos Gutiérrez, del “Litigio estratégico en derechos humanos”.
JUAN CARLOS GUTIÉRREZ: Muy buenas tardes, senadores. Senadora Angélica de la Peña, muchas gracias por la invitación, a los demás senadores que están aquí.
Usted nos ha invitado a esta reunión que está llena de familiares de desaparecidos. También agradecemos que los señores senadores estén aquí escuchando lo que ya se ha venido insistiendo y se ha dicho.
Las organizaciones de derechos humanos y los abogados defensores de derechos humanos que acompañamos a las familias, y el movimiento de familiares, hemos entregado un documento que ustedes ya tienen en la dictaminación; se llama “Elementos mínimos para la dictaminación de la Ley General sobre Desaparición o Desaparición Forzada de personas”.
Se han dicho muchísimas cosas aquí, se ha hablado sobre el tema de la búsqueda. Nosotros los abogados y las familias, cuando vamos a la SEIDO o a la Unidad de búsqueda, nos encontramos muchas veces con que los ministerios públicos no conocen los protocolos de búsqueda o nos afirman que no tienen posibilidades técnicas, logísticas o capacidades de implementar el protocolo de búsqueda.
Hemos impreso el protocolo de búsqueda en un poster, hay muchos de ellos ahí, se los vamos a dejar a ustedes, para que cada ministerio público coloque en su oficina las obligaciones que tiene el protocolo de búsqueda, que fue aprobado en la Conferencia Nacional de Procuradores y que establece una serie de pasos que ya se han venido señalando aquí.
Por ejemplo, la necesidad de las unidades de análisis de contexto. No se pueden investigar casos de desaparición si no hay un análisis de contexto de quiénes son los potenciales agresores. Y no se está dando ni se están construyendo esas unidades de análisis de contexto en las fiscalías.
Tampoco se está utilizando las facultades que la ley da para establecer alertas financieras, migratorias, temas de geolocalización, los bancos y las empresas telefónicas tardan un mes en dar respuesta frente a las solicitudes de IMEI o a las solicitudes de los georreferenciadores de los teléfonos celulares cuando quieren responder.
Los bancos y la Ley del Secreto Bancario impide que se pueda dar información del uso de las tarjetas de crédito y de débito, que es un tema muy importante en cualquier línea de investigación, a efecto de establecer si se ha utilizado o no y cuál ha sido el camino muchas veces de la persona que se está buscando o ha sido desaparecida.
También no se llena adecuadamente el cuestionario antemortem y posmortem que ya se ha venido trabajando con el Comité Internacional de la Cruz Roja y que se ha venido desarrollando y está consagrado en este protocolo de búsqueda de la PGR y se ha venido construyendo con la participación de las familias.
Nosotros queremos insistir que la ley establezca una serie de elementos que han venido siendo planteados aquí, como por ejemplo los beneficios por colaboración eficaz.
De nada sirve una ley en la que el ministerio público no tenga capacidad de negociar con los grupos de la delincuencia organizada o con funcionarios públicos que saben, tienen información, dónde están las personas desaparecidas.
La ley debe claramente contemplar cómo se hace en otros países, en Colombia, en Guatemala, beneficios especiales de colaboración que el ministerio público pueda solicitar y que el juez, verificando que la información es certera, pueda garantizar que esta persona reciba atenuantes frente a la información que se está brindando.
Creemos que es muy importante también que los servidores públicos que están vinculados muchas veces en las desapariciones sean separados de las investigaciones.
En muchos casos ministerios públicos, policías de investigación en los estados o en la jurisdicción federal, lo que hacen es obstaculizar las investigaciones; lo que hacen es impedir que avancen las investigaciones, ocultar pruebas, desaparecer la cadena de custodia, desaparecer teléfonos celulares, todo lo que se ha venido planteado aquí.
La ley debe claramente establecer que ningún funcionario que haya participado o se presuma su participación pueda estar vinculado en la investigación de casos de desaparición de personas o de desaparición forzada.
Otro tema que nos parece relevante es el que el superior jerárquico de quien da la orden se separe de la investigación o sea investigado.
Las desapariciones forzadas muchas veces se realizan con órdenes de personas que están al frente de las investigaciones.
Necesitamos incluir que la obediencia debida no puede ser alegada frente a un caso de desaparición y también que debe garantizarse la autoridad mediata. Es decir, que quien da la orden, independientemente de que se pruebe que participó como sujeto activo en el momento de los hechos, no pueda quedar impune porque él dio la orden y todos sabemos que los grupos de la delincuencia organizada han ordenado desaparecer o grupos de estructuras de poder del Estado también han ordenado desaparecer.
Los planes de investigación se deben consultar con las víctimas, no que las víctimas hagan el plan de investigación sino que se consulten las líneas de investigación.
Y el MP no puede archivar la investigación por ninguna causa, porque alega que no tiene líneas claras de investigación.
Se han dado casos en que ante la ineficacia del propio ministerio público se alega que se debe archivar la investigación cuando el propio ministerio público ha dejado de investigar los casos y la información que el familiar le está entregando a la persona.
Las unidades de búsqueda que se creen en los estados y a nivel federal deben tener los recursos técnicos y científicos humanos, pero las personas que las conformen deben ser sometidas a controles de confianza.
No podemos repetir lo que hemos venido haciendo: crear estructuras como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en donde hemos trasladado un grupo de personas insensibles a atender a las víctimas que venían de otras estructuras.
Y si creamos unidades de búsqueda hoy conforme a la ley deben ser personas que pasen por una serie de control de confianza, que tengan sensibilidad y que tengan conocimiento de lo que están haciendo.
No están buscando vehículos. No están buscando ladrones de bancos; están buscando personas y eso lo hemos insistido.
Una persona que se dedique a buscar personas debe tener la sensibilidad suficiente. Por tanto, las unidades de búsqueda deben tener la capacidad de realizar acciones desde un punto de vista humano frente a la búsqueda.
Un tema muy importante tiene que ver con las facultades y las competencias de las procuradurías estatales y las procuradurías federales.
Y aquí hay un tema. Todos los familiares que están aquí, todos, quisieran que la Federación investigara su caso, porque a nivel estatal se dan todos los elementos de corrupción, obstaculización, criminalización.
Y nosotros creemos que debe ser así, sin embargo, sabemos que no es posible que sea así porque la ley no lo permite.
Y necesitamos entonces revisar facultades de atracción clarísimas que establezcan, por ejemplo, que cuando el ministerio público local, la policía municipal o estatal está vinculada en la desaparición, el ministerio público estatal no puede investigar un hecho, el caso de Tierra Blanca, no tiene la capacidad, la legitimidad, la neutralidad suficiente para investigar eso.
Además queremos establecer o plantear que se debe garantizar que los ministerios públicos no desincentiven la denuncia.
Muchos casos que nosotros hemos documentado, acompañado cuando la familia, la persona va a presentar la denuncia, se le dice: No presente la denuncia, su vida puede correr riesgo. Y a la salida del ministerio público se le amenaza.
Eso desincentiva cualquier tipo de denuncia.
Todos estos elementos, señores senadores y senadoras, están en esos documentos que hemos entregado.
Nosotros somos abogados defensores de derechos humanos, nos sentimos muy orgullosos de serlo a pesar de los ataques que en estos días se vienen haciendo de forma sistemática contra las organizaciones defensoras de derechos humanos.
No venimos a esta tribuna en estos momentos a hablar de ese tema.
Sin embargo, sí creemos que la defensa de los derechos humanos necesita de asociaciones civiles, necesita de abogados defensores de derechos humanos, necesitamos acompañar a las víctimas para garantizar que se avance en una ley integral en materia de desaparición forzada de personas.
Adriana decía aquí que se han encontrado unos restos hace tres días en Iguala. Hace dos días enviamos una comunicación a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones exteriores denunciando esos hechos. No hemos recibido respuesta.
Esas personas están protegidas por medidas cautelares del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. La cancillería ha dicho que las medidas cautelares de Naciones Unidas no son obligatorias para el Estado mexicano.
Me gustaría denunciar eso y que se presente si es posible un punto de acuerdo sobre el por qué la cancillería Mexicana está negando que las medidas cautelares del Comité de Desaparición Forzada no son obligatorias cuando están en un tratado internacional y tienen que ver con el tema de la desaparición forzada de personas.
Les agradecemos mucho. He intentado recoger muchos de estos elementos, pero está en los documentos y sabemos que ustedes lo van a tener en cuenta en el proceso de la dictaminación de esta ley.
Muchas gracias.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias, Juan Carlos.
De esta manera daremos por concluido el panel de investigación. Haremos un breve receso de cinco minutos solamente para poder ir al sanitario a estirar las piernas un poco y continuaríamos.
Gracias.
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