SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Emprendemos las tareas hacia las primeras jornadas de audiencias y de mesas de trabajo con temas específicos, todos en relación a la discusión que el Congreso de la Unión va a emprender en materia de desaparición forzada y entre particulares.
Es importante inscribir esta reunión de trabajo de estas comisiones, en el marco de un mandato constitucional que nos faculta al Congreso de la Unión al legislar en esta materia, a partir de la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a), que recientemente discutimos, acordamos y finalmente aprobamos en el Congreso de la Unión.
Hoy se reforma esta promulgada y nos ha mandatado al Congreso de la Unión a que la ley reglamentaria de esta reforma constitucional, tenga que ser inscrita, aprobada por el Congreso de la Unión en un marco de 180 días.
Esos 180 días concluyen el 17 de diciembre de este año, de tal forma que ahora que ya están integradas las comisiones legislativas, ordinarias en la Cámara de Diputados, que recién se acaba de constituir, nos permitirá abordar en conferencia, nos permitirá abordar entre las dos cámaras y las comisiones que tenemos que trabajar en este dictamen, en todas las discusiones que tendremos que conciliar, que atender y sobre todo, lo más importante de este trabajo, es escuchar en audiencias, en foros a quienes tienen que dar su voz para que podamos hacer bien nuestro trabajo.
Por eso el día de hoy estas primeras audiencias, empezamos en estos tres días de trabajo a continuar escuchando a las redes de familiares de personas desaparecidas.
Estas distintas redes, estas distintas organizaciones, con distintas modalidades, se han ido conformando a lo largo de estos años también en todo el país y han empezado a aglutinar, han empezado a integrar a distintos familiares que han dado una gran pelea para encontrar a sus seres queridos.
Cuando digo una gran pelea, es literal. Han tocado diversas puertas y a veces por distintas circunstancias no han encontrado eco para poder lograr la búsqueda y localización de vida por parte de sus familiares.
Hoy estamos obligados, como Estado mexicano, a atender las recomendaciones que se le han hecho al país, desde el Examen Periódico Universal se nos ha orientado que México tiene que legislar en la materia.
Por eso, en la Legislatura que acaba de terminar, desde el Senado de la República también teniendo como origen incluso una reforma propuesta por el Presidente de la República, lo que hicimos fue reformar la Constitución para poder unificar en un solo instrumento jurídico a todo el país; porque parte del análisis que hemos hecho de esta gran problemática es que tenemos un marco jurídico disperso, que frente a un delito que es de orden Federal porque está inscrito en la mayoría de las ocasiones como delincuencia organizada o delincuencia organizada trasnacional, también tiene que ver con el ámbito local.
De tal forma que es necesario, era necesario que reformáramos la Constitución para poder tener un solo instrumento jurídico que se aplique en todo el país; que pueda unificar los protocolos de búsqueda, de localización, de alerta cuando una persona ha desaparecido.
Y más allá de que se pueda dirimir cuál es la característica de esa desaparición, si es una desaparición voluntaria o si es involuntaria; y si es involuntaria, por quién fue perpetrada, si fue perpetrada de manera forzosa por agentes del Estado o por aquiescencia o bien entre particulares. Más allá de esa situación, el país, en este caso las instituciones, tienen que inmediatamente movilizarse para la búsqueda de esta persona.
Obviamente que la materia que nos va a ocupar tiene que ver con la desaparición involuntaria. La desaparición que es perpetrada por agentes del Estado y la desaparición que es perpetrada entre particulares.
Y en ese sentido, es muy importante que en el trabajo legislativo que vamos a emprender, también atendamos a los tratados internacionales que México ha aprobado, tanto la Convención Interamericana como la Convención de Naciones Unidas en la materia.
Es decir, además de tener un marco en el derecho internacional de los derechos humanos que nos va a permitir atender los lineamientos que están definidos para cómo tiene que ser el tipo, cómo debemos definir el tipo penal; cómo debemos aplicar las sanciones; cómo tenemos que emprender todas las actividades de técnica criminalística para la búsqueda y la localización de las personas que han desaparecido.
Por supuesto, también buscar y encontrar la verdad jurídica que pueda permitirnos fincar la responsabilidad penal de quienes han perpetrado estos crímenes.
El día de hoy, el Senado de la República a estas tres comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, ya en esta reunión formal empezamos las audiencias que nos van a llevar justamente a tener todos los insumos que son necesarios para que nuestro trabajo legislativo sea bien hecho, lo emprendamos debidamente y podamos atender también los reclamos que nos están haciendo, que han venido haciendo las organizaciones de la sociedad civil nacionales y también extranjeras.
Por eso la importancia de que hoy nos acompañen en esta mesa, además quien representa de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, y también de Amnistía Internacional.
Vamos a dar la voz a cada una de las organizaciones que se inscribieron, que nos lo solicitaron formalmente. Esto no quiere decir que no sigamos escuchando a otras personalidades y a otras organizaciones que posteriormente vamos a integrar en otras audiencias.
El día de hoy arrancamos estas discusiones, si me permiten decirlo de manera coloquial, tomando en cuenta que tenemos un gran cometido desde el Senado de la República, que estamos esperando que se acerquen también, que nos manden otras iniciativas, que tienen otro curso de audiencias, otro curso de solicitudes, también de peticiones de audiencias para también dar su voz.
Lo que está haciendo el gobierno federal por su cuenta en otros ámbitos de gobierno, o lo que están haciendo otros estados del país u otras organizaciones integradas de manera formal, solamente como organizaciones de la sociedad civil, todo lo que se está discutiendo finalmente va a tener que ser tomado en consideración por las comisiones que hoy estamos aquí reunidas.
Por eso, a nombre de las tres comisiones, y como estoy empezando en mi intervención, les doy la bienvenida a todas y a todos ustedes.
Sigue en voz el señor senador, presidente de la Comisión de Justicia, primero la senadora, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González.
Por favor, senadora, si es tan amable.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos.
Hoy, damos inicio. Gracias a todos por estar presentes en los inicios de los trabajos que vamos a llevar a cabo el día de hoy como comisiones unidas, y que hemos determinado iniciar con miras a dictaminar las diversas iniciativas que en materia de desaparición forzada de personas se han presentado ante la Cámara de Senadores y que buscan complementar la reforma constitucional que se llevó a cabo y que fue publicada el 10 de julio pasado en el Diario Oficial de la Federación la adición que se le hizo al artículo 73, fracción XXI, de nuestra Constitución Federal, relativa precisamente a la facultad del Congreso de la Unión para la expedición de la legislación general que establezca como mínimo los tipos y las sanciones en el caso de los ilícitos penales de tortura y de desaparición forzada de personas.
Estamos, pues, en esta etapa en la que con base constitucional vamos a dar lugar al siguiente paso en el proceso legislativo, que es la expedición de las leyes generales en materia de desaparición forzada de personas.
Instrumento que consideramos los integrantes de estas comisiones, y desde luego esperamos lo comparta el pleno en general, un instrumento fundamental para que desarrollemos así las reglas específicas que den efectividad al combate de este delito que ciertamente lesiona gravemente a la sociedad.
En este proceso de dictaminación que habremos de instaurar, una vez que concluyan los foros, tomaremos en cuenta las iniciativas que ya han sido presentadas ante este pleno del Senado, por compañeros legisladores que están preocupados, al igual que nosotros, por esta problemática y en su momento esperamos contar con la propuesta en materia de búsqueda de personas no localizadas y desaparición forzada, que fue anunciada también por el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien ha manifestado su interés por lograr una legislación que incorpore las mejores prácticas internacionales, para que el Estado logre mayor eficiencia en la lucha por abatir este delito y que contribuya en forma efectiva a la localización de personas desaparecidas.
El estado Mexicano debemos de recordarlo y esto es algo que fue debidamente valorado en 11 de febrero de 2015 por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, ha instrumentado, ha ratificado la totalidad de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Estatuto de Roma y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y esto, como les comentaba, pues ya reconocieron por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, organismos que ciertamente aprobó observaciones finales sobre el informe presentado por México, donde destacan varios aspectos positivos que yo quisiera compartir con ustedes.
Reconoce la ONU que el Estado Mexicano ha elevado a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales.
Que el artículo 29 constitucionales que establece que en ningún caso puede suspenderse la prohibición de desaparición forzada; la adopción de la Ley General de Víctimas, la adopción de la nueva ley de amparo; la página web con información sobre recomendaciones internacionales en derechos humanos; la existencia de una sociedad civil y Comisión Nacional de los Derechos Humanos dinámicas y vigilantes y la invitación permanente que el Estado hace a titulares del Consejo de Derechos Humanos para que visiten al país, incluyendo al grupo de trabajo.
Además, dicho comité, además de reconocer, alienta también al Estado Mexicano a aprobar una ley general, que es lo que vamos a iniciar las tareas a partir de la realización de estos foros; una ley general que regule de manera integral loas aspectos de desaparición forzada, en elementos de prevención, de investigación, de juzgamiento y de sanción, así como en la búsqueda de las personas desaparecidas.
En ese sentido el Comité estableció que el Estado debería adoptar medidas legislativas para asegurar que a la mayor brevedad posible la desaparición forzada se tipifique, tanto a nivel federal como a nivel estatal, como delito autónomo, que prevea su gravedad y se disponga un plazo prolongado para la prescripción del delito, de tal forma que queden protegidos los derechos de la persona desaparecida y desde luego con ello se avance en la tipificación del delito.
Como he mencionado, sin duda alguna un paso fundamental para llegar a este tema fue la reforma al artículo 73 constitucional, publicada, lo decía, en julio de este año y nos corresponde ahora entrar al diseño entonces y a la construcción de la normatividad secundaria en esta importante materia, con base en las propuestas legislativas con las que ya contamos, que fueron turnadas a estas comisiones unidas y las que tengan a bien sumarse a este periodo.
Una reflexión final de Juan José Gómez que señala que la desaparición forzada de personas es un fenómeno tan grave como complejo, cuya atención requiere una comprensión integral de su naturaleza y eso es precisamente lo que conoce la ONU, que el Estado Mexicano ha elevado a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales.
Que el Artículo 29 Constitucional establece que en ningún caso puede suspender la prohibición de desaparición forzada:
La adaptación de la Ley General de Víctimas, la adopción de la nueva Ley de Amparo, la página web con información sobre recomendaciones internacionales en derechos humanos, la existencia de una sociedad civil y Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dinámicas y vigilantes, y la invitación permanente que el Estado hace a titulares del Consejo de Derechos Humanos para que visiten al país, incluyendo al grupo de trabajo.
Además, dicho Comité, además de reconocer, alienta también al Estado Mexicano a aprobar una ley general, que es en lo que vamos iniciar las tareas a partir de la realización de estos foros.
Una ley general que regule de manera integral los aspectos de desaparición forzada en elementos de prevención, de investigación, de juzgamiento y de sanción, así como en la búsqueda de las personas desaparecidas.
En ese sentido, el Comité estableció que el Estado debería adoptar medidas legislativas para asegurar que a la mayor brevedad posible, la desaparición forzada se tipifique, tanto a nivel federal como a nivel estatal, como delito autónomo, que prevea su gravedad y se disponga un plazo prolongado para la prescripción del delito, de tal forma que queden protegidos los derechos de la persona desaparecida y desde luego con ello se avance en la tipificación del delito.
Como he mencionado, sin duda alguna, un paso fundamental para llegar a este tema fue la Reforma al Artículo 73 Constitucional, publicada –lo decía- en julio de este año.
Y nos corresponde ahora entrar al diseño entonces, y a la construcción de la normatividad secundaria en esta importante materia, con base en las propuestas legislativas con las que ya contamos, que fueron turnadas a estas Comisiones Unidas y las que tengan a bien sumarse a este periodo.
Una reflexión final de Juan José Gómez, que señala: “que la desaparición forzada (falla de origen)… debemos trazar en los trabajos que hoy iniciamos”.
Darle al análisis de este terrible ilícito una visión, una perspectiva integral, sin sesgos que obstaculicen su implementación y que en realidad sirva al Estado, pero fundamentalmente sirva a la sociedad.
Sean pues bienvenidos.
Iniciemos los trabajos y que sea para bien de nuestro Estado de Derecho.
Muchas gracias Presidenta.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias.
Senadora de la Peña.
Muy buenos días a todas, a todos los que nos acompañan el día de hoy, en el inicio de estos trabajos, fundamentales para lo que serán las próximas semanas y meses en el Senado de la República.
Aprovecho para dar, también, la bienvenida a la senadora Lucero Saldaña, que se encuentra con nosotros.
La senadora Silvia Garza.
Y por supuesto a la senadora Ivonne Álvarez, que es secretaria también de la Comisión de Justicia.
Así como a nuestros invitados, tanto de organizaciones de la sociedad civil, como de organismos internacionales, y autoridades que habrán de participar con nosotros durante esos dos días.
El tema que nos ocupa hoy y que nos estará ocupando durante estas mesas de trabajo, las cuales -aprovecho también para felicitar a la senadora De la Peña por esta organización en su momento y por esta Iniciativa. Muchas gracias senadora- son de gran trascendencia para nuestro país.
El delito de desaparición forzada, es una de las conductas que más aquejan y han dañado a nuestra sociedad en los últimos años.
En tiempos recientes, el mejor caso de ello es Ayotzinapa, uno de los acontecimientos más trágicos para nuestro país y que a todos nos duele.
Sin embargo, en estos foros tenemos que ser conscientes que el tema de desaparición forzada no se agota solamente en este caso.
Existen miles de personas desaparecidas en diversos estados y regiones de nuestro país.
Sin embargo, no todos éstos se encuentran documentados en expedientes judiciales, derivado en gran medida de la falta de confianza de la población hacia las instancias de procuración de justicia, pero también por no contar con un marco jurídico suficiente para poder verdaderamente llevar a cabo una investigación y lograr el objetivo primordial, que es que estas personas logren encontrar en determinado momento a sus familiares o seres queridos.
Tenemos un registro hasta cierto punto de este delito, tanto en el fuero común como en el fuero federal, que nos permite en cierta medida poderle dar seguimiento y a la autoridad también lograr solucionar algunos de estos casos, pero no es suficiente. Es importante precisar que la tipificación de este delito en el orden jurídico nacional no ha sido del todo eficaz, si es que podemos decir que ha sido eficaz hasta cierto punto.
Si bien se encuentra tipificada hasta cierto punto en el orden Federal, únicamente 22 de las 32 entidades federativas lo castigan y solamente dos expidieron leyes especiales sobre el delito en comento. Por ello, el pasado 10 de julio de 2015, como ya se comentó en esta mesa, se aprobó una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general de desaparición forzada de personas.
Con este nuevo instrumento normativo se logrará una homologación del delito de desaparición forzada para los tres niveles de gobierno, a la par de una mayor seguridad jurídica para todos sus destinatarios.
De igual manera, debe desatacarse que hay algunas iniciativas en este Senado que proponen diferenciar el delito de desaparición forzada cometida por servidores públicos directamente, y por particulares que actúen con el consentimiento de aquéllos, creando un tipo equiparado para aquellas desapariciones cometidas exclusivamente por particulares, las cuales son conocidas como desaparición involuntaria de personas.
En este sentido, todo el espectro delictivo quedaría cubierto respecto de las conductas que directamente conforman la desaparición forzada. Además, las iniciativas presentadas en esta Cámara proponen tipificar conductas de auxilio, complicidad o apoyo para la comisión de estos delitos que son igualmente graves.
Como bien señalaba la senadora Graciela Ortiz, estamos a la espera también de la iniciativa del Ejecutivo, que sin duda alguna deberá de sumarse a las ya presentadas en la Cámara de Senadores para poder llevar a cabo un análisis profundo de las mismas. Me parece que se está haciendo un trabajo de coordinación correcto también, al esperar esta iniciativa del Ejecutivo, para que todas estas puedan ser tomadas verdaderamente en cuenta en este proceso de dictaminación que está por iniciarse y que con estos trabajos sin duda alguna, adquiere mayor relevancia.
Me gustaría hacer una reflexión para dar paso ya a los trabajos en cuanto estemos listos, la senadora de la Peña seguramente nos lo dará, decía hace unos momentos Angélica, que muchos de estos familiares han tenido literalmente una lucha en la búsqueda de sus seres queridos y me hacía pensar y reflexionar, porque platicábamos también hace un momento afuera con la senadora Silvia Garza, diciendo que este es un tema de todos, que no es un tema exclusivo de estas comisiones; sino que es un tema de todas las senadoras y senadores, pero también un tema del Estado mexicano en su conjunto.
Y yo diría que el objetivo que debemos de tener hoy es pasar de que estos familiares y estas personas que han tenido una lucha solos, una lucha que pasa a veces en gran medida por la colocación de avisos en diversos postes en toda la ciudad, de avisos en redes sociales, de avisos en donde su influencia pueda llegar con familiares, amigos, conocidos; pase a ser una lucha en compañía de la autoridad, que pase a ser una lucha con un marco jurídico suficiente, con un marco jurídico eficaz que permita que esta lucha que bien señalaba Angélica hace un momento, pueda verdaderamente tener resultados acompañados del Estado mexicano, que es a lo que todos debemos aspirar.
Estoy convencidos que estas comisiones unidas que hoy inician estos trabajos, tomaremos en cuenta todas las opiniones y experiencias para poder generar un producto legislativo fuerte, que cumpla con las exigencias de una realidad que es verdaderamente dolorosa para todos los mexicanos que hoy empezamos, yo diría, si no a descubrir, sí a tomar aún más en cuenta, y que me parece que este marco jurídico será una herramienta importantísima para poder lograr combatir este flagelo que, insisto, no solamente le duele a aquellas personas que tienen hoy desaparecido a un familiar, a un amigo, a un ser querido; sino a todos los mexicanos que nos vemos lastimados por este delito.
Muchas gracias.
