Senado de la República

Versión estenográfica de la comparecencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el pleno del Senado de la República, dentro del análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República.
(Primera parte)
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Esta Mesa Directiva saluda la presencia de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación que acompañan a su titular.
Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República.
Se reanuda la Sesión.
Ruego a la Asamblea su atención:
Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, sea usted bienvenido a esta comparecencia a la que se le ha convocado para analizar la política interior del país, en el marco del Tercer Informe de Gobierno.
Asiste usted en cumplimiento a una obligación constitucional derivada del segundo párrafo del artículo 69 de nuestra Carta Magna, por lo que este acto se realiza bajo los principios constitucionales que establecen la relación corresponsable y republicana entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.
Secretario Osorio Chong, como es de su conocimiento, el artículo 69 constitucional compromete a los servidores públicos que asisten en comparecencia a informar bajo protesta de decir verdad.
En consecuencia, procederé a tomarle la protesta correspondiente.
SECRETARÍA: Sean tan amables de ponerse de pie.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, en los términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas y en su caso, las réplicas que le formulen las señoras y señores senadores?
SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Sí, protesto.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: De no cumplir con el compromiso que asume ante esta Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar.
El formato para el desarrollo de la comparecencia se preparó con el propósito de asegurar la participación de todas las fuerzas políticas que concurren en esta Asamblea, en el marco del orden republicano que nos exige nuestra investidura.
En cumplimiento del punto tercero del acuerdo aprobado para normar estas comparecencias, tenemos una intervención inicial del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, hasta por 15 minutos.
Señor Secretario, tiene usted el uso de la palabra.
SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Señoras y señores integrantes de la Mesa Directiva.
Señores coordinadores de los grupos parlamentarios.
Señoras y señores legisladores:
Acudo ante ustedes en cumplimiento del mandato constitucional y de acuerdo con la convocatoria de esta soberanía, para informar sobre el estado que guarda la política interior del país.
Lo hago convencido del análisis serio, responsable y plural que debe significar un acto democrático de rendición de cuentas como este.
Lo hago con absoluta claridad de los retos que hemos enfrentado este año.
El ejercicio de gobierno nunca ha estado ni estará exento de momentos y circunstancias desafiantes, que pongan a prueba la entereza del proyecto de nación y la solidez de nuestras instituciones.
Frente a ellos y tal como lo ha dicho el Presidente de la República, no es apostando por la división o el encono, como enfrentamos las coyunturas. Por el contrario, es con unidad, con absoluta firmeza, actuando en el presente y manteniendo la visión en el largo plazo, como podemos construir soluciones duraderas.
México requiere de cada una de sus partes una visión crítica pero siempre con un ánimo constructivo. Requiere de propuestas plurales e incluyentes, pero siempre persiguiendo un fin compartido.
Por eso, durante estos tres años, en la Secretaría de Gobernación hemos apostado por consolidar una gobernabilidad democrática eficaz y de resultados, que trabaja con gobernadores, legisladores locales, federales por supuesto, y alcaldes del país, sin reparar de qué partido provienen; que se construye a partir de la corresponsabilidad entre poderes y órdenes de gobierno; que encuentra en la sociedad a su razón de ser y a la ciudadanía en su principal aliado.
Por ello, dialogamos con campesinos e industriales, con empresarios y sociedad civil, de frente con los estudiantes y el personal docente o administrativo.
Es esa dinámica de inclusión y participación, de apertura y solución conjunta la que nos ha permitido construir puentes de entendimiento, agendas conjuntas y respuestas de Estado.
Es así como hemos traducido el conflicto en acuerdo y el acuerdo en transformación, porque escuchamos a todos, hablamos con todos, y porque sumamos a todos los que quieran participar.
Los únicos límites son: el Estado de derecho y el respeto a la ciudadanía. Cuando algún grupo los ha violentado, nuestra respuesta ha sido contundente: Diálogo sí, pero nunca violando la ley.
La gobernabilidad democrática también ha sido la base para articular y coordinar una respuesta de Estado en materia de seguridad, y así entregar mejores resultados a la ciudadanía.
Se trata de una coordinación que ha requerido de comunicación y colaboración permanente con los órdenes de gobierno y, por supuesto, con la sociedad; porque lograr la suma de esfuerzos para mejorar la seguridad del país ha ido mucho más allá de la función policial y ha exigido diálogo político y confianza mutua entre las partes.
Esa es la razón detrás del diseño institucional que el Presidente de la República planteó para la Secretaría de Gobernación al iniciar su gobierno. Y esa es la razón por la que nos instruyó dejar banderas partidistas a un lado y poner la política al servicio de la seguridad, para que no sólo el Gobierno de la República sino el Estado Mexicano en su conjunto, porque a todos nos corresponde mejorar su función primordial de proteger la integridad de sus habitantes.
Y, a juzgar por los resultados, el diseño ha sido el indicado; está funcionando y cumpliendo su cometido.
Me refiero a indicadores muy concretos: a la baja en los delitos de alto impacto; a la disminución de violencia en espacios públicos; a entidades enteras que van recuperando la tranquilidad en sus calles y colonias; a la recuperación de territorios donde el crimen actuaba con impunidad e incluso llegaba a controlar a las instituciones locales; y a la detención de los principales líderes criminales y a la desarticulación de sus estructuras delictivas.
Por supuesto, persisten retos que de ninguna manera minimizamos, y a los que, por el contrario, estamos haciendo frente con toda firmeza sin hacer a un lado los desafíos.
La evidencia es contundente. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto logró detener la escalada de violencia que en años anteriores dañó al país. Y hoy, con más seguridad y paso firme, México avanza en la dirección de menos delitos y mayor tranquilidad.
A partir de ese trabajo, el año pasado les pude compartir que en 2013 la tasa de homicidios se había reducido de 22 a 19. Y, según la última cifra publicada por el INEGI, en 2014 llegamos a 16.
Esto quiere decir que en los dos primeros años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la tasa de homicidios se redujo en más de una cuarta parte.
Sabemos que mantener esta tendencia no es un reto menor y estamos conscientes de que su desaceleración en algunas entidades se ha dado, en algunos estados, sí, durante los últimos meses.
Por ello es tan importante concretar las reformas de fondo al sistema de seguridad, rediseño que permitirá no sólo mantener sino profundizar los resultados.
El compromiso es seguir brindando un apoyo total a las entidades, para que puedan hacerle frente a los delitos que les corresponden del fuero común.
Trabajando de esta manera hemos reducido la extorsión en más de 20 por ciento y el robo en más de 13 por ciento, en comparación con 2012.
En el caso de secuestro, gracias a la estrategia nacional que pusimos en marcha el año pasado y al apoyo decidido que se le ha dado a las entidades donde se concentra este delito, en lo que va del 2015 se ha reducido más de un 31 por ciento.
Asimismo, en 2014 la tasa de incidencia delictiva total, es decir, la que se refiere a todos los delitos cometidos, fue la segunda más baja en los últimos 17 años.
Esos son los resultados en lo inmediato; esas son las cifras que están traduciéndose en colonias y barrios más seguros para las familias mexicanas y por lo mismo nos llaman a redoblar esfuerzos para seguir avanzando por esta vía.
Pero además de hacer frente a las necesidades inmediatas, partiendo de una visión de largo plazo, nos hemos abocado a fortalecer las estructuras e instituciones de seguridad del Estado Mexicano.
En primer lugar, atendiendo nos sólo los efectos de la violencia, sino también las causas de fondo. Es decir, pasamos de una política de seguridad preocupada únicamente por la contención, a una verdadera política de seguridad ciudadana, donde la protección de las personas es el objetivo principal.
Ello mediante el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Partimos de la premisa de que cerrarle el paso a la delincuencia requiere abrir las puertas del desarrollo.
Por eso el programa actúa con niñas, niños y jóvenes de 238 polígonos, donde se concentra el 60 por ciento de la incidencia delictiva del fuero común.
Y en estos casi tres años hemos designado 7 mil 700 millones de pesos a la cultura y el deporte, a proyectos productivos y a reconstruir fundamentalmente el tejido social.
Se trata de un esfuerzo que, más allá del corto plazo, avanza en su institucional institucionalización para asegurar la continuidad de esa política, sin importar quién se encuentre en el gobierno.
Un esfuerzo cuyo eje rector es y seguirá siendo la sociedad civil; en su participación decidida está el éxito de nuestras acciones. Por ellos seguiremos apostando a avanzar juntos.

La segunda medida, la segunda medida estructural es la transición hacia el sistema penal acusatorio.
Un sistema que tiene el potencial de transformar la justicia en nuestro país, como no se ha hecho en un siglo, para hacerla más eficaz, certera y confiable.
Al iniciar esta administración, había un gran rezago en su implementación.
Existían vacíos en la legislación secundaria y un amplio desconocimiento del modelo, tanto por operadores como por la población.
El reto no era menor. Debíamos acelerar el paso con liderazgo y claridad de rumbo.
Por ello, hemos trabajado con las entidades para que cuenten con la infraestructura, legislación y difusión suficientes, así como con colegios de abogados, academia y sociedad, para que los operadores desarrollen las capacidades necesarias.
Gracias a lo anterior, hoy el sistema funciona de manera parcial en 25 entidades y de forma total en 6.
Pero insisto: la meta está clara. En 263 días de que venza el plazo constitucional, todos debemos asumir nuestra responsabilidad.
Y en este marco, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que el Congreso de la Unión habrá de debatir y en su caso aprobar, será fundamental.
Pues tal como quedó demostrado con la evasión que ocurrió en el penal del Altiplano, nuestro sistema penitenciario enfrenta importante retos.
Desafortunadamente, este hecho costó al país el esfuerzo profesional y dedicado de las instituciones de seguridad que lo detuvieron.
Instituciones que ya han neutralizado a la mayor parte de los criminales más peligros del país.
Instituciones que hoy están coordinadas, comparten información como no se había hecho antes, y cuentan con los más avanzados sistemas de inteligencia.
Instituciones que sirven día y noche, con vocación y lealtad a las y los mexicanos y que están trabajando para lograr su recaptura.
Pero lamentablemente, debemos reconocer que no en todos los órdenes de gobierno existen instituciones de seguridad con esa misma capacidad y profesionalismo.
Por ello, el tercer cambio de fondo que estamos impulsando, es el fortalecimiento institucional a nivel local.
Desde el inicio del sexenio, hemos trabajado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para poner en marcha un modelo integral de desarrollo policial que tomara en cuenta la formación, evaluación, y profesionalización permanentes, la dignificación de la carrera policial y estrictas medidas disciplinarias.
A la par, se ha actuado para integrar a las policías de cada entidad a través de convenios de mando único.
Así, el desarrollo policial y el mando único, se ha avanzado en consolidar cuerpos de seguridad más profesionales, que se ha logrado, ahí, donde ha existido voluntad política para hacerlo.
Y permítanme enfatizarlo: Los avances han dependido hoy solamente de la buena fe, del acuerdo y de la voluntad política.
Por otro lado, no existían ni existen, facultades para que el Estado Mexicano intervenga, con oportunidad, en municipios como Iguala, donde el crimen se coludió con las autoridades locales, donde la colusión junto con los diversos problemas estructurales que han persistido en la región por décadas, derivaron en hechos tan dolorosos para todos los mexicanos, y muy en particular para los familiares y compañeros de los estudiantes.
Por eso, el Presidente de la República ha insistido en algo fundamental frente a estos hechos:
Gobierno y sociedad estemos del mismo lado, porque buscamos el mismo propósito.
No buscamos una verdad oficial o políticamente conveniente. Buscamos simplemente la verdad.
Y muy importante: que así como ya se ha capturado a 111 presuntos responsables, todos y cada uno de los que faltan rindan cuentas ante la justicia.
Ni perdón para los culpables, ni olvido para las víctimas.
Pero además, si algo quedó en evidencia con los muy lamentables hechos del año pasado, es que como Estado debemos brindar una solución estructural a esta situación. Debemos garantizar que todas las instituciones respondan a la ciudadanía y sólo a la ciudadanía.
Fue por ello que el Presidente de la República envió en diciembre del año pasado, una iniciativa a este Senado, con dos objetivos: Fortalecer a las instituciones de seguridad locales y facultar al Estado mexicano para intervenir en aquellos municipios donde las autoridades hayan sido infiltradas por el crimen.
Se trata de un reto que debemos enfrentar juntos, Ejecutivo y Legislativo, asumiendo ambos nuestra tarea para que México cuente con los mecanismos que eviten hechos como los sucedidos el año pasado.
La iniciativa de ley existe, respetuosamente creo que es conveniente analizarla, debatirla y desde luego enriquecerla.
A la par, hemos trabajado con las entidades federativas, la sociedad civil y organismos internacionales para dotar a nuestras instituciones de mejores instrumentos para prevenir y sancionar el delito de desaparición forzada, así como para buscar a personas no localizadas.
En este periodo de sesiones la iniciativa se hará llegar al Congreso de la Unión.
Tenemos claro que no se puede concebir un auténtico Estado de Derecho sin un pleno respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido, hemos actuado con absoluta determinación para consolidar a un México de igualdad y libertades.
Se trata de una tarea que entendemos de manera amplia e integral, desde los derechos civiles y políticos; hasta los económicos y sociales. Muchos de ellos, como el derecho a la educación, al trabajo y a la presunción de inocencia; se fortalecieron con las reformas que impulsó el Presidente y ustedes, señores legisladores, aprobaron.
Y al mismo tiempo, muchos se han protegido y promovido a través del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018; así como con los programas específicos contra la trata de personas, la violencia contra las mujeres y la discriminación.
Es gracias a esa visión amplia, que prioriza ante todo la dignidad humana, que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Administración Pública Federal, se redujeron más de un 60 por ciento entre 2012 y 2014; y todas, absolutamente todas las recomendaciones han sido aceptadas.
Por otra parte, en estos tres años se han construido o fortalecido 22 centros de justicia para que mujeres y niñas, de 17 entidades del país, reciban apoyo legal y psicológico. Para dimensionar su valor, en tan sólo nueve meses estos centros atendieron a más de 45 mil mujeres.
Asimismo, reconocemos los retos para garantizar la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos y, por ello, estamos trabajando con organismos internacionales para que a la brevedad el mecanismo de protección pueda ser reestructurado.
De modo que la protección de los derechos humanos es una guía transversal de nuestro actuar y pasa también por lo que hacemos en materia de migración. Actuamos con la convicción de que no es con barreras, sino con más y mejores puentes de unión, como podemos traducir los desafíos en oportunidades.
Por ello, pusimos en marcha una política pública que reconociera los retos que enfrentan los migrantes en cada frontera. En el norte, a través del Programa Somos Mexicanos; hemos asistido a más de 210 mil connacionales, que ahora regresan a través de puntos y horarios establecidos y reciben toda la atención necesaria.
Y en el sur, que por años había sido sinónimo de olvido, abandono y violencia, hemos realizado esfuerzos sin precedentes. Ello para garantizar una migración segura y ordenada, pero además para promover un desarrollo integral de la región; porque sabemos que una migración dinámica y bien orientada significa un intercambio económico cultural y social de suma importancia para el sur-sureste de nuestro país.
Así, en un hecho sin precedente, entre septiembre de 2014 y junio del 2015, se emitieron de forma gratuita más de 124 mil tarjetas de visitante regional y de trabajador fronterizo.
Y, muy importante, se ha logrado inhibir el tránsito de personas a través de trenes de carga.
En concreto, se ha puesto orden en la frontera a favor de nuestros ciudadanos, de las y los mexicanos, y también de los migrantes que vienen de otros países.
Por último, me refiero a lo que hemos hecho para consolidar el Sistema Nacional de Protección Civil. Un tema en el que estos tres años hemos enfrentado desafíos de gran magnitud, muchos de ellos sin precedentes, pero en el que, gracias a la solidez de nuestras instituciones y a la invariable solidaridad de los mexicanos, se han podido evitar tragedias.
El Presidente de la República instruyó diseñar y poner en marcha una política de Estado que enfatizara la prevención y articulara los esfuerzos de todos los órdenes de gobierno con la sociedad. Por eso actualizamos e hicimos público por primera vez en la historia el Atlas Nacional de Riesgos, lo que permite conocer los fenómenos a los que estamos expuestos y así tomar decisiones oportunas.
Asimismo, hemos fomentado la cultura de la prevención a través de campañas que informan de acuerdo a cada localidad y a cada circunstancia.
Pero sabemos que en muchas ocasiones por la dimensión de los fenómenos prever no es suficiente, y que en todo momento debemos estar preparados para actuar con rapidez y oportunidad; por ello, hemos apostado nuevamente a la coordinación.
Coordinación en el Gobierno Federal para que cada dependencia haga lo propio y lo haga bien; desde restablecer servicios básicos, hasta garantizar la seguridad; desde ofrecer asistencia de salud, hasta reconstruir y reforzar las calles y colonias.
Coordinación con las entidades federativas, a fin de atender las emergencias con oportunidad, teniendo rutas de información y acciones claras y compartidas.
Coordinación con el sector privado, para establecer alianzas clave que nos permitan actuar, por ejemplo, para transportar a personas o abastecer autoservicios.
Ejemplo de ello fue el puente aéreo para la evacuación de las zonas afectadas en Ingrid y Manuel en 2013, y después en Odile el año pasado.
Y coordinación, desde luego, con la sociedad civil.
Hoy, no hay duda de que nuestro Sistema Nacional de Protección Civil funciona y que se está consolidando a favor de las y los mexicanos.
Por ello, y porque hacemos de su fortalecimiento una tarea permanente, una tarea de Estado, México ha ganado reconocimiento público más allá de nuestras fronteras.
Muestra de lo anterior, es que en el 2017 seremos sede de la Plataforma Global para la Reducción de Desastres.
Señoras y señores senadores:
México vive importantes momentos de transformación y retos; de avances y desafíos; de dificultades que nos ocupan, pero también de propósitos superiores que nos deben de unir. Porque todos los aquí presentes, como integrantes del Estado mexicano, tenemos una responsabilidad ineludible: la de construir soluciones de la talla y dimensión que exigen las y los ciudadanos.
Porque las coyunturas pueden variar en cada gobierno, pero las decisiones que se tomen en esta tribuna y como Estado mexicano, son las que habrán de perdurar en el tiempo.
La política que sigamos haciendo en adelante dictará en buena medida el rumbo de nuestra Nación. Es la que habrá de marcar la diferencia en la vida de las generaciones presentes y futuras, con diálogo, propuestas y acciones, es la manera de demostrar a la ciudadanía que sí podemos desde las instituciones democráticas brindar las respuestas que el país nos demanda, aquellas que nos permitirán seguir consolidando al México de derechos y libertades que todos queremos.
Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Se abre paso a la ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios prevista en el numeral 2, del resolutivo tercero, del acuerdo correspondiente.
En consecuencia, se concede la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por 10 minutos.
SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Con su venia, señor presidente; bienvenido, señor Secretario de Gobernación.
Habrá que decir para empezar que estas comparecencias no sirven para nada, señor Secretario. A nosotros nos toca una pregunta y no tiene nada que ver con las comparecencias que se ven en otros países democráticos, en donde el funcionario está siendo interrogado, tiene que contestar.
Aquí todo está preparado para cuidar mucho de nuestro secretario de Gobernación, pero en fin, así está dispuesto y haré un gran esfuerzo por tomar mi tiempo, porque la otra la va a tomar Layda Sansores.
En la primera comparecencia que hizo usted, señor Secretario, le dije con todo respeto y lo vuelvo a hacer, que el haber integrado a la Secretaría de Gobernación ese monstruo que construyeron que se llamaba la Secretaría de Seguridad, no iba a funcionar, porque iba usted a terminar siendo el primer policía del país y no el secretario de Gobernación.
Hoy, por ejemplo, lo hemos escuchado y el 80, 90 por ciento de su tiempo fue en relación con la seguridad, donde tenemos enormes problemas y ya no digamos en la gobernación del país.
Mala solución, pésimos resultados.
Yo tocaría rápidamente, en este tiempo, algunos temas que esperaría yo después nos contestara. En primer lugar el tema de Ayotzinapa. El tema de Ayotzinapa es una herida abierta en este país y se dice una y otra vez y lo ha señalado usted, de que es un tema municipal y no lo es.
La presencia de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos demostró que las investigaciones eran falsas y que se había orientado la investigación exclusivamente al grupo delincuencial, nada más, ninguna otra línea de investigación y se sigue repitiendo.
El grupo dijo que no era así, que en todos los acontecimientos permanentemente, de minuto a minuto, desde que los estudiantes llegaban a Iguala, estaban vigilados por el C-4, en donde estaba integrada Gobernación, donde estaba integrado el Ejército Mexicano, donde estaban integrando todos los libros del aparato del Estado local federal y esto hace que cambie totalmente el enfoque.
Tendrían ustedes que responder y señalar por qué no intervino el ejército estando ahí presente en todos esos asesinatos, ametrallamientos y la desaparición forzada de 43 jóvenes mexicanos, estudiantes para maestros.
En segundo lugar tenemos, y yo le preguntaría a usted: qué es lo que contestó usted a la Comisión de Derechos Humanos, con la que se entrevistó ayer, y hoy los medios de comunicación hablan de que le preguntaron sobre libertad de expresión.
¿Habría usted dicho que en México vivimos una dictadura mediática y que el gasto en propaganda del Estado es inmenso? Me imagino que sí. Si no, me gustaría saberlo.
También de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le preguntaron a usted cuál era el papel de las fuerzas armadas.
Bueno, aquí no se puede preguntar eso. Aquí se levanta una ola de indignación si se menciona algo de las fuerzas armadas.
Pero les quiero decir, señores senadores, que al señor Secretario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le preguntó que les especificara el papel de las fuerzas armadas en todos estos problemas que tenemos de derechos humanos.
Seguramente les dijo que Oaxaca también tenía que ser intervenida y militarizada de pe a pa, y que el ejército crece, y crece, y que las policías crecen, y crecen y que tenemos una carrera armamentista verdaderamente enorme.
Tenemos también otro problema serio:
La presentación, el informe del grupo de trabajo de la desaparición forzada. Ese informe de trabajo está bloqueado, nadie lo puede ver.
Pretendimos entrar aquí a través del Internet. Está bloqueado. Bueno, me bloquean mi teléfono muchas veces.
Pero no se puede entrar y no se puede conocer abiertamente ese informe del grupo de desaparición forzada.
Y le voy a leer un pedacito nada más. Ya dejamos Ayotzinapa, lo que dijeron de los propios organismos expertos.
Aquí le dicen esto. Dice, en conclusión –son 100 hojas-: “El grupo de trabajo reitera su pesar por los pocos avances registrados en la implementación de sus recomendaciones”.
“Los grandes desafíos detectados por el grupo de trabajo durante su visita y plasmados en su informe de misión aún perduras, salvo excepciones; la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen, las víctimas no reciben la adecuada reparación”.
Es lo que dicen. Primero en el otro tema y en desaparición forzada, que tocó usted ese tema aquí, nos dicen que sigue la desaparición forzada, que la impunidad sigue, que la desaparición avanza y que no se hace nada. También un grupo de Naciones Unidas.
También le recomendaría, señor, con todo respeto, que le diga usted al Presidente que no puede mandar fuerzas militares al exterior porque está prohibido por la Constitución.
Ya se fue a comprometer una segunda vez a las Naciones Unidas a decir que van a ir a apoyar las aventuras militaristas que se manejan en la ONU.
Está prohibido por la Constitución. El Presidente no puede violar la Constitución. Sería bueno que se lo dijeran.
Y Layda va a terminar mi intervención porque me faltan todavía unos minutos más.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Permítame senador Bartlett.
No se concede el uso de la voz en calidad de nueva intervención, sino que esta Presidencia autoriza que la senadora Layda Sansores concluya el tiempo dispuesto para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Adelante senadora Sansores.
SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Sí. Y espero que sean generosos como fue con el señor Secretario, que tardó 20 minutos 2 segundos.
Presidente;
Senadoras;
Senadores;
Señor Secretario de Gobernación:
Usted es de los hombres más experimentados del Gabinete. Pero no hay ni cómo ayudarle.
Un Secretario de Gobernación debe ser el gran operador político. Pero qué le pasó.
Qué, la corrupción y la ineptitud también se contagian.
Su súper Secretaría es un súper desgarriate:
Siete subsecretarios, un gran personal y los únicos leales a usted son su secretario particular, su chofer y posiblemente su perro.
Todos los demás son cuña que le puso Peña Nieto y es a él a quien le rinden cuentas. Peña Nieto no lo respeta.
Y para colmo, le incrustan dos perlas:
El primero es una clara Roqueseñal de hacia dónde se encamina la política migratoria. Y para la prevención del delito ponen al frente a un acicalado delincuente de guante verde, que representa la carroña, lo podrido en este sistema; ¿pues cuántos votos le deben al Verde, que ya se hicieron de la política un negocio redondo y no acaban de pagarles?
Con el Subsecretario Miranda, quien también acuerda en Los Pinos, bueno, cuando menos con él tiene algunas coincidencias: son vecinos, ambos con esposas, con casas en Las Lomas, a quienes una de esas HIGAS generosas les facilitaron la adquisición de sus viviendas.
Hace un año usted en esta Tribuna, 17 días antes de los sucesos de Ayotzinapa, dijo que los centros de control de confianza habían evaluado al cien por ciento de la plantilla activa a nivel federal y más del 93 por ciento a nivel estatal y municipal. Y esto para que cuidaran a los mexicanos, profesionales y gente confiable.
¡Qué maldita suerte para los estudiantes que se tuvieron que enfrentar a la policía que pertenecía a ese 7 por ciento!
¿Y qué pasó con sus policías federales, cuando el cien por ciento ya había pasado el control federal, el control de confianza?
Usted vino aquí, juró y mintió. Y lo que hoy tenemos claro es que ni usted ni ellos son profesionales, y ni mucho menos confiables.
No acaba de bajar del templete, bien, dándole la cara a los estudiantes del Politécnico, cuando empezó su año trágico:
Irresponsablemente negó la participación de la Policía Federal, que hoy elogia y pone al descubierto. Reprimió a los ciudadanos el 20 de noviembre, en un claro operativo para sembrar el miedo.
Usted, al nombrar a Andrés Chao como subsecretario de Normatividad y Medios, hermanito del vicepresidente de Relaciones Internacionales de MVS, estaba organizando la vendetta en contra de Carmen Aristegui y su equipo por haber dejado claro que este país lo gobierna una pandilla que tiene vocación de pillos y conflicto de intereses, sépanlo bien, no es otra cosa que ser trácala, ratero, ladrón y eso, son ustedes, aunque pongan a Virgilio a exorcizarlos con agua bendita.
México es una caldera ardiendo, Aristegui era una válvula de escape para tanta indignación en contra de un gobierno corrupto y cobarde. Exigimos que regrese Carmen.
Y ahí tiene a su Tanhuato, pero ya no tiene a su “Chapo”, y de ese ridículo ya mejor ni hablo.
México sufre el dolor y la indignación de tener a 43 jóvenes y a la verdad desaparecida.
El GIEI dice en su informe que participaron todas las fuerzas del Estado, con un mando único, una infraestructura de primer orden; ¿quién puede tener tal capacidad de infraestructura, que asesinó y desapareció a jóvenes enfrente de todos, en la plaza pública?
¿Qué se necesita que suceda en este país, en el que se esté a un escándalo de corrupción cada semana?, en donde el problema se tropieza, el gobierno se tropieza todos los días y en donde al pobre Peña Nieto todo se le cae: Se le cae el precio del petróleo, se le cae el peso, se le cae la Banda, se le cae el pastel, se le cae el celular, se le cae el país.
¿Qué se necesita que suceda en México para que Peña Nieto y usted renuncien?
No tienen autoridad moral, lo que la ciudadanía siente por ustedes es un profundo desprecio, entiéndanlo. Basta de que nos sigan engañando; el Ejército, usted y Peña Nieto saben la verdad: la desaparición de los jóvenes es un acto criminal; callar la verdad es un acto de ruindad imperdonable.
Y aunque ustedes no lo quieran, la marcha del sábado fue un bálsamo a la herida, padres heroicos que no se rinden, ciudadanía que despierta, sociedad que camina, jóvenes que protestan. Esos jóvenes son el alba, no claudicar, sí hay mañana, con todo y el gobierno que tenemos.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Tiene ahora el uso de la Tribuna el senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.
SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Muchas gracias. Con la venia de la presidencia.
Muy buenas tardes, señor Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong.
Saludo a mis compañeras y compañeros senadoras y senadores.
Con su venia, señor Presidente.
Señor Secretario: a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, le doy la más cordial bienvenida a este Senado de la República.
En el Partido Verde celebramos que durante estos tres años México haya recuperado el camino de la coordinación, el diálogo, la seguridad y la tranquilidad de largo plazo.
Que México haya recuperado el camino del progreso y de la transformación. Un camino que, sin duda, ha demostrado ser el camino correcto.
Por eso apoyamos que con mirada crítica se identifiquen los desafíos, pero también pedimos que con honestidad republicana se reconozcan, sin escatimar, los avances.
Lo importante es que hoy avanzamos, y avanzamos con rumbo, y esa ha sido precisamente la diferencia, compañeras y compañeros senadores, para poder alcanzar las transformaciones que antes resultaban inimaginables.
En estos tres años, bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, el país ha vuelto a caminar con un rumbo claro. Rumbo para probar cada una de las reformas transformadoras que fueron analizadas y debatidas desde este salón de sesiones.
Rumbo para recuperar la rectoría sobre sectores estratégicos de nuestra economía y de nuestra vida social, como la educación, simplemente por citar un ejemplo.
Rumbo –hay que decirlo– para hacerle frente a los desafíos y no quedarnos en la coyuntura sino seguir adelante como país, con un sólido proyecto de nación.
Y rumbo, desde luego, en lo que se refiere a la política interior que usted encabeza, señor Secretario.
En el Partido Verde no olvidamos lo que significó por años para este país una relación Ejecutivo-Legislativo, marcada por el desencuentro y por la confrontación.
Y, por ello, somos los primeros en reconocer que bajo su liderazgo, señor Secretario, el Palacio de Bucareli ha dejado atrás la cerrazón y la inoperancia de años anteriores, y ha vuelto a abrir sus puertas al diálogo, al acuerdo y, muy importante también, a la ciudadanía.
Es así como se están construyendo las soluciones integrales que usted mencionaba hace unos minutos, señor Secretario, y que están cambiando de fondo a nuestro país.
Soluciones, por ejemplo, para terminar con la violencia en nuestras calles y en nuestras comunidades, porque por años nuestro país se acostumbró a los narcobloqueos, a las mantas del crimen organizado en los puentes, y los fuegos cruzados que derivaban en victimas ciudadanas.
Pero más grave aún, nos tuvimos que acostumbrar a una estrategia equivocada que respondía a la violencia generando más violencia. A una estrategia que lanzó el país a una guerra costosísima, cuyo resultado fueron más homicidios, más delincuencia y más ruptura social en nuestras comunidades.
En aquel entonces una fuga no era noticia, porque ya era parte de la rutina cotidiana.
Recordemos las fugas masivas de los penales en otros años. Más de 150 en nuevo Laredo; más de 50 en Zacatecas; y otros 132 en Piedras Negras. Y así hasta llegar a más de mil reos fugados en menos de seis años.
Por eso ahora se está trabajando con las entidades federativas, para fortalecer el sistema penitenciario nacional en su conjunto.
Es decir, a este tipo de debilidades estructurales, producto de la desatención y falta de visión que privó en gobiernos pasados, hoy se les está haciendo frente.
Por eso, si hay algo que no se le puede dejar de reconocer a este gobierno es que a los delincuentes se les está haciendo frente uno a uno; pero ahora se hace con estrategia y se hace con inteligencia.
De ahí que la mayor parte de las capturas ocurran sin disparos, eso no es casualidad, de ahí que no sólo se capturan a las cabezas sino también se están desmantelando la capacidad financiera y operativa de los grupos delictivos.
Estamos hablando de cambios de forma y fondo, cambios que han sido posibles porque ahora se trabaja de manera coordinada entre los órdenes de gobierno y que por lo mismo están dando buenos y evidentes y claros resultados.
Pero sabemos que hay que ir más allá y que si bien se ha avanzado, aún no podemos darnos por satisfechos. Por eso, para el Grupo Parlamentario del Partido Verde es muy importante mencionar que nos sumamos al exhorto que ha hecho el seños presidente de la República, para seguir fortaleciendo a nuestras instituciones de seguridad y justicia.
Para fortalecer las capacidades del Estado Mexicano frente a la delincuencia y, sobre todo, para blindar a las instituciones locales, para que nunca más vuelvan a ser cooptadas por el crimen organizado.
No podemos permitir nunca más que se repita un caso como el de Iguala, que nos duele y nos lastima a todos. Un caso que fue producto de la colusión entre las autoridades locales y el crimen organizado.
Y hay que ser claros aquí, compañeras y compañeros, frente a quienes vienen aquí a buscar sacar raja de este tema, debemos de recordar quienes son os verdaderos responsables de esta tragedia, aunque aquí ya lo hayan tratado de negar.
Sí, me refiero a los gobiernos, a los gobiernos del estado y municipal, al omiso gobierno de Guerrero y por supuesto al gobierno corrupto y criminal de José Luis Abarca, quien por cierto, compañeras y compañeros, recibió todo el apoyo del equipo de López Obrador y particularmente de Lázaro Masón.
Ese es el funesto resultado del populismo. Por eso condenamos las conductas hipócritas y sin memoria, hipócritas y sin memoria, de quienes hoy señalan y atacan al gobierno de la República, gobierno que por cierto ha sido el único en afrontar el problema y demostrar con hechos su compromiso con la verdad y con la justicia.
Es hora de que terminen la demagogia y las mentiras, porque ya sabemos los riesgos que conlleva ese camino. Sabemos que los populistas sacrifican al país en pro de su aprobación.
En cambio, los hombres de Estado, como el presidente Enrique Peña Nieto, ven por México, dejan su popularidad a un lado y dan la cara a los problemas.
Pues mientras los populistas no pueden dejar de guiarse por las encuestas, quienes tienen altura de miras saben que los proyectos de Estado se miden con resultados.
Es fácil criticar para quienes ofrecen soluciones simplistas.
Es fácil criticar y creen poder arreglar todo con respuestas mágicas.
Quienes critican sin proponer, dan muestra con sus palabras de lo que no pueden lograr en los hechos:
Acuerdos y resultados en favor de la ciudadanía
Compañeras y compañeros senadores:
Ante quienes prometen respuestas imposibles de cumplir, el Gobierno de la República responde con visión de largo plazo y soluciones integrales.
Ante quienes buscan generar encono y polarización, las fuerzas políticas responsables respondemos con vocación republicana, respeto a la pluralidad e inclusión.
Y ante quienes buscan únicamente resguardar sus intereses partidarios y se empeñan en detener el desarrollo del país, el proyecto transformador responde con altura de miras y determinación.
Esta no es la manera, como lo han expresado algunos que me han antecedido en el uso de la voz, de venir a utilizar esta Tribuna.
Hay que venir a hacer un posicionamiento serio, con crítica, con datos, pero sobre todo con propuestas, compañeras y compañeros.
Los resultados están a la vista; las mediciones están a la disposición de todos los aquí presentes.
Demos un debate de altura, como lo hemos hecho, para construir las grandes reformas y el proyecto transformador que hoy guía y conduce a nuestro país.
Por eso, en el Partido Verde, seguiremos orgullosamente al lado del Presidente de la República y de su Secretario de Gobernación, porque esta no es una simple alianza electoral, es una coalición de gobierno con vocación de Estado, y su objetivo es concretar la transformación de México en un país más moderno y próspero para todos.
Por su atención muchas gracias.
Es cuanto.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Tiene el uso de la Tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Ahora sí vamos a hablar en serio.
Señor Secretario: bienvenido al Senado de la República.
Compañeras y compañeros senadores.
Invitados especiales:
Señor Secretario:
En su comparecencia del año pasado, le señalé que el país enfrentaba una situación de grave deterioro político, económico y social, que representaba una verdadera degradación de la ética en los asuntos públicos.
Le señalé hace un año, que nuestro país a travesaba por la peor crisis humanitaria y de violación de derechos humanos de las últimas décadas.
Una crisis del Estado Mexicano que ha profundizado la falta de credibilidad de las instituciones públicas sin que existan respuestas claras, ni se adopten decisiones de Estado para superar esta situación.
Esta crisis se ha profundizado a grado tal que el día de hoy, el diario The Washington Post, publica un artículo que califica al 2014, como el año miserable de México, al día siguiente de la participación del Presidente de la República en las Naciones Unidas.
No se dan respuestas claras, no se toman decisiones desde el Gobierno.
Todos los expedientes en materia de violaciones graves a los derechos humanos, de corrupción, se mantienen abiertos sin ninguna solución.
Le pongo como ejemplo mi intervención de hace un año, el 9 de septiembre, cuando le solicité información sobre las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, de la cual no he recibido respuesta alguna, a pesar de que el 19 de septiembre del año pasado se lo solicité con mayor precisión por escrito.
Han transcurrido 15 meses de estos hechos y hasta ahora, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional ha procesado dentro del fuero militar a los presuntos responsables, la autoridad civil no ha actuado contra ninguno de éstos.
Al inicio de la Legislatura anterior, cuando debatimos la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Gobierno argumentó que se buscaba fortalecer las funciones de la Secretaría de Gobernación al fusionar las tareas de política interior con las de seguridad pública, a fin de retomar la falta de conducción política y la ineficacia en la estrategia de combate a la inseguridad pública.
Como lo advertimos desde entonces, la Secretaría de Gobernación se ha visto disminuida a atender los graves asuntos de seguridad pública, dejando a un lado la relación con los grupos sociales, que es prácticamente inexistente, donde no se abre espacio al diálogo con la disidencia y por el contrario, se criminaliza la protesta social en lugar de establecer una relación que permita una gobernabilidad democrática.
Hoy todos los indicadores de gobernabilidad continúan a la baja, y voy a referirme a los mismos indicadores que usted acaba de señalar, como parte de que las cosas han prosperado. Pero hay que partir de que lo que llamaron el momentummexicano tras la firma del Pacto por México y la aprobación de las llamadas reformas estructurales, se pulverizó en unos cuantos meses y derivaron en un fuerte cuestionamiento internacional, y en la mayor caída de aceptación que un Presidente haya registrado en México, a solo 34 por ciento de la población.
Con excepción del partido oficial, los partidos que suscribieron el Pacto, han reconocido que fue uno de los principales factores que propiciaron su caída electoral; y ello no se asume en el mensaje del Presidente.
Y este mensaje político que el presidente Peña Nieto presentó el 2 de septiembre, contiene un conjunto de afirmaciones que constituyen verdaderas perlas de un México inexistente y que dan cuenta de cuán ajeno se encuentra el Presidente de la realidad que enfrenta la inmensa mayoría de los mexicanos.
En su mensaje, el Presidente afirmó:
“Es un hecho que la violencia está disminuyendo en México”, cuando los homicidios cometidos en menos de tres años de su gestión, superan la cifra de 47 mil 988 homicidios, cifra superior en 14 mil 671 homicidios a los registrados durante los seis años de la absurda guerra contra el crimen organizado impulsada por Felipe Calderón.
El Presidente dijo:
“El compromiso de México con los derechos humanos se refleja en una política migratoria integral, respetuosa de la dignidad de las personas”, cuando de acuerdo con Amnistía Internacional y con las cifras de la Secretaría de Gobernación, las desapariciones forzadas alcanzaron la cifra de 25 mil 700 personas, principalmente migrantes; la mitad de las cuales desaparecieron en este Gobierno.
Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan que hay 7 mil 185 mujeres desaparecidas en el país, de las cuales el 52 por ciento sucedieron en menos de los dos últimos años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recibió 500 denuncias de violaciones a derechos humanos en México, el mayor número registrado en el Continente Americano en 2014; y datos de información de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indican que la Procuraduría General de la República registró 23 denuncias por tortura en 2006, pero para octubre del 2014 la cifra se disparó a 2 mil 55 denuncias: de 23 en el 2006, a 2 mil 55 en el 2014.
De acuerdo, y esto contraviene lo que usted acaba de señalar, de acuerdo con la organización civil Artículo 19, durante el sexenio anterior se documentaron mil 92 agresiones a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, con un promedio anual de 182 ataques.
En los dos primeros años de este gobierno se han cometido 656 agresiones, con un promedio de 328 ataques anuales. De 182 a 328.
El Presidente dijo en su mensaje:
“La Cruzada Nacional contra el Hambre ha demostrado ser una estrategia efectiva para combatir la pobreza extrema y el hambre”, cuando de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, en 2014 el número de mexicanos en pobreza aumentó en dos millones de personas.
Peña Nieto declaró:
“La aceleración de nuestra economía se debe al dinamismo del mercado interno a partir de un mayor consumo de las familias mexicanas”, cuando la expectativa de crecimiento económico estimado para este año del 3 por ciento, difícilmente superará el 2 por ciento, mientras el peso se sigue desplomando frente al dólar y el Banco de México solamente en 2014 perdió diez mil 240 millones de dólares de las reservas nacionales.
Continúa la caída en el poder adquisitivo de los salarios. De 1987 a la fecha, el salario mínimo ha registrado una pérdida acumulada del 79.6 por ciento; y a lo largo de esta gestión el precio de la canasta básica aumentó en 20 pesos con 66 centavos, mientras el salario mínimo lo hizo solamente en dos pesos con 53 centavos.
Ahora la homologación entre la zona B y la zona A –que, ¡qué bueno!, porque no hay mexicanos de primera y segunda– sólo representa un aumento de un peso con 82 centavos a los trabajadores particularmente del México rural.
Peña Nieto afirmó:
“Ante la reducción de los ingresos petroleros, no vamos ni a aumentar impuestos ni a endeudar al país”, cuando la deuda neta del sector público ascendió a 7 billones 979 mil millones de pesos, cifra superior en dos billones 87 mil millones de pesos al saldo registrado en 2012.
Ahora, aunque la Secretaría de Hacienda ha negado que se trate de deuda, el gobierno pretende obtener en los próximos tres años 50 mil millones de pesos a través de la colocación de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores, para financiar con cargo al ramo 33 las obras de mantenimiento de 32 mil planteles educativos, lo que significará una merma en los ingresos de los estados y municipios, y los que se convertirán estos bonos en los bonos para la campaña del delfínpresidencial.
Lo mismo sucederá en la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, donde se pretende obtener los 6 mil millones de dólares que les faltan para lograr el proyecto, a partir de especular con el desarrollo inmobiliario de las instalaciones y los terrenos del Aeropuerto de la Ciudad de México.
La voracidad entre la política y los negocios no tiene límite.
Llegando al extremo de utilizar a elementos del Ejército Mexicano para construir la barda perimetral del nuevo aeropuerto en Texcoco, lo que constituye una verdadera ofensa para nuestras fuerzas armadas.
Primero, convierten a los soldados en policías; y ahora los convierten en trabajadores de la construcción.
Nuestros soldados no son albañiles y esta no es la función que les otorga la Constitución de nuestro país.
En el Poder Judicial prevalece la corrupción y la impunidad. Se solapan los conflictos de interés, como lo acredita en la parafernalia que enmarcó el mensaje presidencial, donde la primera fila estuvo ocupada por los principales protagonistas de los escándalos presidenciales: Los empresarios de HIGA y de OHL, Armando Hinojosa y José Andrés de Oteyza, beneficiarios de los millonarios contratos y concesiones públicas; los propietarios de la Casa Blanca y la Casa en el Club de Golf de Malinalco, como diciéndole a todos los mexicanos: “Háganle como quieran”.
El Presidente dijo:
“Esta nueva legislatura fue electa en una jornada electoral participativa que transcurrió en orden y normalidad democrática, cuando a lo largo del proceso electoral fueron asesinados 28 candidatos y dirigentes en dos entidades del país; 16 ciudadanos más fueron muertos en Acapulco el día previo a la elección; otros 4 asesinatos se registraron durante la jornada electoral en Guerrero, Oaxaca, Puebla y el Estado de México, y dos días después fue asesinado Francisco López Liborio en Iguala.
La quema de casillas se extendió en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el Estado de México y en estos eventos resurgió el viejo México mágico, como sucedió en el Distrito 11 de Pinotepa Nacional, donde se incendiaron 103 casillas, las cuales aparecieron posteriormente computadas a favor del PRI o como sucedió en la elección local en Chiapas, donde volvió a votar más del cien por ciento de los ciudadanos empadronados.
La impunidad que el INE otorgó al Partido Verde para violar recurrentemente la ley se tradujo en un mayor deterioro en la credibilidad de la institución electoral y posteriormente en lo que pareciera un pago por los servicios prestados a los infractores de la ley., a quienes se les otorga una subsecretaría en la dependencia a su cargo, que no tendrá interlocución para prevenir el delito ni para favorecer la participación ciudadana.
Concluyo.
El presidente reconoció en su mensaje político y lo reiteró hace un par de días en las Naciones Unidas, que, cito: “Hay frustración y pesimismo, desencanto y malestar social; los medios digitales y las redes sociales reflejan estos sentimientos de preocupación y enojo. En este ambiente de incertidumbre, el riesgo es que las sociedades opten por salidas falsas. De manera abierta o velada, la demagogia y el populismo erosionan la confianza de la población y alientan su insatisfacción”, cuando el presidente debió reconocer primero que las conclusiones presentadas por los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA sobre el caso de Ayotzinapa, demolió la verdad histórica construida por la Procuraduría de la República y sepultó la escasa credibilidad que prevalecía en nuestra sociedad.
Al igual que al fuga de Joaquín Guzmán Loera, la que dio cuenta del nivel de descomposición y la vulnerabilidad de las instituciones públicas, en particular las encargadas de la seguridad pública, la seguridad nacional y los órganos de inteligencia del Estado Mexicano que están a su cargo.
Por cierto, señor Secretario, nos debe a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional el video del CISEN. Yo le preguntaría si ese video existe y si lo van a hacer llegar a la Comisión Bicameral.
Termino.
Lejos de enfrentar estos hechos, resurge el discurso de la conjura, de la descalificación al descontento, el del peligro para México, el discurso que alienta el odio y la polarización entre los mexicanos; de nueva cuenta los fantasmas acosan al sistema y pretenden desestabilizarlo; dividir a los mexicanos que gozan de la paz y prosperidad que las instituciones le brindan y sin embargo, el Ejecutivo federal es incapaz de reconocer sus errores y ocuparse de la corrupción que corroe a las instituciones que encabeza.
Para el gobierno en el que usted participa, el mal es ajeno a su desempeño cuando en realidad el fantasma que recorre cada rincón de Palacio Nacional hasta sus cimientos, es el de sus propios fracasos.
Señor Secretario:
No se puede regresar a los tiempos de la Secretaría de Gobernación, dedicada al control político y a la represión.
Menos ahora que, como nostalgia del pasado, como nostalgia del partido hegemónico, oficialmente se ha dado por terminada la sana distancia entre el Presidente y su Partido.
El país necesita una Secretaría de Gobernación que haga política, que escuche a la sociedad y que establezca canales de interlocución para construir una gobernabilidad democrática, no un gobierno fundado en la manipulación mediática y que utilice el poder seductor del Estado para comprar conciencias.
Reiteramos lo dicho hace un año: el país necesita un responsable de la política interior y de la inteligencia y la seguridad nacional, que tenga control sobre sus colaboradores. No necesita un jefe de la policía.
Después de tres años, creemos que es momento de rectificar el rumbo.
Muchas gracias.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz la senadora Adriana Dávila Fernández.
Esta Presidencia ruega a los oradores ajustarse al tiempo establecido en el Acuerdo Parlamentario.
SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Con su venia señor Presidente.
Senadoras y senadores.
Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación:
Sea usted bienvenido a esta sede del Poder Legislativo, espacio para dialogar entre Poderes, pero también para dar voz a los ciudadanos sobre lo que piensan respecto de la Administración Pública Federal, y para rendir cuentas a quienes somos representantes populares y así poder debatir nuestras distintas visiones sobre la construcción de nuestro querido México.
No tenga duda, Secretario, Acción Nacional, fiel a su trayectoria parlamentaria, realizará una crítica responsable sobre el informe que nos presentó de los asuntos relacionados con la gobernabilidad del país y que son preocupación de los mexicanos.
Fundamentalmente, la inseguridad, el respeto a los derechos humanos y la corrupción, temas que al no tener líneas claras de acción de cara a las y los mexicanos, han vulnerado la credibilidad de nuestras instituciones y del actuar de los servidores públicos.
Tenemos muy presente que el Ciudadano Presidente dijo, en defensa de su proyecto, y lo cito: “Es un principio elemental de responsabilidad democrática perseverar en el proyecto de Nación, por el que votaron los mexicanos”.
Aclaro respetuosamente que no todos los mexicanos votaron por ese proyecto.
Hay distintas voces que deben considerarse en el actuar público.
Es esta pluralidad la que nos debería hacer fuertes como país.
Lo cierto es que tanto quienes votaron por el Presidente Peña, como quienes no lo hicieron, somos hoy los que exigimos ajustes en las políticas públicas, porque lo que se ha llevado a cabo hasta ahora no ha funcionado.
Es cierto, se ha planteado la idea de que el hecho de que hoy el PRI, partido del Presidente, cuenta con la mayoría en la Cámara de Diputados.
El dato duro, el real, es que el Partido del Presidente no alcanzó ni siquiera el 30 por ciento de los sufragios.
Y si fuera cierto este supuesto, estoy segura, Secretario Osorio, que los mexicanos votaron por un cambio de rumbo. Es cierto, pero no hacia la simulación, la corrupción, la impunidad, o el conflicto de intereses.
En suma, no votaron por la regresión de un estado autoritario que lucra con la pobreza, viola los derechos humanos para conseguir sus fines y debilita el poder de las instituciones.
Es irresponsable empeñarse en seguir un rumbo que no ha dado los frutos esperados. Hay que hacer un alto en el camino y rectificar lo andado.
Lo que menos necesitamos en estos momentos son destellos de auto complacencia que pueden interpretarse incluso como soberbia, que no nos lleven a buen puerto y que mucho han violentado los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.
A lo largo de los últimos 12 meses, se han presentado hechos que reflejan la grave crisis de derechos humanos que vive el país.
La debilidad institucional, para garantizar el Estado de Derecho, y el cinismo de algunos integrantes de la clase política, que a pesar de la violación sistemática de la norma y la falta de ética, son exonerados, premiados o de plano cuidados por un manto protector que sólo es explicable por una compleja cadena de complicidades, entretejida por la corrupción y la impunidad.
El ciudadano de a pie, el estudiante, la ama de casa, el trabajador, el maestro, el empresario, el adulto mayor; están alejados de los discursos triunfalistas, no ven las mejoras que tanto se anuncian. Más bien padecen los asaltos en los transportes públicos, los robos en casa-habitación, los secuestros, los cobros por derecho de piso o la violencia en las calles.
Nadie puede estar ajeno a los más de 43 mil 900 homicidios dolosos que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública en esta Administración; mismos que según la Consultoría Alantía, alrededor de 54 por ciento están relacionados con la delincuencia organizada; es decir, se dieron casi 24 mil muertes violentas.
Ningún habitante puede estar tranquilo cuando se reportan casi 3 mil 800 secuestros, cifra que se genera desde el momento mismo del inicio de las averiguaciones previas de los ministerios públicos o cuando se tiene conocimiento de la denuncia de poco más de 17 mil extorsiones, un promedio de cuatro y 18 casos por día, respectivamente.
Y lo que más preocupa, es que en estos hechos se han visto involucrados exintegrantes de corporaciones encargadas de la seguridad pública.
Es así que los ciudadanos han detectado graves desviaciones entre lo que se prometió en la campaña electoral de 2012 y los actos de gobierno.
Se sienten agraviados ante los evidentes actos de corrupción, los conflictos de intereses y el tráfico de influencias a través del pago de facturas, quizá electorales, que hoy –y lo pongo como ejemplo– ponen en duda hasta la conformación del equipo de trabajo del Ejecutivo, especialmente la Secretaría de Gobernación.
Puedo decirle que la gran mayoría de los ciudadanos conoce no sólo la historia del túnel por el que huyó el reo más vigilado; sino las coordinadas y corruptas complicidades, así como las complacencias y omisiones entre todas las autoridades involucradas. Todos fuimos testigos del trabajo realizado por la recién integrada Comisión Nacional de Seguridad, así como del fortalecimiento aparente del sistema penitenciario federal.
También puedo asegurarle que a nadie sorprendió la exoneración de los posibles conflictos de interés en los casos de explotación inmobiliaria de altos servidores públicos. Lo sorprendente hubiera sido una investigación autónoma: fuimos la burla internacional.
En otras latitudes se combate la corrupción con acciones ejemplares, aquí se pregona que el combate a la corrupción, pero no pasa nada, y eso mina la credibilidad de las instituciones.
Concluyó la primera mitad del sexenio, buenas cuentas en cuanto a reformas estructurales, que más que logro del Gobierno es el cumplimiento de responsabilidades del Poder Legislativo, en el que Acción Nacional no adoptó posturas mezquinas ni revanchistas, ni pagó con la misma moneda.
Fuimos responsables no por lo que llaman oficio político del Gobierno, sino por el compromiso con los ciudadanos que exigen más de la clase política.
Concluyeron los primeros 31 meses del ejercicio público y a la luz de los datos aportados en el Tercer Informe, llama la atención que el parámetro de comparación, interpretación y presentación de datos, sea precisamente la segunda mitad de la administración anterior.
Lo que necesitamos los mexicanos es que se nos muestre un comparativo de los alcances de las políticas públicas, desde el inicio de este gobierno, las mejoras, si es que las hay; en la calidad de vida, en la seguridad, en el respeto a las libertades individuales. Sólo de esta manera se podrá evaluar objetivamente si han servido o no las acciones emprendidas. A nuestro juicio no ha sido suficiente.
Se dice que se ha trabajado en tener un sustento jurídico integral para proteger a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos; sin embargo, y para muestra un botón, el Estado ha sido incapaz de defender con sus propios peritajes la verdad histórica oficial de lo acontecido en la larga noche de Iguala, que por decir lo menos, incineró en un informe la credibilidad de la Procuraduría General de la República y al mismo tiempo, puso en duda su profesionalismo.
Por la falta de rigor técnico para realizar investigaciones, evidenció que varios servidores públicos conocieron los hechos. Gracias a las herramientas tecnológicas que otros tuvieron participación directa y que unos más de todos los niveles de gobierno, fueron omisos en la atención y protección de los estudiantes.
En diversos foros de impacto mundial, el Gobierno Federal ha señalado que el tema de los derechos humanos es prioritario; sin embargo, la percepción a nivel nacional e internacional es distinta. Se señala la cotidianeidad de actos violentos que alteran la tranquilidad de la convivencia diaria en diversas zonas del territorio nacional, sea en el norte como Tamaulipas o en el centro o al sur de México; no hay garantía ni respeto a las libertades mínimas, ni a los derechos humanos.
Vamos a los hechos: Vean el incremento de cifras de violencia contra las mujeres, ¿de qué sirve denunciar –se preguntan las afectadas– si la propia autoridad primero cuestiona el comportamiento de la agredida antes que operar los correctivos necesarios para acabar con cualquier tipo de violencia?
Resulta curioso que en el informe se omite que el pasado mes de julio, tras cinco años de batalla constante de diversas organizaciones de la sociedad civil, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres decidió declarar la alerta de género para once de los 125 municipios del Estado de México; municipios con mayor número de habitantes.
Son inadmisibles los malos tratos y la tortura sexual a la que son sometidas las mujeres por parte de la policía; por ejemplo, en los operativos contra la trata de personas para obtener confesiones y fabricar pruebas. Hechos denunciados y documentados con videos de diversas organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Un punto por demás sensible y delicado es el relativo a la identificación de cuerpos encontrados en alrededor de las 30 fosas clandestinas que han sido localizadas en territorio nacional, así como la búsqueda y localización de desaparecidos que, a la luz de diversas notas periodísticas, de marzo a junio del 2015 suman ya mil 360 personas; lo que nos lleva a un total de 26 mil desaparecidos: Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Guerrero concentran el mayor número de personas.
El gobierno federal se comprometió a depurar el registro de personas y, a pesar de las cifras sobre el particular, el informe omite los resultados o el grado de avance. Con ello, no se brinda atención eficiente ni acompañamiento a los familiares.
La situación de la migración no es mejor en el país. Siguen los accidentes de “La Bestia”, los asaltos a migrantes. Y, bueno, para demostrar el nulo avance en la materia baste mencionar la creación de una Coordinación Frontera-Sur, misma que encabezó un compañero senador del estado de Tabasco que prefirió reincorporarse a sus actividades legislativas.
Por cierto, ante la reestructuración programática de la Administración Pública, este organismo está por desaparecer. ¿Pregunto si era necesaria una nueva área o era obligación fortalecer al Instituto Nacional de Migración?
Si bien existe una disminución en el número total de recomendaciones emitidas por la CNDH a la Administración Pública, es propio recordar que en noviembre del 2014 esta Soberanía nombró al nuevo titular del organismo autónomo.
Entonces, lo realizado con anterioridad obedeció a una estrategia política definida que contempló, incluso, la posibilidad de reelección de su anterior presidente.
Debido al aumento de violaciones a los derechos humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una visita que hoy está hasta el 2 de octubre para obtener más información.
Eso sólo se entiende porque persiste la violación a los derechos humanos, como lo establece el Departamento de Estados Unidos en su informe sobre la materia, en cuanto a que en México prevalecen tanto los abusos de la autoridad por parte de las policías y las fuerzas armadas, como la corrupción.
Los casos de Tlatlaya, México, Tanhuato, Michoacán, hacen evidente lo inverosímil de las versiones oficiales; el encubrimiento de los hechos; y lo que es peor, la recurrente práctica del gobierno de apostar al silencio y esperar al olvido.
Reconocemos, por otra parte, las dificultades inherentes al establecimiento de mecanismos de control, como es la implementación del mando único.
Recuerdo a bien, señor Secretario, que hace un año usted explicaba los cuatro tipos de mando único, a pesar de las resistencias de algunos presidentes municipales.
A un año de distancia, los informes indican que continúan los graves abusos de las autoridades y las complicidades internas.
Un asunto más que demuestra la vulneración de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y mujeres principalmente, es el delito de trata de personas con fines sexuales y laborales, entre otros más; y lo es por su incidencia, por algo es considerado el tercer delito más lucrativo en el país.
Por eso es preocupante lo escueto del tratamiento de este delito en el informe, toda vez que incluye mexicanos y migrantes principalmente en situación de vulnerabilidad.
Por cierto, hubo compromiso de su parte para la aprobación de la minuta que en la materia aprobó el Senado de la República por unanimidad, trabajada en coordinación con el Gobierno Federal y concretamente con la PGR y con la Secretaría que usted encabeza.
Lamentablemente, por diversas causas que usted conoce, no hemos podido concluir este proceso.
El diagnóstico de la UNODC advierte del trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada. Los utilizan como halcones, mulas, sicarios, secuestradores o como esclavos sexuales en estados del norte del país y áreas de alta marginación.
Usted, como responsable de la seguridad pública, sabe de la importancia del combate frontal al delito; su prevención y la atención a las víctimas.
Usted encabeza la Comisión Intersecretarial en la materia; por eso inquieta la falta de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para enfrentar integralmente este delito.
Cada uno trabaja por su lado, es decir, no se han unificado esfuerzos.
No es posible que una instancia tan importante como la Comisión Intersecretarial, sólo sea compiladora de resultados obtenidos por otras instituciones e incluso cómplice de la mala atención a las víctimas que son usadas como estrategia de mercadotecnia para todo tipo de fines, incluidos los electorales.
Es urgente que tenga una participación más directa, señor Secretario, y activa también, pero sobre todo responsable en la orientación de políticas públicas en este rubro.
Se cuenta ya con un reglamento de la Ley, sí, pero es insuficiente, porque ha dejado afuera aspectos relevantes como el Fondo de Atención a las Víctimas, que todavía carece de reglas de operación.
No se ha creado el Fideicomiso correspondiente y por lo tanto no funciona. Por cierto, ninguna instancia responsable cuenta con datos duros con el número de personas rescatadas, atendidas y en proceso de reinserción social.
Tampoco existe registro ni mecanismos de supervisión de las organizaciones que participan conjuntamente con el gobierno en la prevención del delito y en la atención a las víctimas.
Sin medición no es posible la evaluación.
Señor Secretario:
En materia de derechos humanos se nos debe mucho a las y los mexicanos. Sí tenemos aquí avances legislativos, pero es necesario redoblar el compromiso de las instituciones para abatir la grave violación a los derechos humanos.
Reitero: los datos reportados no han logrado resarcir en gran medida el lastimado tejido social. Vivimos aún graves violaciones a estos derechos fundamentales y lo podemos ver en el incremento de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura; en todo acto de impunidad cuando no se castiga a los criminales o a los servidores públicos corruptos que también son delincuentes.
Cumplir con la obligación asignada es una tarea que demanda compromiso, responsabilidad y eficiencia. Por eso es deseable la supervisión constante honesta y ética, para detectar las desviaciones en los objetivos planteados.
No podemos seguir por el mismo rumbo. Se requiere una revisión profunda de los procesos, así como una evaluación del desempeño de los servidores públicos para combatir el narcotráfico, la toma clandestina de ductos de PEMEX, la trata de personas, el secuestro y las extorsiones que mucho hieren, denigran y exponen a la sociedad en su conjunto.
Hay que recordar que en estas situaciones es fundamental contar con acciones de gobierno inmediatas y efectivas para garantizar los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas jornaleros, activistas, periodistas, migrantes, hombres y mujeres que anhelan vivir en paz y con libertad.
Por eso exigen a sus autoridades responsabilidad, esperan el respeto escrupuloso a sus derechos humanos.
Señor Secretario:
A usted le fueron encomendadas por el titular del Ejecutivo las tareas fundamentales para mejorar la gobernabilidad del país; pedían incluso un cambio en la estructura orgánica de la administración pública.
A tres años podemos decir, fundada y justificadamente, que esta área de la administración se convirtió en zona de desastre. Hoy no hay confianza en el gobierno. El Ejecutivo está reprobado ate la opinión y si no ha confianza, señor Secretario no hay gobierno.
Su misión está incumplida.
Muchas gracias.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Tiene el uso de la tribuna la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hasta por 10 minutos.
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Con su anuencia, señor presidente; compañeras y compañeros senadores; licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, bienvenido al Senado de la República para iniciar con la glosa del Informe del estado que general que guarda la administración pública del país.
En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional refrendamos nuestro compromiso para consolidar la transformación política y social iniciada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Estamos en la ruta de traducir las 13 reformas estructurales en beneficio para la población.
Nuestra contribución legislativa es para formalizar esos cambios estructurales que impulsen la integración de un país más justo, incluyente y con mayores oportunidades.
Es innegable que los tiempos que vive México no son los mismos tiempos de hace 15, o 9, o incluso hace 3 años.
Hoy, se ha establecido un gobierno abierto que da especial lugar a las demandas de la ciudadanía para fortalecer todos los asuntos que engloba la política interior.
Los cambios logrados en este gobierno, han regresado al país el rumbo que necesita y que la sociedad nos demanda.
En el pasado reciente, México no había tenido esta oportunidad de alcanzar prosperidad y el desarrollo base para el fortalecimiento del tejido social.
Que quede claro: a México lo construimos todos aún en momentos difíciles.
El Estado de Derecho es firme y no hay quien lo pueda romper porque somos un país de instituciones y en donde todos exigimos paz, seguridad y justicia.
La gestión impulsada por el titular del Ejecutivo Federal hacia los estados y los municipios, transita ya como una práctica habitual.
Ha logrado canales de comunicación y coordinación para atender los diversos problemas que el país enfrenta.
Se han restablecido las condiciones de gobernabilidad, rompiendo el contexto de parálisis que mantenía atado a nuestro país, a un modelo de desarrollo desfasado de la realidad.
Tenemos, en Miguel Ángel Osorio Chong, a un Secretario que dialoga, suma y resuelve y da la cara.
Reconocemos, Secretario, su gestión política para fortalecer la gobernabilidad y construir consensos con todas las fuerzas políticas, sin importar cuan grandes sean las diferencias ideológicas.
Todos hemos sido testigos de su forma de hacer política de base.
Hace cuánto no se veía al Secretario de Gobernación asumir el compromiso de hablar de frente y ser el canal de comunicación para resolver conflictos.
Hace cuánto un Secretario de Gobernación no recorría el país, como usted lo ha hecho, para hablar directamente con los sectores sociales.
Aunque hay quienes no lo quieren reconocer, hoy tenemos una estrategia de Estado para combatir eficazmente la delincuencia.
¿Qué ha costado trabajo? ¡Sí! Porque fueron muchos años en donde el gobierno federal no encontraba la brújula para enfrentar al crimen.
No olvidemos que veníamos de un incremento entre 2006 y 2012 de 175 por ciento en la tasa de homicidios.
Gracias a la nueva dinámica de coordinación y colaboración, este indicador se redujo de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2012, a tan sólo 16 en 2014.
Esta es la cifra más baja en seis años y regresa a los niveles de la primera mitad de los años 90, cuando comenzó una tendencia decreciente de 15 años que se revirtió en tan sólo dos años entre 2006 y 2008.
Los avances de los que hoy se da cuenta, han cambiado el rostro de muchas familias y comunidades.
Esto no significa que todo esté resuelto. Pero este gobierno, comprometido con la seguridad de nuestra Nación, estratégicamente enfrenta los retos y da la cara ante los desafíos, sin importar en qué parte del país se haya originado o quiénes lo hayan propiciado.
Atrás quedaron los años en los que se privilegiaban las alianzas antinatura y los cálculos electorales, por encima del interés general y del impulso de una agenda común por el bien de México.
Y pregunto, ¿no es conflicto de interés solapar la toma de la avenida Paseo de la Reforma, en 2006, desde la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, donde se perdieron muchos empleos y se afectaron negocios por dudosos intereses políticos? ¿Así se habla de sana distancia?
Mientras otros nos ocupábamos de evitar el colapso institucional.
En materia de seguridad el reto sigue siendo mayor. No obstante se está construyendo un nuevo estándar de reacción y control de fenómenos delictivos; la finalidad es reducir la violencia generalizada desde hace años.
No hay ni habrá lugar, y escúchenlo bien todos, para la impunidad, sobre todo derivada de la corrupción. La estrategia de seguridad pública tiene como base fundamental la vigencia y pleno ejercicio de los derechos humanos, evitando acciones policiales que lastimen el tejido social.
Sin duda, la fórmula ha cambiado: ya no se combate la violencia criminal con violencia institucional. La base de la estrategia impulsada por el presidente Peña, escúchenlo bien, es la prevención.
Por esto, a petición de gobierno, el INEGI por primera vez en la historia aplicó en 2014 la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. Esta moderna herramienta de evaluación y seguimiento, va a permitir enfocar mejor la política de prevención y los recursos públicos para implementarla en beneficio de la sociedad.
Otro ejemplo exitoso es el programa de rescate de espacios públicos, que ha rehabilitado más de 2 mil 300 espacios en beneficio de más de 10 millones de personas.
Con el debido impulso a la cultura, el deporte, la construcción de espacios de convivencia y recreación, se fomenta la recuperación de la tranquilidad. La estrategia operativa va al origen de los problemas y no sólo a sus efectos.
Se ha dejado atrás el uso desmesurado de la fuerza pública, ahora se privilegia la ejecución de inteligencia mediante el uso de herramientas tecnológicas en la investigación, persecución y captura de los delincuentes.
Reconocemos el apoyo decidido para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en todo el país, acercándonos a cumplir en tiempo y forma con los tiempos que marca la reforma constitucional.
Es evidente que este gobierno, en su compromiso con la justicia, no discrimina banderas ni ideologías para servir a la gente. El respeto a los derechos humanos es parte fundamental de su política de Estado.
Así se está haciendo ante la tragedia de Iguala, siempre con un indeclinable afán de verdad y justicia, y sin importar que haya quienes pretendan lucrar políticamente con el dolor ajeno.
“No utilizamos ni la violencia verbal, ni la mentira y menos el ponernos a llorar con lágrimas de cocodrilo huecas”; así lo dijeron los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Debemos reconocer que el Estado Mexicano dio un paso trascendente en la aceptación de la valoración técnica realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso ampliando su mandato posterior a la entrega del reporte.
Quienes intentan denigrar y desprestigiar a las instituciones de seguridad pública, olvidan que éstas cumplen una función compleja al servicio de los ciudadanos.
Son esas mismas fuerzas federales y el Ejército, que muchos atacan desde la irresponsabilidad, las que hoy sirven con entrega al país.
Ustedes saben bien que el problema –y lo subrayo– inició en el estado de Guerrero. Y los primeros que queremos la verdad somos los priistas.
El primer interesado y comprometido con la verdad es el Presidente Enrique Peña Nieto.
Algunos vienen aquí y nos dicen con cinismo a reclamar, cuando saben bien que vivieron del sistema, de ese sistema que reniegan, y hay que ser congruentes, señores senadores.
No es con estridencias ni populismos como se construye un México mejor; es fortaleciendo las instituciones como podemos enfrentar y remontar cualquier desafío.
Señor Secretario: La glosa sobre el Tercer Informe de Gobierno debe ser una oportunidad para identificar avances, desafíos y oportunidades de cara al presente y porvenir de la Nación. En ello radica la función de control sobre el ejercicio del poder público.
Hacer de ese ejercicio democrático un espacio para el discurso demagógico y a las descalificaciones infundadas son un despropósito frente al Estado constitucional y democrático de derecho.
Dignifiquemos este debate con seriedad, responsabilidad y los argumentos propios de verdaderos representantes de la Nación.
Evitemos la apología del delito y la defensa de posiciones dogmáticas, anquilosadas e inquisitorias.
Dignifiquemos este Recinto de la Democracia atendiendo a la exigencia democrática de nuestra Nación, con plena vocación del Estado.
Fortalezcamos nuestras instituciones. Demostremos que el debate entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo sirve para construir acuerdos; acuerdos que se reflejan en acciones.
Y con esto termino, señor presidente. Es que hoy se está demostrando desde la Secretaría de Gobernación con una política de Estado en materia de seguridad que bien ha descrito el Secretario, basada en seis ejes:
Primero. La coordinación intergubernamental, un serio pendiente en la administración pasada. Hoy, se puede presumir que el Secretario ha honrado su compromiso de mantener reuniones regionales de coordinación de alto nivel.
Segundo. Presencia federal focalizada. Las fuerzas federales ya no están diseminadas por todo el país. Hoy, su presencia atiende estratégicamente a la contención y atención de situaciones focalizadas.
Tercero. Inteligencia por encima del enfrentamiento.
Cuarto. Presencia federal bajo el llamado de las autoridades estatales.
Cinco. No politizar la seguridad. La Secretaría ha cumplido su compromiso de no llevar los temas de seguridad al terreno político.
Y sexto. Cambio de la narrativa en temas de seguridad. Ya no hay espectáculos ni montajes en la captura de los delincuentes. Estos se hacen con apego a la ley, a los protocolos de seguridad y al respeto de los derechos humanos.
Señor Secretario:
Reciba usted del Grupo Parlamentario del PRI el respaldo y reconocimiento a la función de política interior desarrollada por el Ejecutivo Federal.
Asimismo, estamos convencidos que el presidente Enrique Peña Nieto es el gran transformador de México.
Es cuanto, señor presidente.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Ha concluido la etapa de los posicionamientos de los grupos parlamentarios, por lo que daremos inicio a la ronda de preguntas que prevé el acuerdo que hemos aprobado.
****** (Sigue senguda parte) ******

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