Senado de la República

ELISA GÓMEZ: El documento que vamos a presentar, que hasta donde leí y entendí y ahora parte de las organizaciones que formaron parte del documento me confirmarán, es un trabajo colectivo, un producto colectivo de varias organizaciones de América Latina y el día de hoy nos acompañan tres de ellas, que son justamente las personas que presentarán el documento.

Y contaremos con los comentarios del Subsecretario Campa y de las y el senador que nos acompañan la tarde de hoy.

Bueno, mencionarles que además de presentar las conclusiones de este documento, también la idea de estar aquí en el Senado es seguir abonando al debate rumbo a la UNGASS, de abril 2016. Como saben, esto es una sesión especial en el marco de Naciones Unidas sobre el tema de drogas que se llevará a cabo el próximo año y sin duda, es una oportunidad para seguir debatiendo el tema.

Y qué mejor que en este tema, que en este debate se incluya una perspectiva de derechos humanos, que es el trabajo que las organizaciones que hoy nos acompañan han hecho a nivel nacional en sus respectivos países, a nivel regional, a nivel internacional.

Bueno, sin más, voy a dar la palabra al primer presentador, a Gastón Chillier, que él es director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, en Argentina.

Es una organización no gubernamental que trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos en ese país. Y él nos hablará sobre la publicación y seguiré presentando a cada una de las personas que nos acompañan.

Los presentadores saben que tienen de 10 a 15 minutos y como yo trabajo para una fundación alemana, si algo se me da es ser estricta con los tiempos, entonces bajo advertencia no hay engaño.

Bienvenido y gracias por estar aquí.

GASTÓN CHILLIER: Sí. Muchas gracias, Elisa. Buenas tardes a todos.

Gracias a la senadora Laura Rojas y es un honor y un placer para mí estar en este lugar, parar presentar este informe y compartir este panel con mis compañeros de organizaciones de derechos humanos, pero también con los importantes funcionarios y miembros del Senado, que de alguna manera intervienen y deciden sobre la política de drogas de este país.

Empiezo por contar qué es el CELS. El CELS es una organización de derechos humanos que ya tiene 35 años, nació en el año 1979 en pleno contexto de la dictadura militar y fue fundada por familiares de víctimas de la dictadura, familiares de desaparecidos y hoy, 35 años después trabajamos con aquella vieja agenda que todavía se mantiene enjuiciando y persiguiendo la verdad y la justicia por las violaciones graves del terrorismo de Estado.

Pero también trabajamos con una agenda nueva desde hace muchos años que incorpora, que incluye cuestiones relacionadas con la violencia policial, las fuerzas de seguridad, la situación en las cárceles, los sistemas de administración de justicia, torturas y también derechos económicos y sociales.

Y es por ahí que en relación con todos estos temas, hemos llegado a las políticas de drogas, o sea, como consecuencia en un momento nos pusimos a analizar nuestro trabajo en diferentes áreas que tienen que ver con distintas violaciones a derechos humanos producidas por el Estado.

Y en muchos casos había un denominador común, que eran consecuencia de la política de drogas. Y en ese contexto empezamos a conversar y articulamos una presentación con 17 organizaciones de toda la región ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales participaron la Comisión mexicana de promoción y defensa y CONECTAS, que está aquí sentada Jessica, su directora, conmigo; más otras organizaciones, incluida la de Estados Unidos, de Canadá y de toda América Latina para plantearle a la Comisión Interamericana justamente lo que significaba en relación con las violaciones a derechos humanos, las políticas de drogas o la denominada guerra contra las drogas que empezó hace ya más de 50 años y que estaban produciendo en la región y hubo un impacto y efectos devastadores en cuestiones relacionadas con derechos humanos.

Y, en ese sentido, le pedimos a la Comisión que incorpore el tema de su agenda, que dialogue con los órganos en la propia OEA, pero también con los países de cara a la discusión que se va a hacer en la Asamblea Extraordinaria de UNGAS en el año 2016, para revisar justamente el paradigma del prohibicionismo que hoy por hoy está en discusión en muchos ámbitos.

A partir, entre otras cosas, de la Comisión de Ex Presidentes, la Comisión Latinoamericana de Drogas también publicó un informe importante en el 2009 y empezó a darse un movimiento para discutir este impacto sobre el prohibicionismo en toda la región. En los organismos multilaterales. Países como nuestro vecino país, Uruguay; tomar una decisión muy valiente, que fue la legalización del mercado de marihuana.

De Estados Unidos han votado y han aprobado legislación en ese sentido ya para uso recreativo de algunas drogas o para uso terapéutico. Los ex presidentes se han manifestado.

Y, en el proceso de UNGAS, como seguramente va a contar José Guevara, hay varios países de la región que están liderando las posiciones de más de vanguardia, en este sentido, y desafiando el paradigma de esta guerra global.

En ese sentido, el prohibicionismo que surge de este paradigma de la guerra contra las drogas que nació hace más de 50 años, a partir de tres tratados internacionales que lo regulan y que se inició con el gobierno de Nixon en Estados Unidos, hoy por hoy está demostrando, por un lado, los efectos de su agotamiento en términos, digamos, del fracaso estrepitoso que esperaba lograr en términos de reducir la oferta en los países donde la droga se producía y reducir el ingreso de droga a los países del norte.

Pero al mismo tiempo, por otro lado y como consecuencia de eso, está mostrando altos niveles de violencia, altos niveles de distorsiones en los sistemas de seguridad, en los sistemas de justicia, en las cárceles; y también en cuestiones de políticas de salud, políticas de tierras en toda la región.

Con lo cual, este informe lo que plantea y lo que documenta con cifras, con estudios, es este fracaso, y es una invitación a discutir con, en definitiva, los gobiernos y con las sociedades de América, de nuestro continente, asumir la responsabilidad de llevar adelante una discusión y cambiar este paradigma que tantos costos está teniendo.

A ver, uno de los principales costos que vemos son los altos niveles de militarización y violencia.

Yo estando aquí en México, no les voy a contar a ustedes lo que implica.

En México, en estos momentos se está en la región siendo tratado como uno de los países donde la violencia, producto de este paradigma, producto de organizaciones de narcotráfico o producto de las respuestas del Estado, producto de la militarización, respuestas militares, está dejando efectos devastadores.

Pero no es sólo México que las cifras son elocuentes, sino, digo, con más de cien mil asesinatos generados por el narcotráfico, también esto se puede ver en Honduras, que es el país con mayor cantidad de homicidios del mundo, 92 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Pero también se puede ver en el largo conflicto armado que lleva años en Colombia y que ojalá llegue a su fin en las conversaciones de paz, pero que ha tenido años y años de alimentación, producto de este paradigma, producto de la inyección de recursos infinitos para generar y seguir alimentando ese conflicto armado.

En ese sentido, este fenómeno alimenta cuestiones como el tráfico a las drogas, que termina distorsionando distintas políticas públicas en todos nuestros países y lo que viene a partir de ahora, en el informe lo que plantea el informe justamente es un análisis de estas políticas.

Lo que se ve claramente cuando uno empieza a desagregar lo que implicó el prohibicionismo, este paradigma es un efecto muy grave en términos de la criminalización de las drogas.

Parecería que este paradigma de a partir de la mitad del Siglo XX el principal, la principal herramienta que ha tenido ha sido la aplicación del Código Penal, es resolver el problema de las drogas con el Código Penal.

La Convención de Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del año 1988 alentaba justamente a redoblar los recursos en la lucha contra grupos criminales ligados a la producción y tráfico a los consumidores.

Y ene se sentido, por ejemplo, en mi país se reformaron o se sancionaron las leyes de drogas como varios países a partir de ese año.

Y en ese sentido las leyes de drogas en casi todos o muchos de estos países puso el acento en la criminalización de los consumidores. Brasil y México, creo que son un ejemplo de esto, donde inclusive hubo, en el caso de México, intentos de reformar esas drogas, en el caso de Argentina también, pero no han tenido suerte.

Un segundo punto que tiene este efecto de este paradigma es el debilitamiento del debido proceso y las detenciones masivas, justamente como consecuencia de este nivel de criminalización en gran parte de los consumidores, hasta inclusive de los pequeños traficantes, lo que se puede ver es, por ejemplo, en Estados Unidos, entre al año 2001 y 2010, se produjo la detención de 8 millones de personas por el delito relacionado con drogas, pero el 88 por ciento de esas detenciones fueron por posesión, o sea, por posesión para consumo.

Y en el caso de Chila, las detenciones por ley de drogas en el 2012, de todas las detenciones, el 60 por ciento fue de posesión, el 19 por tráfico y el 15 por consumo.

En Argentina, entre el año 2010 y el 2012, entre el 20 y 25 por ciento del total de las detenciones de la Policía federal fueron justamente por la violación a la ley de drogas.

Un segundo efecto en relación con sistemas de justicia, que tiene este paradigma, está relacionado con los castigos desproporcionados del sistema penal.

Parte, digamos, de las legislaciones que se han aprobado, las reformas a partir del año 1998 justamente era aumentar, por un lado, el nivel de los castigos por delitos relacionados con las drogas, y, por otro lado, ampliar los delitos penales por delitos de drogas.

Y en algunos casos, y en muchos casos, aumentar las penas, distorsionando los sistemas penales en cada uno de los países donde estas leyes fueron aprobadas.

En el caso de Bolivia, se puede ver, el tráfico de drogas tiene una sanción de 25 años de cárcel, cuando el homicidio simple tiene una sanción de 20 años de cárcel.

Quiere decir que el derecho a la vida se protege menos que el derecho a este orden público que intenta, o que de alguna manera regulan estas legislaciones.

En el caso de México, como se ve, el tráfico de drogas tiene una sanción penal de 25 años y el homicidio simple una sanción menor.

Otras consecuencias del sistema penal también tienen que ver con la violencia producida por las fuerzas de seguridad. Detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad, violencia producida por parte de las fuerzas armadas.

Creo que, yo no soy quién para hablar sobre esto, pero en México, en Centroamérica, en Colombia, esto es así; en Argentina está prohibida la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones ligadas con el narcotráfico, pero sí las fuerzas de seguridad producen violaciones de alguna manera bastante masivas en términos de detenciones arbitrarias, en términos de condiciones inhumanas de detención.

Y, por otro lado, como consecuencia de la aplicación de estas leyes, de este endurecimiento del sistema penal, un tercer efecto que se ve en toda la región, desde Norteamérica y sobre todo de Estados Unidos hasta Sudamérica, tiene que ver con el encarcelamiento masivo, por un lado, de todas las cárceles de toda nuestra región, y las condiciones inhumanas de detención.

En ese sentido, lo que ha producido la aplicación de estas leyes en toda la región justamente ha sido el encarcelamiento de millones y millones de personas en nuestro Continente, en la mayoría de los casos, como vimos, por cuestiones menores como tenencia o uso de estupefacientes.

Aquí se puede ver, en el caso de Colombia, del 2 por ciento de la cantidad de detenciones tienen que ver justamente con una parte, o sea, con la persecución de organizaciones criminales y el resto con delitos mucho menores.

Me quedan muy pocos minutos:

Una de las cuestiones que analiza el informe tiene que ver el impacto desproporcionado en el sistema carcelario de las mujeres, en el cual la mayoría de las mujeres detenidas tienen que ver justamente con delitos de tránsito o de transporte de drogas.

La otra consecuencia que se ve y que muestra el informe, tiene que ver con la campaña de la erradicación forzada de cultivos. La erradicación es otra política para el control de las drogas, que busca eliminarlas en el punto de producción, que es una de las bases del paradigma prohibicionista con la generación de violencia en los sectores campesinos, la enfrentación, desde enfrentamiento y de política de eliminación de cultivos cuestionables.

Hay dos avances que mencionamos en el informe que tienen que ver positivos con la suspensión de la fumigación en Colombia y con la experiencia de Bolivia, que privilegia el acuerdo con los gremios de cultivadores por sobre la superficie permitida para el cultivo de coca y no la erradicación forzosa.

Para ir terminando, entonces la restricción y las deficiencias del acceso a la salud es la otra cara.

Por un lado se le muestra, digamos, en los casos de los consumidores la cara más violenta del estado, la cara del sistema penal y eso mismo impide políticas de salud pública para apuntar a una solución de los problemas de fondo en aquellos casos que hay adicciones y en algunos casos no tendría que haber ninguna respuesta de ese tipo.

Bueno, finalmente para terminar. Lo que plantea el informe es que ante este panorama es posible otro paradigma y es posible un enfoque que ante el fracaso, que tenga una perspectiva de derechos humanos justamente como eje transversal.

En ese sentido, explorar respuestas no punitivas, entre ellas la regulación de los mercados es una de ellas que planteamos entre las recomendaciones, la orientación de la persecución estatal a organizaciones criminales y a los grupos que utilizan la violencia; la descriminalización del consumo y el autoconsumo de drogas, como es el caso de Uruguay.

Establecer penas y condenas proporcionales y coherentes con otros delitos, para no distorsionar los sistemas y los códigos penales de nuestros países y desarrollar alternativas al encarcelamiento para las personas que cometen delitos no violentos asociados al tráfico de drogas.

Este es un informe que plantea y que ofrece para ser discutido y parte de la base que el fracaso del paradigma prohibicionista es sostenible y que a esta altura nuestros países y nuestros gobiernos tienen que plantear soluciones alternativas que respeten, por un lado, los derechos humanos y que de alguna manera resuelvan el problema de una manera más inteligente.

Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir el informe.

ELISA GÓMEZ: Muchas gracias, Gastón.

Pasamos ahora con Jessica Morris, directora ejecutiva de CONECTAS. CONECTAS también es una organización no gubernamental internacional que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho en el sur global y trabaja el tema de drogas también a nivel nacional, regional e internacional.

Adelante, Jessica.

JESSICA MORRIS: Muchas gracias, Elisa, y también usando las palabras de Gastón, también agradecer a la senadora Laura Rojas por esta oportunidad de estar acá, hablando de un tema tan importante que es el impacto de las políticas de drogas en nuestro Continente y en derechos humanos.

Así que empiezo también rápido con la invitación, después de haber visto el relatorio, que fue preparado en conjunto con todas esas organizaciones, mi enfoque será Brasil. Hablaré un poco de la experiencia de Brasil y cómo llegamos a donde estamos hoy y compartir un poco de la situación brasileña con relación a la política de drogas y derechos humanos.

Como Gastón habló, muchos tratados –empezando un poco de la historia– fueron firmados por Brasil, básicamente todos relacionados a la política de drogas y prohibición de drogas y particularmente los años cuando Estados Unidos empieza con la guerra contra las drogas; Brasil incorpora mucho esa política contra las drogas, una política muy fuerte de ataque a las drogas y a la sociedad.

Y en eso se desarrollan muchas políticas internas que tienen como consecuencia grandes impactos en la sociedad.

Pero en 2006 vemos un cambio. Brasil, el Congreso brasileño pasa una ley que muchos entonces pensamos que iba a tener un impacto positivo porque es la ley de descriminalización del consumo de la droga. Entonces empezamos a pensar: “Ah, bueno, ahora hay un progreso y vamos a ver un cambio”.

Y la verdad que el resultado fue exactamente opuesto, fue la ley misma diciendo: “el consumo ahora está descriminalizado, aumentó –como Gastón habló– la tendencia en la región, aumentó la pena”. Entonces, de tres años pasa a ser cinco años la pena por tráfico de drogas.

Y también la definición de qué es lo que es consumo, ¿quiénes son los consumidores?

Hubo un cambio en eso, resultando en un gran encarcelamiento y hoy, como consecuencia –y voy a hablar un poco más de eso– es que tenemos hoy la cuarta más grande población del mundo carcelaria, las prisiones de Brasil tienen la cuarta población más grande en las prisiones.

Y el perfil de los presos hoy, que son directamente presos debido a esa ley de drogas, son jóvenes de 18 a 29 años; no blancos o sea, negros y lo que nosotros llamamos “pardos” en Brasil; de bajo nivel de escolaridad; pobres; y de sexo masculino.

Hoy, vemos que es el perfil de las personas que son afectadas directamente por la ley y la política de drogas en Brasil.

¿Y cómo se hace, cuál es el perfil de las personas que son llevadas a la prisión por temas de la política de drogas?

Son personas que estaban solas, que no estaban armadas, que no presentaban ningún riesgo a la sociedad a nivel de violencia y fueron presas por la policía militar, en su momento, y en flagrante, o sea, no es que se hizo una investigación para llegar a ese momento, y personas que portaban un poquito de drogas.

Ese es el perfil que la ley, la política de drogas brasileñas hoy ataca.

Y, como consecuencias, voy a hablar de cuatro consecuencias de esa política de drogas en Brasil:

Una, Gastón ya también tocó un poco, que es el impacto a nivel de género de la política de drogas.

Hoy, en Brasil vemos que 63 por ciento de las mujeres que están presas, son presas por la política de drogas. Son mujeres que no fueron presas, no es que fueron presas por violencia y no es que son las grandes traficantes; no, es que estaban portando un poquito de drogas. Y la verdad es que están en esa situación por su situación económica, porque no tienen otra alternativa. Es la parte más vulnerable de la sociedad.

Vemos que el impacto muy negativo en ese grupo grande de la sociedad. Son mujeres que en su mayoría son madres de por lo menos un niño y son las soloparientes o monoparientes que están cuidando de sus hijos y no tienen otra alternativa.

Y vimos también un aumento en la población carcelaria de mujeres que pasó del año 2000 al 2006, y después del 2006 al hoy tuvo un aumento de más de 60 por ciento de la población carcelaria de mujeres. Es un impacto extremamente fuerte en ese grupo.

La otra consecuencia, como Gastón también ya habló, pero específicamente en el contexto de Brasil, de la militarización. Podemos hablar de Río de Janeiro, donde el gobierno creó las Unidades de Policía Pacificadoras, que son unidades militares que entran en las favelas. Ocupan las favelas con sus tanques y rifles y pasan a vivir en la favela supuestamente para controlar el tráfico; pero la verdad es que la consecuencia de esa militarización y esa violencia es que los militares ocupan la favela, se quedan ahí un año, dos años y el índice de violencia contra las personas que viven en la favela ha aumentado extremadamente.

El caso, por ejemplo, de la Favela de la Maré, donde 10 personas fueron asesinadas por el Ejército en una noche, eso en 2013; y hasta hoy, el gobierno no ha hecho una investigación y no ha informado qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó en el caso de esas 10 personas.

También en esa misma favela, 20 personas murieron en acciones militares en un año. Incluso una mujer de 67 años que murió con dos tiros de bala, y también de nuevo sin una investigación y sin una explicación del gobierno con relación a lo que pasó.

Esa militarización y violencia que se ve en Río de Janeiro, por ejemplo, como una excusa y como una consecuencia directa de la política de drogas, es un segundo punto.

El tercer punto es, como Gastón también levantó, la desproporcionalidad de las penas.

Hoy, vemos en Brasil que las penas son imputadas de forma muy desproporcional.

Tenemos el caso de una mujer que en Sao Paulo, en un barrio de periferia, Bari Bari, que estaba en eso en 2007, estaba en la calle con un muchacho, estaban hablando, la policía pasó, los vio y decidió la mujer meterse a su casa y la policía para al muchacho y encuentra un gramo de marihuana con él.

Entonces él se pone nervioso y dice, no es mía, es de la señora que está en la casa. La policía entra entonces en la casa, la arresta y la jueza, en ese caso, le da una pena de seis años y nueve meses por tráfico de drogas por un gramo de mariguana.

Entonces vemos un caso muy concreto cómo son desproporcionales las penas que están siendo usadas.

También en términos de acceso a medicinas. Hoy vemos en países de Estados Unidos y países europeos que se está haciendo investigación en relación a cómo usar cannabis, marihuana, para tratamiento de ciertas enfermedades, incluso Parkinson, Alzheimer y otras.

Y en Brasil tenemos el caso de Annie, que es una niña de cinco años que tenía una enfermedad muy incomún y que tenía aplestia y los médicos entonces le dicen, bueno, hay una medicación en Estados Unidos que tiene componentes de mariguana, de cannabis, pero que pensamos que puede ayudar a Annie.

Logran llevar esa medicina a Brasil, se la dan a Annie y Annie empieza a mejorar pero rápidamente; gana peso, no tiene más ataques epilépticos y en ese momento la familia decide que de verdad quieren tener acceso a esa medicina para Annie realmente mejore y se cure.

Y entonces entran con una medida judicial, el juez le da la autorización a la familia de importar esa medicina a Brasil y claro, es una familia que tiene condiciones económicas y de esa forma puede traer a Brasil la medicina importada de Estados Unidos.

Ese es un ejemplo de una victoria, pero es un victoria relativa, porque es el tipo de medicina y es el tipo de proceso que sólo ciertas personas pueden usar, porque es sólo una cierta camada de la población de Brasil que tiene acceso económico a poder traer, importar y pasar por todo ese proceso de traer la medicina de Estados Unidos.

Entonces vemos también más de una vez un impacto muy negativo de la política de drogas en Brasil.

Yo hace 20 minutos iba a hablar de otra cosa y darles una noticia que yo pensaba que iba a ser buena, pero infelizmente no lo es: en Brasil hoy tenemos un caso que estaba en la Corte Suprema de Brasil que nosotros en CONECTAS estábamos acompañando, de descriminalización del uso de drogas.

Y nosotros tenemos esperanza de que la Corte Suprema iba a seguir el ejemplo de la Corte de Colombia, de la Corte de Argentina, que estaban adelante del Congreso y cambiaron las leyes en esos países, pero hoy hace 20 minutos me enteré que el Supremo Tribunal Federal de Brasil tomó la decisión equivocada y solamente dos ministros votaron por la descriminalización de las drogas.

Entonces, yo pensaba que venía aquí para darles una noticia buena, infelizmente no es el caso en este momento, pero no quiere decir que vamos a parar porque este momento acá, me parece que es un momento de mucha esperanza, de mucha lucha, de decir que juntos podemos, un gas llega el próximo año.

Nosotros estamos continuando trabajando por un cambio en la política de drogas para que en nuestro continente el impacto en derechos humanos sea diferente, sea un impacto positivo y no negativo como vemos en el caso de Brasil, y todos nuestros países en el Continente.

Así que muchas gracias.

ELISA GÓMEZ: Gracias Jessica.

Ahora, para escuchar del caso mexicano, tenemos a José Antonio Guevara. Él es el Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, también una organización con gran experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos que, si estoy en lo correcto, cumple 25 años este año.

JOSÉ ANTONIO GUEVARA: Muchísimas gracias Elisa.

Y gracias a la Fundación Friedrich Ebert, por el permanente apoyo que nos dan en la promoción y difusión de este complejo e importante tema que es la relación de las políticas de drogas y sus efectos en los derechos humanos.

Por supuesto que le extiendo también nuestro más profundo agradecimiento a la senadora Laura Roja, por la hospitalidad y para auspiciar esta presentación.

A la senadora Angélica de la Peña, también por su permanente apoyo a nuestras múltiples y diversas causas.

Al senador Alejandro Encinas, por también su apoyo a las causas de derechos humanos.

Y por supuesto que le extiendo también nuestro más profundo agradecimiento y a la presencia y participación del maestro Roberto Campa, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

También quisiera agradecerle a mis colegas del CELS y de CONECTAS por el esfuerzo que ya llevamos un año con este documento y con la audiencia en la Comisión Interamericana, que no se queda nuestro trabajo en tratar de sensibilizar a la OEA en la importancia de vincular los derechos humanos con los costos de la política de drogas, sino que también este esfuerzo lo estamos haciendo en el marco, como debe de ser, de Naciones Unidas.

En el marco del Consejo de Derechos Humanos logramos apoyar el impulso de una resolución del Consejo de Derechos Humanos que hace la relación entre los costos de la política de drogas y las violaciones de derechos humanos.

También me da mucho gusto que estén aquí presente el diputado Vidal Llerenas, quien es un gran aliado e impulsor de la reforma a esta política que no tiene sentido por los costos que está generando en materia de drogas.

Al ex diputado Fernando Belaunzarán, y nos da mucho gusto que esté presente también Antonio Mazzitelli, de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y otros funcionarios del Gobierno Federal que aquí también nos acompañan.

Esta es una de tantas actividades que tenemos previsto para tratar de aliarnos con el Gobierno Federal para que México lleve una posición de avanzada a la Asamblea General del 2016, en donde por lo menos busquemos alcanzar algunas alianzas estratégicas con gobiernos que están en la misma circunstancia de México, que México actualmente es el centro de atención, yo creo, de la comunidad internacional en política de drogas, no sólo por los recursos que invertido el país en el combate a las drogas, en la destrucción de plantíos y en el combate a las organizaciones criminales.

Y particularmente a partir de 2006 cuando el ex Presidente Calderón anunció la guerra contra las drogas, una batalla que él mismo dijo encabezaría personalmente y que costaría mucho dinero, y que además costaría por desgracia muchas vidas humanas, y por cierto todo eso que dijo se cumplió.

México es el centro y el foco de atención de la Comunidad Internacional también porque el tamaño del mercado de Estados Unidos, el mercado del consumo es enorme y México es la frontera por donde normalmente pasan muchos de los estupefacientes que se consumen ahí.

Y también está en la atención internacional por la dimensión de las organizaciones criminales, el tamaño de los grupos delictivos cómo han crecido y cómo han contaminado el quehacer político, jurídico y social del país.

Pero por desgracia México es el foco de atención porque se han evidenciado los costos de la política de drogas y particularmente los costos en violaciones graves de derechos humanos, y en eso me voy a detener un poco en mi participación.

No me referiré, no porque sean menos importantes, otros costos de la política de drogas en el Estado de Derecho y en el sistema de justicia mexicano, como por ejemplo el número de presos que están purgando sentencias por delitos menores de drogas y no los grandes capos de la droga.

No me detendré tampoco en el perfil de los sentenciados, que sin duda es muy similar a lo que nos acaba de presentar Jessica, de Brasil.

Tampoco haré referencia a la política de drogas y sus efectos en las mujeres y, particularmente las mujeres privadas de libertad. Tampoco me referiré a los costos que ha tenido en el sistema jurídico mexicano por la falta de proporcionalidad de las penas por delitos de drogas.

Ni tampoco en las negativas consecuencias que tiene el acceso a medicamentos. El caso Grace es muy parecido al que nos acaba de platicar Jessica, en Brasil, que pareciera que va por buen camino en el caso mexicano y pronto las medicinas llegarán al país, confiamos en que eso sea así.

Me detendré nada más en los costos, repito, de las violaciones graves de derechos humanos en México, que debo decirlo también, no es algo propio de México; hay otros países que han atravesado por esta crisis en el combate a las drogas, como sucedió con Colombia en los años 90’s.

¿Qué ha pasado en México con la política de seguridad, destinada a combatir el narcotráfico?

Pues se ha erosionado el marco jurídico mexicano. Sin duda, uno de los ejemplos más relevantes es la figura del arraigo penal, que es esta figura en donde se detienen a personas por periodos de hasta 80 días para investigarlos, sin que haya ninguna causa probable ni presunta responsabilidad del delito que haya cometido.

Es una forma que se ha calificado por más de nueve mecanismos internacionales de derechos humanos, como una forma de detención arbitraria de la cual, solamente a nivel federal se han detenido del 2008 al 2014, más de 8 mil personas en esta forma de detención arbitraria.

Otra erosión del Estado de Derecho es la militarización de las tareas de seguridad pública. No me voy a detener mucho en eso, porque es una discusión un poco ya trillada de mi parte, siempre a donde voy estoy hablando de lo mismo; pero nada más en 2007 había alrededor de siete operativos conjuntos, es decir, militares haciendo tareas propias de policías en siete estados de la República: patrullajes, detenciones de personas sin ninguna orden judicial, generando actos de molestia incluso en casas particulares, allanamientos.

Ese no es solamente el problema, que estén haciendo tareas de seguridad pública, sino que militares en retiro o militares con licencia estaban fungiendo y fungen, en algunos lugares, como secretarios de seguridad pública o directores de policía.

Y algunos de ellos, de manera informal, han reconocido que no están entrenados para hacer tareas de policía; ellos están entrenados para combatir a un enemigo y su enemigo, conforme a las leyes de la guerra, implica su destrucción física, no su detención, y lo hemos visto ya recientemente con estudios del CIDE sobre el índice de letalidad en materia de detenciones por parte de las Fuerzas Armadas.

Esos son los primeros costos en materia de la erosión del Estado de Derecho de México.

Y particularmente, en temas de violaciones graves de derechos humanos, se ha incrementado la práctica de la tortura, ese es un asunto indiscutible en donde antes de 2006 las cifras de tortura, de denuncias de tortura no solamente ante la Procuraduría, sino ante las comisiones públicas de derechos humanos, iba en picada y a partir de 2006-2007, se incrementan las denuncias de tortura.

La CNDH ha emitido un importante número de recomendaciones y nada más en la PGR, entre 2006 y 2014 se han presentado más de 4 mil denuncias por tortura; de las cuales, por cierto, solamente existen cinco sentencias a nivel federal.

Incluso, la tortura ha sido calificada por el relator especial de Naciones Unidas en materia de Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como una práctica generalizada en el país.

Nosotros no hemos llegado a hacer un análisis del incremento de la tortura en todos los estados de la República. A nivel federal sí podemos constatar que se incrementó la práctica y que particularmente la tortura se aplica de manera más grave en casos en donde hay delitos de drogas involucrados.

Recientemente el estudio de Ana Laura Magaloni, que publicó el CIDE, nos deja ver esa realidad. Y nosotros creemos que, en el contexto de la lucha por la seguridad, la guerra contra el narcotráfico, o como se le denomine actualmente a la política de seguridad, la práctica de la tortura ha sido una práctica sistemática porque se utilizaba como una forma de obtener información o una forma para hacer que las personas detenidas incriminaran a otros o se incriminaran a sí mismos.

Para para mos.

orma para hacer que las personas detenidas incriminaran a otros o se incriminaran a sevidenciar este patrón, nosotros hicimos un estudio en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, que posteriormente se convirtió en una comunicación a la Corte Penal Internacional en el año 2014, en donde constatamos en 95 casos los patrones en la detención arbitraria, la desaparición temporal de personas, la tortura sistemática.

Estos 95 casos fueron torturados en cuarteles militares. Posteriormente, las personas, la gran mayoría, fueron procesadas por delitos de drogas, la mayor parte de ellos, de los cuales fueron encontradas inocentes, y a la fecha no tenemos ninguna sentencia de estos 95 casos. Y, por cierto, ningún funcionario público federal o local consignado por estos delitos.

La práctica de la desaparición forzada de personas también se incrementó a partir de 2006 con el llamado a la guerra del ex presidente Calderón.

El Registro Nacional de Personas desaparecidas habla de más de 25 mil personas que han desaparecido. No me atrevo a decir que todas las desapariciones son producto de un acto de algún servidor público; sin embargo, el grupo de trabajo sobre la desaparición forzada de personas en su visita a México en el año 2013 señaló que, ante la ausencia de investigaciones imparciales independientes que nos permitan constatar las responsabilidades en las desapariciones que en ese momento eran tres mil, no se podía descartar la posibilidad del involucramiento de servidores públicos, municipales, estatales o federales.

Es muy claro el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en donde hubo involucramiento de funcionarios públicos municipales.

Por lo menos, actualmente el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana hace un llamado al Estado mexicano para que las líneas de investigación se abran a otro tipo de responsabilidades.

Pero bueno, eso nada más lo digo como un ejemplo de la enorme crisis que se ha generado en materia de desaparición; lo cual nos tiene actualmente en un proceso de inicio, de un proceso legislativo, que el Subsecretario Campa ejemplarmente ha abierto la discusión de una iniciativa presidencial a la sociedad civil, y a quien le estamos muy agradecidos por ese esfuerzo de transparencia y tratar de construir una iniciativa que responda a las expectativas de las víctimas, como ayer se pudo constatar, y a las necesidades del país para enfrentar este flagelo.

Otra de las consecuencias negativas de la política de drogas, han sido las ejecuciones extrajudiciales.

El Relator de Naciones Unidas se refirió a que por lo menos 70 mil ejecuciones extrajudiciales están relacionadas con la política de drogas. Son ejecuciones o que cometieron las organizaciones criminales o funcionarios del Estado.

Aquí la constante es que tampoco tenemos información confiable sobre cuántas sentencias se cuentan en el país sobre esas ejecuciones extrajudiciales que se reportan por el relator.

Y, finalmente, uno de los problemas más invisibles de la guerra contra las drogas, que es producto además de los conflictos territoriales que se tienen entre las organizaciones criminales y las agencias de seguridad del Estado o entre las organizaciones criminales entre sí, es el desplazamiento interno forzado de personas.

Nosotros, en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hemos podido documentar, a partir de un estudio que publicamos y que está en nuestra página de Internet, y que por cierto aquí tenemos este estudio en una versión preliminar, hay avances, pero que todavía no se publican; pero llegamos a la cifra de por lo menos 280 mil eventos de desplazamiento interno forzado.

Más de 280 mil personas no viven en su lugar de origen; fueron obligadas a desplazarse por la violencia o por las violaciones de derechos humanos.

Y, bueno, ya me dicen que tengo que terminar. Yo simplemente lo que quiero señalar es que estamos convencidos que la regulación de las drogas, establecer políticas que regulen los diferentes tipos de sustancias no es la solución exclusiva de la violencia, pero sin duda puede contribuir a que la violencia disminuya.

Y, sin duda, una de las razones, uno de los elementos que hemos venido solicitando para que se puedan minimizar estos costos en la política de drogas, es la desmilitarización de la seguridad pública, retirar al ejército de las calles, en un plan organizado, nadie está pidiendo que salgan de inmediato, pero que haya un plan de retiro paulatino de las fuerzas armadas y muy pronto, para que se puedan fortalecer las policías y recuperar el terreno perdido del Estado de Derecho en el Estado Mexicano.

Muchas gracias.

ELISA GÓMEZ Ahora pasamos con nuestros comentaristas y empezaremos con el senador Alejandro Encinas, hasta 10 minutos.

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.

Agradecer, por supuesto, a la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales la invitación a participar en la presentación de este libro; a la fundación Ebert lo propio y compartir con este panel, particularmente con el subsecretario de derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, este panel.

Roberto anteriormente fue el subsecretario de Prevención del Delito, o sea, antes atendía las causas, ahora le toca atender los efectos y espero que actitud de apertura que ha tenido para debatir este tema se mantenga porque es momento de hacer un replanteamiento total de la política en materia de drogas en nuestro país y a nivel internacional.

Reconozco que esta aportación que nos presentan el día de hoy sobre el impacto de las políticas de drogas en derechos humanos tiene aportaciones muy importantes, máxime de la violación a los derechos humanos del tamaño de la letra con la que nos llegó a los que ya tenemos que leerlo prácticamente con lupa, porque ya con la publicación va a ser más sencillo, pero quisiera no repetir los datos que han señalado, sino referirme a aspectos muy puntuales del contenido.

Primero, del fracaso rotundo de la política prohibicionista. Esta política se concibió para abatir la producción, el tráfico, la distribución y el consumo de drogas en el país, dado en el mundo, y se concibió también como una política para contener a los grupos delictivos dedicados a estos asuntos.

Y al paso de 50 años ha aumentado la producción, ha aumentado el tráfico, ha aumentado el consumo y ha aumentado el empoderamiento de los grupos delictivos vinculados al tráfico de drogas, junto con un problema social al incremento de la violencia y de la violación a los derechos humanos.

Creo que aquí sí hay evidencia científica, técnica, política, contundente: lejos de contener el problema, hoy tenemos un problema que no solamente ha llevado a la militarización de nuestros países en el combate a la delincuencia organizada, sino que ha llevado a éste que era un problema que pudo haberse atendido desde el enfoque de la salud pública, para tratar de contener las graves implicaciones que ha tenido su fracaso.

Hoy ya no es un problema de seguridad interior, ya no es solamente un problema de seguridad nacional, hoy tenemos un problema de seguridad regional, particularmente en la frontera sur de nuestro país, en donde la colindancia entre México, Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador, se ha convertido en la zona más violenta del mundo, a través de la cual se trafica el 90 por ciento de la cocaína que se consume en los Estados Unidos, cerca del 20 por ciento de las armas que entran ilegalmente a nuestro país, con un fenómeno que se ha replicado prácticamente en México y en todos los países.

Esta falsa guerra de combate a la delincuencia organizada no ha acabado ni desarticulado a las bandas, a los cárteles de tráfico de drogas, sino que ha permitido su multiplicación y la diversificación de los delitos.

Hoy, la delincuencia organizada no se dedica estrictamente al tráfico de drogas, sino que este desmantelamiento de los cárteles que llevó al surgimiento de nuevos grupos delictivos, llevó también a que la delincuencia organizada se empoderara territorialmente de las bandas delictivas en distintas regiones del país y donde está manteniendo el control de todos los delitos:

El tráfico de drogas, la trata de personas, la extorsión y el cobro de derechos de piso, el secuestro, y prácticamente un conjunto de delitos que ha empoderado con mayor capacidad de armamento y de recursos a la delincuencia organizada, que ha aprovechado muy bien para fortalecer el poder corruptor que ello significa y ha llevado al debilitamiento de las instituciones y a la degradación, la descomposición de las instituciones no solamente de combate a la delincuencia, sino prácticamente a todas las instituciones públicas del país.

Y creo que este es el punto de partida que debemos de considerar, porque la militarización no solamente ha llevado a que la autoridad civil renuncie a su responsabilidad constitucional para garantizar la seguridad pública, sino que el enfoque punitivo ha llevado, además, a restringir libertades, a violar derechos y a establecer un conjunto de acciones que llevan al endurecimiento de las penas y a la criminalización, primero de los productores, generalmente campesinos humildes, y más delante de los usuarios y consumidores que por cierto tienen todo su derecho a consumir el tipo de productos que decidan en su libre albedrío en el derecho de decidir sobre sus usos y prácticas y formas de vida.

En esta idea de acotamiento de libertades y derechos no solamente hemos visto el establecimiento de medidas como la figura del arraigo, que rompe con los principios fundamentales en el sistema jurídico de nuestro país de que nadie es responsable, o nadie es culpable de un crimen hasta que se le demuestre lo contario.

Hoy pueden arraigar y privar de la libertad a cualquier persona por la sola presunción de haberse cometido un delito y la inmensa mayoría de las personas arraigadas en nuestro país, ninguna ha concluido sus procesos jurídicos ni derivado en sentencias por parte de los jueces.

El endurecimiento de las penas que partiendo de la lógica de que a mayor población penitenciaria menor incidencia delictiva ha fracasado. Hoy tenemos alrededor de 250 mil presos en los penales del país, de los cuales 58 mil están vinculados con delitos contra la salud, ya sea por portación o incluso por consumo, aunque el consumo no está penalizado en la legislación mexicana, la inmensa mayoría de ellas mujeres, ya se ha dicho aquí, que llegan a ser, en el caso de la frontera norte, el 80 por ciento de los internos en los penales de la frontera norte del país.

Y, al mismo tiempo, en este problema de sobre población penitenciaria, pues un conjunto de castigos desproporcionados en donde además de buscar alternativas como la sustitución de penas privativas de prisión, pues se busca cada vez más criminalizar y endurecer las medidas.

Nosotros creemos que hay que avanzar en nuevos enfoques, pasar de lo punitivo a lo preventivo, pasar de una visión de seguridad pública a una visión de salud pública, a dar una orientación en ese sentido.

Y abrir una discusión que afortunadamente se ha logrado ya establecer aquí en el Senado de la República, porque si no me equivoco este es el cuarto evento en menos de un mes que hemos llevado aquí en la presentación de libros, la presentación de casos específicos y qué bueno que este tema tabú se supere, porque ya es el momento que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto y avance en la posibilidad de establecer una nueva política que no solamente reclasifique las drogas, sino que también permita diversos usos de las mismas.

En primer lugar, el uso médico y para la investigación científica, más en un país como el nuestro que en la medicina herbolaria tradicional, ha tenido un peso tan importante desde la marihuana, el peyote y los hongos, que muchos de aquí han o hemos consumido y no necesariamente con fines médicos; y que hay que enfrentarlo como una realidad y hablar las cosas por su nombre, liberándonos de prejuicios partiendo de dos principios fundamentales:

Uno, la responsabilidad del Estado para regular la política de drogas y sus usos; y el segundo, el derecho de las personas a decidir y ejercer su libertad sobre sus formas de vida, sus hábitos y su costumbres.

Y así como el Estado regula el consumo de alcohol, de nicotina, de cafeína o de mezcalina; pues también tendrá que legalizar el consumo de la marihuana con distintos fines. Más aun cuando científicamente se ha demostrado la eficacia de muchos medicamentos derivados tanto de la amapola como de la marihuana, y es una verdadera infamia que niñas que sufren epilepsias convulsivas con 400 ataques diarios, por una medida burocrática no se permita por acciones humanitarias, enfrentar ese problema o que las dos terceras partes de los enfermos terminales por cáncer o VIH Sida en este país, no tengan este acceso a lo que llaman –me decía muy bien Fernando Belaunzarán– paliativos efectivos contra el dolor, cuando somos uno de los principales países productores que podríamos aquí garantizarles por lo menos mitigar el dolor para una muerte digna, a una gran cantidad de mexicanos.

Ya es el momento de abrir el debate y creo que si lográramos al menos dar un paso para la regulación de las drogas en usos medicinales y para investigación científica, estaríamos dando un paso muy importante.

Hay muchos usos: el uso industrial, muchos de nosotros crecimos no solamente con amapolas plantadas en las glorietas y en los camellones de la Ciudad de México por el regente Uruchurtu, sino usábamos el hilo de cáñamo en las casas para hacer todo el empaque; conocimos muchas telas que al momento del surgimiento de las fibras sintéticas, la industria de las fibras sintéticas, alentó esta política de prohibición de cultivos como el cáñamo, que tiene un gran potencial de usos industrial para fibras textiles o para celulosa y la producción de papel, y pudiéramos buscar otro tipo de opciones.

Yo espero que de todos estos debates, de estas experiencias que hemos visto que han fracasado, demos un paso decisivo y por lo menos se decida que el Estado mexicano regule el uso de estas drogas con fines medicinales, y permita la investigación científica para apoyarnos del enorme conocimiento ancestral que este país tienen en el uso de drogas; pero también como con las nuevas tecnologías se han dado pasos sustantivos para enfrentar problemas de enfermedades graves que hasta ahora se han venido desarrollando y que deben de permitirse por lo menos la importación de medicamentos que están plenamente certificados y legalizados en otros países.

Yo me congratulo de la presentación de este informe y espero que en muy corto plazo, espero que la presencia del Subsecretario en Derechos Humanos de Gobernación, nos ayude a que lleguemos a la reunión de Naciones Unidas, con una posición unificada de las naciones latinoamericanas y en ejercicio libre, pleno de la autonomía de cada Estado, a romper con el discurso unipolar que se ha impuesto en los últimos 50 años y se permita que los países, libremente en ejercicio de su propia soberanía, puedan definir las políticas de drogas de acuerdo a sus intereses nacionales.

Y voy a tener que retirarme porque este Senado nos tiene en muchas actividades al mismo tiempo. Les ofrezco una disculpa, particularmente al Subsecretario, que no voy a poder escucharlo, aunque nos hemos escuchado muchas veces, afortunadamente y les agradezco a ustedes su atención.

Muchas gracias.

ELISA GÓMEZ: Gracias.

Antes de continuar con los comentarios, le voy a pasar el micrófono a Jessica, que quiere hacer una corrección a algo que mencionó.

JESSICA MORRIS: Sí, gracias.

Recién me entero que la Suprema Corte Brasileña dijo que no. Decidió suspender la votación y la decisión se quedó para la próxima semana.

Así que todavía tenemos esperanza.

ELISA GÓMEZ: Muy bien.

Continuando con los comentarios, le voy a pasar la palabra a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este Senado.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Bien.

Alejandro, nada más te faltó recordar la canción de “Amapola…”.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Y la cucaracha, ¿no? También.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Todo el recuento de la niñez.

Okey. Yo, en principio, doy las gracias por la pertinencia de este foro que ha organizado la senadora Laura Angélica Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. Que, además, ciertamente llega en un momento importantísimo en donde la discusión de un tema muy preocupante en el país se llama a la alerta a que una línea de investigación en los hechos de Ayotzinapa de septiembre del año pasado, justamente sea el trasiego de drogas.

No abundo, no es el tema, pero la respuesta cruenta en esos hechos de la persecución en nueve eventos distintos a los estudiantes de Ayotzinapa reflejan lo que a lo largo del documento que presentan estas organizaciones, donde hoy hemos escuchado de manera puntual a Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina; como a Jessica Morris, que es Directora Ejecutiva de CONECTAS.

Por supuesto, me congratula también que José Antonio Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, que siempre ha sido una de las organizaciones más doctas, más dedicadas, más serias, más estudiosas, y que esté participando en este estudio junto con otras organizaciones del Continente Americano, pongan especial énfasis en que esta discusión tiene que, además de hacer un balance del impacto de las políticas del Estado o de los estados contra la persecución en el tráfico de drogas, también cómo se laceran los derechos humanos.

En ese aspecto, me parece muy pertinente la presentación de este folleto.

Que, por cierto, tenemos aquí a Aram Barra. Yo soy una neófita en el tema. No soy una gran conocedora del tema. Soy estudiosa del tema y hay 15 mitos de tu autoría que me han ilustrado perfectamente bien cómo tenemos que quitarnos los prejuicios de todo lo que nos han venido diciendo sobre esta guerra contra las drogas.

Y de ahí que además tengamos, en el caso del PRD, a un luchador que permanentemente él sí sabe, él sí conoce, que es Fernando Belaunzarán, que nos acompaña acá, que desde el Congreso de la Unión, particularmente de la Cámara de Diputados en la legislatura pasada donde él fue diputado federal, pues efectivamente puso el tema en la discusión del Congreso, y acá en el Senado apenas empezamos.

Laura es una senadora que siempre está abierta a estos temas, y la pertinencia de este foro es muy importante.

¿Qué es lo que está pasando en el mundo?

Bueno, ciertamente la Organización de Estados Americanos empieza a discutirlo, todavía con algunas precauciones, digamos. Yo me quedaría, por ejemplo, en el caso de la declaración de ANTIGUA con el primer punto de su declaración, que establece que es fundamental que en el hemisferio se continúe avanzando de manera coordinada en la búsqueda de soluciones efectivas al problema mundial de las drogas bajo un foque integral fortalecido, equilibrado y multidisciplinario, con pleno respeto a los derechos humanos.

Ese ya te habla de otro lenguaje y libertades fundamentales, bueno, que incorpore la salud pública. Ahí es donde está el meollo del asunto: educación e inclusión social, junto a acciones preventivas para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como el impulso del desarrollo local y nacional.

En fin, todo lo demás, sabemos que este tipo de declaraciones tienen que ser conciliadas con todos los estados del mundo, los representantes de los distintos gobierno y bueno, no pueden tener una plena satisfacción para todo mundo.

Son concesiones de toma y daca para construir que estas declaraciones puedan unificar a todos los países que están discutiéndolo.

Sin embargo, me parece que la reunión que se va a realizar el año que entra, efectivamente en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, necesariamente va a ser importantísimo, porque todos los doctos en el mundo que ahora están contribuyendo, no solamente expresidentes de varios países de nuestro continente, que hubiera sido muy suave que hubieran hecho cuando estaban en funciones, pero de todas maneras quiere decir que algo aprendieron y que están sensibilizados a que lo que hicieron pues simplemente no les funcionó.

Y el que se hayan unido y que no hayan sido de cualquier país, sino de tres países, como es el caso de Colombia, Brasil y México, significa donde de manera preponderante, en qué países del continente americano, está la repercusión de una política de uno de los países más poderosos del mundo, que es Estados Unidos.

Entonces, creo que este folleto que hoy nos están integrando, están obsequiando estas organizaciones internacionales del continente americano, viene a contribuir a la discusión que tenemos que ciertamente, como dice Alejandro Encinas, quitarle los prejuicios, ponerlo en la mesa de discusión, en todos los ámbitos de la discusión pública, por supuesto lo celebramos que lo estemos dando en el Senado y lo vamos a continuar y rescato de las propuestas que hacen en su documento, tres de las ocho que proponen, me parece que no tienen desperdicio, la que tiene que ver con la exploración.

Dicen, explorar respuestas no punitivas, entre ellas la regularización de los mercados.

Otra que va pegada, la cuarta, descriminalizar el consumo y el autoconsumo de drogas. Ciertamente, la parte que tiene que ver con el uso medicinal, es volver a cuando yo era niña y que mi mamá encontraba la marihuana en el mercado e San Juan de Dios en Guadalajara, lo metía en una botella de alcohol y lo usaba cotidianamente como si estuviera usando árnica en alcohol.

En fin, o sea, quitarnos ese prejuicio, pero también ir al otro enfoque que está en el primer punto de la Declaración de Antigua, es decir, el enfoque de la salud pública.

¿La respuesta punitiva es efectiva?

Yo digo, bueno, no lo digo yo, quién soy yo para decirlo, los datos nos muestras fehacientemente que nunca se le va a poder ganar a quienes hoy tienen todo el dinero del mundo para armarse hasta los dientes, para corromper a todo tipo de autoridades, como lo acabamos de ver en el caso de Iguala, que no es solamente Iguala, ni solamente es tierra caliente, son varios estados donde es un trasiego de varios estados hacia un camino que va quedando a lo largo del país, pero sobre todo el camino hacia Estados Unidos.

De tal forma que es importante poner en la mesa de discusión la descriminalización del consumo y eventualmente también, como lo señalan, también el auto cultivo de drogas.

Y el otro, desarrollar alternativas al encarcelamiento para las personas que cometen delitos no violentos asociados al tráfico de drogas.

Es verdaderamente lamentable que nuestras cárceles estén llenas de personas que están por una u otra cosa vinculados; no hay ni siquiera proporcionalidad en las sanciones que debiesen corresponder al tipo de delito, a la magnitud de la comisión del delito.

Y en cambio, por ejemplo, en materia de trata da risa. Las personas que están en prisión cumpliendo una sanción punitiva, por ejemplo, por el delito de trata.

Y en cambio las cárceles están llenas por el caso que tiene que ver con el tráfico de drogas.

Me parece que como aquí mismo concluyen en este estudio que nos presentan: ¿hay alternativas?, sí hay alternativas; ¿hay que buscarlas?, hay que buscarlas; ¿hay que discutirlas?, hay que discutirlas. ¿Hay que ponernos de acuerdo?, pues hay que tener en principio el interés superior, cuál, pues yo digo, efectivamente tiene que ser como se llama el propio documento, el interés superior de los derechos humanos porque al final de cuentas el impacto de todas estas políticas criminalísticas, todas estas políticas de persecución, todas estas políticas que nos han llevado al desastre que tenemos en nuestros países en el Continente Americano, pues nos reflejan que no están sirviendo y por el contrario, siguen afectando a los derechos humanos.

Con eso terminaría.

Muchas gracias senadora.

Muchas gracias a la Friedrich Ebert que, como siempre, tenemos una fundación aliada para hacer, para organizar estos debates y sin lugar a dudas voy a escuchar, y le agradezco mucho que esté con nosotros en esta mesa al Subsecretario en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, al que tengo que decir tiene una actitud de apertura, de estar en los casos, todos los que tienen que ver con su cartera y escucha.

Eso ve muy bien por parte de un funcionario, Roberto, y lo tengo que reconocer públicamente.

Muchas gracias a ustedes por su atención.

ELISA GÓMEZ: Muchas gracias.

Pasamos, efectivamente, con el Subsecretario para también escuchar sus comentarios.

SUBSECRETARIO ROBERTO CAMPA CIFRIÁN: Muchas gracias.

Muchas gracias por la invitación al Senado de la República y a José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Para mí es un privilegio estar aquí en esta Mesa con todas ustedes, con todos ustedes.

Buenas tardes a todos.

Igual que Jessica, tampoco traigo lo que había preparado y pensaba decir hasta hace 20 minutos.

Y no iré a una polémica con José Antonio por estas cifras que comentó.

Me parece que podemos claramente advertir que las tendencias en los últimos años implican reducción prácticamente en todos estos índices, estas cifras.

Pero me parece que resultaría más interesante, si me lo permiten, comentar cuál es desde nuestro punto de vista la expectativa que podemos tener del UNGASS 2016.

He tenido el privilegio de participar en distintos eventos, desde 2013, la “CICAD”, en Bogotá, en diciembre de 2013, las dos sesiones de la Comisión contra la Droga y el Delito de Viena, de 2014, y la preparatoria de la UNGASS de 2015.

Aquí están también Isaac, de la Cancillería; el maestro Mazzitelli, que ha participado también en estos eventos.

Y me parece que a partir de esto puedo poner en la Mesa cuál es mi perspectiva, mi percepción de lo que puede pasar en la UNGASS 2016.

Me parece que es justo decir que esta es una asamblea extraordinaria convocada por México.

Fue México, en la pasada administración, quien decidió convocar quién solicitó convocar a esta Asamblea Extraordinaria de manera conjunta con Guatemala y con Colombia.

Me parece que había razones para plantearlo, aquí se han mencionado algunos:

La guerra declarada contra las drogas de los últimos años, había generado una violencia extraordinaria; pero además cambiaron estructuralmente las condiciones del mercado y esto también detonó estas condiciones de violencia.

Y entonces, el planteamiento que se hizo para un país que pone los muertos, frente a otro país que pone el dinero para financiar todo el proceso, las armas, fue: “revisemos qué es lo que está pasando a nivel internacional”; y así es como estamos frente a la UNGASS 2016.

Me parece que hay una buena noticia de este proceso, que es que la Asamblea se vaya a llevar a cabo en Nueva York, que fue la primera discusión, la primera batalla; porque quienes no están a favor de ningún cambio buscaron inicialmente que la Asamblea fuese en Viena.

Lo que sucede en Viena, pues se queda más en Viena; lo que sucede en Nueva York, tiene una repercusión mundial y por eso, un elemento muy importante era dónde se lleva a cabo la Asamblea. Y aquí, al final se resolvió que la Asamblea se lleve a cabo en Nueva York y esa, me parece, que es una buena noticia porque va a tener una enorme difusión, va a idear el debate, lo cual hubiera sido más difícil en Viena.

El lugar natural era Viena, porque ahí está la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas; y sin embargo se aceptó y México también empujó en este sentido, que fuese en Nueva York.

Ahora vienen, me parece, las noticias que no son tan buenas, porque la verdad es que estamos bastante solos. A lo mejor tiene una opinión distinta el maestro Mazzitelli o Isaac; la experiencia que yo he tenido en estas convocatorias, en estas reuniones, es que salvo Suiza, algunos países tímidamente en el Continente, el resto… ciertamente Uruguay, pero Uruguay era una decisión unilateral y esto es muy importante.

Tuve el privilegio de estar en Bogotá, prácticamente después de la aprobación en Uruguay de este cambio; y la actitud de los países del Continente era una actitud muy dura contra Uruguay, sobre todo de sus vecinos, planteando la inconveniencia de decisiones unilaterales en un asunto que requiere de una solución multilateral.

Y la verdad es que yo pensaba llegar a Bogotá y encontrar una gran celebración a favor de Uruguay, y era todo lo contrario. Y ustedes que están presentes en estas reuniones, seguramente coinciden con ello.

Y a nivel internacional, México ha venido con muchas dificultades a pesar de que tenemos en Viena, probablemente a uno de los mejores diplomáticos del mundo, que es el embajador Luis Alfonso de Alba, extraordinario y ha hecho un esfuerzo por negociar, por jalar, por convocar a otros países; la verdad es que las condiciones han sido bastante complejas, bastante duras.

Y sobre todo en la preparatoria de este año, a principios de este año, me quedó claro que nuestras preocupaciones desafortunadamente no son las preocupaciones del mundo. Los temas principales de esta preparatoria eran temas que ciertamente son muy importantes, como control de daños, que es un tema fundamental; como disposición de opiáceos, que estos sí son temas en donde la comunidad internacional está atenta y presente.

Pero para mí fue muy revelador encontrar que las condiciones de México no se repiten en muchos lugares en el mundo, bueno, porque tenemos una frontera de 3 mil kilómetros con el país principal consumidor; porque estas condiciones generan violencia vinculada con las rutas de acceso de las drogas a los Estados Unidos; un tráfico indiscriminado de armas, de dinero ilegal.

Y esto, que naturalmente es el contexto en el que se encuentra nuestro país y que hace que de manera lógica digamos: “aquí nosotros tenemos que cambiar las cosas”, sobre todo cuando como se ha dicho prácticamente el 80 por ciento de las mujeres privadas de su libertad en prisiones federales, lo están por delitos que tienen que ver por drogas, son primodelincuentes y no hubo armas en esos delitos.

Y entonces, lo que decimos es: eso es injusto, o sea, es injusto que del otro lado de la frontera haya ya muchos estados que para efectos medicinales puedan consumir, y comiencen a haber muchos otros para efectos recreativos.

Y aquí las mujeres que transportan drogas, insisto, primodelincuentes y sin armas, estén en la cárcel, tienen como acreditó el estudio de Catalina Pérez Correa, entre dos y tres hijos que están en la calle y son población en enormes condiciones de riesgo.

Y entonces hay una gran cantidad de elementos, de razones, que desde nuestra óptica son absolutamente naturales, pero me parece que tenemos que decir aquí que esas no son las condiciones de la mayor parte de los países del mundo.

Y que ojalá y cambien las cosas, pero no parece sencillo aventurar para la UNGAS un resultado en términos, bueno, de ninguna manera de modificación de las convenciones.

En Viena el año pasado y este, lo primero que dicen los países importantes, los Estados Unidos, Rusia, China, es: “Ni una coma le vamos a cambiar a las convenciones, ni una coma”.

Y no las defienden porque sean buenas. Lo que dicen en estas mesas es que es el mejor acuerdo posible. Es que si rompemos ese acuerdo, no vamos a encontrar un acuerdo mejor.

Y entonces cuando uno mira las consecuencias de la aplicación de esas convenciones en esos países y en el nuestro, lo que reclama México, lo que plantea es: Revisemos estas condiciones; y, si es necesario, revisemos las convenciones. Pero reitero, lo que hemos visto hasta el momento me parece que debe de hacernos reflexionar sobre las posibilidades reales de un cambio de fondo en el paradigma.

Termino solamente esta intervención reiterando qué es lo que ha planteado México desde el año pasado. Lo que hemos dicho que, como les digo, hay reserva, porque la actitud internacional en este sentido es sumamente conservadora, esa es la realidad.

Lo que ha planteado México es: Hoy en el mundo hay modelos claramente diferenciados.

Hay una enorme cantidad de países que están por la prohibición; en algunos casos con sanciones brutales, con pena de muerte.

Hay también un conjunto pequeño todavía de países, algunos estados en los Estados Unidos que han optado por la legalización.

Hay algunos países, como México, que optamos por la despenalización del consumo. Podemos discutir el tema de las dosis, de que realmente se respete esta normatividad en todo el país, pero ese es el modelo que nosotros adoptamos.

Lo que decimos es: Analicemos las consecuencias de la aplicación de estos modelos seriamente a nivel internacional. Investiguemos y tengamos información sobre cuáles son las consecuencias en materia de consumo.

¿Realmente estos esquemas de legalización incrementan el consumo? ¿Es una realidad?

En términos de salud pública, ¿qué sucede en términos de salud pública?

En términos de violencia, ¿realmente la legalización de cannabis implica la reducción de los niveles de violencia?

Y, finalmente, en términos también de finanzas públicas. Porque se plantea, por un lado, y alcanzamos a ver en los periódicos los ingresos que se tienen ahora en algunos estados por concepto de venta de cannabis; pero, por otro lado, lo que se plantea es cuáles son las consecuencias para el aparato de salud pública de estos procesos.

Lo que ha dicho México es: Analicemos seriamente cuáles son las consecuencias.

Es un tema suficientemente serio, suficientemente profundo para tener mayores elementos para tomar una decisión y así es como vemos las cosas.

Me parecía más interesante plantear cuál ha sido nuestra experiencia, cómo vemos que se dan las cosas.

Yo puedo decir que México, junto con Guatemala ahora y con Colombia, hemos ido a la vanguardia en esta discusión internacional, aunque luego internamente de repente nos tundan porque dicen que somos conservadores. La verdad es que a nivel internacional la comunidad internacional sí es mucho más conservadora, y naturalmente vamos a dar la pelea.

El Secretario de Gobernación estuvo en Nueva York hace un par de meses para la sesión preparatoria, llevando la misma posición.

Necesitamos discutir abiertamente y seriamente este tema y ojalá, con la participación de otras instancias internacionales, el planteamiento tenga éxito.

Muchas gracias.

ELISA GÓMEZ: Muchas gracias subsecretario.

Les propongo que terminemos con el programa como lo establecimos, para darle la palabra a nuestra anfitriona, la senadora Laura Rojas y después tenemos cinco, 10 minutos para algunas intervenciones, por supuesto si la senadora Martha Tagle y el ex diputado Fernando Belauzarán quieren hacer uso de la palabra, son bienvenidos.

Entonces, pasamos con nuestra anfitriona.

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Muchas gracias Elisa, pues muy buenas tardes, muy bienvenidos todos y todas al Senado de la República.

Por supuesto, en primer lugar agradecer a todas las organizaciones, no voy a saludar otra vez a todo mundo, ya estamos muy saludados, pero sí agradecer a todos ustedes la invitación a nosotros, digamos al Senado, por parte de ustedes, la Fundación Ebert también, para poder presentar este informe que me parece que es una herramienta muy importante en este proceso de discusión que, como comentó el senador Encinas, ya la hemos estado haciendo en el Senado no desde hace un mes, sino desde marzo que tuvimos aquí un foro de temas de política, que fue muy importante y uno de los temas relevantes en el foro fue precisamente la sesión especial de drogas.

No quiero volver a repetir los contenidos del informe, solamente resaltar, recalcar que sin duda es un documento que es muy útil y que demuestra nuevamente, como ya se ha comentado anteriormente, este fracaso de la política de drogas en el mundo.

Me quiero centrar y reaccionar un poco a lo que acaba de comentar el subsecretario Campa, que también le agradezco mucho su presencia el día de hoy, ya sabe que siempre es bienvenido en el Senado y que nos encanta trabajar de la mano con usted, subsecretario, yo quiero, la verdad es que agradezco muchísimo el panorama que nos ha compartido hoy sobre las expectativas de la sesión especial.

Creo que es muy importante, es fundamental que seamos realistas sobre lo que está sucediendo en estas negociaciones y sobre lo que podamos esperar.

Sin embargo quiero destacar que el solo hecho de que se haya convocado esta sesión especial, ya en sí misma conlleva un logro, el logro de haber detonado el debate sobre un tema que tenía muchísimos años sin ser discutido de manera amplia en el mundo, no sólo en los foros de Naciones Unidas entre gobiernos, sino también en los foros multilaterales entre parlamentarios, que ahí sí creo la discusión a veces es mucho más rica que en los órganos de los gobiernos, porque la propia naturaleza de los organismos parlamentarios, de las delegaciones de los países que participamos en organismos parlamentarios también son plurales.

Entonces, normalmente la visión del Ejecutivo de un país pues es una que puede y se hacen alianzas con países con quien se coincide o se discute con quien no se coincide, pero en los foros parlamentarios las propias delegaciones y las propias sesiones son mucho más plurales.

Y coincido con el subsecretario Campa, hay muchos países, la mayor parte de los países también las posiciones de los parlamentarios se reflejan más o menos de la misma manera que los gobiernos, aún con toda es prioridad que les comento y sí hay una posición mucho muy conservadora.

Sin embargo, se abrió el debate en estos organismos y también se abrió el debate en México y eso me parece que ya en sí mismo es un avance y es un logro.

Yo lo que diría sobre ese tema, es: si bien en muchas ocasiones el derecho internacional sirve para impulsar temas digamos de avanzada, de vanguardia desde fuera y que ayuda a los países, y México no ha sido la excepción, a mejorar la legislación interna, si es en este caso, que no lo vemos así, ya lo comentó el Subsecretario Campa, si no va a haber un cambio importante en el enfoque, en la percepción de la política, de la forma en que la comunidad internacional afronta el problema mundial de las drogas, pues no tenemos por qué esperar.

Como dice Fernando Belaunzarán, a que en la ONU se pongan de acuerdo 193 países sobre si le cambian una palabra o una coma a una convención.

O sea, normalmente eso tarda años, años y años y a veces no sucede nunca.

Yo creo que lo que hay que retomar de valioso de este proceso es la propia discusión en México y poder avanzar en las cosas que ya estamos analizando, en la detección de los problemas, en el diagnóstico que se está haciendo y en encontrar nuestras propias soluciones a nuestros propios problemas.

Quiero ser muy clara en esto porque ya van dos cosas en las que participo con la Fundación Ebert, que le agradezco muchísimo.

Yo soy del PAN, y el PAN no tiene todavía una posición definida sobre el asunto de legalizar o no la mariguana, yo creo que otras drogas ni pensarlo, pero la mariguana, todavía no hay una posición definida sobre esto.

Mi posición, en lo personal, es que sí creo que tenemos que regular, por lo menos para uso medicinal y científico, eso me parece que es muy importante hacerlo ya.

Para otros fines todavía no sé, yo misma tengo serias dudas, pero al menos para ese tema, para uso medicinal y científico creo que sí lo tenemos que hacer y esa va a ser una posición que yo estaré impulsando dentro de mi propio Grupo Parlamentario.

Mi conclusión sobre el informe y sobre documentos como estos, que se están generando y que están teniendo sobre todo una mayor difusión gracias a la celebración de la UNGASS el año que entra, es que no tenemos que esperar a que 193 países se pongan de acuerdo porque lo más probable es que eso no va a suceder y que este debate nos debe de servir para empezar a generar las soluciones dentro de nuestro país que nos ayuden a ir avanzando en la construcción de un mejor enfoque, de unas mejores herramientas legislativas y de política pública para enfrentar de mejor manera el problema de las drogas.

Y, por otro lado, acordarnos que si bien es cierto el tema de la legalización es un tema muy importante. En esta discusión no es el único.

Es un enfoque, o sea, la política de drogas es integral, tiene que ver con mejorar la política pública de prevención en materia de salud, la política pública de atención también en materia de salud, por supuesto tiene que ver con el tema de la legalización, pero más allá de eso tiene que ver con no criminalización de los consumidores, el enfoque de derechos humanos.

O sea, son un montón de temas que no debemos descuidar ni dejar que toda la discusión, desde mi punto de vista, sea solamente sobre legalizar o no legalizar porque entonces corremos el riesgo de desatender otros aspectos del tema que son fundamentales y muy importantes que tienen que ser atendidos.

Esos serían mis comentarios.

Muchísimas gracias a todos por su asistencia.

ELISA GÓMEZ: Muchas gracias senadora.

Y nuevamente también el agradecimiento por hospedarnos aquí en el Senado.

No sé si de los funcionarios que están de aquel lado, o si la senadora y el ex diputado.

¿Les parece si escuchamos al público y regresamos con la Mesa?

No sé si aquí hay micrófono inalámbrico. Si no, les suplicaré una voz alta para que podamos escuchar.

Y si pueden ser concretos, también se los agradeceríamos mucho.

ANTONIO LUIGI MAZZITELLI: Muy buenas tardes. Buenas tardes, senadoras, buenas tardes señor Subsecretario y también a todos los participantes.

A nombre de Naciones Unidas, yo diría que el proceso hacia la UNGASS es mucho más prometedor de lo que parece, en el sentido de que justamente una de las palabras, uno de los conceptos claves que se han vislumbrado en esta falta de consenso es: ofrecer a los Estados, que son los dueños de las convenciones, la posibilidad de interpretarlas y ofrecer adentro de las convenciones, la flexibilidad que puede, desafortunadamente, hacer convivir adentro del mismo marco legislativo la pena de muerte, porque hay pena de muerte.

Por un gramo de hachís, hay países que te condenan a la pena de muerte, y es cultural. Tenemos que respetarlo, no aceptarlo, sino respetarlo. Como también países que están yendo hacia una regulación diferente. Entonces, seguramente esta flexibilidad podrá ser uno de los resultados del UNGASS.

Como también el enfoque sobre la verdadera significación de las convenciones, que quieren ser instrumentos para la tutela, aquí se habla de derechos, del derecho a la salud de los ciudadanos, porque lo decimos siempre y creo que estamos todos de acuerdo: las drogas hacen daño y no se discute; las drogas legales hacen daño y hacen mucho daño, probablemente hacen mucho daño porque el Estado ha pensado o los Estados han pensado regularlas y no alcanza, no logra regularlas.

El alcohol, el tabaco, el consumo de los menores, enfrente de los ojos de todos, pero son reguladas y son drogas. Y las drogas ilícitas.

Entonces el enfoque sobre la salud, el reconocimiento de muchas de las necesidades de respetar lo que los Estados mismos en 1998 habían acordado, esto es el enfoque equilibrado.

Inversiones, quitarles tanto la reducción de la oferta como reducción de la demanda. Es cierto que nadie en el mundo hoy en día invierte en salud, ¿cómo se debería invertir?, en materia de prevención, tratamiento, rehabilitación de enfermedades.

Todos estos temas, afortunadamente la UNGASS lo está reponiendo sobre la mesa y ojalá que puedan prosperar.

Del otro lado, yo diría que seguramente la necesidad de un enfoque sobre los derechos. Pero con el cuidado de no poner la droga como la causante de las violaciones de los derechos humanos en el mundo; la violencia tiene otra dinámicas y esto lo sabemos muy bien todos.

Los mercados más desarrollados en consumo de droga, tienen tasa de violencia que no tiene nada que ver con América Latina. Estados Unidos, el mayor consumidor, tiene una tasa de homicidios que de lejos puede ser comparada con la de muchos países de América Latina.

Y paradójicamente, en México cuando más drogas había, menor era la tasa de homicidios. Los años de los grandes carteles, son los años en donde la tasa de homicidios en México llegó a nueve homicidios por 100 mil habitantes.

Entonces, la violencia tiene otra dinámica, como también las violaciones a los derechos humanos, que son relacionados al tentativo de hacer frente a una violencia operada por operadores criminales y no necesariamente por mercado de drogas.

Y ahí seguramente, totalmente de acuerdo, no es aceptable que un país desarrollado, democrático, alguien se vaya a la prisión por posesión de drogas, consumo de drogas.

Las convenciones hablan de proporcionalidad de la pena. Esta proporcionalidad no existe.

Es cierto, pero también que en las mismas prisiones hay quien está con penas similares porque se robó un par de zapatos. Y eso debería reflexionar sobre el funcionamiento de la justicia, no regular las drogas para evitar que la gente esté en la cárcel; hacemos funcionar mejor la justicia.

El 90 por ciento de los crímenes en México no se persiguen, y en las cárceles hay los más débiles; pequeños consumidores, pequeños traficantes, pequeños ladrones; entonces, es la justicia.

Esto para decir que seguramente el debate ha sido un debate importante; tiene que seguir.

Con la droga no se puede solucionar hoy en día desafortunadamente lo que son muchas de las enfermedades del mundo, pero se puede hacer mucho. Penas alternativas, flexibilidad, revisión y sobre todo un mejor y más humano enfoque en materia de prioridades de política criminal.

Que sea una justicia más justa, y creo que eso es lo que todos queremos.

Gracias.

ELISA GÓMEZ: Ahí atrás, por favor.

Gracias.

INTERVENCIÓN: Muy buenas tardes. Antes que todo, gracias, señora senadora; señor Subsecretario; todos los invitados.

En representación del gobierno de Honduras, estoy viendo que la cifra que están usando del 2011 lo ubica en el 92 por ciento.

Se había observado en nuestro país bastante debilidad en la parte institucional. Eso había provocado, podemos decir, que se llegase a alcanzar estos niveles.

Gracias a eso, ahora en el último informe del 2014, esa cifra del 92 por ciento ya bajó 24 puntos y ya se creó lo que es un centro de monitoreo de observación de la violencia, manejado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en donde se están haciendo estudios continuos cada tanto tiempo y se ha certificado que el nivel de violencia ha bajado en este momento en 24 puntos.

Y comparto la idea del señor representante de Naciones Unidas, en donde una de las debilidades en sí que se observa es en cuanto a la regulación, la capacidad que el Estado tenga de regular las drogas.

Y sobre Honduras, que se creó lo que es la policía militar de orden público.

Al principio, en el país generó bastante discusión este tema, por lo que podía traer el riesgo hacia generar más violencia, pero con los resultados que se vio de índices tan altos que se encontraron, haber bajado 24 puntos y que se está implementando más esta investigación en cuanto a todo y cómo funciona la droga en el país, mucho tiene con la cuestión, o sea la posición geográfica que tiene el país, pero sí se han hecho muchos avances.

Y se espera que poco a poco se siga mejorando aún de esos 24 puntos que ha logrado bajarse.

Muchas gracias.

ELISA GÓMEZ: Gracias.

¿Senadora; ex diputado?

SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Si, bueno, primero agradecer estar en este foro y participar.

Comentar que efectivamente este tipo de informe nos permite contar con datos e información muy importante justamente para repensar el tema de las políticas de drogas.

Porque creo que, a diferencia de lo que comentan desde Naciones Unidas, sí hay antecedentes y datos muy concretos de que las políticas prohibicionistas lo que han generado, entre otras cosas, es el aumento de la violencia.

Sin duda, hay diferentes tipos de violencias, ¿no? Nosotros, desde una perspectiva de género, sabemos que hay muchos tipos de violencia, pero sí hay una violencia que se ha incrementado a raíz de la política prohibicionista en materia de drogas, y en el caso de México tenemos todavía más datos para estar muy conscientes que, a partir del endurecimiento de este tipo de políticas, se ha incrementado la militarización de la seguridad pública, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, desplazamiento y, sin duda, el tema de la situación de los defensores en materia de derechos humanos.

O sea, hay una situación muy grave en materia de derechos humanos directamente vinculada con el endurecimiento de la política prohibicionista en México y los datos lo dicen, o sea, a partir de que endureció aumentaron todos los índices y eso es algo que no se puede negar, me parece.

Y en ese sentido me parece también, agradezco mucho la presencia del subsecretario y la sinceridad con la que expresa el tema que ha tenido en México con respecto a su posición en el extranjero, pero sinceramente me parece que podemos llamarlo como una política de candil de la calle y oscuridad de la casa, porque efectivamente, mientras afuera asumimos una posición de vanguardia, adentro no solamente parece conservadora, nos parece muy provisionista y los hechos y los efectos los estamos teniendo acá.

Entiendo, sin duda, que en este equilibrio que se debe buscar en el tema internacional, es muy difícil encontrar un punto medio entre la situación que platicaban aquí desde Naciones Unidas, que hay hasta pena de muerte, hasta la situación e Uruguay, encontrar un punto medio obviamente es muy complicado, sobre todo en la situación que también aquí el subsecretario reconocía, que en cada estado y país tienen condiciones específicas y especiales que hay que atender y me parece que en México se han generado condiciones especiales específicas que hay que atender, independientemente de que en algún momento se genere este consenso y puntos medios entre todos los países que están discutiendo este tipo de políticas y que creo que podemos también no solamente trabajar hacia el interior, para que se liberalice cada vez más la visión mundial con respecto a las políticas hacia las drogas, sino trabajar hacia el interior, a ir quitándole esta parte provisionista y esa visión conservadora que hay.

De entrada me parece que uno de los temas fundamentales que hay que tratar es el asunto real de la despenalización del consumo. Formalmente se dice que está despenalizado, pero en los hechos, la verdad de las cosas es que están criminalizados todos quienes consumen drogas y tenemos en las cárceles muchas personas por consumo de drogas en los hechos.

Entonces, creo que es importante y se ha planteado ya en varias ocasiones el tema de la revisión de las tablas, hay que hacerlo, pero también hay que pensar en el mecanismo real que nos permita despenalizar el consumo de drogas y quitar por lo menos ese peso de esta política prohibicionista.

El uso medicinal creo que a raíz precisamente de los datos que hoy estaos viviendo del requerimiento que se tiene para enfermedades muy concretas, los casos que se han planteado aquí, pero el caso que está sucediéndose en México, de una niña que requiere del uso medicinal de drogas y que han tenido que recurrir a los tribunales mexicanos para que se le permita el uso medicinal de las drogas, me parece que también es un tema que tenemos que estar revisando y ver en qué medida podemos avanzar en la legislación para ese uso, pero ya de manera urgente.

O sea, ahí está un caso que logró llegar a los medios y a los tribunales y conseguirlo, pero hay muchísimas personas, o sea, tan sólo el informe nos muestra que en continente americano el 80 por ciento no tienen acceso al uso medicinal para cuidados paliativos en enfermedades terminales, el 80 por ciento.

O sea, podríamos estar resolviendo la situación de estas personas, en cuidados paliativos de disminuir dolores innecesarios, si estuviéramos revisando este tema del uso medicinal.

Y sin duda también revisar también los otros usos que puedan tener las drogas. Yo he estado sin duda trabajando desde hace mucho tiempo con las diferentes organizaciones que hay que revisarlo y que hay que hacerlo por separado, el uso medicinal, el uso industrial y sin duda el que tiene que ver con el uso recreativo de las drogas.

ELISA GÓMEZ: Fernando, estamos fuera de tiempo. No es grosería nada más pedirte un minuto, porfa.

FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ: Seré breve.

Primero, agradecerle a la senadora Laura Rojas. Me da muchísimo gusto que tome liderazgo en este tema porque en otro tema que pude trabajar con ella fue fundamental que es el de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas.

La senadora fue una pieza clave para avanzar en la legislación y entonces me da mucha tranquilidad que tome ahora este tema sobre el cambio de la política de drogas. Seguramente lo hará con el mismo profesionalismo, estoy seguro, estoy muy contento.

Simplemente agradecer a quienes hicieron este trabajo, ¿qué demuestra este trabajo?

Lo que hemos dicho durante mucho tiempo: la guerra contra la droga, es una guerra contra las personas. Y aquí se demuestra.

Y si habría que poner, así como se pone en las cajetillas de cigarros una leyenda, habría que decir: “la guerra contra las drogas y el prohibicionismo, son nocivos para los derechos humanos”.

Y aquí también se muestra, con evidencia, que efectivamente es nocivo para los derechos humanos.

Me gustó mucho la intervención del Subsecretario Campa, la reconozco porque siempre habla con mucha franqueza y apertura.

Pero no sé si estamos tomando las conclusiones correctas.

Si hay una asimetría tal en el mundo y el resto del mundo no tiene nuestro apremio por cambiar la política de drogas porque vaya que 100 mil muertos en 8 años, 26 mil desaparecidos, un número incuantificable de desplazados internos, el debilitamiento del Estado, el fortalecimiento del crimen, esas son razones suficientes para buscar con apremio el cambio de política de drogas.

Si el resto del mundo no tiene ese apremio, no deberíamos revisar nuestra mística de la multilateralidad por nuestra gente. Esa es una cosa.

Y termino simplemente diciendo, con Martha Tagle: me urge que pasemos de la despenalización teórica, a la despenalización efectiva.

Me gustó mucho que citaras, Roberto, los estudios de Ana Laura Magaloni y Catalina Pérez Correa.

Ellos demuestran que nuestras cárceles están llenas de consumidores. Incluso hasta el 2013 todavía la PGR informaba presos por consumo. Así los informaba. Y ahora sí que a confesión de parte.

Pero están documentados. Es más, el promedio de los detenidos por mariguana es de 8 gramos.

Entonces yo lo que pediría al Estado Mexicano es mucha responsabilidad; es que no lleguen con pura saliva a UNGASS a decir somos progresistas, porque lo decimos, sino que en la práctica haya un cambio por lo menos en la despenalización.

Tenemos un acuerdo avanzado en salud y tengo toda la libertad de decirlo porque la misma Secretaria de Salud, Mercedes Juan, dijo: “ya tengo un acuerdo con –lo declaró públicamente-; ya tengo un acuerdo con diputados para aumentar la tabla”.

Y es verdad. Nada más que el acuerdo está en un cajón. Ojala se pudiera rescatar, etcétera, y que pudiéramos llegar con prácticas porque yo sé que no es sólo de esto.

Se dice que en México está prohibido el trabajo infantil y sin embargo salimos a la calle y ahí están los niños trabajando sin problema.

Se supone que tenemos obligatoria la preparatoria y estamos muy lejos de la preparatoria obligatoria en México.

Bueno, que no pase esto con la despenalización del consumo. No digamos: “porque dice la ley y teóricamente ya está permitido el consumo porque existe la tabla”, y cerremos los ojos a que nuestras cárceles están llenas de consumidores.

Me parece que, porque de otra manera, Roberto, por supuesto que vamos a tener que decir lo que está pasando en México.

Ojala el gobierno tome medidas para que lo que están diciendo y que esta despenalización teórica del consumo, que lo están diciendo, tenga constatación en los hechos.

Tú lo decías, las mujeres. En mujeres es mucho más fuerte las que están detenidas, solamente por posesión y todo el daño al tejido social que ha generado y que tú eres sensible a eso y lo están diciendo ahorita, pues lo tenemos que remediar y no podemos esperar a que haya un consenso mundial para que nosotros resolvamos algo que, insisto, es completamente apremiante.

Muere mucha más gente, muchísima más gente por el combate a las drogas ilegales que por su consumo. Eso es absolutamente irracional.

Entonces ojala avancemos. Qué bueno que por lo menos en el discurso nos estamos acercando, ojala en las políticas reales también nos acerquemos.

Y agradezco tu apertura, Roberto, tú sabes que te tengo aprecio.

Gracias.

ELISA GÓMEZ: Muchas gracias.

La publicación, José Antonio, la publicación está aquí. Para quien quiera aquí está la publicación, que tiene unas fotografías estupendas…

Ah, ¿ya se acabaron?, no, entonces no podemos ofrecerlo.

Está online. Bueno.

Muchísimas gracias a todas y todos, pasen buena tarde.

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