Senado de la República

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2015.

PRESIDENCIA DEL SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:49 horas) Solicito a la Vicepresidencia, en funciones de Secretaría, informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y los señores Senadores.

El Vicepresidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 95 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión del miércoles 18 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria.

Honorable Asamblea: A partir de la licencia que el Senado autorizó al Senador Óscar Román Rosas González, esta Mesa Directiva convocó al ciudadano Víctor Salinas Balam, quien se encuentra en el salón contiguo.

Por esta razón, solicito a las Senadoras y Senadores: Alejandro Encinas Rodríguez, Roberto Albores Gleason, Salvador López Brito y la Lucero Saldaña Pérez, lo inviten a pasar a este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Ciudadano Víctor Salinas Balam: “¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senador de la República, que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”

El Ciudadano Víctor Salinas Balam: “¡Si protesto!”

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: “Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.”

Felicidades Senador, le solicito pase a ocupar el escaño que le corresponde en este Pleno.

Bienvenido a las labores de este órgano del Estado mexicano.

(Aplausos)

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Comisión Especial de Movilidad, su informe de actividades correspondiente al segundo año de ejercicio de la actual Legislatura.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Compañeros Senadores: Por Acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirse a la conmemoración del Aniversario de la Expropiación Petrolera.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias. A nombre del Partido del Trabajo, me permito hacer esta presentación.

El 18 de marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la expropiación petrolera, mediante la cual la riqueza petrolera que explotaban las compañías extranjeras se volvía propiedad de la Nación mexicana.

La historia de la explotación extranjera de nuestros recursos energéticos, inicia desde la perforación, en el estado de Tabasco, del primer pozo en 1862, durante el Imperio de Maximiliano de Habsburgo.

Se emitió un Decreto que permitía la explotación del petróleo en México, siempre y cuando se hiciera con la anuencia del gobierno y otorgando 38 concesiones a particulares.

Bajo el régimen del Porfiriato, en 1886, se inicia en Veracruz la operación de la empresa El Águila, de Waters Pierce Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil Company, y más tarde por diversas compañías en San Luis Potosí; la refinería de Río Panuco, en Tampico, Tamaulipas; y en Ébano, San Luis Potosí.

En 1901, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, se expide la Ley del Petróleo, y dentro de los privilegios a las empresas extranjeras, se les exime del pago del impuesto de exportación de los equipos necesarios para la explotación del petróleo.

Se libera de gravámenes a los capitales invertidos, por un periodo de 10 años, y se les permite la compra de terrenos nacionales a precio de baldíos, incluyendo un derecho de paso por terrenos de particulares y una protección perimetral de tres kilómetros en torno a la ubicación de los pozos petroleros, constituyendo no solamente una entrega de nuestro subsuelo, sino de nuestro territorio.

Siendo Presidente don Francisco I. Madero, se trató de imponer a través de la Ley del Timbre, un gravamen de 20 centavos por tonelada producida de petróleo. Disposición que de inmediato fue repudiada por las empresas extranjeras, manifestando que era superior al que pagaban en los Estados Unidos.

El Presidente Madero, además, ordenó que las empresas declarasen el valor de sus propiedades, pues no se conocía el volumen de los embarques que exportaban.

Las empresas pidieron a sus gobiernos que realizaran una protesta diplomática, el tristemente famoso embajador Henry Lane Wilson y el Departamento de Estado Americano apoyaron su propuesta, favoreciendo principalmente a la Standard Oil Company.

Como resultado de esta presión, el gravamen fue aplazado y no llegó a aplicarse por el movimiento de Victoriano Huerta, que culminó en la Decena Trágica, apoyado con la colaboración de dicho embajador, quien propiciaba una intervención política extranjera en nuestro país.

En 1914, Venustiano Carranza trató de imponer, a su vez, un gravamen a la exportación de petróleo, mediante un Decreto que fijaba un impuesto de barra de 10 centavos por tonelada de petróleo, solicitando un avalúo de las instalaciones de las empresas, las que bajo protesta pagaron el impuesto y se negaron a dar la información solicitada.

El 15 de marzo de 1915, un grupo de abogados e ingenieros coordinados por el entonces gobernador de Veracruz, Cándido Aguilar, crearon una Comisión Técnica del Petróleo, y un año más tarde presentaron un informe, señalando la necesidad de restituir a la Nación la riqueza del subsuelo, la que había sido cedida libremente durante el Porfiriato.

Durante el Congreso Constitucional de 1917, en la redacción del artículo 27 constitucional, se obtuvo la colaboración de Andrés Molina Enríquez, Francisco J. Múgica y de Pastor Rouaix, en la que se señaló que el dominio del suelo podía transmitirse, pero el subsuelo y su riqueza pertenecía en forma inalienable e imprescriptible a la Nación, la que podía otorgar concesiones para su explotación.

Mediante presiones diplomáticas y amenazas de invasión militar, así como de recursos jurídicos, lograron las empresas extranjeras impedir su aplicación argumentando la irretroactividad de la ley. Proponían, inclusive, la derogación de varios artículos constitucionales, llegando al extremo de proponer una ocupación militar y la creación de una República independiente con los territorios de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y el norte de Veracruz.

En 1934, se crea la empresa Petróleos Mexicanos S. A. (PETROMEX), cuya función era competir con las empresas transnacionales en el mercado interno para explorar, explotar, vender y distribuir el petróleo y sus derivados para reducir su precio y asegurar el abasto en el país.

El Presidente Lázaro Cárdenas del Río realizó una alianza con el movimiento obrero, que exigía mejores condiciones de vida, impulsando la creación de una central obrera, ya que en esa época había tantos sindicatos, como empresas, por lo que el salario y prestaciones variaban en cada una de ellas.

A pesar de la renuencia de las empresas petroleras, el 15 de agosto de 1935, los obreros se unificaron en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para defender sus intereses mediante la firma de un contrato colectivo de trabajo, iniciando sus negociaciones en 1936, sin lograr un acuerdo.

Las negociaciones no lograban ningún acuerdo, los obreros demandaban, además, una jornada de 40 horas semanales, el pago de salarios completos por enfermedad y 65 millones de pesos para el pago de salarios y prestaciones. Las empresas se negaron a firmar y solamente ofrecían 14 millones de pesos, entonces el Sindicato emplazó a huelga, la que estalló el 28 de mayo de 1937.

El Presidente trató de negociar con las empresas extranjeras, que se rehusaron para no sentar un precedente. Cuando se enteraron de la determinación de expropiar, quisieron negociar, pero la determinación ya estaba tomada.

El 18 de marzo de 1938, en un discurso a la Nación, declaró la expropiación, mediante la cual la riqueza petrolera que explotaban las empresas extranjeras se volvía propiedad de la Nación, que era una de las ideas de la Revolución Mexicana, dispuesta en el artículo 27 constitucional.

Sería largo enumerar la reacción de las empresas y gobiernos extranjeros ante esta declaratoria, basta señalar embargos de bienes y equipos, el boicot, la suspensión de compra de nuestra plata, la negativa a vendernos suministros indispensables, etcétera.

No obstante, a través del tiempo, la necesidad de nuestro petróleo cambió esta situación, permitiendo la consolidación de nuestra expropiación y el dominio de la Nación sobre nuestros recursos energéticos.

En la actualidad, hoy en esta época postmoderna, todos conocemos cómo a partir de los gobiernos de la alternancia, a los que les tocó la abundancia de vender 3 millones y medio de barriles diarios casi a 200 dólares por barril, esta producción que era el segundo yacimiento más grande del mundo en su momento, como es Cantarell.

En esta época decidieron extraerle, además de los impuestos que ya llevaba, 11 impuestos adicionales, además de los gasolinazos mensuales que lesionaron y que lesionan cada día desconsideradamente la economía familiar, y no vemos llegar la tan anunciada riqueza y las bondades de la última etapa y el fin de la expropiación petrolera.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senadora.

A continuación, se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, Senador Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hace 77 años, el Presidente de la República en funciones tomó una de las decisiones políticas más importantes de las que se tenga registro en la historia de nuestro país, influyendo de manera significativa en la evolución de México durante la segunda mitad del siglo XX.

La nacionalización de la industria del petróleo, el 18 de marzo de 1938, generó serios cuestionamientos y escepticismo dentro y fuera del país, pero la historia le dio la razón al General Lázaro Cárdenas, pues su valiente decisión no sólo definió la soberanía nacional del Estado mexicano sobre sus hidrocarburos, sino que detonó el desarrollo económico de nuestro país en los años venideros.

Indudablemente, el modelo energético que derivó de la nacionalización del petróleo y el establecimiento de una empresa estatal única, sustentó gran parte de las finanzas públicas y permitió el desarrollo económico de México durante décadas.

Gracias al trabajo de ingenieros mexicanos, PEMEX fue el pilar de la constitución de escuelas, hospitales, carreteras, viviendas y un gran número de instituciones que hicieron de nuestro país el estado social y democrático de derecho que es hoy.

Sin embargo, debemos reconocer que las circunstancias del siglo XXI son muy distintas a las del siglo pasado, pues el contexto mundial indica que las fuentes fósiles de energía se están agotando, y que cada vez resulta más costoso extraerlas y utilizarlas para la satisfacción de las necesidades humanas.

Por otra parte, no se debe perder de vista que el aprovechamiento de los hidrocarburos repercute en la calidad del ambiente, al generar residuos y emisiones de gases de efecto invernadero.

De esta forma, los impactos negativos del cambio climático exigen que gobiernos y agentes económicos de todo el mundo tomen las medidas necesarias para implementar procesos industriales más eficientes, mediante la producción de mayores cantidades de bienes y servicios a partir de menores cantidades de energía.

Precisamente, el día de hoy que conmemoraremos un aniversario más de la expropiación del petróleo, la ocasión es propicia para seguir sosteniendo que el modelo energético de nuestro país se dirige hacia el camino correcto.

La reforma energética, emprendida por el gobierno de la República y avalada por el Congreso de la Unión, moderniza las reglas e instituciones en materia de energía de nuestro país, transitando de un monopolio estatal, que ya no era eficiente, hacia un modelo abierto y competitivo, cuyos beneficios ya empiezan a registrarse en el bolsillo de los mexicanos.

Ante el innegable desarrollo de un mundo globalizado, en el que la sociedad y la industria demandan un suministro continuo y confiable de más energía, resulta imperativo transitar hacia esquemas energéticos más sustentables y diversificados.

Por ello, en el diseño constitucional del nuevo modelo energético, destaca la creación de los mecanismos necesarios para garantizar la reducción de los impactos ambientales de la industria de la energía.

Compañeros Senadores: No debe quedar la menor duda que la nueva Reforma Energética no contradice los ideales que el Presidente Cárdenas anunció a México y al mundo el 18 de marzo de 1938: “El petróleo que se encuentra en el territorio nacional pertenece a todos los mexicanos”.

Los Senadores que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, reafirmamos nuestra convicción de que el modelo energético que hemos diseñado será conmemorado en las próximas décadas, de la misma forma que hoy recordamos la Expropiación Petrolera.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador.

A continuación, tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente.

Hoy se cumple el 77 Aniversario de la Expropiación Petrolera, que recuperó para la Nación la propiedad y el control de la riqueza en hidrocarburos e inició la edificación de Petróleos Mexicanos, como la institución esencial para el aprovechamiento del petróleo y el gas de la Nación.

Pero este 18 de marzo no es una conmemoración más, ocurre en el momento que el gobierno federal se apresta a entregar la explotación de los hidrocarburos a empresas privadas.

Enrique Peña Nieto por fin realizará lo que por más de 70 años añoraron las empresas extranjeras expropiadas: recuperar, para su lucro, los yacimientos de las y los mexicanos.

Son las mismas empresas que por sus malos resultados fueron expropiadas por el Presidente Lázaro Cárdenas. Esas empresas regresarán porque el gobierno de Peña Nieto les ha ofrecido, casi como un regalo, la explotación de las áreas que por décadas ha desarrollado PEMEX y que les asegura una elevada rentabilidad, aún en las circunstancias de disminución de los precios internacionales del petróleo que hoy vivimos.

Sin embargo, a un año de promulgada la reforma constitucional en materia energética, las circunstancias del país, y en particular de la industria petrolera, han cambiado radicalmente.

Desde la segunda mitad del 2014, el mercado petrolero internacional viene experimentando una caída severa de sus precios, arrastrando la estabilidad económica de los países exportadores y, entre ellos, la de México.

En junio del año pasado, la mezcla de petróleo mexicano se vendió en 100 dólares el barril, pero inmediatamente comenzó a descender hasta llegar a 39 dólares en enero de este año.

Todo parece indicar que estamos frente a un cambio de tendencia en el mercado, con niveles de precios de entre 35 o 40 por ciento más bajos.

El drástico debilitamiento de la rentabilidad en esta actividad, no sólo reduce el atractivo de la privatización del petróleo mexicano, sino también la capacidad de negociación del gobierno frente a aquellas empresas que pensó idóneas para llevar adelante el nuevo desarrollo petrolero del país.

Se dice que en tiempos de precios bajos, la virtud de los directivos de las empresas privadas es resarcir las utilidades de sus accionistas a expensas de las rentas fiscales de los estados.

Se engaña quien pudiera pensar que la coyuntura actual finalmente será pasajera y nada tiene que ver con un proceso de largo plazo, como es la Reforma Energética.

Por supuesto que hoy la contratación de empresas internacionales para realizar la explotación de los hidrocarburos mexicanos tendrá implicaciones, al menos para las próximas tres décadas, y coloca al gobierno mexicano en una disyuntiva cuyas consecuencias serán de un altísimo riesgo para el presente y futuro de nuestra nación.

Con la tramposa Ronda Cero, el gobierno pensó equivocadamente que PEMEX podría sostener el nivel de producción y un flujo estable de aportaciones fiscales durante los años siguientes, dando tiempo para que los nuevos operadores incorporaran y se hicieran cargo del desarrollo futuro de la industria, concretamente para que pudieran incorporar 500 mil barriles diarios y el país pudiera producir más de 3 millones hacia el 2018.

Pero esto no está ocurriendo y el país se encuentra al inicio de lo que pudiera ser una crisis económica de alto impacto.

Se diseñó una ruta crítica para la Ronda Uno, que de manera inmediata hiciera migrar a los nuevos contratos de producción compartida, los contratos de servicios que había asignado PEMEX en campos marginales, integrando asociaciones con empresas particulares.

Se anunció que licitarían 169 bloques de toda la región del país, sobre un total de 28 mil 500 kilómetros cuadrados, distribuidos de la siguiente forma.

En Plegado Perdido, 11 bloques.

Para lutitas, 8 bloques.

En Chicontepec, 89.

En aguas profundas sur, 17.

Y terrestres y aguas someras del Golfo de Campeche, 44 bloques.

Lo que desencadenaría una inversión de 8 mil 500 millones de dólares anuales en un proyecto tan ambicioso y rápido que no tendría precedentes en el mundo. Eso se dijo.

Pero la caída de los precios modificó la expectativa inicial, porque además dejó al descubierto que las empresas petroleras internacionales mantienen un nivel de endeudamiento extraordinario que limita sus planes futuros de inversión en un escenario de precios menores.

Hasta ahora, se han publicado dos convocatorias: en la primera se licitan 14 bloques en aguas someras de las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, para un total de 4 mil 200 kilómetros cuadrados, proyectando una inversión requerida de 1,500 millones de dólares, muy lejos de las estimaciones que se dieron para promover las bondades de esa reforma.

En la segunda convocatoria, se licitan nueve áreas en cinco contratos, en la misma región de la convocatoria anterior, con una extensión total de 280.9 kilómetros cuadrados.

Por ejemplo, el campo Amoca, parte de la oferta, se encuentra prácticamente en la playa tabasqueña, a un kilómetro de Villa Sánchez Magallanes.

¿Pues no que solamente irían a explotar lo que PEMEX no podría?

¿No que sólo irían a aguas profundas?

A un kilómetro de la costa de Tabasco se dará la explotación por parte de las empresas privadas.

La segunda convocatoria establece explícitamente que se incluyen reservas probadas. Estas reservas, junto con las probables y posibles, que significan 1,169 millones de barriles, son recursos que PEMEX descubrió y donde el país ha invertido cantidades considerables de dinero y que ahora simplemente pasará a manos de particulares.

Durante la discusión pública del proyecto de reforma, el gobierno sostuvo que no se trataba de hacer a un lado a PEMEX, y que los particulares participarían ahí donde PEMEX no tuviera experiencia por la complejidad de los yacimientos; sin embargo, el gobierno engañó a la opinión pública, porque dará a empresas privadas recursos ya desarrollados de una elevada rentabilidad y de la menor dificultad técnica.

Las áreas que se ofertan están en medio de la región más productiva del país y donde se encuentra el 80 por ciento de las reservas probadas, donde los trabajos prospectivos han sido abundantes, donde el riesgo para el inversionista es relativamente bajo y los costos podrán ser similares a los que tiene hoy PEMEX, menos de 16 dólares por barril en su producción, lo que permitirá obtener proyectos muy rentables aún a los niveles de precios vigentes.

Pudiera entenderse así que durante la caída de los precios, el gobierno decidió concentrar su oferta en la parte más jugosa de las reservas, habrá que esperar para conocer si en los contratos finales también se otorgarán plazos mayores para el inicio de trabajos y estímulos fiscales adicionales, lo que integraría un paquete muy generoso del gobierno que permitiría a los inversionistas participar en el proyecto mexicano, adquiriendo derechos legales sobre recursos con altas probabilidades de ser aprovechados, sin que estuvieran obligados a realizar inversiones de inmediato, sino hasta que la certidumbre de la coyuntura hubiera menguado.

Este probable arreglo, con las variantes que pudieran concretarse, lleva a plantear la interrogante sobre las razones del gobierno para verse obligado a negociar en condiciones que evidentemente son adversas a nuestro país.

En condiciones de precios altos, defendió la hipótesis de que la multiplicación de la extracción aumentaría los ingresos absolutos del gobierno, aunque la proporción de la renta fuese menor, pero cuando los precios han perdido el 30 o 40 por ciento de su valor, el esfuerzo de extracción necesario para compensar la pérdida elimina la hipótesis de base con que se llevó a cabo esa reforma constitucional.

En estas circunstancias, ¿cuál es el beneficio para la Nación por la vía de los contratos de utilidad compartida que se ofrecen? La Nación va a obtener una proporción menor de la renta y los ingresos totales también serán menores.

¿Dónde está el negocio de largo plazo?

Resulta difícil creer que en las condiciones actuales la operación de PEMEX pudiera resultar menos lucrativa para la Nación que la de un particular.

Es tan evidente la inconveniencia de la negociación petrolera del gobierno mexicano, que en la reciente visita del Presidente Peña Nieto a Gran Bretaña, cuyo principal objetivo era convencer a las empresas inglesas de participar en la licitación de los yacimientos mexicanos, que los principales dirigentes de estas empresas coincidieron con la opinión de Occidental Petroleum Corporation, quien calificó de ridículos los contratos ofrecidos por México, en una maniobra por debilitar aún más la postura mexicana.

El calificativo de ridículos anterior, recogido ampliamente por la prensa internacional y acallado por la prensa mexicana, no amilanó al gobierno mexicano, y el Secretario de Hacienda se apresuró a ceder respondiendo que las condiciones económicas de los contratos se revisarían.

¿A dónde conduce el país el gobierno de Enrique Peña Nieto?

Es indispensable reiterar que la negociación en curso es inconveniente, no sólo desde el punto de vista económico, sino también para la seguridad energética del país; desde años atrás se ha estado discutiendo las dificultades de PEMEX para compensar la declinación acelerada de los principales yacimientos, resultado de la ineficiente inversión que durante largos periodos ha tenido la empresa; sin embargo, en lugar de apoyar a la empresa pública, se le ha buscado vulnerar para dejar que inversionistas privados tomen su lugar.

Fruto de la reforma del 2008, se asignaron contratos a particulares para producir en once bloques de yacimientos maduros; a la vuelta de cinco años, se tiene una producción conjunta muy reducida que apenas suma 49,000 barriles diarios.

Otro tanto ha pasado por los contratos de servicios múltiples licitados en la Cuenca de Burgos años atrás.

Estos ejemplos señalan que el ingreso de operadores privados no es la panacea que se ha publicitado mientras se descuida la operación de PEMEX.

La declinación de la extracción petrolera nacional debió llamar la atención del gobierno para aumentar los recursos a PEMEX y revertir su tendencia, no sólo la producción total de petróleo ha disminuido, sino que hay un desequilibrio en las distintas calidades que se producen.

Como en otras áreas, se vuelve a cometer el error de creer que es mejor incorporar bienes estratégicos que producirlos localmente; el recorte presupuestal a PEMEX por 60,000 millones de pesos debilitará la empresa justo en el momento en que tendría que ser fortalecida para enfrentar la competencia.

El presupuesto de gasto programable autorizado originalmente para el 2015 para PEMEX, ascendía a 540,000 millones de pesos, que nominalmente significa un aumento del 3 por ciento y simplemente permitiría a la empresa actualizar su gasto en relación a la inflación esperada.

El recorte deja un gasto programable de 480,000 millones de pesos, que al separar el gasto corriente, de 28 a 30 por ciento de él, dejará recursos para inversiones del orden de los 344,000 millones, que será insuficiente para que PEMEX pueda cumplir con sus metas productivas.

De este modo, se arrincona a la empresa pública a reservas de petróleo que cuando mucho tendrán 9 años de vida, manteniendo igualmente estancada su estructura industrial, de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos.

De este modo, el proyecto que surgió con la expropiación petrolera que aspiró a hacer la expropiación de los hidrocarburos, una de las principales palancas de la industrialización y del desarrollo social de los mexicanos, terminará, en poco tiempo, siendo vendido al mejor postor, sin ninguna ambición de integrar un verdadero proyecto para el bienestar de las y los mexicanos.

Durante el debate de la llamada Reforma Energética, nosotros, las y los legisladores del PRD, insistimos reiteradamente en que el gobierno y los partidos que lo apoyaron no habían realizado un verdadero diagnóstico de la industria petrolera internacional, y que la reforma impulsada llevaría al país al fracaso y a la destrucción de instituciones que habían costado mucho al pueblo mexicano.

Hoy, escasamente a un año de la contrarreforma neoliberal de los hidrocarburos, las evidencias están presentes, pero pueden ser peores.

En verdad, convocamos al gobierno federal a la cordura, a detener la licitación de las reservas petroleras, a parar la entrega de patrimonio de las y los mexicanos a intereses extranjeros.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador.

Ahora tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, compañeras, compañeros Senadores.

Soñar la realidad es lo que reclamaba un querido escritor poblano y académico de la lengua, alguien que también nació un 18 de marzo, pero de 1933, y quien desde mi punto de vista también, por lo tanto, debiese hoy resonar su nombre en esta máxima tribuna del país, aquí en el Senado.

Me refiero, obviamente, a Sergio Pitol.

¿Y cómo soñar la realidad? Pues hacerlo sin que resulten afanosas utopías, ingenuidades, escenarios que pertenecen a otros mundos que no son el nuestro y que nunca lo serán.

Al hablar de su arte, Sergio Pitol decía que el narrador se acerca a un misterio, sin que al final de cuentas logre despejar del todo la incógnita propuesta.

Será, decía Pitol, será el lector el que intente resolver el misterio planteado.

Parafraseándolo, diría que en 1938, compañeras y compañeros, hubo un lector mexicano bien equipado de sensibilidad social que ocupaba la Presidencia de la República y que supo interpretar las palabras y las expresiones de su gente para resolver, en ese momento, parte del misterio de México.

Ese lector, sí, era Lázaro Cárdenas. El Presidente que supo interpretar lo que reclamaban los trabajadores de su Patria y de forjar con ello una nueva realidad para el país.

Así es, compañeras y compañeros Senadores, Cárdenas era un extraordinario lector de la realidad, a la manera de aquellos que reclamaba Pitol, de aquellos que intentan resolver el misterio y las complejidades que nos presenta la vida.

Cárdenas sabía que el país era rico en recursos energéticos y por eso se aseguró de protegerlos y de garantizar su propiedad para la Nación.

Cárdenas sabía que eran muchas las tentaciones de apropiárselos, pero lo más grave, que eran muchas las familias que serían condenadas a la pobreza si alguna vez esos recursos iban a parar a cuentas privadas y extranjeras.

Y por eso el Presidente Cárdenas se aseguró de pensar primero en la realidad de esas familias, en cuántos mexicanos iban a tener educación y alimentos, antes de satisfacer intereses financieros.

Y ante estas incuestionables virtudes, compañeras y compañeros, ante estas incuestionables virtudes de Lázaro Cárdenas, es inevitable también hablar del presente mexicano.

Un tiempo que nos ofrece su propio misterio y que requiere también de ciudadanos y líderes dispuestos a interpretar lo que reclama la Nación, a escuchar lo que pide la gente, lo que necesita la gente, a quitarse la venda partidista de los ojos y ver por fin la realidad, tal como es, para poder superar muchas deficiencias y aprovechar numerosas potencialidades.

Ha llegado, por ejemplo, compañeras y compañeros, ha llegado el momento de aceptar que la Reforma Energética ha fracasado.

Que no se puede ganar, despojando; que no se puede convencer, mintiendo; y la misma suerte corren las otras reformas federales, que no podían resultar bien, porque no responden a los intereses del país, sino a ocurrencias o a otras intenciones privadas o de grupo.

Ha llegado, por eso lo digo, el momento de abrir las puertas a la honestidad y a la transparencia como nunca antes; como si al abrir las puertas también pudiésemos derribar los muros de la opacidad y la corrupción, las mismas que han desgastado, incluso, las instituciones más respetadas.

Ha llegado el momento, compañeras y compañeros, de señalar con todo pundonor los atisbos de la censura, de ofensa a la libertad de expresión que utilizan el poder para presionar y acallar a periodistas, a comunicadores valientes, a profesionales que le hacen mucho bien al debate nacional.

Por todo eso, señor Presidente, compañeras y compañeros: El 18 de marzo es el día de la Expropiación Petrolera, pero también debiese serlo el de Sergio Pitol y de la capacidad de los hombres y mujeres para interpretar la Nación, con el fin de auxiliarla en sus mejores causas.

Estos son los días, compañeras y compañeros, que nos reclaman leer al país y leerlo bien, México vive hoy un cambio de época, donde ya no se puede hablar el lenguaje de la política tradicional, el que oculta el misterio detrás de la forma, y aun de las reformas, sino que practica el lenguaje de la ciudadanía libre y participativa, una Nación que ya no se conforma con hablar sino que exige ser escuchada.

Una Nación que no solo observa cómo se toman las decisiones, sino que se incluye como actor determinante de las mismas, y todo, y con esto concluyo Senador Presidente, compañeras y compañeros, nos toca impulsarlo aquí, desde el Senado de la República, nos toca hacerlo realidad porque de alguna manera el sueño de la gente mexicana es el deber de sus representantes.

Por lo tanto, digo que hoy sea el día en que le expropiemos el sueño de México a los poderosos de siempre y se lo entreguemos a los ciudadanos.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Robles Montoya.

A continuación, se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Buenos, días. Con su permiso, señor Presidente.

Hace 77 años, compañeras y compañeros Senadores, un 18 de marzo de 1938, los mexicanos recibíamos una de las noticias más trascendentes de la historia de nuestro país: la Expropiación Petrolera.

El hecho que sucedió durante el mandato del Presidente Lázaro Cárdenas del Río implicó la recuperación del petróleo mexicano que, hasta ese momento, manejaban 17 compañías extranjeras, por parte del Estado.

Tres años antes del histórico evento, el 27 de diciembre de 1935, se constituía en el país el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, tras varios intentos de las compañías extranjeras por evitar este proceso.

Sin embargo, un incumplimiento en contratos laborales con los trabajadores mexicanos llevó a éstos a que, por poco más de un año, se formara su agrupación, decidieron llevar a cabo una huelga, acción que fue respaldada por el gobierno de la República.

Desde su puesto de primer mandatario, el General Lázaro Cárdenas del Río decidió intervenir en el asunto para que las petroleras extranjeras pagaran su deuda a los trabajadores mexicanos.

Las compañías argumentaban no tener los fondos para cumplir con estos acuerdos, pero una investigación, realizada por una comisión formada expresamente para el caso, determinó que las ganancias de las empresas permitían saldar sin problema los problemas laborales que tenían con sus trabajadores. El fallo provocó la molestia de los empresarios extranjeros que amenazaban con irse del país y llevarse sus capitales, la resolución de la Suprema Corte de Justicia, incluso, obligaba a esas compañías a saldar las deudas y subir, incluso, los sueldos y mejorar las condiciones de trabajo.

El Presidente Cárdenas buscó los acuerdos garantizando a los empresarios que de no pagar los 26 millones, que en ese tiempo se calculaban se les debían y exigían los trabajadores para levantar la huelga, pero en medio de la reunión, un arrebato de despotismo y muestra de desconfianza por parte de los empresarios apuró al Presidente a determinar, sin vacilar, la expropiación.

Horas antes de que se hiciera pública la determinación, las petroleras que habían recibido extraoficialmente la noticia de la decisión gubernamental accedieron a pagar, pero la decisión ya estaba tomada.

Así es que a las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938, el Presidente anunció, a través de los medios de comunicación, la expropiación. El hecho celebrado por el pueblo mexicano tuvo como consecuencia el quebrantamiento de las relaciones diplomáticas de los Países Bajos, del Reino Unido y de los Estados Unidos de América con México, que decretaron un embargo comercial y retiraron a todo su personal técnico.

Ante estas dificultades, y pese a las mismas en los comienzos del desarrollo de nuestra industria petrolera, el histórico hecho demostró la capacidad y fuerza del pueblo mexicano unido, y gracias al cual la industria petrolera es uno de los recursos más importantes del país.

Hoy, a 77 años de distancia, las circunstancias a nivel nacional y a nivel mundial han cambiado en el tema de los hidrocarburos. No podemos, como país, aislarnos del contexto internacional, ni en producción ni en comercialización, y verlo solo a través de un cristal con tinte partidista o ideológico, por lo cual entramos en el Congreso mexicano, desde hace dos años, en los trabajos que llevaron, pues, a la culminación a la Reforma Energética.

Esta, a través de los distintos debates y a través de la norma que aprobamos, le da a nuestro país la posibilidad de ser competitivo, pero que se cumpla con el objetivo de la expropiación, de utilizar nuestro petróleo, y lo recalco, nuestro petróleo como palanca de crecimiento y desarrollo para elevar el nivel de vida de todos los mexicanos y no de unos cuantos, dentro de un marco a nuestros preceptos legales para vivir en un estado de derecho.

En este día, los legisladores de Acción Nacional hacemos el compromiso de dar un estricto seguimiento, a lo aquí ya aprobado, para que se den los cambios, pero en cumplimiento a la norma de velar por el interés de la Nación y de utilizar nuestros recursos para lograr los grandes objetivos, los retos y pendientes que como país libre nos hemos propuesto.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador López Brito.

Por último, se le concede el uso de la tribuna al Senador David Penchyna Grub del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene usted el uso de la palabra, Senador David Penchyna.

El Senador David Penchyna Grub: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Hay momentos y decisiones que nos definen e identifican como Nación. En nuestro país, uno de los más emblemáticos ocurrió en la tercera década del siglo XX, cuando el entonces Presidente de la República, el General Lázaro Cárdenas del Río, decretó la Expropiación Petrolera, una acción crucial para la consolidación del Estado mexicano de ese entonces.

En el marco de 77 Aniversario de la Expropiación Petrolera, los integrantes del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, reconocemos a quienes hicieron posible es acontecimiento.

Al efecto, es oportuno hacer una breve pero sustancial remembranza de los principales momentos en torno de la nacionalización de las empresas petroleras en 1938; más allá de la poesía o de los romanticismos, la historia tiene memoria.

En principio, nos debemos remontar a la etapa del Porfiriato, periodo en que las empresas extranjeras recibían grandes beneficios de la riqueza natural de nuestro país, casi siempre en detrimento de los trabajadores mexicanos.

En consecuencia, la Constitución de 1917 estableció la restitución de la propiedad de las riquezas del subsuelo a la Nación, por lo que las compañías petroleras crearon la Asociación de Productores de Petróleo en México.

De esta manera, el 27 de septiembre de 1935 fue creado el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, mismo que el 29 de enero de 1936, se unió al Comité Nacional de Defensa Proletaria.

Posteriormente, debido a las deplorables condiciones de trabajo que había en la industria petrolera, el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros formuló un proyecto de contrato general de trabajo; y para exigir su cumplimiento, el 28 de mayo de 1937 estalló la huelga.

Las principales exigencias del pliego petitorio, fueron que las compañías deberían pagar los salarios caídos, elevar los salarios y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

Después, ante el desacato de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pese a los buenos oficios del General Cárdenas, quien fungió como mediador entre el Sindicato y los empresarios, no fue posible que llegaran a un acuerdo; por lo que el 1938, en un día como hoy, se decretó la expropiación de los activos y de los bienes de la industria petrolera para reorganizar, concentrar y coordinar la industria nacionalizada. Posteriormente, el 7 de junio se creó Petróleos Mexicanos, PEMEX, así como la distribuidora misma de Petróleos Mexicanos.

El Sindicato exigía 40 millones de pesos de aquel entonces, pero las empresas se negaron y promovieron amparo contra el fallo, acción que les fue negada, y además los obligaron a subir los sueldos y a mejorar las condiciones de trabajo, como correspondía a un estado de derecho naciente.

Ante este panorama, el señor Presidente Cárdenas buscó convencer al Sindicato para que aceptaran un pago de 26 millones, en donde, sin embargo, a través de sus buenos oficios, no hubo acuerdo alguno.

En consecuencia, atendiendo su llamado con la historia, el 18 de marzo de 1938, el entonces titular del Ejecutivo Federal, anunció a su gabinete la decisión de expropiar la industria petrolera. Así, horas después en todas las estaciones de radio de la República, Lázaro Cárdenas se dirigió al país entero y le comunicó que se llevaba a cabo la expropiación de las empresas petroleras, ante la intransigencia, en su negativa, a someterse a las leyes mexicanas.

De esta manera se terminó con el privilegio de intereses particulares de los empresarios, para dar paso al respeto de los derechos de los trabajadores y la utilidad pública de los bienes nacionales.

Asimismo, con la creación de PEMEX inició una historia de grandes éxitos, de desarrollo y prosperidad para todas y todos los mexicanos.

Seamos claros, insistamos y dejemos de jugar con las palabras.

En 1938, lo que se expropió fue la industria petrolera, no el petróleo, el petróleo era nuestro desde 1917; el petróleo estaba plasmado ya en nuestro texto constitucional, desde aquella época.

El 18 de marzo de 1938, México rompió un paradigma, en materia de explotación de recursos energéticos. Con ello garantizó que la renta petrolera sirviera de cimiento al desarrollo nacional, a lo largo, prácticamente, del siglo pasado, en los últimos 77 años.

A 77 años de distancia, México vuelve a romper paradigmas en cuanto a la explotación y aprovechamiento de la riqueza energética, si el General Cárdenas abrió la puerta al desarrollo del siglo XX, el Congreso de la Unión y el titular del Ejecutivo abrieron la puerta del desarrollo del siglo XXI, con una premisa básica: lo establecido y la inamovilidad era el peor enemigo de la industria energética, había que atreverse a transformar lo que ya se había agotado hace varias décadas, y que hoy estamos pagando con niveles de producción bajos, y a preservar un estado para la Nación, en donde lo único que no cambió, como desde 1917 está en nuestra Constitución, es que la propiedad de los hidrocarburos es y seguirá siendo de todas y todos los mexicanos.

Por ello, a la luz de siete décadas, la reforma constitucional en materia energética, aprobada por esta Legislatura, por una amplísima calificada mayoría, prueba su oportunidad y su valía, ésta le permitirá a la industria petrolera nacional romper los vicios de un modelo monopólico, preservando la propiedad sobre los recursos naturales y fortaleciendo a PEMEX, la empresa productiva, hoy del Estado mexicano, la empresa de todos los mexicanos para sentirnos orgullosos de ella, que no haya duda, la reforma energética es y será positiva para el país y para los ciudadanos.

La gradualidad de los cambios sólo confirma su trascendencia, los pequeños cambios tienen efectos inmediatos que se diluyen en el tiempo; las grandes transformaciones de una Nación, tienen horizontes de corto, mediano y largo plazo, y es la distancia de los hechos lo que confirma su valor.

Así sucedió con la ciudadanización de los órganos electorales, con la autonomía del Banco de México o la aprobación de un Tratado de Libre Comercio que hoy da dividendos sin los cuales no entenderíamos a esta Nación nuestra.

Así sucederá con la Reforma Energética que ha abierto las puertas de México a la competencia y a la transparencia.

18 de marzo de 2015: Sin dogmas ni verdades a medias.

México vuelve a garantizar que los recursos energéticos sirvan de cimiento del desarrollo, en su tiempo y circunstancia lo hicieron posibles, los liderazgos nacionales, encabezados por Cárdenas en 1938.

En su tiempo, y su circunstancia, esta generación de mexicanos podrá aquilatar la dimensión de lo logrado por la Reforma Energética, de la expropiación de los medios de producción al fortalecimiento de la industria nacional, como medio para alcanzar el desarrollo.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador.

Pregunto a la Asamblea si alguna Senadora o Senador desea intervenir sobre este tema, tiene la posibilidad de hacerlo.

Senador Pozos Lanz, adelante, tiene usted el uso de la palabra.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda, para alguien que representa a un estado con una tradición petrolera, esta fecha es y será siempre significativa.

Para el representante del estado de Campeche, siempre será significativo hacer uso de la tribuna, para significar que esta fecha histórica debe de ser recordada siempre, sobre todo a algunos meses de que en esta tribuna, en esta Cámara, discutimos intensamente el destino de la industria petrolera nacional, y desde luego, con argumentos que fueron desde lo biológico hasta lo técnico, logramos construir una Reforma Energética que le habrá de dar sustento al desarrollo de este país.

No podemos dejar de reconocer los matices históricos de la lucha pasada para que el petróleo, que como aquí dijo mi compañero Penchyna, nunca dejó de ser de los mexicanos, siempre ha sido y seguirá siendo de los mexicanos, y que realmente sirva para la palanca del desarrollo nacional.

Petróleos Mexicanos, ahora convertida en una empresa productiva del Estado, deberá de ser, a través de la transparencia, a través de la competitividad y de la productividad, esa empresa a nivel mundial que todos los mexicanos queremos y que todos los mexicanos necesitamos.

Allá, en las comunidades más apartadas de México, en las comunidades más aparatadas indígenas de este país están y seguirán esperando los beneficios de esta reforma, que poco a poco da avisos y muestras de que su implementación, sin duda, dejará huellas positivas al desarrollo de México.

Por eso, el día de hoy, representando al estado de Campeche, quiero decirles que debemos sentirnos tranquilos, debemos sentirnos satisfechos y debemos de sentirnos con toda la energía para seguir moviendo a esta industria, que hoy debe de ser el motor del desarrollo de este país.

Por eso, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionar Institucional, nos sumamos a la conmemoración de este 18 de marzo de 2015, para darle vigencia a la propiedad del petróleo de los mexicanos y también a la fortaleza de nuestra industria petrolera.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracia a usted, señor Senador.

Le pido que no se retire, si es tan amable, señor Senador Pozos Lanz.

En el apartado de iniciativas, tiene usted el uso de la palabra para presentar proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 115 constitucional.

Tiene usted el uso de la palabra, Senador Raúl Aarón Pozos Lanz.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Someto a la consideración de esta Honorable Soberanía esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de dar respaldo constitucional al esquema actual del cobro de los derechos generados por la prestación del servicio de alumbrado público, y esperamos que con esta modificación los municipios puedan celebrar convenios con la empresa que proporcione el servicio en su demarcación.

El servicio de alumbrado público es un deber de los municipios con sus ciudadanos, el cual conlleva un costo por el aprovechamiento de energía eléctrica, que por cierto, ha sido muy elevado.

Los municipios tienen contemplado en sus leyes de hacienda y de ingresos, una percepción a título de derecho por concepto de alumbrado público que es cobrado a través de convenios que tienen los municipios con la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que se incluye directamente en los avisos recibo luz de las personas física o morales el precitado derecho municipal y empresa productiva del Estado efectúa las liquidaciones de lo recaudado a los municipios.

Destaco en la iniciativa diversas jurisprudencias en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional el referido cobro, al considerarlo violatorio del artículo 73, en su fracción XXIX, numeral 5, inciso a) de nuestra Constitución.

Se han realizado múltiples acciones buscando resolver esta problemática, sobre todo en el caso de la prestación del servicio de alumbrado público, y se destacan diversas propuestas de reforma constitucional de algunos proyectos legislativos estatales, que a la fecha no han dado resultado para que se materialicen las soluciones.

La más viable de la reforma constitucional, esa es la más viable, y que de aprobarse resolvería de manera definitiva la problemática, pues le daría respaldo al esquema actual de cobro con base en el consumo de energía eléctrica y que garantiza la percepción de estos recursos municipales; facilita el pago de los derechos de alumbrado público al simplificarlo con el pago de energía eléctrica, y mantiene un esquema actual de administración de la contribución y legitima las contribuciones, que siguen siendo motivo de impugnaciones en toda la República.

De aprobarse esta reforma, se da certeza y se garantiza la percepción de tales recursos; se establece un límite a la tasa aplicable al cobro del derecho de alumbrado público, el cual no sea excesivamente gravoso para el ciudadano; se fortalece el federalismo, ya que permitirá a cada legislatura local atendiendo a las particularidades de cada territorio municipal al ingreso de sus habitantes y al tipo de alumbrado público que proporcione, y adecuar dichas tasas sin traspasar el precitado límite.

Y muy importante, eliminaríamos afectaciones a las haciendas públicas de todos los municipios, abonando a disminuir la problemática financiera de este orden de gobierno.

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un inciso d) a la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115.- …

I a la IV.- …

a) al c).- …

d) Los derechos por la prestación del servicio de alumbrado público para cuya determinación se podrá utilizar como base el consumo de energía eléctrica. La tasa de esos derechos en ningún caso podrá ser superior al 7 por ciento del importe del consumo particular de cada usuario.

V a la VIII.- …

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las legislaturas locales deberán adecuar sus leyes para contemplar la facultad de sus municipios para celebrar convenios de cobro con las empresas que presten el servicio de suministro de energía eléctrica en su territorio.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

Nos ha solicitado la Senadora Dolores Padierna intervenir en el tema del Aniversario de la Expropiación Petrolera.

Con todo gusto, la Mesa Directiva hace la gestión para que haga uso de la palabra, con todo gusto, mi distinguida Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Presidente, lo que pasa es que el orador que me antecedió en la palabra se saltó de Efemérides a Iniciativas, y todavía no acabábamos Efemérides, entonces suplico y agradezco la comprensión.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Perdón, perdón, Senadora.

No es necesario hacer la aclaración. Ya habíamos agotado el capítulo de, y se había consultado, y ya, incluso lo dije: “Si algún otro Senador o Senadora desea hacer uso de la palabra en relación a este tema, con todo gusto”.

Y ya estamos en el capítulo de iniciativas. Por tanto, no es necesario hacer la aclaración.

La propia Mesa Directiva acuerda que usted tenga el uso de la palabra, aún después del capítulo que ya habíamos agotado.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Muy bien, disculpe y agradezco doblemente la oportunidad.

Pedí la palabra porque los dos oradores que me antecedieron, sus discursos distan mucho de lo que están haciendo en la realidad.

A penas el 27 de febrero, en el Diario Oficial de la Federación se anunció la segunda convocatoria de los procesos de licitación de la Ronda Uno, de la llamada Reforma Energética.

Esta convocatoria es muy grave, es peor que la primera convocatoria de la Ronda Uno, porque tiene aspectos muy importantes que contravienen, incluso, la propia Reforma Energética que habían ustedes aprobado.

Se trata de que van a licitar 9 campos en 5 contratos para la extracción de hidrocarburos en aguas someras. Estos campos están situados a 81 kilómetros cuadrados, frente a Tabasco y Campeche, que es la cuenca del sureste más rica del país, es la más prolífera de México.

Las reservas totales estimadas son de 671 millones de barriles de petróleo crudo, equivalente, y se espera producir 124 mil barriles diarios. Se trata, fíjense bien, de reservas probadas certificadas, reservas 1P, donde los costos de producción son muy competitivos, muy bajos, donde el riesgo geológico ya no existe, porque ya se hizo toda la fase exploratoria y se cargó al Estado; y los campos se encuentran, fíjense que grave, los campos se encuentran en fase de desarrollo.

Y dice el Artículo Sexto Transitorio de la reforma constitucional, que cuando los campos se encuentran en fase de desarrollo, se le quedan a PEMEX; y están violando la Constitución, con esta segunda convocatoria de la Ronda Uno.

Los campos ya no necesitan exploración previa. En esta zona ya se hicieron todos los trabajos de exploración, con cargo a Pemex, y al ser campo de reserva 1P, se esperan ver barriles de petróleo, extraídos por particulares, en la presente administración. Son contratos de producción compartida y los términos de estos contratos se mantienen en la primera.

Pero quiero dedicarme, por el tiempo, a hacer varios comentarios a este asunto.

En primer lugar, una frase del titular de Energía, en el marco de esta segunda convocatoria a la Ronda Uno, simplifica y resume todo. Pedro Joaquín Coldwell dijo: “La Reforma Energética sigue avanzando, sigue siendo alentadora, aún en las condiciones actuales del mercado”.

Le llama reforma alentadora a que haya empresas que quieran invertir. Y cómo no van a querer invertir, con las condiciones tan benéficas para ellas, pero en detrimento del Estado.

¿Cómo puede un Secretario del gobierno decir que es alentadora, solo por el número de inversionistas que ya se acercaron? Y cómo no se van a acercar, con las condiciones tan fáciles, tan benéficas para ellos, que se les ponen.

Medir el resto de la Ronda Uno, por el número de inversionistas privados, y darles a ellos los campos más productivos, para que a la brevedad extraigan petróleo, con todas las facilidades, asegurándoles una ganancia extraordinaria en perjuicio de la ganancia del Estado, no puede describirse como un éxito. Querrán hacer un manejo mediático, PEMEX no produce, ha caído la producción, lo han dicho día tras otro, y de repente, los privados sí producen.

Ya ven cómo los privados son mejores que PEMEX, ya están sacando petróleo. Cómo no van a estar sacando petróleo, si les están dando los campos más productivos, si donde Pemex ya hizo toda la inversión de la fase exploratoria, si los costos de producción son menores a 20 dólares. Y aquí les están poniendo una ganancia de costos de 60 dólares más, una ganancia extraordinaria.

¿Qué tipo de campos y recursos ofrecen en la Ronda Uno?

Fíjense, en la Ronda Uno, primera convocatoria, ofrecieron 14 campos, también en aguas someras.

No se vale aplicar la Reforma Energética en aguas someras, porque la Reforma Energética se estableció para donde PEMEX no tuviera experiencia, ni capital humano, ni recursos financieros; pero en aguas someras PEMEX tiene 40 años produciendo, tiene experiencia, tiene capital humano y tiene recursos, tal los tiene que los están explorando en este momento.

Pero en la segunda convocatoria ofrecen nueve campos. Si bien desde agosto de 2014, la Secretaría de Energía ya había anunciado que se entregarían aguas someras a privados, jamás se dijo que se darían en las zonas más productivas del país, que es la cuenca del sureste, históricamente la más generosa en hidrocarburos de México.

Menos aún puede aceptarse, que campos en producción de PEMEX se le quiten a nuestra petrolera, para dárselos a particulares, violando el Sexto Transitorio de la Constitución y contraviniendo las propias declaraciones de Peña Nieto, que dijo: “Con este andamiaje legal, se podrán explorar yacimientos a los cuales hasta ahora no tenemos acceso”. Refiriéndose a aguas profundas o a yacimientos en lutitas.

La segunda convocatoria es alarmante, más que la primera, porque se ofrecen reservas probadas de petróleo. Es decir, que tiene alto nivel de certidumbre y después de la información que arrojan los trabajos de exploración cargados a PEMEX, el gobierno federal está entregando a privados lo que dijo que no entregaría: las reservas más valiosas de la industria. Donde, además, se les están subsidiando a las petroleras todos los costos de exploración que arrojan los datos geológicos, matemáticos, estadísticos y de más.

Además, por ello estos campos son muy atractivos para los inversionistas, porque se trata de reservas probadas. Pero en reservas probadas hay de dos tipos: reservas probadas ya desarrolladas, es decir, donde ya hay pozos, donde ya hay infraestructura y se tienen bajos costos de producción; hay reservas probadas no desarrolladas, es decir, donde falta instalar el pozo, la infraestructura, para que puedan darse los frutos con la inversión.

Y lo más grave es que se trata de contratos de producción compartida. En la industria internacional, en el mundo entero, se utilizan los contratos de producción compartida, cuando se requieren de grandes inversiones, ergo, en aguas profundas o en yacimientos de lutitas; tanto por la exploración como para la producción de los campos de hidrocarburos, o porque no se cuenta con la tecnología o porque no hay conocimiento suficiente de unos campos, que hay una incertidumbre de la inversión. Se usan los contratos de producción compartida porque la más importante razón es que el inversionista asume el riesgo de la inversión.

Pero en Ronda Uno no hay riesgo, porque son aguas someras y son campos en producción. Entonces, ¿por qué usar los contratos de producción compartida, que sólo se usan cuando hay riesgo, si aquí no hay riesgo?

Y segunda razón. El inversionista asume los altos costos de la exploración. En el caso de que no sea exitosa la exploración, el contratista asume todos los costos, sin tener derecho a ningún pago por parte del Estado.

Pero en estos campos ya está realizada y concluida toda la fase exploratoria, tienen datos con toda certidumbre y, por lo tanto, no hay ningún riesgo.

Los contratos de producción compartida se utilizan cuando el Estado no tiene capital humano, no tiene capital financiero, no tiene condiciones físicas para desarrollar determinados campos; pero en aguas someras, Pemex ha sido líder a lo largo de 40 años que ha estado produciendo estos campos.

Para concluir, yo diría incluir contratos de producción compartida, como mecanismo para producir en estos campos, es una sinrazón, es un sinsentido, ya que el Estado mexicano ya asumió todos los costos. Y los campos ofrecidos, son campos donde PEMEX está explorando petróleo.

Y lo más grave. Es un tema de recuperación de costos, adicional a todo lo que ya se les da; además, se les va a permitir recuperar los costos, gastos, inversiones, achicar lo que se llama utilidad a repartir; para que la utilidad a repartir, que se divide entre el contratista y el Estado, lo que le corresponda al contratista, para que pague un Impuesto Sobre la Renta muy menor al que por ejemplo pagaría PEMEX.

Ya habrá oportunidad, en otro momento, de hacer el comparativo de lo que le están cobrando a PEMEX, en este 2015, y lo que le están cobrando a los privados, en este 2015. Y verán que es una verdadera sinrazón lo que está haciendo el gobierno federal con nuestros hidrocarburos.

¿Así festejan la expropiación petrolera?

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Asociación Mexicana de Estudiantes de la Universidad en Harvard, invitados por el Senador Adán Augusto López Hernández, quienes asisten a este recinto, con la finalidad de conocer los trabajos del Senado de la República.

Sean ustedes bienvenidos.

(Aplausos)

Retomando, de nueva cuenta, el capítulo de iniciativas, se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y se reforman diversas disposiciones en la materia.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa es el cruel y plástico recordatorio de una práctica persistente en nuestro país. La violencia criminal desde el Estado, como mecanismo de control social, como venganza justiciera o política de pacificación, la impunidad en su forma más extrema, el Estado que agrede a sus ciudadanos y que impide el castigo a los responsables.

El viejo régimen alentó estas prácticas como atajo de eficacia o solución de estabilidad, basó su dominio en la violencia indiscriminada e irracional. Junto a la tortura, las desapariciones forzadas revelan el vacío de autoridad y la debilidad institucional que heredamos del pasado autoritario, son los pendientes más inmediatos de lento proceso de transición democrática y de construcción de un auténtico estado de derecho.

La recurrencia de las desapariciones en nuestro país es esencialmente un problema de capacidades y de grietas normativas que producen impunidad. Autoridades políticas y aparato de fuerzas coludidos con el crimen, como sucedió en Iguala, para ejecutar a rivales o controlar territorios.

Policías poco profesionales, sin preparación y sin resortes de responsabilidad toman la justicia por propia mano, desprecian la vida, son indiferentes frente a las contenciones que imponen los derechos humanos.

La necesidad de recurrir en seguridad pública al uso de la capacidades destinadas para amenazas o riesgos mayores ha provocado, ha abierto la puerta a dinámicas de coacción que no admiten justificación ética ni frente a situaciones verdaderamente excepcionales.

El arreglo federal es la coartada perfecta para la ineficacia en la prevención y castigo de las desapariciones forzadas. La dispersión normativa y la ausencia de nodos de cooperación y coordinación entre órdenes de gobierno explican, en buena medida, los altos índices de impunidad.

La rígida asignación originaria de competencias impide que los órdenes mayores puedan romper las coberturas que los agentes de autoridad se otorgan entre sí. La parte agresora se investiga a sí mismo y, al mismo tiempo, se juzga a sí mismo.

Los esfuerzos públicos se diluyen en la falta de una política criminal coherente y uniforme y de tramos claros y evaluables de responsabilidad, vivimos en el peor de los mundos. Autoridades que desaparecen a conveniencia para no buscar a los desaparecidos.

El 19 de noviembre de 2014, el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma constitucional para otorgar al Congreso de la Unión facultad para expedir una sola ley, una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Junto con otras iniciativas de Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, destacadamente las presentadas por la Senadora Angélica de la Peña y de su fundador, Zamora, en relación con la declaración de ausencia, hay un esfuerzo consistente a esta legislatura por tocar este tema, por encontrar soluciones de prevención y combate integral a un flagelo que no admite dilación alguna.

Esta es una iniciativa de ley general que recoge las mejores prácticas parlamentarias, las experiencias legislativas locales exitosas y también recomendaciones que han formulado organismos internacionales.

Trata de resolver un problema inicial de dispersión normativa. Sólo 22 entidades federativas han tipificado el delito de desaparición forzada de personas; 20 lo han hecho en sus códigos penales; 2 entidades federativas, Chiapas y Guerrero, han emitido leyes específicas para prevenir y castigar este ilícito.

Solamente una entidad federativa, Coahuila, ha expedido una normativa que aborda este problema desde un enfoque no exclusivamente penal.

Esta iniciativa atiende al fenómeno delincuencial de la desaparición forzada de personas de una manera integral, sin limitarse al ámbito penal. Establece una sola normativa aplicable para todo el país, pero sobre todo se encarga de fijar las responsabilidades restaurativas del Estado mexicano frente a los fenómenos de desaparición forzada de personas.

Y específicamente, establece los mecanismos para garantizar que una persona desaparecida siempre seguirá siendo buscada por el Estado mexicano.

En primer lugar, resuelve, a nuestro juicio, de manera correcta y técnica, el problema de la tipificación de este ilícito. La desaparición forzada de personas no es una modalidad de secuestro, no es una modalidad de privación de libertad, es un tipo penal específico que reconoce la participación como sujeto activo de agentes del Estado, pero también la posibilidad de la participación de particulares con el apoyo, la aquiescencia, la tolerancia de agentes del Estado, esa es la particularidad esencial de la desaparición forzada de personas, y eso es precisamente lo que nos obliga a un planteamiento que resuelva los círculos de impunidad, que ya hemos destacado.

La iniciativa, por supuesto, prevé penas mayores, más adecuadas para quienes realicen este delito, plantea la existencia de atenuantes penales para aquellos involucrados que colaboren en el esclarecimiento de una desaparición, establece expresamente para este delito que no se admite ningún eximente de obediencia debida a los involucrados, ni ninguna causal excluyente de responsabilidad por la situación motivante del hecho ilícito.

Contempla, a su vez, que la desaparición forzada de personas pueda ser cometida por servidores públicos directamente o por particulares que actúen con la aquiescencia de aquellos, pero también propone crear un tipo equiparado para aquellas desapariciones cometidas exclusivamente por particulares, las cuales son conocidas como desaparición involuntaria de personas.

También tipifica conductas de auxilio, complicidad o apoyo para la comisión de estos delitos. Con esto, todo el espectro delictivo queda jurídicamente cubierto.

La iniciativa establece obligaciones para los tres órdenes de gobierno en materia de prevención; establece la obligación de los tres órdenes de gobierno de incluir en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas la información de toda persona que se encuentre desaparecida forzadamente; asimismo, trata de resolver el problema de los riesgos que se generan a partir del contacto entre una persona que participa en una situación delictiva y una autoridad.

En ese sentido, crea el Registro Nacional de Personas Detenidas, por medio del cual se podrá conocer públicamente en tiempo real, por medio de consulta vía telefónica o electrónica, el estatus de una persona que hubiera sido aprehendida por alguna fuerza policiaca por cualquier delito, esto es una innovación a nuestro sistema de seguridad.

Actualmente en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública existe un registro administrativo de detenciones, pero su información es confidencial, reservada, y sólo puede tener acceso a ella la autoridad competente y eventualmente los probables responsables, únicamente para rectificar sus datos personales.

La iniciativa también crea el Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas, el cual concentrará las muestras biológicas de referencia y los perfiles genéticos que de ellas deriven, de las personas desaparecidas que han sido ubicadas y las de sus familiares, con lo cual se basará en la construcción del Sistema de Identificación de las Víctimas de Estos Delitos.

Por último, la iniciativa propone establecer derechos de las víctimas más amplios que los previstos en la Ley General de Víctimas, en lo particular asegurar el respeto al derecho a la verdad, a la memoria y a la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida.

La desaparición forzada de personas a manos de agentes del Estado, de particulares con la concurrencia de éste, es el mayor reto político de nuestra institucionalidad. No concluirá, sin lugar a dudas, con una reforma o una buena ley, aunque estas sean el principio impostergable.

Significa, en su conjunto, la reconstrucción del Estado, de sus métodos de actuación, del despliegue del monopolio de fuerza que ostenta. Es reinsertar el contrato social, su primerísima cláusula, la que prevé que el Estado existe sólo y con el único propósito de proteger a sus ciudadanos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador. Y muchas felicidades por esta iniciativa que presenta.

Están sumándose a la iniciativa diversos Senadores del Partido Acción Nacional. Que tome nota Servicios Parlamentarios, por favor. Si me permiten, también me sumo a la iniciativa.

Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Y la iniciativa del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz se reitera que se turnó a la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, Senador Presidente. Con su permiso, compañeras, compañeros Senadores:

En 1991 fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial por el que se creaba el Consejo Nacional de Vacunación, mejor conocido como CONAVA, como la instancia precisamente de coordinación y consulta en materia de salud pública, la cual, a lo largo de 24 años, ha sufrido también diversas transformaciones.

Así, pues, y después de tantos cambios administrativos y operativos, hoy el CONAVA es un organismo nacional cuyo principal trabajo es coordinar todas las actividades que se realizan en el país para prevenir, controlar, eliminar y evitar que se presenten enfermedades a través de la vacunación.

Mientras que el Programa de Vacunación Universal es un beneficio, como todos sabemos, dirigido a la población, cuyo objetivo es proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas.

Pero al día de hoy, compañeras y compañeros, como muchos quizá lo sepan, el Programa de Vacunación Universal contempla la aplicación gratuita de 12 vacunas.

Y si bien es cierto que en México contamos con un espectro, por lo tanto, amplio de vacunación en este sentido, también lo es que no contempla todas las vacunas sugeridas por los médicos, principalmente los pediatras, y me refiero de manera particular a la varicela y a la hepatitis A.

La hepatitis A y la varicela, compañeras y compañeros, son quizá dos de las enfermedades más comunes de la infancia, al menos en México, y se adquieren principalmente en la primera década de la vida.

Cabe señalar que un pequeño porcentaje de las niñas y niños infectados pueden tener complicaciones graves que incluso pueden provocar la muerte. Por lo que es ampliamente recomendable la aplicación de la vacuna para prevenir la enfermedad que esperar a ver si un menor contrae el padecimiento y más aún si éste se complica.

Dado lo anterior, los padres de familia se ven obligados a acudir con pediatras particulares a efecto de que sus hijos e hijas reciban estas vacunas, las cuales llegan a costar más de mil pesos cada una.

Y es en este sentido, compañeras y compañeros, y dado que como ustedes estarán de acuerdo conmigo, la salud constituye un pilar fundamental para el bienestar y desarrollo de las personas, cuando hablamos precisamente de salud pública, debemos hablar única y exclusivamente del bienestar de las y de los mexicanos.

Sin embargo, al no incluirse la vacuna de la hepatitis A y de la varicela en este esquema de vacunación básico, el acceso, reitero, el acceso a la salud queda hoy en día restringido únicamente a aquellas personas que puedan pagar por él, tornándose esta situación, desde mi punto de vista, violatorio al derecho de las personas que no cuentan con los recursos suficientes para ello.

Compañeras y compañeros: Dada la deteriorada economía nacional, considero pertinente poner a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa para que se amplíe, se incluya en el Programa de Vacunación Universal las vacunas contra la hepatitis A y la varicela.

Y para mayor revisión de esta iniciativa, he de rogarle al Senador Presidente que lo que aparece hoy en la Gaceta oficial, también pueda quedar inscrito de forma íntegra en el Diario de los Debates.

Gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Claro que sí, con todo gusto. Que se inscriba de manera textual en el Diario de los Debates, así se instruye. Esta iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 41 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Tiene usted el uso de la palabra, señora Senadora.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, señor Presidente.

A nombre de mis compañeras Anabel Acosta, Angélica Araujo, Margarita Flores, Rocío Pineda Gochi, Mayela María de Lourdes Quiroga, Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, sometemos a consideración de esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII del artículo 41 y adiciona la fracción XVI del artículo 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En la actualidad, uno de los principales problemas es la deficiente educación en valores o la ausencia o carencia de éstos, lo cual genera un ambiente de violencia y, en consecuencia, encontramos que existen familias en las cuales se presentan agresiones físicas, psicológicas, económicas, en donde se ejerce la violencia ya sea por parte de los padres o tutores que se encuentran a cargo de los menores, que con el tiempo imprimen en el individuo ciertos patrones de violencia y, en consecuencia, cuando crecen repiten los padrones aprendidos en la infancia, convirtiéndose en ciclos de violencia indeterminados.

Con base en ellos, estos indicadores que estamos impulsando, que desde la perspectiva de género en que se faculte a las autoridades para coordinar la labor de verificar y dar seguimiento a los programas de reducción y de reinserción social de los agresores, y de esta forma se fortalezca a la familia mediante la promoción de las relaciones equitativas, armónicas, solidarias entre hombres y mujeres, basados en la promoción de igualdad de derechos y oportunidades para niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, incluyendo a los agresores, con los que se desprende reunir un conjunto de medidas de equidad que permitan a corto plazo lograr de nueva cuenta la integración familiar y social, y a largo plazo compensar las desventajas que les impiden disfrutar por igual de los beneficios del desarrollo y tener un acceso igualitario a las decisiones públicas y privadas.

En este sentido, las promoventes impulsamos, para que, con esta base de fundamentos y a nivel de varios tratados internacionales que lo confirman, para poder apoyar a este tipo de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que a través del desarrollo de políticas públicas se verifique y se dé seguimiento a los programas reductivos integrales, especializados y gratuitos para los agresores, dando un seguimiento con el cual se conseguirá, como fin mediato, la protección de los sectores más vulnerables, que es la mujer, y no sólo que vivan en ciudades, sino también aquellas mujeres de la República Mexicana, en cualquier sector donde ellos se encuentren, no importando su ideología, su economía, su cultura o su nivel de educación, y que estas mismas políticas públicas sean contempladas no sólo a la mujer maltratada y sus consecuencias legales y las consecuencias de salud, sino también la afectación que se hace en forma directa o indirecta a los miembros de su familia.

Ahora bien, como en el marco a referirse de esta ley se dispone que las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios relativos a estos modelos de atención, de prevención y sanción que establezca también la Federación, deberán tomar en consideración, entre otros, brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor, así como incluir como parte de la sentencia la condena al agresor a participar en servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos.

De la misma forma dispone que es facultad y obligación de la federación coordinar la creación de programas de reeducación y reinserción social con perspectiva de género para agresores de mujeres, y que corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal impulsar programas reeducativos integrales de los agresores.

En ese tenor, si consideramos los aspectos antes mencionados, la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, propone establecer de manera específica y toda vez que corresponde a la Federación la facultad y obligación de coordinar la creación de Programas de reeducación y reinserción social con perspectiva de género para agresores de mujeres, el conceder facultades al Secretario de Gobierno para implementar mecanismos de supervisión y seguimiento a los Programas de reeducación y reinserción social con perspectiva de género para agresores de mujeres, por lo que se presenta la siguiente iniciativa de Decreto que reforma la fracción VIII del artículo 41 y adiciona la fracción XVI del artículo 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, relativo a verificar el seguimiento de los programas de reeducación y reinserción social, con perspectiva de género, como medida para la prevención de violencia contra las mujeres, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 41 fracción VIII, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

Capítulo III

De La Distribución De Competencias En Materia De Prevención, Atención, Sanción Y Erradicación De La Violencia Contra Las Mujeres.

Sección Primera. De la Federación

Artículo 41.- Son facultades y obligaciones de la Federación:

…

VIII. Coordinar la creación de Programas de reeducación y reinserción social con perspectiva de género para agresores de mujeres.

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción XVI al artículo 42 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

Sección Segunda. De la Secretaría de Gobernación

Artículo 42.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

…

XVI.-Verificar y dar seguimiento en los tres órdenes de gobierno, para que toda persona que ejerza, provoque o genere la violencia contra la mujer en el ámbito familiar, laboral, docente o en cualquier otro ámbito en que esta se desenvuelva, independientemente del o los procesos o procedimientos que se promuevan, participe en los Programas reeducativos integrales y reinserción social como medida para la prevención de la violencia contra las mujeres.

Transitorios

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Y agradeciéndoles a mis compañeras Senadoras el adherirse a esta iniciativa y poder generar consciencia, dentro de la comisión a la que le corresponda, de que podamos reeducar y en el momento de la reinserción social a aquellos agresores en contra de las mujeres.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 59 y 59-A de la Ley Aduanera, en materia de importación de autos usados.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Con un tema que ya lleva muchos años afectando a los importadores nacionales, personas físicas y comerciantes por los automóviles usados.

Esto me llevó a proponer un punto de Acuerdo, hace algunas semanas, y hoy a llevarlo a nivel de iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 59 y 59-A de la Ley Aduanera, en materia de importación de autos usados.

Esto fundado en que existe hoy un Decreto por parte del Ejecutivo Federal, que estará vigente hasta el 31 de diciembre del presente año, pero está fundado con bases a un Decreto original en 2011.

Esto me llevó a mí a ver el fenómeno del mercado negro que se ha generado con los automóviles usados en nuestro país, y particularmente en la región fronteriza norte.

Me tocó organizar un foro por parte de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, donde se pudo constatar de la importación irregular de cerca de 800,000 vehículos al año, produciendo esto cuando menos 400 millones de dólares que se manejan a manera de ganancias, entre comillas, de funcionarios amparados y comerciantes tolerados en una manera sumamente irregular.

Esto puede involucrar inclusive hasta los propios administradores de las aduanas.

El mecanismo ha sido precisamente el contenido del artículo 59, donde se exige el certificado de origen; documento que realmente ningún importador obtiene de las grandes productoras de automóviles como son la Ford, la Chevrolet, y cómo van a tener la relación con un importador particular.

En esta razón: Lo que de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio puede reconocerse el origen a través del marcado del vehículo, existe un número en el tablero de los vehículos, y éste se le conoce como NIV, el Número de Identificación Vehicular.

La propuesta de modificación es que este artículo 59, precisamente reconozca el Número de Identificación Vehicular como prueba de origen.

Así, de esta manera podremos incluso ya ver la solución definitiva a una multitud de amparos que provocaron parte de este mercado negro.

Por otro lado, hay fundamentos en el Tratado de Libre Comercio que autorizan a nuestro gobierno a que pueda hacer uso de estas maneras de identificación.

Así también, entonces debemos ver, por lo que refiere al valor de importación, que es el artículo 59-A, donde la Secretaría de Hacienda ha recurrido a establecer precios estimados, y lo que expreso en ello es otra vez, “precios estimados”, entre comillas, porque han gozado de toda opacidad, ha provocado que los vehículos se vayan hasta realmente el doble de precio del real, y pues provoca este mercado negro al que hago referencia.

Por lo mismo, entonces sugiero en la redacción final del artículo 59, un agregado en el párrafo segundo que diga: “…Para efectos de la importación definitiva de vehículos usados a la franja, región fronteriza e interior del país, el Número de Identificación Vehicular servirá como elemento de identificación sobre el origen del mismo...”. Y con eso damos fin al tema de requisitos extraordinarios, que prácticamente no se pueden cumplir y han dado origen a este mercado negro.

Y luego, lo que se refiere al artículo 59-A, donde sugiero se agregue la siguiente redacción:

“….Para efectos de la importación definitiva de vehículos usados a la franja, región fronteriza e interior del país que provengan de Estados Unidos de América o Canadá, la Secretaría establecerá lista de precios estimados para determinar la base gravable correspondiente, la cual se elaborará bajo los principios de legalidad y transparencia, ajustándose al mercado del país de origen, misma que deberá actualizarse cuando menos una vez al año

En caso de que el precio del vehículo sea inferior a lo establecido en la lista mencionada en el párrafo anterior, con el propósito de cotejar el precio pagado por el interesado y determinar la base gravable a cubrir, el vendedor previamente registrado ante la Secretaría deberá expedir electrónicamente la información relacionada con el vehículo adquirido...”.

Esto, con el propósito de cotejar el precio pagado por el interesado y determinar la base gravable a cubrir.

Es cuanto, compañeros.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

Para conocimiento de la Asamblea, el señor Senador Ernesto Ruffo Appel ha solicitado que esta iniciativa se turne a comisiones del Senado; le hacemos una consideración al Senador Ernesto Ruffo en el siguiente sentido.

El contenido de la iniciativa, al dar lectura a la misma, habla de dos temas que tienen que ver con la Cámara de Diputados, una de ellas son los precios estimados; y la segunda es la base gravable, tomando en consideración que se trata de un tema en donde la Cámara de los Diputados es quien tiene la facultad de iniciativa, nosotros estamos proponiendo que se envíe precisamente a la Cámara de Diputados para que cuando ya regrese dictaminada se pueda votar en ese sentido.

Esa es la razón por la que tenemos nosotros la determinación de que se envía a Cámara de Diputados, porque es la que tiene esa facultad.

Entonces, en consecuencia, se remite a Cámara de Diputados.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Tiene usted el uso de la palabra, Senadora.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Como sabemos, México fue alineado a las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, que en realidad implicaron un nuevo paradigma en la forma de enfrentar la cuestión social para los países de la Región Latinoamericana.

Dicho paradigma, se caracteriza por atribuir al mercado el papel fundamental en la generación y distribución de la riqueza, los ingresos y el bienestar. Así, las políticas sociales deben complementar este papel, haciéndole frente a los riesgos sociales de los más pobres o vulnerables y auspiciando la autoprotección de individuos y familias.

En América Latina, los programas de combate a la pobreza tienden a cumplir principalmente funciones de compensación social sin relación con políticas de empleo y de desarrollo.

Esto ha producido la hipótesis preocupante de que el funcionamiento de estos programas está más ligado a la evolución de las coyunturas políticas que a estrategias de desarrollo social y económico.

Como sabemos, México tiene una larga tradición de pobreza, de marginación y de desigualdad. Pero también, tiene una extensa historia de políticas improvisadas o impuestas, que carecen de una visión correcta sobre la forma de encarar los grandes desafíos que tenemos.

En los últimos sexenios, se ha dado un proceso de institucionalización de la política de desarrollo social, con avances innegables en materia de transparencia, de regulación y de evaluación; sin embargo, aún estamos lejos de contar con una política de combate a la pobreza que sea efectiva e imparcial, guiada por criterios científicos de equidad y de justicia.

La realidad es que para muchas instituciones de los tres órdenes de gobierno, sigue siendo una práctica recurrente la manipulación, la coacción, y el uso indebido de los programas sociales con fines electorales.

Para muchos, es rentable formar clientelas políticas, a partir de ellas mantener ciertas cuotas de poder, aunque para ello condenen a miles de personas a recibir verdaderas migajas, al olvido de siempre, porque son visitadas solamente en épocas electorales.

Mientras tanto, la pobreza se mantiene o crece, en el campo y en la ciudad, donde se acumulan historias de abandono, de frustración, de proyectos de vida cancelados.

Por ello, deben terminarse los actos que distorsionan la política social, porque atentan contra la desigualdad, contra la dignidad, contra los derechos humanos de los destinatarios de los programas sociales.

Debemos dar paso a una nueva etapa de políticas públicas, con auténtica visión de Estado.

La política de combate a la pobreza, para ser efectiva, debe estar vinculada a las políticas de empleo y a las estrategias de desarrollo.

Después de varias décadas ha quedado demostrado que no basta la modalidad de asistencia mínima para los pobres extremos. Es importante la entrega de apoyo a las familias que más lo requieren, pero ello no es suficiente para romper la transmisión generacional de la pobreza y tampoco es suficiente para acabar con las clientelas electorales.

Las políticas de transferencias monetarias condicionadas no eliminaron la visión asistencialista porque estas se conciben como dádivas, es decir, los destinatarios no son vistos como sujetos de derechos como debe de ser, con esto en la práctica se formó un nuevo tipo de clientelismo, que prescinde de las organizaciones y los líderes pero que hace depender a muchas familias de la discrecionalidad de los funcionarios públicos.

La creación de capacidades básicas individuales, objetivos centrales de los programas más emblemáticos del combate a la pobreza, no se ha traducido en la creación de oportunidades de empleo ni de mayores ingresos, por lo tanto, es imprescindible vincular los programas sociales con las políticas de empleo, y con una estrategia de desarrollo que beneficie a todos y no sólo a unos cuantos.

La acción del Estado, los objetivos sociales, no deben limitarse a posibilitar la sobrevivencia de millones de personas. México no puede conformarse con ser el país de los satisfactores mínimos, y de sólo unos cuantos con derechos plenos.

El Programa Prospera incorpora la inclusión laboral y productiva en dos de los ejes articuladores de su nuevo diseño, sin embargo en el fondo se trata de atender a las mismas personas con recursos focalizados, no con uno sino con varios programas que responden a una lógica donde el estado se desentiende porque son las familias las que deben hacerse cargo de su propio desarrollo y de la satisfacción de sus derechos.

El CONEVAL ha insistido en que el empleo debe ser uno de los ejes dentro de la política de desarrollo social del país, y eso no lo hemos visto, no lo hemos atendido.

Asimismo, el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, establece que la Política Nacional de Desarrollo Social debería incluir la vertiente de superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación. No obstante, esta disposición permaneció como letra muerta, hasta este sexenio, aunque los cambios de Prospera resultan insuficientes.

La presente iniciativa propone establecer, de manera obligatoria, que la SEDESOL, quien tiene a su cargo formular, conducir y evaluar la política de desarrollo social, garantice que dicha política se vincule de manera inexcusable con las políticas de empleo y desarrollo económico.

Cabe mencionar que por medio de esta reforma se eliminaría también como facultad de la Secretaría de Desarrollo Social, evaluar la política general de desarrollo social, porque actualmente, de acuerdo al artículo 102 constitucional, en su Apartado C, esta atribución corresponde al CONEVAL.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Recibimos en la Mesa Directiva la iniciativa de la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 30 constitucional, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Asimismo, recibimos la iniciativa de la Senadora Mónica Arriola Gordillo, que contiene proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos al Código Penal Federal, en materia de violación a la privacidad y correcto desarrollo psicosexual de las personas, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Solicito ahora a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes para primera lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Tenemos para primera lectura los siguientes dictámenes.

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, adoptado en Ginebra el 26 de junio de 1973.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 112, 185, 186 y 308 de la Ley General de Salud.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y II y se adiciona una fracción III y un párrafo final al artículo 41 Bis; y se adicionan los artículos 45 Bis y 122 Bis a la Ley General de Salud.

Y de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 2 abril de cada año, “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy y con fundamento en los artículos 195 y 196 del Reglamento, quedan de primera lectura.

Tenemos ahora la discusión de tres dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar proyectos de Decreto.

Esos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy.

En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos que refieren los dictámenes negativos.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura.

Están a discusión los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto que modificaba el artículo 56 de la Ley General de Asistencia Social y los artículos 7, 11 y 13 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 225 de la Ley General de Salud.

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, el que contiene punto de Acuerdo por el que da conclusión al proyecto de Decreto que reformaba la fracción VII del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, están a discusión. Por no haber quién haga uso de la tribuna, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Regional, con punto de Acuerdo en torno al Fondo de Apoyo de la Infraestructura y Productividad para el estado de Guerrero.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva.

La Secretaria Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura al dictamen.

“Único.-El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero a coordinar las acciones pertinentes que permitan a un mayor número de municipios con alta y muy alta marginación que forman parte de las regiones de Tierra Caliente y Norte del Estado de Guerrero, acceder al Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP), establecido en el Plan para el Desarrollo del Sur anunciado por el Gobierno de la República y a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.”

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión. Por no haber interés en el tema de los participantes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo mencionado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, que contiene puntos de Acuerdo.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a los resolutivos de cada uno de ellos.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura al primer dictamen.

“Primero. El Senado de la República se congratula por la realización de la Segunda Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, efectuada los días 13 y 14 de febrero en Nuevo Vallarta, Nayarit, México.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a dar continuidad al trabajo realizado en la Segunda Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares y seguir haciendo de México un líder internacional en la búsqueda incesante de la paz y la seguridad mundial, mediante el desarme nuclear, buscando un instrumento jurídico internacional vinculante en la materia. “

Doy lectura al segundo dictamen.

“Único. El Senado de la República externa su reconocimiento y congratulación por la reelección de los Estados Unidos Mexicanos, como miembro del Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para el periodo 2015-2018”.

Doy lectura al tercer dictamen.

“Primero. El Senado de la República se une a la Conmemoración por el “Día Internacional para la Eliminación de las Armas Nucleares”.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a mantener como prioridad los temas de desarme nuclear y la proscripción de las armas nucleares.
Tercero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a dar seguimiento e impulsar la estrategia diplomática hacia la revisión integral del Tratado de No Proliferación Nuclear durante la Conferencia de 2015, convocada para tal efecto, así como a redoblar los esfuerzos concernientes a promover una pronta entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

Cuarto. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a dar seguimiento puntual de los acuerdos alcanzados durante la Segunda Conferencia Mundial sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, que tuvo lugar en Nayarit, México, los días 13 y 14 de febrero de 2014, y durante la Tercera Conferencia Mundial sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, realizada en Viena, a finales del 2014, para avanzar en el objetivo de construir un instrumento jurídicamente vinculante que proscriba, de manera definitiva, la posesión, el desarrollo, la proyección, la adquisición, el ensayo, el almacenamiento, la transferencia, el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares y se disponga su destrucción.”

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. En consecuencia, están a discusión.

Informo a la Asamblea que la Senadora Angélica de la Peña dejó el texto de su intervención, el cual se incluye íntegramente en el Diario de los Debates.

En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos anteriores. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de Acuerdo que exhorta a informar de qué manera ha participado el Estado mexicano en la coalición multilateral contra el Estado Islámico en Irak y Siria.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura al dictamen.

Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informe a esta Soberanía, de manera puntual y detallada, de qué manera ha participado el Estado mexicano en la coalición multilateral contra el Estado islámico en Irak y Siria, y qué acciones ha emprendido en torno a este tema.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar, con toda claridad, en qué consistirá la participación de México en las Misiones de Paz de la ONU, anunciada por el Titular del Ejecutivo Federal, durante la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tercero.- El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores; de Gobernación; de la Defensa Nacional y de Marina, a que presenten un informe detallado acerca de las probables consecuencias para México y sus ciudadanos por las declaraciones que el gobierno ha hecho respecto a las acciones del estado islámico en Irak y Siria, dadas las amenazas hechas por este grupo a los países aliados de Estados Unidos.”

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Senador Presidente.

De manera muy puntual, porque todavía tenemos una agenda muy intensa que desahogar el día de hoy, y estando de acuerdo en lo fundamental con el punto de Acuerdo, considero conveniente que se haga un añadido al mismo, en donde se le requiera al Ejecutivo Federal explique:

¿Cuál es el fundamento jurídico, a partir del cual decidió, de manera unilateral, participar en este tipo de misiones para el mantenimiento de la paz en la Organización de las Naciones Unidas, sin haber consultado y solicitado la autorización del Senado Mexicano?

Esa es una de las facultades exclusivas de este órgano de representación popular. Y en todos aquellos que impliquen, no solamente la participación del gobierno mexicano y sus instituciones en distintas instituciones o instancias de carácter internacional, requiere de la consulta y la aprobación del Senado de la República, porque esta participación en misiones para el mantenimiento de paz de Naciones Unidas, implica un replanteamiento, no solamente en la política y de los principios tradicionales de la política exterior en nuestro país, sino en la propia norma constitucional vigente.

A nuestro juicio, no tiene atribuciones para intervenir en estas misiones hoy el gobierno federal, si no es autorizado por el Congreso.

Por eso solicitaría se agregara a este punto de Acuerdo que motive y fundamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿cuál fue el fundamento jurídico para que representantes del Ejército Mexicano, de la Marina de México, participen en estos eventos?

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Encinas.

Sólo le pido nos lo deje por escrito para poder procesar su propuesta. Gracias.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Senador Bartlett, después usted, en turno.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Buenas tardes.

Bueno, en el mismo sentido, compartiendo la preocupación del Senador Encinas, nos parece que hay una violación al artículo constitucional que tiene inscrito la facultad del Senado de la República para autorizar este tipo de decisiones que está tomando el Ejecutivo respecto de que México participe en las operaciones de mantenimiento de la paz y, por supuesto, a partir de las declaraciones que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho, dando prácticamente como simple información de lo que ya se tomó por parte del Ejecutivo Federal, responsable del Estado mexicano.

Nos parece que los puntos que plantea este acuerdo, sobre todo el caso del segundo, que tiene que ver con el exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe con toda claridad, ¿en qué consistirá la participación de México en estas Misiones de Paz de Naciones Unidas, que ya fue anunciada por el Ejecutivo Federal, en la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas? Pues es prácticamente una necesidad que no podemos postergar.

Me parece que las formas en la diplomacia tienen que preservarse con toda puntualidad, las formas constitucionales ni se diga. Y en este caso, el Ejecutivo Federal lo que debió haber hecho antes de hacer este anuncio es, primero, enviar al Senado de la República la propuesta, su decisión de tomar medidas para poder formar parte de estas brigadas.

Quiero recordar, simplemente, que hace ya algunos años, en la época en que gobernaba Vicente Fox, y que prácticamente se trató de un asunto similar, se convirtió en un verdadero problema para el país.

Una reacción, incluso, por parte también del partido que hoy gobierna el país, donde reclamó que no se hubiesen cuidado las formas y haber enviado, primero, la decisión, la solicitud del Ejecutivo para que México pudiera, para que el Senado de la República, como lo plantea la Constitución, ponderada la pertinencia o no de participar en estas brigadas, estas brigadas de paz, estas misiones de paz de la Organización de Naciones Unidas.

Por lo tanto, nos parece que, si bien están bien esos 3 puntos de este acuerdo, yo creo que sí es necesario llamar la atención respecto de la violación a la constitución, que se hace al no seguir el procedimiento adecuado de, primero, enviar al Senado de la República la solicitud para que sea este Poder Legislativo el que discuta, como tiene que ser, y como pasa en cualquier país del mundo democrático donde las comisiones del Senado de la República discuten, desde todos los espacios, convocan a todos los expertos, valoran, hacen todo lo que debe caracterizar a una comisión que es vigilante de que se cumpla la constitución, cuanto más en un asunto que tiene que ver con la participación de México en asuntos internacionales.

Aunque sean legítimamente ponderados, no debemos dejar de observar que detrás de las propias misiones de paz, también puede estar la posibilidad de que puedan, estas misiones, ser utilizadas para injerencia en otros países del mundo.

Yo no desconfió, de ninguna manera, de Naciones Unidas, pero me parece que sí debemos puntualizar exactamente, ¿en qué sentido tendríamos que autorizarle al Presidente de la República el envío de estas misiones de paz? Y, ¿para qué cometido?

Porque no es lo mismo estar involucrándose en un asunto que tienen que ver, por ejemplo, con el Estado islámico; a, por ejemplo, poder ayudar en cuestiones humanitarias como Haití.

Es decir, yo creo que es necesario puntualizarlo, revisarlo y definirlo con toda puntualidad.

Es cuanto.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora de la Peña.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Adelante, Senador.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Yo sería un poco más específico que los compañeros del PRD que me han precedido.

El Presidente no tiene facultades para hacer lo que está haciendo, punto, y eso es lo que se debe de establecer en este Senado, porque si no, pues ya de por sí estamos perdiendo todas las facultades; ya las relaciones con Estados Unidos son acuerdos intersecretariales, el Senado ya no participa en acuerdos como el ASPAN, acuerdos de sometimiento total y absoluto, ya el Senado no participa.

Ahora, ya nos advirtió Peña Nieto, en una de sus intervenciones, y aquí lo dijo el Secretario de Relaciones Exteriores: “Que va a participar en las operaciones de paz, así le llaman, de los Cascos Azules”, ya nos advirtió, verdad, y no tiene ninguna autorización para hacerlo.

No pueden salir tropas al extranjero, en ninguna misión, si no está aprobado por el Senado de la República, esta es la división de poderes, este es el equilibrio que se establece entre el Ejecutivo, que puede sentirse alocado en tareas internacionales, pero aquí es en donde se le debe de poner un freno. Ese es el equilibrio de poderes.

Y si el Senado no asume su responsabilidad en estos casos, como la viene cediendo en todos los demás, pues ya para qué tenemos Senado.

Así es que, ya lo advirtió el Presidente; ya lo dijo, quiero participar, y no puede si no tiene la autorización del Senado de la República.

No puede venirnos a decir mañana, que lo hizo conforme a una interpretación de él o de su metiche y famoso consejero jurídico, que anda por aquí todo el tiempo, que sí se puede. No se puede. No tiene facultades el Presidente de la República y si lo hace, comete un gran desacato a la Constitución de la República.

Miren ustedes. Por ejemplo, su vinculación con los intereses de Estados Unidos es tan grande, que ya ni siquiera decide por sí mismo nada.

Y ahí va Osorio Chong, el Secretario de Gobernación, pero además de la policía, es el primer policía de este país. Ahí va a Estados Unidos a comprometer a México, a comprometer a México en la lucha con el Estado islámico, ésta cosa que ha aparecido por ahí.

¿Quién le autorizó a Osorio Chong para ir a comprometer a los mexicanos, verdad, en una lucha contra el Estado islámico? La solidaridad en la lucha, ¿quién le autorizó?

¿Cuándo hemos discutido qué es eso?

¿Cuándo hemos analizado qué es el Estado Islámico?

¿Cuándo hemos analizado si nos conviene como país soberano irnos a meter en ese relajo? Que es una lucha de poderes, en los cuales están comprometidos Europa y Estados Unidos, contra otros poderes.

Es la lucha por mantener el control del Medio Oriente. ¿Qué tenemos nosotros que hacer en eso?

Osorio Chong está violando la Constitución, al ir a los Estados Unidos, sí, sí, México está aquí ya listo en la guerra contra el Estado islámico.

Es una violación constitucional, lisa y llanamente, una violación constitucional de Osorio Chong y de su jefe Peña Nieto.

Entonces, señoras Senadoras y Senadores, no lo permitan. Ya de por sí votan todo lo que él manda. Bueno, pues que mande una explicación y ya lo aprueban, y nos comprometen en la batalla contra el Estado islámico, que no sabemos ni qué es y que nunca se ha discutido aquí. Ni los intereses entre Irán y Siria, pienso que sí lo sabemos, pero no se ha discutido.

Vamos a recuperar al Senado de la República. No es posible este insulto y esta desfachatez del gobierno de Peña Nieto, de burlarse de la Constitución de la República.

Si no lo hacemos, serán ustedes responsables, como lo he dicho, una y otra vez. Estaremos al rato en una guerra contra el Estado islámico y no saben ustedes ni qué es eso.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, Senador Presidente.

Yo creo que aquí no debemos caer en un falso debate, sobre si nuestro país debe o no de participar en operaciones de mantenimiento de la paz.

El debate debe de centrarse en dos aspectos, a mí parecer.

El primero tiene que ver con el mandato claro, que exige cualquier operación de mantenimiento de la paz, por parte de tres entidades.

El primero. Debe de ser el mandato y la aprobación, obviamente, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El segundo. Es el consentimiento del Estado receptor.

Pero el tercero. Y así lo establece la propia Cancillería y la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, tiene que ver con el mandato del Estado emisor. Del Estado, no del gobierno.

¿Cómo sabemos si un Estado está de acuerdo o no en mandar tropas a una operación? Que efectivamente puede ser de mantenimiento de paz o puede ser sanitaria o puede ser ante un desastre natural.

El Estado lo conforman los tres poderes, también. Y en ese sentido, el artículo 76 de la Constitución es clarísimo, respecto a la autorización que tiene que haber por parte del Senado de la República.

Hace unos días, y aquí hay algunos Senadores que estuvieron en esa reunión. Estuvo la Senadora Laura Rojas, estuvo el Senador Fernando Yunes, el Senador Penchyna, tuvimos una reunión con integrantes y representantes, lo mismo la cancillería, que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Y nos explicaban cuál era la metodología que habían seguido, justamente, para establecer si se debería de ir o no a las operaciones de mantenimiento de paz.

Y nos decían ellos una cosa. Que México, si bien es uno de los países que más aporta financieramente para el sostenimiento de la Organización de las Naciones Unidas, no tiene un estatus de país que contribuya con tropas para las operaciones de mantenimiento de la paz. Y que por eso era tan importante, para los ojos de Naciones Unidas, que apareciéramos contribuyendo en operaciones de mantenimiento de paz.

La pregunta es, para ser reconocidos por fuera como que estamos mandando tropas, pues entonces tendrían que tener, si nos apegamos al 76 de la Constitución, la autorización del Senado de la República.

Y entonces empezamos una discusión, respecto de un tema, ¿qué es una tropa?

Porque puede decir que no son, como ha ocurrido en otras ocasiones, y que tampoco tuvo autorización del Senado de la República, otras operaciones en las que ha participado México, en particular El Salvador. Bueno, ¿si han sido tropas o no?

Porque ante los ojos de Naciones Unidas si queremos que nos sean contabilizados como aportación de tropas. Pero a los ojos del mandato constitucional de nuestro país, no.

Ahí está el problema. En que sean uno o dos integrantes del Ejército, funcionarios y sean solamente que vayan a trabajo de capacitación, es salida de tropa. Incluso se llegó a ironizar, que con dos, hay línea de mando y dos establecen tropa.

Entonces, lo que se está haciendo. Que si bien pudiéramos estar incluso de acuerdo, tiene que pasar por el Senado de la República.

Por otra razón. En su propia metodología. Que de manera muy amable nos hicieron llegar, establecen siete criterios para normar la participación de México en las OMP.

El valor estratégico para la relación bilateral.

El mandato claro y preciso del Consejo de Seguridad, etcétera.

La factibilidad logística.

Riesgo militar.

Riesgo sanitario.

Participación de otros contingentes iberoamericanos.

Y otro más, en la metodología de SEDENA, de SEMAR y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El séptimo criterio. Percepción positiva de la opinión pública.

¿Cómo miden la percepción positiva de la opinión pública, respecto a esta salida o esta participación de México en operaciones de mantenimiento de paz?

Bueno, el CIDE tiene una publicación sobre percepciones de la participación de México en ese tipo de operaciones. Y en el momento en que se establece que hay salida de tropa para el mantenimiento de la paz, la opinión pública, medida en estas encuestas del CIDE, disminuye de manera dramática.

Porque si se pregunta de la salida, como lo aprobamos aquí muchas veces, salida de contingentes para atender un desastre natural, como fue Katrina, por ejemplo, está bien y no requiere de aprobación del Senado; la salida de tropa sí.

Y otra más. ¿Cómo se genera una percepción, en la opinión pública, si no hay debate público?

¿O en qué momento hemos debatido, si la salida de México, aunque sea de solamente dos individuos a Haití, es positiva para nuestro país o no?

Probablemente incluso llegáramos a un consenso, de que es algo positivo participar en las operaciones de mantenimiento de paz; pero se tiene que dar este debate y se tiene que dar la aprobación.

No podemos nosotros interpretar el artículo 76 de la Constitución, de manera acomodaticia, y solamente si nos conviene para poder incrementar nuestra influencia en las Naciones Unidas; para hacer valer las enormes aportaciones que hace el Estado mexicano, pero, ante los ojos del mandato constitucional, decir que no está saliendo tropa y entonces no se requiere de la autorización del Senado.

Eso es simplemente una interpretación incorrecta de la ley.

Yo creo, en lo personal, que México tiene que tener una actividad mucho más activa, en este tipo de operaciones.

Pero eso me gustaría argumentarlo en un debate, en esta tribuna, en el momento en el que el Ejecutivo nos pida la autorización, para que esto ocurra.

Y no, que simplemente estemos, a través de una interpretación, empezando algo que puede ser muy virtuoso a largo plazo, incluso en el planteamiento del trazo largo del 2020, que están haciendo desde el Ejecutivo Federal, empezando mal.

No empecemos mal algo que puede tener una conclusión correcta y muy positiva. Y esto es empezar mal, y no señalarlo desde esta tribuna sería faltar al mandato de la Constitución.

Es cuanto, muchísimas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Zoé Robledo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de adición presentada por el Senador Alejandro Encinas, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura a la propuesta presentada por el Senador Alejandro Encinas.

“Solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores el fundamento jurídico a partir del cual decidió participar en las misiones de paz sin la consulta y autorización del Senado.”

Es todo, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: No se admite a discusión.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo, en los términos del dictamen.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse, en los términos del dictamen, el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos ahora la discusión de 11 dictámenes de la Comisión de Salud, que contienen puntos de acuerdo.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos de cada uno de ellos.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura al primer dictamen:

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a realizar las acciones necesarias a fin de actualizar la Norma Oficial Mexicana 034-SSA2-2010 para la prevención y control de los defectos del nacimiento, con el objeto de que se incluya nuevamente la detección de fibrosis quística mediante la realización de un estudio denominado Tamiz Metabólico Neonatal Ampliado.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como a sus homólogas en las entidades federativas a promover el establecimiento de centros de diagnóstico acreditados en hospitales pediátricos del sector salud.

Tercero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección en Salud, se incorpore a la fibrosis quística dentro de los padecimientos cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud.

Cuarto. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General a incluir en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos a la Tobramicina preparada para inhalar o Tobramicina para nebulizar, Azitromicina, complementos vitamínico y Alfa Dornasa, a fin de que las instituciones públicas de salud en México, estén en posibilidad de otorgar un tratamiento integral a los pacientes con fibrosis quística.

Quinto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, así como a sus homólogas en las entidades federativas a promover campañas de difusión sobre los síntomas y el procedimiento para el diagnóstico de la fibrosis quística entre el personal de salud desde el primer nivel de atención y entre la población general, a fin de detectar oportunamente este padecimiento.

Doy lectura a resolutivos del segundo dictamen:

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal para que se implemente el Programa de Prevención, Control y Tratamiento Oportuno de Enfermedades Cardiovasculares, con el propósito de disminuir el riesgo cardiovascular y prevenir el desarrollo de infartos al miocardio, infartos o hemorragias cerebrales, entre otros riesgos del corazón.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal para que se implemente la Semana Nacional del Corazón con el objetivo de intensificar acciones de prevención, control y tratamiento oportuno de enfermedades cardiovasculares.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se lleve a cabo una campaña de capacitación y entrenamiento en maniobras de reanimación cardiopulmonar, en lugares de trabajo tanto públicos como privados, y para la promoción de la instalación de desfibriladores.

Doy lectura a resolutivos del tercer dictamen:

Único. Se exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública para que en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y del Distrito Federal, incentiven campañas en las escuelas de educación primaria sobre salud bucal, para la prevención y protección contra la caries dental.

Doy lectura a resolutivos del cuarto dictamen:

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional de Vacunación y al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para que en el ámbito de sus atribuciones se refuercen las medidas de prevención y control ante el brote de sarampión registrado en el estado de California de los Estados Unidos de Norteamérica; particularmente, de vigilancia epidemiológica y diagnóstico, así como de vacunación y orientación a la población en puertos y aeropuertos nacionales.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que informe a esta Soberanía respecto a los avances en la implementación y ejecución de las Estrategias adoptadas por la Organización Mundial de la Salud, para cumplir con los objetivos y metas en la Erradicación Mundial del Sarampión, mismos que se plantearon para 2015-2020.

Doy lectura a resolutivos del quinto dictamen:

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con sus homólogas en las Entidades Federativas, se implementen las medidas necesarias para prevenir entre la población de adolescentes la práctica del “cutting”, así como advertir a padres de familia acerca de los riesgos de este tipo de prácticas y se refuercen además las acciones de apoyo y orientación psicológica dirigidas a este grupo poblacional.

Doy lectura a resolutivos del sexto dictamen:

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de las autoridades correspondientes, se emita una Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del Cáncer Gástrico.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las entidades federativas, coordine programas de promoción y prevención, fomento y regulación sanitaria, y servicios de salud para la prevención, diagnóstico oportuno y en su caso, erradicación del Cáncer Gástrico.

Doy lectura a resolutivos del séptimo dictamen:

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que rinda un informe a esta Soberanía, sobre las medidas implementadas para prevenir y combatir la fiebre chikungunya o virus del dolor.

Segundo. El Senado de la República convoca respetuosamente a las autoridades de salubridad de los estados fronterizos del sureste de nuestro país para que se tomen las debidas precauciones ante el posible surgimiento de nuevos brotes del “virus del dolor”, y las medidas concernientes a implementar una efectiva estrategia de comunicación con la población para que la sociedad tenga conocimiento de la enfermedad, sus vehículos de propagación, la manera de evitar o reducir riesgos, así como los signos de alerta a la salud, e igualmente para que se conozcan los medios de atención a la comunidad dentro del sistema nacional de salud.

Doy lectura a resolutivos del octavo dictamen.

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, así como al Sistema de Salud del Gobierno de Sonora, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, se instrumenten y refuercen las acciones en materia de prevención, detección y atención especializada para el tratamiento adecuado de las personas afectadas por la contaminación del Río Sonora.

Doy lectura a resolutivos del noveno dictamen.

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), se evalúen las condiciones para que se incluya la atención del Cáncer de Pulmón de Células no Pequeñas y su tratamiento, en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y su correlativo en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud, como enfermedad que genera gastos catastróficos.

Segundo. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en conjunto con las entidades federativas, se promuevan campañas de prevención de hábitos que deriven en Cáncer de Pulmón y difusión sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de dicho cáncer; así como promover entre el personal del sector salud la capacitación necesaria para un diagnóstico oportuno.

Doy lectura a resolutivos del décimo dictamen.

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a elaborar un informe sobre el uso del condón femenino en el que dé cuenta de los recursos destinados a tal método; los medios, alcance y resultados de las acciones para darlo a conocer; el nivel de eficacia, la aceptabilidad de este método; el análisis de ventajas y desventajas del mismo; la oferta y demanda; el número y porcentaje de usuarias que reporta el sector y los grupos prioritarios para su difusión.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a implementar las acciones necesarias para incrementar el uso del condón femenino como método para la prevención de embarazos no deseados y de contagio de infecciones de transmisión sexual.

Doy lectura a resolutivos del décimo primer dictamen.

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas implementen una Campaña Nacional de Esterilización masiva, permanente y gratuita de perros y gatos con o sin dueño, para que se concientice a la población de los daños a la salud que ocasiona la reproducción sin control de estas especies y su trato irresponsable.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud para que en coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas, implementen campañas continuas de difusión y concientización para el “Dueño Responsable” en la que se prevea que las personas antes de comprar, adopten un animal, de preferencia aquellos que se encuentran en los centros de control canino y les informen sobre los cuidados básicos que necesitan los animales para que conozcan la responsabilidad que implica.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006 sobre Prevención y control de enfermedades, especificaciones sanitarias para los centros de atención canina, para que únicamente queden como procedimientos quirúrgicos válidos de esterilización en hembras la ovarihisterectomía y en los machos la orquiectomía.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a los Gobiernos de las Entidades Federativas a que se generen programas de apoyo para albergues y Centros de Atención impulsados por la sociedad civil a favor de los perros y gatos.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Recuerden que estamos discutiendo once dictámenes en su conjunto. En consecuencia, están a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar el dictamen sobre fibrosis quística.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Estimadas Senadoras, estimados Senadores. Con su permiso, señor Presidente.

Acudo a esta tribuna a presentar, a nombre de la Comisión de Salud, un posicionamiento a favor del dictamen relacionado con el adecuado diagnóstico, tratamiento y atención de la fibrosis quística en México.

Y decirles que esta es una de las enfermedades genéticas más graves y frecuentes en niñas y niños que afecta principalmente los pulmones, el sistema digestivo y las glándulas del sudor, se trata de una enfermedad compleja e incurable hasta la fecha, inicia desde la concepción y los síntomas se presentan conforme aumenta la edad de quien la padece.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la frecuencia de fibrosis quística en México es de 1 por cada 8 mil 500 nacidos vivos, y se calcula que nuestro país, alrededor de 400 niñas y niños nacen cada año con este padecimiento.

Por tratarse de una enfermedad que no siempre presenta síntomas claros al nacer, el diagnóstico de la fibrosis quística suele ser tardío. En nuestro país se hace alrededor de los 2.6 años de edad, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística.

Adicionalmente, debemos mencionar que en gran parte de los casos las personas diagnosticadas con fibrosis quística suelen enfrentarse a una serie de dificultades para su adecuada atención médica, así como para acceder a los medicamentos necesarios.

Por ello este dictamen promueve una serie de acciones para que las niñas y niños afectados, con este padecimiento, tengan una mayor posibilidad de ser diagnosticados de forma oportuna. Esto mediante la inclusión del tamiz metabólico neonatal ampliado en la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control de los Defectos del Nacimiento.

Asimismo, con la finalidad de ampliar la cobertura médica para la atención de la fibrosis quística, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección en Salud para incorporar los padecimientos cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud.

Adicionalmente, este dictamen promueve una serie de medidas para la promoción de campañas de difusión sobre los síntomas y el procedimiento para el diagnóstico de la fibrosis quística, entre el personal de salud desde el primer nivel de atención y entre la población en general, a fin de detectar oportunamente este padecimiento, entre otras acciones.

En resumen, estimadas compañeras y compañeros, se trata de un cúmulo de acciones que darán a las niñas y niños, y a todas las personas que padecen esta enfermedad, no sólo una mayor esperanza de vida, sino una posibilidad de que esta se desarrolle con calidad.

Por todo ello, los invitamos a votar a favor este dictamen, conociendo el gran sentido de solidaridad de todas y todos ustedes con estos temas tan trascendentales para la población mexicana.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Flores Escalera.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen sobre enfermedades cardiovasculares.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

La Comisión de Salud, de la que soy integrante, esta mañana en esta sesión está presentando a su consideración 11 dictámenes de propuestas de puntos de Acuerdo que vienen a constituir un exhorto al Ejecutivo Federal, una serie de recomendaciones para que a través de la Secretaría de Salud y de otras dependencias del Ejecutivo Federal, se lleven a cabo mejores políticas públicas que vayan en lo que es la mejora de la salud de las mexicanas y de los mexicanos.

Voy a hablar en nombre de la comisión de uno de estos dictámenes en el tema de enfermedades cardiovasculares.

Las enfermedades cardiovasculares son lamentablemente la principal causa de muerte en el mundo, afectan por igual a ambos sexos, y más del 80 por ciento se producen en países de ingresos bajos y medios.

Se calcula que para el año 2030, lamentablemente, podrán morir cerca de 23.3 millones de personas por este tipo de enfermedades, es decir, por problemas de cardiopatías.

Una de las buenas noticias es que la mayoría de estas enfermedades cardiovasculares, entre las más importantes, cardiopatías y accidentes vasculares cerebrales pueden prevenirse hasta en un 80 por ciento si se actúa atacando los factores de riesgo, como son el consumo de tabaco, el alcohol, dietas malsanas, la obesidad, la inactividad física, la hipertensión arterial, la diabetes o el aumento de los lípidos.

Los ataques al corazón, como comúnmente se les llama, y los accidentes vasculares cerebrales suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones en el tránsito circulatorio arterial que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o hacia el cerebro.

La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan estos dos órganos.

Los accidentes vasculares cerebrales también pueden deberse a hemorragias por problemas in situ de los vasos cerebrales o por problemas de coagulopatías.

Podemos ver que las cifras son alarmantes, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), en el 2012 ocurrieron 35,252 casos de isquemia, y 35,252 de otros padecimientos como cardiopatías coronarias, reumáticas congénitas, cerebrovasculares, arteriopatías periféricas y trombosis venosas profundas y embolias pulmonares.

Por todo lo anterior es que se propone un punto de Acuerdo en este dictamen para precisamente exhortar que este Senado de la República exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud para implementar programas de prevención, control y tratamiento oportuno de las enfermedades cardiovasculares con el propósito de disminuir el riesgo cardiovascular y prevenir el desarrollo de infartos al miocardio, infartos o hemorragias cerebrales entre otros de estos riesgos.

Segundo. Que esta institución también exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud federal para implementar la Semana Nacional del Corazón con el objetivo de intensificar acciones de prevención, control y tratamiento oportuno de enfermedades cardiovasculares.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se lleve a cabo una campaña de capacitación y entrenamiento para formar técnicos y auxiliares expertos en lo que es las maniobras de reanimación cardiopulmonar en lugares de trabajo, tanto públicos como privados, y para el entrenamiento y la promoción en la instalación de desfibriladores.

Compañeras y compañeros: Les pido pues su voto de confianza para mejorar políticas públicas en prevención de la salud de todos los mexicanos.

Por su atención muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador López Brito.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Mayans Canabal, para presentar el dictamen sobre el sarampión.

El Senador Fernando Mayans Canabal: Pensé que los iba yo a ver en el velorio de PEMEX, pero veo que están aquí, y me da mucho gusto, un placer saludarlos; en fin, hablaremos de cosas mejores, como el sarampión.

Como ustedes saben, compañeras y compañeros Senadores, el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa cuyo virus se transmite en el aire y una persona infectada puede transmitirlo, en promedio, a 18 personas.

Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de una enfermedad sin tratamiento específico, la mayoría de los pacientes se recuperan en dos o tres semanas; sin embargo, puede causar complicaciones graves tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones de oído, neumonía, sobre todo en niños malnutridos, como la mayoría de nuestros niños, y pacientes inmunológicamente deprimidos.

De acuerdo a información de septiembre de 2010, de la Secretaría de Salud del gobierno federal, la última epidemia de sarampión en México fue en los 90`s, en la que se presentaron 68,782 casos, la transmisión autóctona del virus del sarampión fue eliminada del territorio mexicano en el 96, año en el que se registraron únicamente dos casos.

Sobre esta enfermedad, es importante referir que a partir de la resolución décimo sexta de la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada en el mes de septiembre del 94, en Washington, D.C., Estados Unidos de América, en que se adoptó la meta de eliminación del sarampión, se consideró que la incidencia de esta infección ha disminuido en más de 99 por ciento en las Américas, pero que también en que los casos de importación seguirá ocurriendo mientras que la erradicación no se lleve a cabo a nivel mundial.

La experiencia de varios países indica que cuando se logra la cobertura alta con vacunas contra el virus del sarampión, así como detección fiable y el seguimiento agresivo de los casos sospechosos se pueden limitar las consecuencias desde la importación del virus.

Por su parte la Organización Mundial de la Salud calcula que se evitaron 15.6 millones de muertes gracias a la aplicación de las vacunas entre 2000 y 2013; sin embargo, dicho organismo internacional también ha advertido a través de su departamento de inmunización que el poco progreso en la vacunación contra el sarampión ha propiciado que se hayan producido brotes de esta enfermedad, además de que los países necesitan dar prioridad urgente a los objetivos para su eliminación en virtud de que el propósito de lograr una reducción del 95 por ciento de los fallecimientos, es una de las seis metas del plan mundial de acción para la vacunación aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en el 2012.

Por otra parte, la detección temprana de estos casos, como la vigilancia epidemiológica es de gran utilidad para prevenir la transmisión endémica de este virus.

De esta manera, se ha reconocido que los sistemas de vigilancia nacionales constituyen la piedra angular en el mantenimiento de la interrupción de la transmisión de ese virus.

Dentro de las acciones que a nivel internacional se han emprendido contra el sarampión, destaca la iniciativa de lucha contra el sarampión del 2012, fruto de la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Cruz Roja Americana, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y la Fundación de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es alcanzar las metas de control de esta enfermedad, a través del Plan Estratégico Mundial contra el Sarampión y la Rubéola para el periodo 2012-2020, en el que se establece nuevos objetivos mundiales para el 2015 y 2020.

Para finales del 2015, reducir la mortalidad mundial por sarampión, como mínimo, en el 95 por ciento en comparación con los valores del 2000. Alcanzar los objetivos regionales de eliminación del virus.

Para finales del 2020, lograr la eliminación del sarampión y la rubéola al menos en cinco regiones de la OMS.

La estrategia se centra en cinco componentes básicos:

Alcanzar y mantener una elevada cobertura vacunal con dos dosis de vacuna que contengan antígeno de sarampión y la rubéola.

Llevar a cabo una vigilancia eficaz de ambas enfermedades y evaluar las medidas programáticas para garantizar los procesos y el impacto positivo de la actividad de la vacunación.

Desarrollar y mantener la preparación ante los brotes, la respuesta rápida cuando se produzcan y el tratamiento eficaz de los casos.

Mantener la comunicación y la dedicación para lograr la confianza de la población y su demanda de inmunización.

Llevar acabo las actividades de investigación y desarrollo necesarias para respaldar medidas costo-efectivas y mejorar la vacunación y los instrumentos de diagnóstico.

Compañeras y compañeros Senadores, frente al brote reciente de sarampión registrado en el mes de diciembre del 2014 en el estado de California de los Estados Unidos de Norteamérica, se hace oportuna la intervención de este Senado de la República para hacer un exhorto respetuoso a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional de Vacunación y al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para que en el ámbito de sus atribuciones se refuercen las medidas de prevención y control, particularmente de vigilancia epidemiológica y diagnóstico, así como de vacunación y orientación de la población en puertos y aeropuertos nacionales.

Asimismo, para que la Secretaría de Salud informe a esta Soberanía respecto a los avances en la implementación y ejecución de las estrategias adoptadas por la Organización Mundial de la Salud, para cumplir con los objetivos y metas en la erradicación mundial del sarampión, mismo que se planteó alcanzar en el 2015 y en el 2020.

Cabe decir, por último, que sobre las alertas que existen en la Unión Americana, el Departamento de Salud Pública de California ha anunciado, cito.

“En Estados Unidos no hay sarampión, pero la enfermedad sigue existiendo en Europa y en Asia, siempre está a un vuelo de distancia. Basta con un turista en un lugar abarrotado como un parque de atracciones, para diseminar la enfermedad si la población no está inmunizada de forma adecuada.”

Por lo anterior, quienes integramos la Comisión de Salud de este Senado de la República, pedimos respaldo a este dictamen, cuyo propósito es la protección de la salud pública.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Mayans.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Lucero Saldaña Pérez, para referirse al dictamen sobre el condón femenino.

La Senadora Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

Para quienes no lo sabían, sí existe un condón femenino, el tema que nos ocupa es un método anticonceptivo de más reciente adopción en nuestro país, y esto significa que podemos desconocer y podemos tener también dificultades en el acceso y mucho más en el uso.

Para comprender la importancia de este tema se requiere reconocer su vinculación con los temas ligados a la salud, a problemas asociados a la salud sexual, enfermedades transmisibles y las muertes.

La mitad de las mexicanas, en edad reproductiva, de 15 a 49 años, no usa métodos anticonceptivos, los jóvenes han reflejado en distintas encuestas que sólo el 38 por ciento utilizaron algún método en su primera relación sexual.

CONAPO nos da cifras del 2014, que uno de cada seis nacimientos en México se da en adolescentes de 15 y 19 años. El Fondo de Población de Naciones Unidas ha señalado que el embarazo en la adolescencia constituye una apuesta segura a perpetuar la pobreza y la desigualdad.

Es por ello que hemos considerado que la vida sexual de muchos jóvenes puede ser prevenida en sus riesgos y en su daño a la salud, sobre todo.

En lo que hace a las infecciones de transmisión sexual, datos de la Secretaría de Salud muestran que prácticamente en todas las infecciones las mujeres son las más afectadas, incluyendo el virus de papiloma humano en un 97 por ciento.

El uso del condón, como un preservativo, tanto masculino como femenino, es un método de prevención, pero sobre todo para contrarrestar las infecciones graves como el SIDA.

Sociedad civil y diversas investigaciones han detectado que no hay un abasto de este método, y es por ello que viendo una eficacia preventiva de embarazos no planeados, de infecciones de transmisión y del VIH, es que estamos consultando a la Secretaría de Salud información al respecto, sabiendo que la relación costo-beneficio tendrá un comparativo que nos costaría mucho más barato una acción preventiva, con relación al costo de atender más personas con VIH SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.

Difundir este método y su acceso tiene importancia como una alternativa a la prevención de embarazos en adolescentes, sobre todo, y hay que profundizar en una educación sexual y en políticas públicas de salud que prevengan, reduzcan los riesgos relativos a la salud, incluyendo las muertes.

Dado que va en sentido positivo, solicito a esta Asamblea su aprobación, también en el mismo sentido para que continuemos previniendo enfermedades graves, sobre todo entre la población joven.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Adolfo Romero Lainas, para referirse a todos los dictámenes.

El Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su permiso, señor Presidente, y el permiso de la Mesa.

Sin duda, todo lo que tenga que ver con el asunto de atención a la salud, de los seres humanos y especialmente de los mexicanos y mexicanas, es importante señalar que en cuanto compete a la enfermedad de fibrosis quística, que es una de las enfermedades genéticas más graves y frecuentes en niñas y niños, que afectan principalmente a un órgano principal, como lo es el pulmón, el sistema digestivo, y las glándulas sudoríparas.

Se trata de una enfermedad compleja e incurable, que hasta la fecha se puede iniciar desde la concepción y los síntomas de presentación conforme aumenta la edad, son más aparentes, por lo tanto la fibrosis quística es un padecimiento recurrente entre la población mexicana, que implica grandes retos para el sistema de salud, y además que impacta directamente a uno de los grupos vulnerables de este país.

Nuestras niñas y niños, pues solamente el 15 por ciento de ellos son diagnosticados con vida, el resto fallece antes de los cuatro años de edad, de acuerdo con información de la referida Asociación Mexicana.

Por otro lado, en un gran desafío que enfrentan los pacientes de fibrosis quísticas en nuestro país, es la poca cobertura médica para atender esta enfermedad en las instituciones públicas de salud, especialmente en el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, un factor determinante para que cobre cada vez más vida de forma temprana o las familias terminan por abandonar el tratamiento, en virtud de los altos costos que esto implica.

Según se informa de la Asociación Regiomontana de Fibrosis Quística, el tratamiento por paciente implica costos alrededor de 567 mil 605 pesos al año.

Es así que el diagnóstico oportuno es vital para que las personas que padezcan esta enfermedad, prologuen su esperanza de vida y mejoren la calidad de la misma, así como ampliar y garantizar el acceso de la población al tratamiento y los medicamentos adecuados.

No obstante, estoy consciente que dicha enfermedad, al no presentar síntomas claros y aún desde el nacimiento, el diagnóstico suele ser tardío.

Por esta razón, es necesario redoblar los esfuerzos para seguir diagnosticándolo y atendiéndolo a los mexicanos y mexicanas de manera adecuada.

Finalmente, debo de reconocer el gran esfuerzo del gobierno federal por atender otros padecimientos, también graves que aquejan a la población mexicana, y que por impulsar la reducción de la gran brecha de desigualdad que ha prevalecido, en materia de salud, en México.

Durante los últimos años, sabemos que la demanda es mucha y los recursos son menores.

Es así, que creo que el presente dictamen hace un esfuerzo por dirigir la cobertura de esta enfermedad, con el firme propósito de que el derecho humano a la salud sea una realidad para todas y todos los mexicanos.

Por lo tanto, mi voto será a favor del presente dictamen.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Romero Lainas.

La penúltima intervención corresponde a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para referirse al dictamen sobre el cáncer de pulmón.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senador Presidente.

Estimados Senadores: De acuerdo con el panorama internacional de la mortalidad por cáncer, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, en el 2012 se le atribuyeron aproximadamente 8.2 millones de muertes y 14 millones de casos nuevos.

Los cánceres más comunes en hombres fueron de pulmón, próstata, colon, recto, estómago e hígado; y en las mujeres fueron el cáncer de mama, colon, recto, pulmón, cervicouterino y estómago.

En ambos casos, el cáncer de pulmón representa un riesgo latente entre hombres y mujeres, por encontrarse entre los más comunes, ocupando el primero y tercer lugar de riesgo respectivamente.

En México, de acuerdo con cifras de 2012, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cáncer de pulmón tiene una de las tasas más elevadas, representando el 14.35 de muertes por cada 100 mil habitantes en ambos sexos; y 20.06 muertes en hombres y 8.98 muertes en mujeres por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica para la Detección, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Pulmonar de Células No Pequeñas, el cáncer pulmonar de células no pequeñas se ha incrementado en los últimos años, siendo cercano al 25 por ciento de nuevos casos a nivel mundial, no mejorando la sobrevida a 5 años, mayor al 10 por ciento.

El cáncer pulmonar es una enfermedad multifactorial, ya que coincide en varios estudios e investigaciones en el tabaquismo, representando el mayor factor de riesgo, señala su definición.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, de la Secretaría, tiene como objetivo, la ejecución de las tareas establecidas en la Ley General de Salud y su tarea principal consiste en instrumentar la política de protección social en salud y el plan estratégico de desarrollo de sistema.

Entre las tareas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se encuentran: la ejecución de las acciones de financiamiento, por lo que a ellos corresponde la evaluación y elaboración de las estrategias necesarias, que les permitan incluir otras enfermedades en el catálogo de coberturas del fondo de gastos catastróficos del Seguro Popular que, como su nombre lo indica, son enfermedades que representan una erogación de la economía familiar, canasta que puede representar la pérdida de su patrimonio.

Por ello, se solicita que dicha comisión evalúe la forma de incluir en dicho catálogo, el cáncer de pulmón.

Por lo anteriormente expuesto, vengo a solicitar a las señoras y señores Senadores, el apoyo para aprobar este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Tiene ahora la palabra la Senador Martha Palafox Gutiérrez, para referirse al dictamen sobre el paladar hendido.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Mi participación es para hablar a favor del dictamen y los temas que aquí ya se han referido.

Yo me refiero, concretamente, al tema de labio paladar hendido.

Dentro del Foro Permanente para la Salud, instalado en el estado de Tlaxcala sobre este tema, un grupo de médicos que encabeza el Director de la Clínica de Labio Paladar Hendido, el Doctor Blas Domínguez, así como un grupo señoras voluntarias que se dedican a realizar sus trabajos en forma gratuita, con el propósito de realizar dos veces al año operaciones en forma gratuita para los niños y las niñas que tienen este problema.

Las hendiduras faciales que involucran el labio y paladar hendido, es un padecimiento que presenta diversas manifestaciones clínicas, cuya incidencia varía, de acuerdo a la localización geográfica, grupos étnicos y estado socioeconómico.

En nuestro país, la incidencia es uno en cada 800 niños nacidos vivos.

La Norma Oficial Mexicana, NOM-034-SSA2-2010 para la prevención y control de los defectos del nacimiento, en sus numerales 3.28 y 7.2.3.3, se refiere al tema del paladar hendido, simplemente como un tema aislado.

En el Foro Permanente para la Salud de Tlaxcala, mi estado, se han realizado diversas reuniones con instituciones y médicos especialistas en la materia. Se manifestó la inquietud de que esa norma no señala con la amplitud necesaria la complejidad con la que debe ser considerado este padecimiento, por lo que motivó que se realizara un primer foro con la finalidad de poner en consideración de la Secretaría de Salud, así como de los Comités Nacionales Consultivos de Normalización un anteproyecto de Norma Oficial Mexicana para el tratamiento del paciente con labio y paladar hendido.

En este foro, participaron la Clínica del Labio y Paladar Hendido y Anomalías Cranoencefaciales A.C, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C.; la Clínica de Especialidades Odontológicas de los Servicios de Salud de Oaxaca; la Casa Azul, A.C. de Monterrey; la Clínica de Labio y Paladar Hendido; Hospital para el Niño Poblano; el Instituto Mexicano del Seguro Social; la Asociación de Padres de Labio y Paladar Hendido, México, D.F.; el voluntariado “Sonríe Conmigo”, Tlaxcala, que encabeza la señora Iris Villegas Díaz; la Clínica de Labio Paladar Hendido de Tlaxcala, A.C., así como diversos profesionistas especialistas en la materia de varios estados de la república.

Como conclusión de estos foros, se elaboró un documento que solicita, solicitamos fuera puesto en consideración de la Secretaría de Salud, para que una vez analizado y de ser posible se incorpore como una Norma Oficial Mexicana para el tratamiento de pacientes con Labio y Paladar Hendido, que sirva para el manejo adecuado y armónico, que redunde en una total rehabilitación funcional, estético y social de los pacientes que tienen este mal.

Esas fueron las razones, y yo quiero hacer un reconocimiento a la Comisión de Salud por haber tenido la generosidad de incorporar, dentro de los dictámenes que hoy se van a votar, este tema de Labio Paladar Hendido.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora.

Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva, el texto de la intervención de la Senadora Mónica Arriola al dictamen de la Comisión de Salud, sobre cáncer gástrico, el cual se incorporará al Diario de los Debates.

En virtud de haberse agotado la lista de participantes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban los acuerdos, Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los acuerdos. Comuníquense.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, Senador, ¿con qué motivo, Senador Blásquez?

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Señor Presidente, ¿si me permite 2 minutos para exponer una situación muy crítica que está ocurriendo en la entidad que represento?

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Adelante, por favor.

E El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Me refiero a San Quintín, una zona de despojo, una zona donde se encuentran alrededor de 70 mil personas, muchos de ellos jornaleros, y en esto quiero llamar la atención de mis compañeros Senadores de Oaxaca, de Chiapas, de Sinaloa, porque muchos de sus paisanos se encuentran involucrados en esta situación.

Estamos acusando información muy negativa de que hay disturbios sociales desde ayer en esta zona.

La carretera transpeninsular fue bloqueada ayer en sus 2 sentidos.

Tenemos unas 200 personas detenidas y uso de armas de fuego.

Estos grupos están volviendo a organizarse hoy, nos hablan de 10 a 12 mil personas.

Y quisiera, porque es del interés mío, como Senador de esa entidad, pedirle, de manera comedida, al Presidente de la República, al señor Secretario de Gobernación, y muy puntualmente al gobernador del estado de Baja California, que traten con mucho profesionalismo y delicadeza este tema, porque lastimar a personas que históricamente han sido lastimadas con un pago de jornal de 90 pesos al día, jornaleros que están pidiendo el “escándalo”, de que se les paguen horas extras, de que sean inscritos al Seguro Social y se les respeten sus incapacidades de maternidad y, por supuesto, de paternidad, creo que es el momento de que se tomen las cosas con seriedad.

Sí, ha habido actos vandálicos, y quiero precisar que estos no son obras de los jornaleros. Estamos hablando de 5 delegaciones del sur de Ensenada, entre ellas Camalú, San Quintín, El Rosario, que son zonas altamente deprimidas, donde no hay hospitales, donde no hay educación y donde no hay acceso a la seguridad social, mucho menos al desarrollo social, y por ello sí hay personas que se comportan de una manera inadecuada, desde el punto de vista social.

Le quiero agradecer esta oportunidad que me brinda, y quiero reiterar que no podemos seguir lastimando a personas que hemos lastimado ancestralmente. Hay que tratar con seriedad y con humanidad estos disturbios que se están enfrentando en el sur de Ensenada.

Es la cuenta, señor Presidente, y le agradezco.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador Ruffo.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Pues, siguiendo el comentario del Senador Blásquez, y para completar la información.

Tuve la oportunidad, este fin de semana, de enterarme de la posibilidad de estos acontecimientos, que ya son realidad.

Sin embargo, sí completar que los agricultores se encuentran trabajando con normalidad; que hay estabilidad en los campos agrícolas y que curiosamente se da la presencia de los ex diputados Noroña y Martínez Veloz, en estos preparativos de hechos. No me consta que hayan estado ellos presentes en los paros en las carreteras, pero sí el antecedente de que estos 2 individuos estuvieron atendiendo preparativos para estos asuntos.

Como se trata de personas que llegan allá a Baja California, de los estados de Guerrero, de Michoacán y de Chiapas, pues simplemente agregar esta información a lo comentando por el Senador Blásquez.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias. La Asamblea ha quedado enterada de sus inquietudes y de sus peticiones.

Pasamos a la discusión de 2 dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que contienen puntos de acuerdo.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos de cada uno.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a resolutivos del primer dictamen.

Primero.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente el Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a continuar realizando visitas de inspección a la empresa Clorobencenos, S.A de C.V., ubicada en el municipio de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, y en su caso, con la imposición de medidas técnicas correctivas de urgente aplicación, de restauración y las acciones para subsanar irregularidades, así como con las medidas de seguridad y las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, residuos peligrosos, emisión y transferencia de contaminantes, descargas de aguas residuales y demás materias de la normatividad ambiental aplicables, enviando a esta Soberanía a la brevedad posible, un informe detallado sobre resultados de dichas actividades.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a continuar el procedimiento para aplicar las medidas de seguridad y sanciones a la empresa Clorobencenos, S.A. de C.V., ubicada en el Municipio de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, por el incumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana y ocupacional, enviando a esta Soberanía, a la brevedad posible, un informe detallado sobre resultados de dichas actividades.

Doy lectura a resolutivos del segundo de los dictámenes:

Primero.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión formula un atento y respetuoso exhorto a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Comisión Nacional del Agua; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de Petróleos Mexicanos, para que en el ámbito de su competencia remitan a esta soberanía un informe detallado de las acciones que han llevado a cabo para remediar los daños ambientales, sociales y económicos que causó el derrame de hidrocarburo del oleoducto Madero-Cadereyta de la refinería del ingeniero Héctor Lara Sosa, ubicada en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, mismo que tuvo verificativo en el mes de agosto de 2014. El informe también deberá aplicar el estado de avance en el que se encuentra cada una de las acciones implementada al momento de dar respuesta al presente acuerdo.

Segundo.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, formula un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Procuraduría General de la República, para que no cesen los esfuerzos para identificar al o los responsables de los derrames de hidrocarburo en el oleoducto Madero-Cadereyta de la refinería Ing. Héctor Lara Sosa, ubicada en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, mismo que tuvo verificativo en el mes de agosto de 2014, y finque las responsabilidades correspondientes.

Tercero.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, formula un atento y respetuoso exhorto al titular de Petróleos Mexicanos, para que a través del sistema de controles, supervisión y adquisición de datos fortalezca las acciones de prevención de tomas clandestina en la red nacional de ductos.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. En consecuencia, está a discusión.

No habiendo participantes registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Pasamos a la discusión de siete dictámenes de la Comisión de Protección Civil, que contienen puntos de acuerdo.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a los resolutivos de cada uno de ellos.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al resolutivo del primer dictamen.

Primero.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, emita un informe a esta Honorable Cámara del número de escuelas públicas que tienen instalada la alerta sísmica.

Segundo.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, emita un informe a esta Honorable Cámara de la situación estructural que guardan las instalaciones de las escuelas públicas.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los 31 Gobiernos Estatales y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que implementen las políticas públicas necesarias para el fortalecimiento de la prevención de desastres ante los sismos.

Cuarto.- El Senado de la República, hace un reconocimiento a la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por el desarrollo del Sistema Extendido de Alarma Sísmica, para su aplicación en centros escolares, edificios públicos, hospitales y unidades habitacionales.

Doy lectura al segundo dictamen.

Único.- El Senado de la República solicita al gobierno del estado de Morelos, a través del Instituto Estatal de Protección Civil, envíe a esta Soberanía un informe sobre las acciones que se llevaron a cabo para salvaguardar a la población y sus bienes en esta temporada de ciclones tropicales 2014.

Doy lectura al tercer dictamen.

Primero.- EI Senado de la República extiende una felicitación al personal del Ejército,
Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México, expresando su reconocimiento a las tareas que llevan a cabo en todo el país durante la temporada de Temporada de Ciclones Tropicales 2014, por realizar la labor de auxilio a las comunidades que sufrieron los embates de los diferentes fenómenos meteorológicos durante el presente año.

Segundo.- En virtud de que la Secretaria de Gobernación, publicó la Declaratoria de
Emergencia Extraordinaria y la Declaratoria de Desastre Natural en el estado de Baja
California Sur, satisfaciendo el objeto de la proposición con punto de Acuerdo presentado por el Senador Isaías González Cuevas; la Comisión de Protección Civil concluye que han sido satisfechas y atendidas las motivaciones de la promovente, por lo que se considera cumplimentado.

Doy lectura al cuarto dictamen.

Primero.- Queda sin materia la Proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita al Poder Ejecutivo Federal emita la declaratoria de desastre a causa de los daños ocasionados en los municipios del Estado de Guerrero, por el sismo de 7.2 grados en escala de Richter registrado la mañana del viernes 18 de abril del 2014, así como, la solicitud a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en coordinación con el Gobierno del Estado de Guerrero y de los municipios, se incrementen los recursos destinados para brindar ayuda a las familias y comunidades afectadas por el sismo.

Segundo.- Archívese el Expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Doy lectura al quinto dictamen.

Primero.- Queda sin materia la proposición con punto de Acuerdo por la que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de Gobernación, a emitir la declaratoria de emergencia para liberar oportunamente los recursos solicitados del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para atender las afectaciones generadas por el huracán "Norbert" en el estado libre y soberano de Baja California Sur.

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Doy lectura al sexto dictamen.

Primero.- Queda sin materia la proposición con punto de Acuerdo por la que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que sean aplicados los recursos del Fondo de Desastres (FONDEN) para la atención de las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de las personas que resultaron afectadas por las lluvias e inundaciones en el Estado de Chiapas; asimismo, se exhorta respetuosamente a la Administración Pública Federal, y a la Administración Pública del Estado de Chiapas, para que a través de las instancias competentes establezcan mecanismos contingentes para reactivar la economía de los municipios afectados por las precipitaciones pluviales; en esa tesitura, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, para que de manera coordinada implementen las medidas y acciones necesarias, a fin de prevenir y combatir el virus del dengue, que se estima incremente por las condiciones climáticas de los últimos días.

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Doy lectura al séptimo dictamen.

Primero.- Queda sin materia la proposición con punto de Acuerdo, en relación con los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico “Trudy” en el estado de Guerrero.

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. En consecuencia, están a discusión.

Sonido en el escaño del Senador Bartlett, por favor.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo lo quería pedir hace rato, que verificara el quórum.

Perdón la sorpresa que le causa, pero es que, no hay quórum. A lo mejor ya empezaron a llegar de comer, ahí el trío fantástico que se fueron y desaparecieron, dejándonos en ascuas. Porque ya tenían la Ley de Transparencia y no llegan.

Pero no sé si haya quórum ahorita, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Bueno. En apreciación de esta Presidencia, tenemos el quórum, Senador Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Su apreciación es muy generosa, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, están a discusión. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo que exhorta a la Conapesca a informar sobre el permiso de pesca de fomento para la pesquería de la especie pajarito como carnada para la pesca deportiva en la región de Los Cabos, Baja California Sur.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a sus puntos resolutivos.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a resolutivos del dictamen.

Único.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que proporcione a esta Soberanía la siguiente información sobre el Permiso de Pesca de Fomento PFP/DGOPA-024/14, para la pesquería de pajarito (Hemiramphus sp. y Hyporhamphus sp.) como carnada para la pesca deportiva en la región de Los Cabos, Baja California Sur:

a) Información pormenorizada de las bases científicas y técnicas ambientales que tomó en consideración, analizó y ponderó para otorgar el permiso de pesca, a efecto de garantizar que la actividad derivada de éste no ponga en riesgo a otras especies de vida silvestre que habitan o migran a la zona.

b) Información pormenorizada sobre la cuota autorizada y el destino que ésta tendrá.

c) Información sobre el impacto social y económico que el ordenamiento de pesca de carnada viva tendrá en la región y cómo impactará al desarrollo de la pesca deportivo-recreativa.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. En consecuencia, está a discusión. Al no haber participantes inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión Para la Igualdad de Género, que contiene puntos de Acuerdo.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos de cada uno.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al resolutivo del primer dictamen:

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe de manera puntual a esta Soberanía, las medidas de carácter temporal que ha implementado para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres desde el año 2006 en el Servicio Exterior Mexicano.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que informe la estrategia que ha realizado el gobierno de la República para cumplir las recomendaciones realizadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a México del año 2006.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que establezca los mecanismos transparentes y en igualdad de condiciones para seleccionar a las personas con cargo de Ministro para ser propuestas a ser embajadoras y embajadores de carrera en el Servicio Exterior Mexicano.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe los mecanismos que se han adoptado para que Ministras y Ministros puedan integrarse como Embajadoras y Embajadores, particularmente en el seguimiento del servicio de carrera.

Quinto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que mencione cuál es la estrategia que siguen en la actual administración y seguirá del año 2014 al 2018 para impulsar la participación de las mujeres en igualdad de oportunidades en el personal de carrera del Servicio Exterior Mexicano.

Doy lectura a resolutivos del segundo dictamen:

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar un programa que incentive a las empresas para la contratación de jefas de familia.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía con el objeto de que en la implementación de programas y apoyos para el establecimiento de pequeñas empresas y negocios, se priorice a las jefas de familia.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a fin de que amplíe la oferta de estancias infantiles, y en la implementación de la “Cruzada contra el Hambre” se fortalezcan los apoyos para jefas de familia.

Cuarto. El Senado de la República exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con el propósito de que implemente una campaña para la no discriminación de las mujeres y hombres jefas y jefes de familia, enfatizando la corresponsabilidad que implica la crianza, el cuidado, la educación y la manutención de las hijas e hijos que tengan en común, independientemente de la persona en que recaiga la patria potestad, tutela y/o guarda y custodia, para fomentar la responsabilidad de todos los integrantes de la familia.

Quinto. El Senado de la República exhorta a todas las instituciones, a fin de que se reconozca a las jefas de familia como personas con derechos iguales pero con una carga adicional, debido a la doble jornada a la que están sujetas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. En consecuencia, están a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar los dictámenes.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: A nombre de la Comisión Para la Igualdad de Género, vengo a pedir el apoyo de su voto, de manera positiva, para dos dictámenes; los dos los consideramos muy importantes y necesarios para seguir caminando en este tema de la igualdad y no discriminación entre los géneros.

El primero de ellos tiene que ver con estos incentivos que estamos buscando para jefa de familia. El momento que vive el país es un momento difícil y estamos considerando que un programa de incentivos a las empresas que contraten a jefas de familia sería muy importante.

También le estamos pidiendo a la Secretaría de Economía que implemente programas y apoyos para el establecimiento de pequeñas empresas y negocios que prioricen la presencia y el impulso del emprendedurismo para jefas de familia.

De igual manera, estamos incluyendo a la Secretaría de Desarrollo Social para que en el tema de la “Cruzada contra el Hambre” se fortalezcan los apoyos para las jefas de familia. Todo esto tiene que ver con el alto porcentaje que tenemos de hogares jefaturados por mujeres, y que requerimos una atención integral para que puedan desempeñar, puedan atender de mejor manera su familia.

Por otro lado, estamos pidiendo también el apoyo para lo que tiene que ver con el Servicio Exterior Mexicano. Estamos pidiendo la información correspondiente, que han hecho con esta implementación para prevenir y eliminar la discriminación contra las mujeres desde el 2006 en el Servicio Exterior Mexicano.

Si bien es cierto, los datos que tenemos es que administrativamente la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene un alto número de mujeres que trabajan en esta Secretaría, pero cuando vemos ya la parte de la diplomacia encontramos un número reducido de mujeres que están desempeñando cargos importantes en el Servicio Exterior Mexicano.

Nosotros creemos que en la medida que eliminemos esta brecha de discriminación el avance será muy importante en estos ejes que hemos planteado, tanto para jefa de familia, como para una debida integración de mujeres, mayor número, mayor impulso de mujeres al Servicio Exterior Mexicano.

Por su apoyo, por su voto a favor de estos dos dictámenes, agradecemos anticipadamente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con un punto de Acuerdo.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a sus puntos resolutivos.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al punto resolutivo.

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que remita a esta Soberanía un informe detallado sobre los resultados del Programa Oportunidades que, en términos de impacto, arrojó en materia de eliminación de la pobreza, alimentación y exclusión social. Asimismo, que dicho informe de cuenta de las acciones que llevará a cabo como parte del Programa Prospera, para atacar de manera efectiva y disminuir la cantidad de personas que viven en condiciones de pobreza.

Es cuanto, Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias.

Para presentar el dictamen, se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy ponemos a su consideración el dictamen a dos propuestas que tienen como objetivo exhortar a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que informe sobre los resultados de la transición del Programa Oportunidades hacia Prospera.

Este dictamen parte de dos propuestas que convergen en la preocupación por analizar los cambios que propone el gobierno federal para impulsar la transformación del Programa Oportunidades en Prospera.

Tomamos como sustento distintos indicadores emitidos por el CONEVAL y por organismos internacionales para establecer la realidad social de nuestro país, además de contar con más de 53 millones de personas viviendo en situación de pobreza, ya que existe un alto número en situación de vulnerabilidad. Esto es, que podrían caer en pobreza ante una eventualidad y tienen un alto riesgo de incidencia en la misma.

Esta situación fue reconocida por la directora del Fondo Monetario Internacional, quien en el marco del Foro Internacional de Inclusión Financiera, celebrado el año pasado, mencionó que pese a los avances en materia de reformas a la pobreza en nuestro país, aún es elevada.

Quienes suscribimos el presente dictamen, coincidimos con las propuestas en el sentido de que el Programa Oportunidades, al ser evaluado por organismos internacionales e instituciones académicas, no ha mostrado el desempeño adecuado para la incidencia efectiva en el combate a la pobreza.

Esto ha sido evidenciado también por el CONEVAL, que demostró que el impacto del programa es reducido, comparado con la dinámica del crecimiento de la desigualdad y la pobreza.

Por ello, el presente dictamen atiende a las ideas de académicos que concluyen, que aunque el Programa Oportunidades ha tenido un impacto positivo en cuanto a más años de estudio y mejor salud, al mismo tiempo no ha contribuido significativamente a reducir las desnutrición, mejorar las habilidades cognitivas de los alumnos beneficiarios y a reducir la incidencia de pobreza por ingresos.

Por otra parte, el Programa ha tenido críticas en el sentido de que podría imponer cargas tradicionales a las mujeres y tienen serios programas de exclusión e inclusión de beneficiarios.

En este contexto, el Ejecutivo Federal anunció el cambio hacia Prospera y señaló que dicho giro busca subsanar las carencias de su predecesor Oportunidades y convertiría en la principal estrategia de combate a la pobreza.

En esta nueva estrategia se contemplan nuevos apoyos, por ejemplo, las becas para estudios universitarios y acceso al Sistema Nacional de Empleo, además se facilita el acceso a la educación financiera, al ahorro, a los seguros y al crédito.

Por lo anterior, puede concluirse que si bien el Programa Oportunidades tuvo aciertos importantes, también existe evidencia de carencias. Sin demérito a esos esfuerzos institucionales, es necesario reconocer que se tiene una deuda histórica con nuestra población que vive en condiciones de pobreza.

Bajo estos elementos en la Comisión de Desarrollo Social, resolvimos aprobar el presente exhorto considerando viable la necesidad de contar con una evaluación de impacto sobre los resultados que dejó el Programa Oportunidades.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora.

No hay más participantes inscritos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Vamos ahora a la discusión de un dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de Acuerdo.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a sus puntos resolutivos.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a los puntos resolutivos.

PRIMERO: El Senado de la República exhorta, respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a que en su carácter de autoridad administrativa y de aplicación en México de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 1975), solicite diplomáticamente a la Secretaría del CITES, que tome las medidas pertinentes para que la República Nacional de China y los Estados Unidos de América, como miembros de esta Convención, detengan la compra y tráfico ilegal del producto denominado "vejiga natatoria o buche" de la especie (Totoaba macdonaldi), especie en peligro de extinción y con veda indefinida en México.

SEGUNDO.- El Senado de Republica exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), realice las acciones conducentes de inspección y vigilancia con la finalidad de impedir el uso de redes totoaberas y el tráfico ilegal del producto de la totoaba.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar el dictamen, desde su escaño.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Y estamos pidiendo el apoyo para una propuesta que hicimos a propósito de especies amenazadas y que es el caso de la totoaba, el buque, que así se le nombra, es uno de los problemas más serios que tenemos de depredación y el llamado es a la República China para poder corregir uno de los problemas que tiene que ver con esta especie que se ha depredado, pero además de eso hay un tráfico ilegal de este producto, creo que tenemos que tener en consideración, porque es parte de la riqueza que tiene nuestro país en sus aguas.

Y pido el apoyo para votar favorablemente la propuesta que está a su consideración.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora.

No hay participantes inscritos. Por tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Vamos ahora a la discusión de cuatro dictámenes de la Comisión de Federalismo, que contienen puntos de Acuerdo.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos de cada uno.

La Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al primer Acuerdo.

Único.- El Pleno del Senado de la República recomienda respetuosamente al ciudadano gobernador del estado de Tlaxcala, atienda las disposiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias del Estado de Tlaxcala y en consecuencia emita a la brevedad el reglamento de dicho ordenamiento.

Doy lectura al segundo dictamen.

Primero. El Senado de la República recomienda respetuosamente al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala que en ejercicio de sus facultades evalúe el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior del Estado e informe de manera transparente los resultados de tales evaluaciones, así como de sus resoluciones.

Segundo. El Senado de la República recomienda respetuosamente al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, que envíe los programas operativos anuales, así como los informes bimestrales sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para que este poder cuente con la información necesaria para ejercer su facultad de evaluación sobre dicho órgano.

Doy lectura al tercer dictamen.

Primero. Se da por concluido el procedimiento legislativo del contenido de los resolutivos de la proposición con punto de Acuerdo en relación por la cual el Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que ejerza sus facultades de investigación y presente las denuncias penales correspondientes por la deuda de Michoacán de Ocampo, presentada el 22 de noviembre de 2012 por la Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. Archívese la proposición con punto de Acuerdo mencionada en el presente dictamen como formal y materialmente concluido.

Doy lectura al último de los acuerdos.

Primero. Se da por concluido el procedimiento legislativo del contenido del resolutivo de la proposición con punto de Acuerdo en relación por el cual el Senado de la República extiende una felicitación al Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y a la sociedad sudcaliforniana, por su 40 aniversario como estado integrante de la Federación, presentada el 9 de octubre de 2014 por el Senador Ricardo Barroso Agramont, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese la proposición con punto de Acuerdo mencionado en el presente dictamen como formal y materialmente concluido.

Es todo señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Están a discusión los Acuerdos.

Ha pedido el uso de la palabra el Senador Martín Orozco.

Adelante, Senador Orozco.

El Senador Martín Orozco Sandoval: Hago uso de la palabra para presentar, a nombre de la Comisión de Federalismo, el presente dictamen por el que se aprueba el punto de Acuerdo que tiene por objeto recomendar al Congreso del Estado de Tlaxcala que evalúe el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior de ese estado; así como recomendar al órgano de fiscalización que envíe la información necesaria para que el congreso local pueda ejercer las facultades de evaluaciones.

Desde la Comisión de Federalismo consideramos importante que los congresos locales sean instituciones fuertes y capaces para ejercer plenamente sus facultades de supervisión, porque con el fortalecimiento de las instituciones locales se fortalece también el sistema federal en conjunto y se fortalece el tema que en unos días o más tarde vamos a aprobar, que es el tema de transparencia.

Para poder elaborar este dictamen con fundamento en los reglamentos del Senado, la Comisión de Federalismo intercambió información con el Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, con quien nos informó que el Órgano de Fiscalización Superior de manera reiterada ha omitido presentar tanto el programa operativo anual como los informes bimestrales sobre la evaluación del trabajo de fiscalización ante todos los recursos que se ejercen en este estado de Tlaxcala.

Además, el Presidente de dicha Comisión solicitó de manera formal a la Junta de Coordinación y Concertación Política del Estado del Congreso Local que se diera inicio al procedimiento para evaluar el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala, pero hasta el momento su solicitud no ha sido atendida, y sigue ese estado en una opacidad increíble en el manejo de los recursos.

En el marco del respeto a la autonomía de los poderes públicos del estado de Tlaxcala, la Comisión de Federalismo consideró favorable recomendar al congreso local que ejerza plenamente sus facultades de evaluar el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior, así como de recomendar a dicho organismo técnico, de conformidad con el marco jurídico local envíe la información suficiente del congreso del estado para que éste pueda llevar a cabo la evaluación correspondiente.

Compañeras y compañeros Senadores: En virtud de que el contenido del dictamen se encuentra a disposición de la gaceta del Senado, esperamos contar con su apoyo para este punto de Acuerdo e insistir que el estado de Tlaxcala sea más transparente en el manejo de sus recursos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

En uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Quiero manifestar mi agradecimiento a los integrantes de la Comisión de Federalismo, por los términos en que se presenta el dictamen que se está poniendo a consideración.

La esencia de esta propuesta era exhortar al gobierno del estado de Tlaxcala para garantizar la promoción y respeto a los derechos humanos de migrantes en su paso por Tlaxcala con rumbo a Estados Unidos.

De esta manera, bajo el amparo de la ley estatal de protección a migrantes publicada en el 2011, se garantice la aplicación de acciones en materia de seguridad pública, salud y demás aspectos sociales.

Dicha ley contemplaba en su segundo transitorio, que el ejecutivo del estado debería emitir su reglamento dentro de los 90 días hábiles contados a partir del día siguiente que la entrada en vigor de la misma, situación que nunca se llevó a cabo.

Esto hacía difícil su aplicación, lo cual es por principio una desobediencia a la voluntad popular y, por tanto, es un retroceso a la vida democrática del estado.

Esta situación fue denunciada por diversas organizaciones como la Asamblea Popular de Familias Migrantes, misma que ha señalado que Tlaxcala supera a muchos otros estados del país en maltrato y desatención a migrantes mexicanos retornados y centroamericanos.

Además, de acuerdo con datos de la Dirección de Atención a Migrantes, y la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes desde que la Ley Estatal de Protección a Migrantes fue publicada, más de 20 tlaxcaltecas habrían fallecido por diversas causas en los Estados Unidos.

Miles de tlaxcaltecas regresan a México cada año con el sueño de iniciar su propio negocio; sin embargo, la falta de atención, asesoría y sobre todo de perspectiva de desarrollo comunitario local; por otra parte, la administración estatal genera que la mayoría de estos negocios sean inversiones perdidas.

La respuesta que hemos tenido por parte del ejecutivo estatal es que en el 2012 se emitió la Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias, ordenamiento que abroga al anterior, pero que tiene objetivos coincidentes puesto que sus disposiciones se orientan a proteger los derechos de los migrantes.

Si bien pudiéramos discutir varios puntos de la referida ley, el asunto de fondo es que continúa sin emitirse la ley reglamentaria a pesar de que el nuevo ordenamiento entró en vigor a finales del 2012, y ya se cumplió el plazo establecido en el mismo.

Por ello, doy la bienvenida a este dictamen, y desde esta tribuna continúo invitando al ejecutivo estatal a que atienda las disposiciones contenidas en el marco normativo estatal para que se respeten cabalmente los derechos de nuestros ciudadanos y de los migrantes de paso.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobados los Acuerdos. Comuníquese.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda; con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Les informo que este dictamen se publicó en la Gaceta desde el pasado miércoles 11 de marzo. Asimismo, se cumplió en su primera lectura el jueves 12, conforme lo disponen los artículos 193 y 195 del Reglamento.

Para su discusión este día, se encuentra publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación sobre este dictamen a los artículos 7, 11, 17, 20, 41, 43, 68, 70, 86, 91, 100, 149 y 156 del proyecto de Ley de Transparencia.

Asimismo, remite una propuesta de modificaciones en el apartado de consideraciones en las páginas 281 y 287. Las adecuaciones en la parte considerativa se incorporarán al texto del dictamen.

Las modificaciones a los artículos ya mencionados, la someteremos a su consideración. De resultar aceptadas, se incorporarán al articulado del proyecto para su discusión. El texto que remite las comisiones está a su disposición en el monitor de sus escaños.

En consecuencia, solicito a la Secretaría les dé lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura.

Artículo 7. El Derecho de Acceso a la Información o a la clasificación de la información se interpretará bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente ley.

Artículo 11. Toda la información pública, generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta ley, la ley federal y las correspondientes de las entidades federativas, así como demás normas aplicables.

Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.

Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en algunas de las excepciones contenidas en esta ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 41. El instituto, además de lo señalado en la ley federal y el siguiente artículo tendrá las siguientes atribuciones.

I. a IX. (…)

Nueva fracción. X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su actuación y presentarlo ante la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero y hacerlo público.

XI. Las demás que le confieran esta ley y otras disposiciones en la materia.

Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y en relación con estos deberá.

Artículo 70. …

XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales de requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente.

Artículo 86. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo, se realizarán a través de la verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de manera oficiosa por los organismos garantes al portal de Internet de los sujetos obligados o de la plataforma nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica.

Artículo 91. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos.

I. al IV. (…)

V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil únicamente para propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.

Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar.

…

…

…

…

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.

Artículo 149. El organismo garante al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad cuando exista una colisión de derechos. Para estos efectos se entenderá por:

I. Idoneidad. La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido.

II. Necesidad. La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público.

III. Proporcionalidad. El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.

Artículo 156. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitidos, se actualicen algunos de los siguientes supuestos.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren al texto del proyecto de ley.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones se integren al texto del proyecto de Ley. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones a los artículos 7, 11, 17, 20, 41, 43, 68, 70, 86, 91, 100, 149 y 156 del proyecto de Ley de Transparencia que fueron autorizadas por la Asamblea.

Informo a la Asamblea que tenemos otra propuesta de modificación que presentan la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y los Presidentes de las comisiones dictaminadoras sobre este dictamen al régimen transitorio del proyecto a discusión.

De la misma forma que la propuesta anterior, las modificaciones las someteremos a su consideración, y si resultan aceptadas, se incorporarán al articulado del proyecto para su discusión.

La propuesta de modificación está a su disposición en el monitor de sus escaños.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Modificaciones de incorporación de artículos transitorios al proyecto de dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Octavo.- Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos que establezcan los lineamientos referidos en la fracción IV del artículo 31 de la presente ley.

En tanto entren en vigor los lineamientos que se refieren en el párrafo siguiente, los sujetos obligados deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas de Internet la información conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las leyes de transparencia de las entidades federativas vigentes.

El Presidente del Consejo Nacional, en un periodo que no podrá exceder de un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual el Sistema Nacional aprueba los lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia a que se refieren los capítulos del I al V del Título Quinto de la presente ley.

Las nuevas obligaciones establecidas en los artículos 70 a 83 de la presente ley no contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes de transparencia de las entidades de federativas vigentes, serán aplicables sólo respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Décimo Tercero.- Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas en las que se refiere la presente ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto del 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asignan a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o en especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren al texto del proyecto de ley las modificaciones que ha dado usted lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones se integren al texto del proyecto de ley. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se autorizan, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones a los Artículos Octavo y Décimo Tercero Transitorios del proyecto.

Para presentar el dictamen, como Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, se concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales.

El Senador Pablo Escudero Morales: Con su permiso, señor Presidente.

Antes que nada, quisiera agradecer al PRI, al Partido Acción Nacional, al PRD, por supuesto a toda mi fracción, al Verde, y evidentemente también al PT, independientemente de la votación que emitan el día de hoy, a los Senadores, en específico, al Senador Alejandro Encinas, por tantas horas que ha dedicado de trabajo.

El otro día en comisiones, yo calculaba que habíamos invertido más de 200 horas y él me corregía la plana, me decía: “hemos invertido más de 300 horas en este trabajo”, sin duda Laura Rojas, a la Presidenta Cristina Díaz, a nuestra amiga, que ya no nos acompaña el día de hoy, Arely Gómez, que también invirtió mucho tiempo, a todas las ONG’s especialistas en el tema que estuvieron durante la construcción de esta iniciativa, a nuestros asesores, y a todos ustedes por este gran acuerdo parlamentario que es la Ley General de Transparencia, que hay que decirlo, ha sido avalada por los expertos en la materia y la han considerado como más que satisfactoria.

Eso dicen los expertos en la materia.

Sin duda, también hay que reconocer que es una ley perfectible como todas y que deberemos seguir trabajando en ella.

La construcción, la dictaminación, siempre se hizo pensando en seis bastiones: en el ciudadano, en la transparencia, en la rendición de cuentas, en el derecho, en la legalidad y en la racionalidad constitucional.

Ahí, ahí centramos el estudio, el análisis, el debate, la construcción de los acuerdos.

Una Ley General que no sólo distribuye competencias, que no sólo sienta bases para su regulación, no sólo es eso, es una ley, hay que decirlo, que empodera al ciudadano, para que pueda cuestionar, indagar, evaluar y vigilar a sus gobernantes.

Estamos convencidos que un factor determinante, para que la ciudadanía pueda recobrar la confianza en las instituciones es, sin duda, la transparencia.

La rendición de cuentas y la transparencia son elementos fundamentales para el combate a la corrupción, la transparencia es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida democrática, política y social de este país.

Es así como esta Ley General, que es de orden público y de observancia general para toda la República, contempla, como sujetos obligados, a los organismos autónomos, a los partidos políticos, a los fideicomisos, a los fondos públicos, a cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos, cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo constitucional autónomo incluyendo, sin duda, al Poder Legislativo y Judicial.

Que a nadie le quede duda que todas las obligaciones que asume el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de los Senadores, en dos vertientes, en todas aquellas que son de transparencia en lo común, más de 50, y todas aquellas que son en lo específico para el Poder Legislativo.
Los organismos garantes desarrollarán, administrarán e implementarán una Plataforma Nacional de Transparencia, que permita cumplir con los procedimientos, con las obligaciones, con las disposiciones de ley, atendiendo la accesibilidad de los usuarios.

La plataforma nacional de transparencia tendrá como mínimo cuatro sistemas: el sistema de solicitudes de acceso a la información, un sistema de gestión de impugnación, un sistema de portales para la transparencia y acceso a la información, y los sistemas de comunicación que habrán que tener, entre los órganos garantes, y los sujetos obligados.

El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para la estabilidad y seguridad de la plataforma, promoviendo, en todo momento, la homologación de procesos y, sin duda alguna, la simplicidad del uso de los sistemas por parte de los usuarios, así como nuevamente la accesibilidad de ésta.

No ha sido ajeno a estos trabajos el fortalecimiento en la cultura de transparencia. Los organismos garantes, junto con las instituciones educativas y culturales, tanto del sector público como del sector privado, impulsarán mediante mesas de trabajo, exposiciones, concursos de transparencia de acceso a la información, toda esta cultura que debemos de impulsar todos los días de transparencia y apertura gubernamental, para unos obligaciones y para otros invitaciones a participar.

Es desde ahí, desde la propuesta de las autoridades educativas, para incluir contenidos sobre la importancia social de la transparencia y del acceso a la información.

Es ahí, en los programas de estudio: preescolar, primaria, secundaria y normal.

Es desde ahí, desde las bibliotecas donde tendremos que instalar todos estos módulos de información pública que faciliten este derecho.

Durante la construcción de esta ley, de este Acuerdo Parlamentario, las discusiones, sin duda, fueron profundas, fueron a detalle. Ahí estábamos discutiendo, ¿si podía o no el IFAI sancionar?

¿Si la reforma constitucional que habíamos hecho le daba facultades para sancionar o sólo para emitir medidas de apremio?

Fue ahí donde decidimos hacer este sistema mixto, para que pudiera, por una parte, sancionar a los privados conforme a la Ley de Protección de Datos; y por otra, esperar a lo que estaba sucediendo en la Cámara de Diputados en esta gran reforma de combate a la corrupción, creando un tribunal especializado para poder sancionar a los servidores públicos.

Sin duda, otra de las grandes discusiones que tuvimos fue el tema de reservas. Tardamos mucho en ponernos de acuerdo en cómo había que definir a las reservas económicas, monetarias y financieras; fue con la ayuda de los especialistas, del Presidente de la Comisión de Hacienda, del Senador José Yunes, del Senador Ernesto Cordero, del Senador Armando Ríos Piter y también de nuestra amiga Dolores Padierna, que pudimos ponernos de acuerdo con estas redacciones.

También hay que reconocer, como siempre, un gran esfuerzo y atención por parte del Banco de México, de su director jurídico que siempre nos acompañó en estas discusiones y debates, y fue así como pudimos también obtener estas redacciones y este gran acuerdo.

Sin duda, el otro capítulo que causaba algunas dudas, era el respecto a la materia de energía. En este, también debo de agradecer al PRD, al Senador Encinas, a su coordinador, el Senador Barbosa, y a la Senadora Dolores Padierna, de su sensibilidad en este tema que nos permitió avanzar y dejar salvaguardadas sus legítimas preocupaciones.

Es así que pudimos ir superando cada una de las redacciones que teníamos pendiente; cada uno de los temas que considerábamos importante para cada uno de nuestros grupos parlamentarios.

Hoy, el día de hoy, estoy seguro que el Senado de la República confirma, una vez más, su compromiso en materia de transparencia y acceso a la información con este país.

Es cuanto.

Y muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Escudero.

Nuestra felicitación a su desempeño como Presidente de la Comisión Anticorrupción.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente del Senado. Amigas y amigos Senadores:

Hoy tenemos la oportunidad de concretar una ley de avanzada, una ley que sienta un precedente de la mayor trascendencia para el país, una ley que nos va a permitir, a ciudadanos y gobierno, sentar las bases para el ejercicio transparente y democrático del quehacer público y político.

En este ejercicio sin precedentes, ha sido fundamental la participación de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

Es una gran lista de académicos, especialistas y funcionarios que participaron en el desarrollo del proceso deliberativo de esta ley.

Desde hace varios, todos los partidos políticos, hemos impulsado propuestas para darle mayor contenido y cumplir con las demandas de la ciudadanía en materia de transparencia. Por ello, el resultado de hoy es el resultado del trabajo de un grupo plural.

Hoy, la transparencia es una demanda constante de los ciudadanos, y el trabajo de todos contribuye a que México entre a una era internacional de la transparencia. Entra con la madurez suficiente para que con este principio de transparencia se terminen excesos e irregularidades que tanto han dañado a la administración pública federal, estatal y municipal, y sobre todo, a los mexicanos.

Quiero reconocer, a nombre de los integrantes de la Comisión de Gobernación, este trabajo realizado por este grupo redactor de la legislación secundaria en materia de transparencia. Todos, desde el día 7 de octubre del año pasado, contribuyeron con la redacción de la legislación secundaria en materia de transparencia y acceso a la información pública.

El diálogo fue abierto, franco, de la sociedad y el Legislativo, y esto nos permite consolidar nuestra democracia.

La ley general que hoy discutimos, establece las bases, principios generales y procedimientos para el ejercicio de derecho de acceso a la información reconocido en la constitución.

Al aprobar esta ley, los mexicanos podrán interiorizarse en la vida de los sindicatos, porque reciben dinero público; de los partidos políticos; de nuestro Senado; de la Cámara de Diputados; de todos los organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral.

Sin duda, esta época de máxima transparencia que comienza en nuestro país, va a generar cambios en la forma de hacer política y la manera de rendir cuentas.

Hoy, con hechos, los Senadores vamos a demostrar nuestro compromiso con la transparencia, con el escrutinio público.

Los Senadores tenemos la convicción de que toda la administración pública va a dejar de ser una caja de sorpresas, cada vez que se observa por una pequeña rendija.

A partir de hoy, esa caja se va a abrir a todos los mexicanos. Se garantiza a los ciudadanos el acceso pleno a un ejercicio fundamental como es la transparencia, transparencia que consolida la democracia, y una sociedad informada toma mejores decisiones.

Un gobierno abierto y transparente, gestiona de mejor manera los recursos públicos y rinde cuenta de sus actos con pleno respeto a las libertades ciudadanas.

Desde esta tribuna reconozco el compromiso de todos los partidos políticos con la transparencia.

Seamos, toda la sociedad, aliados y observadores permanentes para que esta ley se aplique a cabalidad y se cumpla con el propósito por la que fue hecha.

Que la transparencia en México sea una realidad.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

La felicitamos por su desempeño como Presidenta de la Comisión de Gobernación.

En uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Adelante, Senador Encinas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Pues sinceramente yo no veía muy cerca la llegada de este día, porque lamentablemente, un proceso virtuoso que inició en el mes de septiembre del 2012, cuando diversos grupos parlamentarios presentamos unas iniciativas para hacer la reforma constitucional en materia de transparencia y derecho a la información, se veía a un paso de estar truncado.

Y la verdad es que hoy, vale la pena reconocer, estamos cerrando un ciclo legislativo sin precedente en la historia de nuestro país.

En primer lugar, porque la reforma constitucional tuvo la capacidad de integrar tres iniciativas en un solo dictamen, que fue aprobado por una inmensa y clara mayoría, y cuyo objetivo fundamental era el de establecer la plena certeza del derecho a la información de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos en nuestro país, y la obligación del Estado para garantizar plenamente el ejercicio de este derecho.

Tras la reforma constitucional, tomamos una decisión, para mí, muy importante. La de laborar una iniciativa plural, con el apoyo de distintas organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos, representantes de instituciones públicas. Buscando, en primer lugar, construir un consenso que permitiera fortalecer lo alcanzado en la reforma constitucional y mantener un nivel de entendimiento con la sociedad, para lograr una legislación secundaria de avanzada.

Por eso no hubo una iniciativa presentada por algún legislador o por algún grupo parlamentario en específico en el Senado, sino se decidió integrar un grupo redactor plural, con Senadoras y Senadores de distintos grupos parlamentarios, y con el auxilio y apoyo de distintos personalidades y organizaciones, dio como fruto una iniciativa, o mejor dicho, dos iniciativas, que ya fueron aquí presentadas, tanto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que estamos discutiendo, como la próxima que tendremos que dictaminar, que es la Ley Federal en Materia de Transparencia y Acceso a la Información.

Y fueron muchos días de trabajo. Ya lo señalaba el Senador Pablo Escudero, más de 300 horas de discusión en los equipos técnicos. Aunque yo digo, fue un proceso que ha durado dos años y medio.

Y debo reconocer, a nombre de los Presidentes de las comisiones dictaminadoras y los miembros del grupo redactor, las aportaciones de distintas organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo por la Transparencia, la Red por la Rendición de Cuentas, por México Infórmate, por Fundar, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Materia de Derechos Humanos; a distintas instituciones públicas, en particular al IFAI, con quienes hemos cometido una injusticia, en el dictamen, al no haber incorporado en la exposición de motivos, el hecho de que ellos nos presentaron una iniciativa, una propuesta de iniciativa, espero podamos enmendar ese error y reconocer esta aportación del IFAI.

Y a muchos especialistas, con el siempre riesgo de dejar alguien fuera, quiero reconocer los apoyos de Ana Ruelas, de Gabriel Morales, de Natalia Calero, de Renata Terrazas, de Manuel Cuanché, de Manuel Esparza, Guillermo Noriega, Lourdes Morales, Justin Dupoy, Alan García, Omar Gómez, que participaron en el grupo de la sociedad civil que acompañó en la elaboración de la iniciativa.

Debo reconocer, también, al equipo técnico plural, que son asesores, especialistas en el tema de distintos grupos parlamentarios, a Edith López, a Eduardo Sánchez, a Dante Preisser, a Jasquel Rivera, a Martín Fuentes, a Marlene Magallanes, a Pedro Plata y Aleida Tovar.

Así como el grupo técnico del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, conformado por Estefanía Hernández, Blanca Báez, Emilio Saldaña, David San Mamés, Sergio Arias, Enrique Duprés, David Fonseca y Oscar Padilla.

Y en particular, a los Presidentes y a quienes nos acompañó en el grupo redactor, el Senador Pablo Escudero, a la Senadora Cristina Díaz, a la Senadora con licencia Arely Gómez, que participó en estos dos años y fracción, a la Senadora Laura Rojas, por supuesto, en todas sus aportaciones; que hoy nos dan un resultado muy significativo, porque la tentación de regresión que enfrentamos en diciembre, afortunadamente se revirtió.

Y hoy tenemos un dictamen que presenta una Ley General de Acceso a la Información Pública, que es derivada de este trabajo colectivo, pero que fortalece el objetivo que nos planteamos con la reforma constitucional, de garantizar el derecho a los ciudadanos a acceder a la información pública, estableciendo con toda precisión, los principios, las bases generales y procedimientos que permitan garantizar el ejercicio de este derecho y así como las obligaciones a que toda autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial o cualquier ente público o privado, persona física o moral, que administre o reciba recursos públicos, hoy se convierte en sujetos obligados, de los cuales debe rendir cuentas, no sólo, hay que destacarlo, del manejo de recursos públicos, sino de los actos de autoridad, que en el ejercicio de las facultades ejerza.

Y para ello, la responsabilidad fundamental reside en el Estado, quien hoy debe ser el garante fundamental del acceso a la información.

Yo creo que hubo debates que tensaban en ocasiones la discusión. Como el pretender establecer restricciones para acceder a la información vinculada a violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, donde se pretendía establecer como condición para acceder a información la definición previa de una autoridad competente; hoy queda en los términos fundamentales que originalmente estaban en la ley federal, aunque estamos conscientes de que esto lo resolverá la Suprema Corte de Justicia, ya que hay una controversia en estos momentos presentada en ella.

Pero los aspectos en cuanto al fortalecimiento de autonomía de los órganos garantes, tanto federal como local, la armonización de las leyes federal y las locales para evitar no solamente la discrecionalidad en la aplicación de la ley, por parte de los congresos o los gobiernos de los estados, sino para establecer los estándares mínimos que garanticen el acceso a la información y establezcan, pues las bases mínimas que permitan homologar todos los procedimientos de acceso a la información pública.

Así se crea el Sistema Nacional de Transparencia. Se mandata promover una cultura de transparencia en el ejercicio de la Función Pública. Se promueve la rendición de cuentas, a través de establecimientos de manera progresiva de políticas públicas, con obligaciones claras en materia de transparencia para todos los sujetos obligados, que tienen responsabilidades claramente definidas, tanto las comunes como las particulares.

Estamos hablando de cerca de 43 obligaciones comunes a todos los sujetos obligados, con especificidades para el Poder Legislativo, para los partidos políticos, para los sindicatos, para lo que son todos los temas vinculados con los asuntos energéticos.

Y esto, evidentemente, va a traer cambios significativos, porque conoceremos, además, del manejo de los recursos y la instrumentación de las políticas y programas públicos, detalles muy puntuales de contratos y convenios celebrados por las dependencias públicas, sus estructuras orgánicas, el directorio del personal, su tabulador de salarios, el monto de las prestaciones y otros beneficios económicos que puedan tener; así como los mecanismos de licitación o adjudicación directa en todos los temas de adquisiciones u obras públicas.

En el caso de partidos políticos, debo destacar que a las responsabilidades que existen ya en la legislación electoral, en lo que se refiere a rendición de cuentas en tanto en el ejercicio de prerrogativas públicas en los procesos electorales, como en los mecanismos de selección, se establecen mayores responsabilidades a los partidos que van no solamente en cuanto al conocimiento del padrón de afiliados y militantes, las cuotas, los ingresos públicos y privados que perciban los partidos, sino conocer también sus contratos y convenios, su tabulador salarial, las aportaciones a las precampañas y campañas, o incluso conocer con detalle los procesos de selección y registro de sus candidatas y sus candidatos.

Ahora sí vamos a poder saber cómo fue posible que se registrara al señor Abarca como candidato, y posteriormente Presidente municipal en Iguala, como también ha sucedido con muchas otras autoridades postuladas por los partidos que hoy están vinculados con la delincuencia organizada.

Y en materia sindical, no solamente nos quedaremos en el ámbito de conocer el manejo de los recursos públicos que administran o reciban los sindicatos en dinero o en especie, ya sea por transferencias económicas, pago de prestaciones o hasta la donación de terrenos para construcción de viviendas o cualquier bien inmueble, sino también las que derivan de la reforma laboral para tener transparencia en los datos vinculados con el registro, la Toma de Nota, los estatutos, el padrón de afiliados, los contratos colectivos de trabajo, las actas de la Asamblea, que permita conocer los mecanismos de decisión de las distintas contrataciones, con lo cual habrá certeza, no solamente de la existencia real de sindicatos y de sus trabajadores afiliados, sino de cómo en este país se torga la Toma de Nota y registro a los sindicatos, pero con esto la enorme discrecionalidad que hoy ha llevado no solamente a frenar los sindicatos independientes, sino a la virtual desaparición de los sindicatos charros que han nacido ya sustituidos por los sindicatos de protección.

Y si no pregúntenle a la estatua de Fidel Velázquez, que hasta allá fue removida y guardada, como debía ser, al pasado.

Uno de los temas que quiero destacar es el vinculado con la transparencia en el sector energético, donde se busca garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y de más actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales, o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, de exploración y extracción de hidrocarburos a través de mecanismos que garantizan la difusión y la consulta pública, estableciendo las reglas claras para conocer los ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos que deriven de estos contratos.

Con esta nueva ley todos los fideicomisos públicos y privados serán sujetos obligados directos, y cuenten o no con la estructura administrativa el fideicomitente será responsable directo de entregar la información al respecto.

En materia de información clasificada, debe destacarse un debate que sostuvimos respecto a la prevalencia de la ley y la existencia de la prueba de daño, la cual tendrá que acreditarse ante cualquier solicitud de los ciudadanos, y que en caso de que se haya reservado clasificada la información por parte de alguna autoridad, en todos y cada uno de los casos la autoridad está obligada a fundar, motivar, las causas por las cuales pueda acreditarse un daño a la seguridad nacional, insisto, sin que esto pueda ir en demérito de conocer la información en lo que se refiere a violaciones graves a derechos humanos, y lo que son delitos de lesa humanidad.

Se da un paso importante, hay que reconocer que hay un buen resultado en esta ley, toda legislación es perfectible, tan es así que hemos incorporado 14 reformas en estas propuestas adicionales entre lo que fue la reunión de las Comisiones Unidas la semana pasada y el día de hoy, y espero que en su implementación encontremos una respuesta positiva de todos los sujetos obligados.

Sin embargo, si bien se cierra un ciclo no se cierra el tema vinculado con el Sistema de Transparencia, Rendición de Cuentas y Lucha contra la Corrupción. Tenemos obligaciones constitucionales para que en los próximos meses tengamos que aprobar aquí en el Senado de la República la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley General de Protección de Datos Personales, la Ley General de Archivos, el Sistema Nacional Anticorrupción, revisar a fondo las labores de la Fiscalía Anticorrupción, de lo que será la Fiscalía Nacional con autonomía del Poder Ejecutivo, porque el propósito de estas reformas, tanto la constitucional, como las secundarias, es construir un sistema que ayude a resolver dos de los problemas más lacerantes que existen en nuestro país, que es la corrupción y la impunidad.

Y si bien las leyes no garantizan que estas prácticas se erradiquen, el crear los instrumentos para que los ciudadanos accedan a la información y puedan hacer ejercible su derecho, a que la autoridad le rinda cuentas, contribuirá a crear una nueva cultura política en donde la participación de los ciudadanos es la fundamental.

Agradezco a Pablo Escudero, a Cristina Díaz, por supuesto a los miembros de la Junta de Coordinación Política, que hasta hace unos minutos estuvimos arrastrando el lápiz, espero que sea para bien, así lo considero este trabajo, y pues por fin cerramos esta primera etapa con un buen producto legislativo, que esperamos sea plenamente compartido en la Cámara de Diputados.

Muchas gracias a todos ustedes.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Encinas. Lo felicitamos. Felicitamos a su comisión y a la conducción que, como Presidente, ha hecho en los trabajos de dictaminación de esta ley.

Vamos a pasar al posicionamiento de los grupos parlamentarios.

Quienes intervendrán en nombre de los grupos parlamentarios son: El Senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo; el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México; la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática; la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional; y la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Partido Revolucionario Institucional.

En uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Me está concediendo 45 minutos el señor Presidente, eso es lo que oí. Con su autorización, señor Presidente.

Quiero hacer un comentario inicial, no vamos a escamotear de ninguna manera el trabajo que han hecho las comisiones. Hemos visto al Senador Escudero liderar este largo proceso, a Cristina, aquí a mi amigo, durante dos años, y hemos estado atentos al jaloneo en el que se han visto envueltos, porque no ha sido fácil, ni es una victoria definitiva.

Siempre se concluye con la frase: “Toda legislación es imperfecta”, pero hay de imperfecciones a imperfecciones.

Hemos tomado la decisión de reconocer el trabajo intenso, es un avance, sí. Y por otro lado, el que la fracción del PT, en uso de su responsabilidad y conciencia, vote como quiera.

Mi planteamiento es el siguiente: “No se requiere ley para dar vigencia al derecho de la información”.

Dijo Norberto Bobbio: “La democracia es el gobierno en público”.

Elías Canetti dice: “Que el secreto en el ejercicio del poder es fundamento de un gobierno autocrático.”

Es obligado revisar los tratados internacionales que hemos suscrito, para medir si estamos en ese nivel, porque los tratados son parte de nuestra Constitución, son norma fundamental.

La ley que vamos a someter a discusión y a votación, es contraria a los tratados ratificados por México.

En México no sólo se aprobará la ley para regular el derecho a la información, sino que la ley que se aprobará queda muy distante y lejos de los principios que se contienen en los tratados suscritos por México.

Queda corta, es decir, todos los principios de las declaraciones y tratados que hemos firmado, exigen un derecho a la información amplísimo, y esta propuesta de ley se queda corta, y restringe el principio de máxima publicidad, por ejemplo, en los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, se establecen dos límites al derecho a la información, dos: uno, el respeto a los derechos y la reputación a los demás; y dos, la protección de la seguridad nacional.

Y, en cambio, en el artículo 113 del dictamen de la Ley General que se va a aprobar, contiene más de diez causales de información reservada, algunas de ellas incompatibles con la democracia.

Otro ejemplo, el informe anual del Relator Especial para la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1999, indica que las excepciones y limitaciones al derecho a la información deben ser escasas y estrictas, que demuestren perjuicio y el interés públicos, y que en ocasiones aunque la información sea reservada y aunque sea privada, si esta revela alto nivel de corrupción dentro del gobierno, debe hacerse pública.

En todas estas normas está presente el principio de máxima publicidad, contemplado en el artículo 6o. de nuestra Constitución, que exige elaborar leyes siempre de manera progresiva para optimizar ese principio; sin embargo, con todo respeto, esta ley escamotea el principio de máxima publicidad.

Una primera razón que podría ser definitiva, el que esa ley funcione con toda su riqueza para abarcar a todas las instituciones, a todos los sujetos obligados con los nuevos que, sin duda alguna, incorpora, se necesita voluntad política.

Es el aparato de la Presidencia de la República el que va a ser responsable de que esto se aplique, y habría que preguntarnos: ¿hay en la Presidencia de la República la voluntad política de establecer realmente la transparencia que esta ley establece?

Yo lo dudo, porque también vimos en el jaloneo al ínclito Castillejos pasearse por aquí, discutir, aparecerse, yo no sé por qué hay que estar negociando con Castillejos sentado a un lado. Se acuerdan que una vez nos metió un gol y que le subió el sueldo a los magistrados electorales, sin que nadie se hubiera dado cuenta, según nos dicen, bueno, se necesita voluntad política.

Si no hay voluntad política, no va a funcionar nada, ¡eh!

Si el Ejecutivo establece frenos y limitaciones, no va a funcionar.

Y lo primero que podemos decir, y lo dice el IFAI, lo dice todavía ayer, el IFAI dice que esta ley no es prevalente sobre otras leyes.

De esta manera, las causales, las reservas y otras leyes podrán aparecer y aparecen y están.

Desde el momento en que la ley no es prevaleciente, ya es una ley que no tiene facultades para realmente enderezar todo el proceso.

Nos podríamos quedar ahí, lo dice el IFAI que ha estado insistiendo en ese tema, la ley no es prevalente, la ley tiene la limitación de respetar a todos los demás y la legislación que venga posterior y las nuevas causas, y las nuevas burocracias que aparezcan, digan y hagan no podrá atacarse porque la ley no es prevalente, no es una ley, no es la ley reglamentaria al artículo 6 constitucional, y la única que puede establecer limitaciones, la única que puede establecer reservas, no lo es.

Eso, dicho claramente, es una enorme limitación, enorme, porque toda la legislación ahí está y lo vamos a aprobar en alguno de los casos.

Un asunto que sigue estando en la Constitución y en la práctica de los legislativos que han estado funcionando, los titulares de los órganos garantes, como ya lo dijimos en la ronda constitucional de la materia, incluyendo el IFAI, son designados, respondiendo al esquema de reparto de cuotas sobre los partidos mayoritarios. Ello no garantiza su independencia ni su imparcialidad, los órganos garantes están partidizados.

Si no superamos ese principio con el cual se actúa aquí de repartidero entre los partidos, no vamos a tener nunca un organismo de verdad al servicio de la población, están partidizados.

Esos titulares son secuestrados por la voluntad de los partidos hegemónicos y del Ejecutivo, una oligarquía institucional.

Desgraciadamente no son sujetos obligados los poderes fácticos que reciben una concesión, porque aquí se establece que los privados que tengan beneficios y recursos, van a estar regidos por esta ley.

Bueno, pues los poderes fácticos reciben una concesión, un permiso, autorización, licencia o contrato de estado que son mucho más importante que cualquier apoyo económico.

El poder mediático y las petroleras también deberían de ser, en todos los casos, sujetos obligados por el simple hecho de recibir la concesión, licencia, permiso autorización o contrato para realizar alguna función de trascendencia pública y social.

No señala la ley el que estos sujetos sean obligados.

El criterio para definir si algo es público o privado para efectos de transparencia y el acceso a la información pública no debería ser solamente el ejercicio de los recursos públicos, sino también la función o tarea que realizan los sujetos privados.

Si los sujetos o entes privados realizan una tarea que tiene consecuencias públicas sociales a sus fines y afecta la economía a esas funciones, deben de ser públicas, y lo sabemos. Los medios de comunicación ejercen una función hegemónica en la opinión pública nacional, y ejercen recursos del Estado, concesiones valiosísimas, no están regulados por la transparencia.

La posibilidad prevista en la ley, artículo 189 y las siguientes para que el Consejero Jurídico del gobierno federal interponga el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, concede al Ejecutivo un instrumento muy poderoso para anular los efectos de la ley en asuntos de transcendencia.

Ahí vuelve a aparecer el consejero jurídico del gobierno federal.

La transparencia y el acceso a la información serán tal vez posibles en asuntos de poca envergadura, pero los fundamentales para el destino de la nación, simplemente lo dudamos.

En materia de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la ley precisa, ni contundente, en el artículo 5, y no indica que nunca, ni por ningún motivo, las autoridades podrán clasificar por esos motivos la información como reservada.

Desde el inicio de una averiguación previa, de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debería hacerse público.

La ambigüedad e indefinición de la norma permitirá que las autoridades sigan, como hasta este momento, escamoteando la transparencia en esta materia, sabemos que hay una demanda en la Suprema Corte y ella resolverá.

En materia de transparencia energética, que aquí se ha mencionado como gran avance, artículo 83, lo veremos en detalle, el artículo 83, la norma es retórica, al no prever el supuesto conflicto normativo con las leyes secundarias en materia energética, es decir, no queda claro que si hay una autonomía no va a prevalecer la ley general ésta ¿verdad? de transparencia o las leyes, el reglamento de las leyes en materia no, nosotros pensamos que prevalecerán las disposiciones energéticas sobre las de esta ley, y lo vamos a explicar, o sea, que en la Reforma Energética tan importante, el manejo de los recursos de la nación, que ya están privatizados, no va a ser materia de transparencia.

Son excesivas y ambiguas las causales de reserva de información, articulo 113, y son mayores que las que están en vigor.

Es absurdo que las opiniones, recomendaciones o puntos de vista expresados en el procedimiento deliberativo no concluido, artículo 113, se considere información reservada.

Lo anterior es totalmente contrario al principio Kantiano que señala que los actos de autoridad que no son públicos, son injustos, y a los principios de filosofía moral, por ejemplo, expresado por autores en el sentido de que en una democracia debe ser público tanto el procedimiento durante el mismo procedimiento como el resultado de las decisiones.

El poder y la corrupción andan en procedimientos deliberativos, lo sabemos, y no son públicos.

La prueba del daño debiera ser más exigente. La ley no protege a los servidores públicos que divulgan información en contra de sus superiores o de sus pares.

La ley no estableció la obligación para que las declaraciones patrimoniales de interés o de declaraciones físicas de los funcionarios sean públicas.

La información jurisdiccional, la información del Poder Judicial tiene un tratamiento de excepción, no sé por qué.

Está previsto en el 194, que tres ministros de la Suprema Corte van a definir la transparencia en el ámbito jurisdiccional, lo que significa, al menos en esta materia que el IFAI no es la mayor autoridad, sino son tres ministros, ¿por qué?, ¿por qué los ministros van a tener el privilegio?

La Ley General de la Transparencia de Acceso a la Información responde a un esquema anti federalista, lo hemos visto, que es una regla que se ha establecido en el Senado, en la aprobación de la ley, no participan los congresos locales, como debía ser preceptivo en la Constitución porque no se trata de una ley federal.

El IFAI tiene atribuciones sobre los asuntos de los que conocen los órganos garantes de las entidades.

En materia de sanciones no lo aplican, y volvemos a esta vieja historia que tiene la autoridad superior, la ejecución de las sanciones corresponde a otras autoridades.

¿Qué es lo que pasa con la auditoría superior? No ejerce funciones, nadie sesiona y no pasa nada.

La redacción del párrafo segundo del artículo 7 de la ley es contrario, lo resuelto por, bueno, el brinco este que es largo, se hace nugatorio en el artículo 20 del dictamen, la obligación de generar información y se flexibiliza el deber de documentar todo acto que derive del ejercicio de facultades.

En el artículo 101 no se determina con absoluta certeza los plazos para la clasificación de información relacionada con infraestructura y estabilidad financiera.

Se deducen las obligaciones de transparencia en materia de deuda pública y de las intervenciones en telecomunicaciones.

Nosotros consideramos que esto falta, el principio fundamental es que la ley no es determinante. Eso es en sí ya una ley que no tiene el poder, no tiene la capacidad de imponerse, porque si la voluntad política no funciona, si determinados secretarios no quieren, aparecen otras leyes, aparecen otras limitaciones y lo vamos a ver en lo particular cuando veamos el asunto de la energía que podría ser un ejemplo de lo que ocurre cuando la ley, esta ley general, no es generar, no es determinante, y que puede ser superada por leyes secundarias que establezcan otras obligaciones y otras reservas.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

Tiene el uso de la palabra, en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el Senador, su coordinador, Carlos Alberto Puente Salas.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, Senador Presidente.

El derecho a la información de conformidad con la declaración universal de los derechos del hombre es la garantía fundamental que toda persona posee para atraer información, informar y ser informado.

El acceso a la información es una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía. Ciudadanos más informados toman mejores decisiones.

Los esfuerzos que contiene el presente dictamen reflejan no solo horas, sino la consecución de años de trabajo.

El proceso de debate y discusión inició en esta legislatura con una reforma constitucional propuesta desde el Ejecutivo Federal.

Reforma que fortaleció al Sistema de Transparencia y Acceso a la Información.

Definió importantes principios en materia de transparencia. Amplió el universo de sujetos obligados, fortaleció al órgano garante otorgando autonomía al IFAI y al mismo tiempo que le otorgó nuevas y muy importantes facultades.

La ley que en este momento se somete a discusión y análisis de este pleno tiene todo para convertirse en una ley modelo.

Un ejemplo a seguir por las legislaturas locales, y legislaciones de otros países, tanto por la manera en que logró diseñarse como por su contenido.

En esta ley general se hace efectivo el principio a la máxima publicidad de la información y se hace valer el derecho de acceso como un derecho humano.

Expreso mi reconocimiento, mi máximo reconocimiento hacia el Senador, mi compañero del Partido Verde, el Senador Pablo Escudero, su responsable conducción de los trabajos, así como su profesionalismo y su compromiso con el tema de la Transparencia y Rendición de Cuentas han materializado los esfuerzos de un gran equipo de Senadoras y Senadores; de autoridades y de equipo técnico, pero también de la sociedad civil.

Es de reconocerse también las aportaciones muy importantes en este trabajo legislativo de nuestra compañera Senadora con licencia Arely Gómez; asimismo, queremos manifestar nuestro reconocimiento al trabajo de la Senadora Cristina Díaz, quien como Presidenta de la Comisión de Gobernación realizó importantes aportaciones en este dictamen; en esa misma tesitura reconocer el trabajo y empeño del Senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, quien en todo momento estuvo atento al contenido sustancial del presente dictamen y del correcto desarrollo del procedimiento legislativo.

Destaco también las aportaciones y labor legislativa de la Senadora Laura Rojas.

Senadores que junto a su equipo técnico dieron muestra de compromiso con la importante labor legislativa, para ellos mi más amplio reconocimiento.

Los trabajos realizados no tienen precedente, en la construcción de esta ley tan importante para la democracia y construcción de ciudadanía, trabajaron conjuntamente Senadores de la república, sociedad civil, autoridades y académicos.

Se siguió una metodología organizada, se establecieron mesas de trabajo con temas específicos, se formaron equipos técnicos focalizados y se realizaron diversas actividades públicas como las audiencias con académicos y especialistas en la materia.

Las sociedades civiles tuvieron siempre un lugar asegurado en estas mesas de análisis, y fueron actores principales, fueron ellos los que nos expusieron las preocupaciones de la sociedad.

Esta muestra de trabajo legislativo en el formato de este parlamento abierto marcó precedentes para los siguientes retos legislativos que habremos de afrontar.

Desde este Senado de la República se trabajó con transparencia para la transparencia.

En el Partido Verde tenemos certeza de que el acceso a la información es un instrumento para la realización de otros derechos humanos.

El acceso a la información permite conocer qué derechos se tienen, y cómo defenderlos; es por ello que a nombre de mis compañeras y compañeros Senadores de nuestro grupo parlamentario nos manifestamos a favor del contenido del presente dictamen.

Estamos convencidos que su contenido representa una herramienta democrática en manos de nuestra sociedad.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Carlos Alberto Puente Salas.

Ahora tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para posicionar en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente, muchas gracias.

El 7 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de transparencia.

Esa reforma, su segundo transitorio establece la obligación del Congreso de la Unión para expedir la ley general del artículo 6o. de la Constitución y todas las reformas que tengan, que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Se dio una vacatio legis de un año, mismo que hay que decirlo con puntualidad, no cumplimos; sin embargo, el día de hoy estamos discutiendo el proyecto de Decreto de esta ley que mandata el artículo 6o. constitucional, de tal manera que siga su proceso legislativo hacia la Cámara de Diputados y pronto podamos cumplir con este precepto transitorio de la reforma del 6o. constitucional.

El 7 de octubre del 2014, se instaló un grupo redactor de esta legislación secundaria en materia de transparencia, como aquí se ha mencionado, integrada por la entonces Senadora Arely Gómez, también la Senadora Laura Angélica Rojas, el Senador Alejandro Encinas, el Senador Pablo Escudero, la Senadora Marcela Torres, la Senadora Dolores Padierna, el Senador Isidro Pedraza, el Senador Zoé Robledo y una servidora, integramos un equipo redactor con asesoras, asesores y además con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, de entre las que destaco la Red México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas y del Colectivo por la Transparencia.

Fueron diversas reuniones que nos llevaron finalmente a que el 2 de diciembre del 2014, estas mismas Senadoras y Senadores que yo he mencionado, de distintos grupos parlamentarios, presentamos ante este Pleno del Senado de la República la iniciativa con proyecto de Decreto por el que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La propia Mesa Directiva de este Senado tomó la iniciativa y la turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda, y posteriormente se integra la Comisión de Gobernación.

Es importante mencionar que el 25 de febrero, después de celebrar un acuerdo, logramos la celebración de audiencias públicas para discutir la ley que estaba en comisiones, producto de este trabajo, de este equipo redactor y de las Organizaciones No Gubernamentales.

Finalmente, aun a pesar de esta gran audiencia pública siguieron prevaleciendo diez corchetes importantes que nos obligaron nuevamente a emprender el desahogo de diversas audiencias públicas, que es el último tramo a partir de realizar tres sesiones con distintas ponentes de organizaciones gubernamentales, y también de la sociedad civil, a partir del 2 de marzo, y que dirimimos de manera particular estos diez puntos que todos conocemos, y por supuesto también la discusión general sobre más de 80 corchetes que desde la Consejería Jurídica de Presidencia se nos había hecho.

Quiero mencionar que finalmente el 3 de marzo, después de estas audiencias, se logra desarrollar la reunión el 10 de marzo del 2015, se realiza la reunión de comisiones unidas para finalmente desahogar todos los corchetes y todas las diversas reservas que se habían hecho a este proyecto.

Es importante mencionar que este dictamen, que hoy estamos a punto de votar, sin duda representa para nuestra democracia un avance significativo, precisamente en estos momentos que diversos actores de la vida pública han sido señalados por actos de corrupción o conflicto de intereses, la transparencia y el acceso a la información representan un factor fundamental para evitar la restauración de un régimen autoritario y constituye además una herramienta esencial para combatir la corrupción.

En todo estado democrático, señoras y señores, las y los ciudadanos deben ejercer un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, lo cual es un derecho colectivo pero también es una garantía social, a fin de evitar la opacidad de los actos de gobierno y garantizar la transparencia de la administración pública que incluye a todo ente u organismo que reciba o ejerza recursos públicos.

Este dictamen, aunque es perfectible, hay todavía algunas cosas que quedan pendientes, pero aun así, con lo que queda pendiente, sin duda nos atrevemos a decir que garantiza el derecho humano al acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los tres órdenes de gobierno, así como organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, y contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia y también de la rendición de cuentas, lo que sin duda son avances que requieren se acompañados por un régimen jurídico que contenga ciertos elementos y garantías para hacerlo efectivo.

En ese sentido, hemos coincidido que sea mediante esta ley general que reglamenta el párrafo segundo de la fracción VIII del apartado A del artículo 6o. de la Constitución, el vínculo mediante el cual se establezcan las bases, los principios y los procedimientos del ejercicio del derecho a la información y, por primera vez en México, el derecho de acceso a la información sea este reconocido como un derecho humano fundamental.

El presente dictamen define, de manera puntual, que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reserva, de manera temporal, por razones de interés público y de seguridad nacional en ciertos y determinados supuestos, tal y como se establece en el artículo 4o. del presente dictamen.

En ese sentido, a partir de que entre en vigor esta ley, no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que el estado Mexicano sea parte, y sin condicionarla, a que exista un pronunciamiento previo por cualquier autoridad competente en las discusiones, sí, es verdad, dimos una gran discusión alrededor de este tema, y lo que prevaleció y es importante ratificarlo, es la lectura irrestricta del artículo primero constitucional, por ello se establece la obligación para los sujetos obligados de adoptar criterios de interpretación pro persona, en su protección más amplia en situaciones de vulneración de derechos que garantice, por supuesto, la mayor efectividad del derecho de acceso a la información.

Se fortalece la preeminencia del principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales en materia de transparencia.

Uno de los mayores avances del presente dictamen, lo encontramos en los casos de clasificación de la información donde resulta importante que se realice la llamada prueba de daño, a fin de justificar toda negativa de acceso a la información que se emprenda por parte de los sujetos obligados.

También se incluye la prueba de interés público con el objeto de evitar y eludir la publicación de información confidencial estableciendo condiciones para desclasificar la información como la necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Se promueve la rendición de cuentas a través del establecimiento, de manera progresiva, de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información de manera oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa en los formatos más adecuados para el público al que va dirigida, y atendiendo las condiciones sociales, económicas y culturales del país.

Es de destacarse la inclusión, la accesibilidad y las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de las personas con algún tipo de discapacidad, como quedó establecido en los artículos 2, 3, 10, 16, 17, 24, 29, 31, 42, 44, 45, 47, 48, 55, 64, 78, 79, 124, 146 y 206, adicionalmente a la autonomía constitucional del organismo garante, se amplía su ámbito de competencia. Es importante para evitar que la información pública esté desordenada, desactualizada y sea incomprensible, inaccesible, incompleta o ininteligible, se establezca la obligación de los sujetos obligados, de poner a disposición del público, la información que derive de las obligaciones de transparencia a través de Internet, mediante la plataforma nacional de transparencia.

Se establece todo un Sistema Nacional de Transparencia, lo cual implica el diseño de una política integral y completa, en materia de transparencia y acceso a la información de alcance nacional.

De ahí que el organismo garante federal, habrá que coordinar sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con el Archivo General de la Nación y con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además de los organismos garantes de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas de los sujetos obligados.

En los casos de los sindicatos o en caso de los partidos políticos que reciban o ejerzan recursos públicos, deberán y están obligados a habilitar un espacio en sus páginas de Internet, para que se cumpla con las obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso de la plataforma nacional.

Parte importante de este dictamen, lo es el reconocimiento de garantizar la prevalencia en la Ley General de Transparencia, sobre cualquier otro ordenamiento, norma o legislación, el establecimiento de reglas claras sobre la máxima transparencia en materia energética y reglas claras en materia de fideicomisos, y por supuesto, como lo mencionaba, y quiero reiterarlo, también de los partidos políticos.

Por todo esto, es que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y reconociendo, además, el trabajo de todos los equipos técnicos, comandados, dirigidos por las y los Senadores que mencioné al principio, y de manera particular, de la Presidenta de la Comisión de Gobernación, del Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana y del Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Senadora Cristina Díaz, Senador Pablo Escudero y Senador Alejandro Encinas, respectivamente, es que el grupo parlamentario vota a favor de este dictamen.

¡Enhorabuena!

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer el posicionamiento de su colectivo legislativo.

La Senadora Laura Angélica Roja Hernández: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros:

El día de hoy es un día trascendental para las instituciones y la vida democrática del país, porque votaremos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es parte de la tercera generación de reformas en materia de derecho y acceso a la información pública de nuestro país, o para decirlo de manera más clara, sobre el derecho a saber que tenemos todos los mexicanos.

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano universal, indispensable para ejercer las libertades de pensamiento y de expresión, además de ser una herramienta poderosa en contra de los abusos, omisiones y corrupción que puedan generarse desde el poder.

Ese derecho, es propio de todo régimen que se quiera asumir como democrático, y es fundamental para la protección de diversos derechos individuales y colectivos que caracterizan a toda sociedad desarrollada.

Después de la reforma constitucional de 1977, en la que se incluyó por primera vez el derecho de acceso a la información, después de la primera Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, después de 2002 y de la segunda reforma al artículo 6o Constitucional de 2007, ante la enorme desigualdad del ejercicio del derecho en los estados y los municipios del país, en 2014, esa legislatura reformó por tercera vez la Constitución para mandatar la expedición de una ley general que corrigiera dicha desigualdad.

Esa reforma, también fortaleció a los órganos garantes del derecho en todo el país, al dotarlos de autonomía y otorgarles nuevas facultades, y atendiendo a un justo reclamo ciudadano, incluyó nuevos sujetos obligados a la transparencia como los sindicatos y los partidos políticos.

El dictamen de Ley General que se presenta hoy, es reglamentario del actual artículo 6o de la Constitución, y como ya se ha comentado por otros Senadores que me han antecedido en el uso de la voz, es fruto de un trabajo conjunto de legisladores, académicos y sociedad civil que tuvo tres momentos clave: en primer lugar, la instalación del grupo redactor de la legislación secundaria en materia de transparencia en octubre del año pasado, integrado originalmente por Senadores del PAN, PRI y PRD, y por parte de la sociedad civil, Ana Cristina Ruelas, Natalia Calero y Gabriela Morales del Colectivo por la Transparencia, por la rendición de cuentas y México Infórmate.

La presentación de la iniciativa y la celebración de las audiencias públicas fueron el segundo y el tercer momento claves. En esas audiencias públicas se fijaron las posiciones, tanto de expertos y activistas, como de sujetos obligados sobre los temas más complejos y relevantes que se discutieron sobre el proceso de dictaminación de la Ley.

Aquí es justo reconocer al IFAI y sus comisionados por sus aportes a la construcción de ese dictamen, comenzando por el proyecto de iniciativa que nos entregaron, y que aquí me sumo a la petición del Senador Encinas, de que se pueda incluir en la exposición de motivos ese referente.

También hay que agradecer y reconocer a otros actores como el Banco de México, la UNAM y la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, por sus aportaciones.

Por todo ello, esta ley no sólo es afortunada en su contenido, sino también innovadora en mecanismos efectivos de participación ciudadana y de Parlamento abierto, nunca antes vistos en el Senado de la República, que esperamos se conviertan en una práctica habitual.

También es justo reconocer a todos los que ayudaron a construir los acuerdos que hicieron posible la votación unánime lograda el jueves pasado en comisiones.

Agradezco, en primer lugar, a mis compañeros de bancada, Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega, Ernesto Cordero, Héctor Larios Córdova, Roberto Gil y Javier Corral por su compromiso y trabajo a favor de este dictamen, y de manera especial, a mi Coordinador, Fernando Herrera, por la confianza depositada en mi persona para coordinar estos trabajos.

Reconozco también el profesionalismo de los asesores, Edith Mercado y Eduardo Sánchez, cuyo trabajo fue fundamental, así como a los Presidentes de las comisiones dictaminadoras, Pablo Escudero, Cristina Díaz y Alejandro Encinas.

Entrando en materia del dictamen, quiero destacar nueve de los principales avances y logros, pero antes quiero decir, porque aquí se ha dicho en la tribuna, por parte del Senador Bartlett, que esta ley está por debajo en contenidos, así lo entendí, de los tratados internacionales y de estándares internacionales.

Quiero decir que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solamente contiene un artículo que se refiere a la materia y que, por supuesto, esta ley está mucho más desarrollada.

En cuanto a la ley modelo de la OEA, esta ley, sin duda es superior, un ejemplo claro son los plazos de reserva, la ley modelo de la OEA establece doce años más una posibilidad de dos años más de ampliación, cuando nuestra ley establece cinco años más cinco años como máximo.

En cuanto a obligaciones de transparencia, también nuestra ley es muy superior a la ley modelo de la OEA; esta ley modelo, apenas incluye alrededor de 20 obligaciones de transparencia, cuando nuestra ley establece 50 obligaciones de transparencia comunes a los sujetos obligados y algunas más específicas para cada uno de ellos.

Quiero decir, en primer lugar, sobre el Sistema Nacional de Transparencia, que permitirá que los principios contenidos en la ley general se conviertan en política pública de todos los actores involucrados, reduciéndose las asimetrías de información disponible que actualmente impiden cerrar el sitio de rendición de cuentas entre la federación, los estados y los municipios.

Otro logro muy importante fue la obligación por parte de los sujetos obligados para la generación de la información, ya que sin ésta, pues no es posible, simplemente el derecho de acceso.

Tercero, la obligatoriedad de aplicar la prueba de daño y de interés público en el momento de la clasificación de la información, combate la debida clasificación e impide que los sujetos obligados limiten el ejercicio del derecho de acceso sin motivos suficientes.

Aquí también vale la pena mencionar que no es verdad que la prueba de daños haya quedado corta, al contrario, este fue uno de los grandes logros de esta ley.

También destacar la existencia de denuncias ciudadanas ante incumplimiento de obligaciones, transparencias, así como las sanciones a servidores públicos por incumplimiento de resoluciones del IFAI.

La información sobre violaciones graves de derechos humanos será pública, más allá de las investigaciones, y en este sentido es que avanzamos de manera muy importante en este tema.

Las obligaciones de transparencia a nuevos sujetos obligados como partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, Poder Legislativo y Poder Judicial, representan otro enorme avance, porque no podía hablar de un gobierno verdaderamente transparente, si 2 de 3 poderes, o los órganos autónomos, no se encontraban sujetos a las mismas reglas del juego.

Tampoco podíamos estar completos si parte de los millones de pesos provenientes de las arcas públicas que son entregados y administrados por entes como los partidos políticos, sindicatos o fondos y fideicomisos públicos, estaban fuera del alcance del escrutinio ciudadano.

También esta ley incluye mecanismos para hacer accesible la información a las personas con discapacidad.

Quiero decir, por supuesto, que esta ley, como cualquier otra creación humana siempre es perfectible, y como todo producto legislativo estará sujeta a una constante revisión en su aplicación.

Personalmente hubiera querido que esta ley facultara expresamente al IFAI para ordenar la apertura de información relativa a violaciones graves de derechos humanos, o no se reconocieran reservas de información en otras leyes especializadas.

Sin embargo, en el PAN reconocemos que las redacciones que sobre estos temas alcanzaron consenso, no representan, de ninguna forma, un retroceso.

Que ante el conjunto de los procedimientos de la ley, que la ley establece, se disipan nuestras preocupaciones, y que incluso, como en el tema de información relativa a derechos humanos, hay un avance.

Por eso el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional celebra esta ley, la reconoce como una ley de avanzada y la votará a favor.

No quiero ser omisa ante el debate que tuvimos en la discusión de este dictamen, y que también se tuvo en las audiencias públicas y en las reuniones que tuvimos con diversos actores interesados, y que tiene que ver con las declaraciones, con la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de interés de manera obligatoria.

Es un tema, que también se ha comentado aquí por un Senador que me antecedió en el uso de la voz, y hubo un consenso, en que estos temas no son materia de la Ley de Transparencia, sino que deben ser, o que son, más bien dicho, materia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y que es ahí donde, quienes creemos en que la publicidad de estas declaraciones debe de ser obligatoria, estaremos dando la batalla.

Señoras y señores legisladores:

El Poder Legislativo ha sido protagonista en el reconocimiento del acceso a la información como un derecho humano fundamental del México democrático.

Estamos construyendo el andamiaje legal más desarrollado del mundo, y de eso no debemos de tener duda.

Apenas la semana pasada estuvo de visita en nuestro país una delegación de funcionarios del gobierno español para aprender cómo en México hemos instrumentado, ampliado y ejercido este derecho.

Nuestra ley federal ha sido una ley modelo en el mundo, y sin duda, esta ley general también lo será.

Pero aún tenemos un imperativo moral y político que cumplir. El Poder Legislativo debe ser, con su actuar, un protagonista de la aplicación de esta ley.

El que vivimos es un momento muy delicado, que nos urge recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático, pero ello no se logra desde el discurso político o las promesas de campaña, sino desde la ética, la coherencia pública, la transparencia y la rendición de cuentas.

Debemos devolverle a la función pública su esencia de servicio y su motivación de generación de bien común, los legisladores debemos ser los primeros en asumir un mayor compromiso con la verdad, con la ética, y encabezar un cambio cultural en la forma en la que entendemos el ejercicio de nuestros cargos.

Por eso es que esta ley contempla obligaciones de transparencia específicas para el Congreso. no sólo es el Poder Legislativo, ya casi concluyo; no sólo es el Poder Ejecutivo, tampoco el Poder Legislativo Federal, ni en los estados estamos bien evaluados, y el Poder Judicial, del que poco se habla en términos de transparencia, es momento de voltearlo a ver.

Sabemos que hay un hartazgo social frente a la clase política en general y esta ley, compañeros y compañeras, si se aplica bien puede ayudar a revertir esto y abonar a la reconstrucción de los lazos de confianza entre autoridades y ciudadanos.

Por eso es que las obligaciones de transparencia que se imponen en esta ley sin duda van a representar un esfuerzo interno de organización, pero sin duda valdrá la pena.

Confío en que el plazo que se ha acordado para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Senado, sea concretado en el mayor tiempo posible.

Es ley es, sin duda, una muy buena ley, pero no es un punto de llegada, sino un punto de partida; es un medio hacia mejores prácticas gubernamentales, hacia una nueva cultura de transparencia, hacia la construcción de gobiernos abiertos, que tiene como fin último el deber de servir a los ciudadanos.

Sólo así se renovará la confianza en las instituciones y sólo así podremos mirar al futuro con más esperanza.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Laura Rojas.

En uso de la palabra la Senadora Lilia Merodio Reza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar la posición de su grupo parlamentario.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su venia, señor Presidente.

El día de hoy, en el Senado de la República vivimos un momento histórico: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que aprobaremos el día de hoy, atiende al mandato constitucional para garantizar el derecho humano a la información y así responderemos a una de las exigencias ciudadanas más sensibles: para apertura del Estado mexicano.

Esta ley es resultado de un proceso de redacción sin precedentes en el Congreso de la Unión, y con un procedimiento de aprobación de un auténtico parlamento abierto.

Los últimos 6 meses, en el Senado de la República colaboramos con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, especialistas, sujetos obligados y académicos en este proceso de creación de los proyectos de leyes secundarias que la reforma constitucional en materia de transparencia, mandata reglamentar al Congreso de la Unión.

Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, durante 20 reuniones revisaron exhaustivamente cada uno de los puntos que debía de incluir esta ley.

El principal objetivo del grupo, fue en todo momento: garantizar el derecho humano a la información de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país.

Compañeras y compañeros: La transparencia y la garantía del derecho de acceso a la información pública, como el principio del actuar gubernamental, es el eje que da vida a este proyecto en el que contemplan figuras novedosas como la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta plataforma será el acceso directo que tendremos los ciudadanos para ingresar a la información que los sujetos obligados pondrán a disposición del público.

El objetivo es simplificar la forma en la que se accede a la información y homologar en todo el país los sistemas para hacerlo. Toda la información en un solo lugar y de fácil acceso a los ciudadanos.

Actualmente el uso de los recursos públicos es sujeto a un ejercicio de rendición de cuentas, ya que las autoridades que lo ejercen deben dar un informe sobre su destino.

Con la nueva legislación, deberán hacerlo de manera puntual, transparente y sin excepción.

En el texto propuesto se establecen los principios esenciales para que contemos con un sistema que garantice y establezca las bases generales, así como los procedimientos que respondan al derecho de acceso de información.

Y aquí quiero resaltar un tema trascendental. Además de las autoridades, entidades, órganos autónomos y organismos de los Poderes de la Unión, por primera vez incluyen a los partidos políticos y sindicatos, así como a los fideicomisos y fondos públicos en una Ley de Transparencia y Acceso a la Información, como sujetos obligados, a rendir declaración del uso de los recursos públicos o a quien realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Estos actos señalados en la ley, deberán hacerse de manera pública, la remuneración bruta y neta de todas las prestaciones, percepciones, dietas, estímulos, gratificaciones, sistemas de compensaciones, primas, comisiones, ingresos, gastos de representación y viáticos, entre otros.

También estarán obligados para dar a conocer, cómo en qué se utilizó el presupuesto asignado, consolidando esquemas de transparencia, de cara a la sociedad.

Otro gran aporte dentro de la ley, es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Se convertirá en un Instituto Nacional, con facultades para atraer asuntos de las entidades federativas, con el objetivo de establecer criterios homologados en toda la Federación, que permitan garantizar el derecho de acceso a la información de cualquier persona, independientemente del lugar donde vive y la autoridad a la que le solicite información.

La ley establece una clara distribución de competencias entre los organismos garantes de la Federación y las entidades federativas, así como la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Ahora bien, de aprobarse la ley, contaremos con los elementos legales que permitan tener una legislación vanguardista con parámetros internacionales. México pasará a ser el lugar nueve en América Latina, de aprobarse esta ley el día de hoy.

Con esta ley que aprobaremos, compañeras y compañeros, cómo sucedió en la reforma constitucional promovida por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de nueva cuenta en el Senado de la República nos ponemos a la altura de las circunstancias, para atender y escuchar el reclamo ciudadano de apertura, no sólo en la expresión de las ideas, sino también en la construcción de las leyes.

La presente ley, aparte de garantizar la publicidad del uso de los recursos y su destino, muestra un gran avance singular en materia de transparencia, ya que cumple con el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano es parte.

Tengo la plena certeza de que se cumplirá con el derecho de acceso a la información y la política de transparencia, sobre la base de los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad y, lo más importante, su máxima publicidad.

Quisiera hacer un reconocimiento a nuestra compañera Senadora Arely Gómez, quien jugó un papel trascendental en esta ley. Y es justo reconocerse en este momento.

El grupo parlamentario del PRI hacemos eco y respondemos al apoyo que el Presidente de la República ha dado a la aprobación de esta ley, como parte de las reformas necesarias, para garantizar la paz y la seguridad de nuestro país. Dando solidez al Estado de derecho y contribuyendo a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de la República.

Por lo anteriormente señalado, daré mi voto a favor de la profundización de esquemas de transparencia y apertura gubernamental, con la seguridad de que es mejor la decisión para México.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Lilia Merodio.

Quiero, por favor, robar un momento de su atención. Antes de iniciar la discusión en lo general, informo a la Asamblea que están registrados 27 oradores, 27 oradores, les estoy informando cuántos números de oradores hay, son 27, para hablar en pro y en contra del dictamen.

La necesidad de garantizar la participación de todos los oradores, obliga a exhortarlos para que hagan uso moderado de su tiempo en tribuna.

Los oradores tendrán cinco minutos para su exposición. Así está dado en el Reglamento. El Reglamento no se vota. Pero al concluir los primeros cuatro, se les entregará un aviso para que concluyan. Agotado el tiempo, se les interrumpirá en su intervención para solicitar que terminen su argumentación.

Pido su comprensión, Senadoras y Senadores.

El propósito es que el debate mantenga la forma que sea ágil, de interés y permita el uso racional de la tribuna. No vamos a restringir la participación de quien deseé presentar su participación, pero les exhorto a que nos ajustemos al tiempo.

Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra del dictamen, el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

Quiero, en principio, reconocer el trabajo de las distintas comisiones. Es un dictamen que seguramente la sociedad está esperando, que llevó horas de discusión y trabajo.

Estuve escuchando con atención los posicionamientos de cada partido. Estuve leyendo en los últimos días, en los medios de comunicación, las posturas de organizaciones, de especialistas y, desde luego, la primera de las participaciones en posicionamiento de grupo, la de mi coordinador, en donde hizo la argumentación para fijar la postura en contra de este dictamen.

Porque, en efecto, seguramente quedaron fuera de esta transparencia, temas sumamente trascendentales e importantes para nuestro país.

Sin embargo, éste es un dictamen, es una ley que la sociedad está en espera.

Uno de los mayores reclamos de los ciudadanos, hoy en día, es que existan mecanismos que permitan una verdadera transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos.

Ya que la opacidad en el manejo del erario, abre la puerta a actos de corrupción y desconfianza de la sociedad hacia las instituciones del Estado.

Y es por ello, que en este momento atravesamos una de las peores crisis de credibilidad en sus instituciones.

En todos los ámbitos en los que hay manejo de recursos públicos debe existir claridad en cómo y en qué se gasta cada peso que reciben las instituciones del Estado, de lo contrario México no saldrá del deshonroso lugar 103 de corrupción de las 175 naciones en la que se encuentra, de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción del 2014, que elabora anualmente Transparencia Internacional.

En este sentido, la transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos eficaces y eficientes de todo régimen democrático, ya que son la base para el fortalecimiento de la participación ciudadana y la democracia, dado que sin transparencia en cómo se maneja el dinero público no existe posibilidad alguna de abatir la desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Como es del conocimiento público, el Decreto a la información se encuentra consagrado, desde 1977, en el artículo 6o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, fue hasta el año 2002 que se emitió su ley reglamentaria, tuvieron que pasar casi 25 años para que el Congreso de la Unión emitiera los lineamientos para proveer, transparentar, garantizar y favorecer el acceso a la información pública.

Esto habla de la falta de disposición que ha existido por parte de los poderes del Estado para proteger dicho derecho. El Estado debe asumir la inalienable obligación de cuidar que la información del manejo de recursos públicos, la sociedad en general, pueda acceder a ella, y que ésta sea veraz, pronta, expedita, para que todo ciudadano que así lo decida requiera o pueda recibir en forma fácil y rápida conocimiento en materia, ciencia o asunto que sea de su interés.

Con ello, se trata de propiciar una participación ciudadana informada, esto para erradicar la corrupción e impunidad que prevalece en México. A través de este dictamen esta soberanía asume su compromiso con los mexicanos y pone en marcha sus facultades, y en atención a la transparencia y rendición de cuentas hoy se legisla en contra de un problema que pareciera inherente a la identidad del mexicano y que desgarra el vínculo entre el gobierno y la población, que fractura las instituciones gubernamentales y afecta a la sociedad en general.

La corrupción y la falta de rendición de cuentas sin duda es un dictamen y es un inicio que permitirá a nuestra sociedad enterarse, conocer, del manejo de sus recursos; pero quedan pendientes temas que seguramente en este Senado seguiremos en el debate para no dejar de luchar por la transparencia y el combate a la corrupción en todo lo largo y ancho de nuestro país.

Tendrá que ser y someterse también a esta transparencia las acciones realizadas con lo energético, como lo es Petróleos Mexicanos.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

En uso de la palabra la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros Senadores; compañeras Senadoras:

A título personal y en respaldo de la postura de mi grupo parlamentario, hablaré a favor del presente dictamen por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que aprobamos por unanimidad en el seno de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Me congratula dar mi razonamiento a favor de una de las leyes más importantes que aprobaremos en esta Legislatura, que, sin duda, será un pilar fundamental en el fortalecimiento de nuestra democracia, además de que enmarcará una ruta en la lucha contra la corrupción y a favor de los gobiernos abiertos y transparentes.

Es por todos conocido que el combate a la corrupción ha sido uno de los grandes retos que han enfrentado los países en su lucha por hacer eficientes sus sistemas administrativos y para que el destino de los recursos públicos se impacte en los grandes objetivos y responsabilidades del Estado, que finalmente se traducen en mejores servicios, en la construcción de infraestructura, en temas de educación, salud y seguridad, y en general en políticas públicas que denoten la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar de la población.

En México, la falta de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas han dado pauta a vicios administrativos que bajo el amparo de la opacidad han sumado y acumulado sinergias negativas con fuertes implicaciones en el desempeño eficiente de nuestras administraciones públicas, en nuestro sistema económico y en la cultura de la legalidad.

Las reformas constitucionales que hemos aprobado en materia de Acceso a la Información Pública y al fortalecimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por mencionar algunas, son parte de las reformas estructurales que hemos emprendido junto con la Administración Pública Federal, para el rediseño institucional que dan la base jurídica a la lucha decidida por la erradicación de la corrupción como un grave flagelo, con fuerte arraigo en nuestra sociedad.

En este contexto, la presente ley que hoy aprobaremos es un instrumento más que abona a esta lucha frontal y que abre un abanico normativo que garantiza el derecho constitucional de Acceso a la Información Pública, y dota a la ciudadanía de mecanismos para que los sujetos obligados proporcionen información y den cuenta sobre el uso y destino de los recursos públicos.

Como lo han hecho mis compañeros legisladores que me antecedieron en la palabra, destaco algunas de las bondades de la presente ley, que establece los principios, las bases generales y los procedimientos para garantizar el derecho de Acceso a la Información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice acto de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Compañeros legisladores: Con la aprobación de esta ley atendemos una de las exigencias más legítimas de la sociedad y empoderamos a la ciudadanía con un instrumento, sin precedentes, de acceso a la información pública, de transparencia y rendición de cuentas.

Invito de manera responsable a la ciudadanía en general, a involucrarse de manera directa en los asuntos públicos y ser corresponsables participando en los procesos de fiscalización, de transparencia y de rendición de cuentas.

Hoy más que nunca, el acceso a la información pública se vuelve una herramienta invaluable para el fortalecimiento democrático y el desarrollo de nuestro país.

Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y a favor de los gobiernos abiertos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

En uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente.

Ya que estamos en el momento de los agradecimientos, le tenemos que agradecer a este periodo de corrupción que el país ha vivido, a esta simulación del cumplimiento de la ley que nuestros órganos garantes han cumplido, para darse este marco donde surja esta ley, esta ley que es producto de la iniciativa de varios compañeros ciudadanos, incluido yo en ellos, y que sufrió embates y estuvo a punto de no ver la luz; sin embargo, fue la sociedad la que permitió que esta iniciativa pudiera caminar.

Fue una pelea en medios, compañeros, donde se exhibieron las conductas tradicionales del Ejecutivo, que se han opuesto de manera sistemática a la transparencia.

Y esta ley que hoy ustedes ven, esta ley de la que han hablado bondades mis compañeros y que lo técnico lo van a ir señalando cada uno de ustedes, y digo que tiene antecedentes fundamentales en la lucha y la propia caída del PRI, en el 2000; y que la alternancia en el poder de las derechas no ha logrado que se evite, de alguna manera, que se profundice en los vicios y en las prácticas de un poder autoritario que se niega de manera paulatina y sistemática a abrirse a la información y permitir que los ciudadanos conozcan qué sucede con el manejo de sus recursos.

72 años de autoritarismo y opacidad permitieron que se coartara la libertad de expresión, que no hubiera libertad de afiliación política, que se tuvieran sindicatos y afiliación corporativa y que de esa manera en una complicidad los sindicatos jugaran un papel para fortalecer al grupo gobernante.

Hoy estos vicios van a poder ser erradicados de alguna manera, por eso no podemos estar en contra de una ley de esta naturaleza, que de la perspectiva en donde estamos, desde la modesta presencia que el PRD representa en esta Cámara, ha aportado más del 90 por ciento de los contenidos de esta ley.

Y esta ley merece, por eso, el respaldo de cada uno de ustedes.

Hemos enfrentado resistencias, no se ha sustraído el Ejecutivo a la posibilidad de querer sabotear y disminuir los efectos de esta ley, sin embargo ya han sido aquí los compañeros quienes han ido describiendo lo que tiene y los contenidos que tienen en esta ley.

Esa reforma al artículo 6o. de la Constitución, en el apartado A, donde hemos estado estableciendo estas obligaciones de la Transparencia y el Acceso a la Información, que es un tema que fortalece el tema de los derechos humanos, nos permite que hayamos dotado de autonomía al IFAI.

Hoy quiero decirles que reconozco, en los funcionarios del IFAI, un ejercicio que desde su elección han permitido que hayan mostrado rasgos de autonomía y de capacidad.

Que ha bastado ver a los integrantes trabajando en algunos temas en las comparecencias para saber que hemos avanzando en ese aspecto.

Ya hablarán los compañeros de los nuevos sujetos obligados, los sindicatos, los partidos, las personas físicas y morales que manejan recursos públicos, se va a hablar de los fideicomisos y esas obligaciones que ya están ahí contenidas en la ley.

Y, entonces, esto traducido en palabras cristianas, nos va a permitir a los mexicanos conocer los padrones de contribuyentes que tiene Hacienda, porque en una comunidad como ésta, como la de México, es muy diferente a la comunidad en donde se convive de manera ordinaria.

Ya sabemos que el delegado sabe cuánto aporta cada vecino y cuánto contribuye, y a quién le perdonan las faenas.

En materia fiscal, el gobierno va a tener que transparentar el padrón de contribuyentes, que es algo que siempre se ha negado a poder saber.

Vamos a poder saber cuántos beneficiados tenemos en los programas sociales, en Progresa, cómo se aplican los recursos de Procampo, cómo está atendiéndose ese Programa del Seguro Popular, como en SAGARPA se dan los recursos para tractores, vamos a poder transparentar esta rendición de cuentas de la información para que le quitemos el uso clientelar que hace la Secretaría de Desarrollo Social con los programas de combate al hambre, porque esta Cruzada contra el Hambre solamente conocen ellos los resultados, nosotros vamos a donde vamos siempre y seguimos encontrando a los mismos compañeros en la situación de pobreza en la que están viviendo, y esto tiene que ayudar a que se transparenten este tipo de programas.

Por eso, compañeras, compañeros, podremos saber también cuánto al pueblo mexicano le costó la Visita de Estado que hizo el Presidente a Inglaterra, y que luego publicaran sus cosas en la revista Hola, para saber cuánto estamos invirtiendo del erario público en estos temas.

Hay avances en esta ley, no podemos pedir más, compañeros, estamos en la posibilidad, para concluir, de que esta ley contenga también sanciones, hay medidas de apremio, podemos decir que hay coscorrones, hay jalones de orejas y hay multas, y esta ley va a permitir que vayamos caminando en el sentido que reclama la sociedad.

Por eso yo decía que le agradecemos no a las comisiones, sino a las condiciones que vive el país, que permitan que esta ley tenga vigencia y tenga la importancia y la trascendencia de lo que está reclamando la ciudadanía.

Por eso el papel que desempeñamos aquí tiene que ser llamado a fortalecer y a profundizar las acciones que hoy esbozamos y que mucho nos dejan insatisfechos, pero que sin embargo las tenemos qué empujar.

Puede haber compañeros que estén en contra de esta ley, pero esta ley es una alternativa para poder profundizar, en este sentido, en los temas que vamos nosotros….

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Pedraza, le pido redondee su intervención, para cerrar el tiempo.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Sí, compañero. Esta ley, y le quiero hacer una observación muy respetuosa a la Presidencia y a mis compañeros, porque este proceso legislativo creo que es de los pocos, únicos, que vienen precisamente de este cuerpo colegiado de Senadores, que no recibimos la consigna de nadie para elaborarla, que nos enfrentamos al reclamo de quitar cosas que les molestaban porque se negaban a dar la información que es propiedad de los mexicanos, y que ahora que tenemos una oportunidad de un debate, también lo queremos hacer chiquito, pequeño, no empequeñezcamos nuestra labor, compañeros, si tienen que dedicarle tiempo a este trabajo dedíquenselo, porque para eso nos pagan.

Quiero decirles que en esta reforma también no sólo aplica la ley al vecino, se aplica también a este órgano legislativo y se van a tener que transparentar muchas de las actividades que con opacidad ahora nos han cuestionado.

Ese es uno de los problemas que cargamos los políticos, que nos hemos peleado con la transparencia y que ahora nos hemos asociado con problemas que nos reclaman la sociedad.

Por eso la transparencia es la aliada de los políticos, que requiere en este momento México, para poderle regresar la dignidad al papel que desempeñamos.

Muchas gracias por su tolerancia, compañeros.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Pedraza.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Con su venia, Senador Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Hoy discutimos un asunto de vital importancia para la vida democrática de nuestro país.

Por ello, debo hacer énfasis de que este dictamen que nos ocupa es producto, como ya se dijo aquí, quienes me antecedieron en el uso de la palabra, en amplias, muy amplias jornadas de trabajo, mismas que incluyeron el desarrollo de audiencias públicas en las que se invitó a sujetos obligados, a organismos garantes y especialistas en la materia.

Podemos decir que esta nueva legislación que regula el acceso a la información ha sido analizada desde todas las aristas.

Con la reforma constitucional en materia de transparencia, aprobada en noviembre de 2013, y publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2014, por un lado fortalecemos los mecanismos encaminados al combate a la corrupción y la impunidad; y por el otro intensificamos la participación de los ciudadanos en asuntos públicos.

Lo anterior queda de manifiesto en las principales directrices que caracterizan a la reforma constitucional en materia de transparencia, y desde luego destaca donde se dota de autonomía y se otorgan nuevas atribuciones al órgano constitucional garante de la información pública, y de la protección de datos personales, y se amplió el catálogo de sujetos obligados.

Se fortaleció la fiscalización de los Poderes de la Federación, los órganos autónomos, partidos políticos, fondos públicos y de toda persona que reciba o ejerza recursos públicos.

En su conjunto, estas modificaciones representan un verdadero cambio del paradigma que en materia de transparencia y seguramente se traducirán en beneficio para todos los mexicanos.

En complemento a las disposiciones que hemos señalado en la reforma constitucional, también nos constriñe en la obligación de emitir la ley en que se establezcan las bases principales, generales y procedimientos del ejercicio del derecho a la información pública y a la protección de los datos personales.

La importancia de aprobar el presente dictamen radica en hacerlo, además de cumplir con dicha obligación, estaremos garantizando el ejercicio del derecho al acceso a la información, el cual desde la reforma en materia de derechos humanos, en junio del 2011, precisamente cuenta con la categoría derechos humanos, prerrogativa inalienable, inherente e imprescriptible para el hombre.

En relación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contenida en el presente dictamen, considero oportuno referirme a algunos de los principales aspectos.

Establece que los sujetos obligados deberán de transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que estén a su cargo, y contempla la implementación de un catálogo de sanciones y multas por incumplimiento.

En el ámbito de la administración y procuración de justicia, estipula que no podrá clasificarse como reserva toda aquella información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, esto con base en la legislación nacional e internacional.

Como una de las mayores aportaciones que contempla la conformación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual estará integrado por el IFAI y los órganos garantes de las entidades, la Auditoría Superior de la Federación y, desde luego, el Archivo General de la Nación.

Compañeras y compañeros legisladores: Esta es una ley que habrá de transparentar no solo a las instituciones que son garantes, sino también a nosotros Senadores, Diputados y todos aquellos que tenemos una responsabilidad pública constitucional que cumplir como representantes o como servidores públicos de la nación.

Quiere decir que todos estaremos sujetos al veredicto, al examen y a la evaluación del pueblo de México.

Desde esta tribuna hago un llamado respetuoso para pronunciarnos a favor de este dictamen, porque considero que esta ley de avanzada, que como ya se dijo, mi compañera Arely; Cristina Díaz, nuestra Senadora; el Senador Pablo Escudero y el Senador Alejandro Encinas, junto con los dos coordinadores, Senadoras y Senadores que forman parte de estas comisiones unidas, han hecho de esta ley una herramienta que permitirá transparentar todos los recursos, las acciones, el trabajo que cada uno de los mexicanos realice.

Esta es una demanda muy sentida del pueblo de México.

Enhorabuena.

Invito a todas mis compañeras Senadoras y mis compañeros Senadores a votar a favor de este dictamen.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

En uso de la palabra la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenas tardes a todas y a todos; con su permiso, señor Presidente.

Quiero, por supuesto, posicionar a favor del dictamen que estamos hoy discutiendo, comentándoles que en el Senado de la República durante esta Legislatura nos hemos caracterizado por legislar con una perspectiva de inclusión, en donde legislamos porque todos los derechos plasmados estén al alcance de todas las personas por encima de cualquier condición.

Particular ejemplo lo tenemos con el trabajo que realizamos a favor del respeto y fomento de los derechos de las personas con discapacidad, y en donde este Senado no sólo ha mostrado sensibilidad y apertura, sino interés y mayor conocimiento del tema, plasmándolo en diversas reformas como aquellas que dieron origen a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se han traducido en un logro sin precedentes y del cual todas y todos quienes conformamos este Senado somos parte.

En este sentido, el dictamen en discusión contiene una serie de preceptos que tienen como finalidad cumplir con las disposiciones internacionales y nacionales en materia de discapacidad, pero más aún con las y los mexicanos que viven con esta condición e históricamente se les ha dificultado acceder en un marco de igualdad a la información.

Ejemplo de ello lo tenemos en el artículo 3o., en donde se establece que los ajustes razonables son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad, el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos.

En igual sentido, el artículo 10 señala como obligación de los organismos garantes otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con los demás, en estrecho vínculo con los artículos 11, 12, 13, 17 y 22, en donde se mandata que toda la información pública en posesión o generada por los sujetos obligados deberá ser accesible a cualquier persona, agregando en el artículo 16, que el ejercicio de este derecho no podrá condicionarse por motivos de discapacidad.

Asimismo, en el artículo 31 se establece como función del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la promoción e implementación de acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la información.

Mientras que el artículo 42, menciona la atribución de los órganos garantes de promover los ajustes razonables a favor de las personas con discapacidad.

Por su parte, el artículo 45 mandata que los sujetos obligados deberán promover e implementar políticas de transparencia proactivas, así como fomentar la accesibilidad a través de acuerdos con instituciones públicas especializadas que los auxilien en la entrega de las respuestas a solicitudes de información en cualquier formato accesible, debiendo publicarse la información de obligaciones de transparencia con perspectiva de discapacidad, de acuerdo con el artículo 64.

En el mismo tenor de los preceptos anteriores, el artículo 65 señala que los organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso, debiéndose desarrollar políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información.

Finalmente, dejando de manifiesto el compromiso cabal de cumplir con las disposiciones a favor de las personas con discapacidad, se establece como una de las posibilidades del recurso de revisión y causa de sanción la entrega o puesta a disposición de información en un formato no accesible para el solicitante, de conformidad con los artículos 143 y 206.

Estimadas Senadoras y Senadores, es evidente el compromiso de las comisiones unidas y la perspectiva de inclusión a favor de las personas con discapacidad que presenta este dictamen, en el que se contemplan los mecanismos y acciones para garantizarles el disfrute de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En este sentido, quiero sinceramente reconocer una vez más el trabajo de quienes integran las comisiones dictaminadoras, de todas y de todos sus integrantes, teniendo como fundamento los argumentos vertidos y, por supuesto, acudo a esta tribuna a manifestar que en el grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor de este dictamen, que además de todas las virtudes que han señalado con anterioridad, viene a abonar a favor del acceso en igualdad de condiciones a la transparencia gubernamental y acceso a la información pública de las personas con discapacidad.

Hay que seguir haciendo mucho, hay que seguir legislando en todos los temas y seguiremos todos trabajando.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Hilda Flores Escalera.

En uso de la palabra el Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, pudiendo utilizar el método para prolongar de ocho a cinco minutos, que usted conoce.

El Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente.

Como lo hice en la sesión de las comisiones unidas cuando discutimos el proyecto de dictamen, quiero felicitar a los Presidentes de las comisiones por su empeño mayor en conciliar posiciones.

Debo también ahora destacar mi felicitación a la Senadora Laura Rojas Hernández, le reitero mi afecto, mi reconocimiento, ella ha puesto al servicio de esta empresa su inteligencia, su compromiso y su apertura.

El proyecto de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que hoy se presenta a este Pleno, es un paso más en una larga lucha que en México se ha sostenido para hacer viable el derecho a la información, en lo general, y en este caso en su vertiente del derecho de acceso a la información que da vida al derecho a saber de los ciudadanos.

Como contraparte al ejercicio de este derecho ciudadano, se materializa el reconocimiento de la obligación del Estado de transparentar su gestión y rendir cuentas.

Los avances del derecho de acceso a la información son también avances para enfrentar otra lucha que debemos asumir, la lucha contra la corrupción. Debo reconocer que el proceso de presentación, análisis y discusión del dictamen de esta iniciativa tuvo altibajos y sombras, pero al final, en el conjunto de la ley y del proceso, se impuso un ejercicio parlamentario plural y participativo que no se logra fácilmente.

Particularmente presenté una serie de observaciones, especialmente en el momento en el que se pretendía incidir con propuestas indebidas por parte del Ejecutivo Federal, entre ellas la pretensión de acotar la autonomía constitucional del órgano regulador o la de limitar una de los principales avance de la transparencia, la de exigir que para reservar información se presente una prueba de daños, entre otros temas.

Todos esos problemas fueron superados gracias al diálogo y a la transparencia del proceso de dictamen. Debo reconocer que casi todas las observaciones que presenté como dictaminador fueron atendidas, ello me obliga, aun cuando me preocupan asuntos en lo particular, a votar a favor del dictamen en lo general, pero a expresar, con toda claridad, el diferendo en lo particular.

Primero, reconozco, entre otros, como principales avances de esta ley, la que hoy votaremos, que establece principios de transparencia comunes para todo el país, se amplía el espectro de los sujetos obligados, se amplía el catálogo de las obligaciones de transparencia proactiva, se crea el Sistema Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se respeta la autonomía de los órganos reguladores y avanza la capacidad de atracción del órgano regulador nacional, en caso de inconformidad del solicitante. Son logros indiscutibles.

Se ha dicho aquí, por varios Senadores de la República, que toda ley es perfectible, pero hay leyes que sin ser perfectas cumplen dignamente en la lealtad de los legisladores, que sujetos ellos mismos bajo la hipótesis de la norma, se aplican para sí lo que exigen para otros, este no es el caso, en esta ley el gran faltante es la dignidad del propio Poder Legislativo, la gran ausencia es el rigor con el que el Congreso de la Unión ve a otros poderes pero no se ve a sí mismo, aplica para otros órganos constitucionales y demás poderes lo que con una manga ancha legisla para sus obligaciones.

En el artículo 72, no solo se quiso avanzar en el detalle y en una mayor especificidad de las obligaciones de transparencia para los grupos parlamentarios y los legisladores en lo individual, sino que de última hora se introdujo en el dictamen un nuevo artículo transitorio, el décimo tercero que diluye el cumplimiento de las obligaciones de transparencia para el Congreso de la Unión.

Esto es, primero, se da un plazo al 30 de agosto para que las Cámaras del Congreso presenten un programa de reorganización administrativa contable y financiera, en el que incluyen los grupos parlamentarios.

Y luego, como remate de ese artículo transitorio, dice textualmente: “Las obligaciones genéricas y específicas que correspondan a las Cámaras del Congreso se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización”. Esto es, pues puede ser un año, dos años, tres años o nunca.

Esto, sostengo, no prestigia al Congreso y no termina por acabar el trabajo de los dictaminadores. Por supuesto que esto lo único que confirma es el desaseo contable, administrativo y financiero con el que se manejan en el Congreso los recursos públicos.

Insistí, y con esto termino, señor Presidente, ya bordeando los ocho que me permitió, insistí en el proceso de las comisiones unidas, que me hubiera gustado mucho mayor detalle en las obligaciones de transparencia del Congreso de la Unión y de los congresos de cada una de las entidades federativas, porque el problema es transversal.

Dejo claro en esta tribuna que al votar a favor del dictamen, en lo general, seguiré insistiendo en este tema, tanto en el debate de la Ley Federal de Transparencia como en el Reglamento de Transparencia del Senado, este es un pendiente que le queda a los legisladores, pero también si son consecuentes y congruentes las organizaciones ciudadanas que participaron en este proceso, es también un pendiente que le queda a las organizaciones y a la sociedad en su conjunto, para obligar a que el Congreso no sea una zona de excepción, un zona de impunidad jurídica en materia de obligaciones de transparencia.

Hay otros temas también en los que deberemos de seguir trabajando, como la existencia de Comités de Transparencia en los órganos de seguridad nacional, el papel del Instituto para determinar la apertura de la información, cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, la vinculación necesaria de esta Ley General con las reformas en materia de anticorrupción, y con la Federal de Responsables de los Servidores Públicos.

Con esta ley, estamos atendiendo al mandato constitucional de la reforma de febrero del año de 2014, estamos entregando a los ciudadanos de todo el país, estoy convencido de ello, un instrumento que les puede garantizar, como lo mandata el artículo 6o. de la Constitución, el ejercicio del derecho a la información en su vertiente de acceso y transparencia.

Se reconoce como excepción del Congreso, la responsabilidad de los demás entes y sujetos obligados para abrir las cortinas del ejercicio del poder, las puertas y las ventanas.

Hago votos por que el Congreso reflexione, en serio y con honestidad, sobre el pendiente que deja en esta ley, que también lo obliga.

Gracias, señor Presidente, por su tolerancia.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Corral.

En uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

El eje rector de la política de transparencia debe ser el principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de cualquier autoridad, debe de ser pública, la falta de transparencia, el uso y la ineficiencia con que se aplican los recursos públicos, es un tema que explica la desconfianza de la sociedad hacia la política y hacia las instituciones públicas.

Quisiera ubicar mi intervención en temas de enorme importancia, por la gran cantidad de recursos que están involucrados en ellos y por la entrega de recursos públicos a particulares que estos temas implican, me refiero al sector energético, los fondos y fideicomisos públicos, el manejo de los créditos fiscales y la deuda pública, donde fueron atendidas nuestras propuestas, cosa que agradezco infinitamente a las comisiones dictaminadoras.

En relación al sector energético, es muy importante tomar en cuenta que la reforma energética privatizadora contempla entregar el manejo de una gran cantidad de hidrocarburos a particulares. Ello implica la necesidad de transparentar las decisiones que tome el gobierno, sobre todo el proceso de privatización, y que su implementación sea objeto de la mayor transparencia, cosa que no está sucediendo.

La Secretaría de Energía decidió entregar a particulares la llamada Ronda Uno, que suma 169 bloques contractuales para explorar y explotar 28 mil kilómetros cuadrados, donde existen reservas por 3 mil 728 millones de barriles de petróleo y recursos prospectivos por 14 mil 606 millones de barriles.

Adicionalmente, PEMEX tomó la decisión de que 14 asignaciones migraran a contratos de Ronda Cero a contratos privados.

Estamos hablando, entonces, de 183 contratos de grandes complejidades técnicas y financieras que no están siendo transparentes en su adjudicación y operación.

La Secretaría de Energía decidió ocultar por cinco años los nombres de las empresas interesadas en la Ronda Uno, está violando todas las disposiciones de transparencia establecidas en las leyes energéticas. De ahí, la enorme importancia de esta Ley General de Transparencia, donde deja perfectamente claro, en el artículo 70, que la Secretaría de Energía, como los demás entes, estará obligada a dar a conocer los nombres de las empresas y sus accionistas, apenas se promulgue esta ley.

Ocultar los nombres de las empresas que van a tener los contratos en materia de energía, pues se presta a que haya tráfico de influencias, actos de corrupción entre funcionarios públicos y los particulares o a que puedan llevar a acuerdos para favorecer con contratos a determinados privados que favorezcan a grupos específicos de interés.

La Secretaría de Energía está obligada, además por el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos, a especificar los criterios de precalificación y a publicarlos en el Diario Oficial de la Federación, la precalificación tiene que hablar de nombres.

Adicionalmente, el artículo 25 de la Ley de Hidrocarburos, considera el proceso de licitación, no sólo las bases de la convocatoria, sino el proceso de licitación para adjudicar los contratos, debe regirse bajo los principios de máxima transparencia, léase artículo 25 de la Ley de Hidrocarburos, y otros artículos más, pero el artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos es muy importante, porque establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos no podrá entregar contratos de extracción y exploración de hidrocarburos a empresas que estén inhabilitadas, que tengan incumplimientos graves en contratos anteriores, que utilicen a terceros para evadir responsabilidades, un montón de cosas.

Conocer el nombre de las empresas, conocer cuáles son las empresas que buscan participar en los contratos que se van a licitar, pues es demasiado importante.

Tiene el IFAI la obligación de hacer valer la Ley General de Transparencia y obligará a la Secretaría de Energía a que dé a conocer los nombres de las empresas interesadas en la Ronda Uno, y vamos a checar si cumplen los requisitos del artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos, porque en la Ronda Uno se están llevando la pechuga del pollo petrolero.

Paso al tema de los fideicomisos públicos, donde hay un avance muy importante en materia de fideicomisos y fondos públicos.

Vale la pena recordar, que de acuerdo a la información publicada por la Secretaría de Hacienda al cuarto trimestre de 2014, existen 352 fideicomisos públicos, que manejan 452 mil millones de pesos, que hasta ahora son opacos, y que gracias a esta ley serán públicos, estos fideicomisos no operan en forma transparente hasta ahora, no se respeta, porque la Secretaría de Hacienda sólo da a conocer, en cada trimestre, información muy agregada.

Por ello, es de máxima importancia que en esta Ley de Transparencia se refuerce la obligación de que los fideicomisos operan bajo el principio de máxima transparencia, y que el IFAI haga valer este principio y se establezcan sanciones a aquellos entes que no cumplan con estas disposiciones.

Uno de los fideicomisos más importantes por el volumen de recursos que manejará será el Fondo Mexicano del Petróleo, estaremos pendientes.

Pero el artículo 26 de esta Ley y el 77, establece que la información que debe de exponerse al público es el nombre del servidor público, la persona física o moral que represente al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario, y a la unidad administrativa responsable del fideicomiso, en caso de que los fideicomisos no tengan la estructura orgánica, que son muchos, son, bueno, por ahorrar tiempo, me voy a ahorrar tiempo, pero son muchísimos fideicomisos que no tienen la estructura orgánica.

El monto total de los recursos que manejan, el uso y destino del patrimonio del fideicometido, distinguiendo las aportaciones públicas, las fuentes de recursos, los subsidios, las donaciones, las transferencias, los excedentes, todo esto tendrá que hacerse público, además las modificaciones de los contratos y Decretos de constitución de fideicomisos o fondos públicos, el padrón de beneficiarios, las causas por las cuales se crean o por las cuales se extinguen los fideicomisos, los contratos de obras, adquisiciones o servicios que involucren recursos contenidos en fideicomisos, así como los honorarios, derivados de los servicios y operaciones de cada fideicomiso.

Lo más importante es que se contemplan las inversiones depositadas en fideicomisos o fondos públicos y se dan a conocer, o deben de darse a conocer, en qué están aplicándose los recursos públicos.

Termino con créditos fiscales, ya no voy a hablar de deuda pública.

Los créditos fiscales, al 31 de diciembre de 2014, ascendían a 451 mil millones de pesos. Durante 2014, sólo se recuperaron 26 mil millones de pesos, es decir, apenas un 6 por ciento.

La Secretaría de Hacienda no da a conocer las cancelaciones, ni tampoco los descuentos, y nada más informa que ha devuelto 289 mil millones de pesos de impuestos a diversos contribuyentes.

Bueno, ahora la Ley de Transparencia garantiza que la Secretaría de Hacienda esté obligada a proporcionar información detallada sobre el manejo de los créditos fiscales y las devoluciones, así también toda la información sobre las extensiones fiscales, de este modo se garantiza conocer el nombre de las personas.

Ya no aplicará el secreto fiduciario, ni bancario. Se podrá conocer el nombre de las personas que reciban beneficios fiscales, cancelaciones, condonaciones de crédito, precisando el monto del beneficio, y así nos evitaremos otras sorpresas.

La Auditoría Superior de la Federación, con esto termino.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senadora, le pido concluya su intervención.

La Senadora Dolores Padierna Luna: La Auditoría Superior de la Federación, termino diciendo que descubrió en este último informe que la Hacienda Pública Federal tiene un daño de mil 124 millones de pesos, debido a que la autoridad, en forma improcedente, condonó créditos por esa cantidad, señala a la empresa Sabritas, a la cual se le condonaron 929 millones; a la empresa Gamesa, que se le condonaron 150 millones; a la Scotiabank Inverlat, que le condonaron 28 millones; al Grupo Inmobiliario Prologis México City, que le condonaron 2 deudas: una por 9 millones 300 mil y otra por 5 millones 500 mil.

La Ley General de Transparencia obliga a conocer los detalles de estas condonaciones, y seguramente el erario público será el mayor beneficiado.

Felicidades a las y los Senadores por esta ley histórica.

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

En uso de la palabra la Senadora Mayela Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeros Senadores:

El día de hoy estamos discutiendo una ley vanguardista en materia de transparencia de acceso a la información. Sin duda, un gran avance para el Estado y la sociedad mexicana.

Es un cambio profundo en la relación Estado-sociedad que garantiza y materializa la transparencia y el acceso a la información como derecho establecido en la Carta Magna, la cual es irrenunciable.

Este nuevo ordenamiento tiene por objeto establecer los principios generales que garantizan el derecho que tiene toda persona al acceso a la información.

Ya estamos hablando, desde el tipo autoridad, entidad, órganos y organismos de los poderes de la unión, los órganos autónomos, partidos políticos, así como cualquier otra persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas, los estados y los municipios.

La ley busca promover, fomentar y difundir entre la población mexicana la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública a fin de facilitar el acceso a la información, y con ello ampliar la participación ciudadana.

Se responde al derecho humano de acceso a la información lo que comprende el solicitar, investigar, difundir y recabar todo tipo de información.

El ordenamiento jurídico en materia de acceso a la información y transparencia, entre otros, establece: que los datos abiertos son la información pública disponible y accesible que puede utilizarse para cualquier fin y de manera gratuita el cual podrá acceder sin restricción toda persona.

Como mandato de ley se señala: que toda la información generada, obtenida y adquirida en posición de los sujetos obligados, deberá de ser pública y accesible para cualquier persona, y sólo podrá ser calificada como reserva por razones de interés público y de seguridad nacional.

Es nuestra responsabilidad cumplir con el pacto federal que nos obliga a crear leyes coherentes, que garanticen la accesibilidad a la información gubernamental en la cual todos los niveles de gobierno deben de asumir su responsabilidad en la rendición de cuentas.

El grupo parlamentario del PRI es prioridad y fortalecer los mecanismos legales de acceso a la información para consolidar nuestra democracia.

Daremos nuestro voto a favor del presente dictamen que garantiza a toda persona el acceso a la información pública, así como el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de quienes están obligados a cumplir en la rendición de cuentas.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Tiene la palabra el Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.

El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señor Presidente.

Sin duda que, en toda democracia, un principio fundamental para hablar de democracia sólida es precisamente el tema que hoy nos ocupa: la transparencia y el derecho a la información.

Hoy estamos dando un paso fundamental en lo que se refiere al cumplimiento de este derecho humano del acceso a la información.

Después de un proceso largo, por fin se pone a consideración de este Pleno el presente dictamen relativo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Este derecho de acceso a la información, tal y como lo establece el propio dictamen, es clara en la protección de múltiples derechos individuales y colectivos que caracterizan a los sistemas democráticos robustos, además mantienen una relación estrecha con la promoción de los derechos humanos, el desarrollo económico, la gobernabilidad y la competitividad de cualquier nación.

Este derecho se ha venido consolidando paulatinamente, tanto en nuestro país, como a nivel mundial.

La alternancia democrática plena que vivimos en el año 2000, y las reformas al artículo constitucional en el 2007, fueron determinantes:

La creación de la Ley General de Transparencia; el nacimiento del IFAI y la introducción de nuevos elementos respecto de la función de los órganos garantes, dieron muestra de ello.

La reforma al artículo 1o. de la Constitución, en el año 2011, estableció que la acción y las políticas públicas del Estado deben estar orientadas y articuladas alrededor de la garantía de los derechos humanos.

Al reconocer el acceso a la información como un derecho humano, se requiere, entonces, de un marco jurídico que tuviera la posibilidad de que se pudiera cumplir de manera eficiente esta garantía constitucional.

Así las cosas, es que hoy estamos a favor de cumplirle a los mexicanos el compromiso adquirido hace poco más de un año, al expedir la ley general, en el artículo 6o. constitucional, para consagrar más ampliamente el derecho al acceso de la información, lo cual se ve reflejado en el presente dictamen.

Con esta ley general vamos a poder homogenizar los presupuestos normativos que todos los sujetos obligados en el país deberán observar para la tutela de los derechos de acceso a la información y protección de datos.

Ya no serán más rezagos u omisiones, ni disparidades en las normas jurídicas de la materia.

Estamos a favor de fortalecer el derecho de acceso a la información pública para que podamos conocer también la información con la que hoy no tenemos, y que es una exigencia de la sociedad: la información de los partidos políticos, de los sindicatos, de los órganos autónomos, de los fideicomisos, de los fondos públicos y personas físicas o morales, o también de aquellas personas privadas que manejan recursos públicos o que realizan algún acto de autoridad.

Esta ley le permitirá a todos los entes públicos que se regule bajo las mismas reglas, y hacemos extensivo el compromiso para que pronto tengamos también esta posibilidad en todos los órdenes de gobierno de cualquier municipio y de cualquier estado.

Estamos también a favor de la creación de este Sistema Nacional de Transparencia, como un organismo garante a nivel federal y con 32 organismos garantes en los estados, para establecer en la ley la forma en que se coordinarán y evaluarán las acciones relativas a la política transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

Con este sistema lograremos progresivamente los mismos estándares de transparencia y de acceso a la información en todo el país. Entre todos identificaremos los problemas comunes y las mejores prácticas para cumplir con esta obligación.

Habrá un Consejo Nacional de Transparencia, conformado por todos los organismos garantes, que aprobarán los criterios y los lineamientos para armonizar el derecho de acceso a la información en todo el país.

También estamos de acuerdo, porque se garantice el ejercicio de acceso a la información pública de los sujetos obligados deberán generan información y aplicar la prueba de daño para motivar la clasificación de la información confidencial o reservada.

A cualquier persona podrá denunciar violaciones a la falta de publicación de las obligaciones de transparencia y que se haga pública toda la información, respecto a violaciones graves a derechos humanos.

Estamos a favor de darle más facultades al IFAI que, a partir de ahora, será un Instituto Nacional, que podrá interponer acciones o controversias de constitucionalidad; que también podrá tener la posibilidad de acordar con las demás entidades federativas, los criterios para poder darle cumplimiento puntual a las obligaciones que establece esta ley, así como la de poder atraer las decisiones que tomen los órganos estatales.

Senadoras y Senadores: Sin duda que, el día de hoy, estamos dando un paso fundamental en una demanda de la sociedad. Mucho se habló de las reformas estructurales, ésta también es una reforma estructural, que junto con el Sistema Nacional de Anticorrupción, podrá, por fin, darle respuesta a una demanda y exigencia de los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

En uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros: Los secretos, los secretos del poder, los Arcana Imperii, como se les conoce en latín, aluden a esta necesidad del Estado de mantener fuera de la escena pública, aquellas acciones que consideran muy sensibles, muy delicadas, muy peligrosas, muy difícil de entender para el público en general.

El Estado cuando se presenta como un preocupado garante de la seguridad de sus ciudadanos.

Los Arcana Imperii han demostrado que son otra cosa, que van en sentido justamente contrario. Han constituido en la historia de los sistemas políticos, una amenaza. Una amenaza no solamente para la integridad de quienes dicen proteger, sino una amenaza, también, para la democracia misma.

Y eso es justo lo que está ocurriendo en estos días en nuestro país. La opacidad y la corrupción están dañando a la democracia y la están poniendo en un grave riesgo.

Tres datos para avalar esta aseveración.

Primero. La lealtad a la democracia, según el Latinobarómetro, está, como nunca, en una posición verdaderamente preocupante. Sólo 37 por ciento de los mexicanos piensa que la democracia es preferible a otro sistema de gobierno.

Segundo. La caída en la confianza pública de todas las instituciones, que está reflejada en la encuesta que ustedes prefieran.

Y tercero. Un hecho inédito, reflejado en el registro de problemáticas y preocupaciones de los ciudadanos que lleva Reforma, el periódico Reforma desde hace varios años, y que por primera vez aparece como el problema más grave del país: no la seguridad, no la economía, la corrupción.

Esta situación sólo se puede empezar a revertir justamente con más transparencia. Con lo que estamos haciendo el día de hoy.

Pero también, porque estamos hablando de transparencia, nuestros discursos más que nunca, están obligados a ser cien por ciento transparentes. Y por eso yo no puedo dejar de señalar un tema que no se incluyó en este dictamen.

Y este es, el de los informantes.

Yo los quisiera compañeras y compañeros legisladores, invitar a hacer un ejercicio. Un ejercicio de historia reciente de nuestro país vecino, de los Estados Unidos.

Los Estados Unidos en los últimos 50 años, han tenido tres cismas políticos muy relevantes, muy profundos y que los puso en una situación complicada.

El primero fue, el protagonizado por este hombre. Que seguramente muchos de ustedes conocedores de la historia, lo reconocen, Lee Harvey Oswald, el asesino de John F. Kennedy.

El más reciente puede estar con esta figura, con esta imagen. Osama Bin Laden. El autor intelectual de los ataques de los 11 de septiembre.

Pero hay otro cisma, que seguramente ustedes recordarán, y que fue producto de esta persona. De esta persona, cuyo nombre y cuya imagen, seguramente no les dice mucho. Seguramente mucho de ustedes no lo recuerdan, ni lo reconocen.

Se trata de Mark Felt, que fue el hombre que ocasionó la única renuncia de un Presidente norteamericano en toda la historia de ese país.

Se trata, justamente, Mark Felt, de un whistleblower, de un informante. Este hombre, en el 2005 se supo que era, quien realmente se hacía llamar “Garganta Profunda”. Y fue el número dos del FBI, que infiltró información a los periodistas del Washington Post, sobre el escándalo de Watergate y el involucramiento del Presidente Nixon, que a la postre renunció.

De ese tamaño es el asunto de los informantes. De esa dimensión, que quizá no lo estamos viendo, es la de un hombre, un servidor público que se enfrenta a la disyuntiva d dar a conocer información, a beneficio de la sociedad.

A los 92 años, cuando Mark Felt falleció, dijo lo siguiente: “Era mi deber hacerlo. Era la única forma de evidenciar la corrupción de un sistema político”.

Por eso es que yo sigo convencido que México necesita de este tipo de ciudadanos. Necesita de whistleblower, necesita de informantes estos servidores públicos o miembros de fideicomisos de fondos públicos o integrantes de partidos políticos o de sindicatos, que divulgan información de interés público, que fue reservada de manera incorrecta o fue reservada de manera indebida.

En ese sentido, quiero decir, que justamente uno de los debates que se está llevando a cabo en nuestro país, que tiene que ver con la plataforma MexicoLeaks, permitirá que estos informantes mantengan el anonimato, como la garantía para su acción.

No va ser en la ley, desafortunadamente.

Yo reconozco que en la exposición de motivos, de este dictamen, y reconozco en ese sentido al Senador Pablo Escudero, porque fue receptivo a esta preocupación, que no solamente es mía.

Es una preocupación que en la carta que nos envía el Relator Especial de las Naciones Unidas, el día viernes pasado apenas, manifiesta su preocupación de que el tema de los informantes, no esté en la ley que estamos el día de hoy debatiendo.

Por eso reconozco que en la exposición de motivos, se incluye el planteamiento de la importancia de proteger a los informantes; pero también se dijo que esta disposición, esta garantía, debe de estar en otra ley, no que no deba de existir.

Yo tomo esas palabras y confío a que su inexistencia en este dictamen, no signifique que esta figura se va a dejar de lado en el futuro.

Tomo la exposición de motivos, como el compromiso de este Senado de la República, para que legislemos, y México tenga en sus servidores públicos de buena voluntad, la garantía de que no serán sancionados cuando de buena fe y porque prevalece el beneficio social sobre el interés público, dan a conocer información que se reservó de manera incorrecta para tapar actos de corrupción o cualquier otro tipo de manifestaciones indebidas.

Por eso, es que yo celebro la exposición. Celebro el ambiente que se ha generado alrededor de esta Ley de Transparencia.

Mi voto será a favor, pero no dejo de señalar este detalle.

Muchas gracias, Senador Presidente.

Y ojalá, de verdad, sea la transparencia la que derroque la opacidad en el ámbito público, y que libere a la política y la saque en la penumbra en la que está sumida.

Es cuanto, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Zoé Robledo.

En uso de la palabra la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Anabel Acosta Islas: Con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes, Honorable Asamblea:

La transparencia y la rendición de cuentas constituyen elementos fundamentales para la evaluación del desempeño de nuestras autoridades. A través de dichos mecanismos es posible determinar si el ejercicio de las funciones de un funcionario público o un representante popular cumple con el compromiso que la ciudadanía ha depositado en ella y se sujeta al acatamiento de la ley.

Hace más de 13 años, conseguir información pública era prácticamente imposible, los mexicanos no teníamos instituciones ni un marco legal que obligara a las autoridades a proporcionar toda la información que solicitaran los ciudadanos, académicos o periodistas.

A principios de este siglo se sentaron las bases para construir una política de Estado en materia de transparencia y acceso a la información, sin duda un avance sustantivo. Sin embargo, aún existían retos que deberíamos atender, así lo dejó ver el Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información, que informó que 26 organismos estatales de transparencia en nuestro país tienen calificaciones por debajo del 60%.

La reforma constitucional en materia de transparencia ha sido, sin duda, una de las más relevantes para fortalecer la calidad de la democracia de nuestro país, configuró un nuevo mecanismo de acceso a la información pública y la protección de datos personales, y cambió el paradigma en las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno.

Hoy, los ciudadanos podrán conocer no sólo información del gobierno federal, estatal o municipal y de los poderes legislativo y judicial, sino también de los partidos políticos, de los sindicatos, de los fideicomisos, de los fondos públicos, de universidades, de órganos autónomos, y de todas aquellas personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos.

Con el dictamen que hoy discutimos, se fortalece la transparencia del ejercicio público y la rendición de cuentas. Después de casi 4 décadas se estableció el derecho constitucional a la información en nuestra Carta Magna, hoy estamos en la ruta para colocar a México a la vanguardia en esta materia.

La nueva legislación contiene las bases mínimas de los procedimientos que garantizarán el ejercicio del derecho de Acceso a la Información. Contiene disposiciones para promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas.

Establece medidas de apremio y sanciones que podrán ser desde amonestaciones públicas, hasta multas que irían desde 150 hasta mil días de salario mínimo a quienes infrinjan la ley.

Por las argumentaciones anteriormente expuestas, mi voto es a favor de este dictamen.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Anabel Acosta Islas.

En uso de la palabra la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Con su venia, señor Presidente.

La corrupción se ha convertido en un tema que ofende a los mexicanos, frena el desarrollo, afecta la impartición de justicia y destroza la confianza social. La transparencia no puede ser una moda, es una condición; la rendición de cuentas no es una graciosa concesión, es una obligación de los servidores públicos.

La certidumbre de los ciudadanos que se convierte en confianza hacia las instituciones no se logra con declaraciones, sino con hechos. La obligación de documentar la acción gubernamental no sólo se vincula con la plena satisfacción del derecho a la información, sino también permite hacer eficiente la gestión pública, mejorar la toma de decisiones, promover elementos sustantivos para evaluaciones del quehacer gubernamental.

A pesar de lo anterior, uno de los principales problemas del Sistema de Acceso a la Información, identificado a partir de 12 años del ejercicio de este derecho en México, a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y de las leyes estatales y del DF, es justamente la declaratoria de inexistencia de la información de parte de los sujetos obligados.

De acuerdo con datos del IFAI, del año 2010 a 2014, suman 31 mil 455 respuestas que declaran la inexistencia de la información solicitada a nivel federal. Desde 2010, cada año más de 5 mil solicitudes se responden con declaratoria de inexistencia de información.

Esta declaratoria de inexistencia de información revela tres problemas:

Primero, que los funcionarios se resisten a entregar la información con la que efectivamente cuentan y que por sus características debería de ser pública.

Segundo, que los sujetos obligados no cumplen con la obligación de documentar sus procesos y toma de decisiones.

Tercero, que la autoridad no está cumpliendo con sus responsabilidades y sus facultades.

En cualquiera de las tres posibilidades el escenario es preocupante y termina violentando el derecho a la información, ya sea porque no se entrega la información a pesar de contar con ella, porque no se documenta la acción gubernamental o porque no se cumplen con las facultades, competencias, funciones, que la norma otorga a los sujetos obligados.

Además del marco normativo vigente, no permite que el órgano garante del derecho al Acceso de Información determine qué tipo de problemática se actualiza con cada declaratoria de inexistencia. Por lo que en el caso de que se interponga un recurso de revisión el órgano garante sólo puede obligar a una búsqueda exhaustiva, que es una llamada de atención, una llamada a misa.

En este sentido, la iniciativa propone que la obligación de todos los sujetos obligados debe estar documentada en ejercicio de sus funciones como principio en el artículo 24; que el sujeto obligado deba demostrar que la información declarada como inexistente no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones en el artículo 19; que los comités de transparencia estén facultados para ordenar la generación de información que derivado de sus competencias y funciones los sujetos obligados deban de poseer, esto en el artículo 24.

De las 33 leyes de transparencia que existen en México, sólo 12 se contemplan como obligación de los sujetos obligados documentar todo acto que derive de sus funciones. De estas 12, sólo 9 obligan a que cualquier acto deliberado sea documentado.

En este sentido, el derecho que prevé el artículo 6o. constitucional debe ser ampliado, respetado y regido por principios con el fin de proteger el marco constitucional.

Según los datos de Transparencia Internacional, la transparencia no ha florecido en México. En el año de 1997, ocupa el lugar 47 entre 52 países; en el 2000, el 59 entre 90 países; en el 2006, el 70 en 363 países; hoy el 103 en 375 países; es decir, en dos décadas hemos descendido 56 lugares en la tabla internacional, nos superan países como China, Panamá y Liberia.

Según Transparencia Mexicana, de acuerdo con los estudios que publica, a los hogares mexicanos destinan 32 millones de pesos al año a pagar sobornos, las empresas 10% de sus ingresos. Los más recientes estudios revelan que el costo de la corrupción es un lastre mayúsculo para el desarrollo nacional; de acuerdo al Banco Mundial, alcanza un 9% del Producto Interno Bruto anual.

Esto implica una cifra de 108 mil 225 millones de dólares anuales.

Ha habido, en los últimos años, avances, desafortunadamente no han sido suficientes.

El Partido Acción Nacional creó un marco normativo para la transparencia, se fundó en el IFAI, se fortaleció la Auditoría Superior de la Federación, se aprobó la Ley de Contabilidad Gubernamental, se fortaleció el Servicio Civil de Carrera.

Las lamentables condiciones que hoy lastiman la credibilidad ciudadana, demandan un esfuerzo adicional.

Señores, y con todo respeto, compañeros Senadores, México está harto de la corrupción.

México está harto de la opacidad.

Se trata de generar una nueva actitud de transparencia y rendición de cuentas en el Estado mexicano.

El escrutinio público otorga la confianza sobre la formación del patrimonio de todo servidor público.

Compañeros Senadores: Es momento de ofrecer respuestas puntuales a los reclamos de los ciudadanos a los que nos debemos.

Actuemos como genuinos representantes de una sociedad que está agraviada y que demanda que el dinero público fortalezca el interés público, y no que ensanche los patrimonios privados.

Cada peso que se desvía es un destino que se pospone.

Es momento de corregirlo.

Es cuanto, Senador Presidente.

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Sin duda alguna, la elaboración de esta ley, como se ha dicho en repetidas ocasiones, ha significado trabajo arduo, pero sobre todo compromiso y vocación democrática de diálogo y de llegar a acuerdos y consensos.

Yo me siento contento y satisfecho por el documento que estamos a punto de votar, por un dictamen que tiene muchas horas de trabajo, sin duda alguna reconocer el liderazgo de Pablo Escudero, el trabajo decidido de Laura Rojas, de Alejandro Encinas, de Cristina Díaz, y de muchas personas, hombres y mujeres que siendo legisladores y legisladoras participaron en este proyecto, importante destacarlo, porque habla de una visión plural que hoy está contenida aquí.

Sin embargo, me parece, porque en reiteradas ocasiones se señaló que este es un producto que lleva procesándose casi dos años, y creo que es importante hacer un poco una revisión histórica de dónde viene este documento.

Porque, desde mi punto de vista, y nos ha tocado tener debates legislativos en muchos temas, creo que la forma en la que esta ley se hizo, tiene que ser especialmente en un momento de crisis que mantiene al país, tiene que recordarse como un formato que debiera de ser el espíritu para las futuras leyes, y que debió haber lucido también para otras que hemos generado.

Me acuerdo que era el 7 de septiembre, cuando Alejandro Encinas presentó la iniciativa a nombre del grupo parlamentario del PRD, que cambiaba la Constitución, después, si no mal recuerdo fue Arely Gómez, el 9 de septiembre, y después Laura Rojas, por el Partido Acción Nacional.

¿Qué estaba ocurriendo en aquel momento en nuestro país?

Yo no puedo dejar de traer a la memoria un artículo que siempre me gusta volver a leer, es un artículo que escribió Enrique Peña Nieto, el 16 de julio del 2012, cuando ya era Presidente Constitucional Electo, el Tribunal Federal Electoral ya había verificado los votos, y en aquel artículo, publicado en Reforma, él se comprometía, y lo cito literalmente: “por convicción personal y acatando este mandato ciudadano, ejerceré una Presidencia democrática”, y establecía tres puntos, sobre los cuales enviaría sendas iniciativas, una fue la de Arely Gómez, en primer lugar decía este artículo:

“Promoveré la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, un órgano constitucional autónomo, que a partir de denuncias ciudadanas tenga facultad de investigar y sancionar actos de corrupción de funcionarios en los tres órdenes de gobierno”.

En segundo lugar, y aquí hay una parte importante, porque yo estoy convencido que es parte de la esencia de lo que funcionó bien para que esta ley pudiera salir bien, como hoy entendemos que está saliendo: “Impulsaré la profundización y la ampliación de la transparencia en todos los órdenes de gobierno y Poderes de la Unión. Para ello, propongo dotar al IFAI de competencia en asuntos de las entidades federativas, los municipios, el Poder Legislativo y el Poder Judicial”.

Un tercer punto, y en ese no me detengo, tenía que ver con la parte medios de comunicación.

Era un momento híbrido, el PAN todavía no salía, el PRI todavía no entraba, todavía no había Pacto por México.

Y la decisión que se tomó en el Senado, en esta Legislatura arrancando, fue acudir no a la lógica de la partidocracia o de las cúpulas, no a la lógica solamente en los pequeños liderazgos, que muchas veces funcionan en esta Asamblea, sino fue ir con la sociedad, fue ir con los académicos, fue ir con las organizaciones dedicadas, desde la Red por la Rendición de Cuentas, hasta cada una de las organizaciones de la sociedad civil a escucharlas, a involucrarlas en la generación, primero, de un cambio constitucional y, después, de las iniciativas en materia secundaria.

¿Por qué lo quiero destacar, Senador Bartlett? Le daré gusto con lo que voy a decir.

Porque ese espíritu se perdió, llegó el PRI al poder y lo que ocurrió fue que los engranajes que empezaron a ocupar esa dinámica de Presidencia democrática, empezaron a opacar la lógica de un diálogo político, que estoy convencido que esta ley mantiene, por eso lo subrayo.

Por eso en las organizaciones que participaron en la generación de esta ley reglamentaria, lograron impedir aquellos 80 cambios que quería hacer el jefe de la oficina jurídica de la Presidencia de la República.

Quiero rescatar en mi comentario, compañeros y compañeras, que esta ley y ese cambio constitucional tuvieron en principio y en esencia algo que ha carecido en muchos casos, la generación de otros cambios legislativos que hemos hecho.

La participación de la ciudadanía, el involucramiento y el compromiso decidido y firme, no solamente de legisladores de una parte plural, sino una visión desde la sociedad civil.

Espero, y con eso quiero cerrar, no solamente que esto recuerde que este artículo sea recordado en estos momentos en los cuales la crisis de confianza de la cual hablaba en el Financial Times, el Presidente Peña Nieto, apenas hace dos semanas, la veíamos como una crisis de confianza real.

Que no se resuelve nombrando subalternos como Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Que no se resuelve poniendo Secretarios de la Función Pública que al día siguiente de un mandato terminen diciendo que no tienen capacidad legal para obedecer el mandato.

O que no se resuelven con 20 páginas en el Hola, compañeras y compañeros, con vestidos de 115 mil pesos.

Se resuelven con acciones de la mano de la sociedad civil.

Se resuelven con mandatos constitucionales, como los que esperamos que le podamos dar al Sistema Nacional Anticorrupción.

Creo, compañeras y compañeros, que este artículo es importante recordarlo, porque espero que el espíritu que esta ley, que estamos a punto de votar, tiene, lo podamos tener especialmente en otra parte de este artículo que es el combate a la corrupción que tanta falta le hace al país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ríos Piter.

En uso de la palabra el Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A ver, sonido en el escaño de don Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente, para hechos o por menciones hechas.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No, le vamos a registrar como intervención en lo general, ¿le parece? En contra del dictamen.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) ¿Cómo?

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Cuando usted me pidió el uso de la palabra, le registré su intervención como orador en lo general en contra del dictamen. Ya lo tengo así registrado, ¿le parece que así sea, don Manuel?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Me va a dar la palabra con cualquiera de estas denominaciones.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No, lo registré al final de la lista de oradores como orador en lo general, en contra del dictamen, ¿le parece que así sea, don Manuel?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Me parece magnífico, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel, por su comprensión.

El Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Según los Principios de Lima, el acceso a la información es un derecho humano y, al mismo tiempo, una exigencia de una sociedad democrática.

Se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos.

En nuestro país, el reconocimiento del acceso a la información como derecho humano ha ido evolucionando progresivamente, derivado de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero del año pasado.

La reforma a diversos artículos constitucionales en materia de transparencia fortaleció las atribuciones del organismo federal garante del derecho de acceso a la información y protección de los datos personales en aras de generar un sistema de coordinación entre las entidades federativas y la federación para lograr los mismos estándares de transparencia y acceso a la información en todo el país.

Así, la reforma constitucional mandata al Congreso de la Unión la creación de una ley general en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

Esta ley que hoy discutimos establece las bases, principios generales y procedimiento a los que se deberán ajustar las leyes federal y locales que regirán el funcionamiento de los organismos garantes del derecho de acceso a la información pública y protección de los datos personales.

En adición la iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, presentada en el Senado de la República por diversos grupos políticos, ha tenido un ejercicio parlamentario importante, ya que para su creación se han escuchado todas las voces, tanto de académicos, expertos, representantes sociales, instituciones y Organizaciones No Gubernamentales en diversas ocasiones.

Si bien el ejercicio del derecho de acceso a la información contenido en el artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede restringir excepcionalmente este derecho sólo en la medida necesaria para dar eficacia a otros derechos o bienes constitucionales.

Este proyecto de ley establece las condiciones para su pleno ejercicio sin limitaciones arbitrarias ni discriminación alguna.

En este tenor las restricciones que se establecen cumplen en todo momento con criterios de razonabilidad, es decir se enfocan a satisfacer los fines perseguidos y proporcionalidad que se traduce en que en la medida no impida el ejercicio del derecho humano de acceso a la información.

El acceso a la información promueve la rendición de cuentas y la transparencia dentro del estado y permite contar con un debate público, sólido e informado.

De esta manera un adecuado régimen jurídico de acceso a la información habilita a las personas para asumir un papel activo en el gobierno, condición sine qua non para el mantenimiento de una democracia sana.

Con la evolución del derecho de acceso a la información, se ha venido ampliando su alcance también en materia de sujetos obligados, a entregar información ante la existencia de información de interés público o relacionada con datos personales en poder no solamente de entidades puramente estatales, misma que deberá ser accesible a las personas.

Los legisladores del grupo parlamentario del PRI, tenemos la certeza que esta ley secundaria salvaguarda el derecho de acceso a la información para que en casos que agravien a la sociedad siempre se encuentre la verdad y la justicia.

Por ello, nos pronunciamos a favor del dictamen de la ley general en sus términos, ya que cuenta con mecanismos prácticos para que la sociedad pueda ejercer su derecho de acceso a la información, destacando los principios respecto de los procedimientos de acceso a la misma, así como la determinación expresa de documentar todo acto de los sujetos obligados que derive del ejercicio de sus funciones, de que se trate, hasta que es de conocimiento de los ciudadanos.

Nuestro país requiere de un esquema jurídico claro, completo y coherente que establezca las pautas del derecho de acceso a la información para que se adopten las medidas que garanticen su ejercicio.

Es por ello que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública propuesta en el dictamen, constituya una herramienta esencial para combatir la corrupción; hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad en nuestra democracia.

Por ello, nuevamente, reitero nuestro grupo parlamentario votará a favor del dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Gerardo Sánchez.

En uso de la palabra la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: Con su venia, señor Presidente. Compañeras, compañeros Senadores:

Sin duda esta nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública constituye, como ya se ha dado cuenta aquí, un avance importante para vigilar la actuación de todos los servidores públicos y que la ciudadanía pueda de alguna manera contar con mecanismos eficaces, con mecanismos fuertes para abonar a la rendición de cuentas.

Comparto, sin duda, todo lo que ya se ha dicho aquí a favor de esta nueva ley, de esta reforma.

Yo quiero destacar dos puntos que dan cuenta clara del avance importante que representa esta ley.

Quiero referirme a esa parte que históricamente ha estado en la oscuridad, ha estado en la opacidad, ha sido un secreto para la ciudadanía y que tiene que ver con una parte importante, si no todo, sí una parte importante de las organizaciones sindicales, todo mundo sabemos que ha sido una lucha importante la que se ha dado para buscar que estos entes que manejan cantidades importantes de recursos, muchos de ellos públicos de alguna manera rindan cuentas, y por lo menos le informen a sus agremiados, ¿cuánto se recibe por cuotas sindicales y qué destino tienen todos recursos?

Recordar también que en la pasada reforma laboral dimos una batalla importante, intentamos de alguna manera avanzar en este sentido, en esa rendición de cuentas, pero no logramos, no logramos ir más allá.

Por eso, me parece importante destacar el avance que hoy representa esta reforma, porque a partir de ella se estará obligando a todos estos entes a dar cuenta de qué se hace con esos recursos, qué destino tiene, qué montos tienen; y una parte también muy importante a la que estamos llegando a través de esta reforma, es esa batalla importante que se ha dado por democratizar las organizaciones sindicales.

Todo mundo sabe que a pesar del avance de la pasada reforma laboral, sigue siendo prácticamente un reto al destino conocer los nombres de los dirigentes sindicales de muchas organizaciones, los famosos sindicatos blancos, y que increíblemente tenemos todavía en nuestro país dirigentes sindicales que tienen más de 1,000 contratos colectivos de trabajo, eso quiere decir que no son reales, que no existen, que son parte de una simulación, pero a partir de esta reforma podremos conocer a través de las juntas de conciliación los nombres de las organizaciones sindicales, los domicilios, el número de agremiados, los dirigentes, el comité ejecutivo, y todas estas personas que conforman a las organizaciones sindicales.

Me parece que por supuesto que es un tema que tenemos que reconocer, es un avance importante, está sentando las bases para poder avanzar en la democratización de las organizaciones sindicales y la rendición de cuentas al interior de estos entes.

Quiero también destacar otro aspecto importante, es el que viene en el artículo 72, fracción XIII, precisamente de esta reforma y que está abriendo la puerta a otra parte, a otro ámbito importante que durante muchos años históricamente ha sido una puerta cerrada, un secreto para la ciudadanía, y que tiene que ver con el destino de los recursos económicos que se asignan a los grupos parlamentarios.

Han habido muchos intentos, han habido muchos esfuerzos por transparentar estas prerrogativas siempre ha habido la forma de darle la vuelta, pero me parece que llegó la hora, me parece que estamos a través de esta reforma, arribando a esa obligación que tenemos de informarle a la ciudadanía cuanto recibe cada grupo parlamentario, cuanto recibe cada legislador, qué destino tienen esos recursos y que sea la gente, en todo caso, la que con todo derecho conozca de esta información.

Quiero solamente destacar y reconocer el trabajo que han realizado todas y todos los legisladores que se han dado a la tarea de promover esta reforma de manera directa, nuestro reconocimiento.

Y para concluir, de nueva cuenta, un llamado para que podamos respaldar este dictamen y podamos seguir abonando a la rendición de cuentas y ojalá logremos recuperar la confianza de la ciudadanía.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En uso de la palabra el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores: Es menester y es necesario aprovechar este espacio en la tribuna.

Primero, antes que nada, para reconocer la labor que a lo largo de toda esta elaboración que llevó este proyecto de ley, en donde se invirtió tiempo, se invirtieron consensos y se invirtió una serie de acciones para lograr lo que yo considero que es una ley, que nos va a establecer y a dar la oportunidad como país de crecer, de transparentar y de lograr una serie de circunstancias que hoy en día son más que necesarias en aras de la transparencia y de una política moderna.

Quiero reconocer al Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, a mi compañero del Partido Verde Ecologista, Pablo Escudero; quiero reconocer a mi compañera Presidenta de la Comisión de Gobernación, a Cristina Díaz; a Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; por todo este esfuerzo, todos estos consensos y toda esta gran experiencia que le invirtieron a este gran proyecto, que ha merecido muchos comentarios en esta tribuna.

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos básicos de un régimen democrático, las modernas democracias constitucionales no solo deben garantizar reglas claras y confiables para la competencia electoral y el acceso al poder; sino además deben asegurar el ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda puntualmente conocer y evaluar la gestión gubernamental, así como el desempeño puntual de los servidores públicos.

La transparencia de la actividad pública es una manifestación y un requisito fundamental de los sistemas democráticos que tiene como objetivo el sometimiento al escrutinio público de las actividades y resultados de los distintos poderes del Estado.

Nosotros representamos a quienes nos han elegido con su voto. El ciudadano debe tener conocimiento de cuáles son nuestras propuestas, decisiones, acciones, y para dar respuestas a estas exigencias es necesario apostarle a la transparencia.

El espíritu de esta ley sienta las bases para uniformar, homologar y armonizar las reglas, principios, bases y procedimientos para un correcto eficaz ejercicio del derecho de acción a la información pública en todo país, como el nuestro y en todo momento.

Además dota de dos nuevas atribuciones al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, para transparentar los ejercicios de gobierno de los tres poderes de la unión, órganos autónomos, partidos, sindicatos y fideicomisos.

Se obliga también a particulares que ejercen recursos públicos a transparentar su información. De esta manera celebro que con la aprobación de esta ley estemos dando un paso agigantado en la consolidación y el fortalecimiento de la democracia mexicana.

Por esto, de esta manera esta Legislatura se honra, y en el caso del Partido Verde Ecologista, y en lo personal, nuestro voto será a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Luis Armando Melgar.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente.

“El acceso a la información a partir de solicitudes formuladas directamente por el ciudadano configura una forma de control directo del gobernante y se vuelve un nuevo, sutil y permanente mecanismo de control del poder democrático”. Alonso Lujambio.

Señoras y señores legisladores, fue el año de 2002 cuando en México se generó la primera Ley Federal de Transparencia, y con posterioridad a esta fecha, las legislaturas de los estados comenzaron a generar su propia legislación.

En 2007 se estableció una importante reforma al artículo 6o. constitucional para establecer bases y principios del derecho a la información.

Pero dicha reforma no colmaba todos los aspectos que debe comprender el derecho a saber. Precisamente fue en esta legislatura que este Congreso inició un gran trabajo para dar mayor alcance a lo establecido en el artículo 6o. constitucional.

Esta reforma establecida desde el marco constitucional fue aprobada hace más de un año, amplía los sujetos obligados, es decir, los entes públicos y privados que deben cumplir con transparentar la información entre estos nuevos sujetos están los partidos políticos, los fideicomisos, los sindicatos, y en general todo aquel sujeto que haga uso de recursos públicos.

Otro aspecto sustantivo de esta reforma constitucional fue que se dota de mayor autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y se le convierte en órgano constitucional autónomo, reconociéndose sus resoluciones como definitivas e inatacables.

Es menester recordar que el derecho de acceso a la información es un derecho reconocido no solo en nuestra Constitución, como ya se dijo por varios legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra, sino que está reconocido en instrumentos internacionales.

Este es un derecho fundamental del hombre para acceder a datos, registros y todo tipo de información, en manos de entes públicos y privados, que ejerzan gasto público con las limitaciones que la propia ley establezca.

Es también indudable que en el contexto actual de nuestro país, es imperioso realizar todas aquellas acciones que tengan como objetivo el promover la transparencia, la rendición de cuentas, y el ejercicio del derecho de acceso a la información, entendida esta no como una acción aislada, sino como un factor que contribuirá al afianzamiento de la democracia y del combate a la corrupción en nuestro país.

Otro aspecto que se debe resaltar, es que la reforma constitucional involucra un aspecto más y muy importante en el sentido que se involucra de manera directa a las entidades federativas, es decir, al ámbito local, esto es dotar a la Instituto de Acceso a la Información de facultades de atracción para aquellos casos en que los órganos garantes se resistan o tengan un criterio que no se apegue al principio de máxima publicidad.

Por ello celebramos que el día de hoy finalmente después de un trabajo, como ya se dijo, de varios meses, las comisiones unidas que participaron en este dictamen presentemos hoy al Pleno de este Senado este proyecto, este dictamen sobre la Ley General de Transparencia.

Y también quiero hacer un reconocimiento a quienes fueron, de alguna manera, muy concisos y que realizaron un gran trabajo al frente de las comisiones; por supuesto, al Presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero; a la Senadora Cristina, de la Comisión de Gobernación; al Senador Alejandro Encinas, de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; de manera muy especial a mi compañera, la Senadora Laura Rojas.

Creo que el trabajo está dando frutos, porque pese a que como ya se dijo reiteradamente, todo el instrumento legislativo es perfectible, este esfuerzo, este dictamen creo que es inédito y ha sido el esfuerzo mayor, el esfuerzo superior que hemos tenido hasta esta fecha en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Destacaré solamente algunos de los aspectos que ya se han señalado, pero creo que es importante recalcar, 48 obligaciones para todos los sujetos obligados que amplía el catálogo de obligaciones de los sujetos obligados, estableciéndose obligaciones comunes, además de otras obligaciones específicas para los sujetos obligados.

Otro de los grandes avances del proyecto es el referente a la información clasificada como reservada, el principio imperante en materia de transparencia es la máxima publicidad y, sin embargo, habrá casos en los que excepcionalmente la información se podrá clasificar como reservada, y en este caso, la unidad administrativa, tendrá que fundar y motivar mediante la aplicación de una prueba de daño, las causales de la reserva, la prueba de daño, una gran aportación en esta nueva Ley de Transparencia.

Otra de las herramientas con las que contará es el hecho de que cualquier persona podrá denunciar ante organismos garantes la falta de publicación de las obligaciones de transparencia.

Es de relevancia también el mandato de que se coordinarán las entidades federativas y la federación, para lograr progresivamente los mismos estándares de transparencia y acceso a la información.

Finalmente, en congruencia, con la necesidad de hacer que la ciudadanía participe de manera activa en materia de acceso a la información, se establecieron disposiciones que harán posible la obligación de los organismos garantes para promover la colaboración con instituciones educativas, culturales o del sector público o privado, a fin de generar más conocimiento entre la sociedad sobre su derecho a saber.

Cuando pensamos en democracia, generalmente la sociedad imagina simple ejercicio del ciudadano depositando el voto en la urna, sin embargo, una verdadera democracia no puede agotarse en ese acto.

Es necesario que el representante o gobernante elegido le rinda cuentas al ciudadano de su actuar. ¿Cómo lograrlo? Dándole el poder al ciudadano para que exija cuentas, un mecanismo muy útil, aunque no el único para lograr que este poder se dé, es justamente la transparencia.

Concluyo, señor Presidente.

En vista de lo expuesto, por lo anteriormente señalado, mi voto será a favor del dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Pilar Ortega.

En uso de la palabra el Senador Fernando Mayans, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Fernando Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente.

“Es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia, el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los feudos de poder y el abandono de nuestras comunidades, es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad”. Estas son las palabras de quien alguna vez fue candidato a la Presidencia de la República, y todos sabemos cómo terminó, y nunca se pudo conocer la realidad de quien fue el culpable, hasta el día de hoy.

Si bien reconocemos que hay avances en este dictamen, aún no es ley.

Cómo transparentar, a mí me preocupa, el diezmo de los alcaldes que eso está institucionalizado en todo el país, y a veces no es el diezmo, es el quince, bajo la mesa.

Cómo transparentar las mordidas de los policías en muchos niveles, salvo honrosas excepciones, que las hay.

Cómo evitar la simulación en los concursos que se dan y nada para contratación de obra, nada más vean el porcentaje de asignaciones directas de obra pública que se ha dado en todo el país.

La mayoría no ha sido por concurso, sino asignaciones directas, por el dedo de quien está a cargo de estas contrataciones, ya no mencionemos empresas famosas, que dado a estas contrataciones se han dado, esas empresas patito de los famosos constructores, que forman sus empresas y hacen la simulación de un concurso. Eso también está institucionalizado en el país, y todos ustedes lo saben.

Y también, pues cómo transparentar que un legislador vote a conciencia, cuando recibe presión o si no, pues puede recibir algunos centavos, y no hablo aquí de esta Cámara en especial, sino en los congresos de los estados, sabemos cómo muchos líderes parlamentarios están cooptados, y eso también es corrupción, y la ignorancia que hay en los legisladores, en los funcionarios y la falta de capacidad, también se va a transparentar la falta de capacidad de los funcionarios, porque eso también es corrupción, el estar en un cargo y que no sirva, eso es corrupción, y eso no se va a transparentar o van a poner en la página de Internet que IQ tiene el funcionario tal o cuál. No verdad.

¡Hay que poner las barbas a remojar!

Han transcurrido, compañeros, más de tres décadas, casi 37 años de haberse incorporado el derecho a la información, al texto constitucional, que ya deberíamos de haber hecho una nueva Constitución, porque esta está muy manoseada, a cómo todas las leyes, uno cree que siendo legislador, y haciendo dictámenes e iniciativas y cambiando el artículo tal, vamos a mejorar.

Lo que sí deberíamos de hacer, es trabajar en la Ley de Educación, que es el problema estructural en nuestro país e insertar la materia de civismo, para que nuestras nuevas generaciones tengan esa nueva cultura, esa educación.

Entonces, es evidente que en ese lapso, han existido resistencias que deben superarse para que en México se instaure definitivamente esa cultura que tanto hablamos, y que pueda consolidarse un sistema auténtico de cierre al paso a este cáncer que tanto daño hace al país.

Tan sólo hace un par de días, conocimos por los medios de comunicación electrónicos y prensa escrita, que con relación a la Guerra Sucia, en los años 60’s y principios de los 80’s, el Archivo General de la Nación modificó la modalidad de consulta para los usuarios de expedientes con valor histórico y judicial, con el objeto de impedir el acceso a información sobre violaciones graves de derechos humanos y a datos que constituyan pruebas que configuran delitos de lesa humanidad.

¡Qué bonito!

Por supuesto, que esta situación es contraria al objetivo que hoy se pretende alcanzar con la aprobación de este proyecto de Ley General, que establece bases, principios generales y procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho al acceso de información.

La intención es buena.

No dejemos de reconocer las acciones que en el ámbito legislativo se han hecho en años anteriores en esta materia, como la reforma constitucional publicada el 7 de febrero del 14, en el Diario Oficial de la Federación para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

Asimismo, la expedición de un conjunto de leyes en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, de fiscalización y rendición de cuentas de la federación general de contabilidad gubernamental y federación de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y federal de protección de datos personales.

No obstante, con este marco jurídico, se encuentra vigente, vemos que aún hay aspectos pendientes que deben legislarse de manera articulada.

Una verdadera cultura que pretende combatir la opacidad y garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información, debe sujetar a todos los poderes de la unión sin excepción alguna a la obligación de transparentar su acción, y sobre todo, a sancionar todo acto o hecho que la incumpla o quien constituye un delito.

Desde hace varias legislaturas, el PRD ha insistido en no seguir manteniendo a la figura Presidencial en la inmunidad, y que le brinda el texto constitucional.

Hoy en día, el Presidente de la República, sólo puede ser acusado durante el tiempo de su encargo por traición a la patria y delitos graves del orden común, de conformidad con el artículo 108, segundo párrafo de nuestra constitución.

“O todos coludos, o todos rabones”, compañeros. Estamos a tiempo.

Ustedes dirán: si esta no es una gran pendiente legislativa que va de la mano con la expedición de esta nueva legislación.

Lejos de que México haya tenido décadas de desarrollo y estabilidad económica y social, como en días recientes, así lo ha venido anunciando el Titular del Poder Ejecutivo Federal, se tiene que reconocer que durante este tiempo el Estado mexicano ha padecido graves consecuencias por los grados de corrupción a los que hemos llegado.

Nadie puede negar que la corrupción ha vapuleado la economía y el desarrollo social; que ha permeado y socavado los sistemas de procuración e impartición de justicia, así como de seguridad público, incluso ha obstaculizado la convivencia y la tranquilidad social, y en algunas regiones del país, lamentablemente la ha destruido.

Se trata del principal y gran problema nacional que repercute en toda la vida pública, económica y social, por los altos índices que registra en todos sus ámbitos.

De acuerdo al índice de percepción de la corrupción, que ya se ha mencionado aquí, estamos en el honroso 103 de 175 países, y representa, según el Banco Mundial, el 9 por ciento del PIB cada año la corrupción.

Y según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, sostiene que en 2011, tan solo el valor de la corrupción tuvo un equivalente al 10 por ciento del Producto Interno Bruto. Esto es un valor aproximado de un billón 529 mil 300 millones de pesos, que ahora en 2014, según las estimaciones de dicho centro, la cifra alcanza el 20 por ciento del PIB.

Hay muchos casos que no se pueden ilustrar sobre la opacidad y la impunidad. Sin embargo, el esfuerzo que se ha hecho, no hay que tomarlo menor, sin embargo, por citar algunos, se encuentran los sobornos, y quiero mencionarles los que se dieron entre 99 y 2004, por una empresa multinacional suiza a funcionarios de las estatales mexicanas; la extinta Luz y Fuerza del Centro; el caso de los hermanos Bribiesca; también los sobornos que en 2001 y 2005 realizara la trasnacional Wal Mart, al pagar millones de pesos a funcionarios de todos los órdenes de gobierno para acelerar permisos y quitar trabas a la proliferación de tiendas.

No podemos dejar de reconocer que este proyecto de ley tiene aspectos, que sin duda vendrán a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, aunque le queda a deber al pueblo de México.

Vamos a votar a favor, pero tenemos que pulirlo y agregar los pendientes.

Como les dije hace rato: “Todos coludos o todos rabones”. Y al Presidente no lo pueden tener en un altar, es un mexicano más que tiene que estar en las mismas condiciones que todos los funcionarios públicos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

En uso de la palabra el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Senador del Estado Libre y Soberano de Yucatán.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muy buenas tardes. Con su permiso, Senador Presidente Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Senador por el Estado Libre y Soberano de Puebla.

Como miembro del grupo parlamentario de Acción Nacional, vengo a exponer las razones por las que estoy a favor del proyecto que se presenta como dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Acción Nacional es y seguirá siendo un partido de ideas y valores respaldados por acciones, tanto legislativas como gubernamentales para ampliar y fortalecer el desarrollo integral de la nación, el bienestar presente y futuro de los mexicanos, la construcción de un país sólido y seguro que brinde oportunidades para todos y que fomente la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos.

El día de hoy votaré en lo general a favor de un dictamen que concibe el derecho a la información como un derecho humano. Es una ley general que homogeniza los presupuestos normativos, mínimos o máximos, que los sujetos obligados deben observar en la tutela de los derechos de acceso a la información y protección de datos.

Se trata de un nuevo cuerpo normativo que coordina la federación a las entidades federativas y a los estados y demás entes de carácter nacional y local para garantizar, tanto la transparencia de las instituciones públicas, como el acceso a la información por parte de los ciudadanos mexicanos.

El dictamen establece un sistema nacional de transparencia concebido como parte de una política integral y completa de alcance nacional. En ese sentido, la propuesta de dictamen fortalece la instrumentación efectiva de los preceptos constitucionales sobre transparencia y acceso a la información.

El dictamen establece nuevos sujetos obligados a entregar la información que requieren los ciudadanos.

Ahora, toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, será un sujeto obligado.

El dictamen da soluciones a muchos de los rezagos y omisiones legislativas, tanto en el nivel federal, como en el local, así como a las disparidades en el entendimiento y tratamiento de los derechos ligados a la información.

Un ejemplo muy claro son los plazos para ejercer este derecho, pues, hasta ahora el plazo de atención a solicitudes ha variado de 10 a 30 días; y en el dictamen se señala el período que sea de 20 días como máximo.

Como parte de la política integral que la nueva ley general perfila, se tiene previsto un procedimiento de verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, además, a fin de homologar los procedimientos de clasificación de la información, el dictamen toma en cuenta las pruebas de daño y de interés público; se elimina la causal de reserva por estabilidad económica, y se procede a dar vigencia a un modelo sancionatorio mixto, en que por un lado, se establecen las sanciones claras para los sujetos obligados, que de manera falsa realicen declaratorias de inexistencia de información, también se definen penas para quienes no cumplan con los criterios establecidos por la ley para clasificar la información.

En la actualidad, las declaratorias de inexistencia de la información son una de las barreras más importantes para el ejercicio pleno de este derecho constitucional. Baste señalar que en el 2014 se declaró la inexistencia de la información a 7 mil 400 solicitudes.

Uno de los ejemplos emblemáticos de ello es el documento de cancelación del Tren México-Querétaro.

La propuesta que se presenta en el dictamen, reconoce que el principio imperante en materia de transparencia es la máxima publicidad. Sin embargo, contempla las condiciones por las cuales, de manera excepcional, la información se podrá clasificar como confidencial, por tratarse de datos personales; o reservada, si afecta la seguridad nacional y el interés público.

El dictamen en comento, reconoce como pieza fundamental de la ley, que tanto el instituto, como los órganos garantes locales, puedan hacer valer sus resoluciones, pues parte de la convicción de que no existe obligación, exige sin sanción, y para lograr el ejercicio pleno de acceso a la información y la transparencia de datos públicos, es fundamental que los órganos garantes puedan hacer valer de manera efectiva, sus resoluciones.

Para concluir, señor Presidente, con convicción quiere expresarles, que estamos a punto de dar un gran paso para apuntalar los cimientos institucionales que nuestro país requiere, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos constitucionales que nuestra Constitución establece, así como el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las entidades públicas y toda persona física y moral que reciba y haga uso de sus recursos públicos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Daniel.

En uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

“No puede haber fe en el gobierno, si los más altos cargos están excusados de control, se les debe dar ejemplo de transparencia.” Edward Snowden.

Este día es un día especial para izquierda mexicana. Es un día especial para el PRD, porque en nuestros documentos básicos, desde 1989, inscribimos un capítulo en nuestra declaración de principios, en nuestro programa, que titulamos: “Fortalecimiento del combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia”.

Veintiséis años de lucha, para que en México se emitiera una ley, que ataque de frente a la corrupción, que exija de manera cabal la rendición de cuentas y haga efectiva la transparencia en México.

¿La lucha termina con esta ley? No, compañeros Senadores, compañeras Senadoras.

Hemos dado un gran paso. Hemos dado un gran paso, pero seguiremos luchando por lo que hace falta en estas materias.

¿Cuál eran las aspiraciones de la izquierda en México?

Que la construcción, que se construyera y se difundiera una cultura de legalidad y de gobernabilidad democrática.

Que se generara la regulación del uso de los recursos públicos.

Que se diera un combate al uso de recursos de procedencia ilícita.

Que se combatiera al tráfico de las influencias.

Que se ampliaran las funciones del Congreso, en materia de control y evaluación del gasto público, a fin de aumentar la transparencia y reducir sustancialmente la discrecionalidad del Ejecutivo, en el ejercicio del Presupuesto.

Que las cuentas públicas y otros instrumentos de fiscalización, fueran del conocimiento público y el pueblo tuviera el derecho a acceder a estos, cuando así lo quisiera.

Que se requiriera garantizar efectivamente el acceso ciudadano, a todo tipo de información pública. Reduciendo y precisando el tipo de información que el gobierno se puede reservar.

Que el acceso ciudadano a las declaraciones patrimoniales de todos los poderes públicos. Tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fuera una realidad.

Insistir en una mayor transparencia de todos los entes públicos federales, estatales y municipales.

Insistir en sanciones ejemplares y oportunas, para servidores públicos responsables por el manejo ilícito de los recursos públicos.

Impulsar valores éticos que sustenten la lucha contra la corrupción.

Esa es la lucha que los perredistas damos desde 1989. Y como no estar contentos, si el día de hoy el Senado mexicano va a votar lo que históricamente han sido nuestras propuestas para la sociedad mexicana.

La ley, en concreto, el artículo 2, en su fracción VII, señala con mucha claridad que hay que fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la Función Pública. Propuesta de mi partido.

El artículo 4, el acceso a la información se garantiza como un derecho humano.

El artículo 5, no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionado con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Este artículo, en especial, es una prueba de fuego para el gobierno. Porque están pendientes México 68.

Están pendientes Corpus Christi en 1971.

Está pendiente Acteal.

Está pendiente Tlatlaya.

Está pendiente Ayotzinapa.

Y muchos otros crímenes de lesa humanidad, que se han cometido en nuestro país.

Y que debido a que era información clasificada, no podía entrarse al análisis de estos expedientes.

Yo espero, que México tenga su comisión de la verdad, en todos estos asuntos. Ojalá, ojalá y la ley obligue a los sujetos obligados, a que cumplan con la misma.

El artículo 23, los sujetos obligados. Por supuesto que se va mucho más allá de lo que planteaba mi partido.

Es importante para los trabajadores, de todos los niveles, saber que los sindicatos que tienen acceso a recursos públicos, hoy podrán, hoy estarán obligados a informar a los trabajadores en qué se gastan las cuotas.

Una lucha histórica de los maestros disidentes de México, porque el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Información, rindiera cuenta cabal de los millones y millones, de las cuotas, de la cuotas sindicales de los trabajadores de la Educación.

Los partidos políticos, planteaban que había que fiscalizar a todo el mundo; pero no fiscalizar a los que generan los legisladores. A los que generan el poder público.

Hoy esta ley, obliga también a los partidos públicos.

El artículo 83, las obligaciones específicas en materia energética. Cuando discutimos aquí la reforma constitucional y discutimos las leyes reglamentarias en materia energética, fuimos muy enfáticos. Que esa ley, que esas eran leyes de excepción, y que se necesitaba transparencia.

Sinceramente, sinceramente, como legislador de izquierda y por la lucha que hemos dado, esperamos que esta ley cumpla el objetivo que está planteado en el artículo 83.

En el tema de las sanciones, por supuesto que estamos de acuerdo con lo que ahí se plantea. Decirles, compañeros, que ya tenemos la ley. Ahora hay que generar una gran campaña de difusión, porque el pueblo tiene derecho a saber que en esta ley, se han generado condiciones para empoderarlo; que en esta ley se han generado condiciones para que la sociedad mexicana pueda acceder a la información y ejercer el gobierno desde ahí.

Por último, déjenme decirles lo que decía el programa de gobierno del PRD desde 1989: “La transparencia inhibe conductas corruptas; la publicidad y libre acceso a las decisiones de la autoridad y su proceso de adopción contribuye a ese fin; el sujeto beneficiario del control de la corrupción es el ciudadano, que debe involucrarse activamente”

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Corresponde el uso de la palabra a otro Senador del Partido de la Revolución Democrática, en este caso al Senador Mario Delgado Carrillo.

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Con su venia, señor Presidente. Compañeros y compañeras:

Sin duda que es una reforma muy importante, sin duda que representa un avance fundamental para la vida de nuestro país, para la vida pública de nuestro país; representa un avance fundamental en la garantía que se le tiene que dar a los ciudadanos del uso y manejo de sus recursos públicos, de sus impuestos.

Poner el derecho a la transparencia como un derecho humano me parece un asunto fundamental; sin embargo, bueno, no sería la primera vez que se logran avances importantes, pero insuficientes en algunos otros.

¿Cómo vamos a medir el éxito de esta reforma?, ¿cómo vamos a medir el éxito de esta ley? Pues creo que muy sencillo, la ciudadanía, la sociedad lo que está esperando es que sea un instrumento fundamental en contra de la corrupción.

Si esta ley sirve para combatir la corrupción en México en esa medida tendrá su éxito. Ahora bien, ¿dónde está el mayor riesgo potencial que en este momento tiene nuestro país?

Sin duda que en el sector energético. ¿Por qué? Porque está ocurriendo la privatización de un activo que tiene un valor incalculable. Los contratos, las asignaciones que están en juego en el sector energético pues tienen un valor muy importante.

El potencial de corrupción en ese sector sin duda es el más relevante que existe actualmente en México.

El domingo pasado vimos en Brasil las mayores protestas de su democracia, y la petición fundamental, creo tal vez la más importante, es el combate a la corrupción. El cáncer de Brasil en el tema de la corrupción está últimamente en su sector energético, es algo de lo que deberíamos de aprender.

De tal manera que esta ley no permite margen de error en el área de energía, es decir, no podemos tener ninguna falla, y tenemos que irnos ahí a la mayor exigencia posible para garantizar que todo el proceso de contratación, asignación, sea absolutamente transparente, es la única posibilidad que tenemos de darle a los ciudadanos, de darnos a nosotros como mexicanos la seguridad de que no va a ser una fuente de corrupción, porque las tentaciones ahí son muy grandes. Ahí no tenemos margen de error ni podemos tener omisiones inocentes.

Desafortunadamente es claramente insuficiente lo que se está aprobando en el artículo 83. ¿Por qué digo esto? Porque no se va a transparentar el proceso de licitación ni los criterios de precalificación. Se podrá decir: “A ver, esa es una interpretación extrema, no es cierto que eso vaya a ocurrir porque hay más de 20 conceptos a los que se obliga transparentar, y eso que tú estás afirmado es falso”.

Creo que hay un buen ejemplo. Lo que ha ocurrido en días pasados en la Secretaría de Energía, donde reservan a los participantes de la Ronda Uno. ¿Qué pasa ahí? Que sabemos que ya hay empresas que están ya en una especie de negociación con el gobierno.

¿Cómo lo podemos saber? Porque el 2 de marzo pasado, en Londres, un alto ejecutivo de British Petroleum dijo: “Pues que los contratos de la Ronda Uno que había sacado el gobierno mexicano pues no les gustaban, tenían que flexibilizarlos un poco si querían que los capitales extranjeros vinieran al sector energético”.

Y bueno, más tarde, bueno, rapidísimo, en 4 días la Secretaría de Hacienda, el 6 de marzo, y la Secretaría de Energía sacaron los nuevos criterios para los contratos de Ronda Uno. Es decir, ya sabemos que hay una negociación con estos actores, de los cuales no tenemos información ni la podremos tener porque esta información está reservada por los próximos 5 años.

Entonces la pregunta es: ¿Por qué dejamos este tramo sin transparentar? ¿por qué no aprovechamos esta Ley General de Transparencia, que es donde debe de estar, para obligar a que esta parte del proceso también sea transparente y nos quietemos toda duda, nos quitemos cualquier sospecha de que vaya haber algún tipo de corrupción en esta etapa, en donde sí se están decidiendo cosas?

¿De qué nos va a servir tener toda la transparencia y toda la información a posteriori una vez que ya se asignó el contrato? Y ahí sí, del contrato sabremos todo, porque eso ahí si se cuidó en esta ley, que sepamos absolutamente todo del contrato, pero ya no podremos hacer nada.

¿Cómo se asignó?, ¿cómo fue el proceso de asignación? Ahí sí eso no será transparente, simplemente tendremos que apegarnos a decir: “Pues es que el gobierno decidió que estos serían los socios de PEMEX o estas serían las asignaciones, pero no sabremos por qué ellos y no otros”.

Y estamos enfrentándonos a un mercado internacional donde hay un altísimo incumplimiento de contratos, prácticamente la regla general de los contratos de petróleo, de empresas privadas con los gobiernos hay una alta incidencia a nivel internacional donde no se cumplen o donde tienen que ser modificados.

Y el modelo de recontratación en México, donde no prevé la reversión de campos asignados después de un periodo determinado por no cumplimiento de metas, nos obliga a que nos quedemos atados con esas compañías en los próximos 20 o 30 años sin que hayamos sabido nunca el proceso de selección de esa empresa.

Me parece que aquí no hay margen de error, aquí es una oportunidad que debemos aprovechar modificando el artículo 83 de esta ley, incorporando el concepto de la precalificación, la etapa de precalificación, criterios de precalificación y los procesos de licitación para que tengamos toda la cadena absolutamente transparente.

El éxito de esta ley se va a medir por su capacidad de combatir la corrupción, y el riesgo mayor actualmente en México es en el campo del sector energético.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Mario Delgado.

En uso de la palabra nuestro Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Gracias por su generosidad, señor Presidente. Muy amable.

Haré algunas aclaraciones sobre algunas intervenciones. Quiero decirles que me costó trabajo porque, con todo respeto y afecto a esa enjundia con la que han defendido esta ley histórica, pues han repetido lo mismo el 90%, han leído parte del dictamen, y entonces pues qué podemos encontrar para poder comentar.

A la Senadora Laura Rojas.

Es cierto que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos hay un solo artículo, esto lo dijo ella, el 13 sobre la materia, pero sólo se establecen dos causas de reserva: la Ley de Transparencia establece más de diez, más de las que establecen otras leyes especiales: fiscales, financieras, fiduciarias, energéticas, etcétera.

En materia de plazo de reserva, nos dijo como gran cosa, cinco años más, otros cinco años de prórroga en el artículo 101, no se determinan con absoluta certeza los plazos para clasificación de información relacionada con infraestructura y estabilidad financiera.

Prueba del daño.

La prueba del daño debería de ser más exigente para los sujetos obligados que la prevista en el artículo 104 de la ley.

El daño para no difundir la información debería comprobarse empíricamente por los sujetos obligados y no darse por sentado a través de una especulación.

50 obligaciones de transparencia para los sujetos obligados, pero muchas reservas en la ley, y otras. Eso es contrario al principio de máxima publicidad.

La mejor ley no es la que mantiene la línea, sino la que desarrolla, pudiendo hacer el principio de máxima publicidad, y aquí se pudo haber hecho mucho más, no se quiso o no se pudo.

Por ahí el Senador Encinas me hizo algún comentario que quisiera yo responder, muy generoso me lo hizo aquí en los escaños.

En la ley se contiene el principio de máxima publicidad, artículo 8, fracción VI. Cierto, pero la regulación de la ley no lo desarrolla.

Ejemplo, el número excesivo de reservas o la no prevalencia de la ley respecto de otras.

¿Qué es la máxima publicidad?

El artículo 8, fracción VI, la define mal y retóricamente.

Máxima publicidad implica, desde nuestro punto de vista, la garantía plena del derecho a saber, si se ha dicho así, es decir, que todas las personas del Estado conozcan de manera pública y comprensible, de manera oportuna y completa de todos los asuntos públicos y de los privados de incidencia pública, con las mínimas excepciones. Esta debe estar plenamente justificada, sí ser precisas, las excepciones no deben enunciarse de manera vaga, como lo hace el artículo 113 de la ley, y ese es uno de los ejes que se han presentado como el mayor avance.

El derecho a saber sólo puede realizarse en México cuando concluya el oligopolio televisivo, sin el control de ese monopolio, esa dictadura mediática, no habrá ningún conocimiento ni ninguna apertura ni nada.

Derechos humanos. No queda claro, debió precisar, si no se hizo, que cuando se trata de violaciones graves de los derechos humanos, la información debe ser pública, desde el inicio de una averiguación o de su procedimiento.

Tratados Internacionales.

Sí se prevé en el artículo 7 de la ley, pero no se cumple con la contradicción de tesis que obliga a que las resoluciones de la Corte Interamericana y otras instancias supranacionales sean obligatorias, aunque el Estado mexicano no sea parte.

A la Senadora Dolores Padierna.

Las leyes energéticas prevalecen sobre el artículo 83 de la Ley General de Transparencia, tal como se desprende de este artículo ¿verdad? y del artículo 113, fracción 13 de la misma.

Y ese es el ejemplo de lo que ocurre cuando no prevalece esta ley, y queda como una parte nada más, aquí está el artículo: “de las obligaciones específicas en materia energética”.

Lo voy a presentar, porque esta es precisamente la gran falla de la ley, al no establecer la prevalencia de esta ley, dice:

“Artículo 83.- De las obligaciones específicas en materia energética.

Adicionalmente a la información señalada en el artículo 70 de esta ley, los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información”. Y viene todo el sistema eléctrico, el servicio público de transmisión, etcétera.

Nada más que el segundo párrafo dice: “Lo anterior de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal, y lo dispuesto en las leyes de hidrocarburos, de la industria eléctrica, de ingresos sobre hidrocarburos”, toda la legislación secundaria. Es decir, la ley está sometida a las leyes secundarias.

Señor Presidente, no quisiera usted poner orden.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senadoras, Senadores, les ruego guardemos la atención al Senador en tribuna.

Adelante, don Manuel.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Si todo esto que plantea el artículo 83, primer párrafo, muy amplio, se echa a perder con el segundo párrafo.

Lo anterior de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal, y lo dispuesto en las leyes de Hidrocarburos, y vienen todas las leyes secundarias.

Y ahí se establece, con toda claridad, una diferencia enorme, porque si revisamos todo lo que en las reservas que tiene la Ley de PEMEX, por ejemplo, y todas esas leyes, vamos a ver que no hay tal transparencia, al contrario.

Y eso pasa en todos lados y por eso ese es un ejemplo que aquí han hablado mucho con gran orgullo de que la ley va a permitir, salvo algunos detalles, decía Delgado, no va a permitir nada.

Y si no tenemos una información precisa de lo que van a ser con los recursos de la Nación, y todos estos contratos, convenios, etcétera, licencias, que establece la obligación para todos, no va a haber transparencia, y eso va a ocurrir en todos lados.

PEMEX estará bajo el derecho mercantil y civil, no del derecho público, Ley de PEMEX, complementa la privatización al adoptar mejores prácticas.

Luego dice: “la difusión en su Portal de Internet, de una versión pública de su plan de negocios, no deberá contener cualquier información que pudiera comprometer o poner en riesgo sus estrategias”.

El artículo 51, comité de auditoría, mecanismos que implementen para atender las solicitudes de información.

Pero dicha información, artículo 111, se considerará comercial, reservada en los términos de la citada ley.

Estos preceptos tienen su correspondiente en la CFE, en la Comisión Federal de Electricidad.

Igualitos son los órganos coordinados.

Hay una serie de restricciones, por ejemplo, el artículo 14: “como obligación de los órganos reguladores coordinados sobre materia energética, salvaguardarán los datos personales y la información confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia”, lo cual define como confidencial, fíjense, define como confidencial ya ni siquiera reservada, sino confidencial y la categoría de confidencial no tiene límite ¿eh? es permanente, es la peor de las reservas, y dice: “y la información confidencial en términos como define serán los secretos bancarios, lo dicen, fiduciario, industrial, comercial, federal, bursátil, cuyos titulares sean particulares, sujetos del derecho internacional”.

Eso quiere decir que todas estas reservas, todas estas facultades que tienen, y no las voy a leer todas, aquí las tengo, todas esas limitaciones que hemos estudiado en cada una de las leyes secundarias, no pueden abrirse, porque la ley no es superior a las 16 leyes secundarias.

En consecuencia, termino señor Presidente, y podríamos continuar en lo particular, pero ese es el gran problema y eso es lo que hace que esta ley no funcione, esta ley está sometida a todas las demás: a los fideicomisos de una serie de leyes que establecen, como ésta que estamos presentando aquí, y lo digo, porque lo han puesto como ejemplo, de gran paso en la transparencia, y es todo lo contrario.

El segundo párrafo dice, en concordancia con lo que establecen las leyes secundarias, y las leyes secundarias establecen toda una serie de limitaciones y clasificadas como, como confidenciales, además, que no pueden decretar las autoridades que ahí están en esas leyes.

Esos son los grandes problemas de esta ley, esas son las grandes limitaciones; cuando esta ley se presume, como el gran avance tiene sus avances.

Pero esta limitación la hace nugatoria, nugatoria, no funciona; van a seguir abajo las limitaciones que establecen las leyes secundarias en todo lo largo de la ley y en toda esa inmensa red que se tiene que construir para que haya los comités de vigilancia y toda esta cuestión de gran participación social.

Esta ley está anulada, anulada de entrada por no ser la ley interpretativa del artículo Sexto, sino todas las demás también.

Finalmente, ¿ustedes creen que este gobierno está a favor de la transparencia?

Algunos no creen, podíamos mencionar algunos temas que no vendrían al caso hoy, pero, ¿ustedes creen que el gobierno está por la transparencia? ¿Ustedes creen que va a crear toda esta red, y no se van a tomar todas estas limitaciones que hay, que ahí están, para que no haya transparencia?

Es un gobierno que está en contra de la transparencia; es un gobierno que está en contra de la corrupción, es un gobierno que no vamos a dominar ni vamos a poner en orden con esta ley que está viciada de una gran falla, no es predominante, no es preponderante, y hay otras que tienen las mismas categorías que ella.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

Por último, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Gracias, Senador Presidente.

Bueno, por lo general yo tengo grandes coincidencias con el Senador Manuel Bartlett, hemos compartido a lo largo de esta legislatura planteamientos y posiciones en los debates fundamentales.

Sin embargo, creo que hoy nuestra coincidencia no es plena; tenemos matices y diferencias en cuanto a la concepción de la ley que estamos debatiendo y también respecto de contenidos específicos.

Yo primero quisiera referirme a lo que señaló en su primera intervención, cuando señaló que prácticamente esta legislación no se hizo en el Senado de la República, sino que hubo la intervención directa del consejero jurídico, quien efectivamente no solamente anduvo deambulando por los pasillos del Senado, sino que en el mes de diciembre metió una zancadilla, un tropezón al proceso legislativo que estábamos llevando adelante, que afortunadamente pudimos recomponer y reencausar para poder llegar a este acuerdo que hoy está permitiéndonos debatir un dictamen que fue aprobado por unanimidad en las comisiones unidas.

Y debo señalar, dentro de estas diferencias que el contenido fundamental de esta ley recoge el planteamiento de la izquierda, de las izquierdas mexicanas que hemos venido defendiendo en materia de derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas por lo menos desde hace más de 2 décadas.

El compañero Isidro Pedraza decía que el 90 por ciento del contenido de la ley proviene de los planteamientos de la izquierda; el Senador Fidel Demédicis hizo un recuento muy positivo de las iniciativas que se han presentado.

Y quiero poner varias muestras. En primer lugar, en relación al comentario de la Senadora Laura Rojas, efectivamente a lo largo de la discusión hicimos un análisis comparativo de la ley marco que fue presentada para que en el ámbito particularmente internacional hubieron los mínimos que debía contemplar toda ley en materia de transparencia y acceso a la información,

Y estoy convencido de que las disposiciones de este dictamen son más estrictas que las que planteó la ley marco.

La ley marco tiene mucho mayor laxitud y a indefiniciones que lo que hoy estamos no solamente, por ejemplo en la disminución de los tiempos de reserva o las obligaciones de transparencia que están claramente numeradas tanto lo que corresponde a las obligaciones comunes, son 50, más las específicas por distinto sector.

En segundo lugar respecto a la prevalencia de la ley creo que es totalmente claro, cómo ésta es la ley reglamentaria del artículo 6o. constitucional.

Y empezamos por el primer artículo de la ley, que dice, no solamente que la presente ley es de orden público y de observancia general en toda la república. Es reglamentaria del artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y acceso a la información, y tiene por efecto establecer los principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho al acceso a la información.

Y, ahí hay definiciones puntuales, usted señalaba también en su primera intervención que en materia de derechos humanos no se establecía un artículo imperativo en lo que se refiere a garantizar el acceso a la información, materia de derechos humanos, y tanto el artículo Quinto, como el artículo 100 de este dictamen, señalan con toda claridad que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional es todo lo que se refiere al marco de derechos humanos establecidos de la reforma del 2011 en nuestra Constitución, y por supuesto lo establecido en materia de la ley reglamentaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte.

Reconocí, y dije aquí en esta tribuna, que efectivamente existe una controversia ante la Corte respecto de la facultad para que, me dicen, tiempo concluido, pero llevo dos años y medio en esto, yo creo que aguantan dos minutos y medio más en esta discusión, y espero que nos den la oportunidad de discutirlo.

Existe una controversia, pero afortunadamente esa controversia se presentó antes de la Reforma Constitucional de la aprobación de esta ley, y espero que con estas disposiciones y haciendo un trabajo, como dicen ustedes, los abogados de hoy, y la corte, hagamos prevalecer esta disposición para que no pueda clasificarse como reservada ninguna información vinculada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Quiere hacer una pregunta el Senador Bartlett.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, sonido en el escaño de don Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Con todo respeto a mi amigo con el que coincido 99.9, y en este caso le voy a hacer un comentario, a ver qué me puede contestar.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Es pregunta o comentario, don Manuel.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Es una pregunta.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Perdón, es una pregunta o comentario.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Es una pregunta, lo que usted ordene, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, va a formular una pregunta don Manuel, ¿la acepta usted, Senador Encinas?

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Con mucho gusto.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Y debe ser pregunta, don Manuel, no la lectura de una información, porque entonces trata de otra cosa.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Es que la pregunta es sobre esto.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Entonces, se entregará a la Secretaría para que dé lectura a un documento.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Le voy a decir, y quito el periódico.

Hoy aparece en la prensa la inconformidad de esos organismos que fueron aquí tomados en consideración, y muy apreciados, y establece tanto si sabe lo que dice el IFAI o este otro organismo que ha sido el famoso colectivo de transparencia, qué dicen en relación con la preferencia de la Ley o no. ¿Qué dicen ellos, sabe usted, mi querido Senador?

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: La redacción que viene establecida en el artículo 5o. y en el artículo 100 de la ley es justamente la que retoma no solamente la propuesta original del IFAI y de la Red de Rendición de Cuentas, en las iniciativas que nos presentaron, y que nos llevaron primero a establecer con precisión que el IFAI tendría facultad para requerir información en materia de violación graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, sin que mediara resolución previa de ninguna otra autoridad competente.

Eso fue la preocupación central del IFAI y se retiró, y también se retiró otra palabra que venía en el texto en donde las normas en materia de derechos humanos establecían una disposición que restringía el acceso del IFAI en tanto se desarrollara la investigación, por eso se establece para la prevalencia de la ley en el artículo séptimo que las normas que hagan referencia al Derecho de Acceso a la Información o la clasificación de información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y la presente ley, por supuesto, que de los tratados, como comentábamos hace un momento en el pasillo, que no ha suscrito el gobierno mexicano o el Estado Mexicano y han sido ratificados por el Congreso no se pueden incorporar, pero todos los tratados internacionales, vinculantes con estos temas, de transparencia y protección de derechos humanos, están considerados en el cuerpo de la ley, con un agregado adicional.

Usted se refería a que era muy laxa la definición de máxima publicidad, que viene en la fracción sexta del artículo octavo, bueno, es la definición que viene en nuestra Constitución, es la reproducción del concepto constitucional de máxima publicidad para lo cual fortalecimos otros principios, el de pro persona, que eso busca garantizar el derecho por los ciudadanos, pero junto con ellos, los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.

Pero además, para que no haya duda, también en el artículo séptimo, respecto a la prevalencia de la ley respecto al acceso a la información, el segundo párrafo del artículo dice con claridad, en la aplicación e interpretación de la presente ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad conforme a lo dispuesto en la Constitución política.

Dice usted, o dijo usted, también en su primera intervención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Encinas, le ruego concluya la respuesta a la pregunta, ya concluyeron los tres minutos de respuesta, y continúe con su intervención.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Ahorita que termine la respuesta le aviso para que vuelvan a poner el reloj.

No, porque estamos hablando de los principios, y él hizo básicamente el de máxima publicidad, y en estos casos de máxima publicidad y el derecho pro persona, usted señalaba que los poderes fácticos permanecían intocados, incluso aquellos a quien se entregan concesiones o contratos, y creo que en este caso en lo que son las obligaciones específicas de los sujetos obligados, particularmente en el artículo 71 que involucra a los poderes de la unión se establece dentro del régimen de responsabilidades, en cuanto a las obligaciones de transparencia, acciones como por ejemplo definir el nombre, denominación o razón social y la clave de Registro Federal de Contribuyentes, a las personas físicas o morales, a las que se les hubiera cancelado, condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Esta es una batalla que hemos dado durante mucho tiempo no solamente para que se den a conocer la lista de morosos, sino quienes son las empresas donde conoceremos no solamente su nombre o razón social, sino hasta el Registro Federal de Causantes de la misma.

Como también en ese artículo, en la fracción XXVII, se obliga a la autoridad a dar la información sobre concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones, especificando los titulares de aquello y debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, y tendrá que publicarse la información sobre los resultados y procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, y dando a conocer los procedimientos en que se realizan estas.

Más aun, no solamente se cae en el ámbito de los privados, porque ahora, y eso es otra demanda de la izquierda, la autoridad estará obligada a dar a conocer no solamente la información de todos los programas sociales, el monto de los recursos, cuáles son los objetivos de los mismos, sino tendrá que dar la información plena de los programas de subsidios, estímulos de apoyos en donde se tendrá que informar respecto a la transferencia de servicios, de infraestructura social y de subsidios, y junto con ellos, el padrón de beneficiarios.

Junto con ello, además el artículo 70 establece que todos los fondos públicos, fideicomisos, y mandatos análogos están obligados a dar a conocer el monto total, el uso y destino del patrimonio fideicometido, distinguiendo las aportaciones públicas y la fuente de recursos, así como el padrón de beneficiarios, con esto es otra de la demanda de la izquierda, queremos acabar con la caja chica que han representados los fideicomisos públicos y privados con el manejo de recursos.

Y en materia energética, aquí quiero subrayarlo, establece obligaciones adicionales a las que son comunes a todos los sujetos obligados, en donde las áreas, los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del estado, subsidiarias o filiales.

Va a decirme, ah, en el caso de las concesiones de Telecomunicaciones se mantiene información confidencial o reservada, que sí efectivamente está en la ley y lo contempla esta misma, en los casos de los procesos de investigación y análisis de competencia económica.

Y por una razón muy sencilla, porque la información que aportan particulares a los procesos de investigación en materia de competencia económica, o los procesos de preponderancia en el mercado son información que aportan particulares, no son datos públicos, y ahí hay la obligación, por eso habrá una Ley de Protección de Datos Personales que los cuidará.

Y finalmente, respecto a la prueba de daño, es una disposición que independientemente la reserva que puede ser arbitraria, coincido con usted, de la información, la autoridad tendrá que motivar y fundar ante el solicitante de toda la información las causales que pudieran llevar la información restringida y demostrar que realmente representan un riesgo o perjuicio a la seguridad nacional, o al principio de proporcionalidad en perjuicio de un particular.

Yo creo que aquí se recogen muchos de los temas que hemos reivindicado, y esperemos que ahí sí que la ley se aplique porque coincidiendo ahí con usted efectivamente el intento por burlarla y el intento por hacer prevalecer la opacidad y negar la rendición de cuentas a las que tienen derecho todas las mexicanas y mexicanos, va a requerir de una lucha y una acción política emprendida desde la sociedad.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Alejandro Encinas.

Informo a ustedes que los Senadores Benjamín Robles Montoya, Lorena Cuéllar Cisneros, Daniel Amador Gaxiola y Mónica Arriola Gordillo, entregaron los textos de sus intervenciones a este dictamen, los cuales se incorporarán al Diario de los Debates.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras, informo a ustedes que de las modificaciones que fueron autorizadas para incorporar en la discusión del dictamen, la correspondiente al artículo 11 del proyecto de Transparencia, debería quedar correctamente referida al artículo 12, sin embargo, este artículo no requiere de ninguna adecuación; en consecuencia, lo que se les consulto con modificación el artículo 11 queda sin efecto, y el dictamen se mantiene en sus términos por lo que respecta a esos artículos.

En virtud de que está suficientemente discutido y con fundamento en el artículo 200 del Reglamento, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos:

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz ha reservado los artículos: 2, 3, 10, 13, 17, 55, 61, 64, 72, 113, 115, 122, 124, 206 y Octavo Transitorio.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas ha reservado los artículos: 5, 7, 9, 19 y 65.

El Senador David Monreal Ávila ha reservado los artículos: 23 y 113.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada reservó los artículos: 24, 53 y 70.

El Senador Manuel Bartlett Díaz ha reservado el artículo 83.

Y el Senador Mario Delgado Carrillo también el artículo 83.

Alguna Senadora o Senador desea reservar algún artículo más, que lo haga saber.

En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.

(Se recoge la votación nominal)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 110 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se concede ahora la palabra al Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a los artículos 2, 3, 10, 13, 17, 55, 61, 64, 72, 113, 115, 122, 124, 206 y Octavo Transitorio del proyecto de ley.

Adelante, Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, para presentar en una sola intervención las reservas de los artículos mencionados.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muy buenas noches. Con su permiso, Senador Presidente, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Senador por el Estado Libre y Soberano de Puebla de Zaragoza.

Como expresé con anterioridad, el dictamen de la iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el pleno ejercicio de los derechos constitucionales que nuestra Constitución establece, en materia de Acceso a la Información Pública, así como el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las entidades públicas, y toda persona, tanto física como moral, que reciba y haga uso de recursos públicos.

Entre las virtudes de la Ley General que hoy votamos, están las normas comunes que los sujetos obligados deben observar en la tutela de los derechos de acceso a la información y protección de datos, además, crea un sistema general de transparencia, establece las vías para que la federación, las entidades federativas y demás entes de carácter nacional y local, se coordinen a fin de asegurar, tanto la transparencia de las instituciones públicas, como el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Sin duda, son grandes avances. No obstante, formo parte de los que creen que toda norma es perfectible, por ello presento a su consideración del Pleno estas reservas con propuestas para modificar y adicionar diversos artículos de la ley general.

El objetivo común de toda ellas es profundizar en las condiciones de accesibilidad, igualdad y equidad, así como evitar la marginación y discriminación en el acceso a la información.

También representa un paso adicional para que el Poder Legislativo Federal sea ejemplo de transparencia, lo cual sin duda permitirá una mayor cercanía entre ciudadanos y legisladores y la participación activa de la ciudadanía en la vida pública y legislativa.

Presento estas reservas con base en el orden de los artículos a los que cada uno de ellos se refiere.

En primer lugar, propongo modificar los artículos 2o., fracción VII; 3o., fracción VII y XVIII, así como los artículos 10, 13, 17, 55, 61, 64 y 124, y adicionar un Octavo Transitorio, a fin de garantizar el ejercicio del derecho humano a la transparencia y al acceso a la información pública de las personas discapacitadas, así como a grupos vulnerables por su condición de extrema pobreza, y aquellos que únicamente se comunica en lengua indígena.

Como lo establece el propio dictamen de la ley general que hoy discutimos, la transparencia y el acceso a la información pública son derechos humanos contemplados en el artículo 6o. constitucional, el cual establece que cualquier persona con independencia de su condición social, económica, cultural o con algún tipo de discapacidad tiene derecho a ejercerlo.

Sin embargo, para que ello suceda debemos impulsar las herramientas y vías para que este derecho sea efectivo.

La encuesta nacional sobre percepción de discapacidad en población mexicana, indicada que 6.8 millones de personas, esto es el 6.2 por ciento de la población nacional, tenían algún tipo de discapacidad en 2010. De ellos, 3 de cada 5 tenían discapacidad para caminar o moverse; 28.9 por ciento para ver; 11.4 por ciento para oír, y 9.3 por ciento se le dificultaba hablar o comunicarse; 7.5 por ciento tenían discapacidad mental, y 5.8 por ciento le costaba atender el cuidado personal, y para el 4.8 por ciento era complicado poner atención o aprender.

Por otra parte, el censo de población y vivienda de 2010, indica que en México residen 6.9 millones de personas de 3 años y más que hablan lenguas indígenas; y que el 16 por ciento no habla español, esto es 1.1 millones de mexicanos.

Diversos artículos del dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevén la publicación de la información en formatos accesibles. Sin embargo, en sentido estricto es importante aclarar que no basta con establecer que los formatos en que se genere y publique la información sean accesibles, sino que se necesitan diseños universales.

El diseño universal, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en diciembre de 2007, y que entró en vigor para nuestro país el 3 de mayo de 2008, es aquel diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.

Mi propuesta es incorporar al dictamen la obligación de los sujetos obligados, de generar su información en diseños universales. Ello implica tiempo, recursos financieros, organización y coordinación.

Por ello, se propone que tanto los gobiernos federal como los gobiernos de las entidades federativas destinen una partida de sus presupuestos anuales para garantizar que la transparencia y el acceso a la información pública de diseños tradicionales a diseños universales.

Además, se propone que dentro de los artículos transitorios se señale que en un tiempo no mayor a 10 años, todas las entidades públicas tengan la información disponible al público a través de diseños universales.

Asimismo, se propone que la información que soliciten personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema o hablantes de lenguas indígenas, no tengan costo para ellos. Estas medidas son necesarias a fin de garantizar la igualdad y la equidad de condiciones y oportunidades para el acceso a la información pública de todos los mexicanos.

La segunda propuesta es realizar adiciones al artículo 72 del dictamen, para que a las obligaciones de transparencia se añadan la oferta activa de información que el dictamen establece para los Poderes Legislativo Federal, en las entidades federativas y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Un parlamento moderno y democrático es representativo cuando logra que las mayorías y minorías de una sociedad se encuentren debidamente representadas.

No obstante, para que el ejercicio de la representación sea efectivo, resulta indispensable incorporar otras características a un parlamento, por ejemplo, que sea eficaz en la aprobación de leyes mediante el diálogo y que garantice la transparencia de la toma de sus decisiones, y el pleno acceso a la información sobre sus actividades, procesos, decisiones y recursos, entre otros asuntos.

De hecho, la Unión Interparlamentaria, Organización Internacional que agrupa la totalidad de los parlamentos democráticos en el mundo, suscribió en 2010 la declaración de Presidentes de parlamentos que en su octavo punto señala:

“Juntos nos comprometemos a hacer nuestros parlamentos más representativos, transparentes, accesibles, responsables y eficaces, permitiendo los diversos componentes de la sociedad, participar en la política. También promoveremos normas de integridad de los parlamentos y sus miembros, reconociendo que pertenecer a un parlamento es ante todo un servicio público, por lo que es necesario mantener los más altos estándares de ética e integridad en los asuntos públicos”.

El Congreso de la Unión de México firmó la Declaración sobre Parlamento Abierto con el compromiso de impulsar mejores prácticas de transparencia y accesibilidad en ambas cámaras de la legislatura federal.

Sin embargo, este compromiso no se ha expresado en una mejora sustantiva dentro del marco jurídico nacional y de las entidades federativas.

Por ello, propongo añadir 7 requerimientos adicionales a los 15 que ya contempla el dictamen, estos son:

1.- Explicación sobre el mecanismo de elección de los legisladores, sistema electoral, número de distritos, requisitos para ser electo.

2.- Resultados de la elección previa por distrito y por partido.

3.- Salarios y otros apoyos económicos que reciben los legisladores.

4.- Acceso a comunicaciones del ejecutivo dirigidas al legislativo y viceversa.

5.- Nombre y currículum del secretario técnico de cada comisión.

6.- Glosario de términos parlamentarios.

El objetivo es brindar mayor transparencia en la actuación de los grupos parlamentarios y procurar un parlamento abierto, así se generará mayor confianza de los ciudadanos respecto de sus representantes en el Poder Legislativo.

Mi tercera propuesta es una adición al artículo 113, fracción VIII, con el propósito de garantizar que las decisiones tomadas mediante procesos deliberativos en entidades públicas, sean documentadas al igual que las decisiones finales.

El artículo 113, fracción VIII del dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que únicamente es obligatorio documentar la decisión final. Sin embargo, no considera que los procesos deliberativos también se documenten. Esto último puede menguar el derecho de los ciudadanos a acceder, no sólo a determinadas resoluciones o decisiones finales, sino a conocer cómo se llevó a cabo el proceso, y qué argumentos se esgrimieron al tomar la decisión final.

Si bien es cierto que cuando el proceso deliberativo se encuentra en pleno desarrollo y aún no se toma la decisión final, no es conveniente darlo a conocer debido a que esta puede viciarse, también lo es, que una vez tomada la decisión final, la información sobre los procesos deliberativos debe estar disponible para cualquier ciudadano que desee solicitarla o consultarla.

La cuarta propuesta es la atención de las palabras: conflicto de intereses al artículo 115, con el objetivo de que se prohíba reservar la información que se relacione, no sólo con temas de violación a derechos humanos o actos de corrupción, sino toda aquella que implique conflictos de interés conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el conflicto de intereses se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público, pueden afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

En este sentido, los servidores públicos deben desempeñar su cargo bajo ciertos principios que la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su artículo séptimo establece legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Asimismo, el servidor público tiene la obligación de excusarse de intervenir en cualquier trámite o resolución de asuntos, en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales y de negocios, o para socios o sociedades en las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Por ello, considero que cuando se determine que existió conflicto de interés, además de imponer la sanción correspondiente al funcionario público, conforme a la legislación aplicable, no debe permitirse que la información relacionada con el asunto sea reservada. En dichos casos, la información debe clasificarse como pública, ya que los ciudadanos tienen el derecho a conocer que funcionario o servidor público no cumplió con lo establecido en el marco jurídico respectivo, pues su salario deriva de las contribuciones, pagos de derechos y otras cargas fiscales impuestas a las personas.

Mi quinta propuesta es una modificación al artículo 206, fracción II del dictamen, con el propósito de eliminar las palabras “dolo” y “mala fe”, ya que causan una carga probatoria a la parte afectada difícil de sustanciar y obstaculizan el acceso a la información para los ciudadanos, pues recae en los solicitantes la tarea de demostrar que el comportamiento del sujeto obligado, se ajusta a la definición jurídica de dolo o de mala fe.

Resulta terriblemente complejo para los ciudadanos, probar durante procedimiento administrativo sancionatorio, que la actuación de los sujetos obligados existió la conducta e hipótesis jurídica del dolo, y con ello no se cumple el derecho de justicia pronta y expedita que salvaguarda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También se vulnera el principio de acceso a la información, que protege el artículo sexto de la Carta Magna.

Sin embargo, con la finalidad de contribuir a la mejor redacción de la fracción II del artículo 206 y en cumplimiento de los principios jurídicos de fundamentación y motivación que deben prevalecer en un procedimiento sancionatorio, sugiero incluir el concepto de “negligencia”, pues se vincula jurídicamente con lo previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En ellos se norma que será responsabilidad de los sujetos de la ley, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen en el servicio público.

Finalmente, señor Presidente, pongo a su consideración del Pleno, una modificación al artículo 122, con el propósito de ampliar las vías disponibles para orientar a los ciudadanos, sobre su derecho a solicitar información pública y el procedimiento para realizar dichas solicitudes.

En ese sentido, propongo que a fin de facilitar el ejercicio al derecho de acceso a la información, se agregue al artículo 122 del dictamen, el servicio vía telefónica, con tareas exclusivas de orientación sobre el derecho de acceso a la información, las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados y los mecanismos para solicitar información pública.

Estoy convencido, de que al aceptarse estas propuestas, abonaremos al importante dictamen que hoy hemos votado en lo general.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

En virtud de que han sido ampliamente explicadas las reservas, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas que ha presentado el Senador Ávila.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas del Senador Daniel Ávila. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se mantienen en los términos del dictamen los artículos 2, 3, 10, 13, 17, 55, 61, 64, 72, 113, 115, 122, 124, 205 y Octavo Transitorio del proyecto de ley, por lo que se reservan para su votación en conjunto con los demás artículos reservados.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificación de los artículos 5, 7, 9, 19 y 65, reservados por el Senador Blásquez, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura.

Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos, agresiones a periodistas o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 7. Para el caso de interpretación los sujetos obligados y los órganos garantes, observarán el criterio conocido como control de convencionalidad, emitido por la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 9. En el ejercicio, tramitación e interpretación de los derechos derivados de la presente ley, las correspondientes de la Federación, las entidades federativas y demás normatividad aplicable, los sujetos obligados, el Instituto y los organismos garantes deberán atender a los principios señalados en la presente sección.

Artículo 19. Cuando se reporte la inexistencia de información, el órgano garante deberá requerir al sujeto obligado que ponga a disposición el contenido del reflejo documental, de actos o hechos jurídicos que tengan relación o hayan acontecido antes, durante y después del ejercicio de las facultades, competencias y funciones correspondientes.

El órgano garante solicitará al interesado que aporte los datos, documentos e información en torno al ejercicio de las facultades, competencias o funciones con que cuente.

Con todo ello, de manera lógica, de manera jurídica razonable, el órgano garante deberá reconstruir la información perdida, darle vista al sujeto obligado para que manifieste a lo que sus intereses convenga y emitir una resolución en la que información resultante se atribuya a la autoridad competente.

Artículo 65. Los organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablan alguna lengua indígena.

Las mismas personas morales de derecho público, deberán poner a disposición la información relevante relacionada dentro de su competencia, con el ejercicio de los derechos de los miembros de grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, las mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Quedan en los términos del dictamen los artículos 5, 7, 9, 19 y 65 del proyecto de ley. Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación a los artículos 23 y 113, reservados por el Senador David Monreal, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura.

Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los datos personales que obren en su poder, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal de las entidades federativas y municipal; así como los particulares con derecho de uso y aprovechamiento sobre algún bien o recurso de la nación.

Artículo 113. Se propone eliminar la fracción VIII.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Quedan en los términos del dictamen los artículos 23 y 113 del proyecto de ley. Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a los artículos 24, 53 y 70 del proyecto de ley.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Trataré de ser breve. Con el permiso de la Mesa Directiva.

En esta participación haré referencia a mis reservas de los artículos 24, 53 y 70 del proyecto de Decreto que expide la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Considero que si se logra una aplicación efectiva de esta ley nuestro país estará encaminándose hacia un cambio en las relaciones del poder con la sociedad, aumentando las posibilidades para tener un real estado de derecho con una democracia sólida.

Es irónico que en muchas conversaciones que tienen los mexicanos, ya sea en un café, con la familia, entre amigos o compañeros de trabajo, se discuta sobre las opacidades, corruptelas, tratos sucios y robos de la clase política de nuestro país.

En algunos casos aciertan sustentándose en el cinismo de los corruptos, y en otros casos están completamente equivocados. Pero la única constante en este escenario es la poca certeza en la información y el desánimo para exigir un cambio de la clase política.

Esta ley tiene la capacidad para ser un detonador de mejoría en nuestra sociedad, una que cuente con herramientas para conocer la información de cualquier identidad, autoridad, órgano u organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ambiente de la federación, de las entidades federativas y de los municipios.

Conocer a detalle de las instituciones o individuos que ejercen los recursos públicos, debe generar un cambio que se espera sea determinante para la acción de quienes marcan el rumbo de este país, ya que cada día será más difícil y complejo escapar de la responsabilidad de nuestros actos.

Una de las obligaciones de los políticos es despertar a la sociedad, y en muchas ocasiones parece que queremos apagar y arrinconar su espíritu, quitarles las ganas de exigir, de presionarnos.

Creo que en las condiciones en las que está la Nación los arrinconados somos nosotros, porque no podemos eludir nuestra responsabilidad de hacer las cosas bien, las que sean necesarias, sin pretextos y sin miedo al costo. Si no es ahora, cuándo.

Esta ley tan completa y detallada requiere de perfiles con experiencia en la materia para que la pongan en marcha, no podemos darnos el lujo de que esto no salga bien. Consideramos que en este Congreso hay leyes que hemos deshebrado y que a la hora de su aplicación nos damos cuenta de que en la realidad requiere algo más que una redacción políticamente correcta y flexible.

En el artículo 24, referente a las obligaciones de los sujetos obligados en su fracción II, señala: “Designar en las unidades de transparencia a los titulares que dependan directamente del titular, del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia”.

Entiendo que los expertos en México, en materia de transparencia, no deben ser tantos como para integrar los garantes en cada rincón del país donde se va a requerir. También entiendo que esta legislación, como muchas otras, deberá contar con un periodo de armonización, no sólo entre las entidades federativas, sino también entre los profesionistas para su comprensión.

Eso no puede limitarnos para buscar los perfiles que cuenten con experiencia para asegurar la eficiencia en la instrumentación de la ley. Tenemos que ser más audaces y exigir a los titulares de las unidades de transparencia que cuenten con experiencia en la materia, poca o mucha, es mejor que por diversos motivos sean designados cercanos, improvisados, recomendados y hasta amigos.

Por lo anterior, propongo que se modifique el artículo 24 en su fracción II, eliminando el concepto “preferentemente” y establecer que los titulares de las unidades de transparencia deberán contar con experiencia en la materia. Esa es la reforma del artículo 24.

Mi segunda reserva en el artículo 53, incluye a los empresarios en la generación de una cultura de la transparencia de acceso a la información. Después de que haya sido aprobada esta legislación, uno de los retos más importantes será hacer que toda la sociedad mexicana conozca del acceso a la información y el proceso que tienen que seguir para hacerlo efectivo.

La educación y orientación sobre el tema es esencial para el éxito de esta ley y por eso es que resulta relevante crear una cultura alrededor del tema.

Las instituciones educativas, culturales, públicas y privadas, así como el sector empresarial, en colaboración con los órganos garantes, deben asumir la responsabilidad para la promoción de la transparencia.

Los empresarios no deben ser excluidos de la implementación de esta legislación, porque aunque en ocasiones se miren por separados de la sociedad juegan un rol importante en la influencia y mensajes que se hacen llegar a todos los mexicanos. Además del compromiso y la confianza del sector empresarial hacia la ley es claro.

El pasado 16 de febrero, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, manifestó que: “Para superar la compleja coyuntura que vive el país e impulsar su crecimiento con solidez era imprescindible que esta Legislatura aprobara una agenda de 8 pendientes, poniendo especial énfasis en la Ley de Transparencia”.

Para los empresarios de este país es muy importante que exista un verdadero estado de derecho, que decididamente combata la corrupción y los malos manejos. Por eso tienen que ir de la mano con la sociedad para formar un frente que presione y exija a los servidores públicos.

Mi propuesta es que se incorpore en la redacción del artículo 53 al sector empresarial, para que quede de la siguiente manera: “Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, los organismos garantes deberán promover, en colaboración con las instituciones educativas, culturales y del sector empresarial, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y consultas relativas a la transparencia y al acceso de la información”.

Por último, en el artículo 70, considero que se deben hacer un par de precisiones: la primera en la fracción XII y después en la fracción XVIII, inciso a), numeral 10.

Históricamente, pero en particular en los últimos años, la sociedad demanda con más fuerza que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones patrimoniales. La corrupción y la opacidad han servido como detonantes para despertar la indignación de nuestro país por décadas, y se ha venido agudizando esta situación porque son constantes los escándalos que salen a la luz de individuos y funcionarios de todos los partidos haciendo evidente y urgente la transparencia y rendición de cuentas.

Un piso mínimo es que los servidores públicos pongan a disposición de todos, una versión pública de su declaración patrimonial. A cuentagotas ha sucedido entre algunos funcionarios, ya sea por convicción y presión política, estos antecedentes.

Ejemplo de lo anterior es en el inciso de su gobierno, el Ejecutivo hizo un intento para hacer pública su declaración patrimonial instando a su gabinete a seguir su ejemplo, desafortunadamente esto fue contraproducente porque la información proporcionada se queda corta y su equipo no lo secundó en esta acción.

Mi propuesta es eliminar de la fracción XII del artículo 70, la frase “que así lo determinen”, para que sea una obligación de transparencia común.

La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales en los servidores públicos, en los sistemas habilitados, de acuerdo a la normatividad aplicable.

No es que así lo determinen, que lo hagan.

En respuesta a la fracción XVIII, en su inciso a), numeral 10, del mismo artículo 70, relativa a la información, sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, considero que debe modificarse para atender un fenómeno que cada día es más cotidiano entre los asuntos que causan indignación a la sociedad y son los conflictos de interés que muchos casos se generan a partir de las licitaciones y adjudicaciones que hace el gobierno y que podía limitarse con acciones de transparencia para desactivar a los servidores públicos personas física o morales a realizar este tipo de acciones. Para muestra basta un ejemplo.

El pasado 5 de marzo propuse, con el respaldo de más de 50 Senadores, un punto de Acuerdo para que viniera a comparecer ante el Pleno, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, y explicara el proceso para la licitación del nuevo aeropuerto, ya que tenemos dudas derivadas de la opacidad y éstas nos hacen pensar que existen conflictos de interés.

No quedan claras las condiciones en que se contrató a la empresa Pearson International, para que hiciera el cargo de la gerencia del proyecto del nuevo aeropuerto, superando con mucho los montos permitidos en la legislación vigente.

De los 16 contratos relacionados con la construcción del nuevo Aeropuerto, sólo uno se realizó por el proceso de licitación abierta, el resto fue por medio de invitación restringida y adjudicación directa.

Por otro lado, la licitación de adjudicación del tren México-Querétaro, las circunstancias son aún más agravantes, ya que sólo una empresa resultó ganadora y después de una serie de críticas de sus reglamentos, el gobierno mexicano decidió reponer el proceso abriendo nuevamente la convocatoria.

Ya en medio de una nueva licitación se anunció sorpresivamente la cancelación definitiva del proyecto, sin comunicar o transparentar la información, en donde se establecieron las justificaciones técnicas que lo llevaron a tomar esta decisión, ni las consecuencias o sanciones que lo asumirán.

En un escenario donde el origen de los recursos para el tren era del gobierno chino, no están considerados en los términos de este dictamen los recursos de una institución financiera, organismos internacionales o de algún gobierno extranjero.

La Ley General de Transparencia debe ser un instrumento para tener certeza y de los procesos de licitación del gobierno federal, en este caso nos ayuda a clasificar las dudas que tenemos sobre el nuevo aeropuerto y la cancelación del tren México-Querétaro.

Por lo anterior, propongo se modifique el artículo 70, en su fracción XVIII, inciso a), numeral 10, para quedar así:

Origen de los recursos especificando si son federales, estatales, municipales, de instituciones financieras, organismos internacionales o gobiernos extranjeros, así como de tipo de fondo de participación, créditos o aportación respectiva.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Víctor Hermosillo, gracias por su brevedad.

En virtud de que el Senador Hermosillo ha explicado ampliamente sus reservas, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, si se admiten a discusión las reservas del Senador Hermosillo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Quedan en los términos del dictamen los artículos 24, 53 y 70 del proyecto de ley. Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Enseguida, tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, para referirse al artículo 83 del proyecto de ley.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente, que hoy ha estado muy generoso con este opositor único el día de hoy.

Voy a insistir en algo que es fundamental, esta ley no tiene prevalencia sobre las demás, no es superior a las demás, no es cierto, es falso.

Miren, incluso, hay un procedimiento en la doctrina del derecho que para resolver antinomias la ley especial prevalece sobre la ley general, es un principio de derecho de primer año.

En consecuencia, la ley especial de PEMEX, que es el caso que estamos usando, prevalecen sobre esa ley general.

Y eso es lo que le comentaba yo a mi muy querido y admirado Encinas, nada más que no me dejó el Presidente leer, aquí se estuvo hablando maravillas de las agencias, de los organismos que participaron.

El IFAI hizo llegar a las comisiones dictaminadoras, ayer, siete observaciones, entre ellas que es que se precise de manera categórica y no potestativa que en las leyes federales no podrán establecerse supuestos de reservas o confidencialidad que contravengan a la Ley General de Transparencia.

El IFAI no es una invención mía.

Y el otro organismo, este llamado colectivo por la transparencia que aquí estuvo todo el tiempo, vuelve a lo mismo, verdad, diciendo que se eliminaron muchos problemas, pero dice, hay aspectos preocupantes como la ambigüedad entorno a la prevalencia de esta ley respecto de otras.

La ambivalencia que se mantiene en la apertura de información cuando se trate de casos graves.

Y en cuanto a la prevalencia, no está claro, asegurado con la redacción actual, sigue abierta, la posibilidad de plasmar causales de reservas en otras leyes. Esto es lo que dicen los expertos, no yo. Esta ley tiene esa debilidad definitiva.

Y esa regla de interpretación lo hace formal, la ley especial está por encima de la Ley General.

Pero además, y se ha tomado el caso de las obligaciones en materia energética, como el gran logro, y es falso, porque el primer párrafo establece claramente todas las obligaciones de tal y tal, pero el segundo párrafo, insisto, literal dice: “lo anterior de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal y lo dispuesto a las leyes de hidrocarburos”, y vienen todas las leyes, o sea, dice: “de conformidad, o sea, que está sometiendo todo lo de transparencia a las Leyes Secundarias”.

Y en las Leyes Secundarias están una serie de principios que les voy a leer.

Ley de PEMEX.

Artículo 3. PEMEX estará bajo el derecho mercantil y civil, no del derecho público, para empezar, complementa la privatización al adoptar las mejores prácticas internacionales y corporativas.

La difusión al artículo 14, Ley de PEMEX.

La difusión en su Portal de Internet de una versión pública de su plan de negocios, no deberá contener cualquier información que pudiera comprometer o poner en riesgo sus estrategias comerciales, y eso son los contratos, los permisos, y aquí precisamente se dijo que el gran problema está en que no van a tener una supervisión para entregar el petróleo a las transnacionales al precio que se les dé la gana, y no va a ser abierto porque deberá contener cualquier información, no deberá que pudiera comprometer o poner en riesgo sus estrategias comerciales.

El comité de auditoría dice: mecanismos que implementen para atender solicitudes de información.

Pero el consejo de administración de PEMEX adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresariales, artículo 111.

El consejo de administración tiene facultades para guardar la información relacionada con las actividades empresariales económicas e industriales que desarrollen PEMEX y su subsidiaria, dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley.

Lo mismo para la CFE.

Las sesiones de los órganos públicos con excepción de las que se discute información reservada.

Como obligación de los órganos reguladores en materia energética, salvaguardarán los actos, y la información, y la información confidencial en los términos de la ley de transparencia que dice que operan las que están establecidas en estas leyes.

La Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, artículo 3.

Las disposiciones que regulan a los fideicomisos públicos de la administración pública federal no les serán aplicadas al fondo.

Aquella información recibida por el fiduciario que va a ser conservada en confidencialidad o reserva por las instancias que le hayan proporcionado, el fiduciario quedará obligado a mantener dicha confidencialidad.

Y hablamos de confidencialidad que es todavía peor que la reserva, porque esa no tiene término, esa se mantiene.

La ley de hidrocarburos es igual. Aquí hay información recibidas por el fiduciario otra vez.

La Ley de Hidrocarburos, dice que no se puede publicar la información que reserven, definirá la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la confidencialidad en materia eléctrica es lo mismo.

Entonces, aquí están con toda claridad, establecido con todo cuidado cuáles son las atribuciones de la ley y está superada, por todo lo que está por todo lo que está reservado en las leyes secundarias.

Y ustedes saben que una preocupación y un interés de las empresas transnacionales petroleras es precisamente que no se sepan las negociaciones, y nosotros, que vamos a querer conocer todo lo que se va a estar dando en PEMEX, no vamos a poder, porque quizá la confidencialidad en las leyes secundarias, que dice, este artículo 83, que lo anterior de conformidad con lo que establecen las leyes secundarias.

De manera que esto demuestra claramente que la ley está flotando, que es una ley que tiene enormes limitaciones, por eso hemos estado insistiendo en ese tema, aunque no lo quieran entender, quienes ya tomaron una posición.

Por lo tanto, he pedido, yo quisiera que leyeran lo que estoy pidiendo qué cambio tengo ahí por opuesto, para que en lugar de lo que está establecido, y se los leo yo, señor Senador Barbosa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos tal y tal del reglamento, solicito que el artículo 83 se sustituya todo el párrafo segundo, y agregar un tercer párrafo, todo el párrafo segundo.

Lo anterior, este párrafo que estamos proponiendo obliga, lo anterior, o sea, lo que establece la ley de transparencia aquí, lo anterior obliga por encima de cualquier limitación o reservas de las leyes secundarias.

Y en materia energética no le es aplicable el tercer párrafo del artículo 116 de esta ley que establece más reservas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel, y como lo solicita, le pido a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación que hace don Manuel Bartlett Díaz, e inmediatamente ponga a consideración de la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión o no.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a la propuesta del Senador Bartlett.

Artículo 83. Lo anterior obliga por encima de cualquier limitación o reserva de las leyes secundarias, y en materia energética no le es aplicable al tercer párrafo del artículo 116 de esta ley.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Finalmente, tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, que ha reservado también el artículo 83, por lo que escucharemos su propuesta de modificación y posteriormente someteremos a consideración del Pleno ambas propuestas.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente. Compañeros y compañeras:

Es un cambio relativamente sencillo, pero muy importante. Decía yo, y creo que no se entendió, que el éxito de esta ley se va a medir en la medida que sea funcional para combatir la corrupción en nuestro país, y el mayor riesgo que tenemos de corrupción actualmente es el sector energético.

Si esta ley es incapaz de ayudar a frenar la corrupción en el proceso de apertura del sector energético en México, pues va a ser un fracaso en todo lo demás, eso es lo que queríamos decir.

Y me parece que el artículo 83 es insuficiente para garantizar que se transparente todo el proceso de apertura del sector energético mexicano.

Sabemos que la Ronda Uno la están haciendo instituciones que ni siquiera se han acabado de conformar como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Ambiental; el Fondo Mexicano del Petróleo, ni siquiera tienen reglamento interno; la Comisión Nacional de Hidrocarburos no está teniendo el apoyo que necesitaría para poder enfrentar a las grandes transnacionales, no estamos construyendo la capacidad institucional para darle seguimiento a los contratos que se están planteando que requieren de una fiscalización que nunca hemos experimentado en este país y que vamos a enfrentar a empresas pues que prácticamente se la pasan evadiendo sus responsabilidades a lo largo del mundo.

También sabemos que el modelo de contrato propuesto deja a la discrecionalidad contrato por contrato la definición de buena parte de la distribución entre el estado y las empresas de la renta petrolera, es decir, hay un margen de discrecionalidad muy importante.

Y en la Primera Ronda ya hemos visto cómo la Secretaría de Energía reserva una parte del proceso de asignación de estos contratos.

Es decir, no estamos ante una situación hipotética de que la autoridad tal vez no quiera actuar con la máxima transparencia posible y reserve parte del proceso, ya lo está haciendo en este momento, y en donde es omisa esta ley, donde es insuficiente el artículo 83, es justamente cambiar para asegurarnos ahí que los criterios de precalificación y todo el proceso de licitación no nada más el resultado de las licitaciones se vuelvan públicos.

Entonces aquí podemos arreglarlo, cambiando en el 83, incluyendo los criterios de pre calificación y procesos de licitación o que obliguemos a que el proceso deliberativo no pueda reservarse conforme al artículo 113, fracción VIII, que es la excepción que actualmente está utilizando la Secretaría de Energía.

Es decir, ¿por qué dejar este primer eslabón en la opacidad? Puede contaminar el resto del proceso, y es el proceso más importante en nuestro país en los últimos años, aquí sí debería aplicarse el criterio de máxima publicidad posible, aquí no tenemos margen de error en este proceso de privatización del sector, en este proceso de apertura aquí no podemos equivocarnos, aquí tendríamos que irnos a la mayor exigencia posible.

Es cierto que hay mucha transparencia una vez que se tiene el resultado de la licitación, pero no tenemos garantías de apertura ni de transparencia en el proceso de licitación, y este podrá reservarse, como ya se hizo aludiendo a la misma causa que está en esta ley, en el artículo 113, fracción octava.

Entonces, me parece que estamos perdiendo una oportunidad muy importante, me parece que nos podemos llevar sorpresas muy grandes en esta materia, sabemos también que dentro de la reforma energética no se previó un proceso de reversión de contratos por incumplimiento de metas, y yo me temo, ojalá yo esté equivocado, de que las grandes transnacionales van a venir por las reservas probadas de la Ronda Uno, simplemente para poder ponerlas en sus balances de lado de los activos y poder capitalizarse en el mercado internacional, por los problemas financieros que están teniendo actualmente por la caída en los precios del petróleo.

Y ante eso nos estamos nosotros atando las manos, limitando la posibilidad de que en esta ley, porque es en esta ley, donde se tiene que hacer, no en la ley federal, es en esta ley donde se tiene que obligar a que no se pueda reservar el proceso deliberativo por cinco años, que se haga público, sí, sino se quiere durante el proceso en cuanto se tenga el resultado de la asignación , que se abra por completo el proceso deliberativo, no puede haber reservas en esto porque estamos hablando de lo más valioso que tenemos los mexicanos, que es el petróleo, y si hay opacidad y hay márgenes de discrecionalidad y si la autoridad ya empezó a actuar de esta manera, me parece que no es una omisión ingenua, y aquí deberíamos de apretar para que esto garantizara la total transparencia del sector energético mexicano.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Delgado.

Pido a la Secretaria dé lectura a la modificación propuesta por el Senador Delgado e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión o no.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a la propuesta de modificación del artículo 83 del Senador Mario Delgado.

Artículo 83. Adicionalmente a la información señalada en el artículo 70 de esta ley, los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los criterios de precalificación, procesos de licitación, contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales, o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional, del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, de exploración y extracción de hidrocarburos a través de mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, por lo que deberán incluir cuando menos las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo para tal efecto.

Lo anterior de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la ley federal y lo dispuesto en las leyes de hidrocarburos, de la industria eléctrica, de ingresos sobre hidrocarburos, de los órganos reguladores coordinados en materia energética de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en esta materia.

No se podrá oponer la reserva de la información que se refiere a la fracción VIII del artículo 113 de esta ley.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, queda en los términos del dictamen el artículo 83 del proyecto de ley.

Procederemos a la votación nominal de los artículos reservados en una sola consulta.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación de los artículos reservados. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 17, 19, 23, 24, 53, 55, 61, 64, 65, 70, 72, 83, 113, 115, 122, 124, 206 y Octavo Transitorio del proyecto de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los términos del dictamen.

El voto a favor, es el voto a favor del dictamen, el voto en contra sería a favor de los contenidos de las reservas. Es para orientar el sentido de su voto.

(Se recoge la votación nominal)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 96 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente Senador Luis Miguel Barbosa Huerta. Se recibió en esta Mesa Directiva, un escrito que constituye el posicionamiento a favor del dictamen de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para que se incluya en el Diario de los Debates a la letra.

Quedan aprobados los artículos : 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 17, 19, 23, 24, 53, 55, 61, 64, 65, 70, 72, 83, 113, 115, 122, 124, 206 y Octavo Transitorio del proyecto de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Señoras y señores Senadores: La aprobación de esta ley representa un parteaguas de la opacidad a la transparencia en nuestra vida pública.

El consenso alcanzado el día de hoy, este buen producto legislativo que enviaremos a nuestra Colegisladora, constituye la respuesta del Senado de la República a una de las exigencias más sentidas de nuestra sociedad, la cual ha expresado en múltiples ocasiones su hartazgo ante la corrupción que impregna algunas áreas de nuestra vida pública.

El voto mayoritario de esta sesión expresa una decisión fundamental que las y los Senadores de la República consideramos a la transparencia como una aliada y no como un obstáculo a la labor legislativa.

En el momento que el Estado mexicano atraviesa por un déficit de credibilidad, el Senado da un paso fundamental para recuperar esta confianza.

Un sistema democrático siempre se verá fortalecido cuando potencializa su esquema de revisión de cuentas. Esto es lo que hace hoy el Senado de la República.

Ante la sinergia que nos han llevado al estancamiento, uno de los Poderes de la Unión tenía que tomar decisiones, el Senado decidió dar este paso, un paso de responsabilidad, un paso que nos compromete, porque estamos convencidos que para tener un país transparente, necesitamos un Congreso de la Unión y un Senado también transparente.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 62 constitucional.

¡Felicidades, señoras Senadoras, señores Senadores, por su desempeño!

(Aplausos)

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva, un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, con la opinión de la Comisión Especial de Productividad, que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y se adiciona el artículo 21 Bis de la Ley de Planeación.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del mismo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, queda de primera lectura.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores: Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción, se turnarán directamente a comisiones.

Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda, se integrarán al Diario de los Debates.

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana jueves 19 de marzo a las 12:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 22:06 horas)