Versión estenográfica de la reunión de Comisión de Justicia del Senado de la República con la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas de la Organización de los Estados Americanos.
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Buenos días, a nombre del presidente de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil, les damos la más cordial bienvenida a la reunión de la Comisión de Justicia con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.
Me pide, por mi conducto, ofrecerles una disculpa por no poder estar en este momento con ustedes, pero desafortunadamente surgió un tema importante que tenía que atender y en cuanto termine se desplaza.
Pero ya no quisiéramos hacerlos a ustedes esperar, que han sido muy puntuales y podríamos empezar la reunión. Él se incorpora y si no, también por la videograbación él podrá estar enterado de todo esto.
El día de hoy tenemos como orden del día, el cual quisiera someterlo a su consideración, una apertura y bienvenida –que estaré ahora llevando a cabo–; una presentación de los programas de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas; sesión de preguntas y respuestas, a cargo de los integrantes de la Comisión de Justicia; y conclusión de la reunión, a cargo del senador Roberto Gil.
A nosotros como Comisión de Justicia y después de dos años de trabajo en el Senado de la República, estamos muy interesados en poder instaurar unos tribunales de tratamiento de drogas en la República Mexicana.
Ahora bien, nosotros por lo cual quisimos tener esta reunión con ustedes es para poder sensibilizarnos en el tema y de esta manera poder nosotros realizar la legislación correspondiente.
Pero ha sido una práctica en la Comisión de Justicia el recurrir siempre al Parlamento Abierto, el recurrir a las mejores prácticas, el que todos los senadores y los asesores de la Comisión estén capacitados al nivel más alto que se puede en los temas que vamos a legislar. Nos gusta hacer las cosas bien y para el bien de los ciudadanos.
Entonces, esta inquietud surge precisamente porque el hacedor, el asesor Jaime Chávez tiene una estancia en la ciudad de Nueva York, a invitación del Gobierno de Estados Unidos por varias semanas, y en donde él se ve inmerso en el tema de esta figura que ustedes manejan allá con tanta familiaridad y que ha sido exitosa.
Entonces él llega, se comenta en la Comisión de Justicia y consideramos que era una muy buena idea y que estaríamos en la mejor disposición en cuanto iniciara el periodo legislativo empezar a trabajar en esto. Esa es la inquietud y por lo cual nos urge.
En el Senado de la República, en la Comisión de Justicia hemos legislado en infinidad de temas. Somos una Comisión que trabajamos para los ciudadanos y dado ahora todo este cambio, que entrará en vigor el próximo año hacia el sistema penal acusatorio, creo que se tienen que incorporar muchas otras figuras.
Quisiera hacer un agradecimiento muy especial a la Embajada de Estados Unidos, quienes hoy nos acompañan, ya que gracias a su apoyo ha sido muy fácil poder impulsar todos los temas que se han trabajado en la Comisión de Justicia.
Todo el apoyo que nos han dado, como es el apoyo que tenemos en estar el día de hoy aquí, ha sido invaluable y hacemos un reconocimiento a la Embajada de Estados Unidos. Gilberto, te pedimos que lo transmitas.
Ahora bien, me gustaría darles la bienvenida a los representantes de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos:
Tenemos al embajador Aníbal Quiñonez, quien es el gerente del Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas.
Tenemos al magistrado Antonio Lomba, gerente del Programa…
¿Es el mismo?
Es que aquí está mal, ¿eh?
Ah, sí, jefe en funciones de la Sección de Fortalecimiento Institucional y Programas Integrales, gerente del Programa de Tribunales… pues aquí lo volvieron a poner. Bueno, sucede en las mejores familias.
Fabián Acosta, coordinador del Proyecto Tribunales de Tratamiento de Adicciones en México.
Agustín Cocha, consultor en el Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas.
Roland Minez, coordinador del Programa de Reducción de la Demanda de Drogas.
Alejandro Juárez, especialista del Programa de Reducción de Demanda de Drogas.
Noemí Lira, especialista del Programa de Reducción de Demanda de Drogas.
Y quisiera hacer brevemente una introducción antes de cederle el uso de la palabra al embajador Aníbal Quiñonez.
No tengo el currículum, desafortunadamente, así es que pues representante de la Organización de los Estados Americanos en México. Incluiremos en la versión su currículum.
Muchas gracias.
EMBAJADOR ANÍBAL QUIÑONEZ, REPRESENTANTE DE LA OEA EN MÉXICO: Buenos días a todos y todas. Señores miembros de la prensa.
Senadora Arely Gómez González, a nombre de la Organización de Estados Americanos y como su representante en México, quiero expresarle nuestra profunda satisfacción por estar una vez más en el Senado de la República compartiendo con ustedes este tipo de temas, que son de interés mutuo y de interés común, tanto para ustedes como para la Organización de Estados Americanos.
Reciban un saludo del señor secretario general de la OEA, el doctor José Miguel Insulza, que la próxima semana, atendiendo una gentil invitación de ustedes, estará aquí en el Senado de la República participando de esa importante reunión que ustedes han convocado para del 16 al 19 del mes corriente.
Y un saludo del embajador Paul Simons, que es el encargado de la CICAD y de dirigir este tipo de programas.
Por supuesto, el agradecimiento a la Embajada de Estados Unidos de América, con la que estamos trabajando estrecha y conjuntamente, y gracias a cuya generosa ayuda es posible desarrollar este tipo de programas.
Como siempre, estamos satisfechos, contentos de trabajar con México, contentos de recibir siempre esa cortesía, esa hospitalidad, ese cariño fraterno que ustedes nos demuestran, característica ya conocida por todos del noble pueblo mexicano.
Y especialmente la satisfacción de trabajar en un programa como viene a ser en este momento el Programa de los Tribunales de Adicción. La CICAD ha estado trabajando en un proyecto, conocido como PROCCER, que es un proyecto de formación de rehabilitadores en el campo de droga, con excelentes resultados a lo largo y ancho de México.
Y ahora estamos con el proyecto de los Tribunales de Adicción. Se han inaugurado ya varios Tribunales de Adicción y entiendo que nuestro amigo, don Antonio Lomba, nos dará una explicación y nos dirá los tribunales que pretendemos poder abrir en el año en curso.
Una vez más, mi agradecimiento sincero y es un gusto pasarle el uso de la palabra a don Antonio Lomba, para que nos haga la exposición correspondiente.
Gracias, senadora.
ANTONIO LOMBA, GERENTE DEL PROGRAMA DE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN LA AMÉRICAS: Muchísimas gracias, embajador.
Senadora Arely Gómez González, muchísimas gracias por la gentil invitación.
Para la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la CICAD, de la OEA, es un placer y una obligación estar con ustedes. Como dice mi jefe directo, el embajador Paul Simons, secretario ejecutivo de la Comisión; la Comisión tiene 34 jefes, son 34 países y ustedes son uno de ellos, por lo cual es muy grato estar con uno de los jefes, a quien con gusto rendimos cuenta de todas las actividades que llevamos a cabo.
Agradecer también a la Embajada Norteamericana, siempre en constante colaboración; y a su Secretaría de Gobierno, Segob, por toda la colaboración en todo este impulso.
Conmigo, me acompañaban el juez Alberto Amiot, de Chile, lleva él directamente durante muchísimos años el Tribunal de Tratamiento de Drogas de Santiago de Chile, de la segunda región metropolitana; y ha sido y es, fue visitante y gran colaborador de la CICAD en los últimos años.
Fabián Acosta, que presentó ya usted previamente, es nuestra persona de contacto en México y el coordinador de toda la actividad aquí en el terreno.
Y Agustín Acocha, colaborador mío también de la CICAD de Washington.
Traje un Power Point, no quiero aburrirles con una presentación, pero, ¿de cuánto tiempo disponemos? Para yo saber…
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: ¿De cuánto tiempo teníamos programada esta reunión?
Una hora y media.
ANTONIO LOMBA: Bueno, no les aburriré.
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: No, para nada. Al contrario.
ANTONIO LOMBA: Intentaré, intentaré.
Primero, decirles: La CICAD, la Comisión Interamericana es una de las tres áreas que tiene la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA; junto con Seguridad Pública y con el CICTE, con la Comisión del Terrorismo.
Tenemos toda la responsabilidad que tiene que ver con toda la materia de drogas en diferentes áreas, hay diferentes áreas de trabajo: desde el área de lavado de activos o antilavado de activos; el área del Observatorio Interamericano sobre Drogas; reducción de la demanda; reducción de la oferta; el área de Fortalecimiento Institucional y Coordinación de Políticas; y luego el Mecanismo de Evaluación Multilateral, del que participan y se benefician todos los Estados miembros, los 34.
Esta actividad de Tribunales de Tratamiento, nosotros le llamamos de drogas, pero luego yo me he ido convenciendo con el tiempo que la opción que tomó México de llamarle Tribunales de Tratamiento de Adicciones, es mejor. Ojalá que hubiésemos adquirido la terminología antes, pues realmente trata directamente de las adicciones.
Es una de las muchas estrategias que desde la OEA hemos observado como prácticas reales y sobre la cual hay evidencia suficiente que demuestra que es un modelo que realmente, cuando se aplica bien, y retomo sus palabras de hacer las cosas bien y para bien, cuando se hace bien el modelo tiene unos resultados directos en diferentes áreas, que detallaré a continuación.
Le dejo en el Power Point una gran descripción un poco de lo que se busca desde la OEA, más allá del propio modelo de Tribunal de Tratamiento de Drogas y en un esfuerzo que está sustentado también por mandatos y por resoluciones, a otro nivel hemisférico.
Emana, la obligación de la CICAD está dentro de esta iniciativa, emana de la obligación de responder a uno de los mandatos de la estrategia hemisférica sobre drogas, al artículo 22, que hace mención directamente a la búsqueda de alternativas, al encarcelamiento para infractores dependientes de drogas y otro tipo de documentos.
Y también reflejado en el informe sobre drogas que elaboró la OEA y que presentó, incluso, aquí al interior del Senado hace menos de un año, el secretario general aquí en México.
El informe sobre drogas, en el que se planteaban diferentes escenarios y donde, en la búsqueda de alternativas al encarcelamiento para infractores o para personas relacionadas con el mundo de las drogas, era uno de los elementos pilares de uno de los caminos, de una de las rutas que se planteaban como interesante para que los Estados miembros tuvieran diferentes opciones.
Por eso y por ese tipo de esfuerzos recorridos, ya caminados, también así queda reflejado en la Declaración de Antigua, en Guatemala. Y de alguna manera, la CICAD se ha esforzado en los últimos cuatro años y ha dedicado esfuerzos realmente intensos en explorar diferentes alternativas al encarcelamiento. Los Tribunales de Tratamiento de Drogas o de Adicciones, es una de esas alternativas, con otras muchas.
Desde el año 2011 hasta ahora hemos trabajado con todos los 34 Estados miembros y en algunos casos, como es el caso de 14 de los Estados, se ha explorado y se ha implementado y se está consolidando el modelo del Tribunal de Tratamiento de Drogas.
Ahora bien, voy a detallar un poco en qué consiste:
Dejar muy claro y por lo menos, creo que esto es importante en el foro donde nos encontramos ahora, que la OEA cuando plantea un modelo como éste, sobre la base de evidencia que existe en otros países donde ya se ha demostrado que el modelo funciona, dejar claro que nosotros no estamos vinculando necesariamente el consumo de drogas con el delito; ese es un primer punto que conviene dejar claro, no todas las personas que usan drogas cometen delitos.
Sin embargo, sí hay datos suficientes que demuestran que realmente hay un gran elevado de personas que cometen delitos, que usan drogas, tanto dentro del sistema penitenciario como fuera, antes de entrar al propio sistema.
Esa relación delito-droga, difícilmente conectable, en el seno de un Tribunal de Tratamiento de Drogas se ve muy evidente cuando las personas que entran o por lo menos que se sugieren como perfiles elegibles para este modelo, son personas que tienen cierta dependencia de drogas. Es decir, personas que tienen una enfermedad.
Todos los Estados reconocen, han reconocido en 2010 en la Estrategia Hemisférica, que la adicción a las drogas es una enfermedad, es crónica, es recurrente, es un tema de salud pública al que hay que abordar directamente con diferentes medidas.
Este modelo mezcla un poco la necesidad, por un lado, de cubrir parte de la población desde el punto de vista de la salud con la necesidad, por otro lado, de buscar alternativas que permitan como un programa de prevención del delito, que evite que esa persona cuando entra en contacto con el sistema de justicia, no vuelva a entrar sucesivamente, no vuelva a entrar en el futuro; intentar buscar una medida que permita que esa persona pueda ir a tratamiento y que se le pueda atender por la necesidad que tiene de la dependencia de drogas.
De todos modos eso en los perfiles que detallaremos más adelante y que son muy diversos, los podremos tratar.
Una cuestión muy particular del modelo es que no es un modelo único, en la totalidad del Hemisferio, en los 14 Estados, 14 países que están explorando el modelo, hay una gran diversidad de aplicación, diferentes motivos han llevado a los diferentes Estados a querer aplicar un modelo de estas características.
Lo que sí que es verdad y ya le pasaré la palabra al juez Alberto Amiot para que ahonde un poco en el tema; es que hay una gran cantidad de personas que no deberían estar en el sistema penal, que son personas que realmente tienen la enfermedad, que no son personas que hayan cometido delitos violentos en ningún caso.
Personas que si no se les trata el tema de la adicción, volverán a cometer un delito una y otra vez. Cuando entran a un sistema penitenciario, son de alguna manera –y esa es una cosa generalizada– casi academias del delito: entran personas con problemas menores y se complica conforme van entrando en el ciclo delictivo; y al fin y al cabo los jueces de todos los Estados miembros coinciden en que ese tipo de personaje entran una y otra vez al sistema judicial y no se le da la solución real que necesitan, porque no va uno a la causa del problema, que en muchos casos es la dependencia.
Desde la OEA nosotros sugerimos que el perfil, la población elegible para ese tipo de modelo sea el infractor dependiente de drogas, aquellas personas que cometan un delito para mantener o financiar su dependencia, sugerimos que no sean las personas que, no por el hecho de que tengan posesión simple o por consumo, no una persona necesariamente que tenga problema de consumo, sino una persona que tenga problema de dependencia, que tenga un abuso problemático.
Y es así, porque realmente sabemos que hay un porcentaje, aunque más reducido en el caso de las personas que, si repartimos un poco el escenario del consumo en el mundo, un porcentaje muy menor, si aplicamos la Ley de Pared un poco, el 20 por ciento de la población que está consumiendo drogas o consume el 80 por ciento de las drogas, cuando el 80 por ciento de las drogas, realmente la relación entre ese 20 por ciento y el delito es elevada, por eso la sugerencia sobre base de evidencia de incluir ese tipo de perfiles es algo lo que estamos trabajando.
No obstante, hay una legitimidad y una soberanía de cada uno de los estados miembros de los países de aplicar este modelo de la manera que estimen más conveniente y por sus propias necesidades. Ya hay estudios de habilidad lógicos que tienen que hacer cada uno de los países para aplicarlo.
Yo diría que de los 14 estados miembros, de los 14 países, creo que no hay ninguno que esté aplicando el modelo de manera idéntica. Hay algunos que lo están haciendo en la fase de garantía, otros en la fase de ejecución; hay quienes lo combinan con otro tipo de modelos de alternativa en encarcelamiento; hay quien tiene… Los procesos son diversos, Y de hecho en la práctica, en cómo se está viendo que se aplica el modelo dentro del contexto de México en las diferentes entidades federativas que ya han dado el paso de iniciar este proceso, ya hemos visto que esa diversidad también se hace latente en el propio México.
Yo le pediría al juez Alberto Amiot que muy brevemente nos contase un poco con algo de detalle en qué consiste el tribunal, para luego… Por favor.
ALBERTO AMIOT JUEZ VISITANTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS: Creo que Antonio ha dicho los ejes centrales de los tribunales de tratamiento de adicciones, como se llaman aquí en México.
Yo creo que lo fundamental es entender dentro de qué contexto es necesario contar con un tribunal de tratamiento de adicciones ¿y por qué?
Ello, fundamentalmente, es en relación, primero, con que contamos con sistemas carcelarios absolutamente rebasado y con condiciones de encierro que se conectan además con la protección de determinados tratados internacionales que nos exigen mantener un determinado estándar.
Por otra parte, también debemos diferenciar –lo que también dijo Antonio– que dentro de un 100 por ciento de la droga que existe en el mundo hay un 20 por ciento de consumidores que se consumen el 80 y eso no es menor; el 80 por ciento de la droga está centrado.
Y, por otra parte, también el advenimiento de los sistemas acusatorios a nuestro Sistema Penal.
El modelo de tribunal y tratamiento de drogas combina el Sistema de Justicia, el Sistema de Salud, el ámbito de la seguridad ciudadana y la organización civil.
¿Cómo lo hace? Lo hace a través de los principios rectores.
¿Cuáles son los principios rectores? Los principios rectores nacen a raíz de una investigación que se hizo respecto a identificar cuál era la modalidad más efectiva, como sistema alternativo, al encarcelamiento que me permitiera solucionar un problema de, en este caso, un adicto problemático que es un consumidor de droga con adicción que –como bien dijo Antonio– se trata como una enfermedad.
Hoy en día la OMS ya dice que en definitiva es una enfermedad y, a su vez, cómo integramos todo el Sistema de Justicia. Sólo el Sistema de Justicia no funciona, porque en definitiva lo que regularmente se hacía con este adicto que entraba una y otra vez al sistema era enviarlo al tratamiento, tratamiento que no había un seguimiento técnico especializado en adicciones, y además también trabajar desde la perspectiva de pensamiento y cognición criminal, como se ha venido haciendo con los tribunales de tratamiento de adicciones.
Y por otra parte también integrar a la comunidad a través de las organizaciones civiles, y por otra parte hacer prevención desde la perspectiva de la seguridad ciudadana.
Los tribunales de tratamiento de adicciones funcionan de la siguiente forma:
Se detecta, primeramente se hace un rescate respecto de una persona que se identifica como consumidor de drogas, que es un adicto, y que además se vincula al Sistema Penal porque ha cometido un delito.
Esto se hace a través de una ficha de tamizaje debidamente adecuada para los efectos de detectar en un principio –por cierto, estas características que son los criterios de legibilidad, por una parte– tiene que ser un adicto y necesariamente haber cometido un delito.
Después de eso, hay una evaluación; se hace una confirmación diagnóstica en el cual es intervenido por un grupo de adictólogos especialistas y finalmente un psiquiatra que da la confirmación diagnóstico y que dice en definitiva que se trata precisamente de este adicto que cometió el delito.
Los criterios de legibilidad son diversos. Algunos, de acuerdo la experiencia de CICAD, se han centrado más bien en los delitos; o sea, filtran para dejar pasar determinados delitos y otros delitos no.
La experiencia internacional dice en relación con que la comisión de delitos violentos o que afecten gravemente el interés público, no es conveniente que sean incorporados. Y generalmente la comisión de este tipo de delitos no es bajo el influjo de las drogas: el terrorismo, el crimen organizado y cualquier otro delito que afecte gravemente bienes jurídicos como la vida, la libertad, en fin. Generalmente no hay datos de que en definitiva se cometan dentro de esta esfera.
Por otra parte, después que se hace esta confirmación diagnóstica, se incorpora al programa. Y aquí es donde se combina el Sistema de Justicia, salud, seguridad ciudadana y la organización civil, porque e trabaja en un tribunal ante un juez, quien realiza un seguimiento que puede ser semanal, quincenal o mensual, respecto a un plan de intervención individual que se efectúa respecto del usuario.
¿Por qué digo usuario?
También desde la experiencia, se ha visto que esta interacción con el juez, que es una autoridad, con el imputado, en definitiva empieza a cambiar la conducta del imputado.
¿Qué es lo que se busca? Modificar la repetición de la conducta adictiva y también trabajar en la línea de modificar su conducta criminógina. Y por eso es que dije yo que se trabajaba en pensamiento y en cognición delictual.
Asimismo, este equipo funciona en sesiones previas a las audiencias, donde los miembros del Sistema de Salud que hacen el seguimiento, que proveen el tratamiento, informan al juez del avance del programa. Aquí tenemos una reunión que se hace en un nivel bilingüe, que en definitiva informan aspectos procesales del seguimiento en el ámbito de justicia y, a su vez, también se intercambian, en este caso, el seguimiento del tratamiento que se está llevando a cabo. Es un plan de intervención individual.
Lo bueno de este programa es que hay esa relación a que el sistema tradicional –como ya les señalé– solamente informa, rara vez pide respuesta respecto de las entidades de salud y se pierde el objetivo que es la rehabilitación. Y ahí estamos trabajando en un área de seguridad ciudadana directamente.
Una persona que consume droga no tiene un trabajo oficial o regular. Es una persona, en definitiva, que genera un daño, porque comete delitos, quebranta la paz social, y cuando nosotros lo rehabilitamos, iniciamos además desde el principio de incorporación un proceso de integración social. O sea, la organización civil percibe y detecta en definitiva que estamos integrando a la comunidad a un ser que vivía en una especie de limbo.
¿Cuáles son los beneficios? Que este usuario del sistema empiece a tener un trabajo oficial, le empiece apagar, en este caso, impuestos al Estado. Además el adicto genera una serie de problemas, problemas familiares y que repercuten en lo social, como enfermedades de salud que el Estado tiene que asumir en la familia. Y de ahí estamos hablando respecto de lo que es la rentabilidad social del programa.
No es menor decir también que es muchísimo más barato gastar en rehabilitación que en encarcelamiento. El encarcelamiento, hoy en día los sistemas carcelarios, fluctúa entre los 25 y los 40 hasta 50 dólares en los países latinoamericanos diarios. Es el costo que demanda. Y a niveles de tratamiento, aproximadamente también hay fluctuaciones, pero creo que no supera los 500 a 600 dólares; inclusive en algunos casos hasta menor.
Hay una estadística y evidencia internacional, que dice el ahorro para el Estado –estamos hablando de retorno–, o sea, al invertir el Estado cuánto deja de perder y cuánto gana. Y, de acuerdo a las estadísticas internacionales, fluctúa entre dos dólares por cada dólar que se invierte y hasta 12, como por ejemplo Canadá.
No puedo dejar de decir que, además de esta combinación –y lo digo por experiencia propia. Yo hace 10 años que vengo trabajando en tribunales de tratamiento de droga en mi país y además cooperando con la CICAD a nivel internacional– las intervenciones que hace el juez se transforman en técnicas que le permiten además desarrollar herramientas para que sus audiencias en el sistema ordinario las pueda centrar mucho más en obtener en calidad de información o alta información de gran calidad.
¿Y esto lo digo, por qué? Porque en definitiva, la intervención y la comunicación que existe con el juez y el usuario, facilita las condiciones no sólo para que se rehabilite sino que además también genere estos nexos de integración social.
Y, por último, creo que si nosotros miramos no sólo la rentabilidad social como ganancia y no sólo el hecho de que la comunidad o las organizaciones civiles que representan a la comunidad de una u otra manera, esto lo perciben como una especie de puente o vaso comunicante para los efectos de solucionar una problemática puntual.
Sí tengo que decir algo y que este programa no está orientado para todos los consumidores de drogas, sino que solamente a un segmento.
Aproximadamente dentro de ese segmento de la población mundial de los ocho mil millones de habitantes o cercano a los ocho mil millones de habitantes, y esto es equivalente en proporciones entre 28 a 30 millones son los que, dentro de los sistemas o criterios de legibilidad aplican a este modelo.
También tengo que decir que los filtros son clave para los efectos de evitar que se incorporen personas que no tienen aquellas características que requiere el tribunal de tratamiento de adicciones.
Creo que centralmente eso es lo más importante.
Lo otro –como bien dijo Antonio– es que la CICAD lo que ofrece no es un programa cerrado o escrito en piedra.
¿Y qué quiere decir esto?
Lo que hace es trabajar con cada país y, en el caso de México, con cada estado, para modelar un programa de tribunal de tratamiento de adicciones.
Por ahí ustedes vieron cuáles eran los componentes, creo que no hay tiempo para trabajarlos cada uno, pero creo que ya con lo que dije la mayoría de los componentes están incorporados y lo que hace en el fondo es entregar las herramientas y desarrollar las destrezas necesarias para cada una de las personas o profesionales que cumplen un rol importante dentro del modelo y que cada estado –en este caso para México– elija en forma libre y espontánea qué es lo que más le conviene.
¿Y por qué digo esto? Porque las necesidades de cada estado son distintas.
A lo mejor en algún estado va a haber necesidades de implementar un tribunal de tratamiento de adicciones para adultos, en otro para adolescentes, porque a lo mejor se consumen a determinadas sustancias o porque existe la implementación a lo mejor no total del sistema acusatorio.
Recordemos que en México tenemos conviviendo –para terminar ya– tenemos conviviendo sistemas inquisitivos, mixtos y acusatorios; y, por otra parte, tenemos el nacimiento de un sistema o código procesal penal que en el 2016 empieza a regir para todo el territorio de la República.
De tal manera que esto de una u otra forma está inserto dentro de este proceso de modernización de la justicia y del Estado para los efectos de ofrecer la satisfacción de las necesidades fundamentalmente de estos actores comunitarios que en definitiva demandan por parte del Estado.
ANTONIO LOMBA: Gracias, muchas gracias, Juez.
En este tipo de presentaciones hay una parte teórica, pero hay una parte práctica de ver este modelo. Si algo tiene es que es un gran componente práctico y dentro de la práctica es lo mejor que un juez que lo ha ejecutado y que lo vive día a día pueda contar el modelo desde su propia experiencia.
Creo que lo que ha contado el juez Alberto Amiot de Chile, si uno pregunta a todos y cada uno de los jueces y juezas que ahora mismo coordinan y que le dieran un tribunal, pueden contar experiencias muy similares en cuanto a lo que ha repercutido dentro de su experiencia profesional.
Esto es un modelo práctico, más allá de lo que dicen los datos –que obviamente son claros–. Genera también una serie de inercias que quizá en otros países no sucede tanto, pero en ciertos países del hemisferio el haber iniciado un proceso de incorporación de un modelo de estas características, ha permitido que agencias e instituciones que antes no trabajaban juntas, o si lo hacían por lo menos en papel, no lo hacían en la práctica, trabajen a diario.
El caso más claro es el de salud y justicia, el hecho de que se pueda derivar una persona a un centro de tratamiento y que haya un diálogo constante directo entre el área de salud y justicia, que los dos mundos se puedan entender en lenguajes parecidos con un bien común, que es el de reincorporar a esa persona a la sociedad, o bien, cualquiera de los otros elementos que ha mencionado el juez y que nosotros identificamos, porque además son elementos que son fundamentados con evidencia.
Yo resalto una y otra vez el tema de la evidencia, porque muchas veces uno se lanza a proyectos y a iniciativas de repente sin paracaídas.
En este caso, el modelo del tribunal de tratamiento de adicciones tiene sobrada evidencia de que es un modelo que funciona, y funciona y es eficaz. Es eficaz cuando se aplica bien; cuando no se aplica bien, como todo en la vida, los resultados no son positivos.
Cuando se aplica bien el modelo, y para eso hay ciertas pautas y ciertos procedimientos, que no son complicados si uno se lo toma enserio, el modelo permite una reducción en el índice de delito dentro de esa perspectiva de prevención de la violencia de la que hablábamos y el juez también mencionaba, permite una disminución en la reincidencia en el consumo problemático en la población penitenciaria.
Por otro lado, permite incorporar a una persona, integrar a esa persona a la sociedad; recuperarla, desde muchos puntos de vista, personas que han perdido la dignidad, que están marginalizadas totalmente, se incorporan de vuelta a la sociedad.
Y a aquellos que quieren ver también un interés económico –como el juez decía– también tiene una repercusión directa económica, porque es más económico tratar a una persona que meterla a prisión. Es por todo lo que eso supone en cuanto a reincidencia en el delito, etcétera.
Decía el tema de la evidencia y recientemente, con el apoyo de la embajada de Estados Unidos y con la colaboración estrecha de Segob –y aquí está la licenciada Diana Camacho, testigo de ese proceso– y de Conadic, que se hizo en colaboración con el estado de Nuevo León.
Se hizo un estudio diagnóstico del caso que más experiencia y más trayectoria tiene en este país, que es el caso de Nuevo León, que tiene ya tribunales en funcionamiento desde hace ya cinco años.
Y ahí se identificaron muy buenas prácticas, excelentes prácticas y cuestiones que son absolutamente ajustables, mejorables, recomendaciones generales; que son de aplicación no sólo a cualquier tipo de proceso que se inicie dentro del país, dentro de México, sino también al resto del hemisferio.
Fuera del hemisferio, este modelo está en funcionamiento en Estados Unidos. Hay dos mil 700 tribunales de estas características en Estados Unidos de diferentes modalidades.
Es importante saber que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se tomaron como 10 años de tiempo en ir probando el perfil más adecuado y, a partir de probar que el perfil y que el modelo funcionaba, el crecimiento ha sido exponencial.
En Canadá hay 13 tribunales con esas características, en diferentes provincias; Australia lleva ya mucho tiempo trabajando en el modelo; lo tiene Chile también, más de siete años; en Irlanda, en el Reino Unido, en Bélgica, con un sistema también continental europeo, legal; lo han puesto en marcha en la ciudad de Gante, lleva ya también cuatro años y medio funcionando; Jamaica lleva ya 10.
Y también se han incorporado otros países en los últimos cuatro, cinco años, de hecho. De haber cuatro países en el hemisferio, a la actualidad que hay 14, ha pasado, aparte de México, Trinidad y Tobago, Costa Rica, República Dominicana, Barbados, Panamá, Jamaica mucho antes, Argentina y otros países que están en exploración en la misma fase previa de implementación, como son El Salvador, Perú, Colombia y Bahamas.
En el caso de México y ustedes lo saben ya, aparte del estado de Nuevo León, el Estado de México, el estado de Morelos, de Chihuahua y Durango, ya tienen el modelo en práctica, lo han lanzado recientemente en el último año, año y medio y hay otras entidades federativas que gracias a la colaboración y el acuerdo que tenemos con el gobierno mexicano, estamos en disposición de poder dar la asistencia técnica necesaria para que otra progresión de estados, conforme lo permita también el nuevo Código y la reforma, en las diferentes fases, se puedan incorporar al modelo en el próximo año, año y medio.
Un alegato general de lo que ha pasado fuera del hemisferio, me voy a centrar un poco más en el tema de México. Aparte de los proyectos piloto ya iniciados, el intercambio que se ha hecho con diferentes tribunales chilenos, norteamericanos, en Estados Unidos, en Canadá, en Bélgica, en otros países, de manera que los jueces fiscales, abogados defensores y proveedores de tratamiento y personas trabajadoras sociales, que trabajan en el propio equipo, que puedan ver con sus propios ojos cómo funciona el modelo.
Es muy interesante ver cómo los países van rescatando piezas y partes que les interesan de los diferentes modelos y lo aplican para generar su propio modelo.
Una parte fundamental de este modelo es que no es modelo único, como decía el juez, no está escrito en piedra y cada país y cada Estado genera su propio modelo.
Se han hecho estudios de viabilidad, hay una alianza estable, sólida, tanto con SEGOB como CONAVI, en apoyar esta expansión. Se han iniciado ya procesos de capacitación, más de 300 profesionales se han capacitado el último año y medio y actualmente la colaboración que da la CICAD, a disposición del gobierno de México en este proceso, se traduce en asistencia técnica puntual a los estados, a los profesionales del equipo que lleva el modelo, a capacitación general y específica, especializada para cada uno de los perfiles y en su conjunto promover experiencias de intercambio de colaboración horizontal, que es fundamental.
Normalmente cuando un modelo lleva ya casi más de 20 años funcionando en diferentes países, muchas veces uno tiende a reinventar la rueda y realmente el modelo, aunque es propio de cada uno, tiene muchas experiencias, buenas y malas, hay que aprender de unas y otras y poner sobre la mesa esas experiencias es algo que ponemos a su disposición.
Y luego, bueno, por supuesto, como hemos dicho antes, con la colaboración y apoyo del gobierno de Estados Unidos en diferentes acciones.
La letra es muy chica aquí, pero sí quería muy rápidamente, como en todo proyecto que se inicia y este no se queda en el centro de este proceso, hay una fase exploratoria, una fase de desarrollo, una de implementación y una de consolidación.
Hay diferentes elementos, hay muchos más que tenemos que identificar, por lo menos algunos de ellos, desde el propio estudio de necesidades.
Cuando un estado, una entidad federativa, de cualquier país, decide explorar el modelo en su fase piloto, hay una fase primera de estudio de necesidades, definición del perfil, por qué quiero yo abrir este tipo de modalidad, que población objetivo y cuál de esas posibles variables o indicadores son los que yo persigo con este tipo de modalidad.
Definir ese tipo de perfil, definir el marco jurídico, sanitario. Hay países, hay estados que han tenido la necesidad de generar marcos jurídicos propios, nuevos; otros sencillamente se han adaptado con algunas figuras legales que les permitían el poder hacer la supresión del procedimiento o cualquiera otra de las alternativas que han adoptado.
Hay una decisión política necesaria, esto supone, en algunos casos uno piensa que son reales inversiones, son inversiones de reajuste, hay que hacer grandes reajustes para colocar las piezas en su sitio y que realmente esa colaboración, esa sinergia entre instituciones funciones, hay una decisión política necesaria, hay que diseñar el modelo claramente, el modelo que uno persigue; seleccionar cuál es el tribunal que va a ejercer el proyecto piloto y tener bien diagnosticado o mapeado, de alguna manera, cuáles son los centros de tratamiento que puedan dar servicio y en que niveles a estos tribunales.
Hay que seleccionar un equipo de jueces fiscales comprometidos e intentar evitar una escasa rotación de estas personas, para que por lo menos los dos primeros años puedan funcionar, etcétera.
No quisiera entrar, yo supongo que muchos de estos elementos de desarrollo, implementación y monitoreo pueden estar en la fase de debate o de preguntas, hay que decirles que es absolutamente fundamental que haya unos acuerdos interinstitucionales, que se sigan una serie de principios que sí que son básicos, que la capacitación se lleve a cabo, que haya una estrecha colaboración entre las secretarías de Salud con el Poder Judicial.
Una práctica normal fuera de México, en todos los países, es que el paso inicial lo da, casi siempre, el Poder Judicial y luego un poco se tiene que ir como enganchando poco a poco, cogiendo el ritmo, la parte de salud. Es la parte donde más hay que invertir para que el modelo funcione.
También la seguridad de que cuando uno manda una persona a un centro de tratamiento, el centro de tratamiento es de calidad, responde, es un centro que tiene cierta codificación, adecuación, y que hay un proceso que se lleva a cabo y se respeta tanto en la parte judicial como sanitaria.
En la implementación es fundamental seguir ciertos manuales, protocolos, la CICAD está trabajando lo mismo con todo el estado en desarrollar un nuevo estándar de calidad.
También para el monitoreo y evaluación es necesario experimentar esa fase piloto y hay una cuestión, siempre hacemos referencia a evidencia y datos que existen en otros países.
Una de las virtudes de este modelo, cuando se aplica bien, es que permite que en cuatro, cinco años, uno pueda estar generando evidencia propia y que en cuatro, cinco años, ustedes puedan decir: esta inversión realmente mereció la pena y estos son los resultados que tengo, no porque lo dicen otros países, sino porque yo lo he generado propiamente.
El caso de Nuevo León es uno de esos casos donde ya empieza a generarse esa evidencia, hay una línea de base y desde la OEA insistimos realmente sobremanera en la necesidad de implantar y poner en marcha un modelo de monitoreo y evaluación que permita dar seguimiento a este proceso.
La expansión es una cuestión que no hace falta convencer demasiado a diferentes países y estados a incorporar esta alternativa, porque como decíamos al principio, realmente el status quo actualmente no permite que esas personas tengan una solución realmente en el largo plazo y se vuelve otra vez el ciclo de la puerta giratoria una y otra vez, con individuos que realmente sí hacen por este modelo, no volverían a entrar al sistema de justicia o por lo menos y la evidencia vuelve otra vez sobre la mesa, en ciertos países incluso, en un 70, 74 por ciento de éxito de personas que no vuelven a reincidir ni en el delito ni en el consumo y ahí varía del 30, 40, 50, 70, 80 incluso, dependiendo de cómo de bien se ha aplicado el modelo.
Retos grandes, generales, que yo quisiera poner sobre la mesa, que son genéricos, no son tampoco sólo de México, el intentar no judicializar un tema que es de salud, por eso elegir muy bien los perfiles que van a entrar a este modelo.
Seguir una serie de componentes claves, aunque genere un modelo propio no se sale un poco de lo que es la filosofía, la intención del modelo; hacer una real colaboración interinstitucional y eso muchas veces, en muchos países, hemos visto cómo eso se hace.
Al principio es algo que sale del voluntarismo y que realmente sin institucionalizar. Realmente tiene que haber acuerdos, tiene que haber estructuras, instituciones que respalden esto en el largo plazo, que permitan ver de una manera impermeabilizarse de la amenaza de una rotación futura del personal que lo está manejando.
El monitoreo, que hacía mención anteriormente, especializar recursos para este tipo de modelo, el que haya voluntad política, que haya un sistema acusatorio obviamente, juicios orales, disfuncionalidad, servicio de tratamiento y que haya una actuación real del Poder Judicial.
Aprender de otras experiencias. No nos cansamos de ver cómo los mismos errores se van repitiendo y realmente es sencillo y ahí yo creo que la OEA, como organismo internacional, creo que tiene una gran labor de poner sobre la mesa esa colaboración horizontal a su disposición y en todos los ámbitos que tienen que ver con el modelo.
Y en general, como decíamos, modelo propio de cada estado.
Solamente contarles que en Argentina ya hay modelos en marcha; en Barbados también hay modelos en funcionamiento, ya con casos y con personas metidas dentro del modelo; Canadá, como decíamos, con su modelo; Costa Rica tiene uno o dos y está en expansión, también aparte de población juvenil; en Chile hay 30 tribunales y ha hecho política pública de ese modelo.
Hace año y medio se firmó una cuerdo interinstitucional en el país, en vía de pasar de una fase piloto a una fase institucional, ya con políticas generales. Prácticamente en todo el territorio chileno existen tribunales.
República Dominicana es un caso interesante, porque tiene el modelo aplicado tanto en la fase de garantía como la fase de ejecución de la pena; Jamaica tiene 10 años funcionando y en los últimos dos ha abierto otros tres tribunales; Panamá también tiene el modelo en marcha.
Trinidad y Tobago es uno de los casos más exitosos dentro del Caribe angloparlante, ha entrado ya en modelos para adultos y también juveniles.
Estados Unidos, como decíamos, son más de 2 mil 700 tribunales para adultos, juveniles, para diferentes perfiles y países como Perú, Colombia, Belice, que están en fase de exploración.
Hay un manual de monitoreo que está prácticamente en fase de publicación, que estará en disponibilidad para todos los estados miembros.
Aquí hemos tenido, en el DF, un taller completo sobre monitoreo y evaluación, recientemente, para formar o iniciar la capacitación para aquellas personas que van a darle seguimiento tanto al tribunal como también al Instituto de Estudios Judiciales y otras instituciones, de manera que esos datos se puedan ir recabando desde el principio.
Muchísimas gracias por su atención y estamos a su disposición para cualquier pregunta que tengan al respecto.
Gracias.
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Le damos la más cordial bienvenida a la senadora Angélica de la Peña, Secretaria de la Comisión de Justicia, quien llegó pero estaban las intervenciones.
Gracias, Angélica.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Estaba aquí, a un ladito.
Tiene relación la reunión que teníamos con este tema. Estábamos trabajando todo el tema de frontera sur, la complejidad que tenemos en el asunto migratorio con países de Centroamérica, bueno, tiene alguna relación.
Sí, sobre todo por la crisis en estas zonas de América Latina, en relación con las bandas delincuenciales y por supuesto distintos delitos transnacionales, como es el tráfico de drogas y de personas, en fin.
Por eso llego un poco tarde, pero me importa muchísimo el tema.
Primero, bienvenidos al Senado de la República. Seguramente conocen que estamos en una discusión muy intensa, muy importante, en distintas comisiones, para trasformar los reclusorios de nuestro país, estamos justamente ya en el dictamen de la Ley de Ejecución Penal y me parece que lo que ustedes nos vienen a plantear tiene que ser tomado en consideración para la revisión de o que compete a esa ley.
Y también estamos discutiendo la ley general que también va a transformar, unificar un solo sistema de justicia para adolescentes infractores.
En México no decimos justicia juvenil, sino lo definimos como adolescentes y claramente inscribiendo a personas menores de 18 años de edad. El México juvenil es más amplio, abarca jóvenes incluso mayores de 18 años de edad.
Entonces, lo que nos plantean es muy importante porque, por desgracia, en nuestro país en los jóvenes y en los adolescentes el incremento en el uso de drogas es muy claro y va a la alza y la incorporación por el abuso de las drogas, la incorporación de esos jóvenes en todo tipo de delitos, incluyendo por supuesto el poder seguir manteniendo su adicción, lo lleva a cometer delitos incluso vinculados a delitos inscritos en la delincuencia organizada, que es en nuestro país igual que en toda América, delitos graves.
Nos importa mucho, si me permiten concretar, ver de manera mucho más puntual y aquí está la Secretaría de la Comisión de Justicia y parte de nuestros equipos para que podamos ver de manera mucho más concreta, justamente, estas buenas prácticas que nos permitan incidir, insisto, en los dictámenes de estas dos leyes que acabo de mencionar.
Que son, no dejo de señalar, que son leyes que siguen un proceso muy importante de cambios estructurales en México en dos materias fundamentales: la transformación de todo nuestro sistema judicial, de un sistema inquisitorio a un sistema garantista, inscrito en nuestra Constitución desde el 2008 y por supuesto también el enfoque que tenemos que dar a todo nuestro marco jurídico, que estamos revisando, diseñando o rediseñando, desde la reforma de 2011 en materia de derechos humanos.
Por lo tanto, no tengo la menor duda que este enfoque de estos tribunales también están viendo a las personas que se encuentran en una situación de una gran desventaja, de un grave problema, pero visto desde el enfoque de derechos humanos.
Entonces no solamente son cifras, no solamente son números, no solamente es el número que está debajo de la fotografía, sino de la fotografía que criminaliza, sino sobre todo ver el contexto de la situación humana, que es la que nos interesa atender, para darle a la justicia otro rostro y por lo tanto en México estas dos reformas estructurales por supuesto que están impactando a distintas leyes y de manera particular estas dos que yo creo que son importantes, además de las que deriven de la propia transformación que tenemos que seguir incrementando desde el Poder Judicial, por supuesto, sin lugar a dudas, que también tiene una trascendencia.
Entonces, en concreto, nos importa mucho tener una relación más cercana para que en lo particular podamos incidir en nuestro marco que estamos revisando, las buenas prácticas, ya sé que en el último de los retos dicen: también los estados deben tener su propia experiencia y su propia imaginación y de manera particular los países tenemos esa propia dinámica, pero finalmente la región y sobre todo en esta materia, el origen es el mismo.
No entra a la discusión si legalización o no de las drogas, porque ese es otro tema, pero el problema ha crecido en nuestros países y es un problema continental, es un problema global yd e tal manera que en las buenas experiencias que se tienen en estos lugares de nuestra región, son muy importantes para poder ayudarnos en cómo resolver nuestro marco jurídico.
JUEZ ALBERTO AMIOT: Senadora, me agradezco la pregunta, creo que usted ha dado en el clavo, porque son cuestiones que están candentes no sólo en México sino en el debate constante con el resto de los estados miembros.
Seguro que el juez Alberto Amiot tiene una cosa, pero antes de pasarle la palabra, contestar un poco a su pregunta.
Creo que el tema de la vulnerabilidad es el tema fundamental respecto a los primeros comentarios, el modelo de tribunal de tratamiento de adicciones no cubre el tráfico, no cubre.
Sin embargo, sí que estamos viendo en algunos países que el perfil de legibilidad para este modelo sí que contempla la parte del narco menudeo, sobre todo en muchos países en aquellos casos en el que la persona supone es el último eslabón de la cadena realmente es aquella de la zona que no se hace rica, que se le paga directamente con la droga y que son personas con dependencia de droga, personas que realmente consumen y hacen el micro tráfico para poder cubrir su propia adicción.
Ese tipo de perfiles en algunos países se están considerando. Creo que es fundamental cubrir esa población, la más vulnerable en diferentes sentidos.
En Costa Rica, por ejemplo, recientemente ya no tanto también dentro del modelo del tribunal de tratamiento de drogas, pero también en la búsqueda de otras alternativas, con el encarcelamiento; están viendo por ejemplo la Ley 77 en Costa Rica, recientemente aprobada.
Por ejemplo, mujeres, “mulas”, están metiendo, introduciendo drogas en las cárceles para dárselas a sus maridos; que son amas de casa, que no tienen ningún tipo de experiencia previa, ninguna; algunas sí pero muchas no lo tienen en el tema de micro tráfico. Y sin embargo se ven forzadas a meter la droga en la prisión para consumo de los esposos.
Eso es un caso; han salido 177 mujeres en las cárceles costarricenses con la nueva ley, porque realmente son personas que dejan fuera a 8 – 9 niños, fuera 5, las familias enteras, destrozadas por un tema muy puntual que es realmente el micro tráfico. Está penado nada más, con penas, si no me equivoco, está por encima de los 8 años de pena en Costa Rica.
El tema de la vulnerabilidad es fundamental. El modelo de tribunal de tratamiento de drogas abarca esa población como una de las alternativas que hay sobre la mesa, no es la única.
No es el momento, no tenemos tiempo para eso pero sí quisiera compartir con ustedes el último documento que elaboró el gobierno de Colombia, en colaboración con la CICAD y que se presentó en la última sesión regular de la CICAD, de la CICAD 56, sobre alternativas de encarcelamiento, donde se ha hecho una especie de mapeo general de unas 42 opciones que hay ahora mismo en el hemisferio y fuera del hemisferio, que no son solamente los tribunales sino otras muchas y que cubren diferentes etapas, procesales incluso como prevención para diferentes poblaciones.
Estaré encantado de pasar el documento. Y sobre todo porque es un documento vivo que se espera todavía retroalimentarlo constantemente y presentarlo en la próxima CICAD en abril de este año.
En el proceso México, por cierto, tomó una parte muy activa en ese proceso, a través de Conadic, de la Subsecretaría de Gobernación y la propia Cancillería.
El otro tema que toca, fundamental, es el tema de adolescentes. Y yo quiero decir que con gran agrado recibimos la solicitud del estado de Nuevo León, de Chihuahua y de Morelos, de explorar la opción de población adolescente, el tema juvenil y tema de adolescentes.
Son muchos países los que quieren dar el paso de alistamiento para población adolescente.
La práctica nuestra real, la sugerencia inicial siempre ha sido empezar con tribunales para adultos porque si bien son complejos en el proceso es más fácil que en la parte de adolescentes.
Hay ciertos componentes de un tribunal para adolescentes que no tiene el de adultos y que lo hace más complejo. El hecho de que, por ejemplo, la voluntariedad es diferente. Al ser un menor de edad de repente no se aplica el tema de la voluntariedad para la persona que se aplica a adultos para entrar en un tribunal de estas características.
Está también la familia involucrada, también el sistema de educación, en los padres, hay otro tipo de elementos. Los centros de tratamiento tienen que estar muy especializados para el tema de personas, para adolescentes.
De hecho tenemos ya fecha inicial para junio de este año, de un taller sobre tribunal de tratamiento de adolescentes, en Nuevo León, en Monterrey, que estaremos coorganizando con diferentes instituciones y al que llevaremos un módulo. En Miami, por ejemplo, Miami tiene un tribunal de adolescentes que funciona muy bien, lleva funcionado ya más de 15 años.
Sabemos que es una buena práctica estas cuestiones, de ánimo, que lo visiten. Nosotros lo traeremos aquí a Nuevo León para esas experiencias, con otros estados.
El abogado Fabián Acosta, abogado defensor de Nuevo León, ha estado trabajando 5 años en aquel modelo y lo conoce perfectamente; se ha incorporado a trabajar con nosotros pero conoce muy bien esa experiencia.
Los dos puntos que ha tocado yo creo que son fundamentales y me alegra y me agrada que tengan esa inquietud que realmente es generalizada.
El Juez Alberto Amiot, quiere añadir algún tema.
ALBERTO AMIOT, JUEZ VISITANTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS: Primeramente senadora Arely Gómez, muchas gracias por recibirnos.
A la senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias.
Brevemente: Acaban de mencionar algo muy importante sobre la ley de ejecución que están planteando aquí en el Senado.
Partiendo de la primicia que el derecho penal no solamente es punitivo, no solamente es castigado.
Se busca también resarcir a la víctima, reintegrar o reinsertar a la sociedad a la persona que cometió un delito.
El programa Tribunales de Tratamiento de Adicciones se adaptó a la figura de la suspensión del proceso a prueba.
Y todos sabemos que tiene ciertas características jurídicas esta figura en la cual el catálogo de delitos que pueden ingresar, o que pueden ser suspendibles es muy limitado.
Pero nos vemos que ya en ejecución de sanción se pueden, no sé, alguna condena condicional, o una suspensión de la ejecución de la pena.
Y aquí ya no está, vaya, se le puede dar opción al participante: “oye: o cumples tu pena en prisión, o cumples con este tratamiento”.
Y considero que esta figura de suspensión de la pena es, vaya, va a ver más amplio el catálogo de delitos que pueden ingresar al Programa de Tribunales de Adicciones.
¿Por qué? En la suspensión del proceso, por ejemplo, los robos simples muy rara vez se judicializan, no llegan al juez, se quedan en las procuradurías.
Algún convenio: “oye: nada más me robó, no sé, el celular; o nada más me robó cosas mínimas”, y el denunciante lo que hace es va y se desiste. “No, ¿sabes qué?, de estar viniendo aquí; no, me desisto”.
Y no llegan al juez, y no saben que esta persona a lo mejor no es peligrosa por la conducta pero hay un riesgo de reincidencia muy alto.
¿Por qué? Porque tiene su adicción y va a volver a cometer otro delito y puro menor, menor, menor y estas son las estadísticas que elevan la cantidad de denuncias por robo.
Y la respuesta de los estados, o de los gobiernos de los estados, es elevar la pena por el robo simple y vaya, no estamos resolviendo nada.
Al elevar la pena sí se llega al juez pero no se puede suspender el proceso. Ahí tenemos este problema legislativo que mediante un buen estudio se puede resolver.
ARIADNA CAMACHO CONTRERAS, DIRECTORA DE ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Senadora Angélica de la Peña. Senadora Arely Gómez:
Muchas gracias por invitarnos a esta reunión.
Reciban un cordial saludo del Subsecretario Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana.
Yo solamente brevemente les quiero comentar que este Programa de Tribunales de Tratamiento de Adicciones efectivamente surge en 2009, en el caso de Nuevo León.
Lo impulsa en un inicio la Procuraduría General de la República, en un segundo momento la Comisión Nacional contra las Adicciones.
Pero no es sino hasta 2012 cuando el Subsecretario Roberto Campa decide tomar este modelo como una alternativa al encarcelamiento, como un modelo de reinserción social.
Y entonces lo que hacemos desde la Secretaría de Gobernación es justamente conjuntar a la Comisión Nacional contra las Adicciones porque ellos tienen interés en reducir el tema de la demanda de drogas.
También convocamos a la Secretaría Técnica para la implementación de la Reforma Penal –la SETEC-, como parte de estos nuevos mecanismos de justicia alternativa para que a través de la suspensión creamos este programa para impartir una forma de impartir justicia, y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana con un componente que es la reinserción social.
Es decir, ahorita en el programa, que se están manejando en distintos estados de la República, el componente principal obviamente sí es del sector justicia, el sector Salud, pero necesitamos trabajar mucho la parte de reinserción social a través de educación, a través de deporte y a través de todas las acciones que hace la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia, dándoles empleo a las personas que están en estos programas y obviamente completarles el ciclo.
Sabemos que tratar la adicción no solamente es el único objetivo sino que el componente a reinserción es fundamental.
Es por eso que desde el Gobierno Federal estas tres áreas de gobierno nos hemos conjuntado para impulsar este proyecto y a través con las distintas entidades que ya había en el sistema acusatorio, como es Estado de México, Morelos, Chihuahua, Durango, hemos estado impulsando este tipo de proyectos.
Y me parece que, aplaudo mucho el interés del Senado de la República en este tipo de cuestiones.
Como lo comentó mi compañero Fabián, tenemos ahorita problemas porque están llegando muchos robos con violencia y no son suspendibles.
Entonces necesitamos el apoyo de los legisladores para que nos ayuden a reformar las cosas que tengamos que reformar para evitar la reincidencia delictiva de estas personas.
Entonces solamente quiero decir que muchas gracias por el interés. Que obviamente estamos en toda la disposición de colaborar con el Senado de la República a través de estos estudios que nos piden, para hacer un estudio muy profundo, ver cómo podemos colaborar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los gobiernos de los estados y obviamente la cooperación internacional que ha sido fundamental, en este caso la Embajada de Estados Unidos, que nos ha apoyado mucho financieramente para este proyecto.
La Organización de Estados Americanos, que ha apoyado con la experiencia y con la asistencia técnica y obviamente seguir estrechando los lazos entre el Gobierno de la República y sus diferentes áreas.
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Después de haber escuchado todas estas, primero, la exposición que nos hizo, muy profunda, el Embajador Antonio Lomba, nos da una gran visión sobre cómo está este tema en el mundo y en particular en México.
Hemos escuchado también al Juez Alberto Amiot, muy interesante todo lo que se está haciendo en Chile. Tendremos que seguir platicando de todos estos temas.
El Embajador Aníbal Quiñonez, también muy interesante su participación.
Y tal como lo ha comentado la senadora Angélica de la Peña, en el Senado de la República tenemos interés de trabajar en este tema porque es el complemento a temas que se han estado trabajando y se seguirán trabajando, en particular la Ley de Ejecución de Sanciones y la Ley de Justicia para Adolescentes Infractores, así como lo que ya hemos hecho, como es la de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Para el Senado de la República lo importante, es: sabemos que hay estados de la República que han estado, y han estado teniendo programas de estos temas, en particular Nuevo León fue quien inicia.
Pero lo que queremos es llegar a que esto sea algo de aplicación nacional, que podamos hacer una ley nacional para este tema, porque si lo vamos manejando por distintos estados de la República sucede lo que teníamos con el Código de Procedimientos Penales, con todas las leyes que eran, que se iban los infractores de un estado a otro para tener un marco jurídico aplicable más cómodo.
Aquí el interés sería igualar todo esto para que sea un esfuerzo del Estado Mexicano para combatir este tipo de delincuencia que como bien lo dijo el Embajador Antonio Lomba, es algo que cuando si estas personas llegan a la cárcel lo que tenemos es que los estamos metiendo a una escuela de capacitación para convertirse en gerentes de la delincuencia.
Entonces este es el tema, esta es la prioridad, es prevención, pero hacerlo a nivel nacional.
Entonces les agradecemos mucho su presencia.
Seguiremos trabajando con ustedes, seguiremos estando en contacto, probablemente se cree un grupo de trabajo, como siempre lo hemos hecho, para ya empezar con la redacción de la legislación, con el apoyo de ustedes.
Antes de clausurar, le paso la palabra a la senadora Angélica de la Peña, para después clausurar, porque creo que todos ya tienen ocupaciones.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muy breve senadora.
Simplemente a propósito de las últimas intervenciones -¿tú eres Agustina?
ARIADNA CAMACHO CONTRERAS: Soy Ariadna Camacho.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Ariadna, ok. De Fabián y de Ariadna, bueno, ojalá que lo que ustedes están planteando, nuestro reto es lograr que lo que ustedes plantean sea tomado en consideración por las autoridades que están discutiendo con nosotros estas leyes, porque no están en la misma sintonía de lo que ustedes están diciendo, ¿eh?
O sea, perdón pero sí lo quiero decir claramente. De repente tenemos muchos obstáculos con las autoridades y estamos en el regateo de que a ver, vamos profundamente o no.
Entonces sí me gustaría que al equipo de trabajo se integren ustedes para que también coadyuven en lo que hemos estado impulsando, incluso hemos planteado en las iniciativas de ley.
¿Por qué? Porque si no se queda solamente como algo aislado, una muy buena intención pero en lo concreto en las resistencias por parte de los equipos gubernamentales que vienen a discutir con nosotros estos dictámenes simplemente es: “no, no estamos de acuerdo”, y entonces seguimos con el problema y vamos a tener una ley que no va a servir para nada, donde sigue prevaleciendo que el 60 por ciento de los reclusorios de este país tienen gobierno, autogobierno.
Entonces es un problema grave. Y el autogobierno quiere decir la entrada real, concreta de las drogas, no solamente de las señoras que son usadas como “mulas” para dotar de droga a su pareja. Es para comerciar la droga adentro de los reclusorios. Esa es la realidad.
Digo, nosotros hemos visitado los reclusorios y sabemos que eso es una realidad.
Entonces me encantará muchísimo que en las reuniones, en la próxima reunión ustedes vengan para que junto con los insumos que hoy nos traen desde la Organización de Estados Americanos, a partir de estos tribunales, nosotros podamos seguir insistiendo, incidiendo en lo correcto para que las leyes justamente respondan a la problemática que tenemos en el país, que no es menor.
INTERVIENE UN PARTICIPANTE: Y algo muy importante:
Esto no es solamente buenas intenciones. Además de buenas intenciones hay evidencia científica de que esto funciona.
ARIADNA CAMACHO CONTRERAS: Y, senadora: nada más reiterarle que nosotros tenemos contacto, a través de la Secretaría de Gobernación, bueno, nuestra oficina con todos los poderes, estatales y municipales, y estas necesidades que nosotros expresamos es lo que hemos visto en campo.
Entonces será un placer darle todas las herramientas, darle todos los elementos necesarios para ayudar a estas mesas de trabajo.
EMBAJADOR ANÍBAL QUIÑONEZ, REPRESENTANTE DE LA OEA EN MÉXICO: Ya como veo que va cerrando, yo quería agradecerle, en nombre de la OEA, por la invitación.
Y quería dar las gracias también, aprovechando que está aquí la licenciada Ariadna, al Subsecretario Campa, al doctor Mondragón, al Comisionado de CONADIC, y a ustedes por todo el apoyo.
Gracias.
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias.
Les agradecemos su presencia. También pedimos que agradezcan a sus superiores, como lo hemos mencionado:
Al Subsecretario, al doctor Mondragón, a la Embajada de Estados Unidos Americanos, y al doctor Insulza, de la OEA.
Siempre es un gusto para nosotros recibirlos, siempre es un gusto estar en estos grandes proyectos que, efectivamente como lo dice la senadora Angélica de la Peña, nos urge ya terminar sobre todo la Ley de Ejecución de Sanciones.
Sería muy importante que ustedes nos pudieran acompañar y en nombre del senador Roberto Gil, y de la Junta de Mesa Directiva de la Comisión de Justicia, les doy las gracias.
Les pido que el senador Gil me acaba de informar que lo disculpen, no se pudo incorporar pues por un motivo muy importante, no porque esto sea menos importante sino algo que lo detuvo y que no le ha permitido desplazarse hacia el Senado de la República.
Les manda sus más cordiales saludos y espera pronto tener la oportunidad de platicar con todos ustedes.
Muchas gracias.
Y damos por cerrada la sesión del día de hoy.
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