Senado de la República

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. (PRIMERA PARTE)

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia.

Ruego a la senadora Arely Gómez, secretaria de la Comisión, pueda dar cuenta del registro de asistencia de las señoras senadoras y de los señores senadores.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Le informo, señor Presidente, que se cuenta con el quórum legal para iniciar la sesión de la Comisión.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora Secretaria.

Luego entonces, dé lectura al orden del día que está planteado para esta reunión.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Orden del día. Reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia. 11 de diciembre de 2014. 9:00 horas.

1. Lista de asistencia y en su caso, declaración de la existencia de quórum.

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.

3. Discusión y en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen:

a) De las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de los miembros de los Grupos u Organizaciones denominados Autodefensas o Policías Comunitarias del estado de Michoacán.

4. Asuntos generales.

5. Clausura de la reunión.

Es cuanto, Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, Secretaria.

¿Algún comentario sobre el orden del día?

No existiendo comentarios, ruego a la señora Secretaria tome la votación correspondiente.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Consulto a la Comisión, en votación económica, si se aprueba el orden del día.

Los que estén por la mayoría, sírvanse así manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, señora Secretaria.

El siguiente asunto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen:

a) De las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de los miembros de los Grupos u Organizaciones denominados Autodefensas o Policías Comunitarias del estado de Michoacán.

Como se acostumbra en la Comisión de Justicia, dividiremos la discusión en tres partes:

En una primera etapa, habrá posicionamientos de los grupos parlamentarios sobre el contenido del dictamen en orden creciente.

En una segunda etapa, discutiremos en lo general el dictamen y luego preguntaré si hay algún senador que quiera reservarse para discusión y votación en lo particular, algunas de las porciones de este dictamen.

Inmediatamente después, se someterá a votación tanto en lo general como en lo particular, con el método reglamentario acostumbrado.

En consecuencia, para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario con respecto a esta iniciativa, pregunto al senador Manuel Bartlett si quiere intervenir.

SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: (Inaudible).

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senador Bartlett.

En consecuencia, tiene el uso de la voz el senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Muchas gracias, Presidente.

Simplemente para aclarar la cuestión de procedimiento, consulto a la Presidencia, ¿si vamos a fijar una posición por cada uno de los partidos políticos y después se abrirá a discusión?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Así es.

SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Ok. Perfecto.

Presidente, compañeras y compañeros. Agradezco la presencia de los medios de comunicación que nos hacen favor de acompañarnos a esta reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia.

Para nuestro Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es importante manifestar aquí que nosotros vemos qué requerimos de la opinión y de un mayor tiempo para el análisis de esta iniciativa. Y me gustaría posicionar los porqués:

De aprobar esta ley, se perdonará a todo aquel sentenciado o imputado que tenga la suerte de haber infringido la ley en un lapso muy amplio, y fijado de manera arbitraria.

¿En qué se traduciría este dictamen?

Se dejará impune a delincuentes juzgados, con que afirme que era parte de un grupo denominado autodefensa. En principio, jurídicamente y a nuestro parecer, es cuestionable.

Hacemos la reflexión, ¿cómo estar seguros de que, en efecto, se formaba parte de dichos grupos?

Los escuetos cinco artículos de esta iniciativa, no establecen cómo definir la existencia o no de un vínculo entre el sujeto y una agrupación. Simplemente bastan las simples manifestaciones del criminal.

Los términos del dictamen atentan contra la división de poderes. Ante las circunstancias actuales, las instituciones del Estado debemos dar ejemplo de respeto íntegro a la ley; legislar en este tipo de circunstancias requiere de consulta y cooperación con el Poder Judicial; y no por el contrario, vulnerar sus atribuciones.

Es evidente la invasión de facultades, cuando se menciona en la exposición de motivos que con el dictamen mandan un –entre comillas— “certero mensaje” a las instituciones para reducir la inseguridad.

En el dictamen se hacen aseveraciones sin sustento. Se habla de juicios y procesos penales, sin hacer mención de uno solo. No podemos legislar en base a suposiciones.

Se hacen afirmaciones con sustento en el conocimiento público, La labor de legislar requiere de investigación y fundamentación de la ley, en hechos reales y argumentación jurídica. No se hacen leyes con base en dichos; más grave aún, no se pone en peligro la seguridad de las familias mexicanas.

Se generaliza arbitrariamente que todas las personas detenidas por violentar la ley en un periodo de tiempo de entre el 24 de febrero del 2013 al primero de septiembre de 2014, actuaron para protegerse de la delincuencia organizada.

Quienes son parte de estos grupos criminales, que las mismas autodefensas combatieron, podrían ser beneficiados por esta legislación.

No se da cárcel a alguien con prueba en dichos, no se saca a delincuentes de las cárceles con base en dichos. Es un tema de responsabilidad como autoridades y como legisladores.

Durante el periodo que se menciona en el proyecto de ley se aseguraron 3 mil 544 personas relacionadas con el crimen organizado y otros diversos delitos en el estado de Michoacán, de las cuales 2 mil 283 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común y 983 a disposición del Fuero federal.

En el estado de Michoacán, durante este periodo, se aseguraron en kilos seis de cocaína, 824 de cristal, nueve de heroína, 93 de HAY, 7 mil 126 de marihuana y 784 de metanfetaminas. Asimismo se desmantelaron 27 laboratorios de drogas sintéticas.

Respecto a la recuperación de combustible robado, se aseguraron en litros combustóleo, 276 mil 863; en diésel, 72 mil 364; gas LP, 42 mil 309; gasolina, 382 mil 800 hidrocarburos; son identificadas 38 mil 216 y otros hidrocarburos 102 mil, lo que da un total de 914 552 litros de combustible robado, recuperado en el estado de Michoacán.

Es una irresponsabilidad con las familias mexicanas que por hacer falsas generalizaciones, delincuentes peligrosos vuelvan a invadir las calles.

Es una falta de respeto para aquellos que arriesgaron su vida en el combate a la delincuencia y sin mayor prueba tiremos este sacrificio a la basura.

De aprobar una ley en este sentido, estamos abriendo una compuerta a cientos de integrantes de grupos criminales, por ejemplo los Templarios.

Aquí hubo quienes le abrieron las puertas a este senado y ahora nosotros, lo queremos dejar muy claro, nos rehusamos a abrirles las puertas de la cárcel.

¿Qué precedentes estaríamos sentando como legisladores?

De aprobar esto estaríamos validando impunidad y la inseguridad.

Les dejo también otra reflexión, compañeras y compañeros: qué va a pasar con esas familias que reconocieron a sus agresores y, con base en esta ley, los dejaran libres; qué pasaría con las horas de trabajo de jueces, de policías, de ministerios públicos, que trabajaron en cada uno de esos casos.

¿Saben lo que vamos a propiciar?

Que se legisle en el mismo sentido para Guerrero.

¿Y luego qué sigue?

Que asesinos confesos de estudiantes salgan libres con base en leyes fundadas en dichos. Repito: esto es peligroso. Espero que puedan reflexionar su voto y que aquellos que voten a favor, que estén dispuestos a dar explicaciones a las mexicanas y a los mexicanos cuando a éstos se los exijan.

Es cuanto Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias senador Puente.

Tiene el uso de la voz, para fijar posición, por parte del Partido de la Revolución Democrática, el senador Benjamín Robles Montoya.

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias senador Presidente.

Compañeras y compañeros senadores:

Nosotros no queremos dejar pasar la oportunidad para referirnos a este tema en los siguientes términos, particularmente porque -y eso lo quiero acotar- sin duda ha sido uno de los más relevantes durante la presente legislatura.

Nuestra postura en el PRD ha sido muy clara desde el comienzo.

El surgimiento de los grupos de autodefensas es una de las más seria consecuencias –así lo vemos- de la ineficacia de los gobiernos de todos los niveles; de todos los niveles; ineficacia en garantizar para los ciudadanos la seguridad y la justicia.

Es una muestra, también así lo vemos nosotros, de la impunidad que priva en nuestro país y sin duda del hartazgo de miles de mexicanos que se ven orillados a actuar ante la ausencia de un gobierno que garantice la más elemental seguridad, con todas las implicaciones de violencia e ingobernabilidad que su acción sin duda puede acarrear.

Pero además, hay que decirlo –lo subrayamos- el surgimiento de los grupos de autodefensa, no sólo en Michoacán sino también en otros estados como Tlaxcala, Guerrero o el Estado de México, fue sin duda uno de los primeros síntomas visibles de la crisis que hoy estamos viviendo en nuestro país, porque puso en evidencia la ausencia misma del Estado, pero también la indolencia y el abandono del mismo.

Creemos que la conformación de los grupos de autodefensas jamás debió ser una alternativa.

Pero debemos reconocer, compañeras y compañeros, que la ausencia del Estado fue tal que la gente, mucha gente, buena gente, no tuvo más opción que defenderse como podía de las agresiones de la delincuencia.

Podríamos estar a favor o en contra de estos grupos. Yo respeto la opinión de todos, pero creo que ese no es el tema.

Lo importante para nosotros en el PRD es reconocer que el Estado es responsable por el surgimiento de las autodefensas y por ello creo que este Dictamen en el que el Senado reconoce la magnitud y la complejidad del fenómeno y sus implicaciones es un paso correcto en el que tenemos que enrutarnos todos.

Pero sobre todo pensamos, compañeras y compañeros, que se realiza un acto de justicia con esta propuesta, tal vez un poco tardía pero al final de cuentas es un acto de justicia para aquellos quienes no tuvieron más remedio que tomar las armas para defenderse de las agresiones de la delincuencia y para suplir la ausencia y la indolencia de las autoridades omisas que por mucho tiempo los abandonaron a su suerte.

Por eso, compañeras y compañeros, quienes formamos parte del Grupo Parlamentario del PRD, estamos listos para aprobar, apoyar este Dictamen.

Es cuanto señor Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias senador Robles Montoya.

En el turno del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz el senador Javier Corral Jurado.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias Presidente.

Participo en esta sesión sin ser miembro de la Comisión de Justicia. Pero a nombre del conjunto de senadores que suscribimos esta Iniciativa para crear una Ley de Amnistía.

Yo debo empezar por señalar lo que está pasando en este momento en el Senado de la República.

Está montada desde ayer una embustera operación encabezada, ni más ni menos, por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

El Procurador, que debiera mantenerse en la imparcialidad, ese que está encargado de las investigaciones de Ayotzinapa es el Procurador del PRI, porque ha venido, han traído representantes de PGR, estuvo también Alejandro Rubido ayer; estuvo el Subsecretario de Gobernación para trabajar en la estrategia legislativa de este día, con la bancada del PRI.

La PGR y las instituciones de seguridad pública de este país, están al servicio del PRI y eso es una tragedia frente al momento que vivimos.

Vinieron incluso a compartirles expedientes que se supone, es información reservada, y vinieron a montar la estrategia embustera de que esta iniciativa busca beneficiar a delincuentes, como lo acaba de decir el representante del Verde, del senador Puente Salas.

Esa es la tragedia de este país. ¿Quién le cree a Murillo las investigaciones de Ayotzinapa, cuando se coloca al servicio de una estrategia partidista para tratar de detener una iniciativa que busca hacer justicia frente a detenciones, no sólo arbitrarias, sino absolutamente injustas?

Y ahora han sacado el cuento de que se pretende beneficiar a 3 mil delincuentes peligrosísimos, ¡falso de toda falsedad! Mienten, a sabiendas de que mienten; porque Osorio, que es el gran fracasado de la estrategia de seguridad pública en este país, mientras más fosas le salen en Guerrero y en otras partes del país; quiere mantener a Mireles Valverde y a otros autodefensas de Michoacán en la cárcel, como un acto de revancha política.

Un parón que le dieron a Mireles cuando convocó a un movimiento nacional de autodefensas, y cuando lo vieron venir políticamente en Michoacán. Es el fondo de lo que estamos discutiendo.

Y ya echaron a andar a los medios, con su brazo, con su cañón terrorista que se han convertido las televisoras, para decir: ¡Ah!, quieren amnistiar a delincuentes.

La iniciativa es clara y los que sean abogados y mínimamente hayan pasado por las lecciones del derecho penal, sabrán que esta iniciativa no concede beneficio alguno a delito grave. O que nos diga el senador o los senadores que quieran, dónde dice que van a beneficiar a delitos graves.

Y dos, hay cuatro condiciones muy claras, que incluso nos fueron criticadas por el nivel restrictivo del planteamiento. Bueno, primero, se refiere a los grupos armados, que fueron detenidos, encarcelados, sometidos a juicio porque no quisieron desarmarse tras el supuesto acuerdo que el Gobierno de la República les había planteado en Michoacán a las autodefensas.

Primero las usaron. Aquí vino Osorio el primer año y casi, no sólo las legitimó, las reconoció; tan las reconoció que el Gobierno uniformó a miles de autodefensas en Michoacán; le hicieron el trabajo el primer año a Peña, le limpiaron muchas comunidades del crimen organizado; se enfrentaron a los grupos criminales en Michoacán defendiendo a las comunidades, a sus familias, a la gente.

Y luego, al año los traiciona Peña metiéndolos a la cárcel; ¿por qué? Porque no quisieron someterse a un acuerdo absolutamente desventajoso para ellos.

¿Cuál fue el acuerdo?

De que se desarmaban, pero se detenía a los principales capos del narcotráfico de Michoacán, incluida “la Tuta”, dentro de los siete que quedaron establecidos en el convenio.

No se ha detenido a ninguno: se detuvo al hijo del Gobernador, a un exgobernador y a otro y a otro; pero a “la Tuta” nadie la detiene; detienen a todos los demás, menos a “la Tuta” en Michoacán.

Y entonces, a los que colaboraron, hay declaraciones aquí, de Osorio reconociendo a las autodefensas; a Mireles, el gobierno federal le brindo protección cuando el accidente y le mantuvo una guardia permanente.

Entonces, ¿Por qué hay que desmontarla operación embustera? Porque no se vale. Una cosa es que quieran tiempo y otra cosa es que digan que hay que escuchar a Rubido y que hay que escuchar al subsecretario y al procurador.

Que el procurador se comporte como Procurador General de la República, no como Procurador del PRI. Quién le va a creer a Murillo sus investigaciones, cuando se pone de acuerdo con una bancada para emitir un dictamen, quién le va a creer.

Ese es el tamaño del problema que tenemos: las instituciones de procuración de justicia al servicio de una estrategia de partido en el parlamento, qué barbaridad.

Digan: creemos que debe haber esta enmienda, esta adición, esta corrección, aquí puede darse esta interpretación, pero que salgan con que se van a liberar a miles de delincuentes y narcotraficantes, por favor.

El artículo primero que plantea la iniciativa y que nosotros hemos pedido al Presidente de la Comisión de Justicia que retome de manera íntegra, dice que se decreta la amnistía a favor de personas que cumplan los siguientes requisitos:

Primero, que se les impute delitos del orden federal que fueron cometidos entre el 24 de febrero del 2013, al primero de septiembre del 2014. Pero luego dice: que fueran detenidos también entre el siete de marzo de 2013 y el primero de septiembre; y luego dice, que efectivamente hayan formado, pertenecido a grupos u organizaciones denominadas autodefensas o policías comunitarias y, cuatro, que la participación en esas conductas se encuentren motivadas por un estado de necesidad para salvaguardar su integridad física, la seguridad de sus familias, patrimonio, derechos o comunidad anti ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada.

No dice nada más que haya sido detenido entre un día y otro, no, dice: tiene que cumplir cuatro requisitos fundamentales. Pero no sólo eso, el artículo tercero dice, en ningún caso operarán lo beneficios de la presente ley por delitos anteriores al periodo señalado en el artículo primero y que afecte de manera directa los derechos fundamentales de las personas.

De hecho hemos colocado una propuesta que nos pidió la Comisión Mexicana de Promoción y Defesa de los Derechos Humanos, que es: que aunque hubiera sido autodefensa y se pudieran acreditar todos estos candados, si cometió algún delito que violentara un derecho humano fundamental, no se pudiera beneficiar.

Porque a nivel internacional, los tratados internacionales han sugerido que ninguna ley de amnistía o han recomendado, perdón, que ninguna ley de amnistía beneficie violaciones a los derechos humanos y también está establecido aquí.

Incluso, de los propiamente llamados autodefensas son muy pocos, habría que decirlo así, realmente, los que terminarían beneficiándose de la amnistía, porque se tienen que cumplir todas las condiciones que se establecen en el dictamen.

Y entonces ahora que ha hecho una magnificación, una burda magnificación, como la que aquí acabamos de escuchar, entonces no es cierto que les interese el proceso de paz en el país. El gobierno es incapaz de comprender lo que está pasando en México. En realidad no quiere reconciliar a la nación.

Usa al Ministerio Público como instrumento de represión política y ese es el caso de las autodefensas. Son incapaces de ver la crisis de derechos humanos que hay de inseguridad que hay en el país y yo creo que habría que preguntarnos qué es lo que quiere el gobierno en Michoacán.

Ahí está el comisionado Castillo, ese sí invadiendo todas las facultades, si, muy celosos de las facultades del Ministerio Público y del Poder Judicial, un oficio que mandó Monte Alejandro Rubido al Subsecretario Solís Acero, diciendo que invade esta ley las facultades del pueblo. Pues no conoce la Constitución; no sabe que es una facultad del Congreso amnistiar, como del Presidente de la República conceder indultos.

Esa prontitud que tiene Rubido, y Osorio, y Murillo Karam, debieran tenerla para investigar al Presidente de la República en este enriquecimiento inexplicable de su patrimonio personal con la Casa Blanca.

¡Ah!, pero también ahí montaron una embustera operación, pero ahí para que nadie toque nada.

Ya en el Senado ya ni se dice nada del tema; nadie trata el tema de la “casa blanca”. Cómo fue eso posible, qué pasó de que ya nadie toque ese asunto, quién prohibió que se tocara en el Senado, en la Tribuna del Senado el tema de la “casa blanca”.

Ese es el Procurador y el Secretario de Gobernación que queríamos, o que queremos. Pues no; los que vienen aquí a reducirse una estrategia partidista.

Entonces hay que atajar con toda claridad esta embustera operación; ahora resulta que queremos liberar delincuentes.

Esa es toda la estrategia montada, mediáticamente desde ayer en la televisión y que hoy reproducen casi de la misma manera algunos de los legisladores del PRI en diversos medios impresos.

Pues qué pena que a un asunto que podría ser una oportunidad para el Gobierno de la República, porque si hubiera capacidad para entender la oportunidad que hay en esta Iniciativa, le entrarían de otra manera, no con una campaña embustera.

Ese es el tema que yo quiero plantear y por supuesto que ya en la discusión particular, artículos por artículo, le vamos a entrar porque evidentemente las extrapolaciones que se están haciendo y toda esta magnificación de los 3 mil delincuentes que van a salir por esta Iniciativa.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias senador Corral.

Tiene el uso de la voz la senadora Arely Gómez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Voy a fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, pero será un posicionamiento jurídico, un posicionamiento enfocado a la justicia y no estamos ahorita aquí en un tema de retórica. Iré a los hechos concretos:

Primero quiero hacer determinadas aclaraciones:

El Procurador General de la República no estuvo en el Senado para tratar este tema; lo niego. No estuvo ni él ni ninguno de sus representantes cercanos.

El señor Procurador General de la República no se ha presentado en el Senado de la República…

(DIVERSAS INTERRUPCIONES)

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: …señoras, señores senadores: les ruego… señor senador; señores senadores: les ruego; señor senador...

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:…yo no dije Procurador, dije representantes…

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: …señores senadores: les ruego que podamos conservar el orden de esta sesión.

Está una senadora en el uso de la voz. No se permiten diálogos entre los integrantes.

Vamos a escuchar a todos con todo respeto y con las cortesías que amerita nuestro Parlamento.

Tiene usted el uso de la voz, senadora Arely Gómez.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Gracias Presidente.

También reitero que al Grupo Parlamentario del PRI no se le ha entregado ningún expediente.

Ahora, por otro lado, si bien funcionarios del Gobierno Federal han platicado con algunos senadores o senadoras, es porque los funcionarios públicos están al servicio de todos.

Cualquiera de ustedes que los llamen o que los han llamado, han sido atendidos por los funcionarios públicos.

Entonces hago esas precisiones y me enfoco al posicionamiento:

Primero: Quiero expresar en esta intervención la gran preocupación del Grupo Parlamentario del PRI por lo delicado de este tema, de este Dictamen, y quisiera decir:

Una Ley de Amnistía tiene amplias implicaciones para el Estado de Derecho en un país con las condiciones de seguridad que vive México.

Es importante delimitar claramente el grupo de personas a quienes se dirige la periodicidad por la que se otorga el perdón o punto final a la persecución penal y acotar de manera fehaciente que quienes se inscriban para dicho proceso fueron víctimas de una persecución de carácter político en la legítima búsqueda de hacer valer los valores.

En el dictamen, que busca reglamentar lo dispuesto en el artículo 73 constitucional, no se aprecian algunas de las hipótesis previamente enunciadas. Tampoco existe una ponderación clara del costo-beneficio de abrir una prerrogativa de esta naturaleza, para quienes sí están sujetos en este momento a proceso penal; pues lo contrario sería una acción pervertida del Estado en contra de los ciudadanos por olvidar crímenes cometidos en contra de una comunidad en aras de un discurso de autoprotección, sin distención clara de una autodefensa legítima o no.

Y me voy textualmente a la página 3 del dictamen, donde se pone: “Finalizan los senadores en su iniciativa, resaltando que se han ejercido acciones penales en contra de los líderes y otros miembros de las autodefensas; siendo aproximadamente 388 los autodefensas presos, muchos de ellos por razones políticas, ya que no existen pruebas o elementos que hagan suponer la comisión de delitos que se les imputa y que los individuos pertenecientes a las autodefensas, fueron detenidos arbitrariamente en desmedidos operativos que son, a todas luces, inconstitucionales; los cuales derivaron en faltas del debido proceso, violando el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Bueno, creo que hay que tratar este tema con la seriedad que merece. Es un tema de justicia, es un tema de Estado de Derecho; más que conocimiento empírico, es contar con los datos suficientes de las entidades que en este caso son competentes. Los tenemos.

Ahora bien, hago énfasis: no se puede dictaminar diciendo “aproximadamente”. Aquí con aproximados no nos vamos, necesitamos información cierta para estar en condiciones de poder analizar un tema que merece la responsabilidad que este tema merece.

Por otro lado, sería una gran irresponsabilidad y arbitrariedad del Senado de la República, eximir de responsabilidad a gente de la que no se conoce exactamente por qué delito se encuentra procesada: otra omisión del dictamen. Con el respeto que se merecen mis compañeros: falta información.

Ahora, vayamos a lo siguiente: La primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿qué determina la calidad de autodefensa o policía comunitaria? ¿De qué manera se va a determinar quién sí era y quién no lo era?

No existe en otro ordenamiento ni en la redacción del decreto, algún elemento que ayude a determinar la calidad del sujeto; por lo que se convierte en un concepto abierto en el que se pueden encuadrar personas en las que ni quisiera se está pensando en este momento, ¿Cómo quién? Como narcotraficantes, que también se sustentaban como líderes comunitarios.

Creo que tenemos que saber que aquí no porque alguna persona… no vamos a dejar libres a personas que cometieron delitos del orden común, como son portación de armas, delincuencias organizadas, en fin, si no tenemos los elementos suficientes para saber cuál es el tipo penal por el cual se le está acusando y si encuadran dentro de lo que sería una autodefensa, para tener la posibilidad de que se les diera la amnistía.

Y la segunda pregunta es, ¿no consideran ustedes que el Poder Judicial de la Federación está haciendo bien su trabajo?

Bueno, la iniciativa parte de la idea de que las detenciones fueron arbitrarias y que no hubo pruebas, a pesar de que un Juez Federal consideró que existían elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado y, con esto, iniciar el proceso penal. No es una determinación del Ejecutivo, ésta es una determinación de control judicial.

La tercera cuestión, es que mencionan en la iniciativa que se trata de un proceso político sin pruebas ni elementos. Si esto es verdad, ¿qué les preocupa? Nosotros tenemos confianza en que si lo que ustedes dicen es verdad, el Poder Judicial de la Federación, como uno de los tres Poderes del Estado que actúa de manera independiente e imparcial, va a dictar sentencias absolutorias.

No vemos la necesidad de que antes siquiera de que el Poder Judicial pueda dictar una determinación, ustedes los quieran liberar. ¿Por qué la prisa?

Esta iniciativa –concluyo– utiliza la figura de amnistía para generar impunidad de delitos sobre los que la autoridad judicial se debe de pronunciar. No podemos invadir esferas de competencia.

Los delitos por los que son procesados las personas a las que ustedes quieren liberar, son básicamente tres: posesión de arma de fuego, delito contra la salud y extorsión. Estos son los delitos que ustedes quieren olvidar para que estas personas salgan libres y los sigan cometiendo.

Que quede muy claro, es un tema de derecho, de justicia; no es un tema de retórica. Y, me quede claro, el Procurador General de la República y las instancias del gobierno federal, están actuando. Es uno de los tres poderes. El Poder Judicial está actuando y nosotros, como Senado de la República, tenemos que actuar, pero ciñéndonos al marco de la ley.

El Procurador General de la República integró las averiguaciones previas para sostener los procesos penales; procesos penales que ya están ahora dentro de otro de los poderes de la unión, dentro del Poder Judicial.

Hay que demostrar cuáles son los dichos que ustedes señalan y vamos a probar lo que se está diciendo. Y vamos a pedir respeto a las instituciones.

Y, les aclaro, cualquier funcionario público puede venir al Senado de la República –como se ha hecho– para aclarar situaciones o para ilustrarnos de algunos temas.

Muchas gracias.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora.

Ha concluido la etapa de posicionamientos de los grupos parlamentarios. Antes de dar cauce en la discusión en lo general, que se ceñirá a lo establecido en el reglamento, turnos a favor y en contra de manera alternada, voy a dar cuenta de la entrega de dos oficios que fueron remitidos a la presidencia de esta Comisión, suscritos por el Subsecretario de Gobernación, licenciado Felipe Solís Acero.

En el primero de ellos, hace comentarios sobre la competencia que tiene el Congreso de la Unión con respecto a la declaratoria de amnistía. Y, el segundo de ellos, hace referencia a las posibles implicaciones que, a su juicio, podrían generarse a partir de la aprobación de esta Ley de Amnistía.

Estamos circulando ambos oficios para ilustrar el juicio de la Comisión de Justicia.

SENADOR: Habría que preguntar al senador Corral si está de acuerdo, porque parece que no le gusta.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Permíteme. Es una decisión de la presidencia que no se somete a votación; simplemente serán circulados los dos oficios entre los integrantes de la Comisión de Justicia.

¿Para qué efecto, senado Fayad?

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Con el efecto de pedirle, Presidente, se lean públicamente aquí las opiniones que se han dado, porque eso nos va a aclarar muchísimas cosas.

¿Para qué estamos especulando o para qué lo dejamos a la interpretación?

Son dos opiniones que me parecen fundamentales para la argumentación de lo que aquí vamos a hacer y son una o dos cuartillas.

Yo no veo por qué no pueda pedirle a la Secretaría de la Comisión, a cualquiera de los secretarios de la Comisión, pueda dar cuenta de esas opiniones.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: En razón de que se trata de una petición de lectura de documentos, no tengo ningún inconveniente en pedirle a la Secretaria de la Comisión que dé lectura a ambos oficios en el orden en el que fueron presentados.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Oficio del 8 de diciembre de 2014. Oficio número SEGOB/SNC/336/2014:

“Licenciado Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos. Presente.

En atención a su oficio SEL/300/3107/14 de fecha 8 de diciembre de 2014, a través del cual solicita la opinión de esta Comisión Nacional respecto de seguridad respecto de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de los miembros de los grupos y organizaciones denominados autodefensas o policías comunitarias del estado de Michoacán; por medio del presente, me permito hacer los siguientes comentarios:

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura del Senado de la República, analizaron y elaboraron el dictamen concerniente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de las personas integrantes de los grupos denominados autodefensas en el estado de Michoacán.

Al efecto, dichas comisiones unidas desarrollaron los trabajos correspondientes en apego a lo dispuesto por fracción a) del artículo 72 constitucional y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, cumpliendo puntualmente con las formalidades de estilo desde el punto de vista jurídico.

Sin embargo, esta comisión nacional recomienda cautela, vistas las consideraciones que motivan el sentido de la opinión de los integrantes de las comisiones unidas dictaminadoras, ya que los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del documento en estudio, descalifican los trabajos del Poder Judicial de la Federación en los casos concretos conocidos y resueltos por los jueces respectivos.

Los legisladores necesariamente invaden la esfera de actuación del Poder Judicial Federal como del Ministerio Público Federal, cuando sustentan sus argumentos en el conocimiento público y los sucesos que dieron origen a los grupos denominados autodefensas o policías comunitarias, ya que sin conocer las causas concluyen que en todo caso las acciones de los procesados tenían como finalidad subsanar la falta de autoridad que existía en diversos municipios del estado de Michoacán.

Los mismos legisladores reconocen que el propio gobierno federal estableció vías de diálogo con esos grupos e incluso les facilitó formas de regularización de sus actividades, a través de su incorporación a la policía rural, con lo que se constata que el mismo Poder Ejecutivo Federal consideró legítima la lucha que estaban librando, sin incluir a los que fueron sometidos a la justicia por conductas –creo que debemos prestar atención— delictivas diversas, ajenas al movimiento popular.

La invasión de las facultades está demostrada por las comisiones unidas cuando expresan su más profunda preocupación por las personas que, habiendo participado en esos movimientos de autodefensa, aún siguen privados de su libertad, ya que de ninguna forma pueden asegurar que enfrentan procesos penales federales, precisamente por haber formado parte de los grupos regularizados como fuerzas de seguridad rural o han regresado a sus hogares.

Por ello la inequidad de la prisión en unos casos, y la libertad en otros del mismo movimiento, constituye una declaración insostenible en el ámbito de la certeza jurídica por carecer de evidencias mínimas que le den viabilidad.

Por tal razón, resulta muy discutible que el Legislativo dicte resoluciones de carácter jurisdiccional en casos específicos, cuando su labor esencial se constriñe a revisar la legislación sustantiva y adjetiva en todas las materias para propiciar que este tipo de casos cuestionados sean prevenidos y. en su caso, corregidos, asegurándose que la población cuente con la certeza de que las leyes son imparciales, generales y abstractas.

En ese contexto, los integrantes de las comisiones unidas dictaminadoras invocan desperfectos técnicos que han localizado sin precisar las normas que los contienen y además estiman, desconociendo así la división de poderes que la Ley de Amnistía sería un acto de justicia que si bien no resuelve por completo la problemática que enfrenta el Estado de Michoacán en materia de seguridad, sí envía un certero mensaje consistente en expresar que todas las instituciones de todos los órdenes de gobierno deben de colaborar en el mejoramiento de las condiciones en que habitan los mexicanos y para reducir la inseguridad al mínimo.

En concreto: esta Comisión Nacional considera que antes de someter al Pleno del Senado de la República el Dictamen de cuya opinión se trata, debe recabarse la opinión previa tanto de la Procuraduría General de la República, como del Poder Judicial de la Federación, a efecto de contar con la efectiva participación de los Poderes de la Unión en la solución integral del conflicto concerniente a los grupos denominados autodefensas en el Estado de Michoacán.

Sin otro particular, refiero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente: licenciado Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad. Lo rubrica.

Segundo Oficio:

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: El segundo; ¿ya los encuadernó?

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Ahorita nos acaban de circular este oficio.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: A ver si nos pueden dar copia del segundo.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Ese que traes ahorita en la mano es el 8 de diciembre que nos lo hicieron llegar.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Este es del 10.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: La Secretaria de la Comisión va a dar lectura al segundo oficio. Estoy instruyendo para que tengan copias de ambos.

Pero el senador Fayad me ha pedido lectura en público de los dos. En consecuencia, habrá de proceder en esos términos la senadora Arely Gómez.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES. Y una pregunta Presidente: se pidieron otras opiniones, ¿verdad?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Esas son opiniones que envió la Secretaría de Gobernación motu proprio.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: ¿La Comisión pidió opiniones a otras autoridades?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: No. No se pidieron opiniones a ninguna.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: ¿No se pidió ninguna opinión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Comisión de Derechos Humanos?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: En el caso específico del Poder Judicial de la Federación, el Senado de la República está impedido, y el Poder Judicial también, para dar información sobre expedientes judiciales.

Es la razón por la cual no se solicitó…

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: …no, no de los expedientes sino la opinión sobre el tema, porque me parece…

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: …senador Fayad: por qué no ese tema lo discutimos en lo general, porque no hay ningún precedente de Ley de Amnistía en el que se hubiese consultado a ninguna instancia externa del Senado; ya por lo menos cuatro ocasiones en que se haya aprobado la Ley de Amnistía.

En consecuencia, no es un requisito de forma ni tampoco sustantiva. En consecuencia creo que la discusión debemos de plantearlo sobre los términos del Dictamen.

Le voy a pedir a la senadora Arely Gómez que dé lectura al segundo oficio para poder proceder a la discusión.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Policía Federal. Oficina del Comisionado General.

Oficio número PF/OCG/03015/2014.

México, Distrito Federal, a 10 de diciembre de 2014.

Licenciado Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo.

Distinguido Subsecretario:

Por este conducto y en relación con el Proyecto del Dictamen concerniente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de las personas integrantes de los grupos denominados autodefensas, en el Estado de Michoacán, elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República, respetuosamente me permito hacerle los siguientes comentarios:

Una vez analizado el Dictamen, se aprecia que con la redacción propuesta habría posibilidad jurídica para que presuntos responsables vinculados con la delincuencia organizada, obtengan los beneficios de la misma.

En Michoacán, durante el periodo comprendido del 24 de febrero de 2013 al 1° de septiembre de 2014, fueron detenidas 3 mil 366 personas, de las cuales 2 mil 283 fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, y 983 a disposición del Fuero Federal.

De los 983 del Fuero Federal, destacan 245 detenidos por violación a la Ley Federal de Armas, de Fuegos y Explosivos, 142 por delitos contra la salud, y 336 por una combinación de ambos, quienes pudieran acogerse a esta Ley, toda vez que tanto en la legislación local como en la Federal, no existe una definición de grupo de autodefensa o policía comunitaria, y además no existe un registro de estos grupos contra el cual podamos verificar su calidad.

Por otra parte, creo oportuno compartir que estos 983 detenidos del fuero federal, en muchos casos fueron señalados por la propia comunidad o detenidos en flagrancia cuando portaban armas de uso exclusivo, drogas o vehículos robados o participando en enfrentamientos directos con la autoridad.

Es de destacar que de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo de estudio se cometieron en el estado de Michoacán mil 502 homicidios dolosos, de los cuales 761 se produjeron con arma de fuego.

De aprobarse el dictamen en sus términos, es altamente probable que dentro de los candidatos a obtener el beneficio legal propuesto, se encuentren los responsables de estos actos ilícitos; sentando un precedente de impunidad que podría impactar severamente a la sociedad, con lo cual se desvirtuaría todo propósito de los legisladores iniciantes, toda vez que al buscar beneficiar a cierto grupo en particular, podría provocarse como consecuencia –desde luego no deseada– el dejar en libertad a peligrosos delincuentes.

Ahora bien, es la autoridad judicial quien ha dictado el auto de formal prisión en todos los casos de los detenidos que se encuentran en Centros de Readaptación Social; por lo cual da por legal su detención y determina que existen elementos suficientes para sujetarlos a proceso penal.

En virtud de lo anteriormente expuesto, es que consideramos de la mayor importancia que los integrantes de las comisiones dictaminadoras del Senado de la República, conozcan la situación general que guarda el presente asunto y las consecuencias que podría tener la aprobación de un dictamen como el que se plantea.

Sin otro particular, esperando que estos comentarios sean de utilidad, me reitero a sus órdenes.

Atentamente,

El Comisionado General, Maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos.

Es cuanto, Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora Arely Gómez.

Vamos a abrir la discusión en lo general, si les parece, para mantener el orden.

Senador Corral, ¿para qué efectos?

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Yo quisiera, Presidente, pedirle que con relación a los documentos que se han leído pudiéramos también hacer una opinión, toda vez que se ha introducido como fue solicitado por los senadores, el conocimiento de estos oficios.

Yo solamente haré una breve intervención sobre ello.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Consulto, ¿alguien más quisiera hacer un comentario con respecto a la lectura de los oficios?

Senador Manuel Bartlett, ¿quién más?

Senadora Angélica de la Peña.

Agotaríamos estos tres turnos de comentarios con respecto al contenido de los oficios y, posteriormente entraríamos a la discusión en lo general.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Yo quiero posicionar a favor de la iniciativa.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Yo, en relación a los oficios.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: En relación con los oficios tengo inscritos al senador Javier Corral, al senador Manuel Bartlett, a la senadora Angélica de la Peña y al senador Omar Fayad.

Con ese turno de oradores concluiríamos este trámite en específico y entraríamos a continuación a la discusión en lo general.

Tiene el uso de la voz el senador Javier Corral.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias.

Es simplemente para contextualizar las comunicaciones oficiales que hemos escuchado. La gente que sigue esta sesión, debe saber que la Comisión de Justicia ha dado lectura, ni más ni menos, que a los oficios de los carceleros.

Y por supuesto, así debemos enmarcar la opinión, que no podía ni debía ser otra. Si quienes los encarcelaron están ahora centralmente cuestionados por el proyecto de dictamen, es lógico que respondan así.

Hay que agregar que es de lamentar que los carceleros cometan estas magnificaciones. Pero lo más delicado, es que el Comisionado Federal para la Seguridad Pública, que es Monte Alejandro Rubido, desconozca la Constitución. Un nombramiento que fue ratificado por el Senado y al que se le brindó plena confianza.

Quizá el Comisionado libró todos los exámenes de confianza, pero no creo que haya librado el examen de la Constitución. Dice el Comisionado: “discutible que el Legislativo dicte medidas de carácter judicial”. El comisionado debe ser convocado, efectivamente, a comparecer al Senado de la República, por su conocimiento de la Constitución.

El artículo 73 de la Constitución, fracción XXII, faculta al Congreso de la Unión para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la federación.

Medida de carácter judicial. ¿En serio en estas manos está la seguridad pública en México? Es muy preocupante, más allá de que sea uno de los que apresó a varios de los autodefensas, incluido el doctor José Manuel Mireles.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Senado Manuel Bartlett.

SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Lo que hemos escuchado aquí en este primer planteamiento es, en general, lo que el Ejecutivo quiere transmitirnos.

Es decir, hay un mandato del Ejecutivo; hay una serie de puntos que, bueno, que se pidió que se leyera, porque de ahí podemos concluir que lo que aquí se ha dicho es lo mismo.

Lo oímos ayer en televisión, una verdadera ofensiva contra el Senado de la República para que no sesione, para que no discuta una ley, para que se someta a lo que han venido haciendo en el Ejecutivo.

Es decir, ustedes están simplemente leyendo, leyendo argumentos del Ejecutivos hechos a toda velocidad el día de ayer.

Ahora, eso es importante para que veamos que no estamos aquí en un debate con los senadores que han hablado, sino tenemos un debate con el área de justicia del Ejecutivo de la Unión. Así es que, eso es lo que considero yo que valen esos argumentos.

Ya se leyó aquí el artículo que nos faculta absolutamente a la Ley de Amnistía, está perfectamente claro. De manera que, repetir que no tenemos facultades, que estamos violando el equilibrio de poderes, es un absurdo. Es una posición autoritaria de esos funcionarios del Ejecutivo.

Pero además parece ridículo que vengan a hablarnos del derecho constitucional o de esta imposibilidad del Senado de cumplir con sus facultades, cuando quien ha violado la Constitución sistemáticamente ha sido el Presidente Peña Nieto al intervenir en el estado de Michoacán y poner a un auténtico virrey, como se le llama, a un funcionario federal a manejar el estado.

Todo esto que estamos viviendo fueron instrucciones clarísimas que hemos visto durante esos meses, las acciones presuntuosas del señor comisionado Castillo.

El señor comisionado Castillo se apoderó del Poder Ejecutivo del estado de Michoacán. Se apoderó del Poder Legislativo del estado de Michoacán. Actuó con la protección de las policías federales. Se convirtió en un auténtico virrey o dictador, violando la Constitución de la República, anulando la soberanía del estado de Michoacán. Y ahora nos vienen a decir que hay que respetar las leyes, cuando todo esto que ha pasado, lo vimos en la televisión –fíjense ustedes que fallo de la televisión en algunos casos– todo son instrucciones del señor Castillo. El señor Castillo es el que ordenó todo esto.

Dice la senadora Arely que si no tenemos confianza en la justicia. Claro que no. La hemos visto actuar.

La justicia esta se llama “Castillo”. Él es el que ha hecho todo esto, violando la Constitución.

¿Cómo podemos venir ahora con estos pujos de legalidad y de equilibrio de poderes, cuando todo está pungado(sic) en acciones ilegales e inconstitucionales de un señor Castillo que mandó Peña Nieto a imponerse sobre la soberanía del estado de Michoacán.

Es el que actuó en todo esto; tomaba decisiones. Es el que ordenó que detuvieran a Mireles. Es el que ordenó tal y tal y tal… Lo vimos, así se dio.

No nos vengan con esta situación, ni en la creencia del Poder Judicial, porque lo hemos constatado.

El primer violador en todo este proceso es Peña Nieto enviando a un individuo que se posesionó de la soberanía del estado de Michoacán.

Muchas gracias, señor Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: A usted, senador Bartlett.

Senadora Angélica de la Peña.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, Presidente.

Desde el 25 de septiembre de este año, diversos senadores y senadoras presentaron ante el Pleno de este Senado el proyecto de iniciativa de amnistía; en esa misma fecha se manda, se turna a comisiones.

Ese es un asunto que se viene ya integrando en los trabajos de las comisiones y por lo tanto hoy no debemos sorprendernos de que estemos haciendo la discusión para su dictamen.

A mí me parece que es realmente improcedente, muy inadecuado, no quiero usar otro tipo de calificativos, la comunicación que manda a través del señor subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, el señor Comisionado Nacional de Seguridad, licenciado Monte Alejandro Rubido, en su oficio del ocho de diciembre, el ocho de diciembre y meses después, sabiendo que estaba en discusión una iniciativa de ley en esta materia y en el quinto párrafo dice textual:

“Los legisladores necesariamente invaden la esfera de actuación del Poder Judicial Federal como del Ministerio Público Federal”. Me parece totalmente irrespetuosa la forma como se dirige a nosotros.

Creo que necesitamos recordar que la Ley de Amnistía es una potestad del Poder Legislativo, que la extinción de la responsabilidad penal que se concreta a través de una ley de amnistía no participa el Ejecutivo y por supuesto tampoco participa el Poder Judicial.

El mandato de la Ley de Amnistía inscribe las características en las que se debe sustentar la aplicación del beneficio de la amnistía a las personas que tienen que cumplir con el precepto de los articulados de la propia ley y en ese aspecto me parece que lo que debiésemos discutir, si me permiten, con todo respeto, es en primerísimo lugar, si es necesaria o no esta ley.

Nosotros creemos que si, quienes estamos signando ya con nuestras intervenciones y lo haremos con nuestro voto de manera afirmativa, pensamos que sí, los argumentos son claros: el país necesita que también transitemos hacia acciones concretas que nos permitan enviar mensajes a la reconstrucción del tejido social.

Y el tejido social no se reconstruye, por cierto, dejando situaciones que lo único que hacen es enrarecer más el clima social en muchos territorios de nuestro país.

Nadie puede cuestionar por qué es a todas luces totalmente comprobable, cuál fue la razón de la organización de las autodefensas en el estado de Michoacán y de otros estados.

Esta debe ser, en todo caso, la principal preocupación que debemos llevar para la reconstrucción del Estado de Derecho y por supuesto para concebir un Estado de derecho totalmente distinto, que eso es lo que necesitamos discutir.

El país reclama que tomemos medidas que efectivamente reivindiquemos la amnistía como una precepto que nos permita, efectivamente, no cometer los errores y castigar a quienes tomaron la decisión de organizarse frente a una policía municipal cooptada por la delincuencia organizada; vacío de autoridad municipal que llevó a esta situación.

Ahora bien, no nos confundamos, cuando dicen los señores funcionarios, ya anticipándose y prejuiciándose, por cierto, respecto de que esta ley va a poner en la calle a los delincuentes organizados, me parece que es un prejuicio, insisto, prejuicio y además me parece que están cometiendo un error y, en todo caso, no se lee la iniciativa para que se establezca con toda puntualidad cuales son las características y está en el primer artículo del propio Dictamen.

Ya aquí se ha leído, se han leído los fundamentos constitucionales que efectivamente, definitivamente caracterizan la potestad de este Congreso, de esta Comisión, de esta Cámara de Senadores para trabajar en beneficio de esta construcción de la paz en nuestro país.

El Artículo Primero no tiene desperdicio y en todo caso, senadoras, senadores del PRI y del Partido Verde, en todo caso pongámosnos a discutir, como lo hemos hecho con otras Iniciativas, artículos por artículo; está claro o no está claro, si estamos motivados por lo mismo, está claro no está claro, qué es lo que tenemos que hacer; no es verdad que se pretenda favorecer en ninguna parte de los argumentos de la Iniciativa se esgrime que se esté hablando de mil, 2 mil, no sé cuántas personas.

Se está hablando de alrededor de unas cuantas centenas de personas que siempre tienen que pasar, a partir de la aplicación de esta ley, de la publicación de esta Ley, tienen que pasar por el tamiz de la autoridad; de la autoridad, ahí sí le corresponde la aplicación de la ley de la propia autoridad verificar quién sí se puede beneficiar y quién no se debe beneficiar. Y el clarísima.

Entonces yo llamo a que nos sentemos realmente en una actitud propositiva y pensemos en la situación del beneficio que podemos lograr para quienes están allí de manera injusta.

Efectivamente, es un asunto de abstracción de la responsabilidad penal que está en proceso.

Lo que nos dicen aquí los funcionarios no es nada nuevo; exactamente, de eso se trata, porque están allí exactamente en estas condiciones, con una sanción de privación de libertad.

Y ese es el sentido de la Ley de Amnistía, por cierto.

Gracias Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias senadora Angélica de la Peña.

Tengo inscritos a los siguientes senadores en este orden:

Senador Fayad; Luisa María Calderón; Chon Orihuela; Dolores Padierna; Jesús Casillas; Enrique Burgos, y Carlos Puente.

Senador Javier Corral: es para lo de los oficios, ¿verdad?

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Para los oficios.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA: Ya lo comentamos.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Ya está la discusión.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Estábamos en el tema de los oficios.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA: Yo comenté sobre el oficio.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Estamos en la etapa de discusión de los oficios, pero se inscribieron cuatro senadores del Grupo Parlamentario del PRI para discutir los oficios. Estoy dando cuenta de quién más ha solicitado el uso de la voz:

Tiene el uso de la palabra el senador Omar Fayad.

*****SIGUE SEGUNDA PARTE*****