VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. (PRIMERA PARTE)

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia.

Ruego a la senadora Arely Gómez, secretaria de la Comisión, pueda dar cuenta del registro de asistencia de las señoras senadoras y de los señores senadores.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Le informo, señor Presidente, que se cuenta con el quórum legal para iniciar la sesión de la Comisión.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora Secretaria.

Luego entonces, dé lectura al orden del día que está planteado para esta reunión.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Orden del día. Reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia. 11 de diciembre de 2014. 9:00 horas.

1. Lista de asistencia y en su caso, declaración de la existencia de quórum.

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.

3. Discusión y en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen:

a) De las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de los miembros de los Grupos u Organizaciones denominados Autodefensas o Policías Comunitarias del estado de Michoacán.

4. Asuntos generales.

5. Clausura de la reunión.

Es cuanto, Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, Secretaria.

¿Algún comentario sobre el orden del día?

No existiendo comentarios, ruego a la señora Secretaria tome la votación correspondiente.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Consulto a la Comisión, en votación económica, si se aprueba el orden del día.

Los que estén por la mayoría, sírvanse así manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, señora Secretaria.

El siguiente asunto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen:

a) De las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de los miembros de los Grupos u Organizaciones denominados Autodefensas o Policías Comunitarias del estado de Michoacán.

Como se acostumbra en la Comisión de Justicia, dividiremos la discusión en tres partes:

En una primera etapa, habrá posicionamientos de los grupos parlamentarios sobre el contenido del dictamen en orden creciente.

En una segunda etapa, discutiremos en lo general el dictamen y luego preguntaré si hay algún senador que quiera reservarse para discusión y votación en lo particular, algunas de las porciones de este dictamen.

Inmediatamente después, se someterá a votación tanto en lo general como en lo particular, con el método reglamentario acostumbrado.

En consecuencia, para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario con respecto a esta iniciativa, pregunto al senador Manuel Bartlett si quiere intervenir.

SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: (Inaudible).

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senador Bartlett.

En consecuencia, tiene el uso de la voz el senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Muchas gracias, Presidente.

Simplemente para aclarar la cuestión de procedimiento, consulto a la Presidencia, ¿si vamos a fijar una posición por cada uno de los partidos políticos y después se abrirá a discusión?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Así es.

SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Ok. Perfecto.

Presidente, compañeras y compañeros. Agradezco la presencia de los medios de comunicación que nos hacen favor de acompañarnos a esta reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia.

Para nuestro Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es importante manifestar aquí que nosotros vemos qué requerimos de la opinión y de un mayor tiempo para el análisis de esta iniciativa. Y me gustaría posicionar los porqués:

De aprobar esta ley, se perdonará a todo aquel sentenciado o imputado que tenga la suerte de haber infringido la ley en un lapso muy amplio, y fijado de manera arbitraria.

¿En qué se traduciría este dictamen?

Se dejará impune a delincuentes juzgados, con que afirme que era parte de un grupo denominado autodefensa. En principio, jurídicamente y a nuestro parecer, es cuestionable.

Hacemos la reflexión, ¿cómo estar seguros de que, en efecto, se formaba parte de dichos grupos?

Los escuetos cinco artículos de esta iniciativa, no establecen cómo definir la existencia o no de un vínculo entre el sujeto y una agrupación. Simplemente bastan las simples manifestaciones del criminal.

Los términos del dictamen atentan contra la división de poderes. Ante las circunstancias actuales, las instituciones del Estado debemos dar ejemplo de respeto íntegro a la ley; legislar en este tipo de circunstancias requiere de consulta y cooperación con el Poder Judicial; y no por el contrario, vulnerar sus atribuciones.

Es evidente la invasión de facultades, cuando se menciona en la exposición de motivos que con el dictamen mandan un –entre comillas— “certero mensaje” a las instituciones para reducir la inseguridad.

En el dictamen se hacen aseveraciones sin sustento. Se habla de juicios y procesos penales, sin hacer mención de uno solo. No podemos legislar en base a suposiciones.

Se hacen afirmaciones con sustento en el conocimiento público, La labor de legislar requiere de investigación y fundamentación de la ley, en hechos reales y argumentación jurídica. No se hacen leyes con base en dichos; más grave aún, no se pone en peligro la seguridad de las familias mexicanas.

Se generaliza arbitrariamente que todas las personas detenidas por violentar la ley en un periodo de tiempo de entre el 24 de febrero del 2013 al primero de septiembre de 2014, actuaron para protegerse de la delincuencia organizada.

Quienes son parte de estos grupos criminales, que las mismas autodefensas combatieron, podrían ser beneficiados por esta legislación.

No se da cárcel a alguien con prueba en dichos, no se saca a delincuentes de las cárceles con base en dichos. Es un tema de responsabilidad como autoridades y como legisladores.

Durante el periodo que se menciona en el proyecto de ley se aseguraron 3 mil 544 personas relacionadas con el crimen organizado y otros diversos delitos en el estado de Michoacán, de las cuales 2 mil 283 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común y 983 a disposición del Fuero federal.

En el estado de Michoacán, durante este periodo, se aseguraron en kilos seis de cocaína, 824 de cristal, nueve de heroína, 93 de HAY, 7 mil 126 de marihuana y 784 de metanfetaminas. Asimismo se desmantelaron 27 laboratorios de drogas sintéticas.

Respecto a la recuperación de combustible robado, se aseguraron en litros combustóleo, 276 mil 863; en diésel, 72 mil 364; gas LP, 42 mil 309; gasolina, 382 mil 800 hidrocarburos; son identificadas 38 mil 216 y otros hidrocarburos 102 mil, lo que da un total de 914 552 litros de combustible robado, recuperado en el estado de Michoacán.

Es una irresponsabilidad con las familias mexicanas que por hacer falsas generalizaciones, delincuentes peligrosos vuelvan a invadir las calles.

Es una falta de respeto para aquellos que arriesgaron su vida en el combate a la delincuencia y sin mayor prueba tiremos este sacrificio a la basura.

De aprobar una ley en este sentido, estamos abriendo una compuerta a cientos de integrantes de grupos criminales, por ejemplo los Templarios.

Aquí hubo quienes le abrieron las puertas a este senado y ahora nosotros, lo queremos dejar muy claro, nos rehusamos a abrirles las puertas de la cárcel.

¿Qué precedentes estaríamos sentando como legisladores?

De aprobar esto estaríamos validando impunidad y la inseguridad.

Les dejo también otra reflexión, compañeras y compañeros: qué va a pasar con esas familias que reconocieron a sus agresores y, con base en esta ley, los dejaran libres; qué pasaría con las horas de trabajo de jueces, de policías, de ministerios públicos, que trabajaron en cada uno de esos casos.

¿Saben lo que vamos a propiciar?

Que se legisle en el mismo sentido para Guerrero.

¿Y luego qué sigue?

Que asesinos confesos de estudiantes salgan libres con base en leyes fundadas en dichos. Repito: esto es peligroso. Espero que puedan reflexionar su voto y que aquellos que voten a favor, que estén dispuestos a dar explicaciones a las mexicanas y a los mexicanos cuando a éstos se los exijan.

Es cuanto Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias senador Puente.

Tiene el uso de la voz, para fijar posición, por parte del Partido de la Revolución Democrática, el senador Benjamín Robles Montoya.

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias senador Presidente.

Compañeras y compañeros senadores:

Nosotros no queremos dejar pasar la oportunidad para referirnos a este tema en los siguientes términos, particularmente porque -y eso lo quiero acotar- sin duda ha sido uno de los más relevantes durante la presente legislatura.

Nuestra postura en el PRD ha sido muy clara desde el comienzo.

El surgimiento de los grupos de autodefensas es una de las más seria consecuencias –así lo vemos- de la ineficacia de los gobiernos de todos los niveles; de todos los niveles; ineficacia en garantizar para los ciudadanos la seguridad y la justicia.

Es una muestra, también así lo vemos nosotros, de la impunidad que priva en nuestro país y sin duda del hartazgo de miles de mexicanos que se ven orillados a actuar ante la ausencia de un gobierno que garantice la más elemental seguridad, con todas las implicaciones de violencia e ingobernabilidad que su acción sin duda puede acarrear.

Pero además, hay que decirlo –lo subrayamos- el surgimiento de los grupos de autodefensa, no sólo en Michoacán sino también en otros estados como Tlaxcala, Guerrero o el Estado de México, fue sin duda uno de los primeros síntomas visibles de la crisis que hoy estamos viviendo en nuestro país, porque puso en evidencia la ausencia misma del Estado, pero también la indolencia y el abandono del mismo.

Creemos que la conformación de los grupos de autodefensas jamás debió ser una alternativa.

Pero debemos reconocer, compañeras y compañeros, que la ausencia del Estado fue tal que la gente, mucha gente, buena gente, no tuvo más opción que defenderse como podía de las agresiones de la delincuencia.

Podríamos estar a favor o en contra de estos grupos. Yo respeto la opinión de todos, pero creo que ese no es el tema.

Lo importante para nosotros en el PRD es reconocer que el Estado es responsable por el surgimiento de las autodefensas y por ello creo que este Dictamen en el que el Senado reconoce la magnitud y la complejidad del fenómeno y sus implicaciones es un paso correcto en el que tenemos que enrutarnos todos.

Pero sobre todo pensamos, compañeras y compañeros, que se realiza un acto de justicia con esta propuesta, tal vez un poco tardía pero al final de cuentas es un acto de justicia para aquellos quienes no tuvieron más remedio que tomar las armas para defenderse de las agresiones de la delincuencia y para suplir la ausencia y la indolencia de las autoridades omisas que por mucho tiempo los abandonaron a su suerte.

Por eso, compañeras y compañeros, quienes formamos parte del Grupo Parlamentario del PRD, estamos listos para aprobar, apoyar este Dictamen.

Es cuanto señor Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias senador Robles Montoya.

En el turno del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz el senador Javier Corral Jurado.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias Presidente.

Participo en esta sesión sin ser miembro de la Comisión de Justicia. Pero a nombre del conjunto de senadores que suscribimos esta Iniciativa para crear una Ley de Amnistía.

Yo debo empezar por señalar lo que está pasando en este momento en el Senado de la República.

Está montada desde ayer una embustera operación encabezada, ni más ni menos, por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

El Procurador, que debiera mantenerse en la imparcialidad, ese que está encargado de las investigaciones de Ayotzinapa es el Procurador del PRI, porque ha venido, han traído representantes de PGR, estuvo también Alejandro Rubido ayer; estuvo el Subsecretario de Gobernación para trabajar en la estrategia legislativa de este día, con la bancada del PRI.

La PGR y las instituciones de seguridad pública de este país, están al servicio del PRI y eso es una tragedia frente al momento que vivimos.

Vinieron incluso a compartirles expedientes que se supone, es información reservada, y vinieron a montar la estrategia embustera de que esta iniciativa busca beneficiar a delincuentes, como lo acaba de decir el representante del Verde, del senador Puente Salas.

Esa es la tragedia de este país. ¿Quién le cree a Murillo las investigaciones de Ayotzinapa, cuando se coloca al servicio de una estrategia partidista para tratar de detener una iniciativa que busca hacer justicia frente a detenciones, no sólo arbitrarias, sino absolutamente injustas?

Y ahora han sacado el cuento de que se pretende beneficiar a 3 mil delincuentes peligrosísimos, ¡falso de toda falsedad! Mienten, a sabiendas de que mienten; porque Osorio, que es el gran fracasado de la estrategia de seguridad pública en este país, mientras más fosas le salen en Guerrero y en otras partes del país; quiere mantener a Mireles Valverde y a otros autodefensas de Michoacán en la cárcel, como un acto de revancha política.

Un parón que le dieron a Mireles cuando convocó a un movimiento nacional de autodefensas, y cuando lo vieron venir políticamente en Michoacán. Es el fondo de lo que estamos discutiendo.

Y ya echaron a andar a los medios, con su brazo, con su cañón terrorista que se han convertido las televisoras, para decir: ¡Ah!, quieren amnistiar a delincuentes.

La iniciativa es clara y los que sean abogados y mínimamente hayan pasado por las lecciones del derecho penal, sabrán que esta iniciativa no concede beneficio alguno a delito grave. O que nos diga el senador o los senadores que quieran, dónde dice que van a beneficiar a delitos graves.

Y dos, hay cuatro condiciones muy claras, que incluso nos fueron criticadas por el nivel restrictivo del planteamiento. Bueno, primero, se refiere a los grupos armados, que fueron detenidos, encarcelados, sometidos a juicio porque no quisieron desarmarse tras el supuesto acuerdo que el Gobierno de la República les había planteado en Michoacán a las autodefensas.

Primero las usaron. Aquí vino Osorio el primer año y casi, no sólo las legitimó, las reconoció; tan las reconoció que el Gobierno uniformó a miles de autodefensas en Michoacán; le hicieron el trabajo el primer año a Peña, le limpiaron muchas comunidades del crimen organizado; se enfrentaron a los grupos criminales en Michoacán defendiendo a las comunidades, a sus familias, a la gente.

Y luego, al año los traiciona Peña metiéndolos a la cárcel; ¿por qué? Porque no quisieron someterse a un acuerdo absolutamente desventajoso para ellos.

¿Cuál fue el acuerdo?

De que se desarmaban, pero se detenía a los principales capos del narcotráfico de Michoacán, incluida “la Tuta”, dentro de los siete que quedaron establecidos en el convenio.

No se ha detenido a ninguno: se detuvo al hijo del Gobernador, a un exgobernador y a otro y a otro; pero a “la Tuta” nadie la detiene; detienen a todos los demás, menos a “la Tuta” en Michoacán.

Y entonces, a los que colaboraron, hay declaraciones aquí, de Osorio reconociendo a las autodefensas; a Mireles, el gobierno federal le brindo protección cuando el accidente y le mantuvo una guardia permanente.

Entonces, ¿Por qué hay que desmontarla operación embustera? Porque no se vale. Una cosa es que quieran tiempo y otra cosa es que digan que hay que escuchar a Rubido y que hay que escuchar al subsecretario y al procurador.

Que el procurador se comporte como Procurador General de la República, no como Procurador del PRI. Quién le va a creer a Murillo sus investigaciones, cuando se pone de acuerdo con una bancada para emitir un dictamen, quién le va a creer.

Ese es el tamaño del problema que tenemos: las instituciones de procuración de justicia al servicio de una estrategia de partido en el parlamento, qué barbaridad.

Digan: creemos que debe haber esta enmienda, esta adición, esta corrección, aquí puede darse esta interpretación, pero que salgan con que se van a liberar a miles de delincuentes y narcotraficantes, por favor.

El artículo primero que plantea la iniciativa y que nosotros hemos pedido al Presidente de la Comisión de Justicia que retome de manera íntegra, dice que se decreta la amnistía a favor de personas que cumplan los siguientes requisitos:

Primero, que se les impute delitos del orden federal que fueron cometidos entre el 24 de febrero del 2013, al primero de septiembre del 2014. Pero luego dice: que fueran detenidos también entre el siete de marzo de 2013 y el primero de septiembre; y luego dice, que efectivamente hayan formado, pertenecido a grupos u organizaciones denominadas autodefensas o policías comunitarias y, cuatro, que la participación en esas conductas se encuentren motivadas por un estado de necesidad para salvaguardar su integridad física, la seguridad de sus familias, patrimonio, derechos o comunidad anti ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada.

No dice nada más que haya sido detenido entre un día y otro, no, dice: tiene que cumplir cuatro requisitos fundamentales. Pero no sólo eso, el artículo tercero dice, en ningún caso operarán lo beneficios de la presente ley por delitos anteriores al periodo señalado en el artículo primero y que afecte de manera directa los derechos fundamentales de las personas.

De hecho hemos colocado una propuesta que nos pidió la Comisión Mexicana de Promoción y Defesa de los Derechos Humanos, que es: que aunque hubiera sido autodefensa y se pudieran acreditar todos estos candados, si cometió algún delito que violentara un derecho humano fundamental, no se pudiera beneficiar.

Porque a nivel internacional, los tratados internacionales han sugerido que ninguna ley de amnistía o han recomendado, perdón, que ninguna ley de amnistía beneficie violaciones a los derechos humanos y también está establecido aquí.

Incluso, de los propiamente llamados autodefensas son muy pocos, habría que decirlo así, realmente, los que terminarían beneficiándose de la amnistía, porque se tienen que cumplir todas las condiciones que se establecen en el dictamen.

Y entonces ahora que ha hecho una magnificación, una burda magnificación, como la que aquí acabamos de escuchar, entonces no es cierto que les interese el proceso de paz en el país. El gobierno es incapaz de comprender lo que está pasando en México. En realidad no quiere reconciliar a la nación.

Usa al Ministerio Público como instrumento de represión política y ese es el caso de las autodefensas. Son incapaces de ver la crisis de derechos humanos que hay de inseguridad que hay en el país y yo creo que habría que preguntarnos qué es lo que quiere el gobierno en Michoacán.

Ahí está el comisionado Castillo, ese sí invadiendo todas las facultades, si, muy celosos de las facultades del Ministerio Público y del Poder Judicial, un oficio que mandó Monte Alejandro Rubido al Subsecretario Solís Acero, diciendo que invade esta ley las facultades del pueblo. Pues no conoce la Constitución; no sabe que es una facultad del Congreso amnistiar, como del Presidente de la República conceder indultos.

Esa prontitud que tiene Rubido, y Osorio, y Murillo Karam, debieran tenerla para investigar al Presidente de la República en este enriquecimiento inexplicable de su patrimonio personal con la Casa Blanca.

¡Ah!, pero también ahí montaron una embustera operación, pero ahí para que nadie toque nada.

Ya en el Senado ya ni se dice nada del tema; nadie trata el tema de la “casa blanca”. Cómo fue eso posible, qué pasó de que ya nadie toque ese asunto, quién prohibió que se tocara en el Senado, en la Tribuna del Senado el tema de la “casa blanca”.

Ese es el Procurador y el Secretario de Gobernación que queríamos, o que queremos. Pues no; los que vienen aquí a reducirse una estrategia partidista.

Entonces hay que atajar con toda claridad esta embustera operación; ahora resulta que queremos liberar delincuentes.

Esa es toda la estrategia montada, mediáticamente desde ayer en la televisión y que hoy reproducen casi de la misma manera algunos de los legisladores del PRI en diversos medios impresos.

Pues qué pena que a un asunto que podría ser una oportunidad para el Gobierno de la República, porque si hubiera capacidad para entender la oportunidad que hay en esta Iniciativa, le entrarían de otra manera, no con una campaña embustera.

Ese es el tema que yo quiero plantear y por supuesto que ya en la discusión particular, artículos por artículo, le vamos a entrar porque evidentemente las extrapolaciones que se están haciendo y toda esta magnificación de los 3 mil delincuentes que van a salir por esta Iniciativa.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias senador Corral.

Tiene el uso de la voz la senadora Arely Gómez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Voy a fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, pero será un posicionamiento jurídico, un posicionamiento enfocado a la justicia y no estamos ahorita aquí en un tema de retórica. Iré a los hechos concretos:

Primero quiero hacer determinadas aclaraciones:

El Procurador General de la República no estuvo en el Senado para tratar este tema; lo niego. No estuvo ni él ni ninguno de sus representantes cercanos.

El señor Procurador General de la República no se ha presentado en el Senado de la República…

(DIVERSAS INTERRUPCIONES)

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: …señoras, señores senadores: les ruego… señor senador; señores senadores: les ruego; señor senador...

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:…yo no dije Procurador, dije representantes…

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: …señores senadores: les ruego que podamos conservar el orden de esta sesión.

Está una senadora en el uso de la voz. No se permiten diálogos entre los integrantes.

Vamos a escuchar a todos con todo respeto y con las cortesías que amerita nuestro Parlamento.

Tiene usted el uso de la voz, senadora Arely Gómez.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Gracias Presidente.

También reitero que al Grupo Parlamentario del PRI no se le ha entregado ningún expediente.

Ahora, por otro lado, si bien funcionarios del Gobierno Federal han platicado con algunos senadores o senadoras, es porque los funcionarios públicos están al servicio de todos.

Cualquiera de ustedes que los llamen o que los han llamado, han sido atendidos por los funcionarios públicos.

Entonces hago esas precisiones y me enfoco al posicionamiento:

Primero: Quiero expresar en esta intervención la gran preocupación del Grupo Parlamentario del PRI por lo delicado de este tema, de este Dictamen, y quisiera decir:

Una Ley de Amnistía tiene amplias implicaciones para el Estado de Derecho en un país con las condiciones de seguridad que vive México.

Es importante delimitar claramente el grupo de personas a quienes se dirige la periodicidad por la que se otorga el perdón o punto final a la persecución penal y acotar de manera fehaciente que quienes se inscriban para dicho proceso fueron víctimas de una persecución de carácter político en la legítima búsqueda de hacer valer los valores.

En el dictamen, que busca reglamentar lo dispuesto en el artículo 73 constitucional, no se aprecian algunas de las hipótesis previamente enunciadas. Tampoco existe una ponderación clara del costo-beneficio de abrir una prerrogativa de esta naturaleza, para quienes sí están sujetos en este momento a proceso penal; pues lo contrario sería una acción pervertida del Estado en contra de los ciudadanos por olvidar crímenes cometidos en contra de una comunidad en aras de un discurso de autoprotección, sin distención clara de una autodefensa legítima o no.

Y me voy textualmente a la página 3 del dictamen, donde se pone: “Finalizan los senadores en su iniciativa, resaltando que se han ejercido acciones penales en contra de los líderes y otros miembros de las autodefensas; siendo aproximadamente 388 los autodefensas presos, muchos de ellos por razones políticas, ya que no existen pruebas o elementos que hagan suponer la comisión de delitos que se les imputa y que los individuos pertenecientes a las autodefensas, fueron detenidos arbitrariamente en desmedidos operativos que son, a todas luces, inconstitucionales; los cuales derivaron en faltas del debido proceso, violando el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Bueno, creo que hay que tratar este tema con la seriedad que merece. Es un tema de justicia, es un tema de Estado de Derecho; más que conocimiento empírico, es contar con los datos suficientes de las entidades que en este caso son competentes. Los tenemos.

Ahora bien, hago énfasis: no se puede dictaminar diciendo “aproximadamente”. Aquí con aproximados no nos vamos, necesitamos información cierta para estar en condiciones de poder analizar un tema que merece la responsabilidad que este tema merece.

Por otro lado, sería una gran irresponsabilidad y arbitrariedad del Senado de la República, eximir de responsabilidad a gente de la que no se conoce exactamente por qué delito se encuentra procesada: otra omisión del dictamen. Con el respeto que se merecen mis compañeros: falta información.

Ahora, vayamos a lo siguiente: La primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿qué determina la calidad de autodefensa o policía comunitaria? ¿De qué manera se va a determinar quién sí era y quién no lo era?

No existe en otro ordenamiento ni en la redacción del decreto, algún elemento que ayude a determinar la calidad del sujeto; por lo que se convierte en un concepto abierto en el que se pueden encuadrar personas en las que ni quisiera se está pensando en este momento, ¿Cómo quién? Como narcotraficantes, que también se sustentaban como líderes comunitarios.

Creo que tenemos que saber que aquí no porque alguna persona… no vamos a dejar libres a personas que cometieron delitos del orden común, como son portación de armas, delincuencias organizadas, en fin, si no tenemos los elementos suficientes para saber cuál es el tipo penal por el cual se le está acusando y si encuadran dentro de lo que sería una autodefensa, para tener la posibilidad de que se les diera la amnistía.

Y la segunda pregunta es, ¿no consideran ustedes que el Poder Judicial de la Federación está haciendo bien su trabajo?

Bueno, la iniciativa parte de la idea de que las detenciones fueron arbitrarias y que no hubo pruebas, a pesar de que un Juez Federal consideró que existían elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado y, con esto, iniciar el proceso penal. No es una determinación del Ejecutivo, ésta es una determinación de control judicial.

La tercera cuestión, es que mencionan en la iniciativa que se trata de un proceso político sin pruebas ni elementos. Si esto es verdad, ¿qué les preocupa? Nosotros tenemos confianza en que si lo que ustedes dicen es verdad, el Poder Judicial de la Federación, como uno de los tres Poderes del Estado que actúa de manera independiente e imparcial, va a dictar sentencias absolutorias.

No vemos la necesidad de que antes siquiera de que el Poder Judicial pueda dictar una determinación, ustedes los quieran liberar. ¿Por qué la prisa?

Esta iniciativa –concluyo– utiliza la figura de amnistía para generar impunidad de delitos sobre los que la autoridad judicial se debe de pronunciar. No podemos invadir esferas de competencia.

Los delitos por los que son procesados las personas a las que ustedes quieren liberar, son básicamente tres: posesión de arma de fuego, delito contra la salud y extorsión. Estos son los delitos que ustedes quieren olvidar para que estas personas salgan libres y los sigan cometiendo.

Que quede muy claro, es un tema de derecho, de justicia; no es un tema de retórica. Y, me quede claro, el Procurador General de la República y las instancias del gobierno federal, están actuando. Es uno de los tres poderes. El Poder Judicial está actuando y nosotros, como Senado de la República, tenemos que actuar, pero ciñéndonos al marco de la ley.

El Procurador General de la República integró las averiguaciones previas para sostener los procesos penales; procesos penales que ya están ahora dentro de otro de los poderes de la unión, dentro del Poder Judicial.

Hay que demostrar cuáles son los dichos que ustedes señalan y vamos a probar lo que se está diciendo. Y vamos a pedir respeto a las instituciones.

Y, les aclaro, cualquier funcionario público puede venir al Senado de la República –como se ha hecho– para aclarar situaciones o para ilustrarnos de algunos temas.

Muchas gracias.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora.

Ha concluido la etapa de posicionamientos de los grupos parlamentarios. Antes de dar cauce en la discusión en lo general, que se ceñirá a lo establecido en el reglamento, turnos a favor y en contra de manera alternada, voy a dar cuenta de la entrega de dos oficios que fueron remitidos a la presidencia de esta Comisión, suscritos por el Subsecretario de Gobernación, licenciado Felipe Solís Acero.

En el primero de ellos, hace comentarios sobre la competencia que tiene el Congreso de la Unión con respecto a la declaratoria de amnistía. Y, el segundo de ellos, hace referencia a las posibles implicaciones que, a su juicio, podrían generarse a partir de la aprobación de esta Ley de Amnistía.

Estamos circulando ambos oficios para ilustrar el juicio de la Comisión de Justicia.

SENADOR: Habría que preguntar al senador Corral si está de acuerdo, porque parece que no le gusta.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Permíteme. Es una decisión de la presidencia que no se somete a votación; simplemente serán circulados los dos oficios entre los integrantes de la Comisión de Justicia.

¿Para qué efecto, senado Fayad?

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Con el efecto de pedirle, Presidente, se lean públicamente aquí las opiniones que se han dado, porque eso nos va a aclarar muchísimas cosas.

¿Para qué estamos especulando o para qué lo dejamos a la interpretación?

Son dos opiniones que me parecen fundamentales para la argumentación de lo que aquí vamos a hacer y son una o dos cuartillas.

Yo no veo por qué no pueda pedirle a la Secretaría de la Comisión, a cualquiera de los secretarios de la Comisión, pueda dar cuenta de esas opiniones.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: En razón de que se trata de una petición de lectura de documentos, no tengo ningún inconveniente en pedirle a la Secretaria de la Comisión que dé lectura a ambos oficios en el orden en el que fueron presentados.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Oficio del 8 de diciembre de 2014. Oficio número SEGOB/SNC/336/2014:

“Licenciado Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos. Presente.

En atención a su oficio SEL/300/3107/14 de fecha 8 de diciembre de 2014, a través del cual solicita la opinión de esta Comisión Nacional respecto de seguridad respecto de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de los miembros de los grupos y organizaciones denominados autodefensas o policías comunitarias del estado de Michoacán; por medio del presente, me permito hacer los siguientes comentarios:

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura del Senado de la República, analizaron y elaboraron el dictamen concerniente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de las personas integrantes de los grupos denominados autodefensas en el estado de Michoacán.

Al efecto, dichas comisiones unidas desarrollaron los trabajos correspondientes en apego a lo dispuesto por fracción a) del artículo 72 constitucional y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, cumpliendo puntualmente con las formalidades de estilo desde el punto de vista jurídico.

Sin embargo, esta comisión nacional recomienda cautela, vistas las consideraciones que motivan el sentido de la opinión de los integrantes de las comisiones unidas dictaminadoras, ya que los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del documento en estudio, descalifican los trabajos del Poder Judicial de la Federación en los casos concretos conocidos y resueltos por los jueces respectivos.

Los legisladores necesariamente invaden la esfera de actuación del Poder Judicial Federal como del Ministerio Público Federal, cuando sustentan sus argumentos en el conocimiento público y los sucesos que dieron origen a los grupos denominados autodefensas o policías comunitarias, ya que sin conocer las causas concluyen que en todo caso las acciones de los procesados tenían como finalidad subsanar la falta de autoridad que existía en diversos municipios del estado de Michoacán.

Los mismos legisladores reconocen que el propio gobierno federal estableció vías de diálogo con esos grupos e incluso les facilitó formas de regularización de sus actividades, a través de su incorporación a la policía rural, con lo que se constata que el mismo Poder Ejecutivo Federal consideró legítima la lucha que estaban librando, sin incluir a los que fueron sometidos a la justicia por conductas –creo que debemos prestar atención— delictivas diversas, ajenas al movimiento popular.

La invasión de las facultades está demostrada por las comisiones unidas cuando expresan su más profunda preocupación por las personas que, habiendo participado en esos movimientos de autodefensa, aún siguen privados de su libertad, ya que de ninguna forma pueden asegurar que enfrentan procesos penales federales, precisamente por haber formado parte de los grupos regularizados como fuerzas de seguridad rural o han regresado a sus hogares.

Por ello la inequidad de la prisión en unos casos, y la libertad en otros del mismo movimiento, constituye una declaración insostenible en el ámbito de la certeza jurídica por carecer de evidencias mínimas que le den viabilidad.

Por tal razón, resulta muy discutible que el Legislativo dicte resoluciones de carácter jurisdiccional en casos específicos, cuando su labor esencial se constriñe a revisar la legislación sustantiva y adjetiva en todas las materias para propiciar que este tipo de casos cuestionados sean prevenidos y. en su caso, corregidos, asegurándose que la población cuente con la certeza de que las leyes son imparciales, generales y abstractas.

En ese contexto, los integrantes de las comisiones unidas dictaminadoras invocan desperfectos técnicos que han localizado sin precisar las normas que los contienen y además estiman, desconociendo así la división de poderes que la Ley de Amnistía sería un acto de justicia que si bien no resuelve por completo la problemática que enfrenta el Estado de Michoacán en materia de seguridad, sí envía un certero mensaje consistente en expresar que todas las instituciones de todos los órdenes de gobierno deben de colaborar en el mejoramiento de las condiciones en que habitan los mexicanos y para reducir la inseguridad al mínimo.

En concreto: esta Comisión Nacional considera que antes de someter al Pleno del Senado de la República el Dictamen de cuya opinión se trata, debe recabarse la opinión previa tanto de la Procuraduría General de la República, como del Poder Judicial de la Federación, a efecto de contar con la efectiva participación de los Poderes de la Unión en la solución integral del conflicto concerniente a los grupos denominados autodefensas en el Estado de Michoacán.

Sin otro particular, refiero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente: licenciado Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad. Lo rubrica.

Segundo Oficio:

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: El segundo; ¿ya los encuadernó?

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Ahorita nos acaban de circular este oficio.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: A ver si nos pueden dar copia del segundo.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Ese que traes ahorita en la mano es el 8 de diciembre que nos lo hicieron llegar.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Este es del 10.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: La Secretaria de la Comisión va a dar lectura al segundo oficio. Estoy instruyendo para que tengan copias de ambos.

Pero el senador Fayad me ha pedido lectura en público de los dos. En consecuencia, habrá de proceder en esos términos la senadora Arely Gómez.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES. Y una pregunta Presidente: se pidieron otras opiniones, ¿verdad?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Esas son opiniones que envió la Secretaría de Gobernación motu proprio.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: ¿La Comisión pidió opiniones a otras autoridades?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: No. No se pidieron opiniones a ninguna.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: ¿No se pidió ninguna opinión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Comisión de Derechos Humanos?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: En el caso específico del Poder Judicial de la Federación, el Senado de la República está impedido, y el Poder Judicial también, para dar información sobre expedientes judiciales.

Es la razón por la cual no se solicitó…

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: …no, no de los expedientes sino la opinión sobre el tema, porque me parece…

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: …senador Fayad: por qué no ese tema lo discutimos en lo general, porque no hay ningún precedente de Ley de Amnistía en el que se hubiese consultado a ninguna instancia externa del Senado; ya por lo menos cuatro ocasiones en que se haya aprobado la Ley de Amnistía.

En consecuencia, no es un requisito de forma ni tampoco sustantiva. En consecuencia creo que la discusión debemos de plantearlo sobre los términos del Dictamen.

Le voy a pedir a la senadora Arely Gómez que dé lectura al segundo oficio para poder proceder a la discusión.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Policía Federal. Oficina del Comisionado General.

Oficio número PF/OCG/03015/2014.

México, Distrito Federal, a 10 de diciembre de 2014.

Licenciado Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo.

Distinguido Subsecretario:

Por este conducto y en relación con el Proyecto del Dictamen concerniente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de las personas integrantes de los grupos denominados autodefensas, en el Estado de Michoacán, elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República, respetuosamente me permito hacerle los siguientes comentarios:

Una vez analizado el Dictamen, se aprecia que con la redacción propuesta habría posibilidad jurídica para que presuntos responsables vinculados con la delincuencia organizada, obtengan los beneficios de la misma.

En Michoacán, durante el periodo comprendido del 24 de febrero de 2013 al 1° de septiembre de 2014, fueron detenidas 3 mil 366 personas, de las cuales 2 mil 283 fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, y 983 a disposición del Fuero Federal.

De los 983 del Fuero Federal, destacan 245 detenidos por violación a la Ley Federal de Armas, de Fuegos y Explosivos, 142 por delitos contra la salud, y 336 por una combinación de ambos, quienes pudieran acogerse a esta Ley, toda vez que tanto en la legislación local como en la Federal, no existe una definición de grupo de autodefensa o policía comunitaria, y además no existe un registro de estos grupos contra el cual podamos verificar su calidad.

Por otra parte, creo oportuno compartir que estos 983 detenidos del fuero federal, en muchos casos fueron señalados por la propia comunidad o detenidos en flagrancia cuando portaban armas de uso exclusivo, drogas o vehículos robados o participando en enfrentamientos directos con la autoridad.

Es de destacar que de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo de estudio se cometieron en el estado de Michoacán mil 502 homicidios dolosos, de los cuales 761 se produjeron con arma de fuego.

De aprobarse el dictamen en sus términos, es altamente probable que dentro de los candidatos a obtener el beneficio legal propuesto, se encuentren los responsables de estos actos ilícitos; sentando un precedente de impunidad que podría impactar severamente a la sociedad, con lo cual se desvirtuaría todo propósito de los legisladores iniciantes, toda vez que al buscar beneficiar a cierto grupo en particular, podría provocarse como consecuencia –desde luego no deseada– el dejar en libertad a peligrosos delincuentes.

Ahora bien, es la autoridad judicial quien ha dictado el auto de formal prisión en todos los casos de los detenidos que se encuentran en Centros de Readaptación Social; por lo cual da por legal su detención y determina que existen elementos suficientes para sujetarlos a proceso penal.

En virtud de lo anteriormente expuesto, es que consideramos de la mayor importancia que los integrantes de las comisiones dictaminadoras del Senado de la República, conozcan la situación general que guarda el presente asunto y las consecuencias que podría tener la aprobación de un dictamen como el que se plantea.

Sin otro particular, esperando que estos comentarios sean de utilidad, me reitero a sus órdenes.

Atentamente,

El Comisionado General, Maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos.

Es cuanto, Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora Arely Gómez.

Vamos a abrir la discusión en lo general, si les parece, para mantener el orden.

Senador Corral, ¿para qué efectos?

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Yo quisiera, Presidente, pedirle que con relación a los documentos que se han leído pudiéramos también hacer una opinión, toda vez que se ha introducido como fue solicitado por los senadores, el conocimiento de estos oficios.

Yo solamente haré una breve intervención sobre ello.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Consulto, ¿alguien más quisiera hacer un comentario con respecto a la lectura de los oficios?

Senador Manuel Bartlett, ¿quién más?

Senadora Angélica de la Peña.

Agotaríamos estos tres turnos de comentarios con respecto al contenido de los oficios y, posteriormente entraríamos a la discusión en lo general.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Yo quiero posicionar a favor de la iniciativa.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Yo, en relación a los oficios.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: En relación con los oficios tengo inscritos al senador Javier Corral, al senador Manuel Bartlett, a la senadora Angélica de la Peña y al senador Omar Fayad.

Con ese turno de oradores concluiríamos este trámite en específico y entraríamos a continuación a la discusión en lo general.

Tiene el uso de la voz el senador Javier Corral.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias.

Es simplemente para contextualizar las comunicaciones oficiales que hemos escuchado. La gente que sigue esta sesión, debe saber que la Comisión de Justicia ha dado lectura, ni más ni menos, que a los oficios de los carceleros.

Y por supuesto, así debemos enmarcar la opinión, que no podía ni debía ser otra. Si quienes los encarcelaron están ahora centralmente cuestionados por el proyecto de dictamen, es lógico que respondan así.

Hay que agregar que es de lamentar que los carceleros cometan estas magnificaciones. Pero lo más delicado, es que el Comisionado Federal para la Seguridad Pública, que es Monte Alejandro Rubido, desconozca la Constitución. Un nombramiento que fue ratificado por el Senado y al que se le brindó plena confianza.

Quizá el Comisionado libró todos los exámenes de confianza, pero no creo que haya librado el examen de la Constitución. Dice el Comisionado: “discutible que el Legislativo dicte medidas de carácter judicial”. El comisionado debe ser convocado, efectivamente, a comparecer al Senado de la República, por su conocimiento de la Constitución.

El artículo 73 de la Constitución, fracción XXII, faculta al Congreso de la Unión para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la federación.

Medida de carácter judicial. ¿En serio en estas manos está la seguridad pública en México? Es muy preocupante, más allá de que sea uno de los que apresó a varios de los autodefensas, incluido el doctor José Manuel Mireles.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Senado Manuel Bartlett.

SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Lo que hemos escuchado aquí en este primer planteamiento es, en general, lo que el Ejecutivo quiere transmitirnos.

Es decir, hay un mandato del Ejecutivo; hay una serie de puntos que, bueno, que se pidió que se leyera, porque de ahí podemos concluir que lo que aquí se ha dicho es lo mismo.

Lo oímos ayer en televisión, una verdadera ofensiva contra el Senado de la República para que no sesione, para que no discuta una ley, para que se someta a lo que han venido haciendo en el Ejecutivo.

Es decir, ustedes están simplemente leyendo, leyendo argumentos del Ejecutivos hechos a toda velocidad el día de ayer.

Ahora, eso es importante para que veamos que no estamos aquí en un debate con los senadores que han hablado, sino tenemos un debate con el área de justicia del Ejecutivo de la Unión. Así es que, eso es lo que considero yo que valen esos argumentos.

Ya se leyó aquí el artículo que nos faculta absolutamente a la Ley de Amnistía, está perfectamente claro. De manera que, repetir que no tenemos facultades, que estamos violando el equilibrio de poderes, es un absurdo. Es una posición autoritaria de esos funcionarios del Ejecutivo.

Pero además parece ridículo que vengan a hablarnos del derecho constitucional o de esta imposibilidad del Senado de cumplir con sus facultades, cuando quien ha violado la Constitución sistemáticamente ha sido el Presidente Peña Nieto al intervenir en el estado de Michoacán y poner a un auténtico virrey, como se le llama, a un funcionario federal a manejar el estado.

Todo esto que estamos viviendo fueron instrucciones clarísimas que hemos visto durante esos meses, las acciones presuntuosas del señor comisionado Castillo.

El señor comisionado Castillo se apoderó del Poder Ejecutivo del estado de Michoacán. Se apoderó del Poder Legislativo del estado de Michoacán. Actuó con la protección de las policías federales. Se convirtió en un auténtico virrey o dictador, violando la Constitución de la República, anulando la soberanía del estado de Michoacán. Y ahora nos vienen a decir que hay que respetar las leyes, cuando todo esto que ha pasado, lo vimos en la televisión –fíjense ustedes que fallo de la televisión en algunos casos– todo son instrucciones del señor Castillo. El señor Castillo es el que ordenó todo esto.

Dice la senadora Arely que si no tenemos confianza en la justicia. Claro que no. La hemos visto actuar.

La justicia esta se llama “Castillo”. Él es el que ha hecho todo esto, violando la Constitución.

¿Cómo podemos venir ahora con estos pujos de legalidad y de equilibrio de poderes, cuando todo está pungado(sic) en acciones ilegales e inconstitucionales de un señor Castillo que mandó Peña Nieto a imponerse sobre la soberanía del estado de Michoacán.

Es el que actuó en todo esto; tomaba decisiones. Es el que ordenó que detuvieran a Mireles. Es el que ordenó tal y tal y tal… Lo vimos, así se dio.

No nos vengan con esta situación, ni en la creencia del Poder Judicial, porque lo hemos constatado.

El primer violador en todo este proceso es Peña Nieto enviando a un individuo que se posesionó de la soberanía del estado de Michoacán.

Muchas gracias, señor Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: A usted, senador Bartlett.

Senadora Angélica de la Peña.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, Presidente.

Desde el 25 de septiembre de este año, diversos senadores y senadoras presentaron ante el Pleno de este Senado el proyecto de iniciativa de amnistía; en esa misma fecha se manda, se turna a comisiones.

Ese es un asunto que se viene ya integrando en los trabajos de las comisiones y por lo tanto hoy no debemos sorprendernos de que estemos haciendo la discusión para su dictamen.

A mí me parece que es realmente improcedente, muy inadecuado, no quiero usar otro tipo de calificativos, la comunicación que manda a través del señor subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, el señor Comisionado Nacional de Seguridad, licenciado Monte Alejandro Rubido, en su oficio del ocho de diciembre, el ocho de diciembre y meses después, sabiendo que estaba en discusión una iniciativa de ley en esta materia y en el quinto párrafo dice textual:

“Los legisladores necesariamente invaden la esfera de actuación del Poder Judicial Federal como del Ministerio Público Federal”. Me parece totalmente irrespetuosa la forma como se dirige a nosotros.

Creo que necesitamos recordar que la Ley de Amnistía es una potestad del Poder Legislativo, que la extinción de la responsabilidad penal que se concreta a través de una ley de amnistía no participa el Ejecutivo y por supuesto tampoco participa el Poder Judicial.

El mandato de la Ley de Amnistía inscribe las características en las que se debe sustentar la aplicación del beneficio de la amnistía a las personas que tienen que cumplir con el precepto de los articulados de la propia ley y en ese aspecto me parece que lo que debiésemos discutir, si me permiten, con todo respeto, es en primerísimo lugar, si es necesaria o no esta ley.

Nosotros creemos que si, quienes estamos signando ya con nuestras intervenciones y lo haremos con nuestro voto de manera afirmativa, pensamos que sí, los argumentos son claros: el país necesita que también transitemos hacia acciones concretas que nos permitan enviar mensajes a la reconstrucción del tejido social.

Y el tejido social no se reconstruye, por cierto, dejando situaciones que lo único que hacen es enrarecer más el clima social en muchos territorios de nuestro país.

Nadie puede cuestionar por qué es a todas luces totalmente comprobable, cuál fue la razón de la organización de las autodefensas en el estado de Michoacán y de otros estados.

Esta debe ser, en todo caso, la principal preocupación que debemos llevar para la reconstrucción del Estado de Derecho y por supuesto para concebir un Estado de derecho totalmente distinto, que eso es lo que necesitamos discutir.

El país reclama que tomemos medidas que efectivamente reivindiquemos la amnistía como una precepto que nos permita, efectivamente, no cometer los errores y castigar a quienes tomaron la decisión de organizarse frente a una policía municipal cooptada por la delincuencia organizada; vacío de autoridad municipal que llevó a esta situación.

Ahora bien, no nos confundamos, cuando dicen los señores funcionarios, ya anticipándose y prejuiciándose, por cierto, respecto de que esta ley va a poner en la calle a los delincuentes organizados, me parece que es un prejuicio, insisto, prejuicio y además me parece que están cometiendo un error y, en todo caso, no se lee la iniciativa para que se establezca con toda puntualidad cuales son las características y está en el primer artículo del propio Dictamen.

Ya aquí se ha leído, se han leído los fundamentos constitucionales que efectivamente, definitivamente caracterizan la potestad de este Congreso, de esta Comisión, de esta Cámara de Senadores para trabajar en beneficio de esta construcción de la paz en nuestro país.

El Artículo Primero no tiene desperdicio y en todo caso, senadoras, senadores del PRI y del Partido Verde, en todo caso pongámosnos a discutir, como lo hemos hecho con otras Iniciativas, artículos por artículo; está claro o no está claro, si estamos motivados por lo mismo, está claro no está claro, qué es lo que tenemos que hacer; no es verdad que se pretenda favorecer en ninguna parte de los argumentos de la Iniciativa se esgrime que se esté hablando de mil, 2 mil, no sé cuántas personas.

Se está hablando de alrededor de unas cuantas centenas de personas que siempre tienen que pasar, a partir de la aplicación de esta ley, de la publicación de esta Ley, tienen que pasar por el tamiz de la autoridad; de la autoridad, ahí sí le corresponde la aplicación de la ley de la propia autoridad verificar quién sí se puede beneficiar y quién no se debe beneficiar. Y el clarísima.

Entonces yo llamo a que nos sentemos realmente en una actitud propositiva y pensemos en la situación del beneficio que podemos lograr para quienes están allí de manera injusta.

Efectivamente, es un asunto de abstracción de la responsabilidad penal que está en proceso.

Lo que nos dicen aquí los funcionarios no es nada nuevo; exactamente, de eso se trata, porque están allí exactamente en estas condiciones, con una sanción de privación de libertad.

Y ese es el sentido de la Ley de Amnistía, por cierto.

Gracias Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias senadora Angélica de la Peña.

Tengo inscritos a los siguientes senadores en este orden:

Senador Fayad; Luisa María Calderón; Chon Orihuela; Dolores Padierna; Jesús Casillas; Enrique Burgos, y Carlos Puente.

Senador Javier Corral: es para lo de los oficios, ¿verdad?

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Para los oficios.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA: Ya lo comentamos.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Ya está la discusión.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Estábamos en el tema de los oficios.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA: Yo comenté sobre el oficio.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Estamos en la etapa de discusión de los oficios, pero se inscribieron cuatro senadores del Grupo Parlamentario del PRI para discutir los oficios. Estoy dando cuenta de quién más ha solicitado el uso de la voz:

Tiene el uso de la palabra el senador Omar Fayad.

*****SIGUE SEGUNDA PARTE*****

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias.

Compañeras y compañeros senadores:

Yo creo que a veces se exacerban los ánimos y se desvirtúa el centro del debate.

Y yo quisiera hacer unas acotaciones y un llamado a propósito de los oficios que nos han dado cuenta.

Lo primero, y de verdad se lo digo a mi compañero Corral con toda honestidad, pero además tendría cómo probárselo:

No estuvo aquí el Procurador de la República ni su representante. Su agenda pública nos lo va a demostrar. No tendría por qué mentirle.

Usted sabe que cuando queremos una opinión yo lo digo en particular, no tengo empacho en pedirles a los representantes o a los titulares que nos den su opinión o que vengan.

Creo que siendo nosotros representantes de nuestros estados, con origen del Partido que gobierno, de verdad no le veo, y espero que usted no le vea ningún inconveniente.

Los hemos llamado para muchas cosas; estuvimos aquí con nuestros compañeros del Gobierno Federal para discutir una Reforma Política que llegó a buen puerto. En fin.

Creo que no pasa nada si nosotros podemos contar siempre con una opinión del Poder Ejecutivo.

Y de esta manera, para que no entremos en el debate o discusión de la presencia –de vedad se lo digo con toda honestidad-, ni el Procurador ni el Secretario de Gobernación, nosotros a veces le pedimos opiniones a quien en la propia Secretaría de Gobernación ha servido de enlace y representa a la propia Secretaría ante nosotros, que ha sido al Subsecretario Felipe Solís Acero.

Y también, y a ustedes les consta, todos quienes me han pedido realizar gestiones con la Comisión Nacional de Seguridad, que hemos sido atendidos por el Comisionado de la Policía Federal, por Enrique Francisco Galindo, sin que esto represente ningún atentado a la autonomía del Poder Legislativo. Al contrario, creo que esto ha sido una dinámica que ha tenido el Senado de la República, en la que yo no veo mayor problema.

Entrando en materia de los oficios, rescataría algo: nos dejan muy claro en uno de estos comunicados –en el del 10 de diciembre– una preocupación que yo creo que debemos atenderla, hay que escucharla, hay que ver si esto nos orienta en la discusión.

Se nos dice por el Comisionado: “No existe definición de grupo de autodefensa o policía comunitaria, como no existe un registro”. Nos está mandando una señal muy clara que es: cuidado, estamos dejando muy abierta una disposición en la cual en el artículo 1º de la Ley, con todo y que se acotan los casos, no habría forma de decir quién sí es autodefensa y quién no es autodefensa, porque no hay un registro nacional de autodefensas porque no se te expide credencial de autodefensa.

Porque además, muchos de los detenidos, y es a donde voy a fijar la litis, muchos de los detenidos fueron hecho en flagrancia. O sea, los detenidos fueron detenidos en flagrancia, cuando portaban o armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o drogas o vehículos robados o estaban participando en enfrentamientos, y habían sido denunciados por la propia ciudadanía.

Esta es la parte que quiero rescatarles del oficio, porque me parece muy importante tomarlo en cuenta para la discusión que vamos a tener a continuación ya sobre el articulado.

Dice el oficio, y de verdad les pido no desdeñemos opiniones como ésta: que es altamente probable que dentro de los posibles candidatos a obtener el beneficio legal propuesto, se encuentren responsables de actos ilícitos. No está siendo categóricamente señalando que todos, pero sí pudiéramos caer en el supuesto dentro de los probables.

¿A qué reflexión nos lleva la lectura de los comunicados y de la información que obtenemos por parte del Gobierno Federal?

A que me parece que cuando entremos a la discusión, ya en lo particular del articulado, me parece demasiada amplia la expectativa, siendo que hay casos que verdaderamente les preocupan a ustedes. Yo realmente fijaría la litis en los casos que les preocupan a ustedes.

Me parece que construir una ley de amnistía para sacar de la cárcel a Mireles, es un exceso, es mucho; mejor por qué no vemos, por qué no se discute, por qué no se analiza, por qué no nos allegamos de información, por qué no se hace una comisión que vea específicamente el expediente de Mireles y no nos metemos, por el tema de Mireles, en la necesidad de abrir en una ley de amnistía a más de 3 mil y pico de casos de personas que probablemente, probablemente pudieran llegarse a beneficiar por una ley y lo que los pudiera poner en la cárcel, porque con ello agraviamos a la sociedad, a quien lo denunció.

Porque cualquiera va a poder decir que era autodefensa, si no encontramos un mecanismo legal y no encontramos, además, la posibilidad de demostrar esa calidad de autodefensa; porque no va a ser fácil, es muy subjetivo.

Entonces, vayamos fijando la litis del tema, ¿es Mireles –y se los pregunto abiertamente– y unos cuantos casos? O vamos a abrir una ley en la que decía mi compañera Angélica, quien sabe que respeto y aprecio, que no tiene desperdicio; yo la vería con cuidado porque está muy laxo, está muy amplio, te caben 3 mil y pico de casos.

Entonces, no desdeñemos los comunicados, no sobrecalentemos el ambiente si podemos fijar la litis y podemos tomar acuerdos importantes; y si vamos a discutir una ley de esta trascendencia, sólo ha habido tres ejercicios como éste en la historia. Alleguémonos de más información; veamos si podemos hacer una Comisión que pueda ver algún expediente en específico, ver si hay casos de esta naturaleza, porque además pareciera ser que se nos olvida cómo era la situación de Michoacán, pero consultémoslo a los michoacanos.

Aquí hay algunos de ellos en la mesa. Ellos saben lo que ocurrió en Michoacán los últimos 12 años, hasta que llegó a un punto en que se genera este fenómeno, o más años, compañera, pero fueron muchos años y no podemos tampoco desdeñar una acción que ha logrado ir poco a poco recuperando la paz y la tranquilidad en el estado de Michoacán.

Tampoco podemos echar todo un esfuerzo por la borda, de haber hecho un ejercicio público de operaciones del gobierno que permitieron prácticamente desmantelar a un cartel importante del crimen organizado. No dejando ninguno de estos fuera, no tirando todo por la borda, viendo la necesidad –como me lo plantean aquí, de que veamos el caso específico de Mireles, no uso de pretexto el caso de Mireles– vayamos a abrir una puerta por la que puedan entrar casos en los que no reúnen evidentemente los requisitos, pero que va a ser tan subjetivo que se puedan acoger a una Ley de Amnistía personas que fueron detenidas en flagrancia o señaladas por la propia ciudadanía.

Esto es lo que quisiera ponerles en la mesa, compañeras y compañeros senadores.

Es cuanto, Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senador Fayad.

Senadora Luisa María Calderón.

SENADORA LUISA MARRÍA CALDERÓN HINOJOSA: Muchas gracias por darme la palabra. Yo soy michoacana y por eso estoy acá, y celebro que finalmente nos pongamos a discutir lo que pasa en Michoacán y el desorden en el que tratan de arreglar el otro desorden que había.

Yo quería participar respondiendo a las dos preguntas de la senadora Arely. Preguntó: ¿Quiénes son autodefensas y quiénes son policías comunitarias? Yo se lo voy a decir, porque desde hace casi un año que ellos se levantaron en armas para defenderse, no les hacían caso, finalmente fue el comisionado, en efecto.

¿Y qué creen? Llamó a las autodefensas y se sentó con ellos. O sea que él los legitimó.

¿Y qué creen? Se dejó llevar por las autodefensas a encontrar a los cabecillas delincuentes; entonces sí los reconoció.

¿Y qué creen? Estaban en flagrancia y no los detuvieron, porque había enfrentamientos entre los unos y los otros para librar los pueblos encabezados, acompañados y protegidos por las fuerzas federales y no los detuvieron.

¿Y qué cree? Después se sentó con ellos y les dijo: “A ver, chicos, ahora van a ser ustedes nuestros policías comunitarios”. Él los legitimó.

¿Y qué cree? Que les dijo: “A ver, diga cómo se llama, ¿dónde vive?, ¿qué armas porta?, y todas las armas de uso exclusivo del ejército y no los detuvo ni les quitó las armas, sólo les dijo: “Cuídelas en su casa”.

Los legitimó, estuvo en flagrancia con ellos, les permitió hacer uso de armas exclusivas del ejército y a ninguno detuvo, a ninguno de ellos detuvo, así que la primera pregunta que usted hace está respondida.

Don Alfredo Castillo, a quien nosotros hemos dicho que está incumpliendo anticonstitucionalmente con algunas facultades que no son delegables del Secretario de Gobernación en desorden, fue a reconocer a los grupos que decidieron defenderse ellos mismos. Les llamó primero autodefensas, luego les llamó policías comunitarios; luego dijo: “Fíjense que no me gusta la figura esta de policía rural o guardia rural que tiene el ejército, porque qué flojera que tengan que marchar y reportarse, mejor les llamamos guardias rurales”. Claro, después les llamó fuerza rural, y ahora tenemos otra que está en las ciudades, que se llama fuerza ciudadana.

Y les dio uniformes y les dijo que les iba a pagar; que, por cierto, no les ha pagado, porque dice que tiene problemas financieros y que necesita mil y tantos millones de pesos para poder cumplir con su estrategia de seguridad.

Su otra pregunta, que si creemos en la tarea que está haciendo la policía judicial.

¿Qué creen?

Hace unos meses mataron a nuestro alcalde de Tanhuato y a los tres días, 72 horas, tenían presos a los guardias rurales del municipio vecino, que era Yurécuaro, por cierto torturado el líder de los guardias rurales, porque dijo que eran confesos y los autores del asesinato de nuestro amigo que nada tenían que ver.

Finalmente cuando el foco de atención se centró en otro problema de Michoacán, los liberaron porque no eran los asesinos.

Y lo mismo pasó con Hipólito. Cuando Hipólito no quiso someterse a las reglas y al convenio que firmó el Comisionado, por supuesto que los legitimó, por supuesto que hay un registro, por supuesto que les permitió, los metió a la cárcel y ¿qué creen? Después Hipólito salió con un documento diciendo que era un excelente el Comisionado y salió de la cárcel.

Ahora que Hipólito vuelve a decir que es un desorden otra vez la Tierra Caliente, el Comisionado dice por favor, Hipólito, la Ruana no es el estado de Michoacán.

Entonces, no creemos en lo que hace la policía judicial, porque lo que hace es meter a la gente a la cárcel cuando no lo merece y soltarla cuando finalmente se libera.

Y nos dice uno de los oficios que tienen mucha preocupación de que al liberar a estos presos dejemos en la cárcel a delincuente.

¿Por qué creen?

La ciudadanía le teme a las fuerzas rurales de muchos municipios, porque son los mismos delincuentes que les cobraban cuotas, que los levantaban, que los secuestraban, que los extorsionaban, los que ahora están disfrazados de fuerzas rurales.

A mí me encanta que hoy se discuta la Ley de Amnistía o la posibilidad de discutir sobre Michoacán, porque nadie nos hace caso que los mismos que traen uniforme roban, que los mismos que sueltan y luego nos dice el Comisionado, no, pues es que el uniforme no es un asunto de policía única, por cierto y hablando de sus propuestas, se llama mando unificado.

Y quiero decir que aunque haya varios cuerpos de seguridad, pues que sepa la ciudadanía que el uniforme inhibe la delincuencia. Y hay unos que no traen uniforme porque son los de inteligencia.

Pero ¿qué creen?

Los que no traen uniforme y que portan armas largas se meten a las tiendas, se roban la comida, levantan a la gente, la siguen secuestrando, la atacan en sus coches en la calle, le quitan el coche y esa es la policía de inteligencia y ese es el protocolo que sugiere el Comisionado.

No estamos de acuerdo los michoacanos en que con ese desorden, se llamen guardia rural, fuerza rural, policía rural, fuerza ciudadana, unos con uniforme, por cierto, solo un uniforme, porque nada más les dieron uno, y a veces no se lo ponen porque lo mandan a lavar.

Y no les han pagado y no tienen protocolo y nos los han capacitado y atacan a la gente y la asaltan y ¿qué creen? Sí han bajado los índices de delincuencia registrados, porque cuando uno le habla al secretario de Seguridad Pública, hasta ayer secretario de Seguridad Pública, dice: yo lo arreglo, lo veo directamente.

Llama a la gente y le dice: “identifícalos, yo los doy de baja”, pero no hagas la denuncia.

Claro que han bajado los delitos porque no los denuncian, porque ahí están, porque siguen secuestrando y no crea usted que la cosa está desarticulada, ejecutados 12 policías de Zirahuén, otros de Uruapan, otros de Tepacaltepec, otros de (…) por cierto, los policías de Ciudad Hidalgo mataron a tres chicos; los policías de Purépero le abrieron fuego a la gente cuando fue a protestar por su prepotencia y por su abuso y entonces, pues mire, la primera ganancia que aquí tenemos cuando se discuta la Ley de Amnistía o no, es que por fin ponemos en la mesa lo que pasa en Michoacán.

Hasta ayer que hubo la amenaza de la Ley de Amnistía vino el Comisionado –por cierto nos enteramos en las redes sociales, estaba aquí sentado con el senador Gamboa y con el senador Orihuela, dando cuenta de la preocupación y de los expedientes de los sujetos que pescaron el flagrancia.

¿A quién el flagrancia? A todos los que tienen listados porque portan arma de fuego para uso exclusivo del Ejército, pues es que a todos, violan la ley y están en flagrancia cuando traigo un AK47, mire, la mía de este tamaña.

Usted cree que se resuelve el tema diciéndole: “guárdela en su casa”. Es violación flagrante a la Ley de Armas de Fuego. O los meten a todos, o los sacan a todos.

Y háganos favor de decirnos cómo van a limpiar a la fuerza rural de la que la gente dice “ese es el que me levantaba; ese es el que me extorsionaba, nada más que ahora trae su camiseta de fuerza rural”; ahora le pone una calca a su camioneta y pasa libremente con la droga, o con lo que tenga que pasar, porque estamos muy felices porque el Comisionado ya fue a poner paz a nuestro Estado, a ordenar nuestro Estado, por cierto con instituciones anticonstitucionales, por cierto con instituciones ilegales, por cierto usando la Ley de Armas de Fuego solamente para tener un registro, que sí lo hay, de quien cómo se llama, dónde vive y qué armas porta.

Así que respondidas sus dos preguntas, señora Secretaria.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias senadora Calderón.

Me ha pedido el uso de la voz la senadora Arely Gómez, para alusiones personales. En términos del reglamento tiene preferencia.

En consecuencia, le doy el uso de la voz.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Gracias Presidente.

Senadora Calderón:

En relación con la segunda pregunta, nada más le quisiera aclarar que yo no me referí en ningún momento de mi intervención a la policía judicial, me refería al Poder Judicial, y de la Federación.

Entonces eso sería lo primero.

SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA: Muy bien.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Y en segundo lugar, en el tema de que la primera pregunta que, qué les daría la calidad de autodefensa, o policía comunitaria, quiero señalar que:

En lo que se señalaba en la página 3 del Dictamen, ahí se señalaba que eran aproximadamente 388. De los oficios que tenemos salta a la vista que no son 388 los actualmente detenidos.

Y de los 3 mil 200, ó 2 mil 200, en fin, tendríamos que sentarnos a hacer un ejercicio serio, que es lo que yo pediría, para ver cuántos son los que efectivamente, porque aquí no podemos estar hablando de aproximaciones.

Queremos saber que no todos son detenciones por ser autodefensas. Hay detenciones que han sido por portar droga, delitos contra la salud, delitos con extorsión.

Entonces precisamente coincidimos en que el sentido es que tenemos que hacer un desglose detallado de cuáles son las personas y cuáles son los delitos que se les imputan y no podemos estar hablando a priori nada más señalando que son aproximaciones.

Este es un tema concreto. Una Ley de Amnistía debe de ser para un hecho concreto, ¿verdad?

Y si el Comisionado Castillo se ha sentado a platicar con las autodefensas, en fin, para mí el sentarse no es legitimar jurídicamente a ninguna persona.

Concluyo.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias senadora.

Sigo con el orden, tal y como los tenemos inscritos.

Tiene el uso de la voz el senador Chon Orihuela.

SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS: Gracias señor Presidente.

Yo quisiera que me permitan un poco reflexionar sobre la evolución de Michoacán en este tema, porque me pareció muy interesante lo que dijeron algunos compañeros y yo quisiera aportar la idea que nosotros tenemos en Michoacán:

Primero, quiero recordarles que en el año 2000 Michoacán se ubicaba en el tercer lugar a nivel nacional con el menor número de incidentes delictivos.

En 2011, Michoacán pasó a ser de los primeros lugares.

En 2000, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes era de mil 400.

Para 2010 aumentó a 11 mil delitos.

Por eso no puedo estar más de acuerdo con mi compañero Benjamín Robles, cuando dice que en Michoacán vivimos uno de los temas más relevantes en la incapacidad de los gobierno; no del gobierno, de los gobiernos.

Porque en Michoacán este crecimiento delictivo, y aquí lo ha ratificado mi compañera, la senadora Calderón, se estableció, se polarizó, creció particularmente en la etapa del 2009 al 2012.

Habremos de recordar aquella famosa escena de la incorporación de un diputado del PRD al Congreso de la Unión, que después fue sancionado y declarado parte de la delincuencia organizada en Michoacán, y que provocó una gran discusión y una gran confrontación entre el Poder Ejecutivo Federal y el poder ejecutivo del estado.

Ese es el origen del mayor deterioro en Michoacán, de lo que desde hace casi un año se viene tratando de recomponer, que es la impunidad y recomponer el Estado de Derecho.

Creo que lo que hoy se ha establecido aquí, vale la pena analizarlo en la historia porque creo que sería poco razonable sólo traerlo al momento que hoy tenemos. La evolución de un problema de tal magnitud, que tiene cuando menos 10 o 12 años, no se puede tratar de aventarle la papa caliente a alguien y decirle: “estás cometiendo estas atrocidades”.

Y yo les diría a mis compañeros senadores, yo respeto mucho al senador Corral, que utilicemos términos correctos; ¿por qué embustero? Aquí, en esta sesión lo único que se demostró es que el único que ha echado mentiras hoy, es mi compañero el senador Corral.

Entonces, quisiera que me permita, señor Presidente, leer una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice: “La Corte Interamericana ha sentado una doctrina clara, en el sentido de que una Ley de Amnistía no puede servir de justificación para no cumplir el deber de investigar y de asegurar acceso al a justicia. Los Estados no pueden, para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, invocar disposiciones existentes en su derecho interno, como lo es en este caso la Ley de Amnistía.

La aplicación de leyes de amnistía ha obstruido el esclarecimiento, enjuiciamiento y sanción de los responsables”. Eso dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Y déjenme concluir rápidamente mi intervención, diciéndoles que sin duda en Michoacán tenemos muchas cosas por hacer. He compartido mucho con mi compañera, la senadora Calderón, esta preocupación; con mi compañero Salvador Vega y los demás senadores de Michoacán, nos hemos reunido en algunas ocasiones con el Secretario de Gobernación, con el Comisionado Castillo, para saber de la evolución y de los avances y de los temas en Michoacán.

Y todos coincidimos en que Michoacán merece una atención particular en este tema y que debemos seguir buscando cómo resolver estos problemas, que se incubaron hace tiempo; y que la evolución de estos problemas en Michoacán sin duda, todavía con muchos problemas de impunidad, de seguridad pública, han evolucionado bien.

Sólo un riesgo no podemos tomar: no podemos deteriorar el avance que ha tenido en Michoacán el control de los cárteles delictivos y el avance en materia de seguridad pública, y el avance en materia de impunidad. En Michoacán se ha combatido la impunidad de frente, se ha evolucionado favorablemente.

Y yo no quisiera que en esta sesión el término “amnistía”, que viene de “amnesia”, pareciera que quisiéramos olvidar el pasado. No, el pasado está ligado perfectamente o permanentemente a los problemas que hoy vivimos en Michoacán; y el pasado se rige o se ocasiona o surge a través de esa gran disputa que hubo en Michoacán entre Poder Ejecutivo Federal y poder ejecutivo del estado.

Gracias por su atención, señor Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Para alusiones personales, senador Javier Corral.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Si usted realmente estuviera interesado, Orihuela, (falla de audio)…le preocuparía que un solo inocente estuviera detenido inocentemente.

Aquí no se trata de embatir (sic), no se trata de poner diques a los esfuerzos por reconciliar la paz en su propio estado.

Qué pena que desde muchos otros estados haya más preocupaciones sobre su estado, que la suya propia.

Llamé “operación embustera” a esta estrategia discursiva, mediática y de interlocución política y de presión política que desde ayer se puso en operación.

¿Cuál es la operación embustera? El hacer la sobreinterpretación o la magnificación de que este esfuerzo que estamos realizando, pretende liberar a tres mil delincuentes e incluso aquí se dijo, liberar a narcotraficantes, a secuestradores, a extorsionadores, como si no son capaces de leer la propia iniciativa y el dictamen, tratándose de qué delitos son los que se atiendan.

Es una operación embustera porque no va al fondo de la cuestión; porque no dicen si quieren o no la Ley de Amnistía, quieren distraer la atención con un tema que no está en la intención ni de la iniciativa ni del dictamen.

Ahora resulta que las comisiones unidas quieren liberar delincuentes. Eso es un embuste, quieren embaucar a la opinión pública.

Y también debo decir lo siguiente. No es ninguna mentira que el grupo Parlamentario del PRI se ha reunido el día de ayer con diversos funcionarios, incluido el mismísimo Comisionado Nacional Monte Alejandro Rubido. Aquí tenemos incluso la hora de la reunión y las distintas cosas que se vinieron a decir a los grupos parlamentarios de los expedientes que tenían en sus manos. Querían asustarlos con el petate del muerto: “Les vamos a sacar cajas de expedientes de delincuentes que quieren liberar”.

Aquí lo dijo perfectamente Angélica de la Peña. Esta ley sienta las bases y la autoridad la aplica, conforme a las bases, condiciones, reglas, restricciones y candados que determinemos en la ley.

No es una ley en automático, eso no es cierto; esas son interpretaciones absolutamente falsas o mal intencionadas, diría yo, para distraer el objetivo fundamental, que es colocar la atención de un problema de detenciones injustas en el estado de Michoacán tras el incumplimiento de los acuerdos entre Castillo y los grupos de autodefensas.

Yo rechazo, pues, que haya colocado un embuste cuando los mismos senadores del PRI –puedo dar más datos, si quieren– han trasladado distintas opiniones del gobierno, de distintos funcionarios, de cómo abordarían este tema hoy.

Qué lástima que todos esos funcionarios del Sistema de Seguridad, primero, hayan ido a ver al PRI y luego atendido a las comisiones dictaminadoras con oficios; qué pena. Porque, si realmente hubieran tenido el propósito, bueno no solamente mandan los oficios desde que se presentaron las iniciativas y se turnaron a comisiones, hubieran estado inmediatamente aquí en el Senado, ¿para qué?, para hacer valer sus preocupaciones.

Pasó septiembre, octubre, noviembre y ya estamos a la mitad de diciembre. Ah, y cuando el asunto se somete a discusión, entonces ahí sí ya tienen muchas preocupaciones y se producen todas las reuniones. Esta es la verdadera intentona de obstaculizar el dictamen mismo que ahora estamos discutiendo.

Así que, en referencia a lo que ha dicho Orihuela, yo lo atajo claramente.

SENADOR ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS: Para alusiones.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: No hay alusiones sobre alusiones.

SENADOR ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS: Solamente una consideración.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Adelante, senador.

SENADOR ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS: Bueno, compañero Corral, todos sabemos que la estrategia siempre es la descalificación.

Nosotros estamos atentos y pendientes de lo que sucede en nuestro estado y colaboramos en ello.

Tenemos una amplia relación los senadores de Michoacán, discutimos los temas y estamos siempre dispuestos a colaborar con las autoridades responsables.

Solamente decirle, señor Presidente, el ocho de noviembre de 1988, Mireles Valverde fue arrestado a las puertas de su domicilio, en Tepalcatepec, por la posesión de ochenta y tantos kilos de sustancias no legales.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias senador.

Tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, Presidente.

En primer lugar habría que señalar que una propuesta de amnistía, una Ley de Amnistía, no es perdonar delitos sino asumir, desde el Legislativo, nuestras facultades para una acción jurídica a favor de los pueblos que estaban o están olvidados por parte de a quién le toca brindar seguridad y que, ante la omisión del Estado o incapacidad del Estado para brindar seguridad, orilla a la gente a su propia defensa, a buscar su propia seguridad.

Es una acción pues, desde el Legislativo, desde el Senado, que tiene facultades constitucionales, para brindar una justicia mínima para estas personas y se puedan reintegrar a la sociedad.

La amnistía…

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Permítame, senadora, les ruego poner atención a la oradora.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: La amnistía no es quitar una sanción penal, eso no nos corresponde; es darles la oportunidad de reinserción social a quienes actuaron bajo el principio de legítima defensa, bajo un esquema de organización colectiva y muy tradicional que tienen los pueblos.

Y si analizamos varios de os municipios en cuestión, muchos de ellos son indígenas y están protegidos también por otra ley que es la Ley Indígena. No podemos sumarnos a la criminalización de una acción de sobrevivencia, de legítima defensa.

Pero quiero decir dos cosas muy importantes: en primer lugar, apenas la semana pasada llegó al Senado de la República, por parte del Ejecutivo federal, una iniciativa que se denomina “para combatir la infiltración del crimen organizado en los municipios”. Luego hablaremos de ese tema.

Pero si el propio Ejecutivo está reconociendo que la policía está infiltrada por el crimen organizado en los municipios, entonces quién defiende a la gente, pues la gente se tiene que defender a sí misma.

Si esta iniciativa parte de la base de que están infiltrados, que hay una gran debilidad de las policías, pues entonces la gente tiene que defender su vida, tiene que defender su patrimonio; si la policía está infiltrada por el crimen, pues entonces hay que organizarse para protegerse.

La gente, si no estuvieran las autodefensas, estaría a expensas del crimen organizado y los pueblos quedan inermes ante la delincuencia por la omisión del Estado. Las autodefensas, hay que recordarlo, fue el último recurso que ocupó la gente para salir de este problema.

Pero quiero decir otra cuestión: ayer, antier, Aurelio Nuño dijo que reconocía que no supieron ver la profundidad de la crisis, que el gobierno federal se quedó corto ante el problema de la seguridad; los funcionarios que hoy atacan al Senado, a través de estos documentos, por ejercer nuestras facultades de brindar amnistía, me sumo a lo que decía la senadora Calderón, estuvieron en las fotos, en las mesas; sí, estuvieron con las autodefensas en diversas ocasiones, pero se apoyaron en las autodefensas para salir temporalmente del atorradero, porque las autodefensas también ayudaron al Gobierno Federal a disminuir, así sea un poco, el grado de violencia en esa entidad.

El Comisionado Alfredo Castillo utilizó a las autodefensas para controlar a los grupos criminales, los apoyó, los financió, les dio armas a las autodefensas.

Alfredo Castillo los reconoció y luego, incluso reconoció públicamente que se habían legítimamente, genuinamente organizado y después los traicionó y metió a la cárcel.

Bueno, entonces el Poder Legislativo, el Senado de la República está olvidado a no dejar olvidado a esos pueblos de Michoacán, ante un gobierno que, como dijo Aurelio Nuño, no tiene estrategia.

Entonces nosotros tenemos que la obligación, no solamente la facultad constitucional, sino la obligación, de buscar una vía a través de la Ley de Amnistía para reparar, así sea parcialmente, el daño causado a las personas que buscaron defender sus vidas, su patrimonio.

Y reconocer, también, que el gobierno ha incumplido muchos de los acuerdos que pactó con las autodefensas y lo primero que debió haber hecho es cumplir con su principal obligación de un estado, que es la de garantizar la seguridad a sus ciudadanos.

Todavía en este momento Michoacán no alcanza que ese bien supremo se lo garantice el Estado.

Entonces siguen siendo válidas el decir que las autodefensas surgieron ante; o sea, que son un pueblo organizado para garantizarse seguridad, tranquilidad, que las instituciones del Estado fueron incapaces de brindarles y que no se puede criminalizar a las personas cuando defienden legítimamente sus bienes y su vida.

La Amnistía –termino con eso-; la Amnistía a las autodefensas puede ayudar a buscar la tranquilidad, ayudar a este propósito y debemos hacer en todo momento lo que esté a nuestro alcance para que la paz, la reconciliación y la armonía en este país pueda darse.

Eso requiere de muchas cosas pero una pudiera ayudar: es la Ley de Amnistía para estas personas.

Gracias.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias senadora.

Senador Jesús Casillas Romero. Por favor.

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Gracias senador Presidente.

Antes que nada quiero yo, en principio, negar categóricamente que el que senadores de mi Grupo Parlamentario hayamos convocado a funcionarios del Gobierno Federal para que nos ilustren en torno a un Dictamen que de entrada en lo personal me parece subjetivo y ambiguo y tener la posibilidad de tomar una decisión y un voto en razón de elementos fundados que cuenta el Gobierno Federal, no me parece; se trató de convocar aquí al Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, que además esa es su función.

Y yo de veras celebro la gran disposición del licenciado Felipe Solís Acero, que cuantas veces se ha solicitado su presencia, no solamente por senadores de nuestro Grupo Parlamentario sino por otros grupos, y siempre ha tenido la disposición de estar aquí. Entonces creo que decir que esto es una rivalidad me parece un exceso.

Por otro lado, y estoy haciendo uso de la voz en torno a la discusión que tenemos con los oficios.

Pero yo para poder hablar de los oficios, Presidente, quisiera solicitarle, si es usted tan amable, pueda instruir a cualquiera de las secretarias para que dé lectura al Decreto que expide la Ley de Amnistía en sus resolutivos, el Decreto en sí, para poder fundamentar mi disertación y fundamentar lo que establecen los propios oficios.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: ¿Todo el Dictamen?

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Sí, el decreto.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: ¿Todo el dictamen?

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Es el decreto y nada más son tres articulitos los que estoy solicitando se dé lectura.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Ah, la ley.

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Así es, la ley, el decreto que expide la ley.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Déjeme preguntarle, ¿se refiere usted que se lean los resolutivos de la iniciativa o del proyecto de dictamen?

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: No, del dictamen que tenemos aquí ya.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Ruego a la señora Secretaria que proceda a dar lectura al documento solicitado por el senador Casillas Romero.

En lo que ocurre, simplemente aclarar que este dictamen fue debidamente circulado con anticipación.

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Sí. Pero efectivamente, nada más para poder fundamentar el…

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Adelante, senadora.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de los miembros de los grupos-organizaciones denominados Autodefensas o Policías Comunitarias del estado de Michoacán.

Artículo único. Se expide la Ley de Amnistía a favor de los miembros de los grupos-organizaciones denominados Autodefensas o Policías Comunitarias del estado de Michoacán, para quedar como sigue:

Artículo 1º. Se decreta amnistía a favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiera ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden Federal, por los delitos cometidos con motivo de los hechos en los que los grupos-organizaciones denominados autodefensas o policías comunitarias, tomaron el control de la seguridad pública de varios municipios del estado de Michoacán o que tengan relación con ellos acaecidos entre el 24 de febrero de 2013 y el 1 de septiembre de 2014.

Artículo 2º. Los individuos que se encuentran actualmente sustraídos de la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los delitos a que se refiere el artículo 1º, podrán beneficiarse de la amnistía condicionada a la entrega de todo tipo de instrumentos, armas, explosivos u otros objetos empleados en la comisión de los mismos.

Artículo 3º. La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla.

En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes, revocarán las órdenes de aprehensión pendientes y pondrán en libertad a los procesados o sentenciados.

El Procurador General de la República solicitará de oficio la aplicación de esta ley y cuidará de la aplicación de sus beneficios, declarando respecto de los responsables, extinguida la acción persecutoria.

Artículo 4º. En el caso de que se hubiera interpuesto juicio de amparo por las personas a quienes beneficia esta ley; la autoridad que conozca de él, dictará auto de sobreseimiento y se procederá conforme al artículo anterior.

Artículo 5º. Las personas a quienes aproveche la presente ley, no podrán ser en el futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos.

Transitorio. La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Adelante.

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Gracias.

Bueno, de aquí se deriva entonces que es completamente subjetivo y se hace necesario llegar su información que, por cierto, amablemente nos hizo llegar el Comisionado General, el maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos. Y le voy a decir por qué:

En el artículo 1º se decreta amnistía a favor de todas las personas, todas las personas, no sólo unos cuantos: 10, 20, 30, 40, 50. Después, dice el mismo artículo 1º: “por los delitos cometidos de los hechos en los que los grupos u organizaciones denominados autodefensas o policías comunitarias, tomaron el control de la seguridad pública”.

¿Cuáles delitos? No se dice cuáles delitos son por los cuales se les decretar la amnistía.

Y luego también dice: “en varios municipios del estado de Michoacán”; ¿cuáles de los 113 municipios del estado de Michoacán se cometieron cuáles delitos? Y ¿Cuántas son todas las personas?

Por lo que tiene que ver en el artículo 2º, dice: “los individuos que se encuentran actualmente sustraídos de la acción de la justicia”; volvemos otra vez a un aspecto completamente subjetivo y ambiguo: los individuos, ¿cuáles son los que actualmente están prófugos de la justicia? ¿Cuáles son a los que se les está siguiendo una investigación? ¿Cuáles están con una orden de aprehensión?

No lo sabemos.

Y algo muy importante, dice en el artículo 1º: “delitos cometidos entre el 24 de febrero de 2013 y al 1 de septiembre de 2014” , 18 meses. En 18 meses, ¿por qué 18 meses y no 20 o no 25 o no dos años?, en año y medio, los delitos que se cometieron en año y medio.

Y el tercero, el tercer artículo, establece que el cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes, revocarán órdenes de aprehensión pendientes y pondrán libertad a los procesados.

Como no existe un registro de las autodefensas, cualquier persona que se declare autodefensa, incluyendo a la Tuta, que se puede declarar autodefensa, que tiene una orden de aprehensión, se puede sujetar a esta amnistía.

Y peor aún, el artículo 5º, no tiene desperdicio. Las personas a quienes aproveche la presente ley, no podrán ser en el futuro detenidos ni procesados por los mismos hechos; lo que quiere decir es que pueden seguir utilizando las mismas armas de fuego.

Ahora bien, para obtenerla los prófugos, sí se les pide un requisito muy importante para poderse acoger a la amnistía: entregar los instrumentos, armas u objetos empleados en la comisión de los delitos. Cualquier cosa, puede entregar una pistola, puede entregar una bala y con eso ya se pueden sujetar. Me parece que es completamente subjetivo.

Y entonces aquí están los documentos que sí acreditan cuáles son los delitos. Los delitos, lo dice el propio comisionado son: en flagrancia, portaban armas de uso exclusivo, drogas, vehículos robados y participando en enfrentamientos directos con la autoridad. Se cometieron mil 512 homicidios, de los cuales 761 fueron por armas de fuego. Son datos y yo me pregunto si a estos habría que soltarlos, porque aquí no dice quiénes son; no dice quiénes, no dice cuántos, no dice qué municipios.

Insisto, para eso es importante tener esta información y, por lo que a mí respecta, me parece sumamente peligroso aprobar este dictamen en los términos que está presentando.

Por mi parte, es cuanto.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senador Casillas.

Tengo inscritos al senador Corral, senador Burgos, a la senadora Layda Sansores, al senador Carlos Puente y me voy a inscribir para hacer precisiones sobre el dictamen.

Tiene el uso…

SENADOR: ¿Es el oficio o ya en general?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Ya estamos en lo general.

SENADOR: Inscríbame al final, por favor. Después de usted, senador Gil Zuarth.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Pregunto si alguien más quisiera hacer uso de la voz en esta discusión en lo general, en el entendido de que hay reservas formalmente presentadas por el senador Javier Corral, que nos obligaría a la obligación en lo particular.

Senadora Angélica de la Peña.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: No, en todo caso me esperaría para hacerlo en lo particular.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora.

Tiene el uso de la voz, senador Corral.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias. Sabe, don Jesús Casillas, el enorme respeto que yo tengo a su trabajo en el Senado, comprometido con el tema de la movilidad, pero yo ahora encuentro una seria deficiencia en su lectura sobre el dictamen y la interpretación.

Esta no es una Ley de Amnistía que beneficie a los que andan por ahí. Usted puso el ejemplo: “Imagínense que la Tuta se autocalifique como autodefensa”. No, esta es una ley que pretende amnistía a quienes están encarcelados, a quienes están procesados. Permítame.

Sí, porque quienes están procesados, ya sea encarcelados…

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Sí, así es. Es la verdad. Por eso es la amnistía.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Cuando una persona está procesada en la acusación que formula el ministerio público, constan los delitos, ni más ni menos.

Yo digo, con todo respeto, no existe esta interpretación que están haciendo.

Quiero volver al tema fundamental, señor Presidente.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Señor presidente, perdón.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Sí, cómo no. ¿Para qué efecto, senador?

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Nada más, no, para determinar en qué fase se…

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Estamos en la discusión en lo general, senador, exactamente.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias y perdón por la interrupción.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: No, no pasa nada. Vamos a regresar al fondo del asunto.

Una y otra vez se ha insistido en quiénes son las autodefensas.

¿Quién determina esa calidad?

¿Por qué surgieron las autodefensas?

Voy a citar textualmente la declaración que el día 8 de enero del 2014 realizó el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Declaró literalmente lo siguiente: “Sí, cuidamos a Mireles porque es una persona que ha venido lastimando a los grupos de los cárteles, particularmente a Los Templarios.”

Luego dijo: “Hemos venido platicando, ellos nos dan sus razones, por qué las autodefensas, al estar hartos de la inseguridad en algunas comunidades, en algunos municipios y que por eso han tomado esas decisiones”.

Recuperemos un poco la historia.

El gobierno de la República, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto reconoció, dio validez a su interlocución, se coordinó, los usó en el combate al crimen organizado en Michoacán e incluso les propuso un acuerdo de desarme a partir de un convenio.

Ustedes recordarán que se firmó un convenio el 23 de enero del 2014. La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán se formó el 15 de enero de 2014. Así es, tenemos incluso más información, pero también en la política,

El 23 de enero del 2014 se firmó el acuerdo entre líderes de autodefensas y el Comisionado Alfredo Castillo y ahí ¿cuál fue el centro de ese convenio, cuál fue el centro de ese acuerdo? Que se desarmaban y que, como lo dijo Osorio Chong en otra declaración, se metían a la legalidad y podían participar de lo que entonces se llamó “guardias rurales, policías rurales” y ese iba a ser el tránsito.

El desarme de las autodefensas en Michoacán era una condición sine qua non, que era la detención de los capos de los cárteles que pusieron y han puesto en jaque la vida, la integridad a las comunidades, a las familias en ese estado.

Cuando eso nos e produce, cuando no solamente nos e detiene a esos caciques, las autodefensas continúan avanzando en la protección de sus comunidades, incluso el propio gobierno federal admite ir junto con ellos a varias comunidades, está documentado.

Entonces, eso de que ¿quiénes son las autodefensas? Las autodefensas realmente reconocidas y legitimadas existen en la actual administración federal. Antes no había ese reconocimiento; quienes se ponen de acuerdo con ellos, quienes los usan, quienes los utilizan, es la actual administración pública federal.

Nosotros le preguntamos a Osorio Chong, cuando vino aquí al primer informe sobre este tema y reconoció la existencia de los grupos de autodefensa e incluso reconoció el trabajo que venían realizando.

Entonces, este discurso que ahora pretende regresarnos incluso a otros procesos anteriores, pues no tiene sentido. Alguien ha dicho que a las autodefensas, particularmente al caso del doctor Mireles, con el debido respeto que por supuesto nos merece el doctor Mireles a todos, les pasó un poco lo que les pasa a los perros de rancho: que en la fiesta los amarran y para el pleito los sueltan.

Los usaron y luego les correspondieron con la cárcel. Esa es la doble tragedia y la doble injusticia del asunto que estamos viendo y lo que estamos proponiéndoles, por el bien de esos procesos y de esas comunidades y de esas autodefensas, y no es una ley sólo para Mireles, no, este no es el tema, Mireles es el líder moral, sin duda, de las autodefensas en Michoacán y es la figura más consistente de esa organización, que llegó a agrupar a 25 mil hombres en el estado de Michoacán, 25 mil.

Es una ley que pretende darle amnistía a aquellos que realmente, en legítima defensa de sus intereses familiares, patrimoniales, personales, su integridad física, etcétera, tomaron las armas para defenderse. Ese es el tema fundamental.

Cuántos son de esos; cuántos son de esos, compañeros senadoras y senadores, los que fijemos con los criterios que quieran.

Pero no se pueden oponer al concepto. Pueden restringir las condiciones si se quiere, si realmente lo que se quiere es atender una problemática de detenciones injustas.

Pero si lo que se quiere es nada, pues no sirve de nada la discusión. De lo que se trata es decir personas que arriesgaron su vida por otros, por sus familias no pueden estar en la cárcel.

Aquí se dijo “cuál es la prisa que tienen”. Óiganme, pues es que yo no sé quién de aquí ha estado por distintas cosas en la cárcel, ¿verdad?

Pero yo creo que esa situación, sobre todo cuando es injusta, un inocente, el tiempo que pase ya es una tragedia.

Entonces lo que nosotros le queremos preguntar al PRI, al gobierno y a sus aliados, es:

Quién realmente o no entrar a una discusión en donde veamos los alcances de una amnistía y atajemos cualquier riesgo, peligro, como ustedes lo llamen, de que se pueda colar alguien que no merece la amnistía.

Si ese es el propósito, si realmente ese es el propósito, entrémosle a revisar. Pero desde que presentamos la Iniciativa puro desdén, congeladora.

A ver, no se trata de decir vamos a pedir los expedientes. De lo que se trata es de sentar los criterios.

A qué figura nos estamos refiriendo, a qué personas. La amnistía es una ley general: para personas que se ubican dentro de los supuestos.

Esto que dice el compañero Casillas: “es que es una amnistía para todas las personas”. No, bueno, es para las personas que caen en los supuestos que la ley establece y luego que aplica la autoridad.

O sea, la autoridad pasa a revisión cada uno de los expedientes. A ver, ni modo que ahora sí ya salió la ley salen de la cárcel todos. No compañero, no es así; no es así. O: a ver, los que estén prófugos o que estén sometidos a proceso. También podrían ser beneficiados pero siempre y cuando estén en los supuestos que nosotros establezcamos.

Los supuestos son que hayan realizado actividades de autodefensa bajo estado de necesidad para defender la Fracción Cuarta del Artículo Primero del Dictamen, de la Iniciativa que queremos incorporar al Dictamen, para defender su integridad física, la de su familia, la de su patrimonio, o la de su comunidad, ante los embates de la delincuencia organizada, no siendo parte de ella.

Tienen que asumir una lectura más abierta; es que se está entendiendo la amnistía como una reprobación al gobierno.

Entiendan la amnistía como una oportunidad para el gobierno de abonar a la paz, a la reconciliación y a la unidad nacional.

Cómo pueden convocar a la unidad nacional teniendo a Mireles en la cárcel, al que lastimó; Mireles, que es el líder moral y hay más, y las escoltas de Mireles y otros autodefensas, son muchos casos.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Permítame por favor.

No se permiten diálogos entre senadores a propósito del debate.

Ruego a los señores senadores dejen concluir al senador Corral.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Yo estoy de acuerdo en que también ahora van con “que se trata de una ley para Mireles”.

No; no es el caso. Mireles fue incluso detenido con todos sus escoltas, con todos sus compañeros, colaboradores, y otros muchos casos.

Hay líderes de autodefensas muy importantes detenidos; hay juicios en tres juzgados distintos.

Por qué señalamos la figura de Mireles: usted mismo no podría dejar de reconocer que estamos ante una figura que adquirió un liderazgo no sólo social sino moral en esta causa.

Un hombre de enorme valor civil, que jugó todos los riesgos y que el gobierno le jugó chueco, porque a las autodefensas el Gobierno Federal les jugó chueco. No fueron capaces de agradecerles su participación.

Entonces, yo los convoco a que si realmente queremos entrar a atajar los riesgos, para todo hay solución, ¿eh? Estamos frente a uno de los legisladores de la República más creativos, en términos de soluciones legislativas, para encontrar el equilibrio del contrapunto.

Yo no creo que no podemos hacer un esfuerzo y decir: “oigan, es que se nos pueden colar los narcotraficantes”. Digámoslo con toda claridad, que esto no beneficia a los narcotraficantes. “Oigan, es que fíjense que se nos va a colar ‘la Tuta’”; pongan en el inciso a) que aquí no entra “la Tuta”.

Pero hagamos las cosas, tomemos la oportunidad; ¿qué no están viendo Guerrero, en serio, cómo están las cosas allá?

Miren, descubrió más fosas en Guerrero las policías comunitarias, que el Ministerio Público Federal, que encabeza el procurador Murillo…

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Señores senadores, por favor. Orden, por favor.

Señores senadores, permitamos que concluya el debate.

Adelante.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: A ver, ahora resulta que a las policías comunitarias de Guerrero ya las hicieron parte del narcotráfico y no los que están combatiéndolo. Qué penosa visión.

Ese esfuerzo que se está haciendo en Guerrero, perdón, qué manera de desentenderlo; o sea, ya decir: “esos son los que están metidos con el narcotráfico”, digo, cuando están dando una batalla fundamental.

Ese es el gran tema: ¿quieren o no abonar a la causa de la paz, de la justicia, del debido proceso, de la reconciliación, de la recuperación de Michoacán? ¿Quieren o no hacerlo?

SENADOR: Lo que más nos interesa es el combate a la impunidad…

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: ¡Nombre! ¿Cómo que lo que más les interesa es el combate a la impunidad?

Ah, bueno.

A ver, creo que el compañero, si usted se da cuenta, han ido haciéndome no preguntas, sino algunos cuestionamientos. Yo el tema del pacto de impunidad se la compro al senador, es el tema fundamental del país.

Creo, por ejemplo, que el pacto de impunidad hoy por hoy está encabezado por el Presidente de la República. Si Peña Nieto no rescata de la vulneración política, social, moral, ética en el que está colocado hoy con el tema de la casa blanca; cualquier discurso que aquí se diga del combate a la impunidad estará trunco.

A ver, ya sé que lo de la casa blanca incomoda, pero aquí se metió el tema de la impunidad y ahora, uno de los casos más impunes, compañero, es el de la casa blanca, es el más impune.

Ah, lo secundo.

SENADOR: Esa es una interpretación de usted.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Bueno, pero…

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Ruego por favor, evitar los diálogos.

Senador Corral, por favor, concluya.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: ¿Hay o no disposición para perfeccionar la ley, el dictamen?

¿Sí tienen esa intención, por lo menos de ir a sentar las bases de una Ley de Amnistía que bajo supuestos precisos claros, todos los que quieran, pueda liberar inocentes que fueron solamente a defender sus vidas y a sus familias en Michoacán?

Sí o no. Ese es el tema, señor Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senador Corral.

Senador Casillas, tiene el uso de la voz para alusiones personales.

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Gracias.

Brevemente, nada más yo quiero insistir en que el artículo 1º y el resto de los artículos de esta ley, son ambiguos y por lo que dice el senador Corral, en el sentido de que solamente a quienes están sujetos a proceso.

El artículo 1º es claro, dice: “A quienes haya ejercitado o pudiere”, dejar completamente la puerta abierta, “pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden Federal”. Es decir, queda la puerta completamente abierta.

Y por lo que dice de las autodefensas: que se les tomó el pelo, que se les engañó, que los chamaquearon. En fin, creo que lo que pasó aquí es que efectivamente, buscando una solución concertada por parte del Gobierno Federal, se legitimaron aquellas autodefensas que estuvieron de acuerdo en incorporarse a las fuerzas rurales para entrar en el marco de la ley, para eso fue, para que estuvieran dentro de la ley.

No se justifica ninguna acción, por legítima que sea, si está fuera de la ley y en este caso, lo que se buscó es que se incorporaran a las fuerzas del orden. Los que decidieron no incorporarse, bueno, ahí está el resultado, eso fue lo que ocurrió.

Creo que se partió del principio de buena fe, invitarlos, incorporar ese esfuerzo a la ley, que el objetivo fue bueno. Los que no quisieron hacerlo, porque no quisieron, y ahí están las consecuencias.

Por mi parte, es cuanto.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senador Casillas.

Tiene el uso de la voz el senador Enrique Burgos.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, yo quisieran compartir una reflexión a usted, al señor Presidente, bueno, es el conductor. Y para no aludir o para no tener referencia en concreto a nadie, por eso me permito:

Aquí pasa, somos un Estado laico, efectivamente, pero permítame esta liberalidad, aquí está como en los evangelios: ¿según quién? ¿A partir de la visión de quién? ¿Del estado de ánimo de quién? ¿De la intención de quién?

Me pregunto, señor Presidente: ¿Alguien estría en contra de buscar la paz para el estado de Michoacán?

¿Alguien estaría a favor de que algún inocente permaneciera injustamente en prisión?

¿Alguien podría hacerlo?

Yo creo que por supuesto que nadie. Aquí el tema es: sí, por supuesto que al Senado y a los senadores, en conjunto, le interesa buscar los caminos, las alternativas viables, factibles reales.

Me pregunto, señor Presidente, si este instrumento que, por supuesto, es un instrumento del Congreso, es un instrumento legal, nadie lo discute; como tampoco es discutible que haya…No, bueno, si me permite, senador…

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Prosiga, senador, por favor.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: El tema es: yo supongo además, señor Presidente, y así es mi convicción, que en esto no hay intención partidista, así lo supongo, ni hay tampoco oportunismo.

Buscamos oportunidad, eso sí; oportunidad de que lo haya. Pero a veces parece que hacemos el Taller de Penélope, tejemos de día y destejemos de noche; ponemos en la mesa que el tema del Estado Mexicano y que es del Estado Mexicano –alguien lo dijo por acá– es el tema de seguridad. De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo.

Este instrumento legal es ahora la alternativa, es la solución, está suficientemente sustentado, está suficientemente apuntalado a quién se dirige, a beneficio de quién. Busquemos, efectivamente, que sea una herramienta del Congreso con sentido de oportunidad, no de oportunismo; que lo usemos para que sea en beneficio real.

El dictamen como está, obliga a preguntarnos, además de todo lo que aquí se dice, ¿y los michoacanos?; ¿y la sociedad michoacana, que es la merecedora, la que merece todo al final de cuentas, en qué condición queda?; ¿estamos o no corriendo el riesgo de abrir una compuerta?

Vamos a beneficiar a algunos. Hay tipología prevista para quiénes sí, para quiénes no; está establecido eso.

¿Sabemos a quiénes se va a beneficial puntualmente o no o es simplemente un paraguas y qué impacto le va a dar a la sociedad?

Abrimos una compuerta con una –supongo yo también– una buena intención, así lo quiero suponer, ¿y en esos cuántos se van y qué mal le va a causar a la sociedad?

Ha habido ejemplos aquí en la ciudad. Unos que van, hacen daño, van detenidos, al día siguiente salen y dices: “Bueno, ¿aquí cuándo va a haber orden?”.

Sí buscamos y es compromiso de todos, no es compromiso de un partido, es compromiso buscar maneras de beneficiarnos a los michoacanos, son parte del Estado Mexicano, es compromiso del Estado Mexicano, pero así como está, no quiero decir que no sea el instrumento, claro que lo es. Es una herramienta que está en manos del Congreso. Lo que yo me pregunto, señor Presidente, es, si está en condiciones así como viene, si está suficientemente sustentado, si hay un punto de vista de derechos humanos, si hay un punto de vista que es válido decir: “A ver, preguntemos más. Validemos adecuadamente. Sopesemos adecuadamente”.

Yo anticipo que así como está, señor Presidente, no le veo la consistencia. Con todo respeto dicho.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senador Burgos.

Tiene el uso de la voz la senadora Layda Sansores.

SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Insistir en lo que ha dicho el compañero senador Corral. Se están sentando las bases y la autoridad lo va a aplicar.

Se puede enriquecer si hay una voluntad, que no digan que hay que pedir opinión al Ejecutivo, no solamente –o gentes del Ejecutivo– no solamente tienen la opinión, ya tienen la línea y desgraciadamente los senadores se han convertido en los voceros del Ejecutivo en esta institución tan degradada.

Por el otro lado, claro que no confiamos en un Poder Judicial y Arely lo tiene muy claro, porque sabemos que no es el juez el que está armando el expediente. Y que, por cierto, ya nos pasaron una bola rápida para lo de los juicios orales. Otra vez es el ministerio público es que, bajo tortura y bajo todas las mañas que tienen, arman los expedientes y los jueces solamente en un tres por ciento determinan en contrario al Ministerio Público. Prácticamente es una calca lo que el juez determinó, una calca del expediente que presento el Ministerio Público.

Por eso no confiamos y porque, como dice el senador Bartlett, pues ya estas son parte de las ocurrencias de esta ley, de esta justicia del señor Castillo, que tampoco se puede avalar y a llamar la atención más de 300 autodefensas de pronto están en la cárcel y “la Tuta” sigue libre. Ya quisiéramos que en este mismo número detuvieran a los narcotraficantes.

Entonces, sí hay que considerar todos estos aspectos, en qué época de convulsión se dan las autodefensas, por la inoperancia del gobierno, por su ineficiencia, que no se castiga de ninguna manera y que sí queremos ser muy, con un gran autoritarismo, castigar a las autodefensas que sí se legitimaron, como dijo nuestra compañera.

No fue un cafecito, aquí como hacen vérseles, puso reflector, se les dio apoyo económico y se les dieron armas y después, como no fueron a modo, entonces a la cárcel y a Mireles lo sacan, lo meten, fue un comportamiento errático de la autoridad hacia las autodefensas.

Esto tiene que ser considerado, se cometieron muchos errores y que sí hay preocupación porque salgan algunos que son verdaderos delincuentes, más preocupación me da que quede un inocente ahí, entre los que tienen en cárceles de alta seguridad, porque así los tratan.

Entonces, creo que sí vale la pena y en aras de esto que han estado insistiendo y también, la compañera Padierna, de restaurar, de caminar, de ir empedrando estos caminos hacia la reconciliación nacional, en un pueblo que se siente profundamente herido.

Creo que vale la pena y ojalá, por una vez, nuestros compañeros senadores del PRI y sus chambelanes, los del Verde, lo digo con todo respeto, porque siempre los acompañan en el baile y siempre están muy bien vestido, pues ojalá que hoy, por una decisión propia, decidan ampliar su criterio y enriquecer esta iniciativa y que sea aprobada.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora Sansores.

Tiene el uso de la voz el senador Carlos Alberto Puente Salas.

SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Muchas gracias, Presidente.

Gracias, senadora, por la flor, muy amable.

Creo que todos los que estamos aquí presentes, estamos a favor de la paz de México. Estamos comprometidos con nuestro país.

Muchos de los aquí presentes, en todos los temas, siempre se manifiestan a favor de escuchar a todas las voces, hacer todas las consultas necesarias. No veo por qué en este tema nos cerremos y ahora el Senado de la República tenga la verdad absoluta.

Efectivamente y voy a algo que se ha mencionado, en la mesa la senadora Calderón dice que hay grupos que usan la bandera o calcomanía de autodefensas para transportar incluso droga. Eso es justo lo que nosotros queremos evitar, que no se pueda delinquir amparados falsamente en una causa legítima de autoprotección.

También aquí creo que tendríamos que cuidar los calificativos en el respeto a los otros poderes. Calificar a integrantes del Poder Ejecutivo, yo creo que no es lo más correcto en una sesión en la que debemos de privilegiar el debate sobre los argumentos que contiene el presente dictamen.

Nosotros, aquí también quisiera consultarles. A ver, ¿cómo piensan comprobar que los investigados no aludan en su defensa, que actuaron ante una ausencia de autoridad?

Saben perfectamente que no hay un tipo, penal denominado autodefensa. Si bien es cierto que existen condiciones para otorgar el indulto, estas son muy amplias y no se contiene un elemento objetivo.

El plazo, ¿por qué en ese plazo? Ni siquiera se justifica en el dictamen y mucho menos se comprueba que el movimiento de autodefensas se haya iniciado en tales meses.

El congreso tiene la facultad constitucional de legislar en materia de indulto, pero esta misma debe justificarse, se debe hacer mención de los datos objetivos.

Esta Dictamen ignora también algunos elementos jurídicos como decir y mencionar cuál es el delito el que se está indultando.

Creo que hay trabajo por hacer. Creo que todos los que estamos aquí tenemos el compromiso y la obligación ante el país de desahogar todos los temas que han sido presentados en esta Comisión y en las diversas comisiones.

Creo que hay cuestionamientos que son válidos y hoy no nos llamemos a sorprendidos que el Ejecutivo mande una opinión, siempre ha sido y nos gustaría escuchar también la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que vengan a exponer cómo lo ven.

Y creo, algo que se ha dicho ya también aquí en la Mesa, que los michoacanos, la autoridad en el estado de Michoacán también se pronuncie.

No por las prisas de que ya estamos a punto de terminar este periodo, lo hagamos de una forma atropellando a esas otras instancias que creo que este Senado siempre ha dado muestras de apertura.

Vayamos pues a hacer un trabajo como lo hemos venido haciendo a todos los otros temas, de manera seria, de manera responsable y atendiendo aquellos que hemos dejado como una práctica en muchos de los trabajos que hemos realizado en este Senado de la República.

Muchas gracias. Es cuanto presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias senador Puente.

Tengo inscritos al senador Raúl Morón, a la senadora Angélica de la Peña, al senador Omar Fayad y al de la voz.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Lo anoto senador. Perdóneme. Me habían comentado que declinaba. Pero lo inscribo de inmediato senador.

Después de desahogar estas intervenciones, le plantearía a la Comisión que está suficientemente discutido y tomaremos alguna determinación conclusiva sobre el debate.

Senador Raúl Morón. Por favor.

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Gracias Presidente.

Aunque no soy de la Comisión, sí quisiera dar mi punto de vista sobre este tema que me parece mucho muy importante para Michoacán, para los michoacanos pero también para el país, porque el momento que estamos viviendo creo que ocupa, a mi juicio, decisiones muy importantes.

Y estas decisiones tan importantes me parece también que deben de ser abordadas a plenitud, discutidas, analizadas, dialogadas con todos los que están implicados.

Nosotros hemos estado siempre planteando la posibilidad de abordar este tema de manera profunda.

Desde antes con la autoridad federal lo hemos hecho, y lo hemos hecho también, o hemos planteado hacerlo con la gente que está responsable en Michoacán, con los gobernadores en turno y con el Comisionado en algún momento.

Yo sé que el día de ayer estuvo aquí el Comisionado, en una reunión con los legisladores del PRI, entiendo, no con los senadores de Michoacán. Con los legisladores del PRI.

Qué bueno. Seguramente él les da algunos antecedentes, o les dio alguna información, u orientó de alguna manera lo que estamos viviendo el día de hoy.

Pero yo lo que creo –supongo, no estuve; supongo, no estuve-; yo lo que creo es que en Michoacán vivimos momentos muy complicados, vivimos momentos, y yo creo que eso todo lo aceptamos, en donde la gente tuvo necesidad de defender su vida ante el embate del crimen organizado y obviamente la incapacidad en aquel momento de las autoridades responsables para poder garantizar la seguridad de los habitantes de Michoacán.

Y hubo decisiones de vida; o sea, no es fácil tomar un arma para poder defender a sus familias, y eso se comunicó en las redes sociales, hubo comunicados de todo tipo, en parte por el señor Mireles, el doctor Mireles, pero en parte también por otras gentes, por muchas otras gentes. Entonces las atrocidades que se cometían en el Estado, obligó a ello.

Nosotros estuvimos por cierto en esos municipios visitándolos en momentos mucho muy complicados y nos dimos cuenta de la magnitud de los hechos.

Desde acá los calificamos, no sé, de lejos; nos imaginamos escenarios que nosotros mismos cuando fuimos a corroborar no imaginábamos que eso estaba pasando en Michoacán, que eso estaba pasando con los michoacanos.

Yo creo que esta necesidad que tuvieron de defender su integridad física a sus familias, a sus pertenencias tenemos que tomarlo en cuenta, porque esa obligación fundamentalmente es del Estado Mexicano, con todos sus niveles de gobierno.

Entonces, ahora que se plantea esta iniciativa y este dictamen, yo cuando me lo comentaron de inmediato lo suscribí, y lo suscribo porque hay gente honesta, gente trabajadora, gente que es muy responsable en Michoacán, que está presa por estas circunstancias; que no pudo aguantar más la presión y tuvo que tomar las armas para defenderse.

Entonces, creo que es necesario, si todavía habría que ver algunos detalles de la iniciativa, véanse; pero decretada esta iniciativa de amnistía, dictaminada esta iniciativa la autoridad es responsable de analizar caso por caso.

O sea, los supuestos que aquí he escuchado en el rato que he estado, de que pueden filtrarse algunos delincuentes del crimen organizado en este proceso de amnistía; me parece que no se puede dar porque las procuradurías tienen toda la información; la Secretaría de Gobernación tiene toda la información; el que estuvo allá, comisionado Castillo, tiene toda la información; el gobernador en turno y el procurador del estado y la delegación de la Procuraduría General de la República en Michoacán, tienen toda la información. Los jueces van a hacer uso de toda esa información.

Yo digo, ¿cómo puede filtrarse o cómo puede incluirse a alguien que esté en un supuesto de un delito, para disfrutar o para atenerse, acoplarse a esta Ley de Amnistía?

Creo que es de humanidad, es de humanidad aprobar este dictamen, es necesario. Los michoacanos lo van a saludar; la mayoría de los michoacanos lo van a saludar; allá en Michoacán, en esa zona donde se presentaron las mayores incidencias, que aunque al último ya parece que está muy generalizado, se conocen todos, saben quiénes son. No va a haber esas preocupaciones que ustedes tienen, compañeros legisladores del PRI, no se van a dar esos supuestos.

Yo los invitaría, de veras, a que pudieran ser sensibles a este sentimiento, a este gran esfuerzo y a esa valentía que tuvieron hombres y mujeres que enfrentaron momentos muy complicados, y que se vieron en la necesidad de tomar las armas. Y que puedan darle paso, que puedan votar a favor.

Las otras partes, me parece, y aquí hay abogados muy claros de este tipo de procesos, la otra parte que les preocupa creo que puede atenderse de muy buena manera en el propio proceso ya de ejecutarse esta Ley de Amnistía.

Gracias, Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senador Morón.

Senadora Angélica de la Peña, por favor.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, Presidente.

Quiero retomar algunas de las preocupaciones, cuestionamientos, las dos preguntas básicas que expresó el señor senador Enrique Burgos, que me parece que son muy pertinentes.

Podemos estar en contra de la paz, en contra de que algún inocente esté en prisión; creo que todos y todas coincidimos más allá de nuestras diferencias, creo que surge el que sí compartimos esa preocupación todas y todos los que estamos aquí.

Ahora bien, podemos estar en contra de cuatro conceptos que yo rescato del proyecto de iniciativa, y que tiene que ver respecto a que pueda haber personas arrestadas y consignadas por comisiones de ilícitos, derivados de sus acciones que pretendían defender a sus comunidades de la delincuencia organizada, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Hay una diferenciación muy clara.

No he escuchado aquí a nadie diciendo: “Esta Ley de Amnistía es para que se aplique a delincuentes organizados”. Nadie.

Tampoco, el segundo concepto que yo indico, es que lo que motivó a la constitución de las autodefensas, fue, y tuvo como finalidad, subsanar la falta de autoridad que existía en diversos municipios del estado de Michoacán, contra los que se cometieron diversos delitos del orden federal. Yo creo que nadie podemos estar en desacuerdo con eso.

Podemos estar en desacuerdo en que es necesario continuar lo que el propio gobierno federal estableció en diseñar rutas de diálogo con estos grupos, e incluso facilitó que algunos de ellos incluso entraran por la ruta de la regularización de sus actividades al constituirlos como policías rurales, más allá de que veamos si sí o no, si fue adecuado, si tenemos que revisar incluso de manera mucho más puntual el cometido de su creación .Por cierto, una figura no nueva en la Constitución, tuvo un gran auge en la época justamente del General Lázaro Cárdenas, lo que antes eran las policías rurales.

¿Quién puede estar en desacuerdo en eso? Yo creo que tampoco he escuchado a nadie que esté en desacuerdo con eso.

Podemos incluso estar en desacuerdo respecto de que nos motiva, aunque tengamos diversas opiniones, yo no he escuchado a nadie en contra, respecto de que hay una preocupación compartida de que quienes, habiendo participado en estos movimientos de autodefensa y que siguen privados de su libertad por estar enfrentando procesos penales federales, y por el otro contrario, cientos de sus compañeros o excompañeros ahora están regularizados como fuerzas de seguridad rural o han regresado a sus hogares, pudiera haber cosos en donde algunos de ellos pudieran, efectivamente, estar en situaciones de inocencia.

Yo creo que la discusión que estamos dando en esta Comisión es de una gran relevancia, si me permiten expresarlo. Es un antecedente formal que se instala en las comisiones del Senado, por cierto, para seguir platicando todo lo demás, también de manera formal. Porque si nos motiva que efectivamente tenemos que dar directrices, acciones legislativas y directrices parlamentarias para poder –insisto, lo que yo decía al principio– reconstruir el tejido social con la coadyuvancia, pero también con la corresponsabilidad y asumiendo la corresponsabilidad que a cada uno nos toca, hayamos estado o no hayamos estado en muchas de las decisiones o falta de decisiones que, en su momento, llevaron a que el país y que estados y territorios del país estén en las situaciones en las que están, yo creo –y lo veo desde ese punto de vista–, me parece que es de una gran relevancia que estemos aquí.

Ahora bien. Coincido totalmente, y también todos coincidimos en que tenemos que definir con puntualidad y esa preocupación la comparto y la compartimos, no he escuchado a nadie que diga lo contrario, a nadie que sustente lo contrario, de que lo que vayamos a decidir vaya a beneficiar a quienes no se tienen qué beneficiar.

Compartimos la preocupación de que se beneficie, en todo caso, si coincidimos en una Ley de Amnistía para que se beneficie con puntualidad en quiénes sí se tendrían qué beneficiar. Las leyes de amnistía, por cierto, una característica de ellas es que no van dirigidas con nombre y apellido a nadie; son los hechos.

Yo creo, señor Presidente, compañeras y compañeros de la Comisión y también senadoras y senadores que nos acompañen y que no forman parte de la Comisión, pero que tienen también una corresponsabilidad con los integrantes de esta comisión, para decidir lo conducente, lo apropiadamente correcto, desde el punto de vista legislativo, es que construyamos una ley en donde todos participemos.

E tal forma que yo debí haber dicho, desde mi primera intervención, que me parecía muy importante la presencia de compañeros y compañeras del PRI y del Partido Verde aquí. Eso me parecía que eso debimos haberlo reconocido desde el principio.

Porque había dudas respecto de compartir la preocupación de la discusión, ya no eventualmente de la votación de la propia iniciativa de Ley de Amnistía, sino de compartir los hechos que motivaron a presentar esta iniciativa y hoy discutirla en comisiones.

De tal forma que yo presento, de manera muy sintética, Presidente, la propuesta de que hagamos una comisión para que podamos discutir, en todo caso, las características puntuales que deben tener los artículos, para que en la eventualidad de que lo acordemos y lo aprobemos, este pueda concretar.

Aquí y en la Cámara de Diputados, para que se promulgue y efectivamente tener condiciones de beneficiar a quien sí se tendría que denunciar y a quién no.

Yo creo que es una obligación de nosotros evitar que personas inocentes, motivados por las circunstancias que los llevaron a auto organizarse para defenderse y asumir la responsabilidad que debió haber tenido la policía municipal, en sus respectivos municipios, que ya sabemos qué fue lo que pasó, pues tuvieron que decidir tomar las armas y por supuesto la conducción de la defensa, de la protección de la policía municipal, por sí mismos, independientemente de la formalidad de las otras policías, que algunas inclusive se fueron, dejaron ahí la situación, en una gran desventaja para la población civil de esos municipios.

Entonces, esa sería, en lo concreto, Presidente, mi propuesta para lograr, para caminar por el camino de la construcción de la voluntad política y que nos lleve a tomar la consideración de las preocupaciones de todas y todos quienes hoy hemos expresado aquí en esta reunión.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Para alusiones, me mencionó.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Adelante, senador Burgos.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Agradecerle su gentileza, sus buenas formas que siempre le he reconocido, pero comparto la preocupación de que este tema requiere meterse más a fondo, más opiniones, más sustento, si la intención, como todos suponemos, es una intención para favorecer o para apoyar causa justa, no injusta, hay una propuesta.

Gracias por el comentario.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Senador Omar Fayad, por favor.

SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Gracias, Presidente.

Compañeras y compañeros senadores:

Después de los argumentos que se han esgrimido en la mesa, no sé si compartan conmigo, puedo detectar algo que es muy importante y que abona a esta discusión.

La discusión de esta mañana tiene una finalidad y esa finalidad es que este cuerpo colegiado abone a que ningún inocente, porque ese es el fondo, ningún inocente pueda estar preso, pueda estar en la cárcel, o pueda estar sujeto a un procedimiento, o a un proceso penal injustamente por las razones que aquí se han esgrimido.

Ese es el fin, ese es el fondo. Aquí lo han dicho claramente quienes están en ambos lados de quien esto dice el senador Corral y la senadora Angélica de la Peña. Ese es el fin.

No he escuchado a ninguna de mis compañeras o compañeros senadores que esté en contra de ese fin.

Creo que todos estamos a favor de una causa tan noble, como no permitir que por los hechos tan complejos sucedidos cualquier inocente pudiera estar en la cárcel. En eso creo que vamos a coincidir.

Creo que en lo que no coincidimos ha sido en el instrumento, en este instrumento que se pretendía hoy aquí en la Comisión de Justicia votáramos, pero en el fin estamos de acuerdo.

Yo creo que las formas las podemos pulir, las podemos mejorar, podemos coincidir como algunos en la figura de la amnistía, sin duda, pero también con las acotaciones que aquí se requieren.

Podríamos incluso buscar diversos mecanismos, que los existen, por la vía de la protección de los derechos humanos, por la vía del amparo, en fin, por la vía que sea necesaria para poder defender a toda persona que injustamente pudiera estar en un supuesto.

Pero también, creo que aquí todos coincidimos, en que tenemos que tener cuidado porque en los supuestos, si están tan laxos, pudiera –nadie dice que así vaya a ser o que sea el objetivo de las y los senadores-, pero pudiera ser que se materialice el caso de que existan personas que fueron detenidas en flagrancia, que efectivamente no estaban con los fines con los que se había anunciado la propia defensa o la autodefensa de ciudadanos en el estado de Michoacán y que con el simple hecho de tener un resquicio de esta naturaleza, pudiéramos poner en riesgo un trabajo que aquí no tendríamos los elementos necesarios para descalificar a priori cuando creo que se ha hecho un esfuerzo que no deberíamos desdeñar.

Puede ser criticable o no, pero yo no desdeñaría ningún esfuerzo que se haya hecho en estos dos años por tratar de regresar la paz y la tranquilidad a Michoacán.

Pero bajo esa tesitura y si tenemos tantos puntos de coincidencia, y si la voluntad; no le he consultado a mis compañeros de Partido, pero creo que van a coincidir en que la voluntad es ir adelante con un asunto de esta naturaleza de tal suerte importante, que permita que ningún inocente se quede en la cárcel por haber incurrido en estas conductas que aquí se han descrito ampliamente.

Por lo cual yo quiero tomarle la palabra al senador Corral y también a Angélica. Angélica acaba de hacer una propuesta:

Vamos a seleccionar en esta Mesa y en las Comisiones que participen, a un grupo que pueda determinar si es un problema de redacción, sería estéril que ahorita sigamos insistiendo, para ponernos de acuerdo en un asunto en el que quizá si hay la voluntad, como aquí se ha manifestado por todos los grupos parlamentarios, se haga una revisión con la información que se necesiten.

No necesariamente la información es del propio gobierno, o de las instancias del gobierno.

Yo creo que la información, el allegarnos de todo el material necesario para poder llegar a una propuesta concreta abarca mucho más que eso y lo hemos hecho en el caso de otras leyes.

Hay leyes para las que citamos a sendas audiencias públicas a escuchar a todo mundo y en ésta que tiene esa peculiaridad a la mejor hoy estamos tomando una decisión que si bien debe ser acelerada, lo más rápido posible, lo que no puede generar es que en este momento se dé un debate aquí en el que siendo un asunto importante por un voto se pueda perder y entonces se deseche de plano este asunto, o por un voto se pueda abrir una falsa puerta, que no es la intención de nadie de ustedes, así lo he escuchado de todos.

¿Por qué no se plantea la posibilidad de que en este momento la Mesa Directiva plantee el receso para que se pongan de acuerdo los grupos parlamentarios y se determina cómo sí ir adelante con un asunto tan importante como que nadie quede impune? O sí ir adelante con lo importante y trascendente para la vida nacional, que puede ser una Ley de Amnistía.

Veámoslo así, para no ahora arrancar un debate donde todos nos vamos a inscribir y vamos a seguir escuchando argumentos y contraargumentos; pero no vamos a llegar a resolver el fondo de lo que, por lo que escuché, todos sí queremos y todos queremos también tener el cuidado de que no vayamos a abrir la puerta y después alguien nos señale que por lo que se hizo aquí, un delincuente que había agraviado a una familia michoacana, pueda quedarse en libertad.

Eso es lo que quisiera, señor Presidente, y si están de acuerdo conmigo, poner a la disposición de esta mesa, para que pueda ser aprobado en su caso, usted pueda abrir el receso necesario y podamos proceder a platicar sobre las muchas coincidencias que sí tenemos y cuáles serían las diferencias que nos impedirían ir adelante con lo que se planteó, tal cual está en el dictamen de hoy.

Es cuanto, señor Presidente.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senador Fayad.

No tengo más oradores inscritos, pero permítanme hacer una reflexión final, que tiene que ver con la responsabilidad que tiene esta Presidencia de haber formulado un proyecto de dictamen, de aclarar sus contenidos y sus alcances.

No puedo compartir algunos de los análisis o argumentos que se han presentado con respecto a su contenido y me veo en la obligación de hacer esas precisiones.

En primer lugar, la figura de la amnistía es un beneficio que se establece a través de ley, a la cual se pueden acoger o no acoger ciertos sujetos, previstos en la propia ley. Pero también es un beneficio que se puede otorgar o no, de conformidad con los supuestos que establezca la propia ley.

No hay posibilidad jurídica constitucional, de desglosar personas, nombres y apellidos en una Ley de Amnistía. Eso significaría dos cosas: O es una ley privativa francamente inconstitucional o bien, sería un indulto, que también sería inconstitucional porque invadiría las facultades del Poder Ejecutivo de la Unión.

Debe tener, en cuanto a los sujetos, alcances generales. Cuando se emitió la Ley de Amnistía, por los movimientos políticos de los 70’s, no se les credencializó de manera previa; ni tampoco se levantó un censo de los zapatistas cuando se emitió la Ley de Amnistía en el ’94, sino que se describió en la ley los sujetos.

La redacción que propone el dictamen, se hace cargo de las definiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vincula la definición de los sujetos a la realización de ciertos hechos. Y ha dicho la Corte: son susceptibles de amnistía, aquellas personas que compartan una característica o bien una circunstancia.

¿Qué dice el proyecto de dictamen?

Que las personas que hubiesen asumido de facto funciones de seguridad pública en algunos municipios del estado de Michoacán, se acogen a este beneficio o podrán acogerse a este beneficio.

¿Por qué?

Porque el fenómeno de las autodefensas no fue un fenómeno generalizado en el estado de Michoacán, sino fue particularizado.

Se dice también que esto daría la posibilidad a que cualquier delito fuese olvidado o amnistiado. La interpretación no es correcta.

Déjenme poner un ejemplo: si una persona autodenominada grupo de autodefensa, el 24 de febrero de 2013 utilizó de facto funciones de seguridad pública, pero después cometió un delito contra la salud, no se acoge al beneficio de la amnistía.

Se extingue la acción penal y la responsabilidad penal, por los hechos relacionados con la asunción de facto de las funciones de seguridad pública; pero no se extiende la amnistía a un delito cometido fuera de esas circunstancias. Y eso intentamos, a lo mejor no con éxito, dejarlo suficientemente claro.

Los artículos 2º y 3º, que fueron objetados hace un momento, son la reproducción literal de lo que establece el Código Penal Federal; la amnistía extingue la acción penal, tienen que liberarse a las personas que estén detenidas o bajo prisión preventiva, porque se ejerce la acción penal con respecto a los hechos, motivo de la ley.

Si están extraídos de la justicia, es porque ya se ejerció la acción penal y están vinculados a proceso. Ninguna persona puede extraerse de la justicia, si no hay previamente el ejercicio de la acción penal. Justamente por eso, el dictamen reproduce estos contenidos.

Por último, la definición fundamental es: si este instrumento puede resolver por la vía de un mecanismo de solución de justicia que la Constitución le otorga al Congreso para reponer una diferenciación que se ha dado en los hechos, que hay personas que formaron parte de los colectivos de autodefensa que están libres y otras que están en prisión; que quizá cometieron los mismos hechos y quizá cometieron los mismos delitos, y entiendo que la motivación principal de los iniciadores de este proceso legislativo fue resolver esa diferenciación de hecho a quienes, habiendo cometido los mismos hechos, están en circunstancias jurídicas diametralmente diferentes.

En ánimo, pues, de encontrar soluciones, he hecho esta reflexión para tratar de acotar los alcances jurídicos de la amnistía y ver si este es el camino que puede transitar en la Comisión para encontrar solución de justicia a quienes están en este supuesto.

En consecuencia, si me lo autoriza la Comisión en estos términos, asumiría la propuesta que han hecho los senadores Angélica de la Peña y el senador Omar Fayad, para decretar un receso, que se reúnan las mesas directivas para tratar de llegar a un acercamiento y poder estar en condiciones de volver a convocar a la Comisión de Justicia para llegar a una conclusión específica sobre este caso que, entiendo y se comparte, nos une en el propósito, aunque tengamos algunas diferencias sobre los mecanismos.

¿Alguna otra intervención?

Se declara el receso, en consecuencia.

Muchas gracias.

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