Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

* Versión de la conferencia de prensa concedida por los senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Javier Corral Jurado y Ernesto Ruffo Appel durante la sesión del día de hoy


SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA (VHC): Muchas gracias por estar presentes aquí, a los medios.
 
Aquí es independiente que hable el senador Romero Hicks o el senador Corral; aquí estamos los tres en la misma sintonía y ahora pues me tocó a mí, el de la voz.
 
Estamos muy preocupados por lo que ha pasado con la prueba Enlace. Las noticias que tenemos es que se va a suspender la prueba Enlace, la prueba Enlace se va a suspender, y las razones que dan es que su aplicación ha sido distorsionada tanto por alumnos como por maestros. Los alumnos copian en la prueba, los profesores, se dice ―por eso queremos de parte de las autoridades que nos expliquen―, que a los alumnos de malas calificaciones, cuando se hace la prueba, les dicen que no vayan y por otro lado, que también a los alumnos les dan las respuestas anticipadamente.
 
Lo que nosotros pensamos es que esta situación no tiene que ver nada con la prueba en sí, sino con su aplicación.
 
Dicen que la prueba es mala; no, la aplicación es la que fue mala. Y ¿de qué nos sirve parar ahorita la prueba y hacer otra si podemos caer en las mismas circunstancias? Otra prueba y si los alumnos van a copiar, si los maestros les dan las respuestas con anticipación y a los que no puedan darlas, digan que no vaya; pues entonces se va a distorsionar también.
 
Este tipo de cosas le cuestan mucho al país. Volver a hacer otra prueba me imagino yo que toma tiempo, y luego la manera de implementarla también, y no estamos tratando aquí de implementar en una organización chica, sino estamos tratando aquí de implementar algo en todas las escuelas; entonces, pues esto es muy complicado.
 
¿Y qué nos va a pasar? Pues que por uno o dos años no vamos a tener valorización de la educación en el país hasta que se haga la próxima prueba; entonces, ok, el termómetro quizás no sea totalmente apropiado por las distorsiones pero ahora nos vamos a quedar sin termómetro, y a mí se me hace eso fatal.
 
Por eso yo soy aquí vocero de los compañeros que estamos en contra de esta situación. Queremos que venga el secretario a darnos una explicación aquí al Senado; por qué tomaron esas decisiones, y también estamos involucrando al INEE, porque el INEE en realidad va a ser precisamente el valorador y a nosotros se nos hace de que la posición que tomó pues en ningún momento dijo: “Bueno, hay que modificar precisamente no la prueba, sino la aplicación de la misma”, y se supone también que el INEE es un organismo autónomo, y aquí hasta cierto punto la Secretaría está tomando una serie de disposiciones que no le corresponden.
 
A nosotros la situación de la educación nos preocupa mucho; creo que es uno de los principales problemas que tiene nuestro país y estas situaciones, en estos momentos en que se están aplicando o se trata de aplicar las nuevas leyes que van a regir a nuestro país en la situación de educación y que se ha tenido mucha dificultad, como todos ustedes saben y que nosotros también comprendemos de que no son inmediatas ―hay que ser prudentes y saber qué exigir y qué no―, sí creo que debemos de tener una explicación sobre la prueba esta que tenemos y que todavía no sabemos qué va a pasar con ella. Según las noticias, ya no la van a aplicar.
 
Entonces, pues creo yo que sí merecemos aquí en el Senado que nos den una explicación.
 
Eso es todo.
 
SENADOR JAVIER CORRAL JURADO (JCJ): Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.
 
La explicación que ha dado el senador Víctor Hermosillo fundamentalmente es la exposición de motivos del punto de acuerdo que él presenta hoy en el Senado de la República y que hemos suscrito los senadores aquí presentes; tanto el senador Ernesto Ruffo como el señor senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, Hermosillo también, como integrante de la Comisión de Educación, y un servidor como integrante también de esta Comisión.
 
Estamos pidiendo tanto a la Secretaría de Educación Pública como al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa que nos hagan llegar a la Soberanía un informe sobre los criterios técnicos, pedagógicos, las circunstancias administrativas e incluso la experiencia de resultados anteriores para que con base en ese informe, podamos desahogar con mayores elementos la comparecencia que habrá de tener en el Senado de la República el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, el próximo miércoles 26 de febrero a las 6 de la tarde, 26 de febrero a las 6 de la tarde, como lo dio a conocer ayer el senador Juan Carlos Romero Hicks.
 
Nos parece que la suspensión de la prueba de la manera en que se hizo, incluso sin contemplar una medida gradual o una medida por regiones o por etapas, viene a descobijar uno de los principales propósitos de la reforma educativa que el Senado y el Congreso, en general, llevó a cabo, que fue la de incluir dentro de los objetivos y característica de la educación, el de la calidad.
 
La prueba Enlace, independientemente de la forma de aplicación que bien ha señalado Hermosillo, ha sido un mecanismo para poner a competir a las escuelas entre sí; incluso a estados entre sí. Efectivamente: se generó quizá una distorsión en donde los profesores enseñaban para responder la prueba Enlace más que para el desarrollo del programa curricular; sin embargo, es un instrumento fundamental que requiere de una explicación, los términos de su suspensión, y por ello estamos presentando hoy en el Senado este punto de acuerdo, requiriendo el informe antes de que llegue el secretario de Educación.
Y el propio presidente de la Comisión ha dicho que tenemos pendiente la visita del secretario Osorio Chong, a efecto de darle seguimiento también a la aplicación de la reforma educativa en general y particularmente en lo que se refiere al nuevo decreto del Servicio Profesional Docente que acaba de ser emitido.
 
Por mi parte es todo. Simplemente decir que estamos en sintonía con lo expresado por el senador Hermosillo; que su inquietud la compartimos; que el propósito de su punto de acuerdo lo avalamos en todos sus términos.
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS (JCRH): Muy bien día a todos, gracias por acompañarnos.
 
En la Comisión de Educación hemos ya comentado tres visitas que serán muy importantes. Primera, el miércoles 26 de febrero a las 6 de la tarde el secretario Emilio Chuayffet. Segunda, el miércoles 12 de marzo de la Junta Directiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y tercero, algo que ya hemos dialogado con el secretario Osorio para comentar cuál es la política que la Secretaría de Gobernación ha venido dando en la atención a algunos de los temas de carácter educativo laboral.

Regresando al tema de la prueba Enlace, quisiera platicar cuál es el origen y la trayectoria de la prueba. El secretario Reyes Tamez en el año de 2005 ordenó el diseño de la prueba, se empezó aplicar hasta la siguiente administración y durante ocho años la prueba se ha venido aplicando.

En la primera ocasión nueve y medio millones de educandos la tuvieron a la vista y el año pasado poco más de 14 millones en 221 mil escuelas. Entonces, nosotros lo que creemos es que son tres partes, primero, ¿cuál es la validación técnico pedagógica de la prueba para que los especialistas nos indiquen hasta donde la prueba tiene esa confiabilidad y validez?

Segundo, han existido algunas críticas sobre las repercusiones de la prueba y queremos que la prueba tenga el máximo de extensión en sus resultados, los individuos, los alumnos, los maestros, los padres de familia, las comunidades educativas.

Y tercero, en el caso de que hayan existido irregularidades, que esas irregularidades nos expliquen cuáles fueron, qué investigaciones y eventualmente qué sanciones se están aplicando a este momento.

Nosotros sabemos que el proceso educativo es un proceso que requiere la intervención de autoridades diversas. Y en este momento la Secretaría de Educación Pública conserva atribuciones de planeación y evaluación. La diferencia es que ahora el INEE es la máxima autoridad en materia de evaluación, pero eso no significa que de manera aparentemente sencilla, sin una reflexión al menos compartida con las comunidades educativas y la sociedad, no tenga que argumentar por qué han tomado este tipo de determinaciones.

Por eso el punto de acuerdo son tres partes: uno, que nos informen cuáles son las causas técnico, científico, pedagógicas de la suspensión, y administrativas.

Segundo, cuáles fueron las irregularidades que aparentemente detectaron. Y tercero, qué han hecho al respecto de las irregularidades. Porque aún suponiendo las irregularidades no son causa suficiente para suspender un proceso de carácter técnico-pedagógico. Si el día de mañana existe otra prueba o algo análogo incurriríamos en los mismos riesgos.

Es el punto de acuerdo que vamos a someter nosotros.

PREGUNTA: Senadores, para consultarles si ustedes coinciden con los argumentos que planteó Chuayffet en el sentido de que él dice que hay que cancelarla porque está pervertido el espíritu de la prueba, dice que en el sexenio pasado o cuando se creó se amarró como un mecanismo de estímulo-castigo, entonces ¿ustedes coinciden con esta visión? Y aprovechar la presencia de los senadores para preguntarles sobre esta polémica que se ha desatado en cuanto a la reforma de telecom, el Poder Judicial decidió hacerse a un lado en el tema del must carry y el must offer, pero ahora también el Ifetel, bueno, el nuevo Instituto, pues se dobla, de alguna manera en su estreno como órgano regulador decide posponer una decisión sobre este polémico debate, yo quiero saber si el Legislativo falló por no hacer la secundaria o realmente los otros poderes sí tiene elementos para tomar una decisión y le están sacateando. Gracias.

JCRH: En la primera parte de la pregunta, una irregularidad en la aplicación no es razón suficiente para detener una prueba, lo que tenemos qué ver es que la prueba científica, técnica y pedagógicamente esté bien diseñada y luego por supuesto que también esté bien aplicada. Parte de la polémica aparente son las repercusiones con los resultados de la prueba porque los resultados deben servir para política pública.

¿A quién le deben servir? Al educando, al padre de familia, al maestro, al directivo escolar, a la autoridad educativa, a la sociedad en su conjunto. Y quizá lo que sí habrá que revisar son las repercusiones laborales, en donde se han dado algunos señalamientos de que probablemente el ingreso del maestro no tiene que estar directamente afectado en función de los resultados solamente de la prueba, pero esos son aspectos que tendrá que revisar. Una irregularidad no tiene por qué suspender una prueba.

Y por otro lado, la Secretaría conserva atribuciones para hacer la prueba y debe seguir haciendo evaluaciones porque en el diseño institucional el INEE no es el que va a aplicar pruebas a individuos ni a alumnos ni a profesores, va a validar las pruebas y va normativamente a señalar lineamientos y directrices para su diseño y aplicación. Entonces, no hay razón suficiente.

En la otra parte de la pregunta, aunque ellos también podrían comentar la parte educativa, me gustaría que otro colega pudiera responder.

VHC: Yo ser claro en la prueba, el problema no es la prueba, es cómo se aplica. ¿Qué garantía nos dan de que hagan otra prueba si no la aplican? Ahorita pueden corregir lo que está pasando, sino el INEE no va a poder en dos años evaluar muchas cosas porque no hay prueba, porque no se está aplicando la prueba. Eso que nos expliquen.

Nosotros podemos tener los humanos muy buenos instrumentos, pero si nosotros los humanos los distorsionamos y no los aplicamos bien es culpa de la aplicación y eso es lo que hay que corregir.

JCJ: Coincido con lo que han planteado en temas de la prueba, no es cancelando instrumentos de evaluación, sino combatiendo las acciones perversas y corrigiendo las distorsiones como vamos a someter el objetivo de la calidad educativa.

En segundo lugar, yo tengo esperanza y hago votos porque en el fondo del asunto que está llamado a resolver el Ifetel, que son los criterios básicos para poner en practíca el must carry y el must offer, de estas dos figuras que hablan de la retransmisión de señales abiertas en sistemas restringidos y la obligación que tienen los sistemas restringidos de transmitir de manera simultánea e íntegra las señales abiertas, yo espero que en el fondo de esta decisión el Ifetel no se vaya a doblar porque ahora todavía no conocemos su resolución sobre el fondo.

Lo que efectivamente contemplamos ahora es una indecisión que acusa una debilidad y, en todo caso, una confusión entre los miembros del órgano regulador que indiscutiblemente tiene competencia para resolver sobre esa materia.

El artículo 27 constitucional, el 28 constitucional y los artículos transitorios de la reforma en materia de telecomunicaciones confirieron al Ifetel la facultad para resolver el tema de must carry y must offer e incluso, como una medida de autoaplicación, a la constitución inmediata de este órgano.

¿Es un signo de debilidad? Sí, que el colegiado del Ifetel posponga el tema en función de sólo una notificación de un juez, ni siquiera de una resolución.

Un juez, por cierto, al que ya es hora que le echemos la luz porque es un juez que en varias ocasiones le ha servido a Televisa para generar acciones dilatorias en órganos reguladores con relación a los temas que se discuten.

P: ¿Quién es?
JCJ: Es el juez 32 de lo civil, de hecho se trata de un juez local del Distrito Federal. Aquí hay también, hay que decirlo con toda claridad, ya una invasión de jurisdicción toda vez que la reforma constitucional creó tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, pero este juez vuelve a servir y a salir de la noche a la mañana con notificaciones buscando dilatar decisiones fundamentales del órgano regulador.
 

No por algo este juez enfrenta demandas, incluso de carácter penal, por el contenido de sus resoluciones. En una de las respuestas que este juez ha dado a esa demanda advierte prácticamente un fallo por desconocimiento y no obstante ello ahora vuelve a hacer una notificación extraordinaria al Ifetel para tratar de parar el asunto.
 

Espero que este signo de indecisión y debilidad no se convierta en un doblamiento. Realmente sería muy desesperanzador para el país, para las telecomunicaciones, para el Congreso que este órgano, en su primera decisión inaugural de su autonomía y su independencia terminará rindiéndose a los intereses que presionan esas decisiones, que son los intereses del duopolio de la televisión.

Muchas gracias.

P: ¿El Consejo de la Judicatura tendría que tomar cartas frente al comportamiento de este juez?
JCJ: Es hora de que tome cartas, yo creo que también ahí hay una queja radicada sobre el comportamiento de este juez.

P: Yo quisiera hacerles otra pregunta aprovechando que están, fundamentalmente al senador Corral pero también a los otros tres senadores, porque es un asunto que se refiere a la ética y al conflicto de intereses. Quería preguntarles si no se requiere que el senador Javier Lozano, que es el presidente de la Comisión de Comunicaciones, se excuse y no participe en el dictamen de la minuta que hay en materia ferroviaria dada su relación con el ex Presidente Zedillo, del que fue empleado o trabajó con él, perdón, y su posición que ayer hizo pública totalmente a favor de lo que los grandes consorcios están planteando, es un asunto de ética. Se los quiero preguntar, ¿no será necesario que él se excusara y no participe?

JCJ: Yo no tengo claro, sinceramente, si el senador Lozano cae en el supuesto del conflicto de intereses para excusarse de una materia como esta, toda vez que su actuación se desarrolló en el servicio público y su actuación sigue haciéndolo en el servicio público como legislador. Tendría claridad en el tema si él se hubiera desempeñado en el campo de los intereses privados, que fueron beneficiados con la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México.
 

Creo que más en conflicto está Zedillo que Lozano, toda vez que el ex Presidente es miembro del consejo de administración de Union Pacific que fue uno de los grandes beneficiarios de esta decisión. En el caso de Lozano, por haber intervenido desde la parte del servicio público, creo que no está impedido, lo digo con absoluta honestidad personal.

Tampoco la materia está tocando necesariamente el decreto privatizador, hay una reforma a la ley para generar nuevas condiciones en términos de concesiones y de obligaciones a los concesionarios, pero será cuestión de revisar muy bien la minuta para saber si hay realmente o no un posible conflicto de intereses.
P: De haberlo, ¿tendría que retirarse?
JCJ: De haberlo tendría que excusarse

 

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