SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, POSICIONAMIENTO COMISIONES UNIDAS, COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
Buenos días
El pasado 9 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de la Corrupción. En su mensaje, el Secretario General de las Naciones Unidas señaló que la corrupción es un obstáculo para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que debe tomarse en cuenta al definir y aplicar una sólida agenda para el desarrollo después de 2015.
Durante este año, el trabajo de las y los Senadores ha sido intenso. En esta legislatura hemos dictaminado y aprobado leyes indispensables para la República, justamente pensando en una agenda de desarrollo para nuestro país.
Si algo podemos reconocer como un común denominador en todas las grandes reformas que hemos estudiado, es la constante exigencia ciudadana de que exista transparencia y mecanismos de rendición de cuentas como base del actuar de todos los servidores públicos y en el manejo de los recursos públicos.
De acuerdo al índice de percepción de la Corrupción de 2013, México se ubicó en la posición número 106 entre 177 países.
Lo lamentable de la corrupción es que representa un mal cuyos efectos resienten los más desfavorecidos, es sin duda uno de los grandes pendientes que tiene México a nivel internacional.
El dictamen que hoy estamos analizando trae a la mesa un tema que por su complejidad ha sido estudiado por una gran cantidad de especialistas e instituciones desde muy diversos enfoques.
Las conclusiones a las que se han llegado es que este es un fenómeno multifactorial en el que intervienen circunstancias culturales, económicas y políticas.
De lo que estamos hablando aquí es de un problema que afecta tanto a ciudadanos como a autoridades, en todos los niveles y estratos socioeconómicos.
Lamentablemente es una práctica generalizada, por lo que es de gran trascendencia reconocerlo para entrar de lleno a la búsqueda de los mecanismos que nos permitan luchar contra la corrupción de manera eficaz y pronta. La viabilidad del sistema democrático está de por medio.
Se debe reconocer que para la dictaminación de estas iniciativas se realizó, en lo que se ha convertido en una práctica común en el Senado, una consulta amplia a los expertos en el tema. A lo largo de una serie de reuniones escuchamos la voz de autoridades encargadas de la materia, especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil.
Todos ellos comentaron y analizaron los diferentes modelos propuestos en las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD.
El ejercicio fue útil y en el dictamen que hoy se presenta toma e incluye en su exposición de motivos las observaciones y comentarios vertidos. Todos los aportes fueron muy valiosos y las conclusiones se vieron reflejadas en los artículos que hoy votaremos.
De todos estos comentarios lo que queda claro es que nos enfrentamos ante un problema que no acepta soluciones superficiales y que no se resuelve con una visión única. Se requiere todo un entramado de cambios legales e institucionales enfocados principalmente a prevenir, pero también a fortalecer los mecanismos de sanción de los actos de corrupción.
Es por eso que en este dictamen se establece explícitamente que debe hacerse una minuciosa revisión de la legislación secundaria, como es el caso del marco de actuación de la Cofemer para promover la simplificación regulatoria; las leyes de compras, adquisiciones y obras públicas, la Ley de Archivos, de asociaciones público privadas y la del servicio profesional de carrera, entre otras muchas.
Con la aprobación de esta reforma, en adición a la recién aprobada reforma constitucional en materia de transparencia, la inclusión de la fiscalía especializada contra la corrupción en la reforma política, así como las reformas a la deuda pública local; estamos creando un Sistema Nacional de Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Esta reforma nos faculta para expedir una ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción que será aplicable a todos los órdenes de gobierno.
Se crea un órgano responsable de combatir la corrupción que estará a cargo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción.
Esta figura se replicará en todas las entidades federativas, garantizando la eficacia en el combate a la corrupción, mediante un sistema nacional que tiene como base la posibilidad que tendrá el órgano de federal de atraer los asuntos de competencia de los Estados y municipios.
Asimismo se establece que el órgano responsable de combatir la corrupción aplicará el procedimiento administrativo sancionador con el fin de salvaguardar la obligación de los servidores públicos de desempeñar su empleo mediante los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
En el Grupo Parlamentario del PRI tenemos el firme compromiso de legislar a favor de los ciudadanos.
Estamos convencidos de que con estas reformas de gran trascendencia para México estamos generando una nueva relación entre el ciudadano y los servidores públicos. Muchas gracias.
