Senado de la República

• Fundamental iniciar el análisis sobre las adecuaciones que requiere la ley secundaria.
El senador Armando Ríos Piter, presentó iniciativa de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, con el objetivo de fortalecer los mercados a favor de los consumidores. Este planteamiento considera los cambios constitucionales propuestos en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica que se encuentra en proceso.
Ríos Piter expone que se ha dado un paso significativo con la iniciativa a favor de la competencia en la reforma de Telecomunicaciones, pero se necesita extenderla a otros sectores de bienes de consumo y servicios básicos que impactan el ingreso de los consumidores mexicanos.
Apuntó que según un estudio de la OCDE, el 30 por ciento del gasto familiar en México se lleva a cabo en mercados con problemas de competencia. Es decir, en promedio 30 centavos de cada peso que gastan los mexicanos se van a mercados monopolizados, afectando notablemente al decil más pobre de la población.

El perredista  menciona que la falta de competencia no es exclusiva del sector de telecomunicaciones y cita mercados como el de la tortilla, la carne, el huevo, el pollo, refresco, incluso el transporte aéreo.
Con respecto a los medicamentos, están considerados con los precios más altos de la OCDE y el menor consumo.
En el caso del transporte aéreo, se observa en las rutas precios más altos que las internacionales (si bien la incursión de aerolíneas de bajo costo genera precios más competitivos), se mantienen abusos de sobreventa de lugares, o cancelación de última hora, sin la retribución correspondiente.
Según el investigador, Carlos Elizondo Mayer Serra, si se lograra quitar el control de los monopolios en los productos básicos, es decir, generar competencia en esos sectores, equivaldría a aumentar en 6 por ciento el salario de los más pobres de México.
Ríos Piter señala que lo contemplado por la reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Competencia, contiene puntos importantes para generar un marco regulatorio en la ley secundaria que combata los monopolios, y cita los siguientes:
• Autonomía Constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica.
• Tribunales especializados en materia económica, siendo el Consejo de la Judicatura Federal el responsable de organizarlos.
La propuesta del coordinador del Área Económica del GPPRD incorpora:
• El concepto de insumo esencial, que permitirá que en aquellos mercados donde se identifiquen fallas derivadas por cuellos de botella la Comisión Federal de Competencia Económica intervenga para corregir el actuar de los agentes económicos, ya sea al asegurar el acceso al insumo, o al establecer la regulación correspondiente para alcanzar un mercado competitivo.
• La facultad y procedimiento para emitir recomendaciones a Estados, Municipios y demás órganos de gobierno, sobre actos que incidan en la competencia económica, con el fin de que se tomen medidas al respecto.
• El método para revisar los efectos en materia de competencia económica de los programas, políticas y subsidios del Gobierno Federal, emitiendo una opinión vinculatoria al respecto y considerando el beneficio social de los mismos (Los Subsidios sólo en los casos que no estén sustentados por leyes)
• Un mandato expreso para la Comisión al establecer como objetivo prioritario el "funcionamiento eficiente de los mercados".
• Incrementan significativamente las multas, se refuerzan las sanciones y medidas para contener las prácticas de distorsión a los mercados en contra de la competencia. Entre las que destaca la multa del treinta por ciento de los ingresos del agente económico, por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta.
• Un procedimiento específico para sancionar a los comisionados en caso de que, contraviniendo la disposición prevista en el proyecto constitucional se reúnan, fuera de audiencia pública, con las empresas involucradas en un proyecto de resolución.
• Un Consejo Consultivo, con 10 consejeros, que duren en su encargo 5 años, cuyos miembros serán votados por dos terceras partes del Senado. El cual tendrá la función de actuar como organismo de monitoreo social de la Comisión.
Además, propone fortalecer una política de competencia económica que ponga en primer término a los consumidores e impulse a las Pymes como el eje articulador de una nueva política de desarrollo económico.
Ríos Piter, subrayó que el Senado está en la oportunidad histórica de  construir un régimen democrático que otorgue beneficios tangibles a los ciudadanos.