Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Grupo Parlamentario del PRD exhortan a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a investigar el posible conflicto de interés del C. Claudio César de la Cerda Negrete, director general de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, quien hasta junio de 2016 fue director de operaciones de Jaguar Exploración y Producción, empresa ganadora de once contratos de las licitaciones realizadas en las Rondas 2.2. y 2.3 en materia hidrocarburos.

Mediante un punto de acuerdo también solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) un informe detallado sobre las causas por las que en las licitaciones segunda y tercera de la Ronda 2 se contempló el bono a la firma únicamente como criterio de desempate entre las propuestas en materia de hidrocarburos.

Los legisladores perredistas mencionaron que un aspecto a destacar en los resultados de dichas licitaciones es que de once de los bloques licitados fueron adjudicados a Jaguar Exploración y Producción la cual es una empresa fundada por Dionisio Garza Medina, señalado por utilizar los paraísos fiscales para beneficios personales y su director de Operaciones hasta junio de 2016 fue Claudio César de la Cerda Negrete.

Aseguraron que este último funge actualmente como Director General de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, que entre otras funciones tiene la de elaborar la propuesta de integración de las áreas contractuales para la exploración y extracción de hidrocarburos a ser incorporadas en las rondas de licitaciones. 

Por otro lado, mencionaron que las variables que definió la SHCP para determinar a la empresa  ganadora de dichas licitaciones fueron: por el  porcentaje de regalía adicional al establecido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; por el factor de inversión adicional al establecido en las bases de licitación y  en caso de empate, un pago en efectivo.

En ese contexto, apuntaron que llama la atención que en la Ley también se señala que otro de los pagos que debe hacer la contratista al Estado es un bono a la firma, que será determinado por la SHCP y que “en estas licitaciones no se estableció, así mismo se indica que  sólo se obtendrán dichos bonos en los casos que se aplique como criterio de desempate”.

Respecto al porcentaje de regalías, señalaron que en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se estableció que es de 0% cuando el precio del gas natural sea menor a 5 dólares por millón de BTU (unidad de energía) y cuando sea mayor, se aplican una fórmula que lo hace progresivo. “Por ejemplo, si el precio es de 6 dólares, la regalía es de 10% y si el precio es de 10 dólares, la regalía es de 30%”.

Comentaron que la SHCP estableció rangos adicionales de entre 2.5 y 45%. En 17 de los 21 ganadores ofertaron el límite superior establecido.

En ese contexto, señalaron que las empresas ganadoras son pequeñas para este tipo de actividades y hay algunas mexicanas de reciente creación, las cuales “sólo pagan al Estado las regalías y la cuota contractual para la fase exploratoria que se determina en función de la superficie concesionada”.

Recordaron que el pasado 12 de julio se llevó a cabo la apertura de propuestas de la segunda y tercera licitación de la Ronda 2, con lo que se dio por terminado el proceso de privatización previsto para este año, “aunque la Secretaría de Energía ya anunció la posibilidad de celebrar una cuarta licitación, pero aún no ha definido su contenido”.

Mencionaron que en el caso de la Ronda 2.2, se ofertaron 10 áreas contractuales, 9 de las cuales están ubicadas en la cuenca de Burgos y 1 en las cuencas del Sureste y  se recibieron ofertas para 7 de las 10 áreas ofrecidas.  En el caso de la Ronda 2.3,  se adjudicaron las 14 áreas.

“En la mayoría de estas áreas se estima que el hidrocarburo principal es gas húmedo y en algunas áreas además existe aceite ligero, ya que  se trata de yacimientos pequeños en los que se estima existen 2.110 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que representan sólo el 4.0% del total de recursos prospectivos que se reservó el Gobierno para licitar a empresas privadas”, precisaron.