Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Ante la sospecha de una probable asignación irregular de obras a la empresa Urbanización y Riego de Baja California, S.A de C.V. (Urbaca); senadores del Grupo Parlamentario del PRI solicitaron al congreso del estado de Baja California realizar una auditoría a los contratos asignados durante la administración del gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid.

Los legisladores dieron a conocer diversas irregularidades que se registran en los dos primeros años del gobierno encabezado por Francisco Vega y según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en su Reporte de Deuda Sub nacional del Segundo trimestre de 2016, señala que la deuda total de Baja California es de más de 17 mil 500 millones de pesos, de los cuales 12 mil 666 millones corresponden al Gobierno estatal y representan un incremento de 1 mil 347 millones con respecto al año anterior.

“La organización México ¿Cómo vamos? en su Semáforo Estatal de Baja California, señala en color rojo el nivel de deuda, porque es 3.7% del porcentaje del Producto Interno Bruto, mientras la media nacional es de 2.9%”, indicaron. 

Agregaron que existen señalamientos de un presunto enriquecimiento ilícito durante la administración al frente del municipio de Tijuana del actual gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, y lejos de transparentar y rendir cuentas sobre su patrimonio, ha decidido no presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, conocida como tres de tres.

Otras de las problemáticas que se han presentado durante la presente administración, señalan, es el relacionado con un presunto favoritismo en la asignación de contratos por parte del Gobierno estatal.

Tal es el caso de la licitación pública para la construcción de un acueducto de 47.5 kilómetros para transportar agua desde la zona de pozo del Ejido Villa Hermosa, hasta el Ejido Choropo.

“La ganadora de dicho concurso fue la empresa Urbanización y Riego de Baja California, S.A de C.V. (Urbaca), de la cual presumiblemente es socio Fernando Beltrán Rendón, uno de los proveedores favoritos de los gobiernos panistas en el estado. Otra de las irregularidades relacionadas con la construcción de esta obra, es el hecho de que el costo de la misma sería de 300 millones de pesos, no obstante, al momento de entregar y aprobarle el proyecto a la empresa Urbaca, lo hicieron por un importe de 405 millones de pesos”, puntualizaron.

 

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