Senado de la República

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La población de la tercera edad, mayor de 60 años, en México representa el 10.4 por ciento de la población total y a pesar de ello es un sector de la población cuyos derecho humanos no son considerados en las políticas públicas de ninguno de los tres niveles de gobierno, consideró la senadora Angélica de la Peña Gómez.

Durante la inauguración de la Mesa de Análisis “A 2 años de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, ¿en qué estamos y hacia dónde vamos?”, la senadora del PRD recordó que en diversas ocasiones han solicitado al titular del Poder Ejecutivo enviar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores para aprobar su ratificación.

“La ratificación de este instrumento internacional beneficiará con la protección de sus derechos a todas las personas mayores, o cuando menos tendríamos una exigibilidad jurídica desde un tratado del derecho internacional de los derechos humanos que obligaría a los distintos entes gubernamentales a tomar acciones, a definir política públicas que protejan a quienes han llegado a esa etapa de su vida”, añadió de la Peña Gómez.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos resaltó la necesidad de visibilizar las condiciones que afectan a las personas mayores, sobre todo, desde el enfoque de los derechos humanos, “desde su dignidad humana, su integridad física, su acceso a la vivienda, a la salud, a la educación y al trabajo, o, del abandono y maltrato que por desgracia son recurrentes en nuestro país”, detalló.

Pero, también se requiere revisar las políticas públicas actuales, explicó la senadora del sol azteca, sobre todo a nivel de los gobiernos municipales, la cuales deben evitar ser asistencialistas, contar con una perspectiva de género y eliminar cualquier rasgo discriminatorio.

“La vigencia de los derechos humanos, vistos de manera integral, no tienen por qué limitarse por edad a las personas; cumplir 60 años y más no debe representar un futuro oscuro, por el contrario, debe ser una etapa que debe vivirse con dignidad y con pleno goce de todos los derechos que la Constitución les reconoce”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.