La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Dolores Padierna Luna afirmó que la impunidad y la falta de acción de las autoridades puede traer como consecuencia que sean considerados cómplices de delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos.
“Todas las agresiones locales contra periodistas cometidas este año, permanecen en la impunidad, todas estas agresiones pudieron evitarse, la vida de todas y todos los comunicadores pudieron preservarse si la autoridad responsable hubiera cumplido con sus obligaciones de investigar el contexto de violencia e inseguridad de la labor que realizan los comunicadores”, señaló.
Durante la reunión de trabajo de la Primera Comisión con el Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo; el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; así como, la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra con relación con los atentados violentos en contra de periodistas acaecidos en el país, Padierna Luna reitero que la “impunidad mata periodistas, mata la voz y las letras de quienes nos informan y mata la construcción de una sociedad democrática”.
Mencionó que en el informe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión se precisó que del año 2010 a la fecha se han integrado 368 expedientes por amenazas; 150 por abuso de autoridad; 70 por lesiones; 70 por robo; 66 por homicidio; 55 por privación ilegal de la libertad, así como, 48 por daños en propiedad ajena y por facultad de atracción.
“De este universo se han logrado sentencias condenatorias en tan sólo 3 casos, es decir el 99.7 % de los casos permanece en la impunidad”, indicó.
La coordinadora del PRD, refirió que en un fragmento del protocolo para la investigación de delitos de homicidio y homicidio múltiple adoptado por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 2015, se afirma que “es importante considerar que el delito de homicidio perpetrado de manera simultánea y en un período corto de tiempo a un número elevado de víctimas puede llegar a constituir responsabilidad por parte de las autoridades en razón de la carta de acción para investigar los hechos inusuales por omisión de la mismas, esto puede derivar en la puesta en peligro del bien jurídico tutelar al fijar a las personas en condición de riesgo y vulnerabilidad de ser víctimas de este ilícito penal”.
Por ello, la legisladora perredista cuestionó al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián sobre el presupuesto para el mecanismo que se implementa para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
“¿Cómo explica que mientras la tendencia de agresiones y amenazas a periodistas y personas defensoras de derechos humanos ha venido a la alza en los últimos cuatro años y el presupuesto para el mecanismo allá ido en sentido contrario al punto de que hoy estemos en ceros?”, dijo.
Padierna Luna, comentó que dicho mecanismo de protección cuenta desde hace años con los servicios de la empresa RCU, el cual maneja los datos más sensibles y la información confidencial de los beneficiarios de este mecanismo y ha venido estableciendo convenios de colaboración con otras empresas.
Por ello, consultó al Subsecretario de Derechos Humanos sobre ¿cuáles son y en qué documentos están las medidas seguridad para el manejo de la información confidencial y el personal de las y los beneficiarios del mecanismo cuando se comparte esta información?
“Debido a que ha habido señalamientos de personas han dicho que esta información de carácter confidencial ha sido vendida y ha sido pública”, precisó.
También, interrogó al Campa Cifrián, sobre el estado que guarda el caso de Veracruz donde fueron asesinados 17 periodistas, de los cuales 3 permanecen como desaparecidos.
“¿Cuáles son las estrategias de investigación del contexto y los planes agotamiento de las líneas de investigación particulares que se han diseñado desde su fiscalía para investigar como asesinatos múltiples estos crímenes y para evitar que más periodistas sean asesinados? ¿Cuáles son los criterios que su fiscalía aplica para proceder en la atracción de algunos casos y en qué casos no”, consultó.
La líder parlamentaria destacó que la CNDH en la recomendación general 24 publicada en el mes de febrero de 2016, en el punto 163 se señala que los casos de agresiones a periodistas no investigados, ni sancionados evidencian la falta de condiciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligados a generar para que allá libre expresión e investigación periodística, sin consecuencias, pero también evidencian como se han arraigado la impunidad en este delito.
En el 164, apuntó “dice que se requiere fortalecer una política pública que permita investigar y sancionar de manera eficiente a los responsables de los agravios que sufren comunicadores sean o no asuntos estatales”.
Por ello, cuestionó a la Subprocuradora de Derecho Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías Guerra ¿cuántas medidas de atención y protección a víctimas y prevención testigos en casos de su competencia federal han sido gestionadas, tramitadas y supervisadas por la subprocuraduría a su cargo?.
Asimismo, sobre ¿cuál es la política de Estado en materia de prevención de los delitos contra periodistas y medios de comunicación que se está implementando en México?, y “no me refiero a programas de acciones aisladas, sino a una política nacional y en qué documentos está contenida”, concluyó.