Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) deben informar sobre el avance de los cambios a las normas y reglamentos de construcción referentes a los espacios máximos destinados a estacionamientos, demandó la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

En un punto de acuerdo presentado ante Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora solicitó también al jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que desarrolle e implemente un programa de movilidad adecuado y congruente con los cambios que representan las modificaciones a las normas y reglamentos de construcción de la Ciudad de México.

La senadora recordó que de acuerdo con el reporte Global Outlook onWalking and Cycling (Panorama Global sobre Peatones y Ciclistas), publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en agosto de 2016 se tenían registrados poco más de 38 millones de vehículos y se proyecta que esta cifra crecerá a más de 70 millones para el 2030.

“Este aumento en la matrícula vehicular se atribuye, principalmente, a la tendencia de adquisición de vehículos particulares, volviéndose preocupante si consideramos que en México se registra un crecimiento demográfico de 2.41 por ciento anual y un 6.32 por ciento en la tasa de motorización, por lo que se calcula que para el 2030 se cuente con 137 millones de habitantes y los 70 millones de vehículos; es decir, un vehículo por cada dos habitantes en el país”, indicó.

A pesar de lo anterior, agregó la senadora por Coahuila, existen aún prácticas obsoletas que incentivan el uso de vehículos privados.

Un claro ejemplo de ello, dijo, es el artículo 79 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en el cual se señala que “las edificaciones deben contar con la funcionalidad, el número y dimensiones mínimas de los espacios para estacionamiento de vehículos, incluyendo aquellos exclusivos para personas con discapacidad, que se establecen en las normas”.

La norma establece un mínimo de cajones de estacionamiento, dependiendo del uso que se le da a la edificación, dijo.

Por ejemplo, abundó, la norma requiere un cajón de estacionamiento por cada 30 m2 de construcción, para el caso de oficinas o despachos; un cajón por cada 25 m2 de construcción, en centros de estudio de posgrado, y un cajón por cada 7.5 m2, para el caso de centros nocturnos y discotecas, informó.

Este tipo de regulaciones han provocado que de 16 millones de metros cuadrados proyectados de construcción, el 42 por ciento sea para espacios destinados a estacionamientos, de acuerdo con el análisis de 251 desarrollos inmobiliarios entre 2009 y 2013 hecho por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), comentó la senadora panista.

“Al destinar espacios para los vehículos particulares, se privilegia su uso y se deja de incentivar el uso del transporte público, lo cual no representa una práctica sustentable y se contrapone a objetivos como el de fomentar la movilidad urbana; generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, así como diseñar instrumentos de fomento y normativos que promuevan el transporte y la movilidad sustentable”, consideró.

Por ello, apuntó, es necesario seguir la tendencia internacional de regulación de estacionamientos, como en Nueva York, que redujo sus espacios de estacionamientos públicos de 127 mil en 1978 a 102 mil en 2010; o en Ottawa, que cuenta con máximos de estacionamientos para edificaciones a menos de 600 metros de algún transporte público masivo.

Ante esta problemática, el secretario de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, declaró que se tomarían medidas para cambiar las normativas y reglamentos y cambiar de mínimos de cajones requeridos a máximos requeridos en las construcciones, añadió.

Los cambios se esperaban para el pasado mes de marzo, pero a la fecha no se han visto reflejados, por lo que es necesario informar sobre el avance de este programa, concluyó la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado.

 

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