La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, para incluir la figura del allanamiento en materia procesal laboral, con el fin de dar certeza a trabajadores y empresas en juicios por liquidaciones.
Al exponer la propuesta ante el pleno, firmada también por las senadoras Sonia Rocha Acosta, Sandra Luz García Guajardo y Patricia Leal Islas y los senadores Salvador López Brito, Jesús Santana García y Daniel Ávila Ruiz, Gómez del Campo afirmó que los principales problemas para la impartición de justicia laboral son la incertidumbre en las liquidaciones, tanto para los empleados como para las empresas; los actos de corrupción que obstaculizan el proceso ante las juntas de Conciliación; la incertidumbre en el tiempo que dura un proceso laboral; la demora en el tiempo para realizar los pagos, los elevados montos demandados, y las malas prácticas.
Además, dijo, otro factor que interfiere para que las controversias laborales no se lleven a cabo de manera expedita es la falta de profesionalismo con el que actúan algunos abogados, con el propósito de alargar los procesos en busca de liquidaciones más altas.
“Estamos proponiendo, concretamente, garantizar el acceso de los trabajadores a una justicia expedita; esta iniciativa va a contribuir también a proteger los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, a evitar que los procesos laborales se alarguen cada vez más y que dejen también de ser tan costosos para los trabajadores y para las empresas”, resaltó.
Recordó que el pasado 24 de febrero fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales, aprobadas por el Senado de la República, a los artículos 107 y 123 en materia de justicia laboral, artículos que transforman a las juntas de Conciliación en tribunales laborales y cuyo objeto es contribuir a una conciliación ágil en los procedimientos, para erradicar las malas prácticas y acabar poco a poco con el cáncer de la corrupción.
“De acuerdo con el informe de los foros de Justicia Cotidiana 2015, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la justicia laboral es vista por empleadores, empleados, organismos empresariales, sindicatos y funcionarios como complicada, distante, incierta, poco confiable y propicia para actividades que contribuyen, desafortunadamente, a la corrupción”, advirtió.
Gómez del Campo Gurza precisó que de 2012 a 2016, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje recibió 419 mil 390 demandas individuales.
“Las Juntas de Conciliación se encuentran con una sobrecarga de trabajo, que hace los procesos de conflictos laborales demasiado complejos y tardados”, remarcó.
Por si fuera poco, acotó, hasta febrero de este año la Junta Federal registró 303 mil 103 expedientes en espera de una resolución.
“Con esta reforma, de ninguna manera se pretende atentar contra los derechos de los trabajadores, así como tampoco se trata de obligar a que alguna de las partes se someta de manera obligada a la figura del allanamiento en materia laboral, sino que se busca, en la medida de lo posible, encontrar una forma sumaria de resolver conflictos”, apuntó.
La iniciativa, que busca adicionar un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 878 a la Ley Federal del Trabajo, se turnó a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictaminación.
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