*-Presentará una iniciativa para combatir la corrupción en el ramo de la industria de la construcción.
*-Francisco Gallo Palmer, presidente de la AMIC, dijo que “ya no se autoricen obras que hayan sido propuestas de campaña o compromisos políticos”.
El senador Benjamín Robles Montoya, aseguró que ante la grave crisis de corrupción que vive el país, es urgente que se combata por todos los frentes, “involucrando a la ciudadanía organizada”.
Robles Montoya, ofreció una conferencia de prensa, junto con Francisco Gallo Palmer, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), y dijo que México se ha caracterizado por no generar un crecimiento económico con el sector de la construcción debido a la ineficacia en la planeación estratégica de las obras públicas.
Por ello, adelantó que con el afán de combatir la corrupción que no permite que la industria de la construcción se convierta en un impulso para el desarrollo del país, presentará una iniciativa para acabar con la opacidad y discrecionalidad con la que se opera este sector.
“La corrupción tiene que ser combatida en todos sus frentes y hay que hacerlo involucrando a la ciudadanía organizada. Prepararemos con otros legisladores una iniciativa para expedir la Ley de Construcción de Obras Públicas, pues la actual se encuentra rebasada y no contiene los elementos jurídicos necesarios para avanzar en el combate la corrupción”, señaló Robles Montoya.
El legislador por el estado de Oaxaca, sostuvo que esta ley, tendrá como objetivo erradicar la corrupción que existe en el sector, tomando en cuenta prácticas internacionales que son un ejemplo a seguir, “con mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas que ayuden a fomentar los procedimientos competitivos e imparciales”.
“Además de que ayuden a erradicar esos espacios donde se fomenta la discrecionalidad y la opacidad, no solamente en la construcción y realización de las obras públicas, sino en su asignación”, manifestó.
También, dijo que es necesario incentivar la participación de la inversión nacional y en algunos casos la extranjera, pero eliminando requisitos que hoy limitan la libre competencia y concurrencia en los procesos de licitación pública.
“Existe la necesidad de modernizar la ley y superar los escollos perversos que existen y que no le permiten estar a la altura en el combate a la corrupción del sector”, aseguró.
Por su parte, Francisco Gallo Palmer, presidente de la AMIC, dijo que urge tomar medidas drásticas para combatir la corrupción, y por ello sostuvo que presentó una serie de propuestas para solicitar al Congreso un acuerdo en el que los estados, “constituyan consejos de infraestructura que permitan la participación de la sociedad”.
“Que ya no se autoricen obras que hayan sido propuestas como compromisos de campaña o compromisos políticos, sino que a través de los consejos de infraestructura se haga una planeación estratégica”, señaló Gallo Palmer.
“En el Congreso, la Cámara de Diputados se lleva 10 mil millones de pesos del presupuesto para hacer obra a discreción y eso consideramos que no es justo, ese recurso puede enviarse a los ayuntamientos para ejecutar obra de primera necesidad”, subrayó.
También pidió ampliar el registro de testigos sociales que monitoreen los procesos de contratación pública para asegurar su legalidad y transparencia, asegurar que los testigos sociales posean las competencias requeridas para observar el proceso de contratación y sea contrapeso para evitar corrupción y bajo desempeño.
“Modificar en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, el monto a partir del cual en una licitación de obra debe participar un Testigo Social. Actualmente el monto es de 10 millones de salarios mínimos (800 millones de pesos). La propuesta es que se disminuya a 10,000 salarios mínimos”, sentenció.
Propuso abrir el esquema de participación a otros entes sociales que coadyuven con los Comités de Contraloría Social, para permear socialmente las tareas de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.
“No basta con reglamentar la contraloría social, sino que la forma en que se regule puede ser clave para incentivar o inhibir su ejercicio”, concluyó Gallo Palmer.
---000---