- La Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación deben investigar e informar de manera exhaustiva la operación de compra-venta
Los senadores Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth pidieron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) y entregar un informe pormenorizado al Senado de la República.
Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores panistas solicitaron también a la Secretaría de Energía (SE) informar sobre el costo-beneficio de dicha adquisición por parte de Pemex.
Expusieron que la planta de Agro Nitrogenado pertenecía a Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), a finales de los años 70 y en 1992 fue privatizada, con el argumento de romper con el monopolio que la entonces paraestatal tenía en la producción y distribución de fertilizantes.
En 2008, ya como parte del Grupo Acerero del Norte (hoy Altos Hornos de México) la empresa se declaró en concurso mercantil y Pemex anunció su compra en 2014, a través de su empresa filial PMI Comercio Internacional, indicaron.
Con la información disponible hasta este momento, se afirma que se pagará a Altos Hornos de México alrededor de 3 mil 575 millones de pesos, más 2 mil millones de pesos para rehabilitar las instalaciones y dejarlas en condiciones operativas.
Después de dos años siete meses de la compra, Pemex ha reportado un avance de 55 por ciento en la rehabilitación de la planta, que será finalizada en 2017 con la generación de mil 400 empleos; sin embargo, existe serias dudas sobre la rehabilitación y operación de la planta, manifestaron Lozano Alarcón y Gil Zuarth.
“Se desconoce la motivación que Petróleos Mexicanos tuvo para comprar una planta obsoleta e inoperable. En este sentido, es necesario conocer el plan de negocios que la empresa productiva del Estado diseñó para entrar al mercado de los fertilizantes y, en especial, en costo económico y los beneficios sociales que dicha estrategia tiene prevista”, demandaron.
Asimismo, dijeron que la operación ha generado una gran desconfianza sobre la transparencia, pertinencia y viabilidad económica de la compra a una empresa presumiblemente en ruinas y poco productiva.