El senador José María Martínez Martínez solicitó a la Secretaria de Gobernación (SEGOB) presentar al Senado de la República un informe sobre el número de casinos que operan en México, los permisos otorgados y las solicitudes en proceso.
“Es preocupante que hasta el momento no se cuente con un marco jurídico que permita regular esta actividad de interés económico y social, y no se tenga la certeza de cuántos establecimientos operan, así como de los permisos otorgados para instalar casinos”, indicó.
En un punto de acuerdo presentado ante el Senado, el legislador federal señaló que en las principales ciudades de la República Mexicana existen, al menos, 100 mil terminales de juego instaladas en 434 casinos, de un total de 798 autorizados por la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la SEGOB.
“Es decir, poco más de la mitad de los que implícitamente deberán abrirse, porque ya están autorizados, independientemente de las instalaciones "clandestinas" o de las que ya operan bajo un amparo”, indicó.
El paraíso jurídico que representan los casinos provoca la disputa del territorio nacional entre inversionistas nacionales y extranjeros, y a muchos de los ludópatas rematando sus bienes para seguir jugando, dijo.
“Esta situación parece tener a los principales apostadores de esta "industria" y a las autoridades de Gobernación, Salud, Educación, Hacienda y Seguridad Pública, así como a los Poderes Legislativo y Judicial sin cuidado, mientras que empresas internacionales han ido ganando fuerza en el mercado nacional, como es el caso de la firma española Codere, con presencia en América Latina, y que se ha convertido en accionista millonaria de las principales empresas mexicanas con casinos en México”, apuntó.
Convertir a los juegos de azar en un negocio de atracción turística fue el argumento con que Porfirio Díaz escribió en 1907 el primer capítulo de la historia de los casinos en el país, recordó.
“31 años después, el entonces presidente Lázaro Cárdenas modificó el decreto expedido por Díaz, para cancelar la expedición de concesiones y permisos para la administración de casas de apuestas y fue hasta el 31 de diciembre de 1947, cuando el presidente Miguel Alemán expidió la Ley de Juegos y Sorteos, que otorgó a la Segob la autorización, reglamentación, control y vigilancia de los juegos, apuestas, rifas y sorteos”, recordó el senador por Jalisco.
Esta normatividad se encuentra vigente, y no se ha logrado el consenso necesario para una reforma integral o la emisión de una nueva ley, lamentó.
“En 2004 se publicó el reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, el cual trajo consigo el ánimo de los inversionistas de apostar de nuevo en este negocio. Esto tuvo como consecuencia que firmas nacionales e internacionales recurrieran a recursos legales y al amparo para lograr su crecimiento”, expuso.
El punto de acuerdo firmado también por el senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, se encuentra en espera de ser dictaminado, en la Comisión de Gobernación.