La senadora panista Sandra Luz García reconoció el trabajo realizado por las comisiones dictaminadoras y en especial de sus presidentes, quienes durante meses han trabajado en crear los acuerdos necesarios para la aprobación de las presentes reformas.
Sobre el dictamen a discusión, la Senadora por Tamaulipas señaló que, desde su nacimiento en enero de 2013, la Ley General de Victimas ha sido polémica y que la presente reforma no es la excepción e hizo mención de que las deficiencias en la vigente Ley se encuentran plenamente detectadas y se pueden resumir en la dificultad que tienen las víctimas directas e indirectas de hechos ilícitos de acceder a la reparación integral del daño.
La legisladora Tamaulipeca señaló: “Tengo claro que existen artículos polémicos en el presente dictamen, especialmente en la naturaleza jurídica y en el nombramiento del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; sin embargo, las presentes reformas son primordiales para incentivar que la victimas acudan a esa Comisión y para que dicha institución se encuentre en posibilidad legal de atenderlos”.
“Tamaulipas no puede esperar un día más las presentes reformas, ya que durante décadas estuvo en el abandono y es apenas ahora cuando el nuevo Gobernador Francisco Cabeza de Vaca anunció la creación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en Tamaulipas”. Indicó que lo anterior se debe a que únicamente 17 Estados cuentan con una Comisión Estatal de Victimas y sólo 6 cuentan con un Fondo específico para ese tema y por supuesto Tamaulipas -lamentablemente- no es uno de ellos.
Reitero que no es un secreto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha sido deficiente en su actuar, más allá de las causas que lo hayan generado, “la verdad es que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral no ha funcionado”, ya que mientras existen miles de víctimas con necesidad de apoyo, tenemos un inútil fondo con 1,480 millones de pesos parados; es decir, del presupuesto otorgado para dicho fondo en los últimos tres años, únicamente se han utilizado 80.2 millones en ayudas inmediatas y como compensación por reparación integral, dijo la Senadora.
Cabe señalar que el dictamen considera cuestiones propositivas, tal y como son la obligación de que las entidades federativas cuenten con un fondo de asistencia local, un área de asesoría jurídica y un registro de víctimas. Así como la facultad de atracción –en ciertos casos- para que la Comisión Ejecutiva pueda atender y asistir a víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.
Por lo anterior la senadora Sandra Luz García reconoció que el presente dictamen es un avance hacía la eliminación de las barreras que tienen las víctimas para acceder a la asistencia de la Comisión Ejecutiva y ante la obligación que tiene como representante de un Estado que durante décadas se ha ubicado en los primeros lugares de las entidades federativas con mayor índice en delitos de alto impacto manifestó que su voto será a favor y que desde esta cámara seguirá trabajando para lograr mayor autonomía en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
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