· Presentó una iniciativa para reformar y adicionar los artículos constitucionales 74, 108, 111 y 112
· Propone eliminar la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados a determinar si o no ha lugar a la declaración de procedencia;
· Incluye remover la disposición para que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo pudiera ser acusado por traición a la patria y delitos graves de orden común
· Para proceder judicialmente por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, en contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, así como de funcionarios públicos de alto rango, tanto federales como estatales, bastará con la denuncia debidamente presentada y ratificada ante la autoridad correspondiente
Toda vez que el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) exige prescindir de procedimientos que favorezcan la impunidad, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández presentó una iniciativa de reformas a fin de eliminar el fuero constitucional y consolidar los logros en materias de transparencia y acceso a la información.
La propuesta para reformar y adicionar los artículos constitucionales 74, 108, 111 y 112, subrayó la integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, obedece a que la conjunción de transparencia y la ausencia de imposición de sanciones ante casos de corrupción, contribuirán al debilitamiento del Estado de Derecho, la desconfianza en las instituciones y la insatisfacción de la democracia.
Rojas Hernández ejemplificó que existen casos en otros países como Guatemala, Argentina y Brasil, en los que se observa la actuación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en los que se atribuyen consecuencias jurídicas ante la comisión de algún acto de corrupción, sin embargo, aseveró, en México la constante ha sido la impunidad de los altos funcionarios públicos.
Explicó que su iniciativa propone eliminar la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados a determinar si o no ha lugar a la declaración de procedencia; así como remover la disposición para que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo pudiera ser acusado por traición a la patria y delitos graves de orden común.
Incluye también que para proceder judicialmente en contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, así como de funcionarios públicos de alto rango, tanto federales como estatales, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, bastará con la denuncia debidamente presentada y ratificada ante la autoridad correspondiente.
Añadió que una vez iniciado el debido proceso penal contra el inculpado, éste permanecerá en su cargo en tanto no se dicte sentencia. En caso de que ésta fuese condenatoria y se tratase de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.
La senadora por el Estado de México, Laura Angélica Rojas Hernández puntualizó que si bien la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción por sí misma es insuficiente para abatir la corrupción, explicó que los esfuerzos legislativos para la construcción del SNA se dieron con dos objetivos generales como son:
Coordinar a las instituciones encargadas de la prevención, investigación, persecución y sanción de la corrupción; y establecer contrapesos e incentivos que abatan las redes de corrupción y que propicien la integridad en el servicio público en la toma de decisiones de manera individual.
Por ello, sentenció, es menester evitar los incentivos que licencian a un servidor público a desviarse de la legalidad del desempeño de su función, y eliminar los procedimientos que propicien la impunidad como lo es el fuero constitucional.
Finalmente, Rojas Hernández refirió que de acuerdo con la encuestadora Latinobarómetro, el 47 por ciento de los mexicanos apoya a la democracia, sin embargo, apenas el 19 por ciento está satisfecha con ella; lo que significa que aunque los ciudadanos desean ser gobernados por un régimen democrático, la democracia mexicana les ha fallado; sin dejar de lado la falta de credibilidad en las instituciones que, en gran medida, se debe a la falta de rendición de cuentas, a la corrupción y a la impunidad.
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