El día de hoy el Pleno del Senado de la República dio entrada a la solicitud de consulta popular firmada por cincuenta senadores para someter a decisión ciudadana la siguiente pregunta:
¿Está usted de acuerdo en que se emita una ley que fije límites máximos a las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos, y que reduzca en un 50% las que actualmente perciben el Presidente de la República y altos servidores públicos de la Federación?
La reforma constitucional que obliga al Poder Legislativo a emitir una ley que ordene la forma en que se asignan los salarios de los servidores públicos del país fue aprobada el 24 de agosto de 2009. El Senado de la República votó una Ley de Salarios Máximos el 8 de noviembre del 2011, sin que a la fecha se haya culminado el proceso legislativo. Es decir, desde hace cinco años existe una omisión legislativa que imprime de urgencia a esta decisión.
La Ley Federal de Consulta Popular faculta al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso a presentar una solicitud de consulta popular. En la Cámara de Senadores, esto correspondería a 43 senadores, cifra que fue superada holgadamente. Es nuestra convicción que esta facultad refleja claramente una de las funciones de la consulta popular: dar a la ciudadanía el poder para provocar cambios legislativos y, en este caso, concluir su proceso.
Al día de hoy, 14 entidades han cumplido con el mandato constitucional y han legislado en la materia. La consulta popular que hoy admitió el Pleno del Senado de la República propiciará un debate transparente y riguroso sobre la conveniencia social de fijar y racionalizar los salarios, remuneraciones y prestaciones de los altos servidores públicos de la Federación. De aprobarse y votarse afirmativamente, la consulta popular dará la instrucción directa a la próxima Legislatura para que emita la ley relativa al 127 constitucional, un instrumento fundamental para regular disposiciones constitucionales sobre salarios máximos de funcionarios públicos.
Se calcula que la implementación de esta ley pudiera generar un ahorro de 20 mil millones de pesos. Esto corresponde a la mitad del presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, a la tercera parte del presupuesto anual del programa Oportunidades --ahora Progresa-- y a la mitad del presupuesto anual del programa 65 y más. La ley que esperamos que la ciudadanía nos ayude a concretar busca crear disciplinas de austeridad en las remuneraciones y prestaciones que reciben los servidores públicos de este país. Apelamos a la ciudadanía para que nos ayude a vencer un veto de facto que se ha generado desde los mismos espacios de representación popular.
Roberto Gil Zuarth y Luis Sánchez Jiménez
Senadores de la República