- Se carece de un marco legal de prevención, fiscalización, control y sancionatorio de la corrupción, afirmó
- "Sin la aprobación de la reforma anticorrupción con la que se crearía el órgano que prevendría y sancionaría conductas administrativas de servidores públicos relacionadas con corrupción, el sistema nacional de rendición de cuentas está incompleto…”
- Cuestionable que en lo que va de la actual administración, la Secretaría de la Función Pública opere sin un titular y los contralores sean nombrados de facto por los titulares de las dependencias, lo que contraviene incluso con instrumentos internacionales que estamos obligados a cumplir.
Aún no ha concluido el “ciclo reformador de México” como lo aseguró el Ejecutivo Federal; falta aprobar la reforma anticorrupción o, de lo contrario, la efectividad de las reformas estructurales está en riesgo, afirmó categórica la senadora Laura Angélica Rojas Hernández.
Preocupa que los beneficios e implementación de estas reformas puedan ser palpables si se carece de un marco legal de prevención, fiscalización, control y sancionatorio de la corrupción, subrayó la también integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana.
“Sin la aprobación de la reforma anticorrupción con la que se crearía el órgano que prevendría y sancionaría conductas administrativas de servidores públicos relacionadas con corrupción, el sistema nacional de rendición de cuentas está incompleto y, por ende, incapacitado para funcionar”, dijo.
Indicó que ante la falta de interés mostrado por el gobierno de la República por impulsar la aprobación de la reforma para el combate de la corrupción en la Cámara de Diputados, será para el Partido Acción Nacional la prioridad en el próximo periodo ordinario del Congreso de la Unión.
México, expuso Rojas Hernández, demanda un sistema nacional de rendición de cuentas que contemple los mecanismos de acceso a la información pública, de fiscalización y de control de la administración pública, sin embargo, es cuestionable que en lo que va de la actual administración, la Secretaría de la Función Pública opere sin un titular y los contralores sean nombrados de facto por los titulares de las dependencias, lo que contraviene incluso con instrumentos internacionales que estamos obligados a cumplir.
Finalmente, la integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana cuestionó que con este débil andamiaje institucional sea posible prevenir y sancionar, en su caso, los actos de corrupción que pudieran evitar que los objetivos de las reformas estructurales aprobadas se cumplan.
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