Para evitar un grave daño ambiental, social y cultural en cuatro municipios del Estado de México, el senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, exhortó a las autoridades federales y locales competentes, a investigar, y de ser necesario, detener definitivamente los trabajos del proyecto Autopista Toluca-Naucalpan.
Señaló que la construcción de esta de esta vía implicaría la destrucción de 2.3 millones de metros cuadrados de bosque en una región que abarca los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan, y Naucalpan, además de las áreas naturales protegidas del Parque Otomí Mexica, el Santuario del Agua y Forestal Sub Cuenca Tributaria del Río San Lorenzo.
Pese a que esta región es la principal abastecedora de agua y oxígeno de las ciudades de México y Toluca, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México avaló la construcción del proyecto, se dio comienzo a los trabajos aun cuando no existe la autorización del cambio de uso de suelo ni otros requisitos legales, explicó.
Encinas Rodríguez pidió a que SEMARNAT CONAGUA, CONAFOR y el Gobierno del Estado de México revisen su participación en la autorización y permisos para la construcción de la autopista, ya que estas obras violan los tiempos y procedimientos establecidos en la ley.
A través de un punto de acuerdo, el senador mexiquense explicó que tampoco se consultó a los pueblos y comunidades originarias que habitan el área, atentando sus Derechos Humanos, su forma de vida tradicional y sus medios de subsistencia.
Asimismo “las asambleas de bienes comunales requeridas para la firma de los convenios mencionados fueron alteradas, manipuladas y falseadas, ya que en la mayoría no se logró el quórum reglamentario y los asistentes han sido víctimas de amagos represivos y aun así han sido validadas”.
En ese sentido, el legislador también denunció persecución política hacia quienes se oponen a la construcción del proyecto y al despojo de las tierras por lo que exigió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que garantice y proteja los derechos de las organizaciones que defienden su territorio y son perseguidos y reprimidos por los gobiernos estatal y municipales implicados.
“Se debe exigir el respeto a la integridad física de los pobladores de las comunidades afectadas por estos proyectos, que desde el lugar en que viven, defienden la integridad del territorio, el medio ambiente y la vida digna de sus comunidades y su autonomía”, indicó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente para su análisis y posterior dictamen.
0-0-0