Senado de la República

Tan urgente es que la Ley General para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sea dictaminada y aprobada, como apremiante es que niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis en aquellos que por diversas circunstancias deben vivir en centros de cuidado, sean beneficiarios de políticas públicas que de manera integral atiendan las problemáticas que enfrentan cotidianamente, así como los factores que las originan, señaló la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos.
En el marco del informe “El derecho del niño y la niña a la familia, cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización de las Américas”, elaborado por la Relatoría sobre Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con aportaciones de Naciones Unidas, la legisladora del PRD instó a renovar también esfuerzos a fin de lograr que el Ejecutivo federal envíe el Tercer Protocolo de la Convención de los Derechos de la Niñez para su aprobación y así contribuir como Estado a su entrada en vigor.
La CIDH resaltó que los Estados también deben proteger a las madres adolescentes, quienes entre otros problemas se ven obligadas a abandonar sus estudios, afectando su derecho a la educación, por tanto llamó a los gobiernos a que sigan desarrollando acciones para asegurar que estas mujeres cuenten con el apoyo necesario y sigan estudiando.
Contar con un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es indispensable, pues todos los Estados parte en la Convención y sus tres protocolos facultativos tienen la obligación de facilitar los mecanismos disponibles para todos los niños, y realizar un esfuerzo para incluir a los grupos que se encuentran en alta vulnerabilidad.
La senadora de la Peña presentó en abril de 2013 una iniciativa para crear la Ley General para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual entre otras cosas contempla un Sistema Nacional encabezado por el Presidente de la República, una Defensoría Nacional y un Ombudsman para proteger los derechos de la niñez; además, antepone el Interés Superior de la Niñez, plantea mecanismos para la Prevención Social del Delito y considera a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.
Dijo que el Estado debe asumir de manera inmediata sus responsabilidades y elaborar políticas públicas que involucren la participación de todas las instituciones que lo conforman, pues sería en vano implementar medidas aisladas.
Enfatizço que los hogares sustitutos no sólo deben tener un enfoque humanista que garantice condiciones favorables para el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes que conduzca hacia la concreción del proyecto de vida que ellos mismos elijan, sino que deben estar regulados desde la ley para que cumplan tal objetivo, transparenten el uso de los recursos públicos que reciben y sean supervisados escrupulosamente, y así evitar la repetición de un caso como "Casitas del Sur".
El Estado mexicano tiene un compromiso al ser parte de la Convención de los Derechos de la Niñez, pero, sobre todo, tiene el compromiso con cada una y uno de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, "tienen derecho a vivir con seguridad, a la educación, a servicios públicos de calidad, a no sufrir ningún tipo de violencia, a reír, a jugar, a la felicidad, y el Senado de la República tiene el deber de materializar esos derechos y lo hará desde la ley", finalizó la presidenta de la comisión de Derechos Humanos.