Senado de la República

El Senado dio entrada a una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que busca la armonización legislativa del delito de desaparición forzada conforme a los estándares internacionales.
Argumentó que resulta una prioridad asegurar el respeto, la promoción y la defensa de todos los derechos humanos, especialmente el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida y de la libertad, el derecho a un juicio imparcial con estricto apego a las garantías judiciales y a conocer el paradero de las personas desaparecidas.
Al exponer los motivos de una iniciativa que reforma el Código Penal Federal,  el presidente de la República subrayó que su propuesta es con el fin de colocar a México en una posición congruente con las obligaciones que ha asumido internacionalmente y además dar cumplimiento al resolutivo 11 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte considera --dijo-- que la desaparición forzada se caracteriza por la negativa de reconocer la privación de libertad o de dar información sobre la suerte o el paradero de las personas y por no dejar huellas o evidencias y que, en consecuencia, esta característica debe estar presente en el tipo penal, a fin de distinguirlo de otros ilícitos como el secuestro.
Según la propuesta y considerando la gravedad del delito y la afectación de la parte más básica de los derechos fundamentales, “la sanción que se imponga debe ser proporcional al delito cometido”.
“Se considera igualmente importante que el responsable no pueda gozar en su beneficio de la amnistía, el indulto, ni algún beneficio preliberacional o sustitutivo penal alguno y que no opere la prescripción”, precisa el Ejecutivo federal.
La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
En la misma sesión e este martes, el pleno senatorial recibió un oficio donde se informa del retiro de las reservas formuladas por México respecto de la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Asimismo, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, el Pacto Internacional de Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias.
Dichos documentos fueron turnados a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos.
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